a Amazonia colombiana se ha convertido en un botín de guerra L

La Amazonia colombiana enfrenta una crisis ambiental y de seguridad sin precedentes que tiene en grave riesgo a los defensores ambientales. Aunque esta crisis viene gestándose desde hace décadas, ha cambiado significativamente desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.

Ese es uno de los principales mensajes del informe Un clima peligroso, realizado por Fundación Ideas para la Paz (FIP) y Adelphi, con apoyo de las organizaciones WWF, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS) Colombia, Amazon Conservation Team (ACT), Fundación Gaia Amazonas, Tropenbos y la Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

De acuerdo con el informe, la intensificación del acaparamiento de recursos y de actividades económicas ilegales como los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, la minería, la ganadería y la agricultura, no solo impulsaron la degradación ambiental y la deforestación en la región, sino que también aumentaron la violencia.

Según cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el 70 por ciento de la deforestación en el país durante 2020 se concentró en la Amazonia cuando se perdieron 109 mil 302 hectáreas de bosque, en comparación con las 98 mil 256 registradas en 2019.

“Vemos una crítica situación de inseguridad en la

Amazonia, la cual es generalizada, no se trata solo de una zona o sector. Hay peligro para funcionarios y población civil que hacen defensa de su territorio y recursos naturales”, le dice Rodrigo Botero, director de la FCDS a Mongabay Latam.

Violencia y deforestación en aumento

La región amazónica ha sido de gran interés para los diversos grupos armados ilegales involucrados en el conflicto, entre ellos guerrillas, grupos paramilitares, narcotraficantes y crimen organizado, y más recientemente disidentes de las FARC. El informe Un clima peligroso asegura que todos estos actores utilizaron la región como zona de retaguardia, territorio para la extracción de recursos y para ejercer control territorial, militar, político y social. Además, que la Amazonia era un activo estratégico debido a sus extensas fronteras con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, y a su lejanía de los centros de control gubernamental.

A pesar de esto, los departamentos amazónicos han presentado dinámicas diferentes. El reporte señala que Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo han sido los más afectados por la violencia, el conflicto armado y la deforestación, pero también los que tienen mayores niveles de integración económica y presencia estatal.

Por el contrario, los departamentos de Guainía, Amazonas y Vaupés han experimentado menores niveles tanto de conflicto como de deforestación, pero se han caracterizado tradicionalmente por una menor presencia del Estado central y una menor integración económica con el centro del país.

Aunque se podría pensar que en Amazonas, Vaupés y Guainía la situación ambiental y de seguridad tiene escasos problemas, Rodrigo Botero comenta que los han tenido desde hace mucho tiempo, solo que debido a esa menor presencia del Estado se han reportado históricamente menos denuncias y las problemáticas no se han expresado en forma de deforestación, pero sí de otras formas.

“Por ejemplo, la frontera [los tres departamentos son fronterizos] es una gran autopista de ilegalidad, no solo con Venezuela sino con Brasil y Perú. Ahí los problemas se expresan en términos de tráfico de droga, armas, oro, coltán, madera, pescado y hasta de migrantes”, afirma Botero. Y es que toda la Amazonia, en palabras del director de la FCDS, “se ha convertido en un botín de guerra”.

Precisamente, Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz y uno de los autores del informe, asegura que lo más complejo de lo que sucede en la región es la interacción entre el deterioro de condiciones de seguridad y el deterioro de las condiciones ambientales, lo cual produce una gran crisis.

El informe destaca el acaparamiento de tierras, los cultivos de coca para usos ilícitos, la minería ilegal y el aumento en el número de vías no autorizadas como cuatro factores que explican la creciente dinámica de violencia y degradación ambiental de la región amazónica colombiana.

Cifras de 2020 de la FCDS indican que el acaparamiento de tierras se da en el llamado ‘arco colombiano de la deforestación’, justo en los límites con otros ecosistemas como los Andes y la Orinoquía, pasando por importante áreas protegidas como los parques nacionales Tinigua, sierra de la Macarena y serranía de Chiribiquete –en su zona norte y en las cercanías del río Camuya en el límite oriental del parque– y el límite oriental de la reserva indígena Nukak.

Asimismo, los cultivos de coca para usos ilícitos dominan principalmente en los parques sierra de la Macarena, Tinigua, serranía de Chiribiquete, La Paya y la reserva nacional Nukak, así como en el resguardo indígena Nukak y diversos bosques de Guaviare, Caquetá, Putumayo y el sur del Meta.

Datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) refieren que la minería ilegal se concentra en la cuenca baja del río Caguán, el río Putumayo y el río Caquetá, así como sus afluentes, y en varias zonas dentro de los parques río Puré, Cahuinarí, Yaigojé-Apaporis y Puinawai.

Finalmente, información de la FCDS también da cuenta que las vías ilegales se expanden sobre todo en el Arco Amazónico Noroccidental, en los municipios de La Macarena (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare), que contienen el 48 por ciento de las nuevas vías detectadas, la mayoría de ellas en dirección a áreas protegidas y resguardos indígenas.

El peligro constante para los defensores ambientales

Las dinámicas de ilegalidad han llevado a un incremento en la violencia contra los líderes ambientales amazónicos. “Cada vez más, sus esfuerzos de conservación y protección ambiental son vistos como amenazas directas a los intereses económicos de los grupos armados ilegales y de poderosos actores económicos y políticos”, se lee en el reporte.

La firma del Acuerdo de Paz, así como la desmovilización y el desarme parcial de las FARC fueron importantes impulsores de estos cambios pues crearon un vacío de poder que facilitó la entrada de diferentes grupos armados ilegales. También propiciaron un mayor interés en la explotación de recursos de la Amazonia colombiana, en contra de la agenda de conservación y protección de los líderes, or-

Cumbre Petro-Lula da Silva: salvar la selva amazónica y la paz total

Luego de asistir a la posesión presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro se reunió con su homólogo el 2 de diciembre. Dicho encuentro estuvo enmarcado porque desde su campaña, el mandatario brasileño había mencionado la necesidad de salvar la selva amazónica, misma oratoria usada por el jefe de Estado colombiano antes, durante y después de su llegada a la Casa de Nariño.

Ese fue, precisamente, uno de los temas abordados en la cumbre celebrada en el Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí, ambos mandatarios estuvieron de acuerdo en conformar una Cumbre de la Amazonia. En ese sentido, Lula manifestó que piensa convocar una gran reunión para abril o mayo de este año con los presidentes de los países que comparten el mayor pulmón vegetal del planeta.

Dicha reunión, según el mandatario de Brasil, sería celebrada durante el primer semestre de 2023 en alguna ciudad de la Amazonia brasileña, entre ellas Leticia o Tabatinga.

Petro y Lula también dialogaron sobre un eventual cambio en la política de drogas en estos países, tema que ha tocado en reiteradas ocasiones el presidente colombiano calificándola de “fracaso”, especialmente en la Asamblea General de Naciones Unidas. Internamente, también ha advertido sobre la necesidad de transformar los actuales lineamientos para la erradicación de cultivos ilícitos y el negocio del narcotráfico.

Al respecto, también ha enfatizado en que esa lucha contra las drogas no puede centrarse solamente en la cocaína, sino que hay que atacar las redes de fabricación y distribución del fentanilo, sobre la cual ha asegurado que se consume con mayor frecuencia en Estados Unidos. Incluso, ha manifestado que depende de ese país que haya paz en Colombia a partir de una transformación en esta política.

“Rehacer una política antidrogas a partir de la prevención de la salud pública y no de la criminalización, casi que podría llevar a Colombia a la paz en cuestión de meses. Eso depende de los Estados Unidos”, había mencionado el presidente Petro en noviembre del año pasado desde Francia.

Por ello, en la reunión hecha en Brasilia, Petro invitó a su homólogo a participar en la conferencia sobre la política antidrogas que se celebrará en México.

Otro tema mencionado en la reunión fue la importancia que tendrá Brasil en la consolidación de la Paz Total en Colombia a partir de la posibilidad de que ese país sea garante de los procesos de paz que se adelanten entre el gobierno nacional y diferentes actores armados ilegales, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional –ELN–. Petro también se refirió a la importancia de adoptar una integración energética de las Américas para utilizar recursos renovables.

Sobre esta reunión, el mandatario de Colombia afirmó en su cuenta de twitter que se centró en “un gran pacto para salvar la selva amazónica en favor de la humanidad. Hacia un cambio de la política antidrogas; un Brasil garante de la paz en Colombia y el estudio de la interconexión eléctrica de las Américas con fuentes de energías limpias.” infobae.com/america/ ganizaciones y comunidades ambientales.

ONG internacionales han dado cuenta del recrudecimiento de la violencia, por ejemplo, el número de defensores ambientales asesinados en Colombia aumentó en más del 150 por ciento entre 2018 y 2020, pasando de 24 a 64 según Global Witness. Además, entre 2016 y 2020, el proyecto ‘Tierra de resistentes’ reportó el asesinato de por lo menos nueve defensores del ambiente en los departamentos de la Amazonia.

“Este aumento de la violencia letal contra los líderes ambientales y sociales ha estado acompañado del desplaza - miento forzado de comunidades locales e indígenas y de la pérdida de sus medios de vida tradicionales. Por ejemplo, pueblos indígenas han sido desplazados de las zonas rurales de los departamentos de Amazonas y Putumayo como consecuencia de las presiones ejercidas por grupos armados ilegales, incluyendo el reclutamiento o utilización de jóvenes para sus operaciones”, dice el informe . Añade que líderes sociales, organizaciones ambientales y pueblos indígenas de algunas zonas de los departamentos de Putumayo y Caquetá también están en grave riesgo, principalmente en los municipios de Puerto

Guzmán, San José del Fragua, Curillo y Solita.

Para Rodrigo Botero, este es el “triste reciclaje” de una guerra contra grupos armados que ahora tienen características más complejas. Según dice, son un sinnúmero de grupos y cada uno impone sus normas de manera violenta, erosionando todo el capital social que se había logrado construir durante años en la Amazonia.

Juan Carlos Garzón de la FIP comenta que en un territorio donde el Estado no ha actuado para proteger a las comunidades, finalmente son los propios líderes, con organizaciones ambientales y sociales, quienes terminan tratando de establecer mecanismos para protegerse. “Van desde lo más básico, hablarse entre ellos sobre sus rutinas y cuidarse mutuamente, hasta tener interlocución con los actores armados para procurar protección”, asevera.

Estos métodos de autoprotección son el resultado de la falta de confianza en el Estado. Varias personas y organizaciones locales entrevistadas en el informe Un clima peligroso expresaron su preocupación por las narrativas que estigmatizan a los defensores del ambiente y los líderes sociales, así como a las comunidades locales. Ya la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos había señalado en 2019 que líderes políticos y funcionarios públicos a menudo califican de “guerrilleros” a comunidades y líderes porque se ubican en las mismas zonas que los grupos armados ilegales.

“Como consecuencia, muchos líderes ambientales y miembros de las comunidades agredidas dudan en denunciar las amenazas y los crímenes ante las autoridades pertinentes, ya que temen que se haga caso omiso de sus reclamos o, peor aun, que aumente su nivel de riesgo”, dice el reporte.

Las respuestas del Estado

El informe también analiza las respuestas que el Estado le ha dado a la crisis en la Amazonia colombiana. En primer lugar mencionan el ‘Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, firmado entre el gobierno y las FARC en 2016. Este documento se basa en el entendimiento compartido de que la larga historia de conflicto armado de Colombia tiene sus raíces en la división rural-urbana y la falta de presencia del Estado en algunas de sus regiones y, por lo tanto, la construcción de paz requiere un enfoque territorial.

El acuerdo pone un fuerte énfasis en las cuestiones ambientales y de gobernanza de la tierra. De hecho, su primer punto es una reforma rural in - tegral que fomente el desarrollo y la equidad económica y social en el campo, incluyendo una serie de iniciativas de reforma agraria para cerrar la brecha rural-urbana. Sin embargo, en la actualidad no se cuenta con la asignación presupuestal necesaria para lograr sus objetivos y, según ha dicho la Procuraduría colombiana, su implementación ha estado rezagada.

Rodrigo Botero, director de la FCDS, lo sintetiza de la siguiente manera: “no habrá paz ambiental mientras no haya paz agraria. Y esta última empieza por los reconocimientos de los derechos de la tierra para las poblaciones campesinas y étnicas”.

Una de las principales respuestas del gobierno para combatir la deforestación y las economías ilegales en la Amazonia colombiana ha sido la acción militar denominada ‘Operación Artemisa’, que comenzó en abril de 2019. Se -