Cambios a las reglas en comercio exterior afectan al sector privado

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresa que las modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 11 de junio, violan los principios constitucionales que protegen la igualdad entre ciudadanos, la libre concurrencia y la libre empresa.

Desde la Coparmex advertimos que esta reforma limitará el acceso de las empresas privadas del sector a autorizaciones o prórrogas para contar con un Lugar Distinto al Autorizado (LDA) para la entrada o salida de hidrocarburos. La modificación a las reglas generales de comercio exterior otorga beneficios exclusivos a empresas productivas del Estado, en detrimento del sector privado; además, viola los principios constitucionales. La medida representa un impacto negativo para usuarios que se abastecen a través de proveedores distintos a los que administra el Estado, por lo que esta modificación representa un daño a las inversiones comprometidas en el país, a la generación de empleo y merma la recaudación. La medida otorgará un beneficio exclusivo e indebido a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), frente a otras empresas, pues serán los únicos que podrán importar y exportar en lugares distintos a los recintos fiscales. Esta disposición, viola el principio de igualdad que debe regir entre las empresas participantes del sector energético, pues generará un impacto negativo en el suministro del combustible a los usuarios y usuarios finales que se abastecen a través de proveedores distintos a los que administra el Estado. Consideramos que con esta acción, la autoridad restringe la operación de las terminales marítimas privadas de almacenamiento de petrolíferos y limita a las empresas privadas que importan combustibles de opciones de almacenamiento, la posibilidad de contar con puntos de internación y la diversidad de suministro para los usuarios finales, afectando la seguridad energética del país. La nueva disposición representa una violación a la jerarquía normativa, pues restringe lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de la Ley Aduanera en la que se establecen los requisitos para para obtener la autorización o prórroga de la LDA, cambia intempestivamente las condiciones bajo las cuales operan distintos permisionarios y vuelve inviables proyectos de la iniciativa privada. Además, genera desigualdad, atenta contra la libre competencia, afecta la capacidad de las empresas y consumidores de acceder a fuentes de energía suficientes a costos competitivos y volverá inoperantes terminales marítimas de importación privada, que al no ser empresas del Estado, no podrán renovar su LDA, lo que viola el derecho de libre empresa y atenta contra la seguridad energética. Adicionalmente llama la atención la inclusión de restricciones a la exportación de minerales - que no está relacionada con la actividad y objeto de las empresas productivas del Estado- mismas que afectan la competitividad e incrementan los costos de un sector que exporta el excedente del mercado nacional.