Superintendencia de Educación Superior en Chile

EDUARDO DEL SOLAR Director ejecutivo de APIS Presidente Convergencia de Gremios PYMES de la Salud, Transportes y Cooperativas.

Estado esté comprando a menos competidores y a un mayor precio.

Cualquier licitación pública tiene que dar cobertura a un aspecto básico que es buscar el equilibrio financiero, que se tiene que presentar en el momento de la adjudicación y su posterior ejecución.

Este problema también pone en riesgo la seguridad del paciente, pues al tener menos oferentes se está dejando fuera de competencia a muchas empresas de menor tamaño que, históricamente, han trabajado y desarrollado productos junto con los servicios de salud. Todo ello también podría afectar una adecuada evaluación de las tecnologías sanitarias.

Hasta ahora, el Minsal se ha negado a dialogar, lo que nos parece grave, sobre todo considerando la crisis que vive el país con listas de espera para cirugías y atención que ya son casi insostenibles. Un ejemplo a observar es el de España: la industria local que fabrica equipamiento médico exigió al Gobierno una modificación legislativa para poder indexar los contratos y así enfrentar la dura situación económica, lo que se ha repetido en Portugal, Italia y Francia. Sigamos ese modelo.

En el 2018 nuestro país promulgó la ley 21.091 sobre la Educación Superior y su espíritu es el de poder generar un sistema que permita el desarrollo de todos los chilenos que acceden a ella de buena forma.

La idea de una Superintendencia de Educación Superior que vele por la calidad de ésta es, en sí, una gran iniciativa, pero puede generar exactamente lo contrario, ¿cómo? A través de lo que los economistas llaman “incentivos perversos”.

Para explicar lo anterior consideremos lo que dice el párrafo 2 de la ley, que es el que detalla su creación y funcionamiento. Lo primero es que es una dependencia directa del ministro, no del ministerio, lo que genera de por sí un sesgo ideológico a favor del gobierno de turno, lo que puede resultar en un riesgo enorme, en un país más dado a la opinión de Twitter que a la de los expertos. Otro punto complejo es el del aseguramiento de la calidad, ya que elimina la existencia casi por completo de las agencias privadas, y aumenta el poder de los pares evaluadores, esto en sí puede llevar a la advertencia de Lord Acton: “el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Por supuesto, la existencia de organizaciones privadas no garantiza la falta de corrupción, pero es más simple el fiscalizar a las instituciones que a las personas.

Cabe mencionar en esto un detalle, la Superintendencia será la encargada de coordinar las instancias de participación de las universidades, así como solicitar la información relevante al Consejo de Rectores. Este punto es particularmente clave, pues pone bajo el mando de un burócrata de turno a la totalidad de las instituciones miembros del CRUCH, si bien este organismo fue creado por ley y es parte de la burocracia estatal siempre ha sido autónomo y ha coordinado sus procesos de esta forma. Esto último se ve amenazado, pues la Superintendencia tendrá potestad, entre otros, en el cálculo del arancel de referencia, instrumentos de financiación y su distribución, lo que me lleva de nuevo a Lord Acton. Es bueno recordar, que a la fecha el sistema universitario chileno es el segundo más regulado, después de la banca, teniendo desde sus precios (aunque no sus costos) hasta sus cantidades regulados, como ocurre con casi toda la educación formal en Chile y esta nueva institucionalidad otorga potestad de revisar estados financieros y hacer recomendaciones a las instituciones de Educación Superior respecto a ellos, cosa no vista en ningún tipo de organización.

El pronóstico, dado lo anterior suena bastante fatídico, sin embargo, esto dependerá, entre otros, de la fiscalización e interés real de la ciudadanía, más que del rol que pueda tener alguna otra institución.

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