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Caso Cabeza de Vaca: El ruido mediático le gana a la sustancia jurídica
/ JuAn Alberto cedillo
El proceso legal contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y la solicitud de desafuero en su contra se vislumbran como casos mediáticos para ser usados rumbo a las elecciones de junio próximo, cuando se elijan alcaldes y diputados locales y federales, coinciden académicos y políticos entrevistados por Proceso.
Sobre la acusación judicial por presunto lavado, los consultados calculan que ésta podría chocar con el “dique” que levantaron los diputados panistas en el Congreso estatal, afines al gobernador.
De esa manera, García Cabeza de Vaca se perfila para concluir su mandato en 2022 en una entidad considerada Estado fallido y bajo el dominio del crimen organizado.
Sobre su caso, el propio Ejecutivo estatal ha denunciado a la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, de armar un expediente en su contra basado en “sospechas con propósitos políticos y electorales”.
Sus señalamientos son consecuencia del expediente que recibió de parte de la Cámara de Diputados y con el cual se solicita su desafuero. Detalla que, a diferencia de lo que se filtró en la prensa, la petición para desaforarlo no incluye delitos como el contrabando de combustible, narcotráfico o su colaboración con el crimen organizado o equivalentes.
Según el mandatario, en el expediente presentado a los diputados la principal acusación se suscribe en el “impago de contribuciones fiscales”, un delito “menor” que no amerita que sea desaforado, según abogados consultados.
Las contribuciones fiscales evadidas son por la venta a finales de 2019 de un departamento de lujo en Bosques de Santa Fe, comprado en 2013 en 14 millones de pesos y vendido en más de 50 millones de pesos.
El expediente suma el delito de lavado porque el dinero obtenido por la venta y los impuestos no pagados fueron canalizados al sistema bancario.
Lo que no menciona García Cabeza de Vaca es que existe la presunción de que ese departamento lo compró con supuestos sobornos recibidos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, a cambio de su voto como senador para respaldar la Reforma Energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El mandatario de Tamaulipas precisó que el tercer delito que contiene el expediente de la FGR es el de delincuencia organizada, este lo sustentan en la presunta participación de varios miembros de su familia, incluida su esposa, en sus negocios particulares.
“Ante las embestidas del Gobierno Federal, yo les digo a ustedes: me podrán seguir atacando, difamando, calumniando, pero que sepan bien, aquí nadie se rinde, vamos a demostrar de qué estamos hechos en Tamaulipas”, dijo el gobernador ante ciudadanos que el 28 de febrero último marcharon para respaldarlo.
En dicho acto público insistió en que las acusaciones fueron creadas para desviar la atención de los “verdaderos problemas nacionales”, insistió en que el Gobierno Federal fabricó los supuestos delitos y agregó que es objeto de una persecución política diseñada desde Palacio Nacional. | Foto Gobierno de México
“Si hay un delito del que me puedan y quieran señalar, ese delito es simplemente no haberme sometido ante ese Gobierno Federal, ni hoy ni mañana ni nunca, por evidenciar a la Comisión Federal de Electricidad que presentó un documento apócrifo del gobierno de Tamaulipas para justificar el mega apagón que dejó sin servicio a más de 10 millones de usuarios”, dijo ante simpatizantes.
Freno político
Académico y politólogo del Colegio de México, Sergio Aguayo considera que, por el momento, el caso contra el gobernador tamaulipeco es mediático y se percibe con fines electorales por el momento en el cual es impulsado. “En ese sentido, representa un éxito para la Cuarta Transformación”.
Y proyecta que en la parte legal podría ser un proceso que terminará por diluirse en el Congreso de Tamaulipas.
Desde el punto de vista histórico, agrega, representa la degradación de la situación de Tamaulipas, un estado que parece estar bajo una “gobernanza criminal”, consecuencia de un proceso bastante largo y complejo.
A escala local, opina que el reto para Morena será imponerse en un estado donde el PAN y el PRI han mantenido una gran influencia en todos los niveles de gobierno.
Si en el estado el PAN es el que encabeza la defensa de García Cabeza de Vaca, en el ámbito nacional es la alianza federalista.
Luis Cachorro, dirigente del PAN en Tamaulipas, asegura que las acusaciones contra el gobernador sólo pretenden frenar a los adversarios políticos de la Cuarta Transformación.
“Fabricar delitos se ha convertido en una práctica que no tiene cabida en los regímenes democráticos donde prevalece el Estado de derecho y el debido proceso”, dice en una comunicación enviada a Proceso tras ser consultado.
Asegura que al Gobierno Federal no le ha resultado “el uso indebido” de las instituciones para frenar los proyectos políticos de sus adversarios.
“La acusación por delincuencia organizada contra Francisco García Cabeza de Vaca no tiene relación alguna con el crimen organizado”, aseguró el dirigente estatal panista.
Para el nuevo aliado del PAN, el priista y exdiputado federal que presidió la Comisión de Energía en San Lázaro cuando se aprobó la reforma energética, Marco Antonio Bernal, el gobierno federal ha cometido varios errores en el caso García Cabeza de Vaca.
el dique
En las primeras filtraciones que se hicieron a la prensa se destacó que las autoridades federales investigaban la presunta relación entre el gobernador de Tamaulipas con la delincuencia organizada. Incluso, se mencionó que las pesquisas de la fiscalía estaban acordes con las que las autoridades de Estados Unidos realizan sobre el mandatario local.
Sin embargo, las indagatorias de los fiscales estadunidenses no se centran en García Cabeza de Vaca, sino en sus presuntos prestanombres o familiares que tradicionalmente son usados por los gobernadores para esconder sus negocios ilegales. Además, el expediente mexicano sólo habla de “delitos menores”, como la evasión fiscal.
El 24 de febrero último, cuando el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció en Palacio Nacional la solicitud de desafuero contra el mandatario estatal, aseguró que el caso no podría tomarse como un acto de venganza o de tipo político “porque el juicio va a ser público ante el Congreso, con todas las pruebas de quienes denunciaron, lo que se hizo en el proceso de investigación”.
Agregó que la instrucción que tienen los servidores públicos del gobierno es que “si hay una denuncia por corrupción, que no se tape nada, sea quien sea, y que se envíe de inmediato esa información a la fiscalía, que es la encargada de investigar y de atender estos asuntos”.
No obstante, para el Colegio de Abogados de Nuevo León, la intervención del fiscal general en esa conferencia mañanera es violatoria del debido proceso, porque condena de antemano a García Cabeza de Vaca.
“El fiscal debe ser independiente del Poder Ejecutivo. Al presentarse ante un foro político para explicar y señalar acusaciones se violenta la presunción de inocencia del presunto acusado y se viola el debido proceso que deben respetar las autoridades”, explicó la asociación luego de ser consultada sobre el caso.
También señaló que el haberse solicitado en ese foro la apertura del expediente es una falla fundamental para que un juez o los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimen las acusaciones contra el gobernador.
El colegio de abogados agregó que la defraudación fiscal no amerita ni sustenta la petición del desafuero.
inAi
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) implementará nuevos canales virtuales de comunicación con la sociedad para fortalecer el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
Con ese propósito, se habilitará el Centro de Atención Virtual del INAI (Cavinai), como parte del Centro de Atención a la Sociedad (CAS), mediante el cual se brindarán asesorías personalizadas de manera virtual, a través de chats y videollamadas.
Los nuevos canales de comunicación son el Chat Web, WhatsApp, videollamadas y mensajes SMS, que serán implementados bajo los estándares de seguridad establecidos en la legislación y normatividad que rige al INAI.
Lo anterior, fue aprobado por el Pleno del INAI, mediante el Acuerdo ACTPUB/12/07/2017.05, publicado el 18 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, por el que se modifican los Lineamientos que rigen la operación del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto.
En el acuerdo se establece también que la prestación de los servicios de atención presencial se hará a través de un sistema de citas, como una medida para prevenir riesgos sanitarios.
Asimismo, se prevé la posibilidad de realizar el registro manual de solicitudes de acceso a la información y del ejercicio de los derechos Arcop (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad) dirigidas a sujetos obligados en los tres órdenes de gobierno, vía Telinai (8008354324) y de manera presencial, ya sea en la sede del INAI o en módulos itinerantes, una vez que entre en operación el Módulo Manual del Sisai 2.
Para el registro de solicitudes múltiples de información pública, vía Telinai, se contempla que la persona usuaria proporcione, de preferencia, una cuenta de correo electrónico para que le sean enviados los acuses de recibo y se le brindarán alternativas para facilitar el seguimiento a sus requerimientos.
Con estas acciones, el INAI ampliará la calidad y cobertura de los servicios del CAS, a través de medios de comunicación virtual, que las tecnologías de información y comunicación ponen al alcance de la población. Estos servicios se brindarán a la población en general una vez que se concluyan los trabajos de habilitación de los sistemas y herramientas requeridos para su implementación.
