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DE JULIO, DÍA INTERNACIONAL DEL TEQUILA | JULY 24TH, INTERNATIONAL TEQUILA DAY
Para 2030, se anticipa que Carolina del Sur tendrá una de las escaseces de personal de enfermería más severas del país, según la Oficina de Fuerza Laboral de la Salud. Pero años después de inscribirse en sus primeras clases de preenfermería en una escuela técnica local, Jessika Motta todavía no es enfermera.
Después de haber comenzado a asistir a las clases en Trident Technical College, Jessika Motta finalmente escuchó la verdad. Después de todo, no podría obtener la licencia de enfermería en Carolina del Sur. ¿Y esas becas que le habían prometido? Tampoco pudo obtenerlas debido a su estatus migratorio.
También supo por primera vez que estudiantes como ella tienen que pagar la tarifa de matrícula no estatal y pagarla por adelantado. Los beneficiarios de DACA tienen prohibido por ley solicitar préstamos federales para estudiantes y recibir subvenciones federales o tener la oportunidad de participar en programas de trabajo y estudio. Para las universidades de Carolina del Sur en el año académico 2020-2021, la diferencia entre la matrícula y las tarifas promedio, dentro y fuera del estado, fue de $9,466.
Aylin Gomez vino a los Estados Unidos de la Ciudad de México cuando tenía 6 años. Ella trabaja como paralegal en Columbia y es una activista por la reforma de la política de inmigración. Tracy Glantz TGLANTZ@ THESTATE.COM
Jessika Motta trabaja para un banco en Charleston pero está considerando la carrera de derecho. Podría llevarla a salir del estado: beneficiarios de DACA no pueden obtener licencias de práctica jurídica en Carolina del Sur, confirmó Louise Pocock, una abogada de política de inmigración en el S.C. Appleseed Legal Justice Center. Jaquez Marquis MARQUIS J PHOTOGRAPHY
En 1982, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió un caso que probablemente afectó la situación. Los jueces determinaron en Plyler v. Doe que los estados no pueden negar la educación pública a los estudiantes con base en si son inmigrantes o no, hacerlo violaría aquella parte de la Constitución de
EE. UU. que garantiza a cualquier persona dentro de la jurisdicción de Estados Unidos la misma protección de las leyes, acordó la mayoría.
“Debido a Plyler v. Doe, los distritos escolares no pueden ni deben discriminar a los estudiantes indocumentados en función de su estatus”, dijo el Dr. Benjamín Roth, profesor asociado de la Facultad de Trabajo Social de la USC.
Algunas escuelas han respondido a la situación adoptando la posición de que deben tratar a todos los estudiantes por igual, indicó Deborah Santiago, directora
ejecutiva y cofundadora de Excelencia in
Education, una organización nacional sin fines de lucro que aboga por el éxito de los estudiantes latinos.
“No es auténtico decir que estamos educándolos a todos, que no hacemos distinciones y, por lo tanto, que todos están bien atendidos, cuando sabemos que las fortalezas y las necesidades de la comunidad [latina] tienen más matices”, dijo la directora ejecutiva Deborah Santiago. “Creo que, en el mejor de los casos, eso es, en parte hipócrita, y una mala excusa para no hacer nada”.
La consecuencia de ese enfoque puede ser que “hay muchos niños que terminaron la escuela secundaria sin haber recibido el tipo de apoyo particular que necesitaban de parte del departamento de orientación o de los trabajadores sociales de la escuela”, dijo el Dr. Benjamín Roth. Después de que Jessika Motta cambió su especialización y tomó algunas clases adicionales, dejó de asistir, no tenía dinero para continuar. Y como muchos de los otros estudiantes, Jessika informó que sufría mentalmente debido a la experiencia.
Kebin Lopez, 25, un recipiente de DACA, se sienta para un retrato el 22 de abril de 2021 en su dormitorio de infancia en Bluffton, S.C donde asiste virtualmente a clases de la facultad de derecho de la Universidad de Florida. Drew Martin DMARTIN@ ISLANDPACKET.COM
Después de que los consejeros vocacionales les prometieran una fantasía, y que sus familias los criaran valorando la educación más que cualquier otra cosa, los beneficiarios de DACA dijeron que el impacto al descubrir la verdad sobre las restricciones de Carolina del Sur los hizo sentir inútiles o indefensos. Un estudiante dijo que cayó en
una depresión de cuatro meses después de retirarse de la Universidad de Charleston porque no podía pagar la matricula no estatal. Al recibir noticias similares de la USC, otro estudiante dijo que su depresión duró medio año, durante ese tiempo, investigó cómo suicidarse con veneno para ratas.
“Que te quiten eso por completo, realmente te pasa factura”, dijo Jessika Motta. “Consideras a este lugar como tu hogar, pero no eres bienvenido. Eso es algo difícil de procesar mentalmente”.
Para Luis Balderas López y Alejandra González-Rizo, la información ambigua respecto a las leyes de licencias profesionales que recibieron en los institutos de educación superior de Carolina del Sur les costó mucho tiempo y dinero.
Alejandra Gonzalez-Rizo se graduó con una licenciatura en inglés de South Carolina State University. PROVIDED BY ALEJANDRA GONZALEZ-RIZO
En nuestra próxima edición, encontrarás la continuación de esta historia...
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