COMUNICADO: CONSEJO UNIVERSITARIO-UCAB
La UCAB se pronuncia ante la crisis del Estado de Derecho < 1/2 >
El Consejo Universitario de la Universidad Católica Andrés Bello: CONSIDERANDO El deber que corresponde a las Universidades en “la orientación de la vida del país mediante nuestra contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Universidades, y artículo 6, ordinal 2°, del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello; CONSIDERANDO Nuestro “deber de inspirar la enseñanza universitaria en un espíritu definido de democracia”, exponiendo y analizando de manera rigurosamente científica todas las corrientes del pensamiento universal, según lo establecido en el artículo 6, ordinal 4° del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello; CONSIDERANDO Lo que representa para el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, establecido en la Constitución vigente, la actuación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como de la Fiscalía General de la República y Defensoría del Pueblo, ante las situaciones de manifestación por parte de los estudiantes y de la ciudadanía en general, en ejercicio del derecho fundamental a la manifestación previsto en el artículo 68, constitucional, RESUELVE: Primero: Rechazar los criterios establecidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia número 276, del 24 de abril de 2014, con ocasión del recurso de interpretación constitucional y de legalidad del artículo 68 constitucional, referido al derecho a la mani-
festación, y a los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, respectivamente. Dichos criterios constituyen un desmontaje de la Constitución y un fraude constitucional, al vulnerar y dejar sin contenido jurídico los postulados y derechos civiles y políticos que constituyen el Estado Democrático y de Derecho, con los cuales estamos comprometidos, garantizados por la Constitución mediante su función de racionalizar y limitar el poder; Segundo: Rechazar las declaraciones del Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz que ponen en entredicho el Estado de Derecho y el principio de separación de poderes, al condenar de antemano a dirigentes de partidos de oposición, defensores de derechos humanos, líderes de la sociedad civil, estudiantes y periodistas, referidas a una presunta “conspiración insurreccional con fines claros de derrocar al gobierno instaurado legítimamente en el país”. En tales declaraciones se sigue un patrón de criminalización de la disidencia en el ejercicio de los derechos ciudadanos. El ejercicio de los derechos fundamentales es, así, criminalizado y el patrón sistemático de criminalización de la protesta y la disidencia política sigue siendo una constante por parte de funcionarios públicos. La represión de la disidencia ha pasado por una gama de actuaciones de los órganos de los cuerpos de seguridad del Estado, como son las agresiones físicas, abuso de la fuerza en el control de manifestaciones pacíficas de los jóvenes y de la sociedad civil, en general, y procedimientos judiciales con medidas no adecuadas, entre otras; Tercero: Exigir que ante estos graves hechos de violación a los derechos humanos y el escalamiento de la violencia en el país, las autori-
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dades del Estado venezolano cumplan su obligación establecida en la Constitución, así como en los pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos suscritos por la República, de garantizar la vida, la integridad y la libertad, así como el respeto a la pluralidad política y a la disidencia de los manifestantes en el legítimo ejercicio de la manifestación pacífica; Cuarto: Ratificar que es obligación del Estado poner fin al discurso de intolerancia y a la sistemática criminalización de la protesta pacífica y la disidencia, enmarcándola en agendas de desestabilización como parte de un golpe de Estado, y que es también su deber atender los legítimos reclamos de una parte importante de la sociedad venezolana; Quinto: Expresar nuestra profunda preocupación por el uso creciente de cauciones económicas cuya cuantía, sin previa evaluación del perfil de los imputados y la discrecionalidad de jueces para su aceptación, se ha convertido en un obstáculo para la recuperación de la libertad, lo que constituye una discriminación por razones socioeconómicas y una anticipación de la pena. Igualmente, denunciar la falta de diligencia de algunos jueces como en el caso del ucabista Carlos Madriz, quien permaneció detenido por el simple hecho de que el juez no dio despacho para recibir los recaudos de los fiadores; Sexto: Rechazar igualmente la detención de menores de edad y personas con discapacidad o condiciones especiales, quienes son recluidos y tratados como adultos, como el caso del ucabista Xavier Beckles diagnosticado con condición de Asperger desde los 3 años y 11 meses de edad, según certifica la Fundación Asperger de Venezuela;
Séptimo: Reiterar nuestro rechazo a la forma desproporcionada y abusiva con que han actuado los órganos de seguridad del Estado en el control del orden público de las manifestaciones legítimamente convocadas por los estudiantes, y amplios sectores de la sociedad civil. Las agresiones físicas sufridas recientemente por varios estudiantes de UCAB Guayana confirman esta práctica que se viene haciendo consuetudinaria por parte de los agentes del Estado; quienes están en la obligación de respetar y garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de todas las personas en el ejercicio de su derecho a la protesta pacífica, tal como lo disponen los artículos 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 43 y 46 constitucionales. Expresamos una vez más nuestro rechazo a toda forma de violencia, venga de donde venga. Es deber del Estado y de todos los ciudadanos garantizar el orden público y la paz, respetando la Constitución y los derechos humanos. Exhortamos a la conformación de una Comisión de la Verdad integrada por personas de alta credibilidad institucional e independencia partidista. Exhortamos al Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz a que discuta sus hipótesis de trabajo sobre el actual conflicto político venezolano en el seno de esta comisión respetando los derechos civiles establecidos en el artículo 60 de la Constitución Nacional: “Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.” FRANCISCO JOSÉ VIRTUOSO SJ < RECTOR > MARÍA ISABEL MARTÍNEZ ABAL < SECRETARIA >
06 de mayo de 2014