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Elba Esther busca candidatura plurinominal en RSP; Ernesto Cordero ya está anotado

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El partido Redes Sociales Progresistas (RSP) vive momentos difíciles internamente porque la maestra Elba Esther Gordillo busca una candidatura plurinominal.

Esta exigencia ha generado una discusión de la exlíder sindical del magisterio y su yerno Fernando González, quien se opone a dicha candidatura que le manifestó su suegra las semanas pasadas.

Mientras tanto, quien ya está anotado como candidato plurinominal de las RSP es el expanista Ernesto Cordero, quien fuera secretario de Hacienda con Felipe Calderón, en el primer lugar de la lista por la Primera Circunscripción que abarca la Ciudad de México.

El acercamiento de Cordero y Fernando González se dio durante la administración de Felipe Calderón en la cual fue titular de las secretarías de Hacienda y de Desarrollo Social y apoyaba al actual dirigente de las RSP.

Otra posibilidad de candidatura es la de la actriz Lucía Méndez por recomendación del productor de películas Pedro Torres quien está encargado de realizar un documental biográfico de la maestra Elba Esther Gordillo.

Las RSP tiene otros candidatos que llaman la atención como el vocalista del grupo musical Los Ángeles Azules, Héctor Hernández, el luchador profesional Tinieblas y el actor Alfredo Adame.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, opinó que si Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre cometió algún ilícito debe enfrentar a la justicia y aseguró que su partido “no solapará a nadie”.

“Quien esté vinculado a cualquier ilícito… todo el peso de la ley; nadie por encima de la ley, nadie que violente mujeres”, dijo en una breve entrevista que concedió a una reportera de la televisora local Telemar en el aeropuerto de la ciudad.

El aún gobernador con licencia, cuya renuncia como dirigente del PRI es exigida por feministas de la capital del país que lo acusan de complicidad con Gutiérrez de la Torre, reiteró:

“Al final del camino serán las autoridades competentes quienes sancionen cualquier ilícito, y nosotros no solaparemos ni protegeremos a nadie, todos puestos y dispuestos ante la justicia y al final del camino que se proceda y se ponga todo el peso de la ley a él y a cualquiera que cometa un ilícito”.

Cuando se le preguntó sobre el estatus de Gutiérrez de la Torre, el Rey de la Basura, en el PRI, Moreno Cárdenas dijo:

“Bueno, fue dirigente del partido, era militante del PRI… se está trabajando fuerte, pero al final del camino, como te dije, quien cometa un delito tiene nombre, tiene credencial de elector y tiene que enfrentar la justicia y se le tiene que aplicar la ley a quien falte o haga un delito”.

Sobre la permanencia de Gutiérrez en su partido, comentó:

“Si hay presentaciones como hay actuaciones para cualquier procedimiento que hay en un órgano interno del partido para su separación del cargo o expulsión del partido, así estará y se va a cumplir como son los órganos del partido”.

“Nadie por encima de la ley, él o cualquier militante del partido que viole la ley o sea señalado o que sea comprobado como lo han mencionado los medios de comunicación se le tiene que aplicar todo el peso de la ley, en el PRI no vamos a solapar a nadie”, recalcó, incómodo.

Elba Esther Gordillo | Foto LJA

El PRI “no solapará” a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre: Alejandro Moreno

/ rosa santana

Carlos Vázquez, amigo de AMLO, reclama dedazo para la definición de candidaturas en Colima

/ Pedro Zamora Briseño

El empresario Carlos Vázquez Oldenbourg, amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador y aspirante a la alcaldía de Colima, reclamó públicamente a Indira Vizcaíno Silva, candidata de Morena al gobierno del estado, el uso del dedazo para la definición de las candidaturas en ese partido.

Vázquez, quien ha sido presidente municipal de esta capital en dos ocasiones –en 1983 por el PRI y en 1997 por el PRD, cuando éste era dirigido por López Obrador–, se inscribió a principios de febrero pasado en el proceso interno por la candidatura morenista a la alcaldía de Colima, en busca de llegar al cargo por tercera vez.

Cuando faltan unos días para que venza el plazo de registro de candidaturas en el Instituto Electoral del Estado (IEE), Carlos Vázquez abordó este mediodía a Indira Vizcaíno, en el marco de un acto de campaña, y la cuestionó por la tardanza para la definición de las postulaciones para ayuntamientos y diputaciones locales, pues “se están agotando los tiempos fatales”.

La candidata argumentó que la decisión no está en sus manos ni de la dirigencia o el consejo político estatal, pues será tomada en la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) con base en encuestas.

“¿Y sabe cómo se llama eso? ¡Es un dedazo! Manejándose que porque en México las encuestas salieron así y asá. ¿Y ellos cómo nos pueden demostrar los resultados de las encuestas?”, soltó el empresario, al tiempo que reprochó a la abanderada de Morena que no le haya concedido una reunión de 15 minutos solicitada en los últimos días.

Indira Vizcaíno se deslindó de la decisión de las candidaturas locales, adujo que en su caso personal, a todas las aspirantes les fueron explicados los resultados de la encuesta para definir la postulación al gobierno estatal, lo invitó a plantear sus dudas en la CNE y le dijo que si él no confía que no participe en el proceso.

Cuando se despidieron, Vázquez Oldenbourg dijo estar enterado de que Indira Vizcaíno opera para que haya mayoría de mujeres candidatas a los diferentes puestos de elección popular.

“Ella me dijo que me fuera a otro partido si eso quería, pero no, no me voy a ir porque yo soy amigo personal de López Obrador, yo soy de la 4T y soy lopezobradorista y no lo voy a traicionar; él no es así, la segunda vez que ganamos Colima, en 1997, me mandó llamar a México y en 15 minutos se arregló todo (lo relativo a la candidatura)”, señaló.

Asimismo, consideró que actualmente se prepara un dedazo para la candidatura a la alcaldía de Colima, porque “nomás mandan decir de México: ‘es fulano, según las encuestas’, y cuándo las publican, cuándo se sabe… no hay transparencia”. –¿No ha tenido contacto con el presidente? –No con él, pero sí con su gente, y me han dicho que no saben nada, que van a investigar.

Carlos Vázquez, primo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, formó parte en 2006 del equipo de campaña de López Obrador en Colima, con quien participó en algunos mítines, pero en 2009 sorprendió al aparecer como candidato del PAN –en alianza con el partido local ADC– a la diputación local por el Distrito III, pero fue derrotado.

Juez federal otorga 11 suspensiones contra leyes eléctricas y se suma a criterio de juez criticado por AMLO

/ Juan omar FiErro

El juez Primero de Distrito Especializado en Competencia Económica, Rodrigo de la Peza López Figueroa, otorgó el fin de semana 11 suspensiones provisionales, en el marco de igual número de juicios de amparo, para dejar sin efecto las reformas constitucionales a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que restringen la participación del sector privado en la materia y fortalecen las atribuciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado eléctrico.

De esta manera, el juzgador federal se sumó al criterio iniciado hace una semana por su homólogo del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión, Juan Pablo Gómez Fierro, resoluciones que han sido criticadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que incluso provocaron una petición suya para que se investigue la actuación del juez Gómez Fierro.

De acuerdo con fuentes oficiales, las suspensiones otorgadas por De la Peza tienen efectos generales, con el fin de evitar que las empresas quejosas gocen de alguna ventaja frente a sus competidores.

A su vez, Gómez Fierro otorgó nuevas suspensiones contra la misma norma, por lo que las empresas privadas del sector podrán seguir trabajando con la versión anterior de la LIE, que prevé la participación del sector privado en la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Las suspensiones tienen el efecto “de hacer del conocimiento de los participantes en el sector eléctrico, y de la sociedad en general, que los efectos y consecuencias del Decreto impugnado se encuentran suspendidos y que se restablece de manera provisional la legislación abrogada, mientras se resuelve el juicio de amparo”.

Las reformas a la LIE incorporaron los cambios que la Secretaría de Energía había implementado en la Política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mediante un acuerdo, pero cuyos efectos también fueron suspendidos por los jueces especializados en competencia económica por ser contrarios a las reformas constitucionales aprobadas en 2014.

Sin embargo, ambos impartidores de justicia suspendieron la entrada en vigor de las reformas constitucionales recién aprobadas por el Congreso de la Unión, por lo que el titular del Poder Ejecutivo solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, revisar la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro.

Hasta el momento se han otorgado alrededor de 20 suspensiones provisionales contra las reformas constitucionales a la LIE.

López Obrador amaga con quejas contra más jueces

/ EzEquiEl FlorEs

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar, por aceptar la solicitud de investigación contra el juez federal que frenó la Ley de Reforma Eléctrica.

“Ya se acabó eso de que no se puede tocar al intocable”, expresó el mandatario y reveló que en los últimos dos años no ha podido nombrar al titular de la Procuraduría del Contribuyente porque jueces federales amparan a los actuales miembros del organismo para que no sean removidos del cargo.

Por ello, dijo que pidió al Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, que revise el caso con el propósito de presentar otra queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.

“Ya se encariñaron y no quieren dejar el cargo. Por algo será”, opinó el presidente López Obrador de los actuales miembros de la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes (Prodecon) durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Por segundo día consecutivo, López Obrador habló sobre los abusos y excesos de los miembros del Poder Judicial y recordó el caso del millonario soborno ofrecido a María del Socorro Castillo Sánchez, la jueza federal que en julio pasado ordenó liberar a José Ángel Casarrubias Salgado El Mochomo, involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De esta forma ejemplifica el caso de los jueces que anteponen los intereses de la sociedad a los negocios particulares.

“También es llamar la atención sobre estas actuaciones que además resultan atípicas. ¿Cómo, al día siguiente de que se publica la ley, la suspensión?”, insistió.

Advirtió que su gobierno no dejará de denunciar lo que denominó “corruptelas” en el caso de los contratos de Pemex y la CFE, para soltar enseguida el cuestionamiento público: “¿Por qué cuando se trata de negocios jugosos que afectan a la hacienda pública se actúa de esta manera?”.

“Esto de la reforma eléctrica es parecido a lo que sucedía con el pago de impuestos, que los de arriba no pagaban y se obligaba al pueblo a pagar impuestos, pero a los de arriba se les condonaba, a las grandes corporaciones financieras y eran miles de millones de pesos. Tenemos que defender el interés general, al ciudadano, al pueblo”, expresó López Obrador.

En el mismo sentido, recordó que su reforma eléctrica busca cambiar el esquema establecido de que el consumidor de clase popular o clase media llega a pagar más por el consumo de energía eléctrica que las grandes corporaciones comerciales económicas y concluyó: “Queremos que eso se termine y se enojan mucho”.

| Foto Gobierno de México

MeriDianO electOral La eliminación de las diputaciones plurinominales

Daniel O. Gutiérrez

En semanas pasadas, legisladores de Morena propusieron eliminar la opción electoral de contar con 200 diputaciones por representación proporcional, al considerar “ilógico y excesivo” que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuente con 500 integrantes (300 de mayoría relativa y 200 “plurinominales”).

Sobre ello, es de decirse que, con la implementación de la representación proporcional en 1961, se dio paso a la apertura del pluripartidismo, época marcada por un partido hegemónico en el poder; el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De ahí que, en la actualidad, el principio de representación proporcional funge como un instrumento que permite que los órganos representativos cuenten con una participación efectiva de la mayor cantidad de sectores posibles, siguiendo un espíritu incluyente.

Es importante entender, que la representación proporcional busca que aquellos partidos que fueron menormente favorecidos, pero que lograron cierto porcentaje de votación, puedan acceder al poder, representando la voluntad de aquellos sufragantes que les otorgaron su confianza.

Lo anterior, es en primer lugar un mecanismo que permite el respeto al voto, y evita echar por la borda aquellos sufragios que representan ni más ni menos, la voluntad de la ciudadanía. Secunda que además se logra un sistema de pesos y contra pesos dentro de cada órgano deliberativo, ya sean los Ayuntamientos, Congresos locales o el de la Unión, evitando la regresión hasta antes de la reforma de los años 60s, con partidos hegemónicos y lo riesgos que ello conllevaba.

En ese entendimiento, se debe dejar en claro que el objetivo primordial de la representación proporcional es la protección de la expresión electoral cuantitativa de las minorías políticas, para así, garantizar su participación en la integración de las legislaturas federales y locales, según su representatividad.

En nuestro país, este principio se utiliza para asignar 32 senadurías en una lista nacional; y 200 diputaciones en 5 listas regionales. Por lo que hace al estado de Aguascalientes, permite la integración de 27 diputaciones locales, 18 por mayoría relativa y 9 por representación proporcional.

Ahora bien, tomando como base los recientes criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, la representación proporcional será una de las principales herramientas mediante las cuales, los miembros de grupos en situación de vulnerabilidad podrán acceder a cargos legislativos.

Esto encuentra razón en que, a través de diversas resoluciones jurisdiccionales, se han implementado cuotas de representatividad en favor de personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas y miembros de la comunidad LGTBIQ+, esto sumado, a los ajustes en las asignaciones de curules en favor de las mujeres como grupo históricamente discriminado.

Por ello, las iniciativas no deben presentarse y aprobarse sin un análisis exhaustivo, en el que se establezcan las colisiones con otros principios constitucionales y derechos humanos, previo si quiera, a la presentación de una iniciativa de este tipo, y continuando con su estudio detallado por expertos en la materia, en las comisiones respectivas de la Cámara, así como por el pleno del Congreso.

Debemos tener presente que, la representación proporcional (plurinominales), además de permitir el pluripartidismo, garantiza la representación de grupos minoritarios en puestos de decisión, fortaleciendo la cultura democrática de nuestro país, por lo que las curules “plurinominales”, encuentran sentido en su base y finalidad constitucional y no es viable su extinción.

Las “propuestas” de Anaya: frenar refinería, apoyos a la población y que el gobierno “se deje ayudar”

/ arturo rodríguez

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mentido a lo largo del año de pandemia de covid-19, y estimó que van 400 mil muertes por la mala gestión sanitaria.

En el más reciente de sus videos recordó algunos de los errores del Ejecutivo, así como del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quienes en diferentes oportunidades -entre marzo y junio del año pasado- declararon que estaba a punto de terminar la emergencia, o bien estimaron 60 mil muertes como escenario catastrófico.

Anaya Cortés, quien semanas atrás regresó a los reflectores públicos a través de sus redes sociales, responsabilizó a López Obrador no sólo de la crisis sanitaria, sino también de la crisis económica, y en tal sentido remitió a diferentes indicadores internacionales sobre letalidad y economía.

Acto seguido, el panista, que este año rechazó asumir una candidatura a diputado federal, hizo tres “propuestas”:

En primer lugar, que el gobierno hable con la verdad y el presidente deje de mentir, y que se implementen acciones de apoyo a la población, entre ellas someter a consulta el freno a la construcción de la refinería de Dos Bocas y destinar los recursos a familias pobres (3 mil 700 pesos mensuales a 4 millones de familias, según sus cálculos).

Como tercer punto pidió que el gobierno “se deje ayudar”, un planteamiento para el que consideró que la administración lopezobradorista debe tomar en cuenta a todos los sectores, a fin de elaborar una estrategia inclusiva.

Según el exdirigente nacional del PAN, “no es momento de divisiones”, puesto que urge poner al país en pie. A pesar de aparecer, junto al expresidente Carlos Salinas de Gortari, en el registro de personas mayores de 60 años para recibir la vacuna contra covid-19, el también expresidente Vicente Fox Quezada, de 78 años, arremetió contra los biológicos que se están aplicando en el país.

“Si el atole fueran vacunas, ya estaría todo el país vacunado”, redactó este martes en sus redes sociales y le tupieron las críticas, aunque también le aplaudieron sus seguidores.

Una hora después arremetió contra las conferencias de prensa matutinas encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Buenos días, ¿alguien sabe si ya bajó de precio la gasolina o seguimos con el atole mañanero?”

El 2 de febrero de 2021 se inauguró el portal www.mivacuna.salud.gob.mx pero los servidores colapsaron debido a que millones de personas quisieron registrarse para recibir la vacuna contra covid-19.

Fox no dejó pasar el desaguisado y el 3 de febrero publicó: “Están a nada de vender cachitos para rifa de vacunas.”

Ese mismo día, compartió una imagen del mundo con el territorio mexicano en color rojo con la leyenda: “Países donde tienes que registrarte en una página que no abre para recibir una vacuna que no han adquirido.”

Si el atole fueran vacunas, ya estaría todo el país vacunado: Fox

/ roSalía vergara

Fox Se inScribe para vacunarSe

Cinco días después, el 8 de febrero, Fox Quezada (2000-2006) de 78 años, se registró en el sitio www.mivacuna.gob.mx con la clave FOQVA4220702HDFXSC07. Eso no lo criticó en sus redes sociales, tampoco indicó si ya se vacunó.

Elektra y Palacio de Hierro: campeonas en ignorar quejas de sus clientes

Elektra y Palacio de Hierro encabezan el deshonroso ranking de empresas que no concilian quejas con sus clientes. Acaparan el 51% de los reclamos: Profeco

eme | eQuiS / patricia tapia

“Los de Elektra son unos rateros, no te llega lo que pides y no te hacen válida la garantía”. “El Palacio de Hierro lleva más de un mes sin devolverme el dinero de una compra que ellos mismos cancelaron”. Las quejas se multiplican en redes sociales, al tiempo que estas dos poderosas empresas encabezan el ranking de las compañías que no concilian reclamos con sus clientes.

Elektra es la número 1; el Palacio de Hierro se lleva la segunda posición.

A Elektra y El Palacio de Hierro se les han acumulado cientos de quejas que no se han podido conciliar en Profeco. Estas son las dos compañías que más reclamaciones tienen en tres años. Parece ser que para estas empresas no siempre aplica la máxima de: el cliente siempre tiene la razón.

Pese a que el programa de Conciliaexprés de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) –ahora a cargo de Berenice Romero Domínguez– es una herramienta que agiliza la resolución a las denuncias, hay veces que no arriban a buen puerto.

En los últimos tres años existen mil 412 reclamaciones que no se lograron conciliar a través de dicha herramienta, de acuerdo con los datos de la Profeco. De ellas, 120 corresponden a 2018, 779 a 2019 y 514 a 2020.

Del total de quejas no conciliadas, 438 pertenecen a Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, y 279 a Palacio de Hierro, de Alberto Baillères González.

Es decir: 51% de las denuncias sin resolver se concentran únicamente en estas dos empresas, que pertenecen a dos de los hombres más ricos de México, según la lista de millonarios 2020 de la revista Forbes. Salinas Pliego ocupa el lugar dos y Baillères González el cuatro.

Las solicitudes de ayuda a Profeco no cesan. Los motivos por los que los consumidores más se quejan es por el incumplimiento de plazos y la negativa de entrega de los productos. No obstante, en algunas ocasiones, la intervención del organismo público no prospera: algunos afectados refieren que pueden pasar meses y años sin solución.

Como el caso de una usuaria en Twitter. Denunció el pasado 10 marzo que lleva un año y tres meses con un reclamo ante Profeco por una cafetera que compró en Palacio de Hierro. “No hay poder que haga que solucionen”.

En las quejas sin un acuerdo con los clientes también están presentes las cadenas de autoservicio, en particular Walmart y Chedraui: ambas suman 207 reclamaciones.

Siempre preSente

Elektra es una de las empresas que más denuncias ha acumulado a través de los años, sobre todo cuando es la temporada de El Buen Fin. No sólo ha estado en el centro de la controversia por eso: durante la pandemia fue uno de los establecimientos que se negó a acatar el cierre, al argumentar que tenían sucursal bancaria.

Además, a finales de enero de este año, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió que Elektra debe pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al mando de Raquel Buenrostro, casi 5 mil millones de pesos por operaciones contables irregulares, que derivaron en omisiones en el pago de ISR, así como actualizaciones, recargos y multas del 2011, por la venta de acciones de la extinta Mexicana de Aviación.

Ni tardo ni perezoso, Salinas Pliego respondió a través de su cuenta de Twitter, donde se ha vuelto un personaje polémico y con mucha actividad, que él estaba al día con el SAT. Que si empresas de su grupo deben, lo pagarán, pero eso sí, después de hacer uso de su derecho a defenderse de cobros erróneos.

Entre 2018 y 2020, las reclamaciones interpuestas contra Elektra totalizan mil 116 (conciliadas, no conciliadas e improcedentes). Por medio de Conciliaexprés, los clientes han podido recuperar 2.8 millones de pesos durante este periodo.

En tanto, las ventas van viento en popa. De acuerdo con sus resultados financieros, sus ingresos consolidados en 2018 aumentaron 9%. En 2019 crecieron 15% y, en 2020, pese a la pandemia, un 5%.

Su último reporte apunta que el incremento en sus ventas es en buena parte por las motocicletas Italika, telefonía y línea blanca, que según la empresa se comercializa “con óptimo servicio al cliente, en las condiciones más competitivas del mercado”.

primera denuncia colectiva

En julio del año pasado, la plataforma Tec-Check anunció la primera queja colectiva contra Palacio de Hierro, de Grupo Bal, que en ese entonces reunió a más de 400 clientes afectados.

Los fundadores de Tec-Chek, con base en la información reunida, determinaron que esta empresa vende productos sin tenerlos en su almacén y luego tarda mucho tiempo en reembolsar los pagos a los consumidores.

“Al fin, Palacio de Hierro es muy rápida en cobrar los precios y compras a las y los consumidores, pero necesita meses para regresar el dinero. Además, observamos que la tienda no contesta los mensajes y llamadas por parte de los consumidores”, emitieron en un comunicado.

El 5 de febrero de este año, Tec-Check dijo que 67 consumidores de Palacio de Hierro recuperaron compras con un valor de 915 mil 710 pesos y además recibieron una bonificación por 183 mil pesos. Esto porque se pudieron evidenciar las faltas de entrega, la devolución de su dinero, que toma meses, y una ausente atención al cliente. Ante el triunfo anotado, ya fraguaba una nueva queja colectiva.

Esta tienda departamental acumula 383 reclamaciones en Conciliaexprés de 2018 a 2020 (conciliadas, no conciliadas e improcedentes), en las que los consumidores han recuperado 1.7 millones de pesos; pero, contrario a los buenos resultados de Elektra en ventas, Palacio de Hierro vio caer las suyas en 26% durante 2020.

SúplicaS de ayuda

Con tan sólo una búsqueda en Twitter se encuentran muchos clientes que piden el apoyo de Profeco para lidiar con estas dos empresas. Apenas el pasado 6 de marzo, una usuaria se quejó porque Elektra no le daba solución y se lavaba las manos:

“Son unos rateros, no te llega lo que pides y no te hacen válida la garantía, aquí una prueba que no soy la única. No puede ser que sigan defraudando, ayúdenme a que esto no se quede así”. Había varios comentarios como este.

Alguien más pregunta cómo puede hacer una querella contra Elektra, ya que desde hace medio año reportó un producto defectuoso que compró, pero lo mismo: le dan largas y no respetan la garantía.

Otro hombre desesperado publicó que hacía responsable a Elektra y a Salinas Pliego de la salud de su mamá. “Tiene diabetes, su insulina está en hieleras porque desde hace 2 meses… se pidió y pagó un refrigerador que aún no entregan”.

También hay para la tienda de Baillères González: “@Profeco el Palacio de Hierro lleva más de un mes sin devolverme el dinero de una compra que ellos mismos cancelaron, ¿cómo debo proceder?”. Una más: “Mi experiencia con Palacio de Hierro de compra en línea es como ir con los coyotes de algunas plazas del centro. Entregan productos diferentes al que ofertan y es muy complicado reclamar. ¡Si pueden eviten comprar en línea en Palacio, es un fraude!”.

Una pila de reclamos que no tiene fin y aunque Elektra y Palacio de Hierro lideran las quejas no conciliadas, hay otras empresas con grandes problemas, como Interjet, Aeroméxico, Izzi y hasta la Comisión Federal de Electricidad, que aunque llegan a un arreglo, tienen muchas denuncias.

Laboratorios PISA sigue ganando millones con AMLO, pese a sanciones

eme | eQuis / alejandra crail

En medio de las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, Laboratorios Pisa obtuvo al menos mil 776 millones de pesos en contratos con la dependencia que suplió al Seguro Popular en esta administración, el Insabi.

Un análisis de la base de datos de Compranet revela que, pese a los señalamientos de corrupción y la responsabilidad que le atribuyó el gobierno de AMLO por el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, la farmacéutica del jaliscience Carlos Álvarez Bermejillo se posicionó como la favorita del Instituto recién creado.

Con un total de 20 adjudicaciones directas y dos contratos por medio de licitaciones públicas, PISA se adelantó a la sanción con la que ya había amagado el Gobierno Federal desde 2019, cuando el mismo presidente la llamó empresa corrupta y pidió cesar las contrataciones a cualquier compañía que formara parte del Grupo Pisa.

Sin embargo, la base de datos muestra que el gobierno mexicano, por medio del Insabi, le compró medicamentos genéricos para enfermedades infecciosas, otros para tratamientos hematológicos, para problemas cardiovasculares y para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas.

Los contratos fueron entregados entre enero y junio de 2020, con una fecha de término al 31 de diciembre de 2020.

Antes que estos contratos perdieran su vigencia, la Secretaría de la Función Pública (SFP), que comanda Irma Eréndira Sandoval, emitió una inhabilitación por 30 meses contra Laboratorios Pisa, así como contra su filial, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), además de una sanción económica de un millón 170 mil pesos a cada empresa.

“Durante el proceso de adjudicación de un servicio integral de anestesia en 2017, las empresas presentaron documentación con la que aseguraban contar con las condiciones técnicas para cumplir con el contrato; sin embargo, dicha información no respaldaba plenamente la oferta, lo cual representaba un riesgo para la salud de los derechohabientes del IMSS", señaló la Función Pública en un comunicado.

la arisca relación Pisa-amlo

| Foto PISA Farmacéutica

había replicado también en los hospitales “Federico Gómez”, de la Secretaría de Salud, y el 20 de Noviembre, del Issste.

El desbasto llevaba arrastrando, además, manifestaciones de padres y madres preocupados por la vida de sus pequeños, que denunciaron la falta del medicamento Metotrexato, un medicamento que ayuda a retardar el crecimiento de células cancerosas.

En noviembre de 2019, por ejemplo, familias con niños en el Hospital Infantil bloquearon avenida Insurgentes, a la altura del Senado de la República, porque el nosocomio les informó que los medicamentos para quimioterapias dejarían de ser gratuitos, a causa de la desaparición del Seguro Popular y la entrada en vigor del Insabi.

El presidente acusó complicidad entre los directivos del Hospital y la empresa PISA con la finalidad de entorpecer la distribución de estos medicamentos, como respuesta al veto que planteó el gobierno federal.

“Son hechos de corrupción acompañados de falta de escrúpulos morales, porque hacer toda esta manipulación y que los medios, no todos desde luego, se presten… O sea, porque es querer mantener un negocio a costa de lo que sea, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, vamos a resolver el problema”, advirtió.

En aquella ocasión, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, informó que el Órgano Interno de Control inició un expediente de investigación desde el 20 de agosto de 2019 contra el jefe de hemato oncología del Hospital Infantil de México, Luis Enrique Juárez Villegas. El gobierno federal le atribuyó confabular con Laboratorios Pisa para no perder el control del monopolio de distribución de medicamentos oncológicos para niñas y niños.

Sandoval detalló que también tenían una investigación muy avanzada contra PISA y lamentó que el Hospital Infantil le hubiera ampliado el contrato al cierre de 2019. En su momento dijo que ese contrato se podía rescindir, porque la empresa estaba sujeta a investigación. En total dijo que había seis expedientes abiertos en contra de la farmacéutica.

Pese a los señalamientos, los contratos fluyeron

Aún con los señalamientos públicos hechos por el presidente, Juan Antonio Ferrer Aguilar, el titular del Instituto de Salud Para el Bienestar (Insabi), aparece en la base de datos de Compranet como el responsable de la Unidad de Compras que consolidó la entrega de contratos a Laboratorios Pisa.

21 de los 22 contratos iniciaron su vigencia después de que el presidente acusara públicamente a la farmacéutica jalisciense de corrupción y de confabular para provocar el desabasto de medicamentos para niños con cáncer.

Al menos un total de mil 776 millones de pesos le otorgó Insabi, la dependencia que creó el mismo AMLO para suplir al Seguro Popular, un programa al que también acusó de corrupto y que nació en el gobierno de Vicente Fox y se fortaleció durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Eso que llamaban Seguro Popular, ni era seguro ni era popular. Vamos a garantizar que no falten médicos, medicinas, atención médica, medicamentos gratuitos”, dijo AMLO en enero del año pasado, cuando el Insabi arrancó oficialmente operaciones, justo cuando hacía señalamientos contra PISA.

El Insabi se creó para encargarse de la compra de todos los medicamentos, material de curación y equipo para el sector salud por medio de compras consolidadas. Esto obligaba a que el Instituto creara un sistema confiable, seguro y oportuno para garantizar la entrega de esas compras a las unidades médicas, pero esto no se ha cumplido a cabalidad.

sfP sanciona a Pisa

PISA ha estado en el ojo del huracán en la última década. En 2016, por ejemplo, el IMSS presentó demandas civiles contra PISA y otras dos farmacéuticas por “daños y perjuicios” a causa de prácticas monopólicas en la venta de insulina durante el sexenio de Vicente Fox.

Años antes, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso una multa de 150 millones de pesos a seis farmacéuticas, entre ellas PISA, acusadas de conspirar para eliminar la competencia en las licitaciones de insulina humana.

Apenas en octubre del año pasado, el corporativo farmacéutico, que se había consolidado como uno de los mayores proveedores de medicamentos del gobierno mexicano, recibió su sanción más reciente por la SFP.

La dependencia encontró que la empresa presentó información falsa para obtener un contrato con el IMSS en 2017. “Actuaron con dolo”, dijo a modo de conclusión, tras una investigación de más de un año. El contrato correspondió a la prestación del servicio integral de anestesia y aunque la empresa aseguró contar con las condiciones técnicas solicitadas, “su información no respaldaba plenamente la oferta, lo cual representaba un riesgo para la salud de los derechohabientes del IMSS”.

El 20 de marzo de 2019, a tres meses de arrancada su administración, López Obrador pidió, por medio de un memorándum, evitar la contratación de tres empresas, entre ellas, Dimesa, filial de Laboratorios PISA.

Pese al llamado simbólico, los contratos no pararon. El IMSS, por ejemplo, le otorgó 3 de cada 10 contratos por más de mil millones de pesos. Al tiempo el Insabi seguiría esta línea.

Pero los señalamientos del presidente no pararon, aún con el desacato de las instituciones de salud.

“Estas empresas concentraban toda la venta de medicamentos y esa empresa en particular, PISA, tenía monopolio de los medicamentos para la atención del cáncer infantil”, dijo AMLO el 23 de enero de 2020 en su conferencia matutina.

Aquella mañana, el presidente habló de la situación que se vivía en el Hospital Infantil de México, donde se había presentado un desabasto de medicamentos para niñas y niños con cáncer, algo que se

El Ejército concentrará ingresos del Tren Maya, sin pasar por la SHCP: Fonatur

/ mathieu tourliere

En un enésimo cambio al proyecto inicial del Tren Maya, Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), indicó hoy que el Ejército concentrará los ingresos de todo el tren, sin que éstos pasen por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En entrevista con el diario El Financiero, Jiménez Pons aseveró que la operación del megaproyecto será “un premio para las fuerzas armadas”, en una “visión nacionalista de largo plazo patrimonial” para evitar una eventual privatización a futuro, e informó que los presuntos recursos financiarán parte de las pensiones de los militares jubilados.

Este anuncio se sumó a la sorpresiva adjudicación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del subtramo del Tren Maya que unirá Cancún con Playa del Carmen, que además recorrerá los más de 50 kilómetros que separan las dos ciudades costeras, a una altura de entre 9 a 10 metros, según anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta el momento la Sedena tiene a su cargo la construcción de tres tramos del Tren Maya, así como la operación de la futura empresa encargada de mover a turistas y carga por la Península de Yucatán.

Desde el arranque de las obras el Fonatur ha reservado varios estudios que encomendó para evaluar la viabilidad económica del Tren Maya, que en un inicio fue anunciado como un proyecto financiado en su mayor parte por el sector privado, pero finalmente es 100% público.

En su informe sobre la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuestionó las proyecciones a futuro que el Fonatur utilizó para calcular la rentabilidad del proyecto e insinuó que sobre evaluó su uso por parte de turistas y empresas de la región.

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