Mujeres periodistas: violencia aumentada El porcentaje de mujeres periodistas víctimas de la violencia extrema en América Latina es de 6,8%, es decir, 71 sobre un total de 1.051, muy inferior a su cuota de presencia en los medios. No obstante, como se verá en los análisis nacionales, el papel de las 70
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periodistas adquiere una relevancia singular en la denuncia de la corrupción del sector, la situación general de desamparo profesional y también en la formulación de pr0puestas de futuro. Casi un tercio de esas muertes y desapariciones forzadas (22) ocurrieron durante las dictaduras militares de los años setenta, con especial protagonismo de Argentina, donde se registraron veinte casos. Los asesinatos de mujeres se producen hoy de forma preferente en México, con once referencias desde comienzos de siglo, generalmente precedidas de amenazas que introducen matices de género como elemento diferencial y de refuerzo de la agresión en el planteamiento de los atentados. La impunidad, estrechamente vinculada a la inacción de la justicia, a la incapacidad y a la corrupción de los aparatos de poder, aparece como manifestación central de la quiebra de la práctica democrática que se ha analizado, en la que solo se recoge una faceta del problema de la libertad de prensa en América Latina (los asesinatos y las desapariciones forzadas). Es preciso profundizar en aquellas situaciones en las que a la condición profesional se unen otros factores de discriminación, exclusión y riesgo. Los colectivos de mujeres periodistas de México, por ejemplo, han denunciado los peligros añadidos que corren, ya que, al castigo por su actividad profesional, se une la crisis de feminicidio que aparece como otra de las grandes debilidades democráticas del país (cimac, 2012). También se advierten problemas específicos en sectores de la sociedad que siguen castigados por la exclusión y la pobreza, caso de los colectivos indígenas, en torno a los cuales surgen muchas de las iniciativas que desarrollan los medios comunitarios. Reporteros Sin Fronteras analizó esta cuestión en el departamento del Cauca, en Colombia, y los efectos colaterales de las luchas armadas y el narcotráfico sobre la vida y las expectativas de los pueblos originarios. Ahí, las amenazas procedían tanto del ejército, que en ocasiones les acusaba de ser «simpatizantes de la guerrilla», como de los grupos armados, que los señalaba como «colaboradores del Estado», al tiempo que los paramilitares practicaban sobre ellos mecanismos de «limpieza social» (rsf, 2012: 4) o forzaban la tragedia inmensa de los desplazamientos. La situación no es muy distinta de la que hoy se conoce en México y en algunas naciones centroamericanas, don71
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de estos pueblos son, a la vez, víctimas y eslabón del narcotráfico, al tiempo que sufren la desprotección de las políticas públicas (amarc, 2009). Muchos medios comunitarios han sido destruidos o cerrados, y son numerosos los comunicadores que buscan refugio lejos de su tierra. Entre los riesgos profesionales en entornos conflictivos figura el estrés postraumático. La violencia tiene un significativo efecto psicológico en México, Colombia, Honduras... Según una investigación de la unam hecha en 2012 (Flores Morales et al., 2012), 35% de los periodistas mexicanos había sufrido trastornos, especialmente acusados entre quienes habían informado sobre la guerra contra el narco. Este riesgo se acentúa entre las mujeres, dada la naturaleza diferencial de las agresiones padecidas por estas últimas. «Las mujeres periodistas son asesinadas y desaparecidas como sus compañeros masculinos, pero sufren también ataques personales relacionados con su sexo y amenazas contra sus hijos.»38 Hay una constante machista, sobre todo en México, que une a la violencia la amenaza de abuso sexual, presentada esta como el castigo que se corresponde con las descalificaciones estigmatizadoras de los agresores hacia sus víctimas. 38 Sofía Rada (2015). «Blood, manipulation and lies: Press freedom in Mexico», en Council on Hemispheric Affairs, 28-07-2015 [www.coha.org].
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La relación de mujeres periodistas que hoy se enfrentan a la anomalía democrática en América Latina es especialmente significativa, tanto por mostrar en público una posición arriesgada como por la calidad de la argumentación, que llega a la opinión pública a través de libros y blogs cuando los medios convencionales no dan cabida a sus denuncias y testimonios. En México, Centroamérica, Colombia, Perú o Chile, las periodistas despliegan una conciencia ética de la profesión que enriquece el difícil proceso de regeneración del periodismo.39 Jineth Bedoya, Claudia Julieta Duque o María Jesús Roderos, en Colombia; Anabel Hernández, Lydia Cacho, Carmen Aristegui, Lucía Lagunes o Marcela Turati, en México; Ileana Alamilla, en Guatemala; Dina Meza, en Honduras; Zuliana Lainez Otero, en Perú; Javiera Olivares, en Chile…
Algunas causas de un periodismo bajo mínimos Los problemas del periodismo en América Latina no son homogéneos, pero, a pesar de los matices diferenciales de las naciones, describen un panorama general deficitario, en el que la libertad de prensa que garantizan las constituciones y el ejercicio profesional están lejos de verificarse. Más allá de las declaraciones retóricas sobre el papel del periodismo en las sociedades democráticas, apenas se incide en la reivindicación del derecho a la información, a partir del cual se puede construir la demanda cívica de contenidos potabilizados para el consumo diario. Llama la atención, como problema muy extendido, la prevalencia de las corporaciones periodísticas sobre el periodismo en sí, algo que se manifiesta en el divorcio entre las empresas de los medios y sus profesi0nales. De Norte a Sur, hay casos muy claros de asesinatos provocados por la defensa de los ideales democráticos o por la denuncia de la corrupción. Son los perio39 La connotación machista suele estar presente en las amenazas a las periodistas. Solo un ejemplo: en septiembre de 2014, la periodista Karla Silvia Guerrero, de El Heraldo de León, en Guanajuato, agredida con violencia por tres hombres que la abordaron en la redacción, justificaron su ataque diciendo: «Esto es para que le bajes los huevos a tus notas».
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distas quienes desarrollan los argumentos más sólidos sobre la ética como fuente de regeneración de los medios. Un fenómeno menos frecuente entre los editores, que, en la memoria histórica de Chile, Brasil y Argentina, por ejemplo, y en las prácticas más recientes de Perú, Ecuador, Honduras y Venezuela, entre otros, han sido elementos activos en la preparación psicológica de golpes de Estado o en los intentos de alteración de los estados de opinión surgidos de procesos electorales. El divorcio con los periodistas y la ignorancia de la matriz democrática en la que se sustenta la libertad de prensa, que va unida al derecho a la información, se amparan en una alianza supranacional de los editores que, paradójicamente, enarbola la defensa de la libertad de prensa como bandera de las grandes corporaciones. El corte conservador que describe la trayectoria de muchas de estas empresas periodísticas y su alianza supranacional, convertida en una especie de corte internacional de calificación democrática de las naciones, son algunos de los factores determinantes de la polarización de los sistemas de medios en América Latina. Esa polarización actúa como instancia de esterilización del debate democrático y de la consecución de consenso como virtud de la democracia, al tiempo que mantiene una proyección extemporánea de los vectores geopolíticos de la Guerra Fría. La realidad de los periodistas es otra y sus problemas, aun siendo comunes en la mayoría de los países, carecen del amparo que, en su práctica, atendería los compromisos internacionales suscritos por los gobiernos de la región. La precariedad domina la escena, y se acentúa precisamente en las zonas donde el riesgo profesional es mayor. En este sentido, el caso de México, sin ser exclusivo, sí es revelador, y, como se describe más adelante, contribuye al mantenimiento de un periodismo de baja calidad, cuando no corrupto, vendido a los gobiernos o penetrado por los intereses del crimen organizado. Las bajas remuneraciones de los trabajadores, con frecuencia no sujetos a contratación y carentes de derechos laborales, minan en sus cimientos la libertad de prensa, porque, donde no se dan las condiciones básicas de un Estado de derecho, es difícil exigir a los periodistas ética e independencia profesional. 74
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En grandes naciones, como México y Colombia, las redacciones se sustentan en los relevos de una amplia oferta de egresados universitarios, convertidos en mano de obra cualificada y barata, que permiten la existencia de muchos medios, la mayoría de ellos a modo de explotaciones publicitarias de calidad baja o muy baja, sin otro valor periodístico añadido. Curiosamente, las denuncias de la Sociedad Interamericana de Prensa, la patronal supranacional del sector con sede en Estados Unidos, relativas a las limitaciones y los atentados contra la libertad de prensa, no incluyen la situación laboral del periodista como una de las causas que afectan a la libertad de prensa en la región.40 Los medios padecen otros males en América Latina que restringen la virtud de ser el reflejo de la pluralidad social, como argumento central de su encaje en la cultura democrática. La concentración de la propiedad se ha acentuado en las dos últimas décadas (Unesco, 2014; Becerra y Mastrini, 2009) y las alternativas públicas, bien por su naturaleza gubernamental o por la escasez de recursos, son presa fácil de quienes han creado la ficción interesada de que los medios, para ser libres, deben ser únicamente privados y producirse en un entorno ajeno a las políticas de comunicación.41 En los últimos años, como ya se ha expuesto, se asiste a la aparición de empresas de ámbito supranacional, muy opacas en su estructura, que adquieren relevancia en los mercados locales de medios y actúan a modo de pantallas que neutralizan la injerencia de gobiernos de escaso recorrido democrático, ya que son estas empresas, primadas por la inversión publicitaria institucional, las encargadas de desarrollar una agenda de contenidos afín a los ejecutivos, con lo que se externalizan los mecanismos de presión o censura. No hay sorpresa —escribe Omar Rincón (2014)-: los medios siempre han sido negocio económico y político. Pero ahora perdieron el decoro y se les vio la costura evidente de cómo la información que producen es una mercancía política y económica. Así llegamos a medios complacientes con el 40 Nayeli Martín del Campo, «Vulnerabilidad laboral, atentado contra la información: Darío Restrepo», en Revista Colibrí, Jalisco, 23-12-2014. 41 En este sentido, la amplia tradición europea de medios públicos y de instancias de regulación y autorregulación marcan una clara diferencia con la doctrina imperante en América Latina.
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poder de los anunciantes o de los gobiernos (Colombia, México) o medios militantes por la causa empresarial propia (Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia) o medios determinantes del poder (Chile, Brasil, Perú).
Otro de los grandes problemas que afectan a la libertad y la seguridad de los periodistas, a su estatus laboral y también a la pluralidad de los sistemas es la dualidad existente entre un periodismo central, relativamente mejor estructurado y una amalgama de soluciones periféricas, que se dan en el interior de las naciones, donde el nivel de degradación y precarización profesionales convive con el riesgo más elevado.42 Es preciso hacer una mención especial de los comunicadores de los medios comunitarios, que cubren un espacio necesario en geografías desatendidas por los medios convencionales y en entornos de población excluidos de sus agendas. Unesco sostiene, en su Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (pidc), la consideración de periodistas a quienes, a través de las redes sociales y los medios comunitarios, suplen las carencias informativas en un territorio o de la ausencia de estructuras mediáticas (ipdc/Unesco, 2013: 17). Lejos de defender la libertad de prensa, proteger la práctica profesional y evitar, en los casos de agresiones, que la impunidad se convierta en un estímulo de la violencia, algunos gobiernos eluden con frecuencia esas obligaciones y actúan de un modo que da a entender una escasa convicción democrática acerca del papel de los medios o, para ser más precisos, de los periodistas. Así, resulta siempre extraña la estigmatización de las víctimas de asesinatos por parte de autoridades locales e instancias judiciales —caso de algunos estados mexicanos— y la negación de su condición de periodistas o de la relación entre el crimen y el ejercicio profesional. Y también, saber que sobre un sector castigado y desprotegido se despliega una labor de vigilancia, intervención de comunicaciones y espionaje por parte de los servicios de inteligencia, como las continuadas escuchas (chuzadas) en Colombia, o la extorsión de grupos parapoliciales a través de internet y las 42 «Es cada vez más grande la brecha entre las condiciones de seguridad para los periodistas que hacen su trabajo en las grandes ciudades, con aquellos periodistas que hacen su trabajo en regiones, especialmente en aquellas más afectadas por el conflicto», según Andrés Morales, director de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (El Tiempo, Bogotá, 3-05-2013).
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redes sociales en México, que Lydia Cacho ha llamado ciberterrorismo de Estado. Es sorprendente, asimismo, la agresividad de la policía contra los profesionales que cubren las manifestaciones, especialmente contra los fotoperiodistas y los camarógrafos de televisión, como se ha evidenciado en Brasil (Marques y Lima, 2015), y también en Perú, Venezuela, Bolivia… El conjunto de circunstancias que dificultan la práctica del periodismo en América Latina gravita sobre la credibilidad de los medios. Las adhesiones de conveniencia, la instrumentalización de los medios en función de los cambios políticos, así como el divorcio entre la esencia ética de la profesión y el mero negocio de los medios, debilitan la confianza de las audiencias en la calidad de los nutrientes de la opinión pública. En este ambiente enrarecido, «el resultado final de todas estas prácticas es que se produce un divorcio traumático entre medios y periodistas. Y los buenos periodistas deben buscar otras vidas en internet o escribiendo libros o dictando clases en las universidades o creando redes u ong para sobrevivir con calidad y dignidad» (Rincón, 2014).
Una aclaración necesaria Es preciso insistir una idea ya repetida. Cuando se habla de periodistas en América Latina, ocurre como con la diversidad de la geografía de la región; es decir, se hace referencia a situaciones muy distintas, que van desde la de aquellos que son homologables con los de las naciones económicamente evolucionadas a otros que viven en condiciones de pobreza.43 Si bien la precariedad laboral no puede ser motivo de exclusión en las estadísticas profesionales, tampoco las razones ideológicas, por lo que afirmaciones del tipo «pertenecía al partido…» nunca debieran ser una razón de discriminación, precisamente porque las ideologías son el factor que nutre la pluralidad en democracia. 43 El asesinato en Coatzacoalcos, Veracruz, de Gregorio Jiménez descubrió ante la opinión pública las condiciones de vida de muchos periodistas mexicanos, insertos en ambientes de pobreza real. Gregorio era un profesional comprometido en la escritura de temas sensibles, cobraba por los artículos que eran seleccionados para su publicación dólar y medio por pieza, y carecía, como se repite en muchos lugares de la región, de contrato y derechos laborales.
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Otro criterio de exclusión estaría basado en la consideración ética del periodista, de modo que un profesional que obtuviese ingresos procedentes de los gobiernos ejercería labores de propaganda o aquel que percibiese pagos de organizaciones ilegales y corruptas sería un delincuente. Aun siendo razonable el matiz, no es posible su verificación dado el elevado número de asesinatos y desapariciones conocidas sobre las que, en solo un pequeño porcentaje, se pronuncian los tribunales. Por eso, aunque los datos apunten a una incidencia contaminante de la corrupción y el crimen organizado en la propiedad de los medios y en la retribución a periodistas, las estadísticas no excluyen esos casos. Con seguridad, se contabilizan situaciones en las que la conducta de la víctima desconocía las pautas éticas del periodismo. No es frecuente, en la amplia bibliografía consultada ni en los documentos de las organizaciones especializadas, referir la precariedad profesional como base de la debilidad democrática de los medios en América Latina, ni evaluar las relaciones espurias que hablan, en diversas geografías de la región, del «narcoperiodismo», etiqueta que aparecerá en los capítulos de México, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay... Una última cuestión, relativa a la actitud de los periodistas en situaciones adversas para el ejercicio profesional, hace referencia a la necesaria desmitificación de la heroicidad en entornos donde la libertad de prensa no existe o es impracticable. Apelar a la inmolación en aras de los valores fundacionales del periodismo y la democracia no parece la obligación de quien ya padece la esterilización de su capacidad intelectual y carece del amparo institucional, más aún cuando la crisis sucede en un entorno de precariedad laboral, con necesidades básicas de subsistencia. Este es, sin duda, un gran dilema. ¿Se pueden exigir actos de heroísmo? En todo caso, el déficit ético es mucho más amplio y apela a situaciones que no requieren el sacrificio de la heroicidad. Porque alejados de los principios y los valores están también quienes abandonan la función crítica y se pliegan a los requerimientos gubernamentales, los que extorsionan con la información que conocen, los que prestan su voz a actores ajenos a las audiencias...
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Fuentes generales sobre periodistas muertos y desaparecidos a) Fuentes generales La International Federation of Journalists (www.ifj.org), la mayor organización de periodistas del mundo, publica un estudio anual desde 2000, Journalists and Media Staff Killed, con una información detallada por regiones y países de periodistas que, en el ámbito de América Latina y el Caribe, es aportada por la Fepalc.44 Committee to Protect Journalists (www.cpj.org) emite alertas sobre atentados, agresiones a la libertad de prensa e impunidad de los crímenes, al tiempo que mantiene una base de datos en la que incluye, entre 1992 y 2015, 1.177 asesinados, además de ofrecer cifras sobre profesionales encarcelados, exiliados y desaparecidos. Article 19 (www.article19.org) estudia sobre el terreno las áreas donde la libertad de prensa se halla en peores condiciones, con información sobre América Latina e informes específicos relativos a la situación en naciones como México, Colombia y Brasil, en los que se aportan cifras sobre muertes y desapariciones forzadas, y una lectura crítica de las causas y las circunstancias en las que se producen los atentados. Reporteros Sin Fronteras [www.rsf.org] hace un seguimiento continuo de las agresiones en el mundo y, desde 2002, publica una clasificación anual sobre la libertad de prensa que incluye valoraciones sobre 180 naciones, y un apartado sobre periodistas muertos y desaparecidos.45 Además, gestiona un memorial con referencias a profesionales desaparecidos violentamente desde 1944.46 También participa con el Committee to Protect Journalists, Freedom House y el International Press Institute (ipi) en el memorial del Newsseum Institute de Washington.47 44 Federación de Periodistas de América Latina y Caribe [www.fepalc.org]. 45 La edición de 2016, Round-up of journalists 2015 killed worldwide. La versión en lengua española: Balance de periodistas asesinados en el mundo 2015. 46 The Journalists Memorial [http://thejournalistsmemorial.rsf.org] ha sido creado por el Doha Centre for Media Freedom, Reporteros Sin Fronteras y la municipalidad de la ciudad francesa de Bayeux. 47 www.newseum.org/exhibits/current/journalists-memorial/#sthash.eeIzrJcq.dpuf. A finales de 2015, recogía información de 2.271 periodistas y reporteros gráficos muertos
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