OPINIÓN

¿Las mujeres toleran menos la corrupción que los hombres?

Se piensa que si pero, a diferencia de lo que se señala en algunos estudios, esto no se debe a características innatas en ellas, sino a otros factores relacionados con la socialización de los roles de género, y específicamente a diferencias de género en la actitud hacia el riesgo.

De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, correspondiente al año 2017, la última fecha disponible, una de cada cuatro personas pagó un soborno en los últimos 12 meses para acceder a un servicio público. Desde hace 20 años, los investigadores en ciencia política se han dedicado a estudiar la relación que existe entre el género y la corrupción.

Empleando datos de la sexta edición del World Values Survey, donde se incluyó información recabada en encuestas a más de 85 000 personas de 60 países, diseñamos un modelo para elaborar una tesis, aún sin publicar, que lleva por título Diferencias de género en la tolerancia al pago de sobornos: un análisis de mecanismos causales, con el fin de comprobar si las mujeres toleran menos el soborno que los hombres debido a la influencia de seis variables.

Según estudios de psicología, economía y criminología, las mujeres manifiestan más aversión al riesgo, más respeto a las leyes, mayor deber cívico, mayor confianza social, menor apoyo a la democracia y menor confianza institucional que los hombres.

Aversión al riesgo

Nuestro análisis evidenció que, en efecto, las mujeres toleran menos el soborno que los hombres, pero no por el hecho de ser mujeres, sino por su aversión al riesgo, que fue la única variable que demostró ser significativa.

Ahora bien, ¿qué tiene que ver el riesgo con este asunto? Se considera que la corrupción implica un riesgo de ser descubierto y de sufrir consecuencias negativas por incumplir las leyes y, a su vez, se ha demostrado que las mujeres son educadas para tener una actitud más cauta que los hombres.

Por lo tanto, es posible que las mujeres perciban en mayor medida el riesgo que entraña la corrupción y por eso la toleren menos que ellos.

¿Más mujeres en las instituciones públicas?

Podría pensarse que con estos resultados deberíamos concluir que si las mujeres perciben un mayor riesgo en la corrupción, entonces habría que incluir a un mayor número de mujeres en las instituciones para que ayuden a acabar con este fenómeno.

Pero consideramos que, como algunos autores han señalado, este tipo de análisis contribuye a perpetuar los estereotipos y no resuelven un problema de tanta complejidad.

En este caso, pensamos que se deben avanzar los estudios para entender mejor cómo se relaciona la aversión al riesgo con las actitudes hacia la corrupción y qué elementos pueden influir para que las mujeres perciban más riesgo en los actos corruptos que los hombres.

Si se entienden estos mecanismos, podrían elaborarse políticas públicas que permitan reforzar el mensaje del riesgo asociado a la corrupción, tanto en mujeres como en hombres.

Relacionar género y corrupción

Al asumir que el género es una construcción social es posible trascender el análisis simplificado de la relación entre género y corrupción: estudiar los motivos de las diferencias de género en este tema, sin instrumentalizar a las mujeres como solución rápida a un fenómeno complejo, permitirá avanzar en propuestas más adecuadas.

También es cierto que esta investigación no considera ciertos matices que deberían tomarse en cuenta. Por ejemplo, la relación entre género y corrupción podría manifestarse de forma distinta en países con diferentes sistemas políticos o en lugares con corrupción sistémica, donde las normas informales y las consecuencias asociadas a los actos corruptos pueden operar de forma diferente.

¿Qué pasa cuando la corrupción está extendida y hay más riesgos por quedarse al margen de las redes corruptas que por ser honrado?

Sería interesante explorar cómo funciona la interrelación entre el riesgo, la justificación de la corrupción y el género en estos contextos, quizás este tema quede pendiente para un próximo artículo. •

Por Ariana Guevara Gómez. Investigadora predoctoral de Ciencia Política, Administración Pública y Género por la Universidad Autónoma de Madrid