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INE obliga a partidos a postular 30 candidaturas indígenas y avanzar en paridad

/ carIna García

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) amplió para 2021 la obligación de los partidos a postular a las diputaciones federales candidatos que se auto reconozcan como indígenas: de 13 a cuando menos 30, y nueve de ellos deberán ser por la vía plurinominal.

Además, se ordenó a los partidos que candidatas mujeres encabecen tres de las cinco listas de representación proporcional, una por cada circunscripción electoral en que se divide el país.

En las elecciones de 2018 los partidos estuvieron obligados a postular candidatos a diputados federales indígenas en al menos 13 distritos de mayoría.

En el acuerdo aprobado hoy para el registro de candidaturas se estableció que deberán ser cuando menos 21 en los 28 distritos en que está dividido el país, y en los que al menos 40% de la población es indígena.

De esas 21 candidaturas al menos 11 deberán ser para mujeres.

Adicionalmente deberán registrar nueve fórmulas de candidaturas indígenas (propietario-suplente) en las cinco circunscripciones en que se divide el país, y cuando menos una de esas pos-

tulaciones deberá ser en los primeros 10 lugares de la lista de candidatos por la

Convoca IEE a curso para fortalecer el liderazgo político de las mujeres

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En busca de fortalecer el liderazgo político de las mujeres, el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Aguascalientes, a través de la Comisión de Igualdad y No Discriminación, convoca al curso Quiero Ser Candidata dirigido a políticas, militantes de partidos y aspirantes a candidaturas independientes que se auto adscriban como mujeres; así como integrantes de organizaciones de la sociedad civil, y promotoras y defensoras de los derechos políticoelectorales de la mujer.

La actividad tiene como propósito dotar a las participantes de herramientas para las campañas políticas durante el Proceso Electoral Concurrente Ordinario 2020-2021, con miras a lograr un ejercicio digno de los cargos públicos desde los que se trabaje por el bien común con perspectiva de género, reforzando su desarrollo mediante una capacitación integral y armónica, en la que se visibilice la importancia del trabajo femenino en los distintos espacios de participación.

A causa de la contingencia sanitaria, el programa será impartido en línea del 25 de noviembre al 16 de diciembre de 2020, y constará de cinco módulos: 1) El Proceso Electoral en Aguascalientes, 2) Reforma y violencia política de género, 3) Medios de comunicación, 4) Formación específica, y 5) Medidas afirmativas para garantizar la paridad de género.

Para acreditar el curso, las participantes deberán cumplir con un mínimo de 80% de asistencias y llevar a cabo las actividades complementarias a través de la plataforma Google Classroom, en la que podrán encontrar material especializado sobre los temas. Al término del mismo, quienes participen tendrán un mejor conocimiento del marco regulatorio del proceso electoral en el estado. vía plurinominal.

En cada una de las circunscripciones 1, 2 y 5 deberán postular por lo menos una fórmula de candidaturas indígenas.

En la circunscripción 3 (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) deberán registrar cuatro candidatos en términos paritarios, y en la 4 (Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México) dos candidaturas, un varón y una mujer, todos auto adscritos como indígenas.

En todos los casos no bastará que una persona se diga indígena, sino que deberá acreditarse el vínculo del candidato o candidata con su comunidad, entre otros elementos, con pruebas como haber participado en la organización o ser representante o miembro de alguna comunidad o asociación indígena.

La decisión fue cuestionada principalmente por los partidos Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES).

Mariana de la Chica, representante del PAN ante el INE, advirtió que su partido apelará ante el Tribunal, pues el Instituto se excede en el ejercicio de sus atribuciones al pretender eliminar las diferencias entre las fuerzas políticas y el tipo de ciudadanos a quienes representan.

Al introducir requisitos y categorías distintas y pretender ahora candidaturas étnicas de representación proporcional, se buscan “cuotas de representación a pueblos indígenas como si de reservas indias se tratara”, dijo la panista.

Añadió: “No pueden imponer perfiles como si fueran vacantes… si fuera así los invitamos a establecer esos perfiles en el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN)”.

Incluso destacó como ejemplos las candidaturas panistas de Florentina Salamanca, mazahua, presidenta municipal de San Felipe del Progreso, Estado de México, y Eufrosina Cruz, zapoteca, exdiputada local y federal, mencionadas en el debate por José Antonio González, de Fuerza Social, quien después matizó que ambas ocuparon sus cargos pese al PAN: la primera tuvo que luchar ante el Tribunal Electoral y la segunda fue expulsada del blanquiazul.

Ernesto Guerra, representante del PES, advirtió que los partidos ya cumplieron con dar 13 candidaturas de mayoría para este sector de la población. “Ya está representado, ¿por qué ahora una acción afirmativa en el bloque de representación proporcional? Se está extralimitando (el INE) en esta acción afirmativa”.

Por Movimiento Ciudadano (MC), Juan Miguel Castro Rendón demandó que se consulte a los pueblos indígenas, como ha ordenado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cada vez que sean afectados por alguna decisión.

En los acuerdos aprobados se determinó, además, que para validar el registro de una candidatura se valorará que el aspirante no esté inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Descartan más cuotas

También se acordaron reglas para garantizar que todos los partidos dividan en bloques de competitividad (alto, intermedio y bajo) los 300 distritos electorales y postulen al menos 50% de candidaturas femeninas, en tanto que las sustituciones no afecten el derecho de las mujeres que puedan competir en condiciones de equidad.

Los consejeros no aprobaron la obligación de los partidos a postular al menos a un candidato con alguna discapacidad en cada una de las cinco circunscripciones, como propuso la consejera Adriana Favela.

Tampoco se avaló, como propuso el consejero Ucc Kib Espadas, que las candidaturas indígenas pudieran registrarse en 13 distritos, como en 2018, pero 11 candidaturas más en el resto del país, no necesariamente en los distritos con pre-

y crecimiento al interior de los partidos políticos, la sociedad civil, la academia, y en la ciudadanía en general,

sencia indígena. Con miras a formular el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2021, la Comisión de Vigilancia, que preside el diputado Luis Enrique García López, sostuvo un encuentro con el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE), Luis Fernando Landeros Ortiz, con el objeto de analizar el presupuesto que requiere este organismo para organizar el Proceso Electoral 2020-2021, en el que se elegirán diputados locales y presidentes municipales. Landeros Ortiz expuso ante los legisladores la necesidad de proyectar mayores recursos para garantizar una eficaz, equitativa, transparente y segura elección. El diputado Luis Enrique García, expresó que estudiarán el planteamiento y lo debatirán al interior de la Comisión

comIsIón De VIGIlancIa se reunIó con tItular Del Iee

de Vigilancia, tomando en cuenta en todo momento el escenario complicado que se presenta, derivado de la pandemia. También se contó con la presencia de los

legisladores Guillermo Alaniz de León, Alejandro Serrano Almanza y Heder Guzmán Espejel, secretario y vocales de la Comisión, respectivamente | Congreso del Estado

luIs FernanDo muñoz lopez presIDIrá comIsIón De JustIcIa partIDarIa en el cDe Del prI

La tarde del martes quedó formalmente instalada la Comisión de Justicia Partidaria en el Comité Directivo Estatal del PRI en Aguascalientes, con la toma de protesta de los integrantes por parte del presidente Herminio Ventura Rodríguez. Acompañado por la secretaria general Leslie Atilano Tapia, el secretario adjunto de la presidencia, Pilar Moreno Montoya y el delegado del CEN del PRI, Luis Antonio Muñoz Mosqueda, el presidente Herminio Ventura, destacó la importancia de la Comisión, agradeció al anterior titular Jorge Varona y felicitó a Luis Fernando Muñoz López quien ahora toma las riendas. Rindieron protesta tras la aprobación del Consejo Político Estatal, de forma virtual y presencial los siguientes compañeros priistas:

como presidente de la Comisión, Luis Fernando Muñoz López; Leticia Ávila Moreno; José Guadalupe Ortega Tiscareño; Martha Aurora Gamboa Hernández; José Luis Reynoso Chequi; María del Rosario Tapia Macías; Brandon Amauri Cardona Mejía; María del Consuelo Reyes Ruvalcaba; Carlos Enrique Juárez Atilano; María Blanco Narro Rodríguez; David Alejandro López Ruvalcaba, Erika de León Lucero y María Isabel Cristina Delgado Sánchez. | PRI

La cofradía secreta de Cienfuegos dobló a la DEA. La llaman “El Sindicato”

Ni el canciller Marcelo Ebrard ni el fiscal general del país Alejandro Gertz Manero fueron los que consiguieron el boleto de regreso a México para el general Salvador Cienfuegos.

Los verdaderos responsables de que el exsecretario de la Defensa Nacional vuelva al país como un hombre libre, en un avión privado y custodiado por alguaciles estadounidenses, es una cofradía dentro del Ejército mexicano que se hace llamar “El Sindicato”.

A este grupo pertenecen los militares de más alto rango del país, algunos retirados y otros en activo, quienes mueven los hilos de las Fuerzas Armadas. Son, en su mayoría, generales de cuatro estrellas doradas que inmediatamente se movilizaron en bloque cuando se enteraron que su amigo Salvador Cienfuegos Zepeda estaba detenido en Estados Unidos por una orden de aprehensión con cuatro cargos criminales que lo ligaban al clan de los Beltrán-Leyva.

Fuentes del Ejército mexicano relataron a EMEEQUIS que apenas habían pasado unas horas desde la sorpresiva noticia de aquel 15 de octubre, cuando un representante del “Sindicato” tocó la puerta del despacho del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

Un recado para el presidente

El personero fue un conocido general de brigada con experiencia en el combate a los cárteles en el norte del país, quien dejó detrás de la puerta las consideraciones de una larga amistad con el secretario Luis Cresencio Sandoval y, con frialdad, le hizo llegar el mensaje de la alta jerarquía del Ejército mexicano.

“El mensaje fue, en líneas generales, que los altos mandos del Ejército no iban a quedarse de brazos cruzados, mientras un gobierno extranjero hacía trizas su credibilidad.

“Y que pasara el recado al presidente, porque tampoco les parecía que su propio gobierno no defendiera a uno de los suyos”, dijo la fuente consultada.

Aquella advertencia se transformó rápidamente en una callada inconformidad entre tenientes, coroneles y generales, quienes comenzaron a quejarse de que el mandatario Andrés Manuel López Obrador, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de México, parecía más aliado de la agencia antidrogas estadounidense DEA que del poderoso “Sindicato”, que mueve los hilos en temas cruciales para el gobierno federal, como la Guardia Nacional o la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía o la refinería en Dos Bocas, Tabasco.

Entre las filas militares –narra la fuente consultada– se comenzó a gestar una franca inconformidad con el presidente, a quien veían poco contundente frente a la falta de diplomacia del gobierno de Estados Unidos por arrestar al general Salvador Cienfuegos sin aviso ni cortesías binacionales.

“el sindicato” sUbe la presión

Pero hasta los más pacientes en la Secretaría de la Defensa Nacional –los que pedían darle tiempo al presidente– perdieron el temple cuando el general Salvador Cienfuegos dejó California y la DEA lo llevó hasta Nueva York, donde su destino parecía ser una celda por el resto de sus días por presuntamente proteger por 14 meses

jUeza aprUeba retiro de cargos a cienfUegos y ordena sU repatriación a México

La juez federal Carol Bagley Amon, de la Corte del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, concedió la anulación de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero al general mexicano Salvador Cienfuegos Zepeda, y autorizó su deportación a México. “Concedo la solicitud del Departamento de Justicia del retiro de cargos”, declaró la juez Amon durante la audiencia de procedimiento celebrada en la Corte de Brooklyn en la que estuvo presente el general Cienfuegos, quien declaró verbalmente entender la orden la magistrada federal. El fiscal federal Seth DuCharme, a nombre del gobierno de Estados Unidos, explicó a la juez que la decisión del retiro de los cargos al general Cienfuegos se tomó por interés nacional en política exterior y en la continuidad de la cooperación antidrogas y corrupción con México. “La aplicación del retiro de los cargos se centró en equilibrar los intereses de política exterior… y en mantener con México la cooperación en el combate al tráfico de narcóticos y corrupción”, dijo a la juez el fiscal DuCharme. En la sesión en la Corte en Brooklyn, le pidió al fiscal que le confirmara que si la determinación de desechar los tres cargos de narcotráfico y uno de lavado de dinero en contra de Cienfuegos fue tomada al más alto nivel del Departamento de Justicia, es decir, por el Procurador General de Justicia, William Barr, a lo que DuCharme respondió sí. Por medio de una traductora, la juez Amon, después de tomar juramento al exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuestionó a Cienfuegos sobre el pedido del Departamento de Justicia. “Sí, señora, estoy de acuerdo”, se escuchó decir al general en español al contestar a la juez cuando lo cuestionó sobre si estaba conforme en que

se le retiraran las cargos por solicitud del Departamento de Justicia. Antes de que hablara el general mexicano, su abogado, Edward Sapone, ya había informado a la juez que su cliente se había declarado no culpable de los delitos que le achacaban y aceptaba la petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En paralelo, la juez Amon firmó el documento donde acepta que se le retiren los cargos y que sea deportado a México bajo la custodia de los alguaciles federales (US Marshall) que se encargarán de transportarlo al territorio mexicano. “Sí señora… sí señora… sí señora… sí, lo hice con los abogados… sí estoy satisfecho”, reviró Cienfuegos a los cuestionamientos de la juez sobre si estaba entendiendo la petición del gobierno, si se lo habían informado sus abogados y si estaba satisfecho con ello. La juez también le preguntó al general mexicano si estaba dispuesto a entregar sus documentos a los alguaciles federales para que lo escoltaran y transportaran a México en su calidad de deportado. “Sí, sí lo entiendo, sí estoy de acuerdo”, declaró Cienfuegos a la juez luego de indicar que no buscaría asilo ni beneficio migratorio en Estados Unidos tras la aceptación de la Corte a la solicitud de Barr. La juez Amon recordó a la partes involucradas en el caso que, conforme a la notificación y pedido que le hizo el Departamento de Justicia, esto le permitirá a México investigar y procesar al general bajo las leyes mexicanas. “Aunque son varios los cargos en contra de una figura significativa (Cienfuegos), no tengo razón para dudar de la sinceridad del gobierno en este asunto… ni que las autoridades mexicanas con sinceridad investigarán y procesarán al acusado”, añadió la juez Amon. | APRO / J. Jesús Esquivel | Foto Gobierno de la República

al capo Juan Francisco Patrón Sánchez, El H-2, a cambio de millonarios sobornos.

Entonces, “El Sindicato” elevó la presión. Varios más tocaron la puerta y llamaron al teléfono del secretario Luis Cresencio Sandoval, quien debió comunicar al presidente que había un riesgo posible de que la rebelión en la tropa causara problemas al interior del gobierno.

Lo demás es una historia que ya conocen periodistas de Estados Unidos: desde Palacio Nacional se ordenó al canciller Marcelo Ebrard endurecer el tono de reclamo por el arresto del exsecretario de la Defensa Nacional e insistir en la exigencia de que, si los delitos del militar habían sido cometidos en México, debía ser regresado a su país para ser juzgado según las leyes nacionales.

Para darle fuerza al reclamo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República anunciaron al gobierno de Estados Unidos que, si el general Salvador Cienfuegos no era devuelto a su país, México “evaluaría” sus planes de colaboración con la DEA.

Ese “evaluar” es un eufemismo para dar a entender que el gobierno mexicano dejaría de compartir con Estados Unidos información sensible sobre las actividades de los cárteles de las drogas que repercuten en la seguridad pública del otro lado del Río Bravo.

Y aunque algunos analistas han especulado que otra carta de negociación habría estado relacionada con los resultados de las elecciones en Estados Unidos, la fuente consultada por EMEEQUIS, ni este medio, han podido corroborar que esto sea cierto hasta el momento de publicación de este texto.

el regreso del hijo pródigo

“Lo que se puso en la mesa fue la colaboración con la DEA, algo que le duele mucho a las agencias de Estados Unidos. Al final, tuvieron que ceder porque para ellos es más importante esa relación binacional que atrapar a un solo individuo por más alto rango que tenga”, señaló la fuente.

Tras el amago mexicano, el gobierno de Estados Unidos aceptó regresar al general Salvador Cienfuegos a su país en las condiciones que propuso “El Sindicato”: con los cargos criminales retirados y sin que se le decomisaran sus bienes ni se le congelaran cuentas bancarias.

Además, la cofradía militar logró que el retorno del general en retiro no estuviera condicionado a que la Fiscalía General de la República lo mantuviera en prisión preventiva o libre bajo fianza. Es decir, Salvador Cienfuegos volverá a México como un hombre libre.

La única mancha en el plan perfecto del “Sindicato” es que el gobierno de Estados Unidos compartió con la Fiscalía General de la República las evidencias que tiene contra el exsecretario de la Defensa Nacional, un caso que el propio Departamento de Justicia calificó como “sólido” en el mismo documento en el que pidió a la jueza Carol B. Amon el levantamiento de cargos contra el condecorado militar. Sin embargo, tampoco es una condición de su retorno que la justicia mexicana lo procese por algún delito.

Fuera de eso, todo ha sido celebración en lo alto del Ejército mexicano. “El Sindicato” dobló a la DEA y consiguió un boleto de avión de regreso para el general Salvador Cienfuegos en una maniobra impensable y en tiempo récord.

El hijo pródigo vuelve al cuartel.

@emeequis

En caso Cienfuegos está de por medio la Sedena, institución fundamental para México: López Obrador

/ arturO rOdríguez

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el caso del general Salvador Cienfuegos es de interés para su gobierno pues está de por medio una institución fundamental para el país como lo es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario aseguró que no hay nada oculto tras el acuerdo alcanzado con la fiscalía estadunidense para compartir pruebas con la Fiscalía General de la República (FGR), entidad que determinará si el exsecretario de Defensa es detenido, puesto a libertad o sujeto a investigación.

El ejercicio comunicacional fue monotemático, centrado en los diferentes aspectos de los acuerdos que sostuvieron ambos países en torno al caso del militar en retiro.

Cienfuegos, enfrentaba cargos por narcotráfico y uno por lavado de dinero en una corte estadunidense, sin embargo, la fiscalía los retiró y su situación jurídica se resolvería este miércoles.

López Obrador expuso que si la FGR encuentra que existe culpabilidad se castigará, pero reiteró sus expresiones para dejar a salvo la imagen de la institución armada, así como de sus mandos.

Asimismo, negó que hubiera tenido presiones de la cúpula militar, al asegurar que el asunto es importante en todo sentido para el país, de manera que debió darse una intervención diplomática.

Según el mandatario –como en su oportunidad, también lo diría el canciller Marcelo Ebrard—el gobierno estadunidense tiene confianza en el gobierno mexicano porque se ha emprendido una lucha contra la corrupción.

El titular del Poder Ejecutivo, precisó tener confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero, a quien consideró como una persona honorable.

Decisión de sus superiores deja “devastados” a investigadores que armaron caso contra Cienfuegos

/ Mathieu tOurliere

Investigadores de la Agencia Antidrogas (DEA) y de la fiscalía estadunidense, quienes documentaron y sustentaron los cuatro cargos contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda y esperaron más de un año que el militar pisara Estados Unidos para llevarlo ante la justicia, están “devastados” y enojados ante la decisión del gobierno de Donald Trump de abandonar los cargos en su contra, según documentó la prensa estadunidense.

En reportajes sobre esta decisión “sin precedente” e inesperada, varios medios de Estados Unidos resaltaron que el fiscal William Barr decidió soltar al extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y devolverlo a México, ante la amenaza del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de expulsar a los agentes de la DEA que operan en su territorio.

Un reportaje publicado hoy en el diario The New York Times cita a una fuente “cercana al asunto”, quien afirmó que los investigadores que armaron el caso contra Cienfuegos están “devastados” ante la decisión de sus superiores de abandonar los cargos ante las cortes estadunidenses.

The Wall Street Journal citó a un “agente veterano” de la DEA, quien expresó su desamparo ante la instrucción de Barr: “Es desmoralizante porque ese caso debió ir a tribunales; nos hace ver como idiotas. Perdimos credibilidad, es una vergüenza”.

Vice News refrendó que “el gesto siderante y sin precedente reveló una crisis diplomática entre los países vecinos, y mostró qué tan lejos México está dispuesto a ir para proteger a un general retirado de un juicio en Estados Unidos”. Citó a un funcionario de una agencia estadunidense, quien criticó el abandono de los cargos. “No podemos hacer las cosas así; estamos avergonzados”.

Tras recordar que el Departamento de Justicia dedicó “años” para investigar a Cienfuegos y documentar su colaboración con una célula de la organización de los Beltrán Leyva, el Washington Post reportó que los fiscales estadunidenses sostienen la solidez de sus pruebas y del caso contra Cienfuegos, pero entienden que la decisión se tomó en un “balance entre el interés del Departamento de llevar a cabo el juicio contra los intereses de relaciones exteriores de Estados Unidos”.

“Después de armar uno de los casos de narcotráfico de más alto perfil en la historia reciente, los fiscales pidieron el abandono de los cargos para mantener la relación delicada con México, incluso si ello implicaría que Cienfuegos regrese a México como hombre libre”.

Abundó: “Durante décadas, las fuerzas armadas (de México) parecieron exentas al escrutinio, ya que la institución ha sido considerada como intocable, independientemente de las administraciones y de los partidos políticos. La decisión de abandonar los cargos contra Cienfuegos, al parecer, refuerza esta idea”.

Ni un helicóptero ha solicitado México a EU con Iniciativa Mérida: Ebrard

/ arturO rOdríguez

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha utilizado la Iniciativa Mérida para adquirir armas o equipo, aseguró el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

“Ni un helicóptero” se ha solicitado a Estados Unidos como parte del esquema de colaboración, dijo.

El secretario de Relaciones Exteriores explicó que la llamada Iniciativa Mérida es un programa creado en Estados Unidos y aprobado por el congreso de ese país para otorgar apoyo a México, pero advirtió que ese plan no representó un acuerdo binacional por lo que no existen compromisos al respecto.

En tanto, sobre la operación de agentes de la DEA, sostuvo que está regulada en los acuerdos que implican cumplimiento de las leyes mexicanas, restricción para portar armas y prohibición de suplantar a las corporaciones mexicanas de seguridad.

Marcelo Ebrard Casaubón | Foto Gobierno de México

El TEPJF exonera a AMLO por uso de conferencias matutinas para denunciar al BOA

/ arturO rOdríguez

Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó que ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni su vocero, Jesús Ramírez, violaron el principio de imparcialidad o hicieron uso indebido de recursos públicos por ocupar el espacio de sus conferencias matutinas para denunciar que sus adversarios políticos integrarían un Bloque Amplio Opositor (BOA).

Los magistrados confirmaron los argumentos de la Sala Regional Especializada, misma que estableció que no había irregularidades, pues la difusión del documento “Rescatemos a México” en la conferencia del presidente, el pasado 9 de junio, no fue propaganda gubernamental.

La queja original del Partido Acción Nacional (PAN) estableció que la Sala Regional Especializada ha determinado desde 2019 que las conferencias matutinas del presidente sí son propaganda gubernamental y por tanto no cabe difundir en ellas mensajes de tipo electoral.

Por ello, según el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), ambos servidores públicos incurrieron en utilización indebida de recursos públicos y la emisión de mensajes de tipo electoral por la presentación del escrito “Rescatemos a México", en el que aseguraron la existencia de un presunto BOA para enfrentar electoralmente a Morena y su gobierno en 2021.

Con ese argumento, el presidente mencionó a empresarios, políticos y periodistas como supuestos integrantes del BOA e hizo comentarios de tipo electoral. | Foto @TEPJF_informa

Sin embargo, hoy, a propuesta del magistrado Indalfer Infante, se determinó que no hubo anomalías e incluso se aseguró que “la presentación del documento fue con motivo de una pregunta expresa de un reportero que concurrió a las conferencias matutinas” sin que eso fuera controvertido por el PAN y el PRD, que litigaron el caso.

“Los hechos no constituyen propaganda ni se advierte uso de recursos públicos para afectar la equidad”, pues los quejosos no expresaron argumentos para cuestionar la razón por la que la Sala Regional determinó que el documento carece de elementos para señalar que es propaganda gubernamental.

Además, tampoco controvirtieron que con ese documento no se da a conocer ningún avance, desarrollo económico ni beneficios o compromisos cumplidos por el gobierno con la ciudadanía, razón por la que no es propaganda.

Ordenan a MOrena renOvar órganO de Justicia

En otra sentencia, la Sala Superior del TEPJF ordenó al Consejo Nacional de Morena convocar a sesión extraordinaria para renovar su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ).

Sus integrantes son designados para un periodo de tres años, pero llevan en el cargo desde la fundación del partido, en 2014.

Los magistrados confirmaron que el Consejo Nacional, encabezado por Bertha Luján, incurrió en la omisión de proceder a renovar la totalidad de los integrantes de ese organismo, por lo que se le emplazó a hacerlo.

/ Juan Omar FierrO

El Poder Judicial de la Federación (PJF) tiene el reto de contribuir a que la sociedad recupere la confianza social en la justicia laboral y a consolidar el Estado de Derecho para empleadores y trabajadores, ya que sólo así se puede crear un clima de confianza ante los inversionistas, afirmó el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el marco de la ceremonia para arrancar la Primera Etapa de Implementación de un Nuevo Modelo Laboral, Zaldívar Lelo de Larrea agregó que la sociedad mexicana requería de manera urgente “una justicia laboral expedita, imparcial y profesionalizada, que brinde certeza y seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores, y que genere un clima de confianza que sea propicio para las inversiones, necesarias para el desarrollo de nuestro país”.

En presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, de un representante del Poder Legislativo y de miembros del gabinete en la materia, Zaldívar Lelo de Larrea destacó que ante el añejo sistema de justicia laboral que tenía México - con la existencia de Juntas de Conciliación y Arbitraje que dependían de los gobiernos de ámbito estatal y federal, particularmente de las Secretarías de Trabajo - los jueces federales tienen por delante la tarea y obligación “de hacer efectivo el acceso a la justicia laboral”.

“(Estamos) ante un anhelo añejo y una demanda social inaplazable. Una justicia laboral con rostro humano, que asuma sin ambages su pa-

Poder Judicial debe recuperar confianza de la sociedad en justicia laboral: Zaldívar

pel constitucional en la consecución de una mayor justicia social para las y los trabajadores”, reconoció Zaldívar.

La implementación de juzgados y tribunales laborales autónomos de los Poderes Ejecutivos es una de las obligaciones que adquirió el gobierno de López Obrador en el marco del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC) para que siga funcionando una zona de libre comercio en la región, por lo que se acordó sustituir las Juntas Laborales dependientes de los Poderes Ejecutivo por Juzgados y Tribunales que dependan del Poder Judicial.

“El día de hoy inicia la primera etapa de implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral y Negociación Colectiva: una reforma histórica que, en su vertiente de impartición de justicia, marca la transición a un modelo de resolución de disputas laborales en sede jurisdiccional, en el que, por primera vez, jueces y juezas independientes e imparciales serán los encargados de adjudicar los derechos de las partes, desde una perspectiva normativaconstitucional”, explicó Zaldívar.

Apenas, el ministro presidente de la Corte tomó protesta a los primeros 45 jueces de Distrito especializados en materia de trabajo que comenzarán a operar los nuevos juzgados laborales, los cuales fueron seleccionados mediante un concurso en el que se previó la paridad de género entre profesionales hombres y mujeres, situación que Zaldívar también destacó en la ceremonia de arranque.

“La integración paritaria de los tribunales laborales reflejará de mejor manera la composición de nuestra sociedad, y dará igual oportunidad a hombres y mujeres de contribuir con sus habilidades a la consolidación de esta nueva rama de la justicia, removiendo así las barreras que por mucho tiempo han impedido a las mujeres participar en todos los ámbitos de la vida pública y en los espacios de toma de decisiones. La paridad aportará una visión más completa y equilibrada al desarrollo de la jurisprudencia laboral y fomentará ambientes laborales y de atención al público libres de sexismo y de violencia de género”, enfatizó.

El titular del PJF confió en que la nueva justicia laboral permitirá a los trabajadores tener derechos laborales plenamente exigibles con juicios más justos y el desarrollo de “una doctrina jurisprudencial sólida, consistente y coherente” para brindar seguridad jurídica a patrones y empleados en el ámbito de las relaciones laborales.

“Justicia social y Estado de Derecho deben ser los pilares de la justicia laboral; deben orientar el desarrollo jurisprudencial y ser la base de un nuevo modelo de relaciones laborales, en el que estén garantizados los derechos de todas las partes”.

Arturo Zaldívar | Foto Gobierno de México

Aumenta violencia de género durante la pandemia; lanzan campaña contra agresiones verbales

/ GlOria leticia Díaz

A ocho meses de decretada la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, la Red Nacional de Refugios (RNR), el 60% de las mujeres que pidieron el apoyo de la organización sufrieron violencia psicológica, “entre ellas las ofensas y amenazas verbales”.

En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, la RNR, compuesta por 69 espacios de protección, alertó en la urgencia de visibilizar “todos los tipos de violencia de género que se perpetran contra las mujeres” y que cada día cobra la vida de once mujeres.

De acuerdo a la red, de marzo a octubre de 2020 se han incrementado 55% el número de mujeres, niñas y niños atendidos por violencias de género, en comparación con los registros del año pasado, “lo que refleja que México vive dos pandemias: el covid-19 y las violencias machistas”.

La RNR detalló que en los ocho meses de confinamiento “brindó atención y acompañamiento a 34 mil 716 personas”, de las cuales 12 mil fueron atendidas a través de redes sociales y líneas telefónicas, “comunicándose dos mujeres cada hora para pedir apoyo”.

Apuntó que del total, 10% de las mujeres que pidieron auxilio “aseguraron vivir todos los tipos de violencias, incluida la emocional”, en tanto que en los últimos dos meses, 3.78% de las mujeres atendidas “reportaron intento de feminicidio, la expresión extrema de violencias contra mujeres, niñas y adolescentes”.

La RNR resaltó que cientos de feminicidios estuvieron precedidos de frases como “Eres mía, de nadie más. Si no estás conmigo, no estás con nadie”, y “No voy a permitir que estés con otra persona”, de ahí la importancia de visibilizar la violencia en el lenguaje.

“Es de suma importancia trabajar día a día en la deconstrucción del lenguaje sexista, lo que significa tanto desnaturalizar las violencia por razones de género, así como renunciar a continuar ejerciendo el poder sobre las mujeres, niñas, niños y adolescentes”, alertó Wendy Figueroa, directora de la RNR.

Con la alerta del incremento de la violencia de género durante el confinamiento y en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, la RNR anunció el inicio de una campaña en colaboración con la compañía de enseñanza de idiomas en línea, Babbel, para evidenciar la violencia contra la mujer a través del lenguaje.

La organización de protección de las mujeres y de prevención a la violencia de género, y Babbel llamaron a las mujeres “a hacer uso de su voz y visibilizar, en sus redes sociales las frases machistas de las que han sido víctimas, porque el lenguaje es el primer territorio de las violencias machistas”.

A través del hashtag #LaViolenciaEmpiezaEnLasPalabras RNR se suma a la campaña que inició Babbel en el mundo denominada #WordsThatHurt, que busca generar “conciencia lingüística reuniendo el testimonio de miles de mujeres”.

Como parte de la campaña en México, Babbel donará becas a las mujeres beneficiarias de los espacios de atención y protección que tiene la RNR “para contribuir con cursos de idiomas como parte de los programas de empoderamiento e inserción laboral de mujeres víctimas de violencias de género”.

Rita Santoyo Venegas, lingüista experta de Didáctica de Babbel, destacó que “la palabra tiene un gran poder, y lamentablemente hay muchas expresiones cotidianas que confirman el sesgo subconsciente de que los hombres son intelectual, física y moralmente superiores a las mujeres, imponiéndoles a ellas reglas y erosionando su libertad y autoconfianza”.

Tras exponer una serie de frases, como las mencionadas, que reflejan violencia de género, Wendy Figueroa consideró que “el lenguaje puede ser un medio ideológico y político idóneo y capaz de reflejar otra realidad y contribuir a la destrucción del poder patriarcal que deje, por ejemplo, de cosificar, revictimizar y responsabilizar a las mujeres y niñas por las violencias de las que son víctimas, incluidas las feminicidas”.

México amagó con expulsar a agentes de la DEA por caso Cienfuegos: NYT, Washington Post y Vice

salvador ciEnfuEgos ya Está En México

La Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, informó a la jueza Carlon Bagley Amon que el general Salvador Cienfuegos Zepeda ya se encuentra en territorio mexicano. El fiscal del Departamento de Justicia, Seth DuCharme, informó a la jueza que los alguaciles federales (US Marshall) cumplieron con la orden de transportar a México y dejar libertad al extitular de la Sedena en el sexenio de Enrique Peña Nieto. “En cumplimiento con la orden emitida hoy temprano por la Corte, el gobierno escribe para confirmar que el Servicio de los US Marshalls transportaron exitosamente a México al acusado (Cienfuegos Zepeda)”, dice el escueto documento entregado a la jueza Amon. | APRO / J. Jesús Esquivel | Foto Gobierno de la República

Fuera de la ley, detención de Cienfuegos en EU: Monreal

/ nEldy san Martín

Para el senador Ricardo Monreal, la detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, se hizo fuera de la ley, pues nunca debió ser capturado, y tras el desistimiento de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero en su contra, dijo, se evidenció que la DEA fue rebasada.

En el Senado de la República, el coordinador de Morena destacó que el desistimiento sobre los cargos relacionados con el narcotráfico en contra del exsecretario evidenció que “los órganos de investigación en Estados Unidos, como la DEA, fueron rebasados”, que la detención fue “precipitada” y que se violó el debido proceso y el principio de presunción de inocencia.

“Yo lo que creo, sinceramente, es que no debió ni haber sido detenido en Estados Unidos. Es decir, era muy endeble, lo dije yo, no lo estoy haciendo ahora, incluso hice videos y aquí, cuando vino el secretario de la Defensa, expresé contundentemente mi posición”, recalcó el legislador.

Cuestionado sobre si la liberación de Cienfuegos, ya que no tiene orden de aprehensión en México, se trata de un arreglo político entre los gobiernos de México y Estados Unidos por encima de la ley, el exgobernador de Zacatecas comentó que lo que estuvo por encima de la ley fue su detención: “No, no lo veo como un arreglo político o por encima de la ley. Lo que vi fue una detención por encima de la ley y así lo dije en su momento. Ahora han tenido que desestimar lo que tenían y seguramente vamos a conocer lo que la Fiscalía tiene, enviado por la propia jueza y los fiscales de Estados Unidos a la Fiscalía General de la República”.

Además, reiteró que el acuerdo es el “triunfo de la diplomacia mexicana” y “un triunfo a la confianza de México como país, y es una garantía de que se seguirá respetando nuestra soberanía”.

“Porque lo que hubiese pasado en ese caso es que la autoridad, ya sea el Departamento de Justicia o el Departamento de Estado, hubiesen solicitado la detención y la extradición del general, en el caso de que hubiese pruebas suficientes aportadas o tenidas, concentradas en Estados Unidos. No hubo eso”, agregó Monreal.

Y comentó que en México se le respetará el debido proceso al general. “Nosotros creemos que el general Cienfuegos es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Ese es el principio de la ausencia”.

También mencionó que este hecho no tiene precedente en la relación entre ambos países, “sobre todo por el nivel del exfuncionario detenido y ahora liberado en Estados Unidos”.

“Sin duda que fue un acuerdo jurídico en el más alto nivel, apegado a la relación y la cooperación internacional en materia de seguridad y de crimen, y apoyado por las constituciones de ambos países”, finalizó. La repatriación sin cargos por narcotráfico del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, fue el resultado de un amago por parte del gobierno mexicano a su homólogo estadounidense, derivado de la indignación provocada por la detención del militar de alto rango sin avisarle al Gobierno de México.

En esa versión coincidieron los diarios tradicionales, The New York Times y The Washington Post, así como la revista alternativa Vice World News, pues publicaron que, según versiones de funcionarios estadunidenses, México amenazó con expulsar de la Administración para el Control de Drogas (DEA) si no se retiraban los cargos contra el general.

“Desde el momento en que los federales estadounidenses arrestaron al exsecretario de Defensa mexicano hubo indignación en los niveles más altos del gobierno mexicano por no haber estado al tanto del caso. Lo vieron como una afrenta, una traición, una violación atroz de la confianza entre los aliados”, informó The New York Times, en una nota fechada el 18 de noviembre.

En la nota firmada por Alan Feuer y Natalie Kitroeff se citó a “tres personas con conocimiento del asunto” para revelar una advertencia “sin precedentes” hecha por el gobierno mexicano a Washington: “Si Estados Unidos no reconsideraba el caso contra Salvador Cienfuegos Zepeda, México consideraría expulsar de país a los agentes antidroga estadounidenses, lo que pondría en riesgo una alianza de décadas que ha servido para llevar a varios narcotraficantes ante la justicia”.

Desde su perspectiva, esta amenaza “pareció dar resultado” porque el miércoles 18, a pedido del fiscal general de Estados Unidos, William P. Barr, una jueza federal en Brooklyn, Carol B. Amon, desechó formalmente los cargos contra Cienfuegos Zepeda, un general retirado del Ejército.

Reveló que en una carta enviada por los fiscales a la jueza reconocieron el desistimiento de los cargos por “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” y mencionó, además, que Seth DuCharme, fiscal en Brooklyn admitió en la audiencia en Nueva York que con esta decisión se busca proteger “la relación de Estados Unidos con México”, en cuanto a asuntos de seguridad conjunta se refiere.

En respuesta, la jueza Amon dijo: “No tengo ninguna razón para dudar de la determinación del gobierno de que las autoridades mexicanas desean sinceramente continuar con una investigación y un posible procesamiento de este acusado. No hay indicios de que está solicitud se esté haciendo de mala fe o que aceptando el razonamiento del gobierno sea contra el interés público”.

Señaló que “según dos personas con conocimiento del asunto”, después del arresto de Cienfuegos Zepeda se reunieron altos funcionarios de ambos gobiernos y “la sensación no era que Cienfuegos debía ser liberado de las acusaciones, sino que las fuerzas del orden estadunidense habían traicionado su confianza al no informar a México sobre una investigación de un personaje de tan alto perfil”.

Sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba “especialmente furioso ante lo que percibía como una violación a la soberanía de México”, ya que “los iracundos funcionarios militares mexicanos presionaron al gobierno para tomar medidas”.

Para The Washington Post, “la extraordinaria decisión de liberar a Cienfuegos luego de que una investigación estadounidense de alto secreto a largo plazo supuestamente reveló sus vínculos con el hampa criminal de México es un giro inesperado en uno de los casos de tráfico de drogas de más alto perfil en las últimas décadas”.

“Los funcionarios mexicanos no se han comprometido a juzgarlo a su regreso”, destacó la nota firmada por los periodistas Kevin Sieff, Mary Beth Sheridan y Matt Zapotosky, fechada el 17 de noviembre.

Señaló que los fiscales estadounidenses pidieron que se desestimaran los cargos en Estados Unidos con la posibilidad de que pudieran volverlos a presentar, pues confiaron que las pruebas contra el general son “sólidas” y que la solicitud se hiciera formal hasta que los alguaciles estadounidenses pudieran repatriarlo.

Para Vice World News, “el movimiento asombroso y sin precedentes reveló una crisis diplomática entre los países vecinos y mostró hasta dónde está dispuesto a llegar México para proteger a un alto funcionario militar de la persecución de Estados Unidos”.

También citó a un funcionario de las fuerzas del orden público estadounidense que no está autorizado para hablar en público pero que les dijo que la amenaza de expulsar a la DEA de México era “exagerada”, pero debía ser tomado en serio y confió que el Departamento de Justicia lo arregle porque no pueden hacer negocios así. Y admitió: “Estamos avergonzados. Estamos avergonzados”.

Asimismo, señaló que el canciller Marcelo Ebrard había dicho el martes que solicitó pruebas contra Cienfuegos Zepeda a Estados Unidos y se las entregaron el 11 de noviembre, por lo que están revisándolas en la Fiscalía General de la República (FGR) para decidir cómo proceder.

Destacó que se acordó devolver a Cienfuegos Zepeda a México bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Y citó a otro funcionario policial estadounidense familiarizado con el caso, quien aclaró que esta decisión no es por falta de pruebas. “Para ser claros –sentenció–, es muy corrupto”.

No obstante, expresó: “Espero que haya un chivo expiatorio en algún lugar de la cadena que esté involucrado en esto. Será alguien que no tuvo influencia ni participación. Será alguien que hará que todos los superiores se sientan mejor”.

Porque, en su opinión este asunto podría tener implicaciones a largo plazo si Cienfuegos Zepeda queda libre, como que los funcionarios mexicanos apliquen presiones políticas y diplomáticas para deshacer el arresto de personas bien relacionadas.

“El gobierno de México aprendió mucho aquí en su trato con nosotros. Aprendieron a presionar algunos botones. Estratégicamente, esto fue una pérdida”, afirmó.

El caso vs ciE nfuE gos

El 15 de octubre pasado, Cienfuegos Zepeda fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California, porque supuestamente ayudó cuando era secretario de la Defensa Nacional, entre 2012 a 2018. El general se declaró inocente.

Cienfuegos Zepeda ocupó el cargo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, tiempo en el cual, según las pruebas obtenidas por los estadounidenses, estuvo envuelto en una investigación contra el cártel H-2, una rama del cártel de los Beltrán Leyva que operaba en Nayarit.

“Fue acusado de utilizar al Ejército para perseguir a los rivales de la pandilla mientras protegía sus propios envíos de drogas y ayudaba al H-2 a enviar miles de kilos de heroína, cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos”, destacó The Washington Post.

Inegi presentó el Cubo de Datos Geoespaciales de México

El acervo del CDGM consta de más de 118,000 imágenes Landsat con sus metadatos de todo el territorio nacional, desde 1984 hasta 2020

En comisiones del Senado aprueban dictamen para despenalizar la mariguana

InegI

El Inegi, que tiene el mandato de generar información estadística y geográfica, expande sus procesos de innovación para explotar fuentes de información no tradicionales, hacer más accesible la información, potenciar su uso mediante técnicas y herramientas novedosas, y avanzar en el análisis espacial.

Es por ello que presenta el Cubo de Datos Geoespaciales de México (CDGM), una herramienta que facilita el acceso, manejo y explotación de grandes volúmenes de imágenes satelitales a través de una interfaz de programación abierta y de libre acceso que permite el monitoreo de fenómenos ambientales, socioeconómicos y demográficos en México.

El aprovechamiento del CDGM permitirá vincular la información estadística que produce el Inegi con las imágenes satelitales para realizar análisis orientados a identificar crecimientos, comportamientos, distribuciones, tendencias, patrones y relaciones entre diversas variables.

El CDGM ofrece la posibilidad de conocer y reconocer el carácter geoespacial, temporal y sistémico de fenómenos como crecimiento poblacional, deforestación, contaminación, estrés hídrico, salud, vegetación, protección civil, alimentación, gentrificación, energías limpias, niveles socioeconómicos y movilidad, entre otros.

El CDGM facilita la generación de mosaicos compuestos (información de todas las imágenes disponibles, libres de nubosidad) para obtener resúmenes de regiones específicas en un tiempo determinado.

El CDGM hace uso de imágenes provenientes de los satélites Landsat de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y del Departamento de Geología de los Estados Unidos (USGS). Actualmente cuenta con un acervo histórico de 118,000 imágenes Landsat con sus metadatos, desde 1984 hasta abril de 2020. El 86.4% de las imágenes de este acervo tienen Nivel 1 de Calidad de la Colección 1 de la NASA.

Cada mes se recolectan alrededor de 500 nuevas imágenes mismas que, en conjunto, tienen un tamaño aproximado de 500 gigabytes (GB).

Con el CDGM el Inegi hace frente a la creciente demanda e interés internacional y nacional por los datos satelitales para examinar la relación entre los indicadores ambientales y socioeconómicos, y aporta herramientas que apoyen la interacción entre la ciencia de la Tierra y los dominios estadísticos.

Con el CDGM México se suma a países como Australia, Suiza, Ghana y Colombia, entre otros que ya hacen uso de esta tecnología. Además, aprovecha los sistemas y herramientas tecnológicas para atender el llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de promover y fomentar la exploración y el uso de estos datos para monitorear y apoyar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Actualmente, el Cubo de Datos Geoespaciales de México es una herramienta que utiliza el Inegi en distintas líneas de investigación para producir información con base en imágenes de percepción remota y, por ahora, se pone a disposición de las distintas dependencias de los tres niveles de gobierno que así lo requieran, para que puedan hacer uso de esta infraestructura y con ello tomar decisiones de política pública.

Asimismo, para el público en general se pone a disposición el programa de Geomediana Landsat en la sección de Investigación del Sitio Institucional y se puede consultar en www.inegi.org.mx/investigacion/ geomediana/. Con este programa se inaugura la sección de Información geoespacial experimental en donde se liberarán futuros programas que exploten la información de las imágenes espaciales y el acervo con que cuenta el Estado mexicano.

El Inegi refrenda así su compromiso de suministrar a la sociedad y al Estado Información de calidad, pertinente, veraz y oportuna para coadyuvar al desarrollo nacional.

/ neldy San Martín

El dictamen por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis fue aprobado por consenso en las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud y de Estudios Legislativos del Senado, y pasó al pleno para su discusión y votación hoy jueves.

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, Julio Menchaca Salazar, dijo que seguirán trabajando este miércoles para que mañana se presente “un adendum” al dictamen con otras consideraciones, a fin de enriquecerlo.

La senadora Jesusa Rodríguez, de Morena, señaló que, si bien la intención del dictamen no es criminalizar a los usuarios, el camino que se eligió para cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es el correcto.

“En diversos artículos se mantiene la continuación, tanto de la criminalización como de la estigmatización de usuarios y hasta de una planta. Se estigmatiza cuando se asume que el cannabis es una sustancia nociva y se establecen controles que no se tienen para sustancias como el alcohol o el tabaco, poniendo incluso un límite de plantas que, según yo, debiera desaparecer”, opinó al intervenir durante la discusión del dictamen.

Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, señaló que de sus propuestas de modificación La nueva herramienta del INEGI podría ayudar a analizar los asentamientos irregulares que existen en el territorio mexicano. Desde junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había exhortado a dicho organismo a emitir información acerca de este fenómeno social.

Ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó la nueva herramienta llamada Cubo de Datos Geoespaciales de México (CDGM) con el cual permitirá analizar el territorio mexicano por medio de imágenes de satélite y ver los cambios que ha habido en el territorio desde 1984 hasta la fecha. Esto, según externaron, podría ser fundamental para la toma de decisiones en políticas públicas.

Esta herramienta permitirá analizar a mayor detalle fenómenos urbanos como lo son los asentamientos irregulares y ver la relación que tiene el crecimiento de estos territorios urbanos con el crecimiento de las ciudades.

Se considera asentamiento irregular cuando un grupo de personas instala su hogar en un lugar fuera del lugar en donde las autoridades municipales dejan de tener poder en el ordenamiento urbano. Generalmente son personas de escasos recursos que viven sin servicios básicos | Foto @senadomexicano

al dictamen se incorporaron algunas, como aumentar el límite de plantas en un domicilio para el autocultivo, de seis a ocho; se eliminó la obligación de establecer barreras físicas en domicilios y la permisión de los alimentos derivados de cannabis no psicoactivos o derivados del cáñamo.

En tanto, fueron desechadas las propuestas para aumentar los umbrales de posesión simple, establecer el acto de “adquirir semillas” y hacer explícita la no penalización para cuidadores que suministren cannabis.

“Mi voto es favor del dictamen porque es un avance en el largo camino para cambiar el paradigma en la política de drogas prohibicionista. No es el dictamen ideal, desde mi punto de vista, pero es hoy el acuerdo posible para tener una regulación del uso adulto del cannabis”, escribió la senadora en su cuenta de Twitter.

Indira Rosales San Román, del Partido Acción Nacional (PAN), anunció el voto en contra de su bancada, debido a que la “llamada regulación no atiende a la realidad social del país". "Consideramos que en nada abona a la convivencia social y sobre todo a la seguridad”, subrayó.

El dictamen permite el cultivo, comercialización e industrialización de la mariguana. Modifica el Código Penal Federal y la Ley General de Salud para cambiar el gramaje mínimo permitido, que actualmente es de 5 gramos, hasta los

De manera satelital, Inegi podría analizar los asentamientos irregulares en el territorio

gabrIel SorIano

28 y máximo hasta los 200 gramos. y con una incertidumbre jurídica sobre la propiedad del territorio.

En junio de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Inegi que estudiara y diera información acerca de los asentamientos irregulares pues la asociación civil Un techo para mi país México, presentó una queja al haber poca información sobre el tema resaltando que es fundamental conocer esta información para incidir en políticas públicas y garantizar este derecho humano fundamental.

Paloma Merodio como vicepresidenta del Inegi, explicó que el CDGM muestra información en forma de pixel, sin importar polígonos, colonias o fronteras político administrativas: “Claro que podemos tomar la geomediana como base para entonces hacer una integración con la información de fronteras político administrativas para analizar fenómenos”.

Julio Santaella Castell destacó que la resolución de las imágenes que se obtenga es de resolución media por lo que objetos mayores a treinta metros serán visibles.

En Aguascalientes, según la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Segout), al cierre del 2019 se habían registrado 283 asentamientos irregulares en el estado.