COMUNICADO: CONSEJO UNIVERSITARIO-UCAB
La UCAB se pronuncia ante la crisis del Estado de Derecho < 1/2 >
El Consejo Universitario de la Universidad Católica Andrés Bello: CONSIDERANDO El deber que corresponde a las Universidades en “la orientación de la vida del país mediante nuestra contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Universidades, y artículo 6, ordinal 2°, del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello; CONSIDERANDO Nuestro “deber de inspirar la enseñanza universitaria en un espíritu definido de democracia”, exponiendo y analizando de manera rigurosamente científica todas las corrientes del pensamiento universal, según lo establecido en el artículo 6, ordinal 4° del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello; CONSIDERANDO Lo que representa para el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, establecido en la Constitución vigente, la actuación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como de la Fiscalía General de la República y Defensoría del Pueblo, ante las situaciones de manifestación por parte de los estudiantes y de la ciudadanía en general, en ejercicio del derecho fundamental a la manifestación previsto en el artículo 68, constitucional, RESUELVE: Primero: Rechazar los criterios establecidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia número 276, del 24 de abril de 2014, con ocasión del recurso de interpretación constitucional y de legalidad del artículo 68 constitucional, referido al derecho a la mani-
festación, y a los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, respectivamente. Dichos criterios constituyen un desmontaje de la Constitución y un fraude constitucional, al vulnerar y dejar sin contenido jurídico los postulados y derechos civiles y políticos que constituyen el Estado Democrático y de Derecho, con los cuales estamos comprometidos, garantizados por la Constitución mediante su función de racionalizar y limitar el poder; Segundo: Rechazar las declaraciones del Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz que ponen en entredicho el Estado de Derecho y el principio de separación de poderes, al condenar de antemano a dirigentes de partidos de oposición, defensores de derechos humanos, líderes de la sociedad civil, estudiantes y periodistas, referidas a una presunta “conspiración insurreccional con fines claros de derrocar al gobierno instaurado legítimamente en el país”. En tales declaraciones se sigue un patrón de criminalización de la disidencia en el ejercicio de los derechos ciudadanos. El ejercicio de los derechos fundamentales es, así, criminalizado y el patrón sistemático de criminalización de la protesta y la disidencia política sigue siendo una constante por parte de funcionarios públicos. La represión de la disidencia ha pasado por una gama de actuaciones de los órganos de los cuerpos de seguridad del Estado, como son las agresiones físicas, abuso de la fuerza en el control de manifestaciones pacíficas de los jóvenes y de la sociedad civil, en general, y procedimientos judiciales con medidas no adecuadas, entre otras; Tercero: Exigir que ante estos graves hechos de violación a los derechos humanos y el escalamiento de la violencia en el país, las autori-