PL_Fiscalia_Cam_Apelaciones_ConcepciónTUC

La Legislatura de la Provincia de Tucumán, Sanciona con Fuerza de LEY:

Artículo

1: Créase en la Jurisdicción del Centro Judicial Concepción, la Fiscalía de Cámara de

Apelaciones en lo Penal de Instrucción.

Articulo

2: Agréguese el inciso 26 del artículo 85 de la Ley 6238 {Ley orgánica del Poder

Judicial) el que quedará redactado en los siguientes términos: "26. Una (1) Fiscalía de Cámara en lo Penal de Instrucción."

Artículo 3: Facúltese al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de los dispuesto en la presente Ley. Artículo 4: Comuníquese.

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FUNDAMENTOS

La reciente ley N° 8838 crea la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de Concepción, lo cual significa un avance en la administración de justicia en nuestra Provincia. Sin embargo, para lograr la realización del espíritu de la citada norma y evitar malograr los fines que ésta persigue, resulta imprescindible complementar a la mencionada Cámara, con una Fiscalía de Apelaciones.

La citada necesidad obedece a varias cuestiones, algunas ya de larga data, que merecen ser analizadas: Sin duda, una de las principales, es la necesidad de dotar de celeridad a los procesos.

Así, vemos que entre los derechos que componen aquello que genéricamente denominamos debido proceso penal, hallamos el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. El mismo, traducido en la necesidad de la tramitación del proceso con celeridad, muestra especial importancia en razón de la importancia que tiene para las personas liberarse del estado de sospecha que pesa sobre sus hombros y de las restricciones de derechos que el proceso criminal comporta. Calificada doctrina abona esta idea; al respecto el jurista Claria Olmedo sostiene “Se trata de acercar la sentencia lo más posible al hecho que se juzga o al inicio del proceso, para que el orden jurídico sea cuanto antes restablecido”.

El mencionado derecho se encuentra receptado en todos los niveles de nuestro ordenamiento jurídico, siendo de importante alusión a estos efectos El Pacto de San José de Costa Rica que, gozando de estatus constitucional en virtud del artículo 75 inciso 22 de nuestra Carta Magna Nacional, prescribe el "... Derecho de toda persona a ser juzgada en tiempo razonable y sin dilaciones indebidas...".

La excesiva lentitud en el trámite de los procesos es uno de los principales problemas que enfrentan los sistemas procesales y su organización judicial y no solo atenta contra los derechos de los justiciables de manera particular sino que también genera un perjuicio social; alentando una imagen pública donde se percibe al Poder Judicial como poco comprometido con el combate contra el delito, asociándose la idea de dilación con impunidad.

Es evidente que estas ideas impulsaron la reciente ampliación del Centro Judicial Concepción, sumando a esto razones específicas derivadas del crecimiento demográfico de la Provincia y particularmente de la expansión de la ciudad de Concepción, que actualmente es un polo al cual concurren por diversos motivos tucumanos que viven en los municipios, comunas y zonas rurales aledañas. De esta forma; ampliar y mejorar el centro judicial en cuestión, implica un mejor acceso a la justicia para los habitantes del Departamento Chicligasta y para todo el sur de la Provincia. Así se mitigan las dificultades derivadas de las distancias, que los mismos debían recorrer para trasladarse al centro judicial Capital y los consecuentes perjuicios económicos que de esta situación se derivan.

En este marco, se hace necesaria la presencia de los órganos jurisdiccionales en el escenario de los sucesos; lo cual lleva tranquilidad a la población, atravesada por un contexto de creciente inseguridad, contribuye con la paz social como así también a la agilidad, economía y eficacia de los procesos.

El estado de situación y los fines arriba mencionados; motivó también la creación del Juzgado Federal de Primera Instancia en Concepción, estando muchas de estas ideas expuestas también en los fundamentos de la citada ley.

Sin embargo todo lo anteriormente descripto quedará malogrado, sin la existencia de una Fiscalía de Cámara para que emita los dictámenes pertinentes, caso contrario, las actuaciones deberán remitirse inexorablemente al Centro Judicial Capital, para que el Sr. Fiscal de Cámara de Apelaciones allí existente se expida, reproduciéndose de esta manera las dificultades dilatorias, y los consecuentes perjuicios, que la ley N° 8838 pretendió subsanar.

Es por esto que resulta pertinente y necesario crear una fiscalía de cámara para el centro judicial Concepción, solo así las medidas anteriores serán realmente efectivas y podrá avanzarse un paso más en cumplir con el mandato contenido en el preámbulo de la Constitución Nacional de “AFIANZAR LA JUSTICIA”.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito a mis pares sancionen con fuerza de Ley, el siguiente texto.