ROBERTO GARDUÑO, FABIOLA MARTÍNEZ, GEORGINA SALDIERNA, ALEJANDRO ALEGRÍA Y ROCÍO GONZÁLEZ / P 3 Y

PLANTEA QUE CFE GENERE 54% DE LA ENERGÍA Busca la reforma recuperar para el sector público la conducción del sistema eléctrico

Propone desaparecer los órganos reguladores para sumar a la Sener sus atribuciones y su estructura

GEORGINA SALDIERNA

La iniciativa de reforma constitucional en materia energética plantea que el Estado recupere la conducción del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) al revertir los cambios legislativos realizados en 2013 y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genere 54 por ciento de la energía que consume a nivel nacional, proporción que se considera indispensable para garantizar el abastecimiento y control de este insumo necesario en la actividad socioeconómica.

También propone desaparecer los llamados órganos reguladores, es decir, las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, cuya estructura y atribuciones se suman a la Secretaría de Energía (Sener), y que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se reincorpore a la CFE.

El Cenace, que da la autorización para que una central eléctrica inyecte su generación en las redes para la comercialización, ha limitado la entrada o “el despacho” de la energía producida por la comisión, lo que le ha generado pérdidas millonarias, establece el documento.

Según la iniciativa del Ejecutivo, la pérdida económica por la energía no despachada –45 por ciento de la capacidad de la CFE– equivale a 215.4 mil millones de pesos anualmente. Esto se suma al hecho de que el organismo tiene que comprar a los particulares electridad por 222.9 mil millones, lo que representa “cuantiosos beneficios para los generadores privados”.

De igual manera, se contempla la cancelación de los “permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa con el sector privado, así como las solicitudes pendientes de resolución”, pero la Comisión Federal de Electricidad continuará adquiriendo la energía producida por los particulares a través de un nuevo mecanismo basado en procedimientos de competencia, costos de producción y de acuerdo con los “requerimientos de seguridad y confiabilidad” del SEN.

La propuesta de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución contempla que la CFE se convierta en el organismo del estado responsable del área estratégica de la electricidad, de su planeación y control, y tenga autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración.

En sus artículos transitorios, destaca que la comisión se integrará como un solo organismo del Estado en forma vertical y horizontal, por

Subestación eléctrica en La Noria, Xochimilco. La pérdida económica por la energía no despachada representa 45 por ciento de la capacidad de la CFE y equivale a 215.4 mil millones de pesos por año, señala la iniciativa presentada al Congreso por el Ejecutivo. Foto Luis Castillo

lo que se suprimirá la separación de sus empresas subsidiarias y filiales.

También establece la cancelación de los Certificados de Energías Limpias que implicaban “un ingreso adicional para los generadores privados” y del que la CFE “fue excluida... no obstante que sus centrales generan 55 por ciento de energía limpia en el país”, explica.

Asimismo, se plantea avanzar hacia la transición energética, para lo que se utilizarán todas las fuentes de energía de que dispone la nación, a fin de reducir paulatinamente las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero.

En 2013, cambio de carácter regresivo

El documento parte de que la reforma energética de 2013 significó “un cambio normativo de carácter regresivo”, pues se estableció un sistema “cuyos verdaderos objetivos fueron el despojo, la desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado”. Esto llevó al “desmantelamiento de una industria” de carácter integral y al debilitamiento del SEN, se menciona en la exposición de motivos.

También se da cuenta de que en la actualidad el sector privado tiene una participación de 62 por ciento del mercado y la CFE de 38 por ciento, aunque posee capacidad para cubrir un mayor porcentaje.

Se agrega que la fragmentación de la comisión genera importantes pérdidas económicas y el otorgamiento de permisos de generación de manera ilimitada a los particulares se ha hecho sin considerar la planeación y la demanda futura. Se han autorizado permisos por 104 mil 372 megawatts cuando la demanda estimada para 2024 es de 52 mil 419, se precisa.

La iniciativa entregada a la Cámara de Diputados el jueves, cuando su presidente Sergio Gutiérrez optó por asistir a la sesión del Instituto Nacional Electoral como representante de Morena, establece que el sector privado podrá generar 46 por ciento del consumo, pero sujeto a la planeación y control del SEN que realizará la CFE.

Cambios frenarán inversión: analistas

Empresarios: es una iniciativa desafortunada

ALEJANDRO ALEGRÍA

La iniciativa de reforma constitucional para fortalecer a la CFE tuvo opiniones diversas, pues mientras especialistas consideraron que la propuesta obligará a la empresa a hacer un esfuerzo para cumplir con 54 por ciento de la generación de energía, otros señalaron que desincentiva la inversión en el país.

Santiago Barcón, experto en materia eléctrica, consideró poco probable que la propuesta para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución sea aprobada en el Congreso de la Unión.

Subrayó que la reforma energética aprobada en 2013 sí necesitaba ajustes, como suele suceder, pero “los péndulos no pueden irse de un lado hacia el otro cada sexenio”; comentó que sólo habrá beneficio a los consumidores si la Secretaría de Hacienda destina recursos.

Añadió que un obstáculo pueden ser los contratos ya firmados y los compromisos adquiridos por el país en acuerdos como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá.

La “CFE va a tener que realizar un esfuerzo extraordinario, no digo que no pueda hacerlo, pero sí hay que estar consciente de que requerirá un esfuerzo, porque afectará la participación de privados”, dijo el experto Arturo Carranza sobre el objetivo de generar 56 por ciento de la energía para el país. Apuntó que la propuesta es “un cambio de reglas muy claro, pero habrá que esperar las implicaciones” que conlleva. Indicó que la propuesta de desa parecer la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) sólo es poner en papel algo que ya se hace en la práctica, pues desde que se inició la actual administración estos organismos han perdido autonomía.

Adrián Garza, analista de la calificadora Moody’s Investor Service, consideró que “la iniciativa de reforma eléctrica desincentiva la inversión en energía renovable impidiendo que en México cumpla sus metas de energía limpia”.

La también analista de Moody’s Roxana Muñoz señaló que “eliminar los reguladores energéticos reduce de manera manifiesta la transferencia de los costos y operación del sector, afectando con ello la confianza de los inversionistas y deteriorando en forma marcada el marco institucional”.

Ángel García-Lascuráin, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, opinó que el país debe contar con un sector energético que garantice competitividad, pues su participación es necesaria por el costo que implica financiar la infraestructura.

El especialista Ramsés Pech consideró que México sufrirá un atraso al no haber modernidad en las nuevas formas de producir y por depender del presupuesto que se otorgue a la CFE.

Comentó que al desaparecer los contratos de autoabastecimiento, deberán pagar los de transmisión y distribución, y sin los órganos reguladores las tarifas las pondrá la CFE, pero no especifica el mecanismo del cálculo, lo que ocasiona incertidumbre.

El Consejo Coordinador Empresarial, por su parte, consideró que la iniciativa “lastima profundamente al país, tanto en materia ambiental como en materia económica”, pues “golpearía finanzas de familias mexicanas y consumidores de electricidad”.

Apuntó que la propuesta implica un importante gasto presupuestario al subir costos de producción y requerir fuertes inversiones del Estado para asegurar el suministro eléctrico, pero también ahuyentaría inversiones, lo cual impediría la reactivación económica.

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos pidió al Congreso de la Unión analizar a fondo los impactos de la iniciativa constitucional y consideró fundamental contar con órganos reguladores autónomos “para favorecer la protección de los intereses de la nación y de los consumidores”.

A través de su cuenta de Twitter, José Abugaber Andonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, calificó como “desafortunada” la iniciativa, pues es un “retroceso hacia una figura de control absoluto para la CFE.

“Impacta negativamente los costos de producción de la industria, obligando a subir los precios de todos los productos, aumentando los niveles inflacionarios de la economía y, en consecuencia, erosionando el poder adquisitivo y la calidad de vida de las familias mexicanas.”