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Juez bloquea norma del gobierno de EE.UU. que limita asilo, pero demora su aplicación
A Judge Blocks Limits on Asylum at U.S.-Mexico Border but Gives Biden Administration Time to Appeal
WASHINGTON (AP) --- Un juez federal bloqueó el martes, 25 de julio, una norma que permite a las autoridades de inmigración denegar asilo a migrantes que llegan a la frontera México-Estados Unidos sin primero haber presentado una solicitud en línea o sin haber pedido protección a un país por donde pasaron. Pero el juez demoró la entrada en vigor de su fallo para darle tiempo al gobierno del presidente Joe Biden de presentar una apelación.
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La orden del juez Jon Tigar, del distrito norte de California, le quita al gobierno federal una herramienta crucial establecida una vez que expiraron las restricciones relacionadas con la pandemia en mayo pasado. La nueva regla impone límites estrictos a los migrantes que piden asilo, pero incluye espacio para excepciones y no aplica a los menores que viajan sin compañía de un adulto.
“La regla —la cual ha estado en vigor por dos meses— no puede permanecer vigente”, escribió Tigar en su orden, la cual no entrará en vigor durante dos semanas.

El Departamento de Justicia apeló de inmediato el fallo y pidió que se suspendiera en lo que se escucha el caso. La agencia expresó optimismo en que la norma es legal.

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes que presentaron la demanda contra la regla aplaudieron la decisión del juez.
“La promesa de Estados Unidos es ser un faro de libertad y esperanza, y el gobierno puede y debe hacer mejor las cosas para cumplir con esta promesa, en lugar de perpetuar políticas crueles e inefectivas que la traicionan”, escribió time to appeal. (AP Photo/Gregory Bull, File) la abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) Katrina Eiland, quien presentó los argumentos en el caso.
La ACLU y otros grupos habían argumentado que la norma viola una ley federal que protege el derecho al asilo sin importar la manera en que la persona entra en el país. Los organismos señalaron que además obliga a los migrantes a bus- car protección en países que no tienen un sistema de asilo y protecciones a los derechos humanos tan sólidos como Estados Unidos. También argumentan que la app CBP One, que el gobierno quiere que los migrantes utilicen, no tiene citas suficientes ni está disponible en suficientes idiomas.
El gobierno ha argumentado que los sistemas de protección han mejorado en otros de los países por los que los migrantes atraviesan. Pero Tigar señaló que no es viable para algunos migrantes buscar protección en un país de tránsito y destacó la violencia que enfrentan algunas de estas naciones, en particular México.
“Mientras esperan una resolución, los solicitantes de asilo deben esperar en México, en donde por lo general los migrantes enfrentan un mayor riesgo de violencia tanto por actores estatales como no estatales”, escribió el juez, quien fue designado al cargo por el presidente Barack Obama.
También escribió que la norma es ilegal porque asume que las personas son inelegibles para obtener asilo si ingresan al país entre puntos fronterizos oficiales. Pero destacó que el Congreso dijo explícitamente que eso no debería afectar si alguien es elegible o no para obtener asilo.
El juez también rechazó los argumentos del gobierno de que había puesto a disposición otras vías para que las personas vinieran a Estados Unidos y que eso debería tomarse en cuenta. El gobierno mencionó un programa que permite la entrada de hasta 30.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela cada mes, siempre que cuenten con un patrocinador y lleguen vía aérea al país. El juez señaló que esas vías no están disponibles para todos los migrantes.
El gobierno federal también dijo que estaba permitiendo el ingreso de posiblemente cientos de miles de personas al país a través de la app CBP One. Los migrantes utilizan la aplicación para programar una cita y presentarse en la frontera
From page 12 para tratar de entrar en Estados Unidos y solicitar asilo.
Tigar destacó que la demanda supera las 1.450 citas diarias que se encuentran disponibles actualmente, dejando a los solicitantes de asilo a la espera en México, donde enfrentan “un grave riesgo de violencia”.
El gobierno dijo que la norma era parte crucial de su estrategia de buscar un equilibrio entre la aplicación estricta de la vigilancia fronteriza y asegurar diversas opciones para que los migrantes presenten solicitudes de asilo válidas. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), el total de encuentros en la frontera sur —que abarca a migrantes que ingresaron ya sea por un puerto de entrada o trataron de cruzar en un lugar intermedio— cayeron un 30% durante junio en relación con el mes anterior. La agencia destacó que es el total mensual más bajo desde febrero del 2021. Los detractores han dicho que la norma en el fondo es una actualización de los esfuerzos del presidente Donald Trump para limitar el asilo en la frontera sur.
Trump calificó a Tigar como un “juez Obama” después de que éste rechazó una medida de su presidencia que prohibía a las personas solicitar asilo en otro lugar que no fuera un punto de entrada oficial al país. Dicho intento quedó estancado en los tribunales y jamás entró en vigor.
Tigar también falló en contra de los planes del gobierno de Trump de limitar el asilo a personas que no solicitaron protección por un país por el que cruzaron en su camino hacia Estados Unidos. La Corte Suprema eventualmente permitió que esa medida entrara en vigor.
ENGLISH:
WASHINGTON (AP) --- A federal judge on Tuesday, July 25, blocked a rule that allows immigration authorities to deny asylum to migrants who arrive at the U.S.-Mexico border without first applying online or seeking protection in a country they passed through. But the judge delayed his ruling from taking effect immediately to give President Joe Biden’s administration time to appeal.
The order from U.S. District Judge Jon Tigar of the Northern District of California takes away a key enforcement tool set in place by the Biden administration as coronavirus-based restrictions on asylum expired in May. The new rule imposes severe limitations on migrants seeking asylum but includes room for exceptions and does not apply to children traveling alone.
“The Rule — which has been in effect for two months — cannot remain in place,” Tigar wrote in an order that will not take effect for two weeks.
The Justice Department immediate- ly appealed the order and asked for it to be put on hold while the case is heard. The agency said it’s confident the rule is lawful.
Immigrant rights groups that sued over the rule applauded the judge’s decision.
“The promise of America is to serve as a beacon of freedom and hope, and the administration can and should do better to fulfill this promise, rather than perpetuate cruel and ineffective policies that betray it,” American Civil Liberties Union attorney Katrina Eiland, who argued the case, said in a statement.
The ACLU and other groups had argued the rule violates a U.S. law that protects the right to asylum regardless of how a person enters the country. The groups said it forces migrants to seek protection in countries that don’t have the same robust asylum system and human rights protections as the United States. They also argued that the CBP One app the government wants migrants to use doesn’t have enough appointments and isn’t available in enough languages.
The administration had argued that protection systems in other countries that migrants travel through have improved. But Tigar said it’s not feasible for some migrants to seek protection in a transit country and noted the violence that many face in Mexico in particular.
“While they wait for an adjudication, applicants for asylum must remain in Mexico, where migrants are generally at heightened risk of violence by both state and non-state actors,” the judge, an appointee of President Barack Obama, wrote.
He also wrote that the rule is illegal because it presumes that people are ineligible for asylum if they enter the country between legal border crossings. But, Tigar wrote, Congress expressly said that should not affect whether someone is eligible for asylum.
The judge also rejected the administration’s arguments that it had provided other avenues for people to come to the U.S. and that should be taken into account. The administration has pointed to a program that allows in as many as 30,000 migrants a month from Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela if they have a sponsor and fly into the U.S. The judge noted that such pathways are not available to all migrants.
The Biden administration also argued that it was allowing potentially hundreds of thousands of people into the U.S. through the CBP One app. Migrants use the app to schedule an appointment to present themselves at the border to seek entry to the U.S. and request asylum.
Tigar noted that demand outstrips the 1,450 appointments currently available daily, leaving asylum seek- ers waiting in Mexico where they’re at “serious risk of violence.”
The Biden administration said the asylum rule was a key part of its strategy to strike a balance between strict border enforcement and ensuring several avenues for migrants to pursue valid asylum claims. According to Customs and Border Protection, total encounters along the southern border — meaning migrants who either came to one of the ports of entry or tried to cross between them — were down 30% in June compared with the previous month. The agency said it was the lowest monthly total since February 2021.
Critics have argued that the rule is essentially a newer version of efforts by President Donald Trump to limit asylum at the southern border.
Trump derided Tigar as an “Obama judge” after Tigar rejected a Trump administration policy barring people from applying for asylum except at an official border entry point. That effort got caught up in litigation and never took effect.
Tigar also ruled against the Trump administration’s efforts to limit asylum to people who don’t apply for protection in a country they travel through before coming to the U.S. The Supreme Court eventually allowed that.
Article written by Rebecca Santana, The Associated Press.