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TU HISTORIA | YOUR STORY
JULIO | JULY 2021 ¿POR QUÉ SE VAN LOS “DREAMERS” DE CAROLINA DEL SUR, LUGAR AL QUE
HAN CONSIDERADO SU HOGAR?
POR: CHIARA EISNER Y LUCAS SMOLCIC LARSON PUBLICADO EN THE ISLAND PACKET Y THE STATE. COMPARTIDO CON LA ISLA MAGAZINE.
Esperaban formarse como maestras, técnicas de emergencias médicas y enfermeras, pero debido a restricciones y desinformación, algunos de los miles de beneficiarios de DACA en S.C. están huyendo del estado después de graduarse. ¿Podría cambiar una ley la situación actual?
Jackie Mayorga se graduará este año con una maestría de una de las mejores universidades de trabajo social del país. Habla español e inglés, y comprende un tercer idioma, la lengua indígena de su madre, quien también nació en México.
Aunque hubiera podido elegir a dónde ir después de terminar sus estudios en Massachusetts, Mayorga sueña con regresar eventualmente a Carolina del Sur, (vivió en Columbia desde que tenía 3 años), para construir un centro comunitario que ayude a los estudiantes de bajos ingresos a ingresar a la universidad.
El estado la necesita con urgencia, a principios de la década del 2000, la población hispana creció más rápido en Carolina del Sur que en cualquier otro estado, y en las últimas tres décadas, se ha multiplicado por diez, pero no hay la cantidad de personal necesaria para cubrir este crecimiento. Los puestos de trabajo bilingües en los hospitales están vacantes y los maestros blancos superan en número a los hispanos de 40 a 1. Se proyecta que al estado le faltarán casi 3.000 trabajadores sociales para el 2030.
Pero los habitantes de Carolina del Sur van a privarse del talento de Jackie, por varias razones. La primera es sencilla: va contra la ley que ella labore como trabajadora social con licencia en el estado.
Miles de personas como Jackie, están excluidas de más de 100 carreras comunes que requieren licencias profesionales u ocupacionales emitidas por el estado. Estas incluyen profesiones como médicos y arquitectos, pero también aquellas como masajistas y cosmetólogos.
Jackie hace parte de los 5,660 inmigrantes en el estado a quienes a menudo les llaman “Dreamers”. Cada uno ha obtenido el estatus DACA del gobierno, el acrónimo de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, después
de presentar una amplia documentación para demostrar que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños pequeños, que han vivido en el país desde 2012 y que no representan un riesgo para la seguridad pública. No tienen un camino para solicitar la ciudadanía estadounidense, pero están autorizados para trabajar y pueden obtener el número del seguro social y conseguir su licencia de conducir.
“Son lo mejor, en lo que respecta a los inmigrantes indocumentados”, dijo el representante estatal Neal Collins, R-Pickens, quien ha defendido al grupo en la Legislatura.
El proyecto de ley redactado por Collins tenía como objetivo que los “Dreamers” se convirtieran en profesionales licenciados en la mayoría de las carreras de las cuales actualmente están excluidos, pero lamentablemente no se firmó como ley este año. Los jóvenes pertenecientes a DACA y Collins esperan que pronto pueda convertirse en ley.
A pesar del hecho de que los inmigrantes indocumentados pagan aproximadamente $67.8 millones en impuestos estatales y locales, las leyes de Carolina del Sur no permiten que los beneficiarios de DACA, la mayoría de los cuales nacieron en México y Centroamérica, tengan derecho a recibir parte de los casi $400 millones en becas anuales financiadas por el estado, algunas de las cuales las paga la Lotería de Educación de Carolina del Sur, que otros estudiantes de escasos recursos y alto rendimiento si pueden obtener. Las limitaciones ocupacionales y educativas que enfrentan los “Dreamers” en Carolina del Sur son algunas de las más restrictivas del país, pero las leyes en sí mismas no son el único problema.
Una investigación realizada por reporteros (The State Media Company y The Island Packet), revela que los beneficiarios de DACA informaron haber sido víctimas de desinformación sobre las leyes cuando estudiaban en instituciones educativas de Carolina del Sur, y dijeron que el racismo era tolerado en las escuelas a las que asistían. En conjunto, el clima “tóxico” que describieron hizo que sus situaciones fueran más difíciles de lo que las leyes requerían, generando que algunos opten por abandonar el estado.
Los reporteros hablaron con siete de los miles de estudiantes de Carolina del Sur con estatus DACA. Aunque crecieron en el Lowcountry, los Midlands y el Upstate, sus historias de maltrato y desinformación se parecieron.
Jackie Mayorga, graduada de Spring Valley High School, va a graduarse de la universidad con una maestría en asistencia social pero no puede trabajar en Carolina del Sur debido a su estatus DACA. Tracy Glantz TGLANTZ@THESTATE.COM
“SIGUIERON EL ESTEREOTIPO QUE SE IMAGINARON QUE YO ERA”
Tan pronto como aprendió inglés en Spartanburg, Alejandra González-Rizo se convirtió en una estudiante excelente por lo que, en cuarto grado, la recomendaron para el programa de superdotados del distrito escolar. Y tan excelente que, en sexto grado, cuando un niño pronunció mal una palabra al leer en voz alta, ella lo corrigió reflexivamente.
“Cállate antes de que llame a la migra”, le dijo este niño, mientras la maestra se mantuvo callada. “Ella siguió con la clase como si fuera completamente normal”, recordó Alejandra.
Pero no era tan excelente como para evitar que la hicieran sentir inferior constantemente.
Todos menos uno de los beneficiarios de DACA con los que hablaron los reporteros, dijeron que habían sido acosados o señalados por su origen étnico. Dijeron que los maestros frecuentemente no castigaban a otros niños por hacer comentarios racistas o en ocasiones, el personal se comportaba de manera racista.
Cuando Jessica Bonilla García, de 27 años, se graduó de Hilton Head High School, era franca y popular. Había sido coronada reina del baile de bienvenida, del baile de graduación y fue nominada para recibir el honor estudiantil más prestigioso de la escuela, pero cuando asistía a la escuela secundaria Hilton Head Island, los estudiantes la mandaban callarse porque no tenía “green card”.
Alejandra Gonzalez-Rizo posó para la foto de preescolar en Spartanburg, S.C. PROVIDED BY ALEJANDRA GONZALEZ-RIZO
Jessica Bonilla Garcia, 27, posa para un retrato el 15 de abril de 2021 en su apartamento en Ridgeland, S.C. con su papeleo de renovación de DACA. En 2012, Garcia usó las fotos y los premios que le rodean, acumulados de su vida en South Carolina desde los 4 años, para aplicar al programa DACA por la primera vez. DREW MARTIN DMARTIN@ISLANDPACKET. COM
“Me preguntaba, ¿qué diablos es una “green card”? No me enseñaron esto”, dijo Jessica “Recuerdo que llegué a casa llorando. Solo estoy en la escuela pensando, año nuevo, comienzo nuevo, y este niño me está intimidando porque soy latina”.
Un profesor de inglés que trabajaba en la escuela secundaria de Charleston le dijo a Luis Balderas López, de 22 años, que debido a que era inmigrante, nunca llegaría muy lejos.
Y cuando los estudiantes de su escuela secundaria de Anderson comenzaron a gritar, “BUILD THE WALL”, el lema no oficial de los seguidores del expresidente Donald Trump, Aylin Gómez, (ahora de 21 años) nacida en México, dijo que los maestros no hicieron nada.
Aylin y Alejandra, recordaron que el racismo tolerado en el aula luego se convirtió en algo más que una serie de palabras hirientes: menguó su progreso académico. Ambas relataron que se sintieron bloqueadas para tomar cursos avanzados por motivos vinculados a su origen étnico o a su clasificación previa como estudiantes del idioma inglés.
“Siguieron el estereotipo de lo que se imaginaron que yo era: la chica mexicana de piel muy morena que es tonta”, dijo Alejandra. “Siempre odié el hecho de que pudieran imponerme esa narrativa”.
EN LA ESCUELA SECUNDARIA,
FUERON MAL INFORMADOS POR LOS ORIENTADORES
Aunque la mayoría de los estudiantes con los que hablaron los reporteros dijeron que les habían avisado a sus consejeros vocacionales de la escuela secundaria sobre su estatus migratorio, todos recibieron mala información en algún momento o no fueron informados en absoluto sobre las restricciones financieras y profesionales que les aplicaban en Carolina del Sur.
En Charleston, Jessika Motta, de 25 años, no tenía idea de que su consejera vocacional le estaba ofreciendo información que no se aplicaba a ella. Por supuesto, sus padres brasileños no podían aconsejarla sobre el proceso para asistir a la universidad en Estados Unidos, puesto que no sabían nada del asunto, dijo.
“Era la única persona que yo sabía que podía ayudarme”, dijo Jessika Motta. “Y ella no tenía las herramientas adecuadas, o supongo, el conocimiento apropiado para ayudar”.
A Jessika Motta siempre le habían dicho en las escuelas cuando era niña, que podría llegar a ser lo que quisiera ser, recuerda, y que su consejera le había dicho que podría optar a las becas LIFE y Lottery Tuition Assistance. Ambas subvenciones están reservadas para los residentes de Carolina del Sur.
Un portavoz del Distrito Escolar del Condado de Berkeley no respondió a una solicitud para que comentara esta situación.
