Soporte Teórico Para Introducción a los Derechos Humanos

SOPORTE TEÓRICO PARA INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

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Ramiro Rivadeneira Silva DEFENSOR DEL PUEBLO ECUADOR Patricio Benalcázar Alarcón Adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza Carla Patiño Carreño Directora General de Educación e Investigación Myriam Pérez Gallo Directora Nacional Técnica de Educación y Capacitación Diseño y diagramación Carlos Bedón Defensoría del Pueblo del Ecuador Avenida de la Prensa N54-97 y Jorge Piedra Quito, Ecuador.

Telf: +593 2 330 1112 Diciembre, 2015

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Elaborado por: Vivian Isabel Idrovo Mora María Fernanda Narváez Benavides Carla Gabriela Patiño Carreño Myriam Stella Pérez Gallo Mercedes Alejandra Soriano Díaz Revisión editorial: Dirección Nacional Técnica de Gestión Documental Especializada y Multimedia Con base en la consultoría realizada por Patricia Salazar

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CONTENIDO PARA PROCESOS EDUCATIVOS

Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación Defensoría del Pueblo de Ecuador Diciembre, 2015

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CONTENIDO

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Introducción Objetivo Enfoque Alcance

07 08 08 08

Unidad 1

Conceptos generales sobre derechos humanos Capítulo 1: La construcción de la noción de derechos humanos Breve historia de los derechos humanos.

La dignidad.

La igualdad.

La libertad.

El buen vivir como ética y horizonte de convivencia en Ecuador.

10 11 11 16 17 18 19

Unidad 2

¿Qué son los derechos humanos?

Capítulo 1: Definición de derechos humanos Capítulo 2: Enfoque de derechos humanos Capítulo 3: Derechos de la naturaleza Capítulo 4: Los derechos humanos en los instrumentos internacionales Capítulo 5: Características de los derechos humanos Capítulo 6: Obligaciones de los Estados frente a los derechos humanos El papel de los servidores y las servidoras públicas frente a las obligaciones estatales.

22 23 24 25 26 27 29 30

Unidad 3

La protección de los derechos humanos en el ámbito nacional Capítulo 1: Los derechos humanos en la Constitución de la República del Ecuador Clasificación de los derechos en la Constitución del Ecuador.

Capítulo 2: Garantías constitucionales Garantías normativas.

Garantías de políticas públicas.

Garantías jurisdiccionales.

Garantías institucionales.

36 37 41 43 43 44 45 47

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Unidad 4

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Unidad 5

Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos Capítulo 1: Tipos de INDH Comisiones de Derechos Humanos.

Ombudsman o Defensores del Pueblo.

Instituciones especializadas.

Proceso de acreditación de las INDH. Capítulo 2: Ombudsman o Defensor del Pueblo Capítulo 3: Los Principios de París Las atribuciones de las INDH según los Principios de París.

Capítulo 4: Características de las INDH

70 71 71 71 71 71 73 75 75 77

Unidad 6

Rol y funciones Defensoría del Pueblo del Ecuador Capítulo 1: La Defensoría del Pueblo en la Constitución del Ecuador Procesos de educación en derechos humanos.

Procesos de investigación e incidencia en políticas públicas.

Procesos de tutela.

Capítulo 2: La Defensoría del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

81 82 83 83 83 84

ANEXOS

Anexo 1. Garantías Jurisdiccionales Anexo 2. Comités de Naciones Unidas Anexo 3. Procedimientos Especiales Naciones Unidas Anexo 4. Trámites Defensoriales Anexo 5. Usuarios/as y Consumidores/as Anexo 6. Guía para presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Anexo 7. Guía para presentar una petición ante la Defensoría del Pueblo Anexo 8. Distributivo de responsabilidades de la Defensoría del Pueblo según procesos Anexo 9. Ejemplos de garantías jurisdiccionales presentadas por la DPE Anexo 10. Clasificación de los derechos de acuerdo con el derecho internacional Anexo 11. Derechos de acuerdo con la Constitución de 2008

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Referencias bibliográficas

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La protección de los derechos humanos a través de los Sistemas Regional y Universal Capítulo 1: Sistema Interamericano de Derechos Humanos Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ecuador y la Corte Interamericana.

Relación de la Defensoría del Pueblo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Capítulo 2: Sistema Universal de Protección: Naciones Unidas Principales tratados para la defensa y promoción de los derechos humanos en el marco del Sistema de Naciones Unidas.

Comités de los Tratados.

Revisión de informes presentados por los Estados.

Procedimiento de investigación confidencial.

Interacción de la Defensoría de Pueblo con los Comités de los Tratados.

Consejo de Derechos Humanos.

Examen Periódico Universal.

Los procedimientos especiales.

Interacción de la Defensoría del Pueblo con los procedimientos especiales.

Utilidad de las recomendaciones emitidas en el marco del sistema universal de protección de derechos humanos.

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Introducción

El documento también está dirigido a aquellas personas, servidoras y servidores públicos, que recibirán capacitación introductoria en derechos humanos, de manera que, una vez adquiridos los conocimientos en el respectivo proceso, cuenten con un documento de consulta breve que les permita reforzar los conocimientos adquiridos y les facilite ponerlos en práctica en sus labores diarias. De manera específica, se han tomado en cuenta las necesidades del personal de la Defensoría del Pueblo y se ha dedicado una serie de temas a las funciones y atribuciones de esta Institución, orientadas precisamente a la protección y promoción de los derechos fundamentales en el territorio nacional. No obstante lo anterior, consideramos que los contenidos del documento también son adecuados para procesos educativos con servidores y servidoras públicas de otras instituciones y ciudadanía en general.

Esperamos que este soporte teórico sea de utilidad para sus destinatarias y destinatarios, y que constituya un aporte para el mejoramiento del servicio público con enfoque de derechos, como corresponde en un Estado constitucional de derechos y justicia.

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La Defensoría del Pueblo de Ecuador ha elaborado el presente soporte teórico para la educación en derechos humanos, con el fin de que quienes faciliten los procesos educativos cuenten con la información relevante para llevar a cabo su labor y puedan difundir estos contenidos alineados a las políticas institucionales, sobre la base de la metodología de la que dispongan.

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Objetivo

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Brindar información básica para la comprensión de la teoría de los derechos humanos con el fin de mejorar el nivel de cumplimiento de las obligaciones que tienen las servidoras y servidores públicos estatales derivadas del reconocimiento de derechos, así como mejorar el nivel de exigibilidad a través de la difusión de derechos y garantías.

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Enfoque La educación en derechos humanos es uno de los recursos más eficaces para lograr el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los mismos puesto que permite adquirir conocimientos, destrezas y habilidades idóneas para mejorar el goce, ejercicio y exigibilidad de derechos. El presente soporte teórico se ha elaborado con este enfoque, es decir, procura ser un aporte al diseño de procesos educativos orientados a incrementar el nivel de conocimiento de los derechos fundamentales para su ejercicio, respeto y protección.

Alcance El soporte teórico de introducción a los derechos humanos puede ser utilizado para los diferentes niveles educativos: difusión, sensibilización o capacitación; la profundidad de los procesos educativos puede ser seleccionada por el facilitador o facilitadora de tal proceso.

En el mismo sentido, la información aquí contenida es adecuada para introducir los conceptos básicos de derechos humanos a un público no especializado (del ámbito público o de la sociedad civil), en tal sentido no pretende agotar las discusiones que se han originado alrededor de las distintas temáticas, sino constituir un punto de partida que proporcione a sus destinatarias y destinatarios herramientas conceptuales básicas. Este recurso debe ser adaptado para el público específico al que esté dirigido a través de la mediación pedagógica.

Finalmente, el soporte teórico es útil para el diseño de procesos educativos tanto presenciales como virtuales.

La guía metodológica desarrollará las técnicas adecuadas para el tratamiento de los temas que componen el presente documento.

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CAT CCPR CED CEDAW CERD CESCR CIDH CMW CRC CRE CRPD Corte IDH COIP COGP DDHH DPE DUDH GLBTI LOGJCC LOSEP LOTAIP OIT SPT

Comité contra la Tortura1 Comité de Derechos Humanos Comité contra la Desaparición Forzada Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales Comisión Interamericana de Derechos Humanos Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares Comité de los Derechos del Niño Constitución de la República del Ecuador Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Corte Interamericana de Derechos Humanos Código Orgánico Integral Penal Código Orgánico General de Procesos Derechos Humanos Defensoría del Pueblo del Ecuador Declaración Universal de los Derechos Humanos Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional Ley Orgánica del Servicio Público Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública Organización Internacional del Trabajo Subcomité para la Prevención de la Tortura

1 Las siglas de los distintos comités de Naciones Unidas corresponden a su denominación oficial.

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Siglas

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UNIDAD 1

Unidad 1

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Conceptos generales sobre derechos humanos

En esta unidad se darán a conocer los conceptos generales sobre derechos humanos, en especial las definiciones oficiales que aplica la Defensoría del Pueblo en la ejecución de sus labores de promoción y protección de derechos.

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UNIDAD 1

Capítulo 1: La construcción de la noción de derechos humanos

Lo cierto es que la necesidad de contar con un conjunto de normas que protejan al ser humano de las arbitrariedades de quienes ejercen el poder puede ser tan antigua como la búsqueda de la felicidad2. Sin embargo, no fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial, y ante el repudio de las atrocidades que en ella se cometieron, que se adoptó por parte de las Naciones Unidas, en ese entonces recién constituidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que implicó un primer acuerdo básico de respeto a todos los seres humanos y que supuso el primer reconocimiento universal de derechos y, entre ellos, libertades fundamentales que son inherentes a todos los seres humanos y son inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, en suma, que todas las personas hemos nacido libres e iguales en dignidad y derechos (Organización de las Naciones Unidas [ONU], s.f., Historia de la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

Breve historia de los derechos humanos3.

Aparece muy temprano en la literatura la noción de derechos anteriores al poder de las y los gobernantes que estos no pueden transgredir. Recordemos, por ejemplo, de la mano de Sófocles a la heroína trágica Antígona condenada a muerte por enterrar a su hermano desobedeciendo al tirano Creonte: No pensaba que tus proclamas tuvieran tanto poder como para que un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Estas no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe de dónde surgieron (Sófocles, 2000, p. 93)4.

La idea –que de Grecia pasó a Roma y que de allí fue desarrollada– de que existe un derecho natural anterior al derecho positivo al cual tiene este que adecuarse, y que en la época medieval se sostiene en la voluntad de Dios, sufre una transformación/crisis en la modernidad pues este derecho natural5 se desvincula de la idea de Dios (Carpintero, 1999).

En América, la (primera) invocación a la “humanidad” que es necesario respetar se escucha en el famoso sermón del padre Montesinos de diciembre del año 1511, en la isla La Española (actualmente República Dominicana y Haití): Decid ¿qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios? Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes, que estaban en sus tierras mansas y pacíficas […] ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales?

(Cordero, 2011, p. 46).

2 Aristóteles, por ejemplo, trató la búsqueda de la felicidad como la finalidad del hombre en su Ética para Nicómano.

3 Los hechos históricos y autores que se destacan son un punto de partida para la reflexión, el debate y la investigación.

4 Sobre el conflicto entre el derecho natural y el derecho positivo reflejado en la literatura puede consultarse por ejemplo en Posner, R. (1993). The problems of jurisprudence. Harvard University Press, a partir de la página 395. Asimismo, en Ost, F. (2006). El reflejo del Derecho en la literatura.

DOXA. Cuadernos de filosofía del derecho (29), 333-348.

5 Se ha mencionado al derecho natural por cuanto sus teorías han sido consideradas como antecedentes de los derechos humanos, pero no se profundizará sobre el mismo.

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Al hablar o escuchar sobre los derechos humanos nos vemos enfrentadas y enfrentados a un sinnúmero de mitos por derribar, por ejemplo, hemos asumido que los derechos humanos son una “organización que representa y protege a alguien”, un alguien que en la mayoría de los casos no es del agrado de la opinión pública. Asimismo, el escuchar muchas veces que mediante “los derechos humanos solo se defiende a las y los delincuentes” ha incidido en una visión negativa del tema y de quienes lo defienden.

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UNIDAD 1

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No han sido escasos los acontecimientos históricos que han determinado que ciertos grupos demanden al poder y logren el reconocimiento de sus derechos, procesos que en la mayoría de los casos no han sido pacíficos. Existe consenso en destacar la Carta Magna inglesa de la época medieval, obtenida en 1215, que constituye un claro ejemplo donde un monarca es llamado a limitar su poder y a reconocer prerrogativas a otras entidades (la Iglesia, señores feudales o comunidades locales), refiriéndose, además, a ciertas garantías que conciernen a la libertad individual. Asimismo, podemos citar: la Petition of Rights [Petición de Derechos] de 1629 donde los ingleses obtuvieron del rey, entre otras cosas, que no existan arrestos abusivos ni ejecuciones arbitrarias, el derecho de defenderse, y que no se les imponga impuestos sin acto del parlamento; el Habeas Corpus Amendment Act6 de 1679, que establece que se debe presentar a las personas detenidas para verificar la legalidad de su detención; y, por último el Bill of Rights [Declaración de Derechos] de 1689 donde el parlamento inglés ofrece la Corona de Inglaterra al príncipe holandés Guillermo a condición de que este respete los derechos del pueblo; este nuevo Rey se compromete a no suspender las leyes, a obtener el consentimiento del parlamento para imponer impuestos, a no infligir penas crueles, etc. (Lochak, 2009). Al otro lado del Canal de la Mancha, podemos citar como ejemplo del proceso de reconocimiento del derecho a la libertad religiosa el Edicto de Nantes de 1598-1599 dictado luego de cruentas guerras entre católicos y hugonotes7, donde se permite la práctica del culto “reformado”, limitado eso sí al ámbito privado.

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En el siglo de las luces podemos destacar cronológicamente en América del Norte la Declaración de Derechos del Estado de Virginia, de junio de 1776, donde ya se afirma que todos los hombres8 son nacidos “igualmente libres e independientes” y que tienen ciertos derechos inherentes (Lochak, 2009), documento que inspiró la célebre Declaración Francesa; y la Declaración de Independencia de Estados Unidos (julio 1776) donde, si bien no se desarrollan los derechos, esto se hará a través de enmiendas, sí se afirma que todos los hombres son creados iguales y están dotados por “el Creador”9 de ciertos derechos.

Llegamos así a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Es necesario, en este punto, destacar la vocación universal de esta Declaración, es decir que a partir de ella, la afirmación de que los “hombres nacen y permanecen libre e iguales en derechos” se convierte en una idea motor que ha permitido, no sin lucha, avanzar en el reconocimiento de otros sujetos de derechos humanos y en la ampliación del contenido de los derechos10. Es importante recordar que la Declaración, en su época, no incluía a las mujeres (recordemos la Declaración de los Derechos de la Mujer realizada por Olimpia de Gouges en 1791); a las y los esclavos (la esclavitud fue abolida en Francia definitivamente en el siglo siguiente), a las y los trabajadores (los derechos económicos, sociales y culturales fueron incorporados por primera vez en el mundo en la Constitución mexicana de 1917); y recibió muchas críticas (Marx, en su famosa Cuestión Judía11 por ejemplo), y, sin embargo, pese a todo ello, la afirmación de “igualdad de todos los hombres”, que se encuentra inserta en ella constituye: Un punto de anclaje para una serie de reivindicaciones que, desde el día siguiente de la Declaración, comienzan a reclamarse para exigir que el derecho de las mujeres, de los trabajadores, de las “razas” colonizadas sea incorporadas al concepto de ciudadanía (Balibar, 2010, p. 63).

A partir de las Declaraciones que hemos citado, los derechos humanos fueron incorporados en el orden jurídico interno de los Estados de corte liberal, es decir, en sus Constituciones (Rodríguez, 1981).

En relación con los derechos económicos, sociales y culturales, estos se incorporaron por primera vez, como ya se señaló, en la Constitución mexicana de 1917, proclamada luego de la revolución (Noriega, 1988). Estos derechos tienen también su propio proceso de aparición y consolidación. Es así que a partir de la revolución

6 No existe una traducción oficial o uniforme en español del documento, que puede entenderse como ley de enmienda del Hábeas Corpus o ley modificatoria del Hábeas Corpus.

7 Se destaca la famosa “matanza de San Bartolomé” donde fueron masacrados miles de hugonotes (protestantes franceses).

8 En los párrafos siguientes podremos ver que el desarrollo de los derechos se da a partir del término “hombre”, entendido no como sinónimo de humanidad sino como varón (con características específicas como el estatus) quien en las épocas mencionadas era el único reconocido siempre en detrimento tanto de mujeres, niños y niñas.

9 Influencia de Locke (hombres creados libres e iguales), donde no se desvincula la naturaleza humana de la noción de Dios, que es su fundamento mediato. La ruptura de la modernidad, debe ser entendida en esos términos a partir de Grocio, “él consideraba que la naturaleza humana era el fundamento inmediato del derecho natural, y la divinidad, por ser creadora de la naturaleza era su fundamento mediato” (Soberanes Fernández, 2009, p. 98).

10 Al respecto, recordemos que fue el prócer de la independencia colombiana y latinoamericana, Antonio Nariño, quien tradujo y publicó privadamente, por primera vez en América, la Declaración francesa, posiblemente en el año 1794.

11 Donde por ejemplo afirmaba que los derechos del hombre son aquellos del hombre “egoísta”, del hombre separado del hombre y de la cosa pública, así la libertad es el derecho a esa separación, la aplicación práctica del derecho a la libertad es el derecho a la propiedad privada (que no toma en cuenta al otro).

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Un espacio destacado en la historia ocupa la Revolución rusa de 191714. En febrero de 1917, obreros, soldados y campesinos, movidos por la falta de alimentos y la guerra, y pese a la dura represión del ejército, se tomaron el Palacio de Táuride, en Petrogrado, y obligaron al zar a abdicar. El conflicto de poder que se instauró fundamentalmente entre los moderados mencheviques (quienes formaron un Gobierno provisional) y los bolcheviques (marxistas radicales) culminó el 25 de octubre de 1917, cuando estos últimos asumieron el poder. Posteriormente, para gobernar se creó el Consejo de Comisarios del Pueblo presidido por Lenin y el 12 de enero de 1918 se ratificó la Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado. En esta Declaración se decretó, entre otros temas, la abolición de la explotación del hombre por el hombre, de la propiedad privada de la tierra, la nacionalización de los medios de producción y de la banca, se implantó el trabajo general obligatorio, etc. El 10 de julio de 1918 se aprobó la primera Constitución, que igualmente estipulaba la abolición de la propiedad privada de la tierra, de los medios de producción, la obligación universal al trabajo, la separación entre la iglesia y el Estado. Este cuerpo legal también suprimía la dependencia de la prensa respecto del capital y proponía la educación gratuita a los trabajadores y campesinos (Floris, 1974). En el artículo 23 de la Constitución soviética, sin embargo, se “priva de sus derechos civiles a los individuos y grupos que usen de ellos en detrimento de los intereses de la revolución social”.

Por otro lado, en 1919, luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, se crea la Organización Internacional del Trabajo, OIT, como parte del Tratado de Versalles, afirmándose en su Constitución que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. De acuerdo con la página oficial de la OIT, en su elaboración participaron representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. La organización, desde el inicio se constituyó de forma tripartita con representantes de los gobiernos, las y los empleadores y trabajadores. La creación de la OIT se fundamenta en las ideas de la Asociación Internacional para la Protección de los Trabajadores (Basilea 1901), que a su vez surgió a partir de las acciones lideradas por dos empresarios del siglo XIX (Owen y Legrand) en pro de crear una organización que se ocupara de asuntos relacionados con el trabajo (Organización Internacional del Trabajo, 1996 - 2015, Orígenes e Historia). Hasta la Segunda Guerra Mundial, en razón del desarrollo del derecho del trabajo que había llevado a cabo, la OIT fue objeto de cuestionamientos y ataques por parte de las potencias tanto nazi como fascista de la época. A un año de finalizar el conflicto, el 10 de mayo de 1944, en el seno de la OIT se adoptó la Declaración de Filadelfia en la que además de exponerse los objetivos programáticos de la organización (por ejemplo llegar al pleno empleo, elevar los niveles de vida, protección de la infancia y la maternidad, seguridad social, vivienda, educación), se afirma que los principios que ella contiene son plenamente aplicables y que, justamente, esta aplicación progresiva interesa a todos los pueblos (Ordóñez, 1998).

12 La lista de acontecimientos relevantes sería muy larga como los documentos que se pueden consultar sobre la temática, a manera de ejemplo citamos los siguientes: La situación de la clase obrera en Inglaterra de Federico Engels (1845), disponible en : http://www.facmed.unam.mx/deptos/ salud/censenanza/spivst/spiv/situacion.pdf; Historia del movimiento obrero en Europa y América Latina durante el siglo XIX de Joaquín Martín de Olías (1874) disponible en: http://fama2.us.es/fde/historiaDelMovimientoObreroT1.pdf; Historia social del movimiento obrero europeo de Wolfgang Abendroth disponible en línea en: http://revoltaglobal.cat/IMG/pdf/Wolfgang_Abendroth.pdf; El marxismo en América Latina: antología de 1909 hasta nuestros días de Michel Lowy; Movimiento obrero ecuatoriano: el desafío de la integración de Richard L Milk Ch disponible en: http://repository. unm.edu/bitstream/handle/1928/11854/Movimiento%20obrero%20ecuatoriano.pdf 13 Como se conoce la huelga general declarada el 13 de noviembre de 1922 concluyó con una matanza de aproximadamente 1000 personas el 15 de noviembre del mismo año en Guayaquil.

14 Al respecto puede consultarse Diez días que estremecieron al mundo de Jhon Raad disponible en: http://www.biblioteca.org.ar/libros/142524.pdf; Historia de la Revolución rusa de León Trotsky.

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industrial (que si bien inicia en el siglo XVIII cobra fuerza en el siglo XIX), la clase obrera, irrumpe en el escenario mundial con sus demandas y reivindicaciones concretas, en principio como una reacción no articulada contra el uso de las máquinas, luego a través de la formación de asociaciones (las asociaciones de trabajadores se prohibieron en varios países desde prácticamente el inicio de la revolución industrial).

Asimismo, se comienza la lucha por salarios y condiciones dignas de trabajo (por ejemplo el movimiento de mujeres obreras en Nueva York el 8 de marzo de 1857); la lucha por la jornada laboral de 8 horas (basta recordar las protestas obreras y las ejecuciones del célebre 1 de Mayo de 1886 en Chicago), entre otras12. En Ecuador no podemos dejar de mencionar, por sus consecuencias, las numerosas huelgas protagonizadas por el movimiento obrero (sobre todo en Guayas) para obtener aumento de sus salarios, cumplimiento de la jornada laboral de ocho horas, compensaciones mínimas por accidentes, es decir, para obtener condiciones dignas de trabajo13.

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UNIDAD 1

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Otros antecedentes de los derechos humanos pueden encontrarse también en otras latitudes, así, se destaca, como antecedentes del sistema africano de los derechos humanos, que pone énfasis también en los derechos de los pueblos, la Carta de Mandén y la Carta de Kurukan Fuga, cuyos contenidos no escritos han sido transmitidos a través de los “contadores o narradores de historias (griots o djeli)” (Garrido, 2012, p. 6). El origen de estos textos orales se sitúa en la cuenca alta del Níger aproximadamente alrededor de 1220, a partir de la fundación del Imperio de Mandén (mandinga) y de la victoria militar que la produjo. Respecto de la Carta de Mandén, esta estaría constituida por siete declaraciones donde los cazadores (asamblea de sabios del Imperio) manifiestan “la defensa de unos principios comunitarios tradicionales y prohíben la esclavitud entre los mandingos” (Garrido, 2012, p. 8). La Carta de Kurukan Fuga, por su parte, se considera como la Constitución de dicho Imperio. En las dos cartas existen referencias a la dignidad humana, así por ejemplo se encuentra que “toda vida es una vida”, “la esencia de la esclavitud se extingue en este día”, o “una vida no es superior a otra” (Garrido, 2012, p. 11)15.

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Varios acontecimientos históricos nos demuestran que no es suficiente proclamar derechos insertos en declaraciones y Constituciones sin que exista un sistema de protección que los tutele. Así, las guerras mundiales del siglo XX, especialmente la Segunda Guerra Mundial, con sus millones de muertos en campos de exterminio, determinaron que sea imprescindible organizar a la comunidad internacional alrededor de una serie de valores comunes que pongan en el centro la dignidad del ser humano y, principalmente, reafirmaron la necesidad de crear y desarrollar sistemas adecuados de protección jurídica de esos derechos inherentes a la dignidad humana.

Los derechos humanos como la categoría jurídica que conocemos actualmente, esto es, en principio, como límite y direccionamiento del poder que permite que todo ser humano cuente con los elementos necesarios para realizar su proyecto de vida y que está provista de varios mecanismos de protección tanto a nivel nacional, como regional y universal, surgen y se desarrollan después de la Segunda Guerra Mundial y de la creación de las Naciones Unidas como organismo supranacional16 .

Así, un borrador de lo que sería la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) fue examinado por la Asamblea General en 1946 en su primer período de sesiones; posteriormente fue transmitido al Consejo Económico y Social, ECOSOC, que a su vez lo envió a uno de sus órganos dependientes, la Comisión de Derechos Humanos, que acababa de crearse17. La Comisión de Derechos Humanos estuvo integrada por 18 miembros de distintos países, culturas, tendencias políticas y religiones.

La Comisión, en su primer periodo de sesiones, a principios de 1947, autorizó a sus miembros a formular lo que denominó “anteproyecto de Carta Internacional de Derechos Humanos”.

Posteriormente, esta labor fue asumida oficialmente por un Comité de Redacción integrado por miembros de la Comisión procedentes de ocho Estados (ONU, s.f., Historia de la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, párr. 3).

El Comité de Redacción propuso a la Comisión un borrador denominado borrador de Ginebra que fue distribuido entre todos los Estados miembros de las Naciones Unidas de ese entonces, quienes participaron activamente en el proceso de discusión del documento, realizando observaciones concretas y negociando en aras de lograr consensos18. La Declaración fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948. Este último instrumento tiene la aceptación19 de los países de todo el mundo (aquellos que han firmado la Carta de las Naciones Unidas, esto es actualmente 193 Estados) (ONU, s.f., Historia de la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

La aprobación de la Declaración, el “ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse” (El derecho internacional de los derechos humanos, s.f., párr. 1), fue el punto de partida del fortalecimiento del 15 La Carta del Mandén fue inscrita en 2009 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Al respecto puede consultarse también en http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00290 16 Es importante recordar que esta afirmación implica la existencia de un proceso histórico previo.

17 La Comisión de Derechos Humanos que comenzó a funcionar desde inicios de 1947 fue reemplazada en el año 2006 por el Consejo de Derechos Humanos.

18 Sobre la participación de Ecuador, a través de su delegado Jorge Carrera Andrade, en la redacción final de la Declaración existe una interesante recopilación de notas diplomáticas enviadas desde París. Ecuador fue parte de la Subcomisión de redacción de once miembros (presidida por René Cassin) que trabajó día y noche del primero al 4 de diciembre de 1948. Al respecto se puede consultar en Lara (1998, pp. 17-109).

19 Aceptación no es un término jurídico, sin embargo es el término que se utiliza tanto en las Naciones Unidas, como a nivel regional para referirse a la posición de los Estados respecto de la Declaración.

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derecho internacional de los derechos humanos y, consecuentemente, del respeto, garantía y protección de estos últimos tanto a nivel interno -dentro de los respectivos países- como a nivel internacional a través de instrumentos de carácter universal y regional y de sus mecanismos de protección.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, conforman la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos. Vale decir también que a partir de la DUDH se han suscrito y ratificado diversas convenciones, protocolos facultativos y declaraciones20 que desarrollan los derechos humanos y contribuyen a su comprensión, aplicación y evolución (ONU, s.f., La Carta Internacional de Derechos Humanos. La ONU y los derechos humanos).

En ese sentido, es necesario puntualizar que en las primeras décadas posteriores a la adopción de la Declaración Universal, especialmente durante el período de descolonización, y luego con fuerza en la década de los ochenta, el derecho internacional de los derechos humanos se enriqueció con la aparición de otros derechos, los llamados “derechos de solidaridad” que tienen como objeto la satisfacción de “nuevas necesidades” (Cançado, 1994), relacionadas ya no solamente con la persona vista como un individuo sino con la dimensión colectiva de la persona, esto es como parte de la comunidad, de la humanidad entera. Estos derechos, justamente se refieren a personas que han sido, y son, parte de colectivos tradicionalmente discriminados, que reclaman la reducción de las desigualdades, exigen la protección de la naturaleza, proclaman la solidaridad con las culturas y con las generaciones y ponen en primer plano la exigencia de la paz (García, 2011).

Asimismo, a partir de 1948, se han creado, implementado y perfeccionado diferentes mecanismos de protección de derechos humanos en la esfera internacional, así tenemos el sistema universal, cuyo actor principal es la Organización de Naciones Unidas, y los sistemas regionales (Heyns, Padilla, Zwaak, 2006) que forman parte de un sistema de integración más amplio que no se circunscribe exclusivamente a los derechos humanos: el sistema europeo (en el marco del Consejo de Europa); el sistema interamericano (en el marco de la OEA); y el sistema africano (en el marco de la Unión Africana).

La Declaración Universal de Derechos Humanos, punto de partida de nuestro análisis, proclama en su preámbulo que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Asimismo, reconoce en su artículo primero que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. De esta última afirmación podemos extraer los tres conceptos que constituyen los fundamentos de los derechos humanos: la dignidad, la igualdad y la libertad, entendiendo además que todo derecho fundamental resulta una prerrogativa indispensable para proteger uno o más de estos tres atributos del ser humano.

El análisis de los fundamentos de los derechos humanos que encontraremos a continuación, no pretende abordar las discusiones filosóficas sobre las distintas temáticas, y menos aún agotarlas, sino ser un punto de partida para futuras reflexiones. Sin embargo, nos permitirá extraer elementos para construir una definición de derechos humanos.

20 El detalle de los instrumentos de carácter universal vinculantes para los Estados que los han ratificado consta en la página 76 y de los instrumentos del sistema interamericano en las páginas 88-89 del presente documento.

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Los derechos reconocidos en la Declaración Universal fueron incorporados en dos tratados internacionales vinculantes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, respectivamente. El reconocimiento se dio recién en 1966 en plena Guerra Fría; la discusión sobre estos instrumentos, que fueron concebidos a la par de la Declaración, duró décadas en razón, en un principio, de las objeciones políticas para incorporar todos los derechos en un solo instrumento y luego porque una vez que estuvieron listos los dos proyectos de tratados, en 1954, la tensión producida por la Guerra Fría, y la consecuente batalla ideológica, dificultaron por más de diez años su conclusión.

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UNIDAD 1

La dignidad.

Los seres humanos somos diferentes unos de otros; cada persona tiene unas características irrepetibles en cuanto, por ejemplo, a su personalidad, su potencial, sus anhelos, su entorno, todo lo cual nos convierte en individuos en toda la extensión de la palabra, es decir, las diferencias, que son innumerables, nos definen como seres únicos. Sin embargo, en esta constatación de diferencias, hay algo que nos identifica a todos y todas: la dignidad.

Fernando Savater (2007) en su libro Ética para Amador, realiza la siguiente pregunta:

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¿En qué consiste tratar a las personas como a personas, es decir, humanamente? Respuesta: consiste en que intentes ponerte en su lugar. Reconocer a alguien como semejante implica sobre todo la posibilidad de comprenderle desde dentro, de adoptar por un momento su propio punto de vista (p. 124).

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Savater (2007) explica que “A esta condición que puede exigir cada humano de ser tratado como semejante a los demás, sea cual fuere su sexo, color de piel, ideas o gustos, etc., se le llama dignidad” (p. 160), y añade que Aunque la dignidad es lo que tenemos todos los humanos en común, es precisamente lo que sirve para reconocer a cada cual como único e irrepetible. Es la dignidad humana lo que nos hace a todos semejantes justamente porque certifica que cada cual es único, no intercambiable y con los mismos derechos al reconocimiento social que cualquier otro (Savater, 2007, p. 160).

Hablar de dignidad al abordar la temática de los derechos humanos es inevitable porque a través de este elemento se ha logrado que los Estados reconozcan que todos los seres humanos tenemos unos derechos (humanos) mínimos que deben ser respetados. Asimismo, llevado al plano personal, es claro que si cada uno de nosotros y nosotras considera que merecemos que se respeten nuestros derechos estaremos de acuerdo en que también los derechos de las y los “otros” sean respetados.

Emanuel Kant, filósofo alemán del siglo XVIII, explicó lo que implica la dignidad con la siguiente frase: “obra de tal modo que te relaciones con la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin, y nunca sólo como un medio” (2007, p. 15). Kant (2007) añadió lo siguiente a esta reflexión: “En efecto, siendo el sujeto un fin en sí mismo, sus fines deben ser, en la medida de lo posible, también míos, si es que aquella representación ha de ejercer sobre mí todo su efecto” (p. 16). Esta idea de comprendernos como fines explica de buena forma el sentido de la dignidad.

La dignidad es la base sobre la que se construye la noción de los derechos humanos, y es sobre esta base que se ha limitado la actuación de los Estados, restringiéndose todo aquello que pueda atropellarla y más bien orientándose a potencializarla. La Corte Provincial de Justicia de Pichincha ha afirmado que la dignidad es la “fuente de otros derechos”, considerando a la dignidad misma como un derecho constitucional (Sentencia 365-09 de 25 de septiembre de 2009).

En un sentido moderno, la dignidad designa un postulado acerca del “valor intrínseco de lo humano, unas pautas de conducta que se desprenden de este reconocimiento y unas orientaciones acerca del camino a seguir para lograr una mejor forma de humanidad” (Cifuentes, 2001, p. 23), es decir “que todo ser humano posee un valor interno independiente de su status, del reconocimiento social o de la posesión de rasgos socialmente deseables” (Cifuentes, 2001, p. 23).

Por otra parte, la dignidad se considera también “un atributo de los pueblos que en tanto personas jurídicas colectivas, sujetos de Derecho Internacional, son también titulares de una dignidad propia, que es el fundamento de los derechos de los pueblos” (Gros, 2003, p. 199). Esta dimensión colectiva de la dignidad ha sido reivindicada, por los pueblos y nacionalidades indígenas y, sobre todo, por los pueblos africanos (en la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, por ejemplo, en los considerandos se afirma que los “pueblos todavía están luchando por su dignidad y genuina independencia”). La afirmación de la dimensión colectiva de la dignidad se sustenta, además, en la constatación de que el respeto de la dignidad personal de cada una de las personas que conforman las comunidades, pueblos y nacionalidades pasa necesariamente por el reconocimiento, respeto, garantía y protección de los elementos que son parte indivisible de la identidad

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UNIDAD 1

colectiva de la comunidad, pueblo o nacionalidad a la que pertenecen (Suárez et al., 2014).

En suma, el enfoque de derechos desde la dignidad humana nos dispone a ver la centralidad en la persona, tanto en su dimensión individual como colectiva.

Tabla 1

Dignidad humana Para recapitular

Breve definición

Dignidad Humana

Es la base del desarrollo de los derechos humanos y se refiere al valor inherente que tiene cada persona por su condición de ser humano, es un valor permanente y no depende de la posesión de determinados rasgos, del reconocimiento social ni del lugar que ocupe la persona en la sociedad. Significa que cada ser humano debe ser considerado un fin en sí mismo y nunca solo como un medio.

La igualdad.

Se ha señalado al hablar de dignidad que existen innumerables factores que diferencian a una persona de otra y que hacen de cada una un ser único e irrepetible, es decir las diferencias son una realidad y son necesarias para construir la identidad de cada persona. Sin embargo, lo deseable es que estos factores que nos diferencian no jueguen en nuestra contra al momento de vivir en sociedad, y aún más, es incongruente hacer uso de ellos para perjudicar el disfrute de los derechos. Esta es la esencia de la igualdad como atributo del ser humano: si bien somos diferentes en múltiples aspectos, somos iguales en dignidad y, por tanto, no puede haber discriminación posible al momento de ejercer nuestros derechos humanos.

Nuevamente echamos mano de las reflexiones de Savater (2007) quien explica: El primero de los derechos humanos es el derecho a no ser fotocopia de nuestros vecinos, a ser más o menos raros. Y no hay derecho a obligar a otro a que deje de ser «raro» por su bien salvo que su «rareza» consista en hacer daño al prójimo directa y claramente (p. 51).

En ese sentido, la afirmación de la igualdad es un fundamento de los derechos humanos y surge, como se ha mencionado, de la constatación de que en la realidad somos diferentes (diversidad de identidades siendo la identidad de cada persona diferente de la identidad de otra), y, además, somos desiguales de hecho, (diversidad de condiciones económicas y oportunidades sociales). Al afirmar la igualdad en el marco de estas dos constataciones (diferencia y desigualdad de hecho), estamos afirmando que pese a ellas, o más bien en razón de ellas, todos y todas tenemos igual valor y dignidad (Ferrajoli, 2008).

La afirmación de la igualdad de todos y todas implica, por una parte, la valorización de las diferencias (pues igualdad y diferencias se interrelacionan y no se contradicen); y, por otra, la reducción de desigualdades de hecho, con las que la igualdad si halla contradicción (Ferrajoli, 2008).

La igualdad, dice Ferrajoli, es “en definitiva un principio complejo, que impone la tutela de las diferencias y la reducción de las desigualdades” (2008, p. 10). En ese sentido, la igualdad también rechaza la valorización y/o desvalorización de las diferencias y que se mantengan o amplíen los obstáculos producidos por ejemplo, por condiciones económicas, falta de oportunidades sociales, entre otras, que impidan o dificulten que determinadas personas puedan efectivamente gozar de sus derechos. Así, la igualdad es la antítesis de la discriminación.

Nuestra Constitución en el artículo 66 numeral 4 reconoce a todo habitante de Ecuador la igualdad formal y la igualdad material y la no discriminación. Es decir, la igualdad de derechos y ante la ley, la igualdad de oportunidades y de condiciones para ejercer los derechos y la garantía de las personas a no ser discriminadas.

Tal como señala el poeta, “Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales” (Galeano, 1997, p. 5), por ello, el reconocimiento de que cada ser humano es único, es decir siempre diferente Dirección General de Educación e Investigación Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación

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Nota. Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación (2015). Conceptos básicos de derechos humanos (p. 1). Quito: DPE. Disponible en http://repositorio.dpe.gob.ec/image/Conceptos-DDHH.pdf

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UNIDAD 1

a otro, pero igual en dignidad y derechos y su contrapartida, la garantía de no discriminación, es la otra base sobre la que se construye la noción de los derechos humanos.

Debemos recordar que en la historia de la humanidad la discriminación ha dado y da lugar a políticas y acontecimientos de depuración étnica y genocidio. La lucha contra la discriminación, y consecuentemente la reivindicación de la igualdad, involucra a millones de personas en todo el mundo, tanto de manera directa, valiéndose de las leyes y denuncias, como indirecta, rechazando actitudes y prejuicios sociales (ONU, s.f., Día de los Derechos Humanos - 10 de diciembre).

En la página electrónica conmemorativa del Día de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se afirma que

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En los últimos tiempos se han logrado muchos éxitos, desde el derrocamiento del régimen de apartheid en Sudáfrica hasta la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento del derecho al voto de la mujer en muchos países, lo que debería servirnos de acicate porque demuestra que se puede luchar contra la desigualdad y la discriminación y erradicarlas (ONU, s.f., Día de los Derechos Humanos - 10 de diciembre, párr. 5).

Tabla 2

La Igualdad Para recapitular

Breve definición

Igualdad

Parte del reconocimiento de las diferencias naturales que existen entre todos los seres humanos pero reconoce que, frente a estas, todos y todas debemos recibir un trato que garantice el igual ejercicio de nuestros derechos humanos.

Igualdad formal

Implica que las normas jurídicas traten a todas las personas con neutralidad, sin ningún tipo de distinción.

Igualdad material

Implica que las personas no tengan obstáculos que impidan el ejercicio efectivo de los derechos humanos y que puedan ejercer estos derechos en las mismas condiciones que otras personas.

Nota. Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación (2015). Conceptos básicos de derechos humanos (p. 1). Quito: DPE. Disponible en http://repositorio.dpe.gob.ec/image/Conceptos-DDHH.pdf

La libertad.

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Es una característica inherente a la persona que consiste en la capacidad de actuar o no conforme a su conciencia y voluntad, es decir en ejercer su autonomía personal, siempre y cuando no afecte a las y los demás.

Según el Informe del Secretario General de Naciones Unidas correspondiente a la temática “La interpretación más amplia de la libertad también incluye la idea de que el desarrollo, la seguridad y los derechos humanos van de la mano” (ONU, s.f., Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo seguridad y derechos humanos para todos, p. 5). En este sentido, la libertad, al igual que la dignidad y que la igualdad, procede directamente del valor que tiene cada persona como ser humano, y por tanto, solo admite los límites necesarios para resguardar la libertad de las y los semejantes.

En general, podemos afirmar que según el contexto histórico, la óptica política y las características de la sociedad en los que nos enfoquemos, hallaremos una definición de libertad que responda a tales variantes. Si afirmamos que la libertad procede de la persona humana como una característica propia y como un elemento indispensable para la realización de su proyecto de vida, es lógico imaginar que cada una o uno tendrá su propia noción de libertad particular, de acuerdo con su vida, el medio en el que le toca desarrollarse, su sistema de valores personal y colectivo, entre muchas otras condiciones que pueden influir en la concepción de la libertad propia. No obstante, para la convivencia en sociedad es importante que contemos con una definición que nos permita consensuar en ciertos elementos que configuren este término con el fin de poder defender la libertad, comprendiéndola primero.

En el Diccionario de Política de Norberto Bobbio, Matteucci, y Pasquino, se señala que “el Estado debería Dirección General de Educación e Investigación Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación

UNIDAD 1

limitar la libertad de una persona cuando y solo cuando fuera necesario proteger los derechos fundamentales de otra persona […] Rousseau diría en su momento: La obediencia a una ley que nosotros mismos prescribimos es libertad” (2005, p. 908).

Robert Alexy (1997) por su parte, aporta una explicación de los derechos fundamentales, respecto de la libertad de acuerdo con el liberalismo clásico: Los derechos fundamentales están destinados a asegurar la esfera de la libertad del individuo frente a intervenciones del poder público, por lo tanto son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado. Los derechos de defensa son derechos a acciones negativas (omisiones) del Estado, mientras que su contrapartida son los derechos a acciones positivas del Estado (p. 419).

De lo anterior podemos aseverar que la libertad viene a ser una facultad de las personas de tomar decisiones dentro de un contexto político-jurídico determinado. Para la mayoría de países de Occidente, este contexto político-jurídico se establece por voluntad popular (Estado democrático), donde el pueblo es el autor de sus propias normas, lo que las vuelve legítimas y, por ende, obligan a su acatamiento.

Libertad Para recapitular

Breve definición

Libertad

Es un atributo de las personas humanas que les permite autodeterminarse y decidir sobre las opciones y actos que dan sentido a su existencia.

Nota. Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación (2015). Conceptos básicos de derechos humanos (p. 1). Quito: DPE. Disponible en http://repositorio.dpe.gob.ec/image/Conceptos-DDHH.pdf

El buen vivir como ética y horizonte de convivencia en Ecuador.

En Ecuador, el buen vivir viene a ser nuestra ética y horizonte de convivencia. La garantía de los derechos humanos tendría que dirigirse entonces, de acuerdo con lo que señala nuestra Constitución, al logro del buen vivir.

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Tabla 3

Desde su preámbulo, la Constitución señala que Nosotros y nosotras, el pueblo soberano del Ecuador […] Celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia […] Decidimos construir […] Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay (Constitución del Ecuador [CRE], 2008).

Ante el interrogante ¿qué es el buen vivir o sumak kawsay? no existe una definición acabada, pues el concepto es relativamente reciente y aparece en el ordenamiento jurídico ecuatoriano en la Constitución de 2008. Se podría afirmar que, por una parte, el concepto de buen vivir implica referirse a “códigos, valores y formas de vida anteriores” (Unceta, 2013, p. 5), pero también que es un concepto en construcción que, en principio, consiste en “[…] la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito” (Consejo Nacional de Planificación, 2013, p. 5).

Este concepto se refiere tanto a la “satisfacción de las necesidades, como a la consecución de una calidad de vida y muerte dignas [...] el «Buen Vivir», se sustenta no solo en el «tener» sino sobre todo en el «ser», «estar», «hacer» y «sentir»: en el vivir bien, en el vivir a plenitud” (Ramírez, 2012, p. 17).

El buen vivir, de acuerdo con los postulados desarrollados en Ecuador, “fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y la participación activa de individuos y colectividades en las decisiones relevantes para la construcción de su propio destino y felicidad” (Consejo Nacional de Planificación, 2013, p. 15). Tiene fundamento en la equidad, el respeto a la diversidad, apunta a la construcción de sociedades solidarias que

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UNIDAD 1

conviven en armonía con la naturaleza, es decir, sociedades que buscan de manera sustentable la “felicidad colectiva y una mejora de la calidad de vida a partir de los valores” (Consejo Nacional de Planificación, 2013, p. 15).

El Secretario de las Naciones Unidas, en el Informe a la Asamblea General de la ONU A/69/322 “Armonía con la Naturaleza” recoge los aportes que desde América del Sur han surgido para delimitar el concepto de buen vivir, concepto que ha irrumpido en el escenario internacional; así, incorpora las nociones ecuatoriana y boliviana de sumak kawsay y suma qamaña, respectivamente, entendiéndolas, en principio, como reacción crítica a la teoría clásica de desarrollo y como una propuesta alternativa que surge de los conocimientos de los pueblos indígenas. En el mismo documento, se señala que la noción incluye la calidad de vida de las personas (en una dimensión holística, esto es material y espiritual) en cohabitación armoniosa con la comunidad y la naturaleza.

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Como ya se dijo, si bien no existe una definición acabada de lo que implica el buen vivir, lo recogido hasta el momento puede servirnos para entender que solo con la garantía de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza podremos alcanzar el buen vivir que apuntala la Constitución.

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UNIDAD 1

· El reconocimiento de los derechos humanos, desde diferentes partes del mundo, ha debido atravesar un proceso histórico de reivindicaciones y lucha por el respeto de la dignidad, la igualdad y la libertad de todas las personas. · Son la dignidad, igualdad y la libertad los fundamentos de los derechos humanos, entendidas estas de forma amplia como atributo que dará lugar a derechos específicos. · Todas las personas tienen derechos humanos, esto es inherente por su condición humana, independientemente de sexo, género, etnia, origen nacional, lugar de residencia, lengua, religión o cualquier otra condición o situación temporal o permanente. · La Constitución ha introducido el concepto del buen vivir como fin último del Estado, en el sentido de que no corresponde únicamente garantizar unas condiciones mínimas de subsistencia, sino asegurar que cada ciudadano y cada ciudadana pueda realizar su proyecto de vida a plenitud.

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Ideas clave de esta unidad

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UNIDAD 2

Unidad 2

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¿Qué son los derechos humanos?

Desde muchos campos se ha intentado realizar una definición de los derechos humanos. Algunos los ven como valores vinculados con la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas. Se ha señalado que los derechos humanos son, valga la redundancia, “los derechos más fundamentales de la persona” que “definen las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder, especialmente el Estado”, (Nowak, Boltzmann, Klok, y Schwarz, 2005, p. 12), delimitando el accionar de este último y exigiendo la adopción de medidas positivas para que todas las personas puedan disfrutarlos. Asimismo, se ha indicado que son garantías, normas, obligaciones que la humanidad ha establecido para preservar la dignidad, bienestar y oportunidades de desarrollo de todas las personas21.

Ahora es necesario revisar la normativa, los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como la doctrina en esta materia, para consensuar en una definición que permita una comprensión adecuada de este término.

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UNIDAD 2

Capítulo 1: Definición de derechos humanos

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos: El derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a condiciones que le garanticen una existencia digna (Caso Niños de la Calle contra Guatemala, 1999, p. 144).

Desde un punto de vista instrumental, entonces, podemos imaginar que los derechos humanos son las “herramientas” que hacen posible que cada persona pueda construir y cumplir su proyecto de vida.

Para enriquecer la definición de derechos humanos vale la pena mencionar aquella que ha realizado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) pues en ella se incorporan varios aspectos que abordaremos adelante: Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles (OACDH, s.f., ¿Qué son los derechos humanos?, párr. 1).

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos (OACDH, s.f., ¿Qué son los derechos humanos?, párr. 2).

La definición de derechos humanos puede variar de Estado a Estado, de una población a otra, y se modifica a través del tiempo pues lo que la generación actual considera fundamental, puede no serlo en el futuro22. Por otra parte, los derechos humanos implican límites al ejercicio del poder estatal, así por ejemplo el Estado no puede intervenir en determinadas esferas de autonomía de las personas y, además, constituyen lineamientos a dicho ejercicio, es decir, el Estado debe organizar toda su estructura, orientar los recursos con los que cuente,

21 La relación entre derechos humanos y desarrollo humano es intrínseca e indivisible. Al respecto, ver por ejemplo Informe Sobre Desarrollo Humano 2000. Derechos humanos y desarrollo humano, PNUD, 2000, recuperado el 15 de marzo de 2015 de: http://hdr.undp.org/sites/default/files/ hdr_2000_es.pdf, donde se señala que toda sociedad empeñada en mejorar la vida de su población debe también empeñarse en garantizar derechos plenos y en condiciones de igualdad para todos y todas.

22 La distinción entre las nociones de derechos humanos y derechos fundamentales, ha sido desarrollada y debatida teóricamente. Debido a que la Constitución ecuatoriana no diferencia entre derechos humanos y fundamentales (el único derecho calificado como “fundamental” es el derecho al agua), y protege todos los derechos que en ella se reconocen, no ahondaremos en la distinción. En fallos de la Corte Constitucional se ha utilizado la noción “derechos fundamentales” de manera diversa. Al respecto puede consultarse en: La noción “derechos fundamentales” en la jurisprudencia de la autodenominada Corte Constitucional ecuatoriana, de Farith Simon Campaña en IURIS DICTIO No. 13 USFQ Quito-Ecuador.

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Podemos empezar indicando que los derechos humanos son aquellos elementos fundamentales que nos permiten construir nuestro proyecto de vida, que es “aquel plan que sueña y construye una persona para desarrollarse a su más alto nivel, de acuerdo con sus potencialidades y aspiraciones, expectativas personales, profesionales y familiares en el marco del respeto a los derechos humanos” (Caso Tibi contra Ecuador, 2004, párr. 245).

El proyecto de vida está relacionado íntimamente con las condiciones de vida, entendiéndose que sin unas condiciones adecuadas, este proyecto se puede ver truncado.

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UNIDAD 2

adecuar su ordenamiento jurídico y político, en aras de la plena realización de los derechos humanos, así los derechos humanos constituyen también las “metas de la acción del poder público” (Nikken, 2010, p. 56).

La DPE ha acordado un concepto de derechos humanos que, si bien admite discusión, engloba los elementos que se han estudiado en el presente documento, y las características que expresan su razón de ser, que se establece en la siguiente tabla:

Tabla 4

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Concepto de derechos humanos en la Defensoría del Pueblo de Ecuador

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Para recapitular

Breve definición

Derechos humanos

Son facultades, libertades y atributos que tienen todas las personas por su condición humana, tanto en su dimensión individual como en su dimensión colectiva.

Los derechos humanos permiten desarrollar una vida digna y direccionar el ejercicio del poder; están en continuo desarrollo y reconocimiento y no es necesario que se encuentren consagrados en normas legales para exigir su cumplimiento.

Su respeto, protección y realización constituye el más alto deber del Estado.

Nota. Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación (2015). Conceptos básicos de derechos humanos (p. 1). Quito: DPE. Disponible en http://repositorio.dpe.gob.ec/image/Conceptos-DDHH.pdf

Capítulo 2: Enfoque de Derechos Humanos Los derechos humanos tienen el propósito de que todas las personas tengan la posibilidad de concebir y construir un proyecto de vida. En general, aplicar el enfoque de derechos humanos, requiere que esas normas y principios que nuestra Constitución ha reconocido e incorporado, y que se encuentran también en otros instrumentos internacionales, sean aplicados por aquellas personas que de alguna manera pueden ejercer poder sobre otra u otras personas.

Los derechos humanos están en juego cuando existen relaciones de poder subordinadas, inequitativas, excluyentes y, con más razón, injustas, por ejemplo un grupo de personas que protestan con pancartas frente a un grupo de policías armados y protegidos; una persona que no conoce o domina el español siendo interrogada sin intérprete; personas que no pueden caminar frente a verdes y bellos parques sin rampas; niños o niñas pequeños junto a una persona adulta armada con correa; personas opositoras frente a dictaduras, entre otras.

Por ello, de manera general, lo que se considera como enfoque en derechos humanos parte del cuestionamiento frente a estas relaciones de poder subordinadas, inequitativas, excluyentes o injustas: ¿estamos en situación de vulnerar el derecho humano de alguien?, ¿quién está en riesgo de que se vulneren sus derechos?, ¿qué derechos?, ¿en qué contexto?, ¿por qué? o ¿quién puede vulnerarlos, protegerlos o contribuir a que los derechos se realicen? Las respuestas frente a estos interrogantes permitirán identificar si alguna persona está en riesgo de que se vulneren sus derechos e identificar el contenido de los derechos que pueden ser vulnerados.

Asimismo, estarán identificadas las personas concretas que tienen deberes respecto de los derechos humanos de otras, el entorno y condiciones en las que posibles situaciones de vulneración o riesgo de vulneración ocurren.

Con esa información tendremos claro a quién o a quiénes se debe empoderar respecto de sus propios derechos; a quién o a quiénes debemos fortalecer en sus capacidades para proteger y garantizar que los derechos humanos de otras personas; y, las condiciones o estructuras que se deben crear, modificar o transformar.

Aplicar un enfoque de derechos humanos permitirá, en definitiva, adoptar medidas que corrijan situaciones de desigualdad real o de prácticas discriminatorias, que fomenten la participación de las y los involucrados y potencien su capacidad de acción, orientándose a crear condiciones propicias para el ejercicio de los derechos Dirección General de Educación e Investigación Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación

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humanos de todas y todos.

El enfoque de derechos humanos también parte de identificar las expresiones simbólicas de la discriminación, esto es los estereotipos y prejuicios que tienen razón de ser en tanto representan un sistema que privilegia ciertas diferencias y desvaloriza otras y que pretende mantenerse y perpetuarse.

Al enfoque de derechos humanos no se asocian las palabras “caridad”, “benevolencia”, “gratitud”, “objeto de protección”, “asistencia” y otras similares, por el contrario se asocian palabras como: derechos, obligaciones, responsabilidad, titular de derechos. En él se parte de considerar a cada persona como un fin en sí mismo, como ser único e irremplazable, capaz de decidir, actuar e intervenir, diferente a las otras pero igual en dignidad y derechos, implica mirar a las personas tanto en su dimensión individual y como colectiva.

Aplicar el enfoque de derechos humanos parte también de observar y aproximarnos a la realidad desde el principio de la igualdad y no discriminación, lo que supone también aplicar los denominados enfoques de igualdad para entender las condiciones de discriminación y exclusión particulares —por razón de género, edad, origen nacional, etnia, discapacidad u otras— que enfrentan las personas en el ejercicio y garantía de sus derechos.

Capítulo 3: Derechos de la naturaleza23 La naturaleza o Pachamama es sujeto titular de aquellos derechos que la Constitución ecuatoriana le ha reconocido formalmente. Zaffaroni (2011) define este nuevo sujeto de derechos desde la concepción de los pueblos andinos originarios que reconocían a la Madre Tierra como una deidad protectora. El mismo autor señala que nosotros y nosotras, cada humano, somos una expresión de la misma Pachamama, que es la vida, y como tales, a la vez, somos parte conmutante de la misma, que también vive de los seres que nos desarrollamos en ella; así, cita a Leonardo Boff (1994) quien señala: “nosotros, seres humanos, nacidos del humus, somos la propia Tierra que llegó a sentir, a pensar, a amar, a venerar y hoy a alarmarse. Tierra y ser humano, somos una única realidad compleja” (Zaffaroni, 2011, p. 88).

Desde esa perspectiva, reconocer derechos a la naturaleza es adquirir derechos para nosotras y nosotros mismos, no desde un entendimiento antropocéntrico sino desde el reconocimiento del cosmos como un solo organismo vivo del que el ser humano es parte integrante. En esta concepción, los derechos de la naturaleza desarrollados por el constitucionalismo latinoamericano, sobre la base de los saberes ancestrales, son una respuesta al modelo civilizatorio industrial en el que la competencia y el dominio del fuerte sobre el débil es la proclama: “La vida no es sólo una lucha competitiva, sino también un triunfo de la cooperación y de la creatividad” (Capra, 1997, p. 269 en Espinosa y Pérez, 2011, p. 15).

Ramiro Ávila (2011) describe el proceso de reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza y nos habla de tres momentos de ruptura alrededor de los mismos. Una primera, terminológica, donde la expresión genérica derechos humanos resulta inaplicable puesto que los derechos de la naturaleza tienen ahora rango constitucional, siendo preferible referirse a los derechos fundamentales o a los derechos constitucionales. El catedrático añade: Otra ruptura es que la protección a la naturaleza no se la hace porque conviene al ser humano, sino por la naturaleza en sí misma. En consecuencia, la concepción jurídica de los derechos deja de ser antropocéntrica. Tercera ruptura, la teoría jurídica tradicional para entender el derecho 23 Al respecto se puede consultar en: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Manual de Normas y Jurisprudencia de derechos de la naturaleza y ambiente, Quito, DPE, 2013, pp. 27-29.

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Un estereotipo es una creencia sin base adecuada, por lo tanto inexacta, que es mantenida con mucha seguridad por mucha gente (Harding, Prohansky, Kutner y Chein, 1969). Un prejuicio es una valoración subjetiva que se traduce en una opinión muy fuerte de carácter negativo y sin fundamento, pues no obedece al conocimiento sino a percepciones, creencias y actitudes construidas en la sociedad y que se asimilan naturalmente, dándoselas por ciertas (DPE, 2015). Pensemos, por ejemplo en los estereotipos que están detrás de pensar que un niño “es muy chiquito y qué va a saber lo que es bueno para él”, o cuando creemos que una “buena madre aguanta todo por sus hijos”, que el “viejito ya va a volver a contar la misma historia”, que “ quien no oye es tontito”, o que “cuidado te robe, él no es de aquí”.

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tiene que buscar nuevos fundamentos y renovadas lecturas, que tienen que ver con la ruptura del formalismo jurídico y con una superación de la cultura jurídica imperante (Ávila, 2011, p. 79).

Los artículos 71 y 72 de la Constitución del Ecuador reconocen a la naturaleza tres derechos fundamentales: 1. Respeto íntegro a su existencia.

2. Mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

3. Restauración.

La Constitución, además, establece un vínculo entre el derecho a vivir en un ambiente sano (derecho colectivo) y los derechos de la naturaleza, entendiéndose que es necesario armonizar nuestras libertades fundamentales con los derechos reconocidos a la naturaleza (CRE, art. 66 numeral 27).

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Otro aspecto importante a considerar al concebir a la naturaleza como sujeto de derechos, es que no existen aún tratados internacionales que la reconozcan como tal y menos que hayan desarrollado los derechos asignados a este nuevo sujeto (existen tratados internacionales de protección de los derechos ambientales, como la Convención de Aarhus o el Convenio de Ramsar, para citar unos ejemplos). La Constitución ecuatoriana es la primera en elevar a la naturaleza a la categoría de sujeto de derechos, mientras en el ámbito internacional se la considera únicamente como un bien jurídico protegido. Por ello, el Ecuador celebró la primera sentencia judicial, emitida el 30 de marzo de 2011 por la Corte Provincial de Loja, donde se admitió una acción de protección para proteger a la naturaleza como sujeto de derechos, al río Vilcabamba, de los efectos nocivos del vertido de desechos y escombros en su lecho.

Para concluir, de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución, cualquier persona, comunidad, pueblo o nacionalidad puede exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Asimismo, a partir de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos24 (COGP) esta puede ser representada por cualquier persona natural o jurídica o por el Defensor del Pueblo de Ecuador, quien está facultado para actuar por iniciativa propia. La naturaleza no puede ser ni demandada ni reconvenida.

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Capítulo 4: Los derechos humanos en los instrumentos internacionales

En esa línea, también la Defensoría del Pueblo de Ecuador ha conocido algunos casos donde se ha argumentado la vulneración de los derechos de la naturaleza: así, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo consideró advertir a Andes Petroleum que, bajo el conocimiento cabal de que las actividades hidrocarburíferas producen “daños generacionales”, aplique en la zona el plan de manejo ambiental previsto para estos casos dentro de los límites permisibles para el consumo humano, de los animales y de la restauración de la vegetación, excitándole al cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven producto de la contaminación del agua, del ambiente y de la naturaleza (DPE, 2012, Caso Andes Petroleum).

Como ya se señaló, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas aprobaron dos instrumentos internacionales (y sus protocolos facultativos) que vienen a conformar, junto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Internacional de los Derechos Humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sus nombres nos dan desde ya una idea de cuál es la clasificación internacional de los derechos humanos. En efecto, por una parte están los derechos civiles y políticos, llamados derechos de libertad y, por otra, los económicos, sociales y culturales, denominados derechos de igualdad. Más adelante, se desarrollaron también los derechos colectivos y difusos, conocidos también como derechos de solidaridad.

Los derechos civiles y políticos buscan proteger nuestra dimensión individual para que podamos desarrollar nuestros proyectos de vida de forma íntegra, con libertad, para que seamos juzgadas y juzgados de una manera justa, y que contemos con la posibilidad de decidir en los asuntos públicos. Los derechos económicos, sociales y culturales protegen aquella dimensión que, dentro de la sociedad, resulta necesaria para desarrollarnos de 24 De acuerdo con la Segunda Disposición Final del Código Orgánico General de Procesos, el COGP entra en vigencia luego de doce meses contados a partir de su publicación en el Registro Oficial, esto es el 22 de mayo de 2016.

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una forma digna con salud, educación, alimentación y vivienda adecuadas. Los derechos colectivos y difusos prevén que contemos con las condiciones idóneas para seguir desarrollándonos como parte de un determinado grupo con identidad propia y como parte de la humanidad; en este marco promueven la paz, el desarrollo, el medio ambiente sano, entre otros.

En el apartado de anexos del presente documento se puede encontrar un cuadro distributivo de los derechos conforme la clasificación del Derecho Internacional, con fines didácticos. Previamente, es preciso mencionar que una persona necesita que se garanticen todos y cada uno de sus derechos y que ninguna de las categorías mencionadas prevalece sobre la otra.

La división que se ha incluido tiene fines pedagógicos, pues como ya se indicó, los seres humanos necesitamos de todos los derechos para poder hacer realidad nuestros proyectos de vida. Sin embargo, en la época de la Guerra Fría existió una polémica alrededor de la legitimidad de los derechos económicos, sociales y culturales, DESC. Se llegó a sostener que eran apenas principios que los Estados debían tomar en cuenta al momento de formular sus políticas y que, por lo tanto, no tenían la obligación positiva de garantizarlos. Se dijo también que solo los derechos civiles y políticos eran “verdaderos” derechos frente a los cuales los Estados tenían obligaciones.

Actualmente, esta discusión que prentendía restar juridicidad a los DESC (en la que no se ahondará más y que se menciona como un hecho que tuvo relevancia hace años) ha quedado zanjada. En 1993, durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, conocida como la Conferencia de Viena, se reafirmó la integralidad de los derechos humanos de la siguiente manera: Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, s.f., Declaración y Programa de Acción de Viena).

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Capítulo 5: Características de los derechos humanos

A continuación se profundizará en cada una de las características señaladas en el párrafo anterior, complementadas con las que la Constitución ecuatoriana ha plasmado en su artículo 11.

Empezamos recordando y constatando que los derechos humanos están en constante cambio y evolución ya que responden al valor que una sociedad da a ciertos bienes jurídicos en un tiempo y espacio determinados. En tal sentido, las características que poseen los derechos hoy en día, que resultan del desarrollo de la teoría y la práctica de los mismos, pueden diferir en mayor o menor medida de una región a otra, o incluso en el futuro próximo. A continuación se describirán algunas características de los derechos humanos que son relevantes para nosotros (como sociedad ecuatoriana), en el momento histórico que vivimos a partir de la Constitución de 2008. Varias de estas características han sido reconocidas como principios de aplicación de los derechos en la Constitución.

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Tabla 5

Características de los derechos humanos Para recapitular

Breve definición

Universales

Los DDHH pertenecen a todos los seres humanos en cualquier parte del mundo, sin distinción alguna puesto que se fundamentan en la dignidad humana.

Inherentes

Los DDHH pertenecen a todas las personas, sin ninguna distinción. Dimanan de la dignidad intrínseca y el valor igual de todos los seres humanos.

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Lo inherente se refiere a todo aquello que está naturalmente unido a algo o alguien, por tanto los DDHH son inseparables de la condición humana, determinándose como algo innato, propio de la esencia humana.

Inalienables

Los DDHH son inalienables pues no pueden suprimirse, son insustituibles, no negociables ni susceptibles de adaptarlos según conveniencias, esto es, no pueden ser enajenados ni negados en ninguna circunstancia. Estos derechos no pueden reemplazarse por otros de ninguna otra naturaleza.

Irrenunciables

No se puede renunciar a los DDHH ni por voluntad propia de su titular, las personas no pueden prescindir de estos.

Intransmisibles

Los DDHH no se pueden trasladar de una persona a otra pues cada persona tiene la facultad de exigir y disfrutar de sus derechos, por cuanto el goce y el disfrute es personal, individual e indelegable.

Interdependientes e indivisibles

Todos los derechos humanos están relacionados entre sí, en tal razón, el avance de uno de ellos facilita el de los demás, y su privación afecta negativamente al resto de derechos. Los DDHH constituyen un todo intrínseco a la condición humana y no pueden ser ejercidos de manera parcial.

De igual jerarquía

Todos los derechos humanos tienen el mismo valor, es decir, ningún derecho prevalece sobre otro. De la misma manera, todos tienen la misma importancia en cuanto al respeto a la dignidad humana y en la consecución del proyecto de vida de las personas.

Progresivos

Los DDHH están en constante evolución a medida que se va ampliando su ámbito de ejercicio y protección. No pueden existir acciones de carácter regresivo que disminuyan, menoscaben o anulen injustificadamente el ejercicio de los derechos.

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La característica de la progresividad involucra una evolución en sentido ascendente. Los DDHH no pueden ser suspendidos o retirados y con el tiempo debe ser mayor su protección.

Imprescriptibles

Los derechos humanos son permanentes: su goce y ejercicio no están supeditados al tiempo.

Nota. Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación (2015). Conceptos básicos de derechos humanos (pp. 3-4). Quito: DPE. Disponible en http://repositorio.dpe.gob.ec/image/Conceptos-DDHH.pdf

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Estas características no son excluyentes entre sí (es decir, todas confluyen a una vez en cada derecho humano) y parten de la condición intrínseca del ser humano titular de cada derecho fundamental. Ahora bien, de entre las características descritas brevemente en la figura, la universalidad de los derechos cobra especial relevancia ya que, como lo hemos visto, toda la noción de derechos humanos se fundamenta en la igual dignidad de todo ser humano, por ende, en que todas las personas somos titulares de derechos:

La universalidad puede ser entendida en tres sentidos: a) en referencia a los bienes jurídicos protegidos, pues protegen bienes como la vida o la libertad, los cuales son valiosos para todo ser humano, independientemente de las diferencias de tradiciones y culturas; b) en relación con los titulares de los derechos: porque todo individuo perteneciente a la especie homo sapiens debe ser reconocido como titular de estos derechos, sin distinciones; c) en referencia a los sujetos obligados a reconocer dichos derechos, junto con las obligaciones correspondientes, porque toda persona humana debería estar dispuesta a aceptar, independientemente de sus convicciones éticas o religiosas, las obligaciones correspondientes al reconocimiento de todos los integrantes de nuestra especie como titulares legítimos de estos derechos (Cifuentes, 2001).

Capítulo 6: Obligaciones de los Estados frente a los derechos humanos25 La doctrina desarrollada a partir del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sostiene que los Estados tienen obligaciones comunes respecto de todos los derechos humanos (Abramovich y Courtis, 1998), y por lo tanto no existen obligaciones estatales que correspondan solamente a una determinada categoría de derechos, se determina que las obligaciones consisten en26: Respetar: es una obligación de naturaleza negativa que corresponde a un “no hacer” por parte del Estado, es decir, constituye “una prohibición absoluta y definitiva al abuso de poder” (Melish, 2003, p. 176).

Un Estado viola el deber de respetar cuando un órgano, un funcionario o funcionaria, una entidad pública o una persona que ostenta su carácter oficial, participa, autoriza o actúa en complicidad con actos u omisiones que repercuten negativamente en el goce de los derechos protegidos (Melish, 2003, p. 176).

Las obligaciones de respetar se definen por el deber del Estado de no interferir, ni obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho.

Proteger: la obligación de proteger impone al Estado el deber de impedir que terceros interfieran, impidan u obstaculicen el goce y ejercicio de derechos; implica, por lo tanto que los Estados investiguen, enjuicien y reparen las violaciones de los derechos, en definitiva que adopten las medidas apropiadas, razonables y necesarias para impedirlas o repararlas.

Resulta primordial enfocar que “el Estado es el garante de la legalidad y el exclusivo depositario de la coacción” (Nikken, 2010, p. 75) convirtiéndose en el principal responsable de la protección de los derechos fundamentales.

25 Sobre esta temática se puede revisar en: Silva, C. y Patiño, C. (2011). Guía Metodológica para la Capacitación en Derechos Humanos, Violencia de Género y Violencia Sexual, Taller Comunicación Mujer.

26 Se ha escogido esta clasificación de las obligaciones de los Estados por cuanto pone énfasis en la obligación de promover los derechos humanos, obligación que se relaciona con las atribuciones de la Defensoría del Pueblo. Esta clasificación fue originalmente sugerida por Henry Shue, en Basic Rights, Princeton, 1980. Sin embargo, en varios instrumentos internacionales se ha determinado que las obligaciones estatales son tres, respetar, proteger y realizar.

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Los derechos humanos son universales porque están basados en la dignidad de todo ser humano, con independencia de la raza, el color, el sexo, el origen étnico o social, la religión, el idioma, la nacionalidad, la edad, la orientación sexual, la discapacidad o cualquier otra característica distintiva. Puesto que son aceptados por todos los Estados y pueblos, se aplican de forma igual e indiscriminada a todas las personas y son los mismos para todas las personas en todos los lugares (Nowak, Boltzmann, Klok, y Schwarz, 2005, p. 4).

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La obligación de protección es una obligación que demanda la actividad estatal, es una obligación de hacer.

Al respecto es importante anotar que Las obligaciones de hacer, por su parte, exigen que los Estados adopten medidas positivas para organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (Melish, 2003, p.177).

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Garantizar: esta obligación supone que el Estado debe asegurar que la o el titular del derecho acceda al bien cuando no puede hacerlo por sí mismo, por ello también es una obligación de naturaleza positiva en el sentido de que requiere que los Estados adopten medidas para satisfacer el derecho en cuestión27, estas obligaciones han sido positivizadas (es decir, que se han vuelto exigibles para los Estados) a través de los instrumentos internacionales de derechos humanos (Melish, 2003).

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Promover: implica fomentar la práctica de los derechos mediante difusión, el desarrollo de políticas y la asignación de presupuestos y recursos entre otras acciones. Por ello se “caracteriza por el deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien” (Abramovich, 2006, p. 43). Es también una obligación de naturaleza positiva.

El papel de los servidores y las servidoras públicas frente a las obligaciones estatales.

De acuerdo con el artículo 229 la Constitución y el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público “serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público”.

Las servidoras y los servidores públicos, al ser las y los agentes/representantes del Estado en cada dependencia pública están en la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos en el ámbito de acción en el que se desenvuelven. Así lo señala nuestra Constitución: Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución.

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos (CRE, 2008, art. 426).

Por lo tanto, todas las personas que ejercen funciones o servicios públicos están obligadas a desempeñar sus labores de tal forma que se privilegie la vigencia de los derechos humanos. Esta norma, además, llama al servidor o servidora a adoptar como forma de vida el respeto a los derechos humanos. En efecto, al comprender qué son los derechos humanos y las obligaciones que como servidoras y servidores públicos tenemos frente a ellos, es imprescindible, por lo cual se deben adoptarlos como un referente de acción y decisión en la vida cotidiana: en nuestras relaciones con la familia, con las amistades, con las y los vecinos y demás personas con quienes compartimos a diario.

Por otra parte, es importante comprender las formas y grados de responsabilidad que nuestros actos pueden acarrear en relación con el respeto y garantía de los derechos fundamentales. Un servidor o una servidora pública puede ser civil, penal y administrativamente responsable por los actos y omisiones que ejecute en el ejercicio de sus funciones o en la prestación de servicios.

27 La Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 1 que todos los Estados se comprometen a garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos, y en el artículo 2, establece que se adoptarán todas las medidas legislativas y de otra índole para hacer efectivos los derechos.

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Responsabilidad penal.

Encontramos varias disposiciones en el Código Orgánico Integral Penal (2014) que tipifican acciones y omisiones relacionadas con los derechos humanos, así tenemos por ejemplo: El artículo 151, numeral 2, donde se tipifica28 la tortura cometida por una persona funcionaria o servidora pública u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, ya sea por instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia, conducta que es sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años. Asimismo, al final del artículo citado, se tipifica la omisión en la que puede incurrir la o el servidor público que tenga competencia para evitar la comisión de la infracción y se la sanciona con una pena privativa de libertad de cinco a siete años.

El artículo 118, también tipifica la conducta de las y los servidores públicos, que fuera de los casos contemplados en la ley, o sin la debida autorización violen un domicilio o lugar de trabajo. La pena privativa de libertad en este caso será de tres a cinco años.

El artículo 229, tipifica la revelación ilegal de bases de datos cometida por una o un servidor público y la sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Correspondiente a esto se establece en el artículo 472 cuál es la información de circulación restringida.

La pena privativa de libertad de uno a tres años se establece para los casos que configuren violación del derecho a la cultura, específicamente para la destrucción de bienes del patrimonio cultural. Así, será sancionada o sancionado el servidor pública que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita contra derecho modificaciones, alteraciones o derrocamientos que causen la destrucción o dañen bienes pertenecientes al patrimonio cultural.

Asimismo, en el artículo 255 se tipifica la conducta de la o el servidor que con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y similares; a la o el servidor público responsable se le aplicará la pena máxima para este delito, de tres años.

En el artículo 277 se establece que la persona que en su calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días.

Por su parte el artículo 282 tiene una disposición general que puede ser aplicada también a los servidores y servidoras públicos y relacionada con los derechos humanos, así, en este artículo se determina que la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

También en el artículo 331 se tipifica la obstaculización de proceso electoral que está sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años y, en el caso de los servidores y servidoras públicas responsables, estos serán inhabilitados de ejercer algún cargo público por el doble de tiempo que dure la pena privativa de libertad (disposición parecida existe para casos de fraude electoral), etc.

Responsabilidad civil.

Se traduce por una parte en responder por los daños y perjuicios que la conducta de las y los servidores públicos ha ocasionado (art. 2214 del Código Civil vigente), y por otra, en resarcir los daños originados del riesgo especial que entraña el desarrollo de una determinada actividad.

28 Tipificar quiere decir, según el diccionario de la Real Academia Española, 23a edición, “definir una acción u omisión concretas, a las que se asigna una pena o sanción”.

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En el artículo 176, inciso final, se tipifica la discriminación ordenada o ejecutada por las o los servidores públicos, infracción que tiene una pena privativa de libertad de tres a cinco años.

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Responsabilidad administrativa.

El artículo 41 de la LOSEP establece que:

La servidora o servidor público que incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, así como las leyes y normativa conexa, incurrirá en responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho.

La sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del derecho a la defensa y el debido proceso.

Algunas de las razones por las que un servidor o servidora incurre en responsabilidad administrativa, de acuerdo con la LOSEP (artículos 22 y 24), son las siguientes:

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· No respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley;

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· No cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias actividades; · Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que está obligado de acuerdo a las funciones de su cargo; · Paralizar a cualquier título los servicios públicos.

Objeción de conciencia.

La Constitución ha reconocido este derecho a todas las personas en el artículo 66 numeral 12, al respecto establece “que no podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza”. Es decir, frente a un posible conflicto entre las convicciones ideológicas, religiosas o morales de una persona, y un determinado deber jurídico, deberá ponderarse caso por caso, tomando en consideración el “valor intrínseco de la libre conciencia y la justificación de la norma objetada […] su adecuación, necesidad y proporcionalidad en orden a la protección de derechos o bienes relevantes que tengan que ver con el estatus de otras personas” (Prieto, s.f., p. 13). Es importante subrayar que los derechos en general y la objeción de conciencia en particular no son derechos absolutos y, por lo tanto, encuentran su límite en los derechos de los demás, derechos que de acuerdo con nuestra Constitución y la norma citada, no pueden ser menoscabados.

Asimismo, todas las personas en Ecuador tienen el derecho de “negarse a usar la violencia y a participar en el servicio militar” (CRE, 2008, art. 66 numeral 12).

De acuerdo con la Corte Constitucional de Colombia29, la objeción de conciencia es un derecho que surge del pluralismo existente en un Estado democrático y que por lo tanto presupone y se fundamenta en la diversidad de pensamiento (Sentencia T-388/09 de 28 de mayo de 2009). Por ello, quien objeta por motivos de conciencia el llevar a cabo un acto que se contrapone a sus convicciones defiende su integridad moral, y por lo tanto dicha objeción es, en principio, legítima y respetable por parte del Estado.

Cabe señalar las diferencias que existen entre la objeción de conciencia de personas particulares y la objeción de conciencia de servidoras y servidores públicos. Estas diferencias se fundamentan en que las y los servidores públicos tienen la obligación de cumplir con deberes constitucionales, legales y reglamentarios y al ser agentes del Estado, entidad jurídica ficticia, tienen la responsabilidad de respetar, proteger, garantizar y promocionar los derechos humanos de todas las personas desde su respectivo ámbito de acción y atribuciones. En ese sentido, es pertinente tener en cuenta lo que ha afirmado la Corte Constitucional de Colombia en el Auto 32710, dentro del seguimiento del cumplimiento de la Sentencia T-388/09 de 28 de mayo de 2009: 29 No existe mayor desarrollo jurisprudencial en Ecuador sobre el derecho a la objeción de conciencia. Se destaca la resolución 215 del Tribunal Constitucional , RO 444 de 31 de octubre de 2001, sobre la objeción de conciencia respecto del servicio militar y la resolución del Tribunal Contencioso Electoral 66, RO 671 de 28 de marzo del 2012, sobre la objeción de conciencia de un grupo de Adventistas del Séptimo Día respecto de sufragar en día sábado. No se ha encontrado jurisprudencia nacional que resuelva sobre la objeción de conciencia de personas servidoras públicas.

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Los [demás] funcionarios públicos, […] pueden hacer uso de la objeción de conciencia cuando el cumplimiento de sus deberes vaya en contra de su integridad moral, caso en el cual deberán, no obstaculizar la función pública, sino manifestar y fundamentar su objeción de conciencia y apartarse para que el cumplimiento de la misma sea hecho por otro funcionario público. De tal forma se protege el derecho a la libertad de conciencia del funcionario público pero no se deja de cumplir con el ordenamiento jurídico ni se afectan los derechos de los ciudadanos. Mientras el funcionario no expresa su objeción de conciencia deberá cumplir sin dilaciones con los deberes que le impone el ordenamiento jurídico […]

Deberes de las o los servidores públicos.- Son deberes de las y los servidores públicos: d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El servidor público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores que sean contrarias a la Constitución de la República y la Ley.

En ese sentido, toda servidora o servidor público, sea administrativo, policial, militar, judicial o docente, de cualquiera de las Funciones del Estado, así como quienes pertenecen a los gobiernos autónomos descentralizados tienen derecho a la objeción de conciencia.

A continuación se presenta un caso real en el que se puede ilustrar cómo operan las responsabilidades personales con relación a la violación de derechos que comete el Estado:

Caso

En el 2011 se produjo la muerte de más de una decena de neonatos en hospitales públicos del país, lo cual, entre otras vulneraciones, constituye una violación del derecho humano a la salud.

Sujeto

Nivel de responsabilidad

Acciones

Ministerio de Salud (en representación del Estado)

Violación del derecho a la salud de los/as neonatos/as por falta de condiciones adecuadas para la prestación de servicios

Observar principios constitucionales y de instrumentos internacionales de DDHH para la prestación de servicios de salud

Administrativa

Destitución del cargo30

Civil

Indemnización por daños y perjuicios31

Penal

Privación de libertad por homicidio culposo32

Directores/as del Hospital y del área de Neonatología.

Nota. Ejemplo elaborado a partir de dos casos ocurridos en Chone y Guayaquil (2006 y 2011). Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

30 Según nota de prensa publicada en diario El Universo de 23 de mayo de 2006, se destituyó al Director del Hospital de Chone por la muerte de 19 recién nacidos.

31 La sentencia dictada por el Tribunal Penal del Guayas, luego de finalizar la audiencia de juzgamiento que se instaló el 15 de junio 2015, dispuso que dos Directores sentenciados por la muerte de 3 de neonatos que fallecieron en el hospital Francisco de Icaza Bustamante en el 2011, paguen 127 salarios básicos unificados, para indemnizar a los familiares.

32 La misma sentencia impuso a los dos Directores la pena de 12 meses de prisión por homicidio inintencional.

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Para concluir, en el marco de la LOSEP, de acuerdo con el artículo 22, se ha reconocido expresamente a las y los servidores públicos en Ecuador el derecho a la objeción de conciencia al mandato superior, así, partiendo de la norma que prohíbe negarse a cumplir las órdenes legítimas de sus superiores jerárquicos se establece una salvedad en el caso de que la orden recibida sea contraria a la Constitución y la Ley y que la negativa a cumplirla sea realizada por escrito:

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Los niveles de responsabilidad no son excluyentes, es decir, para un mismo caso pueden confluir todas las responsabilidades como en el caso ilustrado.

El Estado como tal, también puede ser condenado al pago de indemnizaciones, lo que se rige por la doctrina de responsabilidad objetiva del Estado, es decir, la obligación de reparar los daños por el daño causado como tal, aun cuando se haya procedido diligente o lícitamente.

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Caso En los años 2003 y 2005 las actividades hidrocarburíferas de empresas estatales contaminaron fuentes de agua (por derrames) y produjeron la muerte de animales, afectando la salud de los agricultores del lugar

Sujeto

Petroecuador Petroproducción

Actividad riesgosa

Extracción hidrocarburos

Daño

Acciones

Contaminación por hidrocarburos excede márgenes permisibles de acuerdo con el peritaje

Se invierte la carga de la prueba: quien desarrolla la actividad riesgosa debe probar la inexistencia de daño Remediación/ indemnizaciones

Nota. Ejemplo del Caso 0535-2007-RA, Tribunal Constitucional del Ecuador, Resolución 535. Publicada en el Registro Oficial Suplemento 112 de 27 de marzo de 2009. Defensoría del Pueblo, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

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· Los derechos humanos pertenecen a cada uno de los miembros de la especie humana por el solo hecho de ser tales, pues se derivan de su dignidad humana y se desarrollan sobre la base de los principios de igualdad y libertad, indispensables para la vida digna. · Los derechos humanos son facultades, libertades y atributos que tienen todas las personas por su condición humana, tanto en su dimensión individual como en su dimensión colectiva. Permiten desarrollar una vida digna y direccionar el ejercicio del poder. · Los instrumentos internacionales, han recogido algunos de los principales derechos, existen instrumentos vinculantes así como instrumentos que sirven para determinar el alcance de los derechos, el Ecuador reconoce a todos los instrumentos con rango constitucional. · Los derechos humanos son universales, inalienables, irrenunciables, interdependientes e indivisibles, de igual jerarquía, progresivos e imprescriptibles. · Los Estados contraen obligaciones internacionales en relación con el ejercicio de derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. Estas obligaciones consisten en respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos sin discriminación. · Los y las servidoras públicas tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir los derechos fundamentales, el no cumplimiento puede tener responsabilidades penales, administrativas y civiles incluso si se refiere a una acción proveniente de una orden de su superior. · El Estado puede ser responsable de reparaciones a las víctimas de violaciones de DDHH. · Se reconocen los derechos de la naturaleza por primera vez en la historia del planeta y se refiere al respeto íntegro a su existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos y restauración.

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Ideas clave de esta unidad

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UNIDAD 3

Unidad 3

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La protección de los derechos humanos en el ámbito nacional

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Norberto Bobbio (1991, p. 61) señaló que “el problema de fondo relativo a los derechos humanos no es hoy tanto el de justificarlos, como el de protegerlos”. Es decir, si bien se afirma que los derechos existen, es necesario pensar cómo hacerlos efectivos. En esa línea es necesario identificar los derechos como los establece la Constitución, así como los mecanismos para su protección tanto a nivel nacional como internacional.

En esta sección revisaremos los mecanismos de protección denominados garantías constitucionales que existen a nivel nacional, mientras que en la siguiente unidad revisaremos los mecanismos de protección a nivel internacional pertinentes al caso ecuatoriano: regional, a través de la Organización de Estados Americanos, OEA; y universal a través de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Es importante indicar que los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos son subsidiarios y complementarios de aquellos que existen en cada uno de los Estados, lo que significa que es necesario utilizar las herramientas con las que contamos a nivel nacional para hacer efectivos los derechos antes de recurrir a los mecanismos internacionales33. De esta forma se permite que el Estado, el principal obligado, “pueda adoptar las medidas correctivas que sean necesarias” (Faúndez, 2004, p. 1).

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UNIDAD 3

De acuerdo con nuestra Constitución, en su artículo 3, es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos humanos en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. La Constitución expresa una clara apuesta por la garantía de los, llamados internacionalmente, derechos económicos, sociales y culturales, la mayoría de los cuales, como veremos más adelante, reciben en nuestro ordenamiento jurídico vigente la denominación de derechos del buen vivir, sin dejar de lado, por supuesto, la garantía de los demás derechos.

Asimismo, encontramos en la disposición citada el principio transversal que forma parte constitutiva del contenido de cada derecho, el principio de no discriminación. En efecto, cada uno de nosotros y nosotras tenemos, por ejemplo, el derecho a la vida sin discriminación, el derecho a la salud, sin discriminación, el derecho a la vivienda digna sin discriminación, etc.

Es importante anotar que la igualdad y no discriminación es reconocida por nuestra Constitución también como derecho autónomo. Así, en el artículo 66 numeral 4 se señala que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la igualdad formal, igualdad material y a la no discriminación.

A través del tiempo se ha ido desarrollando un listado de motivos por los cuales una persona no puede ser discriminada, a este listado se le ha denominado categorías sospechosas34. La Constitución ecuatoriana contiene una enumeración completa de estos factores de discriminación sospechosos o prohibidos. Así, el artículo 11 numeral 2, indica que Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad (CRE, 2008).

Esta lista de categorías ha sido alimentada a partir de acontecimientos, instituciones, manifestaciones y fenómenos históricos, jurídicos y sociales: la esclavitud, la xenofobia, el machismo, la homofobia, los fundamentalismos religiosos o políticos, la pobreza, entre otros fenómenos sociales, han obligado a la sociedad a establecer, con rango constitucional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la prohibición de normas, políticas y/o prácticas que discriminen por motivos de etnia, sexo, identidad de género, orientación sexual, diferencias físicas, entre otros aspectos, que en nuestro país se encuentran enumerados en el art. 11 numeral 2 de la CRE.

33 Esta regla tiene excepciones que operan cuando los recursos con los que contamos para proteger nuestros derechos a nivel nacional no existen o no están cumpliendo con sus fines.

34 Ver por ejemplo, Christian Courtis (2008) sobre categorías o factores sospechosos o prohibidos en el artículo Dimensiones conceptuales de la protección legal contra la discriminación. En: http://iidh-webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/2_2010/XXVICurso_ Interdisciplinario_en_Derechos_discursos_y_ponencias/3.%20C.Courtis.pdf

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SOPORTE TEÓRICO PARA INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

Capítulo 1: Los derechos humanos en la Constitución de la República del Ecuador

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UNIDAD 3

Es importante anotar que este artículo tiene una cláusula abierta, al establecer “cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente” es así que deja una puerta para cualquier otro motivo o categoría que pueda surgir de las interacciones sociales. Se ha establecido entonces, a través de la normativa, una igualdad formal o igualdad de trato.

SOPORTE TEÓRICO PARA INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

Nuestra Constitución prohíbe la discriminación, que consiste en toda distinción, exclusión, restricción o preferencia35 basada en determinados motivos (o categorías sospechosas) que tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos constitucionales. Sin embargo, si bien la discriminación está prohibida, es posible y recomendable, y en algunos casos obligatorio36, realizar distinciones mediante acciones afirmativas de carácter temporal que busquen eliminar las desigualdades que se han producido en el contexto social, legal, histórico o político, para que todos y todas puedan disfrutar y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Por ello, es importante señalar que no toda diferenciación en el trato constituye discriminación si los criterios en los que se funda son razonables y objetivos y tienen un fin o propósito legítimo.

Así, al hablar de no discriminación nos referimos, por una parte, a la prohibición que tienen los Estados de establecer distinciones que impidan el goce efectivo de los derechos (en definitiva a valorar determinadas diferencias y a desvalorizar otras) y por otra, a la obligación de adoptar medidas, acciones afirmativas, que corrijan las situaciones de desigualdad que de hecho existen entre grupos de personas37. Estas acciones afirmativas Son estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades por medio de medidas que compensen o corrijan las discriminaciones resultantes de prácticas o sistemas sociales.

Tienen carácter temporal, están justificadas por la existencia de la discriminación contra grupos de personas y resultan de la voluntad política de superarla [traducción de Teresita de Barbieri García] (Suplicy, 1996, p. 131).

Un ejemplo: de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010, las mujeres en nuestro país tienen una tasa de analfabetismo del 7,7% y los hombres del 5,8% (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, s.f., El Censo informa: Capítulo Educación), por tanto una acción afirmativa sería aquella que genere las condiciones para que la tasa de analfabetismo en las mujeres disminuya y se equipare (por lo menos) a la de los hombres.

A estas medidas también se refiere el último párrafo del artículo 11 numeral 2 de la CRE anteriormente citado pues son aquellas que pretenden lograr una igualdad material o una igualdad en los hechos.

Una vez finalizada esta breve referencia a la igualdad y no discriminación como principio y como derecho autónomo, se señalarán los principios de aplicación de los derechos de acuerdo al texto constitucional:

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35 En la Observación General No. 18, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desarrolla los estándares de este principio en relación con los instrumentos universales relativos a la temática y define la discriminación en el párrafo 7.

36 Al respecto, en la Opinión consultiva OC-18-03, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas”.

37 Para profundizar en este tema puede ampliar la información en Courtis (2008) disponible en http://iidh-webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/ Biblioteca/IIDH/2_2010/XXVICurso_Interdisciplinario_en_Derechos_discursos_y_ponencias/3.%20C.Courtis.pdf

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UNIDAD 3

Tabla 6

Principio

Contenido

Ejercicio individual y colectivo

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.

Igualdad, no discriminación y medidas afirmativas

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.

Aplicación directa e inmediata, reserva de ley para requisitos

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.

Prohibición de restricción de derechos para la normativa secundaria

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.

Interpretación más garantista de derechos

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.

Características de los derechos humanos

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.

Cláusula abierta: los derechos humanos no necesitan estar reconocidos en una norma para ser exigibles

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.

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Principios de aplicación de los derechos

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UNIDAD 3

Progresividad de los derechos humanos y prohibición de regresividad

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.

Deber estatal de respetar los derechos: por el Estado responden sus autoridades, funcionarios/as y servidores/as públicos/as

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas.

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos.

Nota. Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador (2008). Constitución de la República del Ecuador: Principios de aplicación de los derechos. Quito: A.N. Elaboración: Defensoría del Pueblo, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

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Estos principios revisten especial importancia al momento de ejercer la función pública y exigir el reconocimiento de derechos. De estos es pertinente también resaltar el principio de aplicación directa de los derechos humanos que implica que los derechos humanos se convierten en el referente para la labor que realizan las diferentes Funciones del Estado. De esta manera, las normas producidas por la Función Legislativa, las políticas públicas diseñadas por la Función Ejecutiva, las resoluciones emitidas por la Función Judicial y los mecanismos desarrollados y puestos a disposición de la ciudadanía, a través de la Función de Transparencia y Control Social, deben orientarse al respeto, protección, garantía y promoción de nuestros derechos humanos.

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UNIDAD 3

Clasificación de los derechos en la Constitución del Ecuador.

Como ya se mencionó, en un inicio los derechos humanos se clasificaron de acuerdo con el orden en el que fueron reconociéndose en el contexto internacional a través de la historia. Así, constituían derechos de primera generación aquellos que se reivindicaron en primer lugar: los relativos a la vida, la integridad y la seguridad personal, así como la propiedad y algunos derechos políticos, como el sufragio. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 da cuenta de estas demandas sociales que originaron el reconocimiento de los derechos denominados civiles y políticos.

Más tarde, se reconocen los derechos colectivos y difusos, tanto a la humanidad como conjunto como a grupos individualizables. Nuestra Constitución desarrolla ampliamente estos derechos, que parten de constatar que “los derechos humanos, en su dimensión individual, no pueden ser disfrutados, ejercidos y protegidos en su plenitud si no se consideran paralelamente los derechos del individuo como miembro de una comunidad, de una nación o de la humanidad entera” (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009, p.11). Entre estos derechos, cuyos titulares son ciertos grupos humanos, se encuentran los derechos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, los derechos de las personas usuarias y consumidoras, el derecho al desarrollo, a la paz, al ambiente sano, entre otros (Grijalva, 2009).

Como se puede observar, esta clasificación obedece únicamente a un orden histórico de reconocimiento, de modo que no implica una jerarquización de los distintos tipos de derechos por su naturaleza. Por el contrario, enfatizamos que una de las características de los derechos humanos es su igual jerarquía. Sin embargo, en otras épocas, esta clasificación entre derechos de primera, segunda y tercera generación, sí sirvió para sostener, erróneamente, que los únicos derechos que se podían exigir del Estado, es decir aquellos verdaderamente justiciables, eran los derechos civiles y políticos.

Es momento de recordar que nuestra Constitución introduce una innovación referida a la clasificación de los derechos humanos, en ella se supera la clasificación tradicional que hemos revisado y se equiparan todos los derechos humanos lo que incide en que el Estado tenga las mismas obligaciones de respeto, protección, garantía y promoción respecto de todos y cada uno de ellos. Además, nos permite exigir su cumplimiento con mayor eficacia, así todos los derechos humanos son exigibles al Estado y justiciables38. En nuestro texto constitucional los derechos se clasifican de la siguiente forma:

SOPORTE TEÓRICO PARA INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

Posteriormente, se reclamaron los derechos económicos, sociales y culturales, llamados derechos de segunda generación, es decir, aquellos derechos cuyo ejercicio es indispensable para una supervivencia digna. Los movimientos sociales del siglo XIX y del siglo XX, ante formas atroces de explotación, en pleno auge de la Revolución Industrial, se alzaron para reclamar derechos laborales, seguridad social, salud, educación, derechos de autor, y otros que hasta el momento habían sido negados.

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38 Derechos, como los derechos económicos, sociales y culturales -por ejemplo el derecho a la vivienda adecuada- son justiciables, al menos en sus contenidos mínimos. Al respecto se puede consultar la sentencia No. 146-14-SEP-CC dictada por la Corte Constitucional del Ecuador dentro del Caso No. 1773-11-EP, de 01 de octubre de 2014.

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UNIDAD 3

Tabla 7

Clasificación de derechos en la Constitución del Ecuador

SOPORTE TEÓRICO PARA INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

Clasificación

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¿Qué protegen?

Derechos del buen vivir (art. 12 y siguientes CRE)

Permiten condiciones de vida adecuadas para el desarrollo del proyecto individual de cada persona. Incluyen derechos como la salud, vivienda, trabajo, identidad, información, etc.

Derechos de grupos de atención prioritaria (art. 35 y siguientes CRE)

Son derechos reconocidos en favor de grupos históricamente relegados que, por sus características específicas, no lograrían ejercer sus derechos fundamentales de manera plena si no se adaptan y equiparan las condiciones (sociales, jurídicas, etc.) en las que ellos se encuentran en desventaja.

Se puede decir que no se trata de derechos nuevos sino de fórmulas mediante las cuales se logra el goce y el ejercicio de derechos. Por ejemplo, al reconocer que “Toda persona tiene derecho a migrar...” se está reconociendo el derecho de las personas de otro origen nacional a transitar libremente por el territorio del Estado y a elegir el lugar de residencia, derechos reconocidos a todas las personas.

Derechos de participación (arts. 61 al 65 CRE)

Corresponden, en la clasificación tradicional, a los derechos políticos. Son aquellos que permiten la participación de las personas en el quehacer público, en la toma de decisiones de interés colectivo y en el servicio público.

Derechos de libertad (arts. 66 al 69 CRE)

Protegen el derecho a autodeterminarse a través del reconocimiento de libertades fundamentales, con el objeto de que cada habitante de Ecuador pueda desarrollar su personalidad de manera amplia, tanto en el ámbito público como en el privado, limitándose solamente por los derechos de las demás personas y por la ley.

Derechos de protección (arts. 75 al 82 CRE)

Protegen a la persona en relación con los procesos judiciales y de otra índole cuando de los mismos surtan derechos u obligaciones. Entre estos se encuentra la tutela efectiva de derechos, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, el estado de inocencia y otros derechos procesales.

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades (arts. 56 al 60 CRE)

Derechos colectivos tendientes a preservar el patrimonio tangible (como la propiedad y el territorio) e intangible (como la organización social, la cultura y las tradiciones) de los pueblos y nacionalidades reconocidos en el territorio ecuatoriano.

Derechos de la naturaleza (arts. 71 al 74 CRE)

Reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos por primera vez en la historia y garantizan su existencia a través del mantenimiento, regeneración y reparación de los ciclos vitales, lo cual debe ser observado por toda persona, entidad o corporación que pretenda intervenir en la naturaleza.

Los derechos de la naturaleza pueden ser reclamados por cualquier persona o colectivo.

Nota. Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República de Ecuador. Quito: A.N. Elaboración: Defensoría del Pueblo, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

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UNIDAD 3

Capítulo 2: Garantías constitucionales

Ensayando una definición, se puede decir que las garantías son aquellos mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico que aseguran el ejercicio de los derechos. Es necesario que el Estado adopte diversas medidas para que cada uno de los seres humanos pueda ejercer sus derechos, por lo tanto las garantías atienden justamente a asegurar los derechos en los diferentes ámbitos en que los mismos deben realizarse o cumplirse. Las garantías que se encuentran expresamente mencionadas en la Constitución ecuatoriana son de tres tipos: normativas, de políticas públicas y jurisdiccionales. A continuación se revisará cada una de ellas: Garantías normativas.

Estas garantías implican la obligación de todo órgano con potestad normativa (la Asamblea Nacional, los Concejos Municipales, Consejos Provinciales y Regionales, etc.) de emitir normas que se adecúen a los derechos humanos y que permitan y no obstaculicen su pleno ejercicio.

Al respecto nuestra Constitución señala: La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución (CRE, 2008, art. 84).

Esta norma se complementa con lo revisado en líneas anteriores en relación con los principios de aplicación de los derechos humanos que, vale la pena recordar, se encuentran establecidos y desarrollados en el artículo 11 de la Constitución, donde, entre otros, y como ya se vio, se prescribe que ninguna norma jurídica puede restringir el contenido de los derechos, que el contenido de los derechos se desarrollará de forma progresiva a través de las normas y que, por ende, cualquier norma regresiva se torna inconstitucional.

Es así que todas las entidades públicas que emiten normas, como lo son las leyes y ordenanzas, acuerdos ministeriales, resoluciones o reglamentos, para el cumplimiento de sus funciones, y, en particular para la emisión de sus actos normativos, deben acatar y hacer efectivas estas disposiciones constitucionales.

Por lo tanto, si contamos con un derecho como el de la salud, de acuerdo con las normas constitucionales que se acaban de citar, la Asamblea Nacional debería aprobar una ley que desarrolle lo correspondiente para hacerlo efectivo, la Función Ejecutiva, emitir su reglamento y el Ministerio de Salud emitir acuerdos ministeriales y resoluciones dirigidas al goce efectivo de este derecho en los términos, condiciones y en estricto cumplimiento y respeto de los principios establecidos en la Constitución para la prestación del 39 Una explicación muy clara y amplia del tema se puede encontrar en La Garantía de los Derechos de Carolina Silva Portero, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Neoconstitucionalismo y Sociedad, 2008.

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SOPORTE TEÓRICO PARA INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

En la sección anterior se revisaron algunos conceptos sobre derechos humanos, así como sus características.

Para que estos derechos no queden en el papel solamente, sino que sean ejercidos con la finalidad de realizar el proyecto de vida de cada persona, existen las denominadas garantías. Las palabras derechos y garantías han sido frecuentemente utilizadas como sinónimos, pero no lo son. La persona tiene un derecho (entendido como facultad, atributo o libertad) pero la garantía es el medio que permite hacerlo efectivo39.

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UNIDAD 3

servicio de salud. Es importante además destacar que dicha normativa debe ir acorde con los instrumentos internacionales obligatorios, ratificados por Ecuador, conforme las respectivas materias.

Por otra parte, no se puede dejar de mencionar que la Defensoría del Pueblo de Ecuador tiene también un rol importante para la aplicación adecuada de esta garantía, pues, de acuerdo con el artículo 8 de su Ley Orgánica actual, tiene la atribución de presentar proyectos de ley en representación de la iniciativa popular40.

Garantías de políticas públicas.

SOPORTE TEÓRICO PARA INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

Antes de conocer qué son las garantías de políticas públicas, se deben revisar varias definiciones de políticas públicas, pues estas permitirán comprender el alcance de las garantías en estudio. “Las políticas públicas, desde un punto de vista restringido, son las soluciones específicas que encuentra el Ejecutivo para manejar los asuntos públicos” (Lahera, 2004, p. 7) o, dicho de otra forma, son “una directriz general que refleja la prioridad y voluntad política del gobierno para modificar una situación determinada” (Senplades, 2011, p. 6).

Sin embargo, desde un punto de vista más amplio, las políticas públicas pueden entenderse como “instrumentos que permiten al Estado garantizar los derechos humanos y ambientales, vinculando las necesidades sociales de corto plazo con una visión política a mediano y largo plazo, para así eliminar inequidades” (Senplades, 2011, p. 6)41.

Evangelina García Prince (2008, p. 18) brinda luces que permiten comprender los elementos que componen una política pública desde un punto de vista amplio (que es el que se adoptará en este documento, por encontrar consonancia con la Constitución ecuatoriana). La autora señala que: · La política es pública puesto que es un producto del Estado, aunque en las diversas fases de su formulación y a través de varios mecanismos pueden también participar actores no estatales. · Las políticas públicas pueden expresarse a través de diversos tipos de instrumentos: leyes, reglamentos, decretos e incluso aquellos de carácter administrativo como planes, presupuestos, proyectos. · Las políticas públicas son siempre explícitas, lo que significa que están expresadas en un instrumento público. · Las políticas públicas abarcan un contenido genérico lo cual implica unos principios, fines y objetivos generales que se busca alcanzar con la implementación de la política. · Las políticas públicas tienen como función orientar el comportamiento de un determinado sector del desarrollo y de la vida ciudadana.

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En efecto, los Estados están llamados a respetar, proteger, garantizar y promover nuestros derechos humanos mediante la formulación de políticas públicas. Por tanto, la garantía de políticas públicas llama a las diferentes funciones del Estado a diseñar e implementar políticas que nos permitan lograr un ejercicio pleno de nuestros derechos humanos.

Así, la Constitución en su artículo 85 explica que: La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.

40 Por ejemplo, la DPE presentó, ante la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley para la Reparación de las Víctimas y Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.

41 Ver el artículo 85 de la Constitución de la República del Ecuador.

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UNIDAD 3

Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto.

El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos.

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

En este ámbito, la DPE también ha tenido un rol de incidencia en procesos de revisión y evaluación de las políticas públicas42. Así, por ejemplo, desde la DPE a través de las reuniones que se han mantenido con familiares de personas desaparecidas en las cuales se han recogido las problemáticas directas que sufren, se ha podido incidir en las autoridades e instituciones que son las rectoras en la temática, lo cual ha desembocado en poner como prioritaria en la agenda política y social el tratamiento de la misma. Adicionalmente, el relacionamiento con este colectivo dio paso a la realización de una investigación acerca de las personas desaparecidas en Ecuador cuyo fin fue establecer el estado de situación de estas personas desde el ámbito normativo, institucional y de la realidad, reflejada en la revisión de casos paradigmáticos sobre el tema, concluyendo con estrategias de mejoramiento de política pública y normativa.

Garantías jurisdiccionales.

Las garantías jurisdiccionales son mecanismos que permiten exigir ante una o un juez la protección eficaz de los derechos humanos o de la naturaleza, de forma individual o colectiva, sin que las y los jueces puedan alegar falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar las acciones que emprendamos por vulneraciones de derechos, ni para negar su reconocimiento. Además, se establece la obligación de aplicar la norma y la interpretación que más favorezca la efectiva vigencia de estos derechos y desarrollar el contenido de los mismos a través de la jurisprudencia43.

En otras palabras, ante la violación o inminente violación de los derechos fundamentales, existen estos mecanismos que nos permiten exigir su protección en el ámbito judicial. Pero, ¿qué es una violación a los derechos humanos?, ¿quién la puede cometer?, ¿es lo mismo hablar de delitos que de violaciones a los derechos humanos? Es necesario responder estas preguntas antes de iniciar el estudio de las garantías jurisdiccionales.

De acuerdo con lo revisado en la Unidad 1, es el Estado el obligado a respetar, proteger, garantizar y promover nuestros derechos humanos; por tanto, el Estado viola los derechos humanos al no cumplir con estas obligaciones. Así, por ejemplo si el Estado emite normativas que discriminan en el acceso a los servicios de salud a las personas con enfermedades catastróficas (obligación de respeto), no evita que profesionales de la salud ofrezcan modificaciones corporales que pongan en riesgo la vida de las personas (obligación de protección), o no diseña e implementa una política pública dirigida a mejorar las condiciones de salud de las personas con este tipo de enfermedades (obligación de garantía), estaría cometiendo una violación al derecho a la salud que puede ser reclamada ante la administración de justicia.

En este sentido, no es lo mismo hablar de violaciones de derechos humanos que de delitos. Los delitos son acciones u omisiones sancionadas por la legislación penal de un Estado, que atentan contra bienes jurídicos que una sociedad considera relevantes. A quien atenta contra un bien jurídico como la vida, la propiedad o la seguridad del Estado, por ejemplo, le corresponde una sanción que es dirigida en particular hacia la persona que cometió el acto.

Así, en principio, quienes cometen violaciones a los derechos humanos son los Estados (a través de sus servidores y servidoras públicas), mientras que los delitos los cometen las personas. El Estado es una entidad jurídica difusa: todos y todas hacemos parte del Estado. Sin embargo, para el ejercicio de funciones, 42 Por ejemplo, la DPE tuvo una participación activa en la elaboración del Acuerdo Ministerial No. 767-2012 del Ministerio de Salud, en relación con las normas para el control y vigilancia de los centros de recuperación de adicciones a nivel nacional.

43 Ver el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, numerales 1, 3, 5 y 8.

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SOPORTE TEÓRICO PARA INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

Este artículo se complementa con el principio constitucional de aplicación de los derechos humanos contenido la Constitución que señala que “El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las […] políticas públicas” (CRE, 2008, art. 11).

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UNIDAD 3

competencias y atribuciones, se crean instituciones públicas en las cuales trabajan personas: autoridades, servidores y servidoras públicos y trabajadores. Sobre tales personas pesa una responsabilidad enorme: la consecución de los fines del Estado acorde con la Constitución44.

Ahora bien, al hablar de limitar y regular el ejercicio de poder45, se reconoce que no solamente el Estado tiene poder, sino que existen corporaciones con gran influencia en la sociedad, sea por sus características políticas, económicas, sociales, etc., que también lo ejercen46. De este modo, en el caso de que una de estas entidades vulnere derechos humanos, será responsable tanto la corporación que perpetró la vulneración como el Estado que no cumplió con su deber de protección en el caso determinado47. En tales casos, el análisis deberá ser más prolijo para determinar si existe o no responsabilidad de dichos entes no-públicos en relación con los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso S. F. contra Ecuasanitas S.A, se determinó que aquel ente, a pesar de ser privado, había violado derechos humanos de un niño por negarse a la prestación de servicios de seguro de salud y/o medicina prepagada, debido a que el mismo presentaba Síndrome de Down48.

SOPORTE TEÓRICO PARA INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

Expuesto lo anterior, se puede pasar a indicar cuáles son las garantías jurisdiccionales de acuerdo a la Constitución ecuatoriana: · La acción de protección · La acción de hábeas corpus · La acción de acceso a la información pública · La acción de hábeas data · La acción por incumplimiento · La acción extraordinaria de protección · La acción de incumplimiento El artículo 86 de la Constitución detalla las disposiciones generales que regirán a todas las garantías jurisdiccionales. Vale precisar que las garantías jurisdiccionales son procesos en los que se ventilan las violaciones a derechos, por lo que se regirán por los principios básicos o universales de la administración de justicia. Las principales características de estos trámites judiciales son:

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44 Para ahondar en ello se pueden revisar los arts. 3 (fines del Estado constitucional de derechos y justicia) y art. 11 num. 9 (quiénes responden por las violaciones de derechos humanos a nombre del Estado) de la CRE (2008).

45 Es importante recalcar que los derechos humanos no solamente limitan y regulan el ejercicio del poder, sino que fundamentalmente lo direccionan.

En este ejemplo hemos omitido la referencia al direccionamiento del ejercicio del poder pues estamos haciendo mención a la posibilidad de que entidades no estatales, como las corporaciones que detentan inmenso poder, puedan vulnerar derechos humanos.

46 Así, en Ecuador de acuerdo con el art. 88 de la Constitución, se puede interponer una acción de protección también contra particulares “si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación”.

47 Vale recordar en este punto que se configura una violación de derechos humanos, desde la perspectiva del Estado, “cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos” (Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, 1988, p. 177).

48 Expediente No. 0157-2013 Defensoría del Pueblo, Delegación Provincial de Guayas.

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UNIDAD 3

Tabla 8

Procedimiento relativo a las Garantías Jurisdiccionales Breve descripción

Parte actora (legitimado activo) Quien ejerce el derecho de acción/demanda

Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución de la República del Ecuador.

Juez/a competente Conocerá los hechos y resolverá de acuerdo a la Constitución y los tratados internacionales DDHH

Será competente el o la jueza del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos.

Procedimiento Trámite legal que debe darse a las garantías jurisdiccionales.

· El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Además, será oral y sin formalidades. · Serán hábiles todos los días y horas. · En la sentencia se deberá definir el modo en que se reparará el derecho, de encontrarse una vulneración. · El proceso solo termina con la ejecución completa de la sentencia judicial.

Incumplimiento de sentencia

Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, el o la jueza ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar.

Nota. Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. (2009). Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Quito: A.N. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

Garantías institucionales.

No se encuentran incorporadas de manera explícita en la Constitución, pero sí de manera implícita pues son todos aquellos “mecanismos de protección que aseguran la existencia de instituciones y organizaciones que caracterizan al Estado ecuatoriano y garantizan su institucionalidad” (Arciniega, 2011, p. 16).

Entre estas garantías podemos mencionar: El principio de separación de poderes, el reconocimiento del carácter laico del Estado […] el principio de legalidad, la existencia de un órgano independiente y autónomo […] que garantice la supremacía de la Constitución, y la labor del Defensor del Pueblo (Arciniega, 2011, p. 16).

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Elementos

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UNIDAD 3

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Ideas clave de esta unidad

· La Constitución de la República del Ecuador, superando la clasificación tradicional de derechos humanos, los agrupa en: derechos del buen vivir, derechos de participación, derechos de libertad y derechos de protección.

En atención a los sujetos, se establecen derechos específicos de las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria y derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades. · Todos los derechos constitucionales son plenamente justiciables. · Los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos son obligatorios para los Estados y su observancia debe verificarse en cada uno de los actos de poder público, así como en las actuaciones de otros actores. Sin embargo, para que su cumplimiento sea efectivo, se han creado mecanismos que garanticen el efectivo goce y ejercicio de estos derechos. · En el Estado ecuatoriano, las garantías incorporadas expresamente en la Constitución para el ejercicio de derechos son de tres clases: legislativas, de políticas públicas y jurisdiccionales. Igualmente, podemos citar las garantías institucionales. · La Defensoría del Pueblo está facultada por la Constitución y la LOGJCC para presentar cualquiera de las garantías jurisdiccionales implementadas para la protección inmediata de los derechos humanos.

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Unidad 4

Los sistemas para la protección de los derechos humanos, tanto el sistema universal como los sistemas regionales, son supletorios y complementarios con respecto a las instancias nacionales de protección.

Estos sistemas se componen de distintos instrumentos y mecanismos acordados, creados y adoptados por los propios Estados en su calidad de miembros de organismos intergubernamentales.

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La protección de los derechos humanos a través de los Sistemas Regional y Universal

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UNIDAD 4

La Constitución ecuatoriana prevé normas para la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, señalando, en resumen: · Que respecto de los instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios: pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta (CRE, 2008, art. 417). · Que los tratados internacionales de derechos humanos que reconozcan derechos más favorables a aquellos contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica (CRE, 2008, art. 424).

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· Que las normas previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos son de aplicación directa e inmediata por todas y todos los servidores públicos, siempre que estas sean más favorables a las contenidas en la Constitución, aun cuando las partes no las invoquen (CRE, 2008, art. 426).

En definitiva, las normas contenidas en los instrumentos internacionales forman parte del ordenamiento jurídico interno y gozan de aplicabilidad en el Estado ecuatoriano, e incluso prevalecen respecto de la Constitución cuando reconocen derechos más favorables49.

Finalmente, sobre este tema cabe mencionar que la Constitución considera como instrumentos internacionales tanto a los convenios, pactos o tratados ratificados por el Estado50, así como a las declaraciones, directrices u otros documentos adoptados en el plano internacional que son de gran utilidad al momento de interpretar las normas de origen internacional y el alcance de los derechos.

A continuación, se abordarán los sistemas de protección relevantes para el Ecuador: el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos.

Como preámbulo es necesario recordar que es el Estado el principal obligado a respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos y, por lo tanto, los sistemas regionales y universales, como se mencionó anteriormente, son sistemas de protección, supletorios y complementarios que se activan únicamente cuando el Estado no ha cumplido con dichas obligaciones. Por tal razón, una persona que ha sufrido la vulneración de sus derechos humanos, debe, en principio, acudir ante los órganos pertinentes dentro del Estado y activar los mecanismos que este ha instituido para obtener las medidas correctivas correspondientes.

En tal sentido y con fines didácticos, la presente exposición de los sistemas, tanto regional como universal, seguirá la lógica siguiente: la protección dentro del Estado que ya se ha señalado, la protección complementaria dentro de la región y, finalmente, el sistema de protección universal.

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49 Al respecto revisar en Luis Pásara (2008) El uso de los instrumentos internacionales de derechos humanos en la administración de justicia, Serie Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y OACDH. 50 Para ampliar la información la o el lector puede dirigirse a la página http://www.un.org/spanish/documents/instruments/terminology.html para conocer el significado de los conceptos de: convención, carta, protocolo y declaración, utilizados para nombrar a los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos.

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Capítulo 1: Sistema Interamericano de Derechos Humanos51

La OEA es una organización que reúne a los 35 países independientes de las Américas y que fue creada en 1948 durante la Novena Conferencia Internacional Americana, realizada en Bogotá. En esta reunión suscribieron dos de sus documentos básicos: la Carta de la OEA y la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. A continuación exponemos los instrumentos que componen este sistema.

Tabla 9

Instrumentos de derechos humanos del Sistema Interamericano Instrumento internacional

Fecha de ratificación por parte de Ecuador

Convención Americana de Derechos Humanos

08/12/1977

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

30/09/1999

Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)

10/02/1993

Protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte

05/02/1998

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará)

30/06/1995

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

07/07/2006

Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad

01/03/2004

Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (suscrita por Ecuador 07/06/2013. A diciembre de 2015 aún no entra en vigor).

No ha sido ratificada por Ecuador

Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (suscrita por el Ecuador el 07/06/2013. A diciembre de 2015 aún no entra en vigor).

No ha sido ratificada por Ecuador

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores adoptada por la Asamblea General de la OEA el 15 de junio de 2015

No ha sido suscrita ni ratificada por Ecuador

Nota. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

51 La sección sobre el Sistema Interamericano ha sido tomada y desarrollada sobre la base del Folleto Informativo “Sistema de Peticiones y Casos”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2010). Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/docs/folleto/CIDHFolleto_esp.pdf [Consulta: 05 de marzo de 2012].

52 Existen otros sistemas regionales con el europeo y el africano.

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El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un sistema regional de protección y promoción de derechos humanos, al cual pertenece el Estado ecuatoriano52. Este sistema se compone de dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH o Comisión, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, que monitorean el cumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones en el ámbito de los derechos humanos derivadas de su pertenencia a la Organización de los Estados Americanos, OEA.

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UNIDAD 4

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, creada en 1959 durante la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Santiago de Chile. En dicha Reunión se le encargó la promoción del respeto de los derechos humanos en la región. Sin embargo, en 1965, durante la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria celebrada en Río de Janeiro, se decidió fortalecer sus facultades al otorgarle la función de

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Examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible, para que se dirija al gobierno de cualquiera de los estados americanos con el fin de obtener las informaciones que considere pertinentes y para que les formule recomendaciones, cuando lo considere apropiado, con el fin de hacer más efectiva la observancia de los derechos humanos fundamentales (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012, p. 14).

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La CIDH cuenta con una Secretaría Ejecutiva permanente con sede en Washington D.C., que le da apoyo profesional, técnico y administrativo. Está integrada por siete miembros independientes, expertos y expertas en derechos humanos, que no representan a ningún país. Son elegidos y elegidas por la Asamblea General de la OEA y reciben el nombre de “comisionados o comisionadas”. Su mandato dura cuatro años y puede ser renovado por un período similar.

Funciones de la Comisión: La función principal de la Comisión es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en América; dicha función la realiza a través de diferentes acciones como: realización de visitas a los países, elaboración de informes sobre la situación de los derechos humanos, solicitudes de información, adopción de medidas cautelares o solicitud de medidas provisionales a la Corte IDH. Asimismo, recibe y analiza peticiones individuales (presentadas por individuos) y comunicaciones interestatales53 (presentadas por un Estado contra otro), con la finalidad de determinar la responsabilidad internacional de los Estados por violaciones a los derechos humanos y emitir las recomendaciones correspondientes (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2013).

Si bien el objetivo de la CIDH es determinar la responsabilidad internacional del Estado, el sistema prevé la posibilidad de soluciones amistosas basadas en el respeto de los derechos humanos, con lo cual se genera un mecanismo que permite la construcción del diálogo entre las y los peticionarios y el Estado.

Peticiones ante la Comisión: Una de las principales acciones que realiza la CIDH es la recepción de peticiones en las cuales se alega la vulneración a los derechos humanos54, en contra de los Estados que han ratificado la Convención Americana55.

La CIDH ha resumido en el Folleto Informativo Sistema de Peticiones y Casos56 el procedimiento para presentar peticiones a la Comisión, así, se tiene que una denuncia puede ser presentada contra uno o más Estados miembros de la OEA que se considere hayan violado los derechos humanos contenidos en los instrumentos mencionado57.

Los Estados pueden llegar a ser responsables de violar los derechos humanos: por acción, en la medida de un hacer o actuar estatal mediante sus agentes (servidoras o servidores públicos); por aquiescencia, entendida como la consecuencia derivada del consentimiento tácito del Estado o de sus agentes; y, por omisión cuando las y los agentes del Estado no actúen debiendo hacerlo (CIDH, 2012).

53 La facultad de analizar comunicaciones interestatales se encuentra prevista en el artículo 45 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y existen casos del ejercicio de la misma por parte de la CIDH, como por ejemplo, el Caso Interestatal 01-06 Nicaragua c. Costa Rica, de 8 de marzo de 2007, respecto de los derechos de la población migrante de origen nicaragüense en Costa Rica; y, asimismo, la Petición Interestatal PI-02 presentada por el Ecuador contra Colombia por la muerte de Franklin Aisalla Molina durante la “Operación Fénix”, cuyo análisis de admisibilidad consta en el Informe No. 112/10 de la CIDH. 54 Los derechos sobre los cuales se puede alegar vulneraciones son tanto aquellos previstos en la Convención Americana, como aquellos derivados de otros instrumentos del Sistema, siempre que los mismos hayan sido ratificados por los Estados y de acuerdo con las condiciones de aplicabilidad.

55 Con relación a los Estados miembros que aún no han ratificado la Convención Americana, se puede alegar la violación de los derechos contenidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, instrumento de la OEA. 56 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2012). Sistema de Peticiones y Casos. Folleto Informativo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2010). Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/docs/folleto/CIDHFolleto_esp.pdf [Consulta: 05 de marzo de 2015].

57 En la sección de anexos del presente soporte teórico se ha incluido una Guía para la presentación de peticiones ante la CIDH.

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Una vez recibida la petición, la Comisión únicamente puede pronunciarse acerca de la responsabilidad internacional de un Estado miembro de la OEA, y no puede atribuir responsabilidad individual a una persona o personas determinadas. Al determinarse la responsabilidad del Estado por parte de la Comisión, esta emite un informe que puede incluir una o varias de las siguientes recomendaciones (CIDH, 2012):

En cuanto al procedimiento, la Comisión remite una carta a la persona denunciante acusando recibo de la petición y luego esta pasa a ser estudiada; la evaluación preliminar de una petición demora algún tiempo en razón de la gran cantidad de peticiones que recibe la Comisión. Las peticiones presentadas ante la CIDH son evaluadas y respondidas, ya sea inadmitiendo la apertura del trámite de la petición, solicitando información adicional; o, admitiendo la apertura del trámite, situación esta última que permite que la petición ingrese a la etapa de admisibilidad pero que en ningún momento significa decisión alguna sobre la problemática presentada (CIDH, 2012). Con la apertura del trámite, la Comisión envía la petición al Estado para que se pronuncie; la información que presenten las partes debe ser puesta en conocimiento de ambas y posterior a ello, la Comisión decidirá si la petición es o no admisible.

Con la admisibilidad de la petición, la Comisión procede a analizar los fundamentos y pruebas presentadas por las partes; adicionalmente, puede solicitar la ampliación de la información y convocar a una audiencia o reunión de trabajo. En esta etapa también puede llegarse a soluciones amistosas58; si las partes no adoptan una solución amistosa, la Comisión continúa con el análisis del caso y finalmente determina la responsabilidad del Estado con relación a las violaciones imputadas.

Cuando la Comisión ha determinado la responsabilidad del Estado, emite un informe sobre el fondo del asunto, el mismo que incluye las recomendaciones vistas en párrafos anteriores. En caso de que el Estado no cumpla con las recomendaciones, la Comisión puede publicar el caso o someterlo al conocimiento de la Corte IDH; en esta segunda situación, la Corte IDH deberá analizar y emitir una sentencia fundamentada. En el proceso conocido por la Corte IDH, las partes procesales son la Comisión y el Estado, y las víctimas pueden participar también de forma autónoma durante todo el proceso.

Medidas Cautelares de la CIDH. El Reglamento de la CIDH en su artículo 25, establece que cuando existen casos graves y urgentes la Comisión, a petición de parte o de oficio, podría adoptar medidas a las que se ha denominado como cautelares59: Ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano (Organización de Estados Americanos [OEA], 2009, art. 25).

De lo mencionado anteriormente se desprenden algunos elementos a partir de los cuales, de acuerdo con el Reglamento, la Comisión puede adoptar medidas cautelares, y son: a) la gravedad de la situación o el serio impacto que puede tener la acción u omisión sobre un derecho cuyo proceso se encuentra ventilando ante los órganos del Sistema Interamericano; b) la urgencia en razón de que el riesgo o la amenaza pueden llegar a materializarse en un corto tiempo; y, c) el daño irreparable o afectación a derechos que no podrán ser objeto de reparación posterior (OEA, 2009, art. 25 numeral 2).

58 Las soluciones amistosas dependen de la voluntad de las partes y son negociaciones que buscan resolver el conflicto sin completar el proceso contradictorio; dicho proceso se lo realiza bajo supervisión de la Comisión.

59 La facultad general de la Comisión, CIDH, de dictar medidas cautelares no tiene fundamento convencional, pues se encuentra establecida en el Reglamento. Sin embargo de acuerdo con la página oficial correspondiente de la OEA, han sido, luego de más de tres décadas de ser establecidas, “invocadas para proteger a miles de personas o grupos de personas que se encuentran en riesgo, en razón de su trabajo o afiliación”. Algunos países, como Ecuador, actualmente cuestionan el ejercicio de esta facultad y la consideran una “competencia que ilegítimamente se ha arrogado la propia CIDH”, justamente porque no tiene origen convencional. Sin embargo, la Comisión, a solicitud del Estado de Ecuador emitió en diciembre de 2011, medidas cautelares a favor del ecuatoriano Nelson Serrano con el fin de que el Estado norteamericano suspenda la ejecución de una sentencia de muerte. Asimismo, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en el año 2011 solicitó la ampliación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión a favor de los pueblos en aislamiento voluntario. Por último, en el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994, se estipula que el trámite de las peticiones en que se alegue desaparición forzada, estará sujeta a los procedimientos establecidos, en la Convención, los Estatutos y Reglamentos tanto de la Comisión como de la Corte “incluso las normas relativas a medidas cautelares”.

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1. Suspensión de los actos violatorios de los derechos humanos; 2. Investigación y sanción a las y los responsables; 3. Reparación de los daños ocasionados; 4. Cambios al ordenamiento legal; y/o 5. Adopción de otras medidas o acciones estatales.

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UNIDAD 4

Se debe considerar la importancia de la determinación de las y los beneficiarios de las medidas cautelares, a través de su ubicación geográfica o de su pertenencia a una determinada colectividad y el requerimiento previo que debe realizar la Comisión al Estado sobre información relevante, a menos que se trate de situaciones donde la urgencia del daño no admita demora (OEA, 2009, art. 25 num. 5).

Para el análisis de la solicitud de medidas cautelares, la Comisión deberá tomar en cuenta: a) si la situación de riesgo ha sido denunciada ante las autoridades nacionales pertinentes o si existen motivos que imposibilitaron tal denuncia; b) si existe la determinación de las y los beneficiarios, antes señalada; y, c) si existe la conformidad de las y los beneficiarios cuando la solicitud sea presentada por terceras personas, con excepción de aquellas situaciones en que la ausencia de dicho consentimiento esté justificada (OEA, 2009, art. 25 num. 6).

Como nota relevante es necesario mencionar que el otorgamiento de estas medidas y su adopción por parte del Estado no constituyen prejuzgamiento sobre violación a los derechos protegidos en la Convención Americana u otros instrumentos aplicables (OEA, 2009, art. 25 num. 8). La Comisión deberá evaluar periódicamente sobre su temporalidad, modificación o cese.

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Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial autónomo de la OEA, creado en 1969 con la aprobación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Su conformación tuvo lugar, sin embargo, diez años después con la entrada en vigencia de la Convención. La Corte IDH tiene como objetivo “interpretar y aplicar la Convención Americana y otros tratados interamericanos de derechos humanos, en particular, a través de la emisión de sentencias sobre casos y opiniones consultivas” (CIDH, 2012, p. 6).

La Corte IDH tiene su sede en San José de Costa Rica. Está integrada por siete jueces o juezas nacionales de algún Estado miembro de la OEA quienes son elegidos y elegidas a título personal, por mayoría absoluta de votos de los Estados que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Su período dura seis años y pueden ser reelegidos o reelegidas una vez. Idealmente, se trata de juristas de la más alta autoridad moral y de reconocida competencia en el ámbito de los derechos humanos de la región. Las y los candidatos a jueces de la Corte IDH deben cumplir idénticos requisitos que los exigidos para quienes cumplen altas funciones judiciales en el Estado del cual son nacionales o en el Estado que postula su candidatura60.

Funciones de la Corte IDH. La Corte IDH tiene una función jurisdiccional y otra consultiva. La función jurisdiccional está regulada por los artículos 61, 62 y 63 de la Convención que en resumen señalan: 1. Solo los Estados Partes de la Convención y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.

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2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso es necesario que sean agotados los procedimientos ante la Comisión.

3. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de la Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos.

4. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes relacionados con el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia por declaración especial, como se indicó anteriormente o por convención especial.

5. Cuando la Corte decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención, dictará sentencia en la que dispondrá que se garantice a la persona lesionada en el goce de su derecho 60 Al respecto ver los artículos 1, 3 ,4 y 5 del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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o libertad conculcados. Además, dispondrá, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y que se proceda al pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Estados que han aceptado la competencia de la Corte IDH para la interpretación y aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela61.

La función consultiva de la Corte IDH está regulada por la Convención que señala, por una parte, que “Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos” (Convención Americana de Derechos Humanos, s.f., art. 64); y, por otra, que la Corte IDH, a solicitud de un Estado miembro, podrá emitir opiniones acerca de la “compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales” (Convención Americana de Derechos Humanos, 1969, art. 64).

Medidas provisionales.

En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes, de conformidad con el artículo 63 de la Convención62. Sin embargo, si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá también actuar a solicitud de la Comisión.

Así, en caso de extrema gravedad y urgencia, la Comisión puede solicitar medidas provisionales a la Corte Interamericana, con el fin de precautelar los derechos fundamentales que pudieran estar siendo amenazados en un caso determinado, para lo cual se deberá verificar, de acuerdo con el artículo 76 del Reglamento de la CIDH, las siguientes condiciones: a. Que el Estado no haya implementado las medidas cautelares otorgadas por la Comisión; b. Que las medidas cautelares no hayan sido eficaces; c. Que exista una medida cautelar conectada a un caso sometido a la jurisdicción de la Corte; y, d. Que la Comisión lo estime pertinente al mejor efecto de las medidas solicitadas, para lo cual fundamentará sus motivos.

Las medidas provisionales que dicta la Corte: Tienen un carácter excepcional y son dictadas en función de las necesidades de protección y, una vez ordenadas, deben mantenerse siempre y cuando la Corte considere que subsisten los requisitos básicos de la extrema gravedad y urgencia, y de la necesidad de las medidas para evitar daños irreparables a los derechos de las personas protegidas por ellas (Medidas Provisionales respecto de El Salvador. Asunto Meléndez Quijano y otros, 2015).

Asimismo, estas medidas tienen dos dimensiones, por una parte, tutelar pues protegen los derechos en riesgo mientras no se resuelva la controversia y; por otra, tienen una dimensión cautelar así: Su objeto y fin son los de asegurar la integridad y efectividad de la decisión de fondo, y de esta manera evitar que se lesionen los derechos en litigio, situación que podría hacer inocua o desvirtuar el efecto útil de la decisión final (Medidas provisionales respecto de la República del Perú. Asunto Wong Ho Wing, 2012).

61 El 10 de septiembre de 2012, Venezuela presentó al Secretario General de la OEA la nota formal de denuncia de la Convención. Esta denuncia surtió efecto a partir del 10 de septiembre de 2013 cumplido el periodo de preaviso de un año. La Comisión Interamericana sigue teniendo competencia en Venezuela, de conformidad con la Carta de la OEA. Al respecto ver el Comunicado de Prensa de la Comisión Interamericana de 10 de septiembre de 2013, en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/064.asp (Consultada el 10 de enero de 2015).

62 La facultad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de dictar medidas provisionales tiene fundamento convencional. Esto a diferencia de lo que ocurre con la Corte Internacional de Justicia, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Corte Europea de Derechos Humanos.

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Nota. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

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Es importante señalar que la consagración en la Convención de las medidas provisionales, en términos del exmagistrado de la Corte IDH, Trindade Cançado, no deja ninguna duda respecto de su obligatoriedad.

Ecuador y la Corte Interamericana.

En 1984, Ecuador realizó una declaración expresa aceptando la competencia de la Corte IDH, en los siguientes términos: De acuerdo con lo prescrito en el parágrafo 1 del Artículo 62 de la Convención antes mencionada el Gobierno del Ecuador declara que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención.

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Este reconocimiento de competencia se hace por plazo indeterminado y bajo condición de reciprocidad. El Estado ecuatoriano se reserva la facultad de retirar el reconocimiento de estas competencias cuando lo estime conveniente (CIDH, 1984, Documentos Básicos - ConvenciónRatificaciones).

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A continuación se mencionan los casos que han sido sometidos a conocimiento de la Corte IDH en relación con nuestro país63:

Tabla 10

Casos resueltos por la Corte IDH en contra del Estado ecuatoriano Casos en la Corte IDH en relación con Ecuador

Derechos analizados

Fecha Sentencia

Convención Americana de Derechos Humanos

Reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial.

19/06/1998

Caso Suárez Rosero vs.

Ecuador

Integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial.

20/01/1999

Caso Tibi vs. Ecuador

Integridad y libertad personal, garantías judiciales, propiedad privada, protección judicial, protección a la familia, obligación de prevenir y sancionar la tortura.

07/09/2004

Caso Acosta Calderón vs.

Ecuador

Libertad personal, protección judicial, garantías judiciales, igualdad ante la ley, integridad personal.

24/06/2005

Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador

Suspensión de garantías, derecho a la vida, garantías judiciales y protección judicial.

04/07/2007

Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador

Libertad personal, integridad personal, propiedad privada, protección judicial y garantías judiciales.

21/11/2007

Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador

22/11/2007

Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador

Derecho a la vida, integridad personal, libertad de pensamiento y expresión, protección a la familia, protección judicial y garantías judiciales.

Derecho a la propiedad privada, igualdad ante la ley, garantías judiciales y protección judicial.

Caso Vera Vera y otra vs.

Ecuador

Derecho a la vida, integridad personal, libertad de asociación, garantías judiciales y protección judicial.

19/05/2011

Caso Mejía Idrovo vs.

Ecuador

Igualdad ante la ley, garantías judiciales y protección judicial.

05/07/2011

06/05/2008

63 Las sentencias de estos casos se encuentran en la página web de la Corte IDH http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=10.

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Pueblo Indígena Kichwa de Sarayacu vs. Ecuador

Libertad de pensamiento y expresión, derecho a la propiedad, protección judicial, derecho a la vida, libertad personal.

27/06/2012

Palma Mendoza y otros vs. Ecuador

Protección judicial, derecho a la vida e integridad personal, garantías judiciales.

03/09/2012

Suárez Peralta vs.

Ecuador Caso Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) vs. Ecuador

Derecho a la integridad personal, protección judicial.

21/05/2013

Garantías judiciales, principio de legalidad e irretroactividad, derecho a la defensa.

21/08/2014

Derechos políticos, garantías judiciales, principio de legalidad e irretroactividad, protección judicial.

28/08/2013

Derecho a la vida e integridad personal, a la educación, a la garantía judicial del plazo razonable.

1/09/2015

Caso Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs.

Ecuador Caso Gonzáles Lluy y otros vs. Ecuador

Nota. Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos sometidos a la Corte IDH resueltos en contra del Estado Ecuatoriano.

Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

Relación de la Defensoría del Pueblo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Derechos Humanos ha interactuado de diversas formas con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En esta sección, más que un listado exhaustivo, se incluyen ejemplos que pretenden denotar los mecanismos que tiene la Defensoría del Pueblo para que esta interacción se realice: 1. Presentación de un Amicus Curiae: un amicus curiae, es un término latino que significa literalmente “amigo de la corte”, y consiste en una opinión especializada que presenta un tercero, que no es parte en un litigio, a fin de profundizar en un tema en particular vinculado al litigio. En este sentido, la Defensoría puede presentar un amicus curiae en un caso que esté en trámite ante la CIDH o ante la Corte IDH, por ejemplo.

2. Aportar a la elaboración de informes: la Defensoría puede contribuir a la elaboración de los informes que el Estado deba presentar al Sistema Interamericano.

3. Contribuir al cumplimiento de sentencias de la Corte IDH e inclusive de informes de la Comisión de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución: la Defensoría, siguiendo el trámite establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, puede presentar acciones por incumplimiento en relación con las sentencias e informes de la Corte IDH y la CIDH respectivamente, a fin de lograr que se cumplan en el menor tiempo posible.

4. Solicitar medidas cautelares a la CIDH: la Defensoría puede solicitar medidas de protección a los derechos humanos de determinadas personas o grupos de personas, a la CIDH o pedir su ampliación.

Esto ocurrió, por ejemplo, en el caso de las medidas cautelares otorgadas para la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento, PIA. En este caso, la DPE solicitó la ampliación de dichas medidas cautelares a fin de que se prohíba la realización de trabajos de exploración y explotación petrolera, minera y maderera en toda la zona de traslape del área con el territorio Waorani (DPE, 2011, p. 23-24).

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Capítulo 2: Sistema Universal de Protección: Naciones Unidas64 De acuerdo con el artículo primero del tratado constitutivo de la ONU, la Carta de las Naciones Unidas firmada el 26 de junio de 1945, esta tiene los siguientes propósitos: mantener la paz y la seguridad internacionales; fomentar entre las naciones relaciones de amistad; realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; y, servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes.

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Para cumplir con el propósito vinculado a la protección de los derechos humanos, la ONU ha fortalecido progresivamente su normativa y estructura, así, se han aprobado varios instrumentos internacionales65, y se han establecido una serie de mecanismos para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados respecto a los derechos humanos.

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Como vimos, la Declaración Universal de Derechos Humanos66, fue el punto de partida para la elaboración, suscripción y ratificación de por parte de la comunidad internacional de tratados internacionales de derechos humanos que generan obligaciones para los Estados que los han ratificado, y para la aprobación de otros instrumentos internacionales de derechos humanos que desarrollan y aportan al contenido de los derechos, dentro del marco de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Principales tratados para la defensa y promoción de los derechos humanos en el marco del Sistema de Naciones Unidas.

A continuación en la tabla 18 incluimos los tratados fundamentales que, por haberlos ratificado, son de obligatorio cumplimiento para Ecuador67:

Tabla 11

Ratificación de tratados internacionales por parte de Ecuador Fecha de ratificación por parte de Ecuador

Tratado Internacional Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial

22/09/1966

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

22/09/1966

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

06/03/1969

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte

23/02/1993

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

06/03/1969

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

11/06/2010

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

09/11/1981

64 La sección sobre el sistema de protección de derechos humanos de la ONU ha sido, en su mayoría, tomada y adaptada de la publicación Trabajando con las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, un manual para la sociedad civil de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/OHCHR_Handbook_SP.pdf.

65 La lista de los instrumentos internacionales depositados en las Naciones Unidas se encuentran en la siguiente página electrónica https://treaties.un.org/Pages/DB.aspx?path=DB/titles/page1_en.xml&menu=MTDSG consultada el 4 de junio de 2015.

66 El 9 de Diciembre de 1948, un día antes de adoptar la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Asamblea General adoptó la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio que entró en vigor en 1951. Por otra parte, en este documento no se trata sobre el desarrollo convencional del Derecho Internacional Humanitario, anterior al desarrollo convencional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

67 Es importante recalcar que son estos instrumentos internacionales, que el Estado ecuatoriano ha ratificado los que generan obligaciones internacionales al mismo. Respecto de sus habitantes, sin embargo, el Estado ecuatoriano en la Constitución de 2008, se ha obligado de una manera mucho más amplia, en el artículo 3, se ha establecido que el principal deber del Estado es “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales” (esta misma referencia genérica a instrumentos internacionales se encuentra en los arts. 10, 11 numerales 3 y 7, y arts. 41, 57, 58, 156, 171, 172, 382, 398, 416, 417, 426 y 428). Asimismo, de acuerdo con el artículo 93, puede interponerse una acción por incumplimiento para demandar la ejecución de informes organismos internacionales de derechos humanos (y no solamente sentencias).

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Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer

02/02/2002

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

30/03/1988

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

20/07/2010

Convención sobre los Derechos del Niño

23/03/1990

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados

07/06/2004

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía

30/01/2004

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares

05/02/2002

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

03/04/2008

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

03/04/2008

Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas

20/10/2009

Nota. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

Los mecanismos de las Naciones Unidas, tal como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, son complementarios respecto de la protección que proporciona, y debe proporcionar el Estado. Por su origen se clasifican en: a) mecanismos convencionales es decir los órganos creados en virtud de los propios tratados encargados de vigilar la aplicación por parte de los Estados de las normas establecidas en ellos, denominados Comités y b) mecanismos extra-convencionales que constituyen un sistema de vigilancia independiente del marco de los tratados, sistema que ha sido progresivamente establecido y que depende actualmente del Consejo de los Derechos Humanos.

Comités de los Tratados68.

Son los órganos creados por los tratados, es decir los comités de expertos y expertas creados para vigilar la aplicación de las disposiciones contenidas en el tratado que los creó.

Cada comité está conformado por entre 10 y 25 miembros, quienes son designados por los Estados parte del tratado correspondiente. Los comités de tratados desempeñan su labor de varias formas, y a través de varias competencias, por ejemplo reciben de los Estados parte, y de manera periódica, informes sobre el cumplimiento de las normas del tratado; tienen competencia para recibir y conocer comunicaciones individuales (denuncias de particulares)69, algunos de ellos tienen competencia para examinar comunicaciones entre los Estados, en estos dos últimos casos los Estados deben haber expresamente aceptado la competencia del Comité. Asimismo, se dedican a realizar investigaciones y dictan observaciones generales.

Es importante recalcar que, a través de las observaciones generales, cada uno de los Comités desarrolla de manera detallada y autorizada el alcance y contenido de los derechos del tratado respectivo. Estas observaciones generales son una herramienta que los Estados pueden utilizar para legislar o dictar políticas públicas con enfoque de derechos humanos.

En el Anexo 2 se detalla el mandato y labor de los Comités de los Tratados, de acuerdo con los instrumentos internacionales que protegen y las funciones que cumplen.

68 Para ampliar la información puede referirse al documento HRI/MC/2013/2 Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos: Panorama general del sistema y de los métodos de trabajo de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos relativos al examen de los Estados parte, en http://search.ohchr.org/results.aspx?k=comites%20de%20los%20tratados 69 Excepto el Subcomité para la Prevención contra la Tortura.

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Revisión de informes presentados por los Estados.

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Cada Estado, cuando ratifica un tratado internacional, asume voluntariamente determinadas obligaciones, entre ellas la de remitir periódicamente un reporte (informe) sobre todas las medidas que haya adoptado en un determinado periodo de tiempo para dar cumplimiento a las disposiciones del tratado. En el informe puede describir las dificultades que ha tenido para cumplirlas y los retos que siguen pendientes. El Comité reúne los informes que sobre el Estado -y la temática del tratado- hayan enviado organismos de Naciones Unidas, la Institución Nacional de Derechos Humanos (como la Defensoría del Pueblo de Ecuador, por ejemplo) y la sociedad civil; el Comité revisa y contrasta la información proporcionada por el Estado y le envía una lista de cuestiones que este debe responder por escrito. Posteriormente, se realiza la sesión pública donde se examina al Estado. El Comité concluye este proceso con la emisión de observaciones finales al Estado (conclusiones o recomendaciones), donde se reconocen los avances, se señalan las dificultades y se realizan las recomendaciones en relación con dichas dificultades (Diccionario de Derechos Humanos, s.f.). El objetivo principal de este mecanismo es el de avanzar en la aplicación del tratado y, sobre todo, de mejorar la situación de los derechos humanos de los habitantes del país del que se trate el examen. Este mecanismo se basa, además, a) en el diálogo constructivo que el Comité mantiene con la delegación del Estado (con sus representantes); y, b) en la cooperación, pues de ser el caso, se proporciona asistencia técnica al Estado para que avance en el cumplimiento del tratado70.

Comunicaciones individuales Los Comités pueden recibir denuncias de cualquier persona que se considere víctima de violaciones de derechos humanos contenidos en los tratados de derechos humanos correspondientes, siempre y cuando el Estado parte haya voluntariamente reconocido la competencia del Comité de recibir y examinar comunicaciones individuales, ya sea mediante una declaración expresa o por la ratificación del protocolo facultativo correspondiente.

No es necesario que la comunicación sea presentada por el o la persona víctima de vulneraciones de derechos pues se puede presentar a nombre de terceras personas (con su consentimiento escrito), y aun en ciertos casos sin dicho consentimiento, por ejemplo en casos de desapariciones forzadas, de personas privadas de libertad e incomunicadas. Asimismo, no es requerido el patrocinio de una o un abogado para presentar la comunicación.

Comunicaciones interestatales Algunos de los tratados internacionales concernientes a derechos humanos tienen disposiciones que permiten que un Estado parte, que considere que otro Estado parte no está cumpliendo con las disposiciones del tratado, pueda interponer comunicaciones contra dicho Estado.

Para ejercer esta atribución, el órgano de tratado correspondiente requiere que los Estados partes realicen una declaración expresa donde reconozcan esta competencia al Comité (excepto en la Convención contra la Discriminación Racial, artículo 11)71. Es importante anotar que hasta la fecha (diciembre 2015) estos procedimientos no han sido utilizados.

La Convención contra la Discriminación Racial, el CCPR y el CRC, han establecido un procedimiento más elaborado relativo a las comunicaciones interestatales a través del establecimiento de una Comisión de Conciliación ad hoc72.

Procedimiento de investigación confidencial.

Seis órganos de tratados73, en caso de recibir información y datos fidedignos sobre violaciones graves, serias o sistemáticas de los derechos contenidos en los tratados correspondientes, tienen facultad para investigar dichas violaciones de manera confidencial respecto de los Estados partes que no hayan expresamente rechazado que el Comité pueda ejercer esta competencia74.

70 Esta información puede ser modificada ya que las Naciones Unidas la actualizan periódicamente.

71 Hasta diciembre de 2015 estos procedimientos no han sido utilizados.

72 Este procedimiento se aplica a los Estados partes de la Convención contra la Discriminación Racial (artículos 11-13); y, respecto de los Estados partes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 41 y 42) y de la Convención sobre los Derechos de los Niños solo si los Estados partes que han hecho una declaración expresa aceptando la competencia en este sentido 73 El CAT, CEDAW, el CRPD, el CESCR, CRC y el CED. 74 Salvo en el caso de la Convención sobre la Desaparición Forzada, donde de acuerdo con su artículo 33, los Estados carecen de la posibilidad de no reconocer la competencia del CED para investigar este tipo de violaciones.

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El Comité, siempre y cuando exista el consentimiento del Estado parte que está siendo investigado, puede realizar una visita al territorio. Asimismo, debe transmitir las conclusiones de la investigación al Estado parte en las que incluirá las observaciones y sugerencias correspondientes. Como ya se anotó, este es un proceso confidencial, que además requiere de la colaboración del Estado parte para que se lleve a cabo.

Interacción de la Defensoría de Pueblo con los Comités de los Tratados.

Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, como la Defensoría del Pueblo de Ecuador, pueden colaborar con los órganos de los tratados de derechos humanos, es decir con los Comités de expertos y expertas descritos en el capítulo anterior, en aras de contribuir al respeto y aplicación de las disposiciones de los distintos tratados a nivel nacional (ONU, 2007).

· La DPE puede enviar información a los órganos de los tratados para contribuir al análisis del país. Para ello, debe estar informada sobre el calendario de presentación de informes y recopilar información útil y relevante para el Comité (normalmente, los Estados envían informes a los comités cada 4 o 5 años).

Igualmente, puede ayudar al Gobierno a entender las directrices de preparación de informes e incluso puede colaborar en la preparación de los mismos promoviendo espacios de participación de la sociedad civil en este proceso. · La DPE puede informar a las víctimas sobre el procedimiento de presentación de peticiones a los órganos de los tratados, realizar campañas para que los Estados acepten los mecanismos de los tratados encargados de recibir denuncias individuales, realizar el seguimiento de las medidas que tome el Estado a una denuncia que ha recibido trámite ante los órganos de los tratados y, finalmente, participar en los procedimientos de investigación de los órganos de los tratados. · La DPE deberá vigilar que el Estado difunda las recomendaciones y observaciones finales de cada Comité, e incluso puede apoyar su difusión entre asambleístas, servidoras o servidores públicos y demás autoridades públicas y de la sociedad civil. Igualmente, deberá vigilar y promover su cumplimiento por parte del Estado y otros actores relevantes. · La DPE debe alentar la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos, así también puede publicarlos y difundir información sobre los mismos. Por otra parte, debe ayudar a los diferentes actores públicos a entender el alcance de estos instrumentos. · La DPE podría activar la acción constitucional por incumplimiento de las recomendaciones realizadas a Ecuador incluidas en los informes de los órganos de los tratados, que sean claras, expresas y exigibles al Estado de acuerdo con artículo 93 de la Constitución.

Consejo de Derechos Humanos.

El Consejo de Derechos Humanos, CDH, es un órgano subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas creado el 15 de marzo de 2006 a través de la Resolución 60/215 de la Asamblea General de la ONU con el fin de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas en el mundo y de ocuparse de las situaciones en las que se violen los derechos humanos, (incluidas las violaciones graves y sistemáticas) y hacer recomendaciones al respecto. Este Consejo reemplazó a la Comisión de Derechos Humanos (OACDH, s.f., Consejo de Derechos Humanos: Información previa al Consejo de Derechos Humanos).

El CDH tiene su sede en Ginebra y está conformado por cuarenta y siete Estados elegidos de forma directa e individual en votación secreta por la mayoría de los miembros de la Asamblea General. La composición, distribuida geográficamente de forma equitativa y en grupos, es la siguiente: trece países, respectivamente, por el grupo de Estados de África y el grupo de Estados de Asia; seis países por el grupo de Estados de Europa oriental; ocho países por el grupo de Estados de América Latina y el Caribe; y siete por el grupo de Estados de Europa occidental y otros Estados. Los miembros del Consejo desempeñan sus funciones por un período de tres años y después de dos períodos consecutivos no pueden optar a la reelección inmediata. De acuerdo con la Resolución 6/251 de la Asamblea General de la ONU al Consejo de Derechos Humanos le corresponde, de manera resumida: Dirección General de Educación e Investigación Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación

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A continuación, algunos mecanismos para fortalecer esta interacción:

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· La promoción de la educación y el aprendizaje sobre los derechos humanos y el asesoramiento, asistencia técnica y el fomento de la capacidad de los Estados, con el consentimiento de estos. · Constituirse en un foro respecto de las cuestiones relativas a los derechos humanos. · Contribuir al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos a través de recomendaciones hechas a la Asamblea General. · Promover el cumplimiento de las obligaciones que los Estados han contraído respecto de derechos humanos. · Realizar el seguimiento de los objetivos y compromisos que se hayan adoptado en cumbres y conferencias de la ONU, sobre promoción y protección de derechos humanos.

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· Realizar el examen periódico universal a todos los Estados, aportando a la prevención de violaciones de los derechos humanos mediante el diálogo y la cooperación. · Responder prontamente en caso de situaciones de emergencia respecto de derechos humanos. · Asumir las atribuciones y funciones de la antigua Comisión de Derechos Humanos75 relacionadas con el apoyo a la tarea del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. · Cooperar con los gobiernos, las organizaciones regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil en materia de derechos humanos. · Formular recomendaciones respecto de la promoción y protección de los derechos humanos. · Presentar un informe anual a la Asamblea General.

Mandatos y mecanismos del Consejo de Derechos Humanos.

A continuación en la tabla 12 se presenta los distintos mecanismos a través de los cuales el Consejo de Derechos Humanos lleva adelante su labor, contenidos principalmente en su resolución 5/1. Posteriormente, entraremos en detalle sobre dos de ellos: el Examen Periódico Universal y los procedimientos especiales:

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75 Como ya se vio, fue creada en 1946 como el foro más importante en materia de derechos humanos, se reunió por primera vez en 1947 estaba compuesta por 53 Estados miembros, órgano subsidiario del Consejo Económico y Social, fue reemplazada en 2006 por el Consejo de Derechos Humanos, que se constituyó en órgano subsidiario de la Asamblea General. Al respecto ver en http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/

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Tabla 12

Mecanismos del Consejo de Derechos Humanos

Breve descripción de sus principales funciones

Procedimiento de denuncia 1503 (Confidencial)

Tiene como objeto permitir al Consejo abordar cuadros persistentes de violaciones manifiestas, y fehacientemente probadas, de todos los derechos humanos, en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia. Procedimiento creado en 1970, a través de la resolución 1503 del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (Ecosoc), siendo entonces un mecanismo de la antigua Comisión de Derechos Humanos. Mediante la resolución 5/1 del Consejo se realizaron modificaciones con el fin de que sea, en términos de la resolución, un “procedimiento de denuncia imparcial, objetivo, eficiente, orientado a las víctimas y oportuno”. Tiene carácter confidencial para asegurar la participación del Estado. Se inicia por comunicaciones recibidas de individuos, grupos u organizaciones, ya sea que se consideren víctimas de violaciones de derechos humanos o inclusive en el caso de que afirmen tener conocimiento directo y fidedigno de dichas violaciones.

Examen Periódico Universal

Se trata de la revisión periódica, por parte del Consejo de Derechos Humanos, del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos que han asumido los Estados parte de las Naciones Unidas. En la discusión pueden participar todos los Estados miembros de la ONU. Se basa en información fidedigna, el diálogo y la cooperación, y pretende que el tratamiento sea el mismo para todos los Estados. Es una revisión entre Estados, es decir entre pares, que permite compartir buenas prácticas en el ámbito de los derechos humanos alrededor del mundo.

Procedimientos especiales

Son mecanismos creados para examinar, vigilar, asesorar e informar públicamente sobre la situación de los derechos humanos en un país o territorio determinados (mandatos por país) o respecto de un determinado problema de violación de derechos humanos en todo el mundo (mandatos temáticos). Funcionan a través de expertos y expertas independientes y cubren todos los derechos humanos. De acuerdo con el respectivo mandato pueden estar integrados: a) por una persona, y pueden ser denominados “Relator Especial” o “Experto Independiente” (aunque también “Representante Especial”, “Representante Especial del Secretario General” o “Representante del Secretario General”); y b) por un grupo de trabajo, generalmente formado de cinco miembros cuya composición busca un equilibrio regional (OHCHRSubdivisión de Procedimientos Especiales, 2007).

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Mecanismos del Consejo de Derechos Humanos y sus principales funciones

Nota. Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (s.f.). Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos: Un manual para la sociedad civil. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

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Tabla 13

Órganos subsidiarios del Consejo de Derechos Humanos y sus principales funciones

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Órganos subsidiarios del Consejo de Derechos Humanos

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Breve descripción de sus principales funciones

Comité Asesor de Derechos Humanos

Es un órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos que asesora al Consejo a través de estudios e investigaciones en las temáticas que este le solicite y bajo su orientación. No aprueba resoluciones pero puede formular sugerencias para mejorar la eficiencia del Consejo. Está conformado por 18 expertos y expertas que actúan a título personal. Funciona como “grupo de reflexión” del Consejo (OACDH, s.f., Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos).

Foro Social

Se trata de un espacio de diálogo entre los mecanismos de derechos humanos y organizaciones de base de la sociedad civil con el fin de abordar, durante tres días, temáticas definidas previamente por el Consejo de Derechos Humanos, como el tema de los impactos de la pobreza, los impactos de la globalización, entre otros (OACDH, s.f., Social Forum).

Foro sobre cuestiones de las minorías

Se trata de un espacio que busca fomentar el diálogo y la cooperación alrededor de temas que afectan a personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas (OACDH, s.f., Forum on Minority Issues).

Mecanismo de expertos sobre los derechos de los Pueblos Indígenas

Proporciona al Consejo de Derechos Humanos insumos temáticos sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. Puede someter sus propuestas al Consejo. Está conformado por cinco expertos y expertas independientes (OACDH, s.f., Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples).

Foro sobre las empresas y los derechos humanos

Espacio de diálogo sobre la responsabilidad de las empresas en relación con el respeto de los derechos humanos y la aplicación de los Principios rectores sobre las empresas y derechos humanos de la ONU (OACDH, s.f., Forum on Business and Human Rights).

Nota. Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (s.f.). Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos: Un manual para la sociedad civil. Disponible en http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/OHCHR_Handbook_SP.pdf

Examen Periódico Universal.

El Examen Periódico Universal, EPU, fue establecido por la Resolución 60/251 de la Asamblea General, y se encuentra regulado por la Resolución 5/1 del Consejo. Es un innovador mecanismo de derechos humanos, mediante el cual el Consejo de Derechos Humanos revisa periódicamente el cumplimiento de cada una de las obligaciones y compromisos de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas en materia de los derechos humanos. Asimismo, es un mecanismo cooperativo que busca complementar, sin duplicar, la labor de los Comités, se basa en el diálogo interactivo y constructivo entre el Estado examinado y los Estados miembros (y observadores) del Consejo.

Objetivos del EPU. De acuerdo con la resolución 5/2 del Consejo de Derechos Humanos, el EPU pretende principalmente mejorar la situación de los derechos humanos en el mundo velando que cada Estado cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, evalúe los avances que ha realizado y los retos que le quedan por asumir. Por otra parte uno de los ejes del EPU se centra en la cooperación con cada Estado y en el fortalecimiento de su capacidad brindándole, de ser el caso, asistencia técnica. Es un espacio que permite a los Estados (y a otros actores) intercambiar buenas prácticas en materia de derechos humanos y apoyarse entre ellos, y con el Consejo y otros órganos de la ONU, en el compromiso de promoción y protección de derechos humanos.

Base del Examen Periódico Universal.

Conforme a la Resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, el EPU debe basarse en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los instrumentos de derechos humanos de

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los que sea parte el Estado examinado (aquí se incluyen los compromisos que realizan los Estados al presentar candidaturas) y el derecho internacional humanitario que sea aplicable. Para el EPU se requiere la siguiente documentación: · Un informe país (nacional), elaborado de acuerdo con las directrices generales adoptadas por el Consejo que puede incluir cualquier otra información considerada como pertinente por el Estado examinado, que podrá presentarse verbalmente o por escrito en 20 páginas. · Una compilación de diez páginas preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos donde incluya la información contenida en los informes de los órganos de tratados, los procedimientos especiales, incluidas las observaciones y comentarios del Estado examinado, y otros documentos oficiales de las Naciones Unidas.

Proceso del Examen Periódico Universal.

El examen tiene lugar en Ginebra, en el marco del Grupo de Trabajo del EPU, que está integrado por los 47 Estados Miembros del Consejo y consiste en un diálogo interactivo entre el Estado examinado, los Estados miembros y los Estados observadores (que pueden ser todos los Estados miembros de la ONU). Antes del examen, tres Estados (denominados troika), seleccionados por sorteo entre los miembros del Consejo, son los relatores que facilitan cada examen y reciben y agrupan las preguntas que los otros Estados realizan al Estado examinado. Luego del diálogo con el Estado examinado, la troika facilita la elaboración del examen final (donde consta un resumen de las actuaciones del proceso de examen, las conclusiones y/o recomendaciones, y los compromisos voluntarios del Estado examinado, así como las observaciones que no tengan el apoyo del Estado). Este informe final es aprobado por el Consejo (OACDH, 2007).

Es importante anotar que el EPU se realiza en un periodo de cuatro años, donde se incluye la recopilación de información, el examen del Estado en sí mismo y el seguimiento de las recomendaciones (OACDH, 2007).

Conforme a la Resolución 5/1: · Se alienta a los Estados a que preparen la información mediante un amplio proceso de consulta a nivel nacional con todos los actores interesados pertinentes. Antes de que el pleno del Consejo apruebe el resultado del examen, el Estado examinado debe tener la oportunidad de presentar sus respuestas a las cuestiones o preguntas que no se hayan tratado lo suficiente en el diálogo interactivo. · Otros actores interesados pertinentes tendrán la oportunidad de hacer observaciones generales antes de que el pleno adopte el resultado del examen. · El resultado del Examen Periódico Universal, debe ser aplicado principalmente por el Estado examinado y, según corresponda, por otros actores interesados pertinentes76.

Interacción de la Defensoría del Pueblo con el Examen Periódico Universal.

La DPE puede presentar a la OACDH información vinculada a la situación de los derechos humanos en Ecuador.

El informe presentado por la DPE tendrá una sección exclusiva en el marco del informe que prepara la OACDH sobre “interlocutores pertinentes”.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, debe promover el conocimiento de este mecanismo entre las organizaciones de la sociedad civil y, además, puede:

76 Los textos citados corresponden a los parágrafos 15 literal a), 29, 31 y 33 de la Resolución 5/01 del Consejo de Derechos Humanos relativa a la Construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos adoptada el 18 de junio de 2007.

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· Un resumen de diez páginas, preparado también por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la información adicional, creíble y fidedigna, proporcionada por terceros (interlocutores pertinentes), por ejemplo organizaciones de la sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos.

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· Apoyar al Estado a preparar su informe nacional y promover la participación de sociedad civil en este proceso. · Participar en las reuniones en las que el Consejo de Derechos Humanos examine y adopte el informe de Ecuador.

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· Apoyar al Estado a difundir las recomendaciones resultantes del EPU y promover su implementación por parte del Estado.

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La Defensoría del Pueblo mantiene permanentemente canales de cooperación con el Sistema Universal de las Naciones Unidas, en general, y respecto al EPU, en particular, en ese sentido ha proporcionado información de calidad, y dentro de los plazos establecidos, a los requerimientos de información realizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores para la elaboración de los Borradores e Informes correspondientes. Así, por ejemplo, se ha dado respuesta al Borrador del Examen Periódico Universal de Ecuador de Medio Término – II ciclo (2012-2017) en los ámbitos relacionados a las Convenciones contra la tortura y las desapariciones forzadas, señalando cómo las mismas están cumpliendo con el desarrollo de normativa nacional; asimismo, destacando que en materia de víctimas de vulneraciones de derechos humanos, que constan en el informe de la Comisión de la Verdad, la DPE ha creado una Dirección para instaurar mecanismos de reparación a las mismas. Por otra parte, la DPE ha presentado los casos que ha receptado con relación a abusos por parte de la policía y ha informado cómo, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, ha promovido la protección de las personas privadas de libertad respecto del uso excesivo de la fuerza y de la violencia por las fuerzas de seguridad y las autoridades penitenciarias. Finalmente, se presentaron las actividades realizadas a los largo de los años 2013 y 2014 en temas de promoción y protección de los derechos humanos.

Los procedimientos especiales.

Son aquellos mecanismos establecidos por la antigua Comisión de Derechos Humanos que, de acuerdo con la Resolución 5/1, fueron asumidos por el Consejo y que buscan “examinar, vigilar, asesorar e informar públicamente acerca de las situaciones de violaciones de los derechos humanos en un país o territorio determinado (mandatos por país), o sobre un fenómeno importante relativo a las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo (mandatos temáticos)” (OACDH, s.f., El Consejo de Derechos Humanos- Procedimientos especiales, p. 8).

Por estas razones su número es variable, así, por ejemplo, a marzo de 2015 existían 41 mandatos temáticos y 14 mandatos por país77.

Están conformados por expertas y expertos independientes, conocidos como titulares de mandatos, y pueden consistir en un órgano unipersonal, en ese caso son denominados relatoras y relatores especiales, representantes especiales, expertos y expertas independientes, o un órgano formado por un grupo de expertos o expertas, que generalmente se denomina “grupo de trabajo”. La OACDH les presta asistencia en recursos humanos, logística e investigación para el cumplimiento de sus mandatos (OACDH, s.f., El Consejo de Derechos Humanos- Procedimientos especiales). Fundamentalmente pueden responder de manera rápida en caso de que se aleguen violaciones a derechos humanos en cualquier lugar del mundo (OACDH, s.f., El Consejo de Derechos Humanos- Procedimientos especiales).

Entre las funciones principales de los titulares de mandatos están las siguientes: · Reciben y analizan permanentemente información proveniente de varias fuentes sobre situaciones relacionadas con derechos humanos. Intercambio permanente de información y relacionamiento con todas las partes interesadas; · Solicitar a los Gobiernos información sobre presuntas violaciones de derechos humanos. Asimismo, puede solicitar medidas de protección a los gobiernos. Concienciar sobre hechos que constituyan amenazas o vulneraciones de derechos; · Realizar declaraciones a la opinión pública en caso de que las condiciones lo exijan; · Visitar países y formular recomendaciones a los gobiernos; 77 Esta información, que se actualiza periódicamente, se encuentra en la página principal del Consejo de Derechos Humanos: http://www.ohchr.org/ EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx

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· Presentar informes a los órganos de las Naciones Unidas pertinentes (Consejo de Derechos Humanos, Asamblea General, Consejo de Seguridad); · Cumplir con las disposiciones concretas contenidas en su mandato respectivo; · Elaborar estudios temáticos que contribuyan al desarrollo de los derechos humanos relacionados con sus mandatos.

En el Anexo 4 podrá encontrar los mecanismos de los procedimientos especiales de los que los titulares encargados de estos mandatos disponen.

Interacción de la Defensoría del Pueblo con los procedimientos especiales78.

· Puede solicitar al Gobierno que invite a un determinado titular de mandato de un procedimiento especial. Puede también dirigirse directamente a uno de ellos con el fin de resaltar una situación crítica e impulsar que este solicite una visita al Estado. · Las y los titulares de mandatos de los procedimientos especiales pueden solicitar a la DPE su apoyo durante la visita y durante el proceso de formulación de recomendaciones para lograr que estas sean más precisas. · Una vez hechas públicas las recomendaciones, la DPE puede profundizarlas en mayor medida y difundirlas a organizaciones de la sociedad civil, funcionarias y funcionarios de gobierno, asambleístas, entre otros grupos. · Las y los titulares de mandatos de los procedimientos especiales pueden pedir a la DPE que monitoree el cumplimiento de sus recomendaciones de forma activa e incluso que les informe sobre el avance en la implementación de sus recomendaciones. · Al momento de emitir opiniones, recomendaciones y propuestas a los diferentes estamentos del Estado, la DPE puede basarse en las recomendaciones más relevantes realizadas por las y los titulares de mandatos de los procedimientos especiales. · La DPE podría monitorear la situación de los derechos humanos de las personas que sirvieron de fuente de información para el procedimiento especial y alertar a la o el titular del mandato correspondiente sobre una violación o posible violación para que este tome las medidas del caso. · La DPE podría requerir a una o a un titular de mandato de procedimiento especial el análisis y opinión en relación con un proyecto de ley e incluso respecto de una ley aprobada.

La interacción de la DPE con los procedimientos especiales del Sistema de Naciones Unidas se fortalece cada año, así, por ejemplo, durante el 2014, la Institución Nacional de Derechos Humanos de Ecuador ha contribuido con la elaboración de informes y documentación enviada a los siguientes grupos de trabajo: Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento, Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, Grupo de Trabajo sobre Personas Mayores, Grupo de Trabajo sobre Discriminación contra la Mujer en la legislación y la práctica; de la misma manera ha respondido a pedidos puntuales de información provenientes de los siguientes relatores de la ONU, la Relatoría de la ONU sobre la situación de los y las Defensoras de Derechos Humanos, la Relatoría Especial sobre Derechos Culturales, la Relatoría sobre el Derecho Humano al Agua y Saneamiento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre el derecho a un vivienda adecuada (DPE, 2015, Informe Anual de Labores 2014).

78 Estas ideas han sido elaboradas a partir de Discussion paper on the interaction between national human rights institutions and special procedures, OACDH, s.f. Recuperado el 10 de enero de 2015 a partir de: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI-SP.pdf.

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Existe una serie de acciones que la Defensoría del Pueblo puede emprender para la protección de los derechos ante el sistema universal en relación con los procedimientos especiales, específicamente:

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Utilidad de las recomendaciones emitidas en el marco del sistema universal de protección de derechos humanos.

Cada uno de los mecanismos señalados en esta sección emite recomendaciones para los Estados con el fin de orientar y apoyar el mejor cumplimiento de su deber de hacer efectivo el goce universal de los derechos humanos. Es importante que en este punto resaltemos la utilidad de estas recomendaciones tanto para el Estado en su conjunto como para el trabajo de la DPE: · Permiten conocer qué elementos dentro del país contribuyen a las violaciones de un derecho específico o, en su caso, a la promoción y respeto del mismo. · Permiten saber en qué áreas los mecanismos de protección de derechos humanos han pedido al Gobierno que centre su atención y en cuáles existen avances.

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· Permiten acceder a información importante sobre cada derecho y ayudan a establecer áreas prioritarias para el trabajo de la DPE. · Las recomendaciones pueden servir como punto de partida para un análisis más profundo sobre una problemática específica que pueda realizar la DPE. · Las recomendaciones pueden servir para validar los programas o identificar las áreas donde es preciso tomar o reforzar medidas. · Pueden ser una importante información de base para discutir con diversos actores sobre la situación de los derechos humanos en el país. · Su amplia difusión permite que sean usadas como plataforma para una promoción y un diálogo a largo plazo con actores locales.

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· En el ámbito internacional, cuando los mecanismos internos han fallado en la protección de derechos, las y los habitantes de Ecuador cuentan con un sistema regional de protección (OEA, CIDH y Corte IDH) y el sistema universal de protección de derechos humanos (ONU y sus distintos Comités, Procedimientos especiales y otros). · La relación de la Defensoría del Pueblo, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, con los sistemas regional y universal, es de gran importancia pues puede colaborar de varias maneras con los distintos órganos que componen dichos sistemas y aportar información vital sobre la situación actual de los derechos en el territorio ecuatoriano.

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Ideas clave de esta unidad

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UNIDAD 5

Unidad 5

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Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos

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En páginas anteriores se expusieron los diferentes sistemas que existen a nivel nacional e internacional para la protección de los derechos humanos. Sin embargo, es importante que existan instituciones con fines similares a los de los órganos supranacionales, a nivel nacional. A estas instituciones se les conoce como Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, INDH, pues si bien todo el aparato estatal debe organizarse para la garantía de los derechos, estas instancias velan justamente porque este precepto se convierta en una realidad.

Las INDH son organismos creados por la Constitución o la ley con competencias amplias para proteger y promover los derechos humanos. Son parte del Estado y son establecidas por el Estado pero no están bajo la autoridad de la Función Ejecutiva, Legislativa ni Judicial.

Reciben fondos del Estado para su funcionamiento, sin embargo, esto no debe comprometer su independencia al momento de ejercer su rol con efectividad (OACDH, 2010).

Las INDH no son organizaciones de la sociedad civil y por tanto deben guardar con ellas la misma independencia que guardan con el Estado. De hecho, las INDH están llamadas a convertirse en un puente entre las organizaciones de la sociedad civil, el Estado y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, por lo que su tarea es también un reto (OACDH, 2010).

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Capítulo 1: Tipos de INDH Existen varios tipos de INDH, las mismas que pueden resumirse en las siguientes:

La característica básica de una Comisión de Derechos Humanos es que están integradas por varios miembros, lo cual asegura pluralismo y diversidad. Estas personas tienen formación diversa pero siempre con un conocimiento o experiencia particulares en la esfera de los derechos humanos (OACDH, 2010). Las Comisiones suelen tener dos tipos de funciones, en primer lugar, reciben denuncias individuales e investigan los hechos vinculados a dichas denuncias para lo cual suelen estar facultadas legalmente para obtener pruebas. En segundo lugar, las Comisiones suelen realizar un seguimiento a las políticas de derechos humanos que implementan los gobiernos a fin de determinar si existen defectos en la observancia de esos derechos y proponer medios adecuados para su cumplimiento. En muchos casos las Comisiones realizan su trabajo en torno al principio de igualdad y no discriminación, esto ocurre por ejemplo en Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido (OACDH, 2010).

Ombudsman o Defensores del Pueblo.

El Ombudsman o Defensor del Pueblo es una persona con alto prestigio y persuasión moral, cuya función consiste en proteger los derechos humanos de las personas (nacionales o extranjeras) que habitan un determinado país, para lo cual realiza investigaciones de oficio o a petición de parte y “emite una declaración en la que formula recomendaciones sobre la base de esa investigación. La declaración se comunica a la persona que ha presentado la denuncia así como a la oficina o autoridad objeto de esta” (OACDH, s.f., Folleto Informativo No.19 -Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, p. 6).

Asimismo, se anota que “las competencias del Ombudsman son bastante similares a las de las comisiones de derechos humanos […] Sin embargo, existen algunas diferencias en sus funciones lo que explica que algunos países hayan establecido, y mantenido simultáneamente, ambos tipos de Instituciones” (OACDH, s.f., Folleto Informativo No.19 -Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, p. 7). Al respecto, se anotan diferencias pues de manera general las Comisiones se ocupan, concretamente, de temas de discriminación (por lo que pueden examinar acciones de entidades públicas y privadas) mientras que la figura del Ombudsman actúa, generalmente, como un mediador imparcial entre la persona perjudicada y el Estado (OACDH, s.f., Folleto Informativo No.19 -Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos).

Instituciones especializadas.

Se trata de instituciones que tienen la misión de promover y proteger los derechos humanos en un determinado país, pero respecto de un grupo específico. “En general, este tipo de instituciones especializadas se establecen para velar por la aplicación de políticas gubernamentales y sociales elaboradas con miras a proteger a esos grupos en particular” (OACDH, s.f., Folleto Informativo No. 19- Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, p. 7).

Proceso de acreditación de las INDH. Según la OACDH (2010), para coordinar las actividades de las INDH se creó en 1993 el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, CIC. A dicho Comité le corresponde, entre otras funciones, la de coordinar: Dirección General de Educación e Investigación Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación

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Comisiones de Derechos Humanos.

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· La interacción y cooperación con el Sistema de Naciones Unidas; · La colaboración y coordinación entre las INDH y los grupos regionales o comités de coordinación regionales; · La comunicación entre miembros y demás interesados; · El desarrollo del conocimiento y su difusión; · La implementación de iniciativas; · La organización de conferencias; · La acreditación de miembros.

La acreditación es el reconocimiento oficial internacional de que una INDH cumple con todos los Principios de París, y es realizada por el Comité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de las INDH. En este marco, una institución tiene tres posibilidades de acreditación (OACDH, 2010):

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· A: significa que la institución cumple con todos los Principios de París y que por tanto puede participar en todas las reuniones y en el trabajo regional e internacional que realizan las INDH, con derecho a votar. Igualmente, pueden participar en las reuniones del Consejo de Derechos Humanos.

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· B: significa que la institución puede participar en calidad de observadora en el trabajo regional como internacional que realizan las INDH y en sus reuniones, por tanto no puede votar, ni participar en las reuniones del Consejo de Derechos Humanos. · C: significa que no tienen ni los derechos o privilegios que otorga el Comité Internacional de Coordinación de las INDH a sus miembros.

El proceso de acreditación tiene las siguientes fases: · La institución que desea ser acreditada como INDH debe enviar una solicitud al Comité Internacional de Coordinación de las INDH. · La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que cumple el rol de secretaría del Comité Internacional, revisa los documentos y prepara un resumen para el Subcomité de Acreditación del Comité Internacional. · El Subcomité de Acreditación del Comité Internacional, que se reúne dos veces al año, realiza las recomendaciones en relación con la acreditación y desarrolla observaciones generales. · La Oficina del Comité Internacional aprueba el informe generado por el Subcomité de Acreditación y decide el estatus que recibe la institución solicitante (A, B o C). Una institución que recibe el estatus B puede volver a aplicar en 5 años mientras que una institución que recibe el estatus C lo puede hacer en cualquier momento.

La Defensoría del Pueblo del Ecuador está acreditada con el estatus A desde 1999.

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En varias culturas ha existido la necesidad de contar con una persona que vele por el cumplimiento de las leyes y/o las órdenes de la ciudad, emperador, rey, etc., por ejemplo el Eflore en Esparta, el Euthynoi en Atenas, el Trucuyrucuy del Tahuantinsuyo (El Defensor del Pueblo: Antecedentes y realidad actual, s.f.) y también con otras que se ocupen del bienestar de aquellos que se encuentran en situación de desventaja, así, por ejemplo en Roma, aproximadamente entre los años 490 a.C. - 70 d.C. surge y desaparece la figura del Tribuno de la Plebe, encargado de velar por los derechos de los plebeyos en relación con el poder de los patricios (El Tribunado de la Plebe: un gigante sin descendencia, s.f.) posteriormente, en el año 364 d.C. aparece el Defensor Civitatis cuya misión fue la de proteger a quienes tenían una situación económica, jurídica y social desfavorable (El Defensor del Pueblo: Antecedentes y realidad actual, s.f.).

Sin embargo, fue en Suecia en el siglo XVI, donde la figura del Ombudsman aparece, y adopta las características que hasta hoy ostentan los defensores del pueblo. Así, fue creada en 1713 y luego introducida en la Constitución Sueca de 1809. Originalmente su labor consistía en hacer respetar los derechos y libertades de las y los ciudadanos y además recibir sus reclamos (El Defensor del Pueblo: Antecedentes y realidad actual, s.f.).

Un siglo más tarde esta figura se crea también en Finlandia (1919), y comienza a ser establecida en otros países: en Noruega (1952), Dinamarca (1955), Alemania (1957), Nueva Zelanda (1962), Inglaterra, Irlanda del Norte, Guyana, Tanzania, algunas provincias de Canadá y de Estados Unidos de Norte América (en la década de los 60s), Portugal (1975) y España (1978).

En América Latina, la defensa de la población y sus derechos tiene sus propias características. Se puede hablar de un antecedente colonial de la institución con la figura del “Protector de los Indios” quien tenía la obligación de velar por el buen estado de las y los indígenas y protegerlos de los funcionarios públicos. Existieron Protectores de Indios indirectos (en razón de su cargo: el Consejo de Indias, los Virreyes, las Audiencias y los Gobernadores), que de hecho no eran legítimos protectores por ser juez y parte, y los Protectores de Indias directos o eclesiásticos, quienes, formalmente, eran los encargados de reducir los abusos en contra de las y los indígenas, de representarlos en las audiencias, etc. (La situación jurídica del indio durante la conquista española en América, s.f.).

El primer país latinoamericano en el que aparece la figura del Defensor del Pueblo es Guatemala (1985) donde se lo denominó Procurador de los Derechos Humanos. A partir de entonces, poco a poco, se ha incorporado esta figura en otros países de nuestra región (El defensor del pueblo: la experiencia latinoamericana, s.f.).

A continuación en la tabla 14 se ejemplifican las diferentes denominaciones que adopta la institución del Ombudsman en algunos países de nuestra América.

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Capítulo 2: Ombudsman o Defensor del Pueblo

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Tabla 14

Denominaciones del Ombudsman en algunos países de América79

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País

Año de creación

Denominación

Guatemala

31 de mayo de 1985 (Constitución) Entró en funciones: 19 de agosto de 1987

Procurador de los Derechos Humanos

El Salvador

31 de octubre de 1991 (decreto legislativo)

Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos

Nicaragua

13 de diciembre de 1995

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

Honduras

1992: Mediante decreto ejecutivo 1994: reforma constitucional ratificada el año siguiente

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Colombia

Constitución política de 1991

Defensoría del Pueblo

Perú

Constitución política de 1993 1996: Primer defensor

Defensoría del Pueblo

Bolivia

Defensoría del Pueblo

Paraguay

Creación: Constitución política de 1992 Inicio: 1 de octubre de 1998 Creación: 1992, designación del defensor octubre 2001 Inicio funciones: 2 de enero de 2002

Defensoría del Pueblo

Argentina80

1 de diciembre de 1993

Defensoría del Pueblo

Nota. Elaborado por: Defensoría del Pueblo, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

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79 La información detallada en la tabla fue tomada de las páginas web de las Defensorías, Procuradurías y Comisiones señaladas.

80 Argentina tiene defensorías del pueblo por provincias y una nacional.

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Capítulo 3: Los Principios de París

Los Principios de París vienen a ser preceptos lo suficientemente amplios y generales, pero a la vez precisos, que permiten a las instituciones que se enmarcan en ellos realizar su trabajo con efectividad. Estos Principios señalan, por ejemplo, que la composición de las INDH deberán “ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales (de la sociedad civil) interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos” (OACDH, s.f., Folleto Informativo No. 19Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, p. 10).

Por otra parte, los Principios de París explican que las INDH deben gozar de independencia para lo cual, entre otros aspectos, deben contar con los recursos necesarios para dotarse de personal y locales propios y su representante debe tener un mandato con una duración determinada (OACDH, s.f., Folleto Informativo No. 19- Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos).

Las atribuciones de las INDH según los Principios de París.

De acuerdo con los Principios de París, las atribuciones y competencias de las INDH son las siguientes: · Presentar los dictámenes, recomendaciones, propuestas e informes sobre cuestiones relativas a la protección y promoción de los derechos humanos a título consultivo Las INDH podrán presentar al gobierno, al parlamento y a cualquier otro órgano pertinente dictámenes, recomendaciones, propuestas e informes sobre todas las cuestiones relativas a la protección y promoción de los derechos humanos. En este marco, sus esferas de trabajo son, entre otras: · Referirse a disposiciones de carácter legislativo y administrativo y aquellas relativas a la organización judicial, con el fin de preservar y ampliar la protección de los derechos humanos. En caso de creerlo oportuno la INDH podrá proponer una nueva legislación y la modificación de una legislación en vigor. · Elaborar informes, generales o sobre cuestiones específicas, en materia de derechos humanos. · En el marco de su independencia, contribuir a la redacción de los informes que en materia de obligaciones relativas a derechos debe presentar el Estado tanto a los órganos de Naciones Unidas como a los organismos y órganos regionales. · Llamar la atención del Gobierno sobre situaciones de violación de los derechos humanos y proponer medidas para poner término a esas situaciones. · Trabajar en la enseñanza e investigación en derechos humanos, colaborando en la elaboración y aplicación de programas. · Difundir los derechos humanos y la lucha contra la discriminación. · Toda situación de violación de derechos humanos de la cual decida ocuparse.

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Los Principios de París contienen los estándares normativos mínimos que deben seguir las INDH para ser consideradas como tales. Los Principios de París se adoptaron en 1991 por diversas INDH y más adelante fueron avalados por la Comisión de Derechos Humanos (hoy Consejo de Derechos Humanos) y por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (París Principios: Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, s.f.).

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En Ecuador, la estructura institucional actual de la Defensoría del Pueblo permite que el área de tutela de derechos humanos y de la naturaleza lleve adelante investigaciones y procesos defensoriales que terminan con una resolución en la cual se incluyen recomendaciones adecuadas a la situación concreta. De acuerdo con esta forma de actuar se procede en todas las Coordinaciones Generales Defensoriales Zonales, Delegaciones Provinciales y en las Direcciones Nacionales de Tutela de Derechos Humanos y de la Naturaleza; y, cuando corresponde, en los casos que conoce la o el Defensor del Pueblo o la o el Adjunto, responsable del área de derechos humanos y de la naturaleza.

La DPE, además, emite pronunciamientos y recomendaciones a través de informes temáticos y observaciones a leyes, y normas de inferior jerarquía, producidas por la Asamblea Nacional o por cualquier otro órgano estatal con facultad legislativa o normativa.

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· Promover y asegurar que la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales se armonicen con los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que el Estado sea parte, y que su aplicación sea efectiva.

En este marco, les corresponde a las INDH tomar un rol activo en los procesos de aprobación de legislación, reglamentos y política pública, por una parte, y, por otra, familiarizarse con las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos y las recomendaciones que el país, ha recibido de los diferentes mecanismos internacionales y regionales de protección de derechos humanos.

En particular, la Defensoría del Pueblo de Ecuador cumple con esta facultad a través de los informes temáticos y las observaciones normativas mencionadas anteriormente. · Promover la ratificación de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y su aplicación Corresponde a las INDH generar campañas que alienten la ratificación de nuevos instrumentos internacionales con el fin de procurar que, tanto a nivel gubernamental como respecto de la sociedad civil, se comprenda su importancia. En estas campañas es importante trabajar de la mano con los propios órganos de comunicación de las instancias involucradas en el proceso de ratificación. Por otro lado, es importante que las INDH generen mecanismos para lograr la aplicación de los instrumentos aprobados.

El último proceso de estas características en el cual estuvo involucrada la Defensoría del Pueblo de Ecuador fue en la campaña de ratificación del Protocolo Facultativo contra la Tortura, los Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. · Contribuir a la elaboración de los informes que los Estados deban presentar a los órganos y comités de las Naciones Unidas, así como a las instituciones regionales PAG 76

Las INDH deben colaborar con los Gobiernos en la comprensión de las directrices para la elaboración de informes así como en su elaboración como tal. Con el fin de conservar su independencia, las INDH pueden emitir dictámenes sobre la forma como se ha llevado a cabo el proceso e incluso recomendar al Gobierno mecanismos abiertos de elaboración que integren tanto a las diferentes instituciones del Estado como a la sociedad civil. La Defensoría del Pueblo de Ecuador ha enviado al Gobierno aportes e informes específicos que han enriquecido el Informe País en temas relativos, por ejemplo, a trabajadoras y trabajadores migratorios, al proceso de examen periódico universal, entre otros.

Asimismo, de acuerdo con los Principios de París, la Defensoría del Pueblo puede elaborar informes sobre la situación nacional en materia de derechos humanos (en general o sobre cuestiones específicas) que son muchas veces requeridos por los órganos, comités, o dentro de mecanismos extraconvencionales de protección de las Naciones Unidas y por otros entes regionales de protección. · Cooperar con las Naciones Unidas y organismos regionales de promoción y protección de los derechos humanos Las INDH, como hemos visto, están llamadas a tender puentes con las instituciones internacionales de protección de los derechos humanos, su interacción es la base para un fortalecimiento mutuo. Tal es así que

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la relación de la Defensoría del Pueblo de Ecuador con el Sistema de Naciones Unidas constituye una estrategia prioritaria para el cumplimiento de su mandato. · Colaborar en la elaboración de programas relativos a la enseñanza y la investigación en la esfera de los derechos humanos Las INDH deben generar programas de enseñanza e investigación en derechos humanos para ser aplicados en el ámbito escolar, universitario y profesional, así como al interior de la DPE. El interés común respecto de la enseñanza en derechos humanos, le permite a la DPE desarrollar programas conjuntos con otras instituciones como la Corte Constitucional, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos e incluso a nivel regional en el marco de las redes regionales de las INDH en las Américas.

Las INDH deben generar campañas y otros mecanismos, para la sensibilización de la opinión pública con relación a la lucha contra la discriminación. Es deseable que se empleen para ello los medios de comunicación.

Uno de los ejes sustanciales para el desarrollo del trabajo de la Defensoría del Pueblo es la lucha contra la discriminación y la violencia; así por ejemplo, la Defensoría está involucrada en la campaña Compartir en Solidaridad impulsada por la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR.

Capítulo 4: Características de las INDH

Muchas de las características de las INDH se basan en los Principios de París antes expuestos, a continuación se las detalla: · Independencia Las INDH son instituciones independientes lo cual implica que una norma jurídica debe regular de forma clara los mecanismos de selección de su representante, o sus miembros y la duración de su mandato con el fin de garantizar la estabilidad del titular en el cargo; asimismo, la forma de financiamiento que garantice recursos y personal suficiente, sus atribuciones y adecuados mecanismos de rendición de cuentas. Las INDH no están llamadas a recibir instrucciones de los gobiernos ni de las organizaciones de la sociedad civil y deben en todo momento evitar conflictos de intereses (Consejo Internacional para Estudios de Derechos Humanos [CIEDH], 2005).

En Ecuador, la Defensoría del Pueblo es la Institución Nacional de Derechos Humanos y su titular, por mandato constitucional81, es designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (entidad parte de la Función de Transparencia y Control Social) luego de un proceso de selección, para cuyo efecto, este mismo Consejo organiza comisiones ciudadanas de selección que llevan adelante un concurso público de oposición y méritos, con postulación, veeduría y derecho a impugnación ciudadana.

Las comisiones ciudadanas de selección se integran por una delegada o delegado por cada una de las cinco funciones del Estado e igual número de representantes por las organizaciones sociales y la ciudadanía, escogidos en sorteo público.

La candidata o candidato a Defensor del Pueblo que obtiene el mayor puntaje en el concurso de oposición y méritos es reconocido y designado en el cargo y posesionado por la Asamblea Nacional.

De acuerdo con el artículo 215 de la Constitución, la Defensoría del Pueblo de Ecuador tiene jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera; su estructura es desconcentrada y su titular tiene delegados o delegadas en cada provincia y en el exterior. Su titular tiene un mandato de 5 años.

81 Ver los artículos correspondientes en la Constitución: 208, numeral 11, 209 y 210.

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· Dar a conocer los derechos humanos y la lucha contra todas las formas de discriminación, en particular la discriminación racial

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Por lo anterior, la independencia de la Defensoría del Pueblo en Ecuador está garantizada de manera integral y la Institución tiene el más alto rango jurídico. · Regulación a través de la Constitución o la ley Las INDH deben regularse a través de una norma jurídica, de preferencia, a través de la Constitución, puesto que de esta forma se garantiza su permanencia en el tiempo y por tanto su labor puede causar un verdadero impacto (CIEDH, 2005).

En Ecuador, la Defensoría del Pueblo se encuentra establecida y regulada en la Constitución y despliega sus atribuciones en el marco de su Ley Orgánica y otra legislación conexa como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otras.

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· Procedimiento abierto y transparente para nombrar a su más alta autoridad

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La más alta autoridad de las INDH debe ser elegida a través de un procedimiento, regulado jurídicamente y que sea abierto y transparente (CIEDH, 2005). Esto quiere decir que no es deseable que el Gobierno designe la más alta autoridad de una INDH. Por otra parte, implica que la mayor parte de personas puedan nominar o ser nominadas para representar a una INDH y que toda la ciudadanía pueda estar atenta e incluso intervenir en el desarrollo del proceso de selección.

En el acápite de la independencia de la INDH se detalla el procedimiento de designación de la Defensora o Defensor del Pueblo en Ecuador, el cual por sus características es innovador y completamente participativo.

Tal como la propia INDH, su representante debe ser independiente y con competencias para cumplir su labor a cabalidad. Por tanto, no debe pertenecer a ninguna organización político partidista y debe tratarse de una persona con conocimientos y experiencia en el ámbito de los derechos humanos (CIEDH, 2005).

El rango constitucional de la Defensoría del Pueblo en Ecuador, las atribuciones consagradas en la Constitución y la ley, y el mecanismo de designación de la Defensora o Defensor del Pueblo garantizan que quien ejerce este cargo sea una persona y un profesional con conocimiento, experiencia y reconocimiento público en materia de derechos humanos. · Relación con la sociedad civil Las INDH deben mantener una relación permanente con las organizaciones de la sociedad civil que les permita reflejar, en su accionar, las prioridades e inquietudes primordiales de la ciudadanía a la que se deben. Esta relación puede darse, por ejemplo, a través de consejos consultivos donde la INDH puede tener acceso al importante bagaje de conocimientos de las y los expertos provenientes de la sociedad civil (CIEDH, 2005).

En este sentido, la DPE fomenta espacios de diálogo interinstitucional con organizaciones de la sociedad civil, colectivos, personas de grupos de atención prioritaria y otras personas vulnerables a la violación de derechos humanos, y por ejemplo, ha establecido espacios de trabajo permanentes con colectivos de la sociedad civil que han sido discriminados históricamente, como los colectivos GLBTI, pueblos afrodescendientes y personas adultas mayores, con quienes se ha establecido reuniones de trabajo permanentes en las que se han identificado necesidades específicas, se han analizado las competencias institucionales y se han definido compromisos y hojas de ruta. Asimismo, la Defensoría ha promovido reuniones de trabajo en las que se ha aproximado a las y los familiares de personas desaparecidas, y a su problemática, que han permitido organizar varias actividades, como documentación de casos a nivel nacional para la vigilancia del debido proceso, encuentros nacionales, elaboración de videos de sensibilización, etc. (DPE, 2014). · Accesibilidad Las INDH deben ser accesibles para quienes las necesitan, por tanto, deben idearse mecanismos para acercar sus servicios a la ciudadanía en general. Es deseable además que estos mecanismos atiendan las particularidades de los diferentes grupos que acceden a ellas con el fin de que el acceso sea efectivo. En este sentido, por ejemplo, es importante la existencia de traductores o traductoras, de personal formado y sensibilizado en derechos humanos, y en las problemáticas vinculadas a la violencia contra las mujeres (CIEDH, 2005).

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La Defensoría del Pueblo de Ecuador desarrolla sus facultades a través de tres principios: informalidad, inmediatez y gratuidad, lo cual permite un acceso ciudadano a los servicios que presta de manera ágil e inmediata.

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Ideas clave de esta unidad

· Existen varias clases de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), cuyas funciones se relacionan con la promoción y protección de derechos en el ámbito nacional de un Estado. · La Defensoría del Pueblo de Ecuador corresponde con la figura del Ombudsman por las funciones que cumple y porque su titular es unipersonal. Se encuentra acreditada por el Comité Internacional de Coordinación de las INDH, con estatus A desde 1999. · Una de las características más importantes que debe observar la INDH es la independencia, tanto de la institución como tal (en relación con los poderes públicos y la sociedad civil) así como de sus autoridades, lo cual se garantiza a través de un proceso transparente y participativo de designación.

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La figura del Defensor del Pueblo fue introducida en nuestra Constitución en 1996 durante el proceso de reformas constitucionales que se impulsó en aquella época (Romero, 2010).

Al Defensor del Pueblo le correspondía promover y patrocinar los recursos de hábeas corpus y de amparo y además defender y excitar la observancia de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución. Más adelante, la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de 1998 mantuvo esta figura con las mismas funciones pero le añadió la atribución de observar la calidad de los servicios públicos.

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Rol y funciones Defensoría del Pueblo de Ecuador

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Capítulo 1: La Defensoría del Pueblo en la Constitución del Ecuador

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La Constitución vigente, aprobada en 2008, en sus artículos 214 y 215, se refiere a la figura de la Defensoría del Pueblo, institución a la que corresponde la protección y tutela de los derechos de las y los habitantes de nuestro país y la defensa de los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentren en el exterior; así, ante violaciones o inminentes violaciones a los derechos humanos, la DPE está llamada a poner en marcha una serie de mecanismos para proteger y defender nuestros derechos.

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La Defensoría del Pueblo, tal como ha sido incorporada en la institucionalidad de Ecuador, y como ha venido funcionando, guarda también correspondencia con la llamada Magistratura Moral del Ombudsman, teniendo fundamento en la independencia del Defensor “como la construcción de un discurso que se divulga para generar un aprendizaje sobre la necesidad de construir y mantener vivos los diálogos abiertos y permanentes […] amplios e incluyentes” (Proyecto Fortalecimiento de la Federación Iberoamericana del Ombdusman, 2014, párr. 5) para construir, a su vez, discursos donde “el Ombudsman debe hacer prevalecer valores republicanos y democráticos” (PROFIO, 2014, párr. 5). Por ejemplo, la libertad individual, la promoción de modelos de desarrollo incluyentes y participativos, la garantía de derechos colectivos, de grupos de atención prioritaria, el respeto a la diversidad, etc.

De forma específica, nuestra Constitución en el artículo 215, señala que las atribuciones de la DPE son las siguientes: · El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de protección, hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados. · Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus incumplimientos. · Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos. · Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas.

Estas funciones y atribuciones convierten a la Defensoría del Pueblo, sin duda alguna, en uno de los espacios más importantes para el fortalecimiento del orden democrático de Ecuador.

La labor de la Defensoría, orientada al cumplimiento de sus funciones y atribuciones constitucionales y legales, se realiza de acuerdo con su Estructura Organizacional por procesos que prevé el nivel directivo a cargo del Defensor del Pueblo y las dos Adjuntías: de Derechos Humanos y de la Naturaleza y de Usuarios y Consumidores. Cada Adjuntía, cuenta con direcciones generales, las mismas que se componen a su vez de direcciones nacionales. La estructura de la DPE se encuentra desconcentrada, así cuenta con oficinas nacionales, coordinaciones zonales y delegaciones provinciales y en el exterior. Es importante anotar que esta estructura ha sido producto de una evolución institucional y del compromiso que ha tomado como norte la consecución de las atribuciones de promoción y protección de los derechos humanos, expresadas en la misión y visión institucionales.

La Adjuntía de Derechos Humanos y de la Naturaleza tiene a su cargo las direcciones generales de Tutela, Dirección General de Educación e Investigación Dirección Nacional Técnica de Educación y Capacitación

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Política Pública, y Educación e Investigación. La Adjuntía de Usuarios y Consumidores tiene a su cargo las direcciones generales de Usuarios y Servicios Públicos Domiciliarios y la de Consumidores de Bienes y Productos de Consumo Masivo. Las adjuntías están encargadas, principalmente, de coordinar, aprobar, supervisar y evaluar el funcionamiento del nivel operativo de protección y promoción de derechos humanos y de la naturaleza y de las personas usuarias y consumidoras, respectivamente. Por su parte las direcciones que se han mencionado, a través de sus direcciones nacionales, están encargadas, en términos generales, de dirigir, planificar, diseñar y ejecutar los procesos misionales de la Defensoría del Pueblo.

Procesos de educación en derechos humanos.

Por otra parte, la Dirección tiene a su cargo la implementación y administración de la primera biblioteca especializada en derechos humanos y de la naturaleza en el país: repositorio.dpe.gob.ec.

Este importante recurso está a disposición, no sólo de las servidoras y servidores de la DPE, sino del público en general. Finalmente, se encarga de la revisión editorial de toda la documentación especializada en DDHH, derechos de la naturaleza y derechos de personas usuarias y consumidoras que produzca la Institución para verificar que la misma tenga enfoque en derechos humanos, la materia esté alineada al trabajo de la DPE y su lenguaje sea de alcance al público al que se dirige cada documento o información.

Procesos de investigación e incidencia en políticas públicas.

Para el cumplimiento de la misión institucional de la DPE, la institución cuenta con una serie de mecanismos, entre los cuales se encuentra la producción de investigaciones en materia de derechos humanos y de la naturaleza, así como la generación de estrategias de incidencia para la política pública y normativa en materia de derechos humanos.

En este marco, se ha encargado a la Dirección General de Política Pública la ejecución de las líneas de investigación, así como el establecimiento de estrategias de incidencia en políticas públicas para incorporar el enfoque de derechos humanos y de la naturaleza en las mismas. Con este fin se desarrollan informes temáticos, diagnósticos sociales y documentos ayuda de temas específicos de la materia. Estas investigaciones sirven como insumos para el trabajo interno de la DPE, ya que aportan con elementos para la emisión de pronunciamientos oficiales y para la incidencia en otras instancias estatales a través de las recomendaciones emitidas a las instituciones responsables en cada temática.

Para generar estos insumos, como ya se anotó, la DPE, fomenta espacios de diálogo interinstitucionales, con organizaciones de la sociedad civil, colectivos, personas de grupos de atención prioritaria y otras personas vulnerables a la violación de derechos humanos.

Además, la DPE es la encargada de monitorear el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LOTAIP respecto al derecho de acceso a la información pública, así como de difundir este derecho entre la población.

Procesos de tutela.

La DPE emplea diversos mecanismos para la protección de derechos. A continuación se detalla, de manera práctica, los casos en los que la DPE es competente para conocer y realizar investigaciones y trámites de diversa índole. Estos casos se tramitan a través de las Coordinaciones Generales Defensoriales Zonales, las Delegaciones Provinciales y a nivel nacional según las directrices de la Dirección General Tutelar.

Una vez que las peticiones que presenta la ciudadanía son admitidas, se tramitan a través de procedimientos defensoriales. En anexo 5 se detalla cada uno de estos trámites.

Adicionalmente, es importante señalar que forman parte de los derechos humanos, con sus particularidades

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La coordinación de estrategias para generar conocimientos y procesos de educación en derechos humanos y de la naturaleza, está a cargo de la Dirección General de Educación, que diseña aprueba el contenido y la metodología de los diferentes procesos de difusión, sensibilización, capacitación y formación que desarrolla la Institución y determina los parámetros para los procesos de educación que impartirán las servidoras y los servidores públicos de la DPE, con el fin de verificar su pertinencia con el trabajo misional.

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correspondientes, los derechos de las personas consumidoras de bienes y usuarias de servicios públicos, de acuerdo con los artículos 52 y siguientes de la Constitución. Estos derechos se encuentran desarrollados en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, cuerpo legal que es anterior a la Constitución actual (fue expedido en el año 2000), que recoge una serie de principios tendientes a precautelar la seguridad, la salud, el acceso a la información y el ejercicio de acciones de personas consumidoras y usuarias, entre otros.

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La Constitución vigente establece la competencia de la DPE para conocer de los reclamos por mala calidad o indebida prestación de servicios públicos o privados. Asimismo, la norma suprema establece la facultad de investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones sobre acciones y omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos. Con estos fines, la DPE ha determinado los mecanismos a través de los cuales se tutelen estos derechos, que se articulan a través de la Adjuntía de Usuarios y Consumidores y sus Direcciones generales y nacionales. En el anexo 6 se podrá encontrar un detaller del tema.

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Capítulo 2: La Defensoría del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura De acuerdo con la Constitución ecuatoriana, la Defensoría del Pueblo tiene el mandato de prevenir e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas; y, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, tiene la atribución de realizar visitas periódicas a los Centros de Rehabilitación Social, unidades de investigación, recintos policiales y militares para comprobar el respeto a los derechos humanos.

Por ello, una vez que Ecuador ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes el 5 de abril de 2010, y depositó el instrumento de ratificación el 20 de julio de 2010, la Defensoría del Pueblo el 8 de noviembre de 2011 suscribió la Resolución Defensorial 111-DPE-2011 para regular el funcionamiento y competencias del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en Ecuador (DPE, 2013).

El Subcomité para la Prevención de la Tortura desde marzo de 2012 ha incorporado en su portal electrónico a la Defensoría del Pueblo como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en Ecuador.

En ejercicio de esta función, se ha implementado en la Defensoría del Pueblo la Dirección Nacional del Mecanismo de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, MNPT, conformado por un equipo multidisciplinario de servidoras y servidores y, desde 2012, se ha adoptado como uno de los ejes estratégicos de trabajo el derecho a la integridad personal enfatizando, justamente, en la prevención de la tortura, la desaparición forzada y los tratos o penas crueles inhumanos o degradantes (DPE, 2015, Informe Anual de Labores 2014).

Como ya se mencionó, entre las principales facultades del MNPT se encuentran aquellas de visitar y monitorear el trato y las condiciones de estadía de las personas internas tanto en los centros de privación de libertad, como en los lugares donde no tengan posibilidad de transitar libremente (DPE, 2015, Informe Anual de Labores 2014).

La relación entre el Mecanismo y las Naciones Unidas, a través del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, SPT, se enmarca en lo dispuesto en el artículo 11 literal b) del Protocolo Facultativo al que ya se hizo mención; asimismo, los Mecanismos Nacionales de Prevención, se rigen por el mismo cuerpo legal, específicamente por los artículos contenidos en la Parte IV de dicho Protocolo. En ese sentido tenemos que, por ejemplo, con el fin de fortalecer el MNPT, durante el año 2014, se recibió la visita del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, SPT, que acompañó al Mecanismo en dos visitas puntuales.

Gracias a la visita se logró una mayor visibilización de las competencias del Mecanismo ante las instituciones que conforman el Organismo Técnico de Rehabilitación Social.

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· La Defensoría del Pueblo de Ecuador tiene el mandato constitucional de promover y proteger los derechos de todas las personas que habitan el territorio nacional. Para este efecto cuenta con diversos mecanismos defensoriales. · La promoción de los derechos humanos se realiza a través de la educación y capacitación, tanto de la ciudadanía cuanto de las y los servidores públicos, con el fin de difundir los derechos y las obligaciones derivadas de los mismos, y contribuir a lograr su cumplimiento. · El cumplimiento de las funciones de promoción de derechos humanos, implica que la DPE realice actividades de incidencia en normativa y políticas públicas con el fin de que el Estado garantice la aplicación del enfoque de derechos en la génesis, vigencia y derogación de las normas que componen el ordenamiento jurídico interno y de las políticas públicas. Estas funciones están a cargo de la Dirección General de Política Pública. Por su parte la Dirección General de Educación y Capacitación, tiene también un rol fundamental en la promoción de derechos a través de los procesos de educación en derechos humanos (de difusión, sensibilización, capacitación y formación) que lleva a cabo. Vale señalar que los procesos de incidencia en normativa y en políticas públicas, como los procesos de educación en derechos humanos, se realizan a nivel desconcentrado. · En cuanto a la protección de derechos, esta se realiza a través de las unidades desconcentradas y de la Dirección General Tutelar, dependencias que tienen a su cargo la protección y tutela de derechos cuando se encuentran amenazados o se han vulnerado en casos determinados. Las competencias de la DPE, en este sentido, se extienden a toda actividad estatal y también a la de los entes privados que por su posición de ventaja respecto de la ciudadanía y los colectivos, se encuentran en posibilidad de vulnerar derechos humanos. · La DPE tiene competencias en relación con los servicios públicos y bienes de consumo. Por ello, su accionar también se orienta al cumplimiento de los derechos y principios establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. · La Defensoría del Pueblo del Ecuador es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en términos del Protocolo Facultativo correspondiente, suscrito y ratificado por Ecuador.

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Ideas clave de esta unidad

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ANEXOS

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ANEXOS

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ANEXOS

Anexo 1.

Garantías Jurisdiccionales

Tabla 1.1 Objeto

Conseguir el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución.

¿Cuándo procede?

Podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.

Nota. Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. (2009). Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Quito: A.N. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

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Acción de protección

Tabla 1.2

Acción de hábeas corpus Objeto Recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad.

¿Cuándo procede?

Podrá interponerse cuando se haya privado de libertad a una persona de forma ilegal, arbitraria o ilegítima por orden de autoridad pública o de cualquier persona.

También se interpone en casos de tortura, trato cruel, inhumano o degradante contra las personas privadas de libertad, aun si la privación de libertad es legal y legítima.

Nota. Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. (2009). Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Quito: A.N. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

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ANEXOS

Tabla 1.3

Acción de acceso a la información pública Objeto Garantizar el acceso a la información que se encuentre en entidades públicas y en entidades privadas que tengan fondos públicos y cumplan funciones o servicios públicos.

¿Cuándo procede?

Se interpone cuando la información (es decir, un documento determinado) ha sido denegado expresa o tácitamente por parte de una entidad pública o privada, garante de tal información.

Nota. Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. (2009). Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Quito: A.N. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

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Tabla 1.4

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Acción de hábeas data Objeto Garantizar a la persona el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes sobre sí misma o sobre sus bienes, que estén en poder de entidades públicas o privadas. Asimismo, conocer el uso que se haga de dicha información, su finalidad, el origen y destino, y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.

¿Cuándo procede?

Podrá interponerse cuando una persona requiera conocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas. La persona titular de los datos podrá solicitar a la o el responsable del banco de datos, el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias.

Nota. Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. (2009). Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Quito: A.N. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

Tabla 1.5

Acción por incumplimiento Objeto Garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos.

¿Cuándo procede?

Podrá interponerse cuando la norma, sentencia, decisión o informe cuyo cumplimiento se persigue contengan una obligación de hacer o no hacer, clara, expresa y exigible.

Para el efecto es necesario un reclamo previo con el propósito de que se configure el incumplimiento.

Nota. Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. (2009). Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Quito: A.N. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

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ANEXOS

Tabla 1.6

Acción extraordinaria de protección Objeto Protección de los derechos constitucionales y del debido proceso en sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia en el ámbito judicial y la justicia indígena.

¿Cuándo procede?

Podrá interponerse cuando se hayan violado derechos reconocidos en la Constitución, por acción u omisión las sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia.

Se exceptúan los casos que pueden revisarse a través de casación (como la legalidad del acto, por ejemplo).

Tabla 1.7

Acción de incumplimiento (art. 163 LOGJCC) Objeto Lograr el cumplimiento de las sentencias, autos y resoluciones de justicia constitucional.

¿Cuándo procede?

Cuando ha existido inejecución o defectuosa ejecución de sentencias, autos o resoluciones emitidas dentro de garantías jurisdiccionales.

Nota. Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. (2009). Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Quito: A.N. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

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Nota. Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. (2009). Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Quito: A.N. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

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ANEXOS

Anexo 2.

Comités de Naciones Unidas

Tabla 2.1

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Comité de Derechos Humanos, CCPR Instrumento internacional que protege Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Examina los informes periódicos de los Estados partes.

Recibe comunicaciones individuales de los Estados que se hayan adherido al Primer Protocolo Facultativo.

Puede recibir comunicaciones entre Estados.

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo a la abolición de la pena de muerte Nota. Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2008). Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos: Un manual para la sociedad civil. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

Tabla 2.2

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CESCR Instrumento internacional que protege

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Funciones

Funciones

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Examina los informes periódicos de los Estados partes.

Recibe comunicaciones individuales de los Estados parte del Protocolo Facultativo del Pacto.

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Puede recibir comunicaciones entre Estados.

Realiza investigaciones confidenciales en caso de recibir denuncias sobre graves, serias y sistemáticas violaciones al Pacto.

Nota. Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2008). Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos: Un manual para la sociedad civil. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

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ANEXOS

Tabla 2.3

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERD Instrumento internacional que protege Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial

Funciones Examina los informes periódicos de los Estados partes.

Recibe comunicaciones individuales de los Estados partes que hayan hecho una declaración expresa de acuerdo al artículo 14 de la Convención.

Puede recibir comunicaciones entre Estados.

Tabla 2.4

Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW Instrumento internacional que protege

Funciones

Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

Examina los informes periódicos de los Estados partes.

Recibe comunicaciones individuales de los Estados partes del Protocolo Facultativo a la Convención.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

Realiza investigaciones confidenciales en caso de denuncia de violaciones graves y sistemáticas de derechos.

Nota. Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2008). Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos: Un manual para la sociedad civil. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

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Tabla 2.5

Comité contra la Tortura, CAT Instrumento internacional que protege Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Funciones Examina los informes periódicos de los Estados partes.

Recibe comunicaciones individuales de los Estados partes que han realizado la declaración expresa conforme al artículo 22 de la Convención.

Puede recibir comunicaciones entre Estados.

Realiza investigaciones confidenciales en caso de denuncia de procesos sistemáticos de tortura en un Estado Parte.

Nota. Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2008). Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos: Un manual para la sociedad civil. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

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Nota. Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2008). Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos: Un manual para la sociedad civil. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

ANEXOS

Tabla 2.6

Subcomité para la Prevención de la Tortura, SPT Instrumento Internacional que protege Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Funciones Realiza visitas a lugares en que haya personas privadas de libertad a fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Nota. Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2008). Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos: Un manual para la sociedad civil. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

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Tabla 2.7

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Comité de los Derechos del Niño, CRC Instrumento Internacional que protege

Funciones

Convención sobre los Derechos del Niño

Examina los informes periódicos de los Estados partes.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados

Recibe comunicaciones individuales respecto de los Estados parte del tercer Protocolo Facultativo.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía

Puede recibir comunicaciones entre Estados si existe una declaración de reconocimiento expresa.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones

Realiza investigaciones confidenciales en caso de recibir denuncias sobre graves, serias y sistemáticas violaciones a la Convención y sus protocolos facultativos.

Nota. Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2008). Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos: Un manual para la sociedad civil. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

82 Ecuador no ha ratificado aún el protocolo, por lo que el Comité no recibiría comunicaciones respecto del Ecuador de acuerdo con la página electrónica de las Naciones Unidas consultada el 5 de junio de 2015: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11d&chapter=4&lang=en

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ANEXOS

Tabla 2.8

Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, CMW Instrumento internacional que protege Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares

Funciones Examina los informes periódicos de los Estados partes.

Recibe comunicaciones individuales de parte de los Estados que han hecho la declaración expresa requerida en el artículo 77 de la Convención83.

Puede recibir comunicaciones entre Estados.

Tabla 2.9

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CRPD Instrumento internacional que protege

Funciones

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

Examina los informes periódicos de los Estados partes.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Recibe comunicaciones individuales de los Estados partes del Protocolo Facultativo de la Convención.

Realiza investigaciones confidenciales en caso de recibir denuncias sobre graves, serias y sistemáticas violaciones a la Convención.

Nota. Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2008). Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos: Un manual para la sociedad civil. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015

Tabla 2.10

Comité contra la Desaparición Forzada, CED Instrumento internacional que protege Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas

Funciones Examina los informes periódicos de los Estados partes.

Recibe comunicaciones individuales de los Estados partes del Protocolo Facultativo de la Convención.

Realiza investigaciones confidenciales en caso de recibir denuncias sobre graves, serias y sistemáticas violaciones a la Convención.

Nota. Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2008). Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos: Un manual para la sociedad civil. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

83 A diciembre de 2015, aún no existen las diez declaraciones expresas requeridas por la Convención para que esta competencia entre en vigor. Al respecto se puede consultar en la página https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en

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Nota. Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2008). Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos: Un manual para la sociedad civil. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

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ANEXOS

Anexo 3.

Procedimientos Especiales de Naciones Unidas Tabla 3.1

Mecanismos utilizados en los Procedimientos Especiales Mecanismo

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Remitir comunicaciones

Alcance Intervenir en relación con casos individuales que conozcan a través de fuentes pertinentes y fiables.

Remitir comunicaciones a los gobiernos: ya sea cartas de alegaciones donde pueden solicitar información o llamamientos urgentes respecto de la adopción de medidas cautelares o la realización de investigaciones. Los llamamientos urgentes se realizan ante posibilidad de que la presunta víctima pierda o peligre su vida o el daño que pueda sufrir sea gravísimo, constante o inminente.

Las cartas de alegaciones proceden para comunicar información y solicitar respuestas y/o aclaraciones acerca de presuntas violaciones de los derechos humanos.

Los titulares de mandatos pueden enviar comunicaciones conjuntas si los casos se relacionan con uno o más mandatos.

Se reservan el derecho de intervenir ante los gobiernos, de acuerdo con las directrices que establezcan y el Código de Conducta.

Los titulares de mandatos deben: · Seguir los principios de discreción, transparencia, imparcialidad y ecuanimidad; · Guardar la confidencialidad de las fuentes; · Basarse en hechos objetivos y fiables, · Escuchar a los representantes del Estado formuladas contra dicho Estado. Asimismo, el titular del mandato deberá adjuntar a su(s) informe(s) un resumen de las respuestas por escrito del Estado.

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Realizar visitas a los países

Pueden solicitan visitar el país, si el Gobierno está de acuerdo formula una invitación (algunos países, como Ecuador, han formulado invitaciones permanentes, es decir que aceptan recibir en cualquier momento la visita de cualquier titular de mandato de los procedimientos especiales).

Las visitas a los países se realizan de acuerdo con el Código de Conducta de los titulares de mandatos especiales. Permiten evaluar la situación general en el ámbito del derecho humano que se trate, y una concreta en el Estado correspondiente.

En las visitas toman contacto con actores gubernamentales y no gubernamentales.

Formulan recomendaciones en informes públicos que son puestos en consideración del Consejo de Derechos Humanos.

Elaboran conclusiones preliminares y pueden realizan conferencias de prensa.

Del compromiso y la cooperación del Estado depende el éxito de la visita.

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ANEXOS

Publicar informes

Presentan cada año un informe anual A pedido del Consejo pueden elaborar informes sobre una temática específica.

Los informes son públicos y constituyen documentos autorizados para guiar la labor de seguimiento o defensa en materia del ámbito del mandato.

Elaborar estudios temáticos

Pueden elaborar estudios temáticos, que orientan a los Gobiernos y a la sociedad civil.

Pueden auspiciar reuniones de expertas y expertos sobre cuestiones temáticas en materia de derechos humanos.

Publicar comunicados de prensa

Pueden redactar comunicados de prensa respecto de una situación determinada o de las normas internacionales que deban respetar los Estados

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Nota. Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (s.f.). Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos: Un manual para la sociedad civil. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

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ANEXOS

Anexo 4.

Trámites defensoriales Tabla 4.1

Trámites defensoriales en la DPE

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Trámites defensoriales

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Breve explicación

Gestión Oficiosa

Son acciones y actuaciones directas e inmediatas que tiene como finalidad solucionar de manera eficaz la afectación de un derecho. La Defensoría del Pueblo podrá realizar gestiones oficiosas, ante las instancias públicas o privadas involucradas, únicamente aquellos casos que sean competencia de la Defensoría del Pueblo.

Investigación Defensorial

Constituye una serie de acciones concretas y necesarias que tienen por objeto el esclarecimiento de los hechos investigados, con la finalidad de determinar la existencia de amenaza o vulneración de uno o varios derechos fundamentales que hayan sido aludidos por la o el peticionario.

Vigilancia del Debido Proceso

Constituye el seguimiento y la supervisión del conjunto de actos y etapas realizados dentro de un proceso administrativo o jurisdiccional en el que se determinan derechos u obligaciones de cualquier índole, a fin de asegurar la aplicación, la oportunidad y la eficacia del derecho fundamental al debido proceso. La vigilancia del debido proceso cabe de aquellos procesos judiciales o administrativos que se encuentren en sustanciación.

Para proceder a la vigilancia del debido proceso, debe verificarse una amenaza o violación de derechos procesales tales como el derecho a la defensa, a presentar pruebas, a recurrir el fallo, entre otros descritos principalmente en los Arts. 76 y 77 de la Constitución.

Patrocinio de Garantías Jurisdiccionales

La Defensoría del Pueblo podrá patrocinar las garantías jurisdiccionales establecida en la Constitución y la Ley de la materia, con la finalidad de brindar protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, cuando sea necesaria la declaración de la violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por la misma.

Interposición de Amicus curiae

Es un proceso que le permite a la Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Derechos Humanos contribuir con su opinión jurídica a favor de la vigencia, aplicación y progresividad de los derechos, de manera que en la sentencia pueda considerarse estos criterios.

Seguimiento del cumplimiento de sentencias de garantías jurisdiccionales y dictámenes constitucionales

La Defensoría del Pueblo deberá atender los requerimientos de los jueces y juezas, Tribunales y Cortes para hacer el seguimiento del cumplimiento de sentencias de garantías jurisdiccionales y de la ejecución de medidas cautelares. Para el efecto, informará periódicamente a la autoridad jurisdiccional, sin perjuicio de la acción de incumplimiento que pueda interponerse para la protección de derechos.

Este proceso no debe ser confundido con que la Defensoría del Pueblo proceda a ejecutar la sentencia, en virtud de que esto último es competencia de la autoridad jurisdiccional.

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Solicitud de selección de sentencias de garantías jurisdiccionales a la Corte Constitucional

La Defensora o Defensor del Pueblo solicitará la selección de sentencias de garantías jurisdiccionales a la Corte Constitucional, cuando: · Se trate de graves violaciones a los derechos fundamentales; · El caso sea novedoso, no existiere precedente judicial o se procure cambiar o desarrollar un precedente anterior; · Se haya negado o inobservado por parte de los jueces y tribunales los precedentes judiciales fijados por la Corte Constitucional u organismos internacionales de derechos humanos.

Acción Pública de Inconstitucionalidad

La acción pública de inconstitucionalidad tiene por objeto garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación y la eliminación de incompatibilidades normativas, por parte del Juez Constitucional por razones de fondo o de forma, entre las normas constitucionales y las demás disposiciones que integran el sistema jurídico.

Petición de amnistías e indultos

La Defensoría podrá solicitar a la Asamblea Nacional la amnistía o indulto, en los siguientes casos: · Cuando se trate de delitos políticos cometidos en el marco de protestas o manifestaciones sociales legítimas; · En los casos de indulto, cuando las personas a cuyo favor se interpone la solicitud, se encuentren en manifiesto estado de calamidad, y requieran el indulto por cuestiones humanitarias.

Medidas de cumplimiento obligatorio y medidas de protección

El Defensor o Defensora del Pueblo, de oficio o a petición de parte, ante la ausencia de una entidad específica competente, podrá ordenar tanto las medidas de cumplimiento obligatorio como las medidas de protección, para evitar o cesar la vulneración de derechos fundamentales de personas o grupos que conforme a la Constitución sean de atención prioritaria, para lo cual podrá por medio de una Resolución, ordenar la aplicación de las medidas.

Proceso de legitimación activa en demandas relativas a patria potestad

Constituye el patrocinio de demandas de limitación, suspensión o privación de la patria potestad, a petición de parte o de oficio, ante la autoridad judicial competente.

Seguimiento del cumplimiento de las resoluciones defensoriales

Este proceso tiene como finalidad evidenciar y verificar el nivel de cumplimiento de las resoluciones defensoriales, por parte de las instituciones o personas requeridas, así como ejercer un adecuado acompañamiento.

Nota. Fuente: Defensoría del Pueblo del Ecuador (2015). Resolución N° 058: Reglas para la admisibilidad y trámite de casos de competencia de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

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ANEXOS

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ANEXOS

Anexo 5.

Usuarios/as y Consumidores/as

Usuarios/as y consumidores/as

SOPORTE TEÓRICO PARA INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

Usuarios/as

Consumidores/as

Tipo de Sujeto

Usuarios/as de servicios públicos: salud, educación, justicia, seguridad social, agua potable y alcantarillado, saneamiento, bomberos, energía eléctrica, transporte, correos y telecomunicaciones.

Consumidores/as de bienes y servicios privados, como por ejemplo, electrodomésticos, bienes muebles, aseguradoras, servicios financieros, etc.

Régimen Defensorial

Se tramitan mediante el procedimiento sumario para servicios públicos domiciliarios que se encuentra descrito en el capítulo IV de la Resolución No. 58- DPE-CGAJ, de 29 de mayo de 2015.

Se tramitan mediante el procedimiento sumario para consumidores que se encuentra descrito en el capítulo V de la Resolución No. 58- DPE-CGAJ, de 29 de mayo de 2015.

Nota. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

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ANEXOS

Anexo 6.

Guía para presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos84 Guía para presentar una petición ante la Comisión

Sí. Para que la Comisión pueda examinar una petición, deben haberse agotado los recursos judiciales internos de conformidad con la legislación vigente en el Estado de que se trata, hasta el más alto nivel de apelación. ¿Qué significa agotar los recursos judiciales internos?

Significa que las personas que quieran presentar una petición ante la Comisión deben intentar previamente que los tribunales nacionales decidan sobre la situación que denuncian. Una persona agotó los recursos internos cuando el Poder Judicial emitió una decisión de última instancia. En caso de no ser posible agotar los recursos internos, se tendrán que explicar las razones ya que la regla del agotamiento previo de los recursos internos admite excepciones. ¿Cuáles son los recursos judiciales internos que deben agotarse?

Los recursos judiciales internos que deben agotarse son aquellos que sean adecuados y efectivos. Además existe jurisprudencia que señala que los recursos que deben agotarse para acceder a la CIDH son aquellos ordinarios y no los extraordinarios. · Un recurso judicial es adecuado cuando su interposición puede proteger el derecho que se alega violado. Por ejemplo, un recurso adecuado en el caso de una desaparición forzada es el recurso de exhibición personal o hábeas corpus. · Un recurso judicial es efectivo cuando es capaz de obtener el resultado para el cual fue creado. Por ejemplo, un recurso no es efectivo cuando el Estado no ha asegurado su debida aplicación por parte de las autoridades judiciales o cuando hay retardo injustificado en la decisión. ¿Cuáles son las excepciones al agotamiento de los recursos internos?

La Comisión puede estudiar una petición en la que no se hayan agotado los recursos internos cuando: 1. Las leyes internas no establecen el debido proceso para proteger los derechos que se alegan violados; 2. No se ha permitido a la presunta víctima el acceso a los recursos internos o se le ha impedido agotarlos; o, 3. Hay demora en emitir una decisión final sobre el caso sin que exista una razón válida.

Bajo ciertas circunstancias, una persona puede estar exceptuada de agotar los recursos internos, si se encuentra en situación de extrema indigencia de tal gravedad que no le permita pagar un/a abogado/a para los casos en los cuales sea necesario contar con asistencia legal, y siempre y cuando el Estado no ofrezca este servicio de manera gratuita (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1990, Excepciones al agotamiento de recursos internos).

84 Tomada del Folleto Informativo de la CIDH sobre Sistema de Peticiones y Casos disponible en la página electrónica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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SOPORTE TEÓRICO PARA INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

¿Debo haber iniciado algún proceso judicial antes de acudir a la Comisión?

PAG 99

ANEXOS

¿Cuándo debo presentar mi petición?

La petición debe presentarse dentro de los seis meses posteriores a la fecha de la notificación de la decisión judicial definitiva que agotó los recursos internos. Cuando hay una excepción al agotamiento de los recursos internos, el plazo de seis meses no se aplica. En ese caso, la petición deberá ser presentada dentro de un plazo razonable. ¿Pueden la Comisión y la Corte IDH revisar decisiones emitidas por los tribunales nacionales?

El solo hecho que una sentencia judicial no satisfaga los intereses de una persona no significa que se hayan violado sus derechos humanos. La Comisión y la Corte IDH tienen competencia para revisar posibles violaciones a los derechos protegidos en los tratados interamericanos.

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¿Quién puede presentar una petición ante la Comisión?

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Cualquier persona -grupo de personas u organización- por sí misma o en representación de otra, puede presentar una petición para denunciar una violación a los derechos humanos en contra de uno o más Estados de la OEA. Una persona puede ser a su vez peticionaria y presunta víctima en una petición. Si la presunta víctima desea cambiar la representación o constituirse como peticionaria en su propia petición debe comunicarlo de inmediato a la Comisión por escrito, ya que, por regla general, la Comisión se mantendrá en comunicación con la parte peticionaria. Además, en el caso de un cambio de dirección u otro dato de contacto, es importante notificarlo por escrito. · Peticionario/as: persona o grupo de personas que presenta la petición. · Presunta/s víctima/s: persona o grupo de personas presuntamente afectado/as por los hechos alegados en la petición. Las presuntas víctimas deben estar determinadas o ser determinables.

Asimismo, un Estado puede presentar peticiones contra otro Estado, si las dos partes de la controversia aceptaron la competencia de la Comisión para recibir y examinar peticiones interestatales de acuerdo con el artículo 45 de la Convención. ¿Puede la Comisión mantener en reserva la identidad de la presunta víctima?

Generalmente cuando la Comisión se dirige al Estado en relación con una petición, debe comunicarle la identidad de la presunta víctima, ya que este debe saber quién es la persona afectada por los hechos a los que se refiere la petición. Sin embargo, si la persona tiene algún inconveniente al respecto, la situación puede ser comunicada a la Comisión para que la considere.

En ciertos casos, la Comisión podrá proteger la identidad de la presunta víctima en los documentos que se hacen públicos, por ejemplo, mediante la sustitución del nombre completo de la persona por sus iniciales.

La solicitud de que se proteja la identidad de la presunta víctima debe ser hecha a la Comisión, con una exposición de sus razones. ¿Puede la Comisión mantener en reserva la identidad de la parte peticionaria?

Sí. La Comisión puede mantener en reserva la identidad de la parte peticionaria, si así lo solicita expresamente.

Sin embargo, si el/la peticionario/a y la presunta víctima son la misma persona, la Comisión generalmente comunica al Estado su identidad. Si la persona tiene algún inconveniente al respecto, la situación puede ser comunicada a la Comisión para que la considere. ¿Necesito un/a abogado/a para presentar mi petición?

No. La Comisión no exige la representación de un/a abogado/a en la presentación y trámite de la petición. ¿Tiene algún costo económico presentar mi petición?

No. Los procedimientos ante la Comisión son gratuitos.

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ANEXOS

¿Qué debe incluir mi petición?

1. Los datos de la/s presunta/s víctima/s y de sus familiares; 2. Los datos de la parte peticionaria, tales como el nombre completo, teléfono, la dirección postal y de correo electrónico; 3. Una descripción completa, clara y detallada de los hechos alegados que incluya cómo, cuándo y dónde ocurrieron, así como el Estado que se considera responsable; 4. La indicación de las autoridades estatales que se consideran responsables; 5. Los derechos que se consideran violados, en caso de ser posible; 6. Las instancias judiciales o autoridades en el Estado a las que se acudió para remediar las violaciones alegadas; 7. La respuesta de las autoridades estatales, en especial de los tribunales judiciales; 8. En caso de ser posible, las copias simples y legibles de los principales recursos interpuestos y de las decisiones judiciales internas y otros anexos que se consideren pertinentes, tales como declaraciones de testigos; y, 9. La indicación de si se ha presentado la petición ante otro organismo internacional con competencia para resolver casos.

De ser posible, se recomienda incluir una lista en la cual se enumeren los anexos que se adjuntan a la petición, con el objetivo de facilitar la identificación de los mismos. ¿A dónde debo enviar mi petición?

Si bien la petición puede presentarse personalmente, no es necesario acudir a la Comisión, ya que la petición puede enviarse por uno de los siguientes medios: Correo electrónico: mailto:cidhdenuncias@oas.org cidhdenuncias@oas.org Formulario electrónico: http://www.cidh.oas.org/www.cidh.org.

Si decide enviar su petición por esta vía, tiene la opción de redactar su petición en un documento aparte y subirlo al sitio web de la Comisión.

Fax: +1(202) 458-3992 ó 6215 Correo postal: Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1889 F Street, N.W. Washington, D.C. 20006 Estados Unidos

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Toda petición debe incluir:

PAG 101

ANEXOS

Anexo 7.

Guía para presentar una petición ante la Defensoría del Pueblo

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FORMULARIO DE PETICIÓN

PAG 102

LUGAR:

CÓDIGO: DPE-006-2012 SERVIDOR/A QUE GESTIONA:

FECHA:

Señor/a: Defensor/a del Pueblo del Ecuador.

Presente.DATOS DEL PETICIONARIO Apellidos y nombres: No. Cédula: Dirección Domiciliaria: Ciudad: Dirección Electrónica: Teléfonos: Otros contactos: DATOS CONTRA QUIEN SE PRESENTA LA PETICIÓN Nombre de la persona natural o jurídica: Dirección : Ciudad: DETALLES DE LA PETICIÓN: Me dirijo a usted con el fin de exponer lo siguiente:

Continuar al reverso

Derechos vulnerados:

Petición concreta:

Instrucción: Grupo étnico Estado civil: Género/sexo: Edad Nacionalidad:

Primaria: Soltero/a: Femenino De 0 a 14

_______________________ Firma del peticionario Secundaria: Superior: Casado/a Masculino De 15 a 65

Divorciado/a: Otros: Más de 65

Otros: Otros: Indique:

Favor llenar para estadísticas de la institución

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ANEXOS

Nivel

Integración

Función

Gobernantes

· Gestión de Direccionamiento Estratégico Institucional

Orientan la gestión institucional a través de la formulación de políticas, la expedición de directrices, normas, procedimientos, planes estratégicos, acuerdos, resoluciones e instrumentos para el funcionamiento de la organización, la articulación, coordinación y establecimiento de mecanismos para la ejecución de los planes, programas, proyectos, directrices.

Misionales

· Gestión institucional de Derechos Humanos y de la Naturaleza · Gestión Institucional de Usuarios y Consumidores · Gestión Institucional de procesos desconcentrados

Son los responsables de generar el portafolio de productos y servicios, administran y controlan los productos y servicios destinados a externos, permiten cumplir con la misión institucional, los objetivos estratégicos y constituyen la razón de ser de la Institución.

Los procesos desconcentrados, encaminados a generar productos y servicios directamente a ciudadanas y ciudadanos, en áreas geográficas establecidas conforme la planificación territorial, contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional.

Habilitantes de asesoría

· Planificación institucional · Asesoría Jurídica · Comunicación · Auditoría interna

Habilitantes de apoyo

· Administración de Talento Humano · Gestión administrativa · Gestión financiera · Gestión de secretaría · Tecnología y comunicaciones

PAG 103

Están encaminados a generar productos y servicios de asesoría y apoyo logístico para producir el portafolio de productos institucionales demandados por los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando la gestión institucional.

Nota. Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador, Dirección General de Educación e Investigación, 2015.

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Anexo 8.

Distributivo de responsabilidades de la Defensoría del Pueblo según procesos

ANEXOS

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Anexo 9.

Ejemplos de garantías jurisdiccionales presentadas por la DPE

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Garantía Jurisdiccional

Integración

Acción de protección

Un ciudadano de otro origen nacional con estatus de refugiado se acercó a una agencia bancaria del Estado para realizar la apertura de una cuenta. El banco se negó a hacerlo alegando que las políticas y, de manera especial, las normas relativas al lavado de activos, les demandaban un extremo cuidado y análisis de sus eventuales clientes y les impedían la apertura de cuentas a personas con estatus de refugiadas. La DPE interpuso una acción de protección a favor de la persona refugiada alegando que se estaba vulnerando, entre otros, su derecho a la igualdad y no discriminación. El juez aceptó la acción de protección debido a que esta procede contra “todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona”, y ordenó a la entidad bancaria la apertura inmediata de la cuenta de ahorros solicitada por la persona refugiada.

Acción de hábeas corpus

La DPE tuvo conocimiento de una mujer que había sido retenida en un centro de recuperación de adicciones por orden de su progenitor, debido a su orientación sexual diversa. La Corte Provincial, en apelación, aceptó la acción de hábeas corpus ya que la mujer no fue presentada en la audiencia en primera instancia, y se había configurado una detención ilegal, arbitraria e ilegítima por parte del mencionado centro médico, que impedía a la ciudadana la libre circulación.

Acción de acceso a la información pública

Un ciudadano solicita información técnica respecto a la construcción de un centro de rehabilitación social en su provincia, la misma que, luego de un largo tiempo de espera, es negada por la entidad administrativa competente, pues aduce que el ciudadano requiere dicha información para desprestigiar a la institución pública. En este caso, la DPE pudo haber demandado el acceso a dicha información ya que la LOTAIP determina que no será requisito establecer la finalidad del requirente para dar paso a la solicitud de información. Sin embargo, el caso se resolvió con la intervención de la DPE en sede administrativa.

Acción por incumplimiento

Un grupo de personas laboraban en la Empresa Metropolitana de Aseo, EMASEO, a través de un contrato por horas. A raíz de la aprobación del Mandato Constituyente No. 8 que elimina y prohíbe la tercerización, y cualquier forma de precarización laboral, EMASEO decidió modificar la relación contractual a través de un contrato eventual por un plazo de 6 meses.

Cumplido este plazo EMASEO dio por terminados los contratos, razón por la cual estas personas interpusieron una acción por incumplimiento en contra de la empresa en mención, puesto que la empresa obligada no dio cumplimiento a lo previsto en la Segunda Disposición Transitoria del Mandato No. 8, la cual contiene el deber de contratar de manera obligatoria bajo las distintas modalidades previstas en el Código de Trabajo, a los trabajadores que se encontraran laborando bajo la modalidad de contrato por horas por más de 180 días con anterioridad a la aprobación del referido Mandato. Sin embargo, la empresa, lejos de cumplir el deber primordial contenido en el Mandato No. 8, haciendo mal uso de la normativa laboral vigente, vinculó a las y los trabajadores en forma eventual y posteriormente con contratos sucesivos a plazo fijo por un año, evadiendo el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de los trabajadores.

Por este motivo, la Corte Constitucional resolvió aceptar la acción por incumplimiento y disponer a la Gerencia de EMASEO que incorpore a las y los accionantes a la nómina de trabajadores/as de la citada empresa en forma permanente.

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Garantía Jurisdiccional

Integración

Acción extraordinaria de protección

El presidente de la Comuna de Montañita y la DPE presentaron ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección en contra de una decisión violatoria de derechos constitucionales emitida por los jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena. Dicha Sala habría rechazado el recurso de apelación interpuesto por la Comuna de Montañita en relación con la inadmisión de la acción de protección que fue presentada para evitar el desalojo de las tierras donde habitaban los miembros de dicha Comuna.

El desalojo de las tierras de propiedad de la Compañía Manglaralto Sociedad Anónima, habría sido ordenado el 24 de febrero de 2010 por el INDA. En relación con la acción extraordinaria de protección, la DPE alegó la violación, entre otros, de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades a conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias que serán inalienables, inembargables e indivisibles, y a mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales, así como a no ser desplazados de sus tierras ancestrales. También se alegó la violación del derecho a la propiedad que regula la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho al acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, el derecho al debido proceso legal y el derecho a la seguridad jurídica.

Esta acción ha sido admitida a trámite y se ha dado inicio a su sustanciación.

Acción de Incumplimiento (art. 163 LOGJCC)

Mediante sentencia de acción de protección, un juez ordenó se inscriba en la cédula una unión de hecho de dos personas del mismo sexo, sin embargo, la Dirección General de Registro Civil se negó a hacerlo. Esta acción permite obligar a la entidad pública a cumplir con lo dispuesto por el juez constitucional.

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ANEXOS

PAG 105

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ANEXOS

Anexo 10.

Clasificación de los derechos de acuerdo con el derecho internacional

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Derechos Civiles y Políticos

Derechos Colectivos y Difusos

Derecho a la vida

Derecho a trabajar

Derecho a la libre determinación de los pueblos

Derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes

Derecho al goce en condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias: remuneración justa, seguridad e higiene en el trabajo, igualdad de todos para ser promovidos, descanso, disfrute del tiempo libre, limitación razonable de las horas de trabajo, vacaciones periódicas pagadas

Derecho al desarrollo

Derecho a no ser sometido a la esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso u obligatorio

Derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección

Derecho del pueblo al libre uso de su riqueza y sus recursos naturales

Derecho a la libertad y a la seguridad personales

Derecho a la huelga

Derecho a la paz

Derecho a la libre circulación

Derecho a la más amplia protección y asistencia a la familia

Derecho a un medio ambiente sano

Derecho al debido proceso

Derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia

Derechos de las y los consumidores

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica Derecho a la privacidad Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión Derecho a la libertad de expresión Derecho de reunión pacífica Derecho a asociarse libremente con otras personas

PAG 106

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Derecho a la protección de la familia Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos/as Derecho a votar y ser elegidos/as en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de electores/as Derecho a tener igual acceso a las funciones públicas del país

Derechos de los grupos históricamente discriminados. Por ejemplo: Derecho a mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en Derecho a adoptar medidas especiales lo espiritual, cultural, lingüístico, de protección y asistencia en favor de social, político y económico; a conservar la propiedad imprescriptible todas las personas en condición de de las tierras comunitarias, que serán vulnerabilidad inalienables, inembargables e Derecho al disfrute del más alto nivel indivisibles, salvo la facultad del posible de salud física y mental Estado para declarar su utilidad pública; a ser consultados sobre Derecho a la educación planes y programas de prospección y Derecho a participar en la vida cultural explotación de recursos no renovables Derecho a gozar de los beneficios del que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o progreso científico y de sus culturalmente; participar en los aplicaciones beneficios que esos proyectos Derecho a beneficiarse de la reporten, en cuanto sea posible y protección de los intereses morales y recibir indemnizaciones por los materiales que correspondan en razón perjuicios socio-ambientales que les de las producciones científicas, causen; y, a conservar y promover sus literarias o artísticas de las cuales la prácticas de manejo de la persona haya sido autora biodiversidad y de su entorno natural Derecho a la protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto

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ANEXOS

Anexo 11.

Derechos de acuerdo con la Constitución de 2008 DERECHOS DE LIBERTAD Derecho a la inviolabilidad de la vida Derecho a la integridad personal Derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación Derecho al libre desarrollo de la personalidad Derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente Derecho de rectificación, réplica o respuesta Derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar su religión o creencias Derecho a tomar decisiones libres sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual Derecho a tomar decisiones libres sobre su salud y vida reproductiva Derecho a guardar reserva sobre sus convicciones Derecho a la objeción de conciencia Derecho asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria Derecho a transitar libremente y escoger su residencia Derecho de las personas extranjeras a no ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren Derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva Derecho a la libertad de contratación Derecho a la libertad de trabajo Derecho al honor y al buen nombre Derecho a la protección de datos de carácter personal Derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual Derecho a la inviolabilidad de domicilio Derecho a dirigir quejas y peticiones y a recibir atención o respuestas motivadas Derecho a participar en la vida cultural de la comunidad Derecho a la propiedad Derecho a la identidad personal y colectiva Derecho a la libertad Derecho a no ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias Derecho a no ser obligado/a a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley Derecho a una familia reconocida en sus diversos tipos

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DERECHOS DE PROTECCIÓN Derecho al acceso gratuito a la justicia Derecho a la tutela efectiva Derecho al derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: Derecho a la presunción de la inocencia Derecho a no ser juzgado/a por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley Derecho a ser juzgado/a ante un/a juez/a o autoridad competente y con observancia del trámite Derecho a que se aplique el indubio pro reo, pro operario Derecho a no ser privado/a del derecho a la defensa Derecho a no ser interrogado/a, sin la presencia de un/a abogado/a Derecho de ser asistido/a gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete Derecho de ser asistido/a por un abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público Derecho a presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra Derecho a no ser juzgado/a más de una vez por la misma causa y materia Derecho a ser juzgado/a por una jueza o juez independiente, imparcial y competente Derecho a que las resoluciones sean motivadas Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos Derecho a la aplicación excepcional de la privación de la libertad Derecho a no ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden de jueza o juez competente Derecho a conocer las razones de su detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó Derecho de la persona detenida extranjera, que quien lleve a cabo la detención informe inmediatamente a la o el representante consular de su país Derecho a no ser incomunicado/a Derecho de acogerse al silencio Derecho a no ser forzado/a a declarar en contra de sí mismo/a Derecho a no declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género Derecho a que no se pueda empeorar la situación de la persona que recurre Derecho de las víctimas de infracciones penales a la protección especial y no revictimización Derecho a no ser extraditado/a Derecho a la seguridad jurídica

SOPORTE TEÓRICO PARA INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

DERECHOS DEL BUEN VIVIR Derecho al agua Derecho a la alimentación Derecho a la soberanía alimentaria Derecho a la comunicación Derecho al acceso a la información Derecho a la identidad cultural Derecho a desarrollar la capacidad creativa o ciencia Derecho de acceder y disfrutar del espacio público Derecho a la recreación y esparcimiento, al deporte y al tiempo libre Derecho a gozar de los beneficios del progreso científico Derecho al hábitat seguro y saludable Derecho a la viviend adecuada y digna Derecho a la salud Derecho a la educación Derecho al trabajo Derecho a vivir en un ambiente sano Derecho a la seguridad social

PAG 107

ANEXOS

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN

SOPORTE TEÓRICO PARA INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

Derecho a elegir y ser elegidos/as Derecho a participar en los asuntos de interés público Derecho a presentar proyectos de iniciativa popular Derecho a ser consultados/as Derecho a fiscalizar los actos del poder público Derecho a revocar el mandato Derecho a desempeñar empleos y funciones públicas Derecho a conformar partidos y movimientos políticos

DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS, COMUNIDADES Y NACIONALIDADES INDÍGENAS, AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS Mantener sus tradiciones ancestrales Derecho a no sufrir discriminación Derecho a la reparación sufrida por la discriminación Derecho al territorio Derecho a la titulación de tierras ancestrales Derecho a participar en l administración de sus recursos naturales Derecho a la consulta previa, libre e informada Derecho a conservar sus prácticas de manejo de la biodiversidad Derecho a conservar su forma de organización social Derecho a aplicar el derecho propio Derecho a no ser desplazados de sus territorios Derecho a mantener la propiedad de sus conocimientos colectivos Derecho a mantener su patrimonio cultural Derecho a la educación bilingüe Derecho a crear organizaciones que los representen Derecho a participar en los organismos oficiales determinados para dictar políticas públicas Derecho a la consulta prelegislativa Derecho a mantener relaciones con otros pueblos en especial los trasnacionales Derecho a usar sus vestimentas y símbolos Derecho a la limitación de actividades militares en sus territorios Derecho a la difusión de su cultura Derecho a constituir circunscripciones territoriales como parte de la división política del Estado

DERECHOS DE LA NATURALEZA Derecho a que se respete integralmente su existencia Derecho al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos Derecho a la restauración integral

PAG 108

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ANEXOS

Adultos y adultas Mayores

Derecho a la atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas Derecho al trabajo remunerado, en función de sus capacidades Derecho a la jubilación universal Derecho a rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos Derecho a exenciones en el régimen tributario Derecho a exoneración del pago por costos notariales y registrales Derecho al acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento

Jóvenes

Derecho a la participación e inclusión en todos los ámbitos

Movilidad humana

Derecho a migrar Derechos de asilo Derechos de refugio Derecho a no ser desplazado/a arbitrariamente Derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna Derecho a no ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral Derecho a gratuidad de los servicios de salud materna Derecho a la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto Derecho a disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia

Mujeres embarazadas

Niñas, niños y adolescentes

Derecho a su desarrollo integral Derecho al cuidado y protección desde la concepción Derecho a ser consultados en los asuntos que les afecten Derecho a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria Derecho a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades Derecho a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes Derecho a que se adopten medidas especiales: Atención a los menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario Protección respecto de cualquier tipo de explotación laboral o económica Protección contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole Protección contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas Derecho a recibir atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias Protección frente la influencia de programas o mensajes, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género Protección cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad Protección cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas

Personas con discapacidad

Derecho a la atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud Derecho a la provisión de medicamentos de forma gratuita Derecho a la rehabilitación integral y a la asistencia permanente Derecho a las rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos Derecho a las exenciones en el régimen tributario Derecho al trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades Derecho a una vivienda adecuada Derecho a la educación especializada Derecho a la atención psicológica gratuita Derecho al acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios Derecho al acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación

Personas con enfermedades catastróficas

Derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente

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DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

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ANEXOS

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Derecho a no ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria Derecho a la comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho Derecho a declarar ante un autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad Derecho a contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral Derecho a la atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas Derecho a recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad Derecho a contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia

Personas usuarias y consumidoras

Derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad Derecho a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características Derecho a constituir asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas Derecho a acceder a bienes y servicios públicos de calidad (derecho de libertad) Derecho a acceder a bienes y servicios privados de calidad (derecho de libertad)

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Personas privadas de libertad

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SOPORTE TEÓRICO PARA INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

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