Reforma para regular la marihuana sigue estigmatizando al consumidor

gabriel soriano

El proyecto para legalizar la marihuana sólo se enfoca en lo comercial, con lo que se sigue estigmatizando al consumidor, y eso provocaría que se limiten los espacios en donde se puede consumir.

A más de dos años desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminara que es inconstitucional la prohibición de la marihuana, este 10 de marzo en la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto de ley para legalizar su uso recreativo con 316 votos a favor y 129 en contra. El proyecto ahora se ha turnado al Senado para su votación, en donde el coordinador de la bancada morenita, Ricardo Monreal, ha señalado que buscarán que sea aprobada sin modificación alguna.

Aunque hay que reconocer que es un avance que ya se haya discutido en la cámara baja, los activistas por el consumo del cannabis no se han mostrado | Foto Cristian de Lira

totalmente a favor. “Ese dictamen no nos representa a nosotros como consumidores de marihuana, da pie a que nos sigan extorsionando, a que nos sigan discriminando”, ha comentado Juan Pablo Ibarra Chapoy, activista del Plantón 420.

Desde Aguascalientes, el activista Héctor Hernández opinó de la misma manera, pues dijo que está más enfocado en la comercialización de la marihuana que de remover los estigmas de quienes consumen cannabis. Destacó que en el dictamen sólo se permite el consumo en domicilios particulares, pero si se vive con una persona que no consume cannabis esta podría presentar una demanda por incumplimiento de la ley.

“Realmente es algo que si está algo mal planteado, no es a favor del consumidor si no de la industria, entiendo el punto, obviamente se busca que la economía del país tenga un realce con esta industria y la va a tener. Sin embargo, también deben de ver como el consumidor, así como pueden tomar alcohol en bares o cantinas, así como pueden fumar tabaco, nosotros como consumidores considero que deberíamos de tener esas ventajas”, comentó.

Además, se establece en el dictamen que toda persona deberá tener un permiso en la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) para consumir marihuana. También establece que no se pueden en un domicilio que esté a menos de 300 metros de una escuela, iglesia, centro deportivo o cultural.

En general, subrayó que el dictamen tiene más puntos que se pueden mejorar que cosas a favor, pero celebró que ya se esté discutiendo en el poder legislativo. Celebró que, de aprobarse, los consumidores que llevan con ellos un porro o cierta cantidad de gramos no habrían de ser motivo de detención o multa, siempre y cuando sea menos de 28 gramos.

/ arturo rodríguez

Con el argumento de erradicar la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto en la mira a organismos autónomos, entidades descentralizadas de la administración pública central e inclusive al Poder Judicial.

Además, en sus posiciones públicas respecto de cada caso presentado en el actual sexenio, siempre expuestas en sus conferencias de prensa matutinas, el mandatario ha personalizado críticas y cuestionamientos e instruido investigaciones contra funcionarios ajenos a su autoridad, forzando renuncias y retiros anticipados, aunque sin consecuencias judiciales.

El episodio más reciente tuvo su origen en la primera de varias suspensiones provisionales concedidas a particulares inconformes con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que en semanas previas fue aprobada con la mayoría de votos de Morena y sus aliados en las dos cámaras legislativas, sin que el debate parlamentario posibilitara mover ni el mínimo detalle a la iniciativa presidencial de reforma.

La primera reacción del presidente López Obrador, el lunes 15, fue pedir una investigación contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó el primer amparo y posteriormente varios más. Mediante una solicitud al Consejo de la Judicatura que amplió el jueves 18, el juzgador se convirtió en uno de los varios señalados por el titular del Ejecutivo.

Además, López Obrador reveló que había instruido una investigación sobre el ministro en retiro José Ramón Cossío, acusándolo de aliarse con Claudio X. González y de estar ambos detrás de los amparos a la polémica reforma.

El presidente fijó su posición desde que la iniciativa fue presentada: con la reforma energética realizada el sexenio pasado, producto del llamado Pacto por México, los productores privados de energía eléctrica renovable han sido privilegiados, mientras que la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad quedó obsoleta. Su intención, ha dicho, es invertir los papeles de manera que se generen ahorros evitando los “contratos leoninos” suscritos con los productores privados, a los que ha señalado como beneficiarios de esquemas de corrupción.

La fórmula de la descalificación

Claves disCursivas

La “austeridad republicana”, el ahorro de recursos públicos y la promesa de erradicar la corrupción son clave discursiva y objetivo declarado de cada polémica con otros poderes y organismos autónomos, en los que funcionarios son señalados desde la tribuna presidencial y sometidos a escarnio hasta que finalmente se retiran de su cargo.

La primera ocasión en que esa fórmula política se aplicó fue el 18 de febrero de 2019, apenas iniciado el sexenio. López Obrador convocó a su conferencia de prensa matutina a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, para rendir un amplio informe sobre sospechas de corrupción centradas en el entonces presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer.

“No es porque nos haya criticado, es porque no se midieron”, dijo el mandatario aludiendo a lo que considera políticas privatizadoras y corrupción.

Tras el informe sobre posible conflicto de intereses en su función y acciones que beneficiaron a Fermaca, empresa en la que tenía dos familiares, descalificado en diferentes ocasiones, García Alcocer renunció al cargo en junio.

Desde esa ocasión, las menciones del presidente sobre organismos autónomos, particularmente en el sector energético, fueron constantes y se ampliarían luego al Instituto Nacional de Transparencia, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros, cuyos titulares habían cuestionado una política del mandatario o girado instrucciones que incomodaban al presidente.

Entre esos casos destaca el de Gonzalo Hernández Licona, quien se desempeñaba como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo del que fue fundador y en el que, ciertamente, como reiteró el mandatario, estaba en el cargo desde 2004.

El 18 de julio de 2019 Hernández Licona criticó la política de “austeridad republicana” en un artículo publicado por el portal noticioso Animal Político. En el texto señalaba que los recortes presupuestales podían dejar inoperante al Coneval, entre otras consideraciones. Apenas permaneció en el cargo un día y fue reemplazado.

Los argumentos sobre la salida fueron expuestos por López Obrador el 23 de julio siguiente; dijo que el ciclo de Hernández Licona había terminado, no por las críticas: “No es cierto que (el reemplazo) haya sido porque escribió en contra de la austeridad. Tan no fue cierto que se decidió antes de que escribiera su artículo… no es mi fuerte la venganza”.

Los cuestionamientos al respecto siguieron esa semana y, en respuesta, el presidente exhibió cuánto ganaba Hernández Licona (220 mil pesos, según el mandatario) y el 25 de julio de plano amagó con la extinción del Coneval, considerando que sus funciones podían ser realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi):

“No lo descartamos, porque la verdad, abusaron con la creación de todos estos organismos, crearon aparatos burocráticos onerosos sin beneficio, llenaron de oficinas, de instituciones supuestamente autónomas, independientes. Se puso de moda todo eso. Y existen instituciones. Si se tiene el Inegi, ¿por qué no hace esa función?”

Aunque nada tenía que ver con el tema del artículo ni del Coneval, el presidente relacionó su política de austeridad y la reducción del sueldo de los funcionarios para articular su malestar por la consideración de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que le recomendó ser más precavido luego de que declaró que el semanario Proceso “no se portó bien con nosotros”.

“¿Cuánto ganaba el que estaba de director del Coneval? 220 mil pesos (…) por eso están molestos. Pero ni un paso atrás, aunque vengan recomendaciones de la ONU para que no digamos que Proceso es una revista conservadora… vamos a seguirlo diciendo”, expuso.

“sabotaje legal”

Entre las confrontaciones y descalificaciones que a diario suele emitir el titular del Poder Ejecutivo, los amparos tienen un lugar destacado y han motivado señalamientos en diferentes temas contra el empresario Claudio X. González y el propio José Ramón Cossío, involucrados en la polémica reciente sobre la Ley de la Industria Eléctrica.

El 1 de julio de 2019, durante su mensaje con motivo del aniversario de su triunfo electoral, que suele llamar “informe de gobierno”, López Obrador se refirió a las demandas de amparo para preservar el proyecto aeroportuario de Texcoco en lugar de su proyecto de Santa Lucía. Las calificó de “sabotaje legal”.

Sin embargo, la primera polémica fue por la reforma a los artículos 116 y 127 de la Constitución, a partir de una iniciativa remitida por López Obrador el 14 de agosto de 2018, aun siendo presidente electo, a fin de que los funcionarios públicos de los tres poderes y los organismos autónomos se sometan a ganar menos que el presidente de la República, que se fijó un salario de 108 mil pesos; eso es, la mitad de lo que ganaba Enrique Peña Nieto.

Una cauda de amparos demandados por los consejeros electorales y personal del Instituto Nacional Electoral, así como de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y del Poder Judicial, dieron al traste con la pretensión. Además de diferentes señalamientos contra jueces y consejeros, el mandatario anunció el pasado 20 de noviembre:

“No descarto el que vuelva a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución, porque muchos servidores públicos del Poder Judicial se ampararon, se les concedió el amparo y están ganando más. Quiero que quede claro que se respete la Constitución y que nadie pueda ganar más que el presidente de la República, que haya excepciones pero muy bien definidas y que no se preste a interpretaciones.”

Ante “ataques” de AMLO, jueces y magistrados recurren a la ONU

/ juan omar fIerro

Litigantes, jueces y magistrados de México han establecido contacto con el relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, ante lo que consideran una de las mayores amenazas a la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF) en los últimos 25 años.

Agrupados en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), los impartidores de justicia han solicitado a García-Sayán dar seguimiento a los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador contra un juez especializado en competencia económica que suspendió de forma definitiva la aplicación de la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

El fallo del juez Juan Pablo Gómez Fierro provocó la molestia del titular del Ejecutivo Federal, quien emprendió una reforma legal para fortalecer las facultades del Estado en detrimento de la participación privada, a pesar de que apenas el 3 de febrero pasado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció contra la participación monopólica del Estado en el mercado de energía eléctrica.

Tras la andanada del presidente contra el juzgador federal, los jueces y magistrados mexicanos advierten que la amenaza no sólo radica en el uso de la conferencia matutina de López Obrador para exponer, de manera sesgada, los fallos incómodos del juez segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, sino también en la propuesta gubernamental de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Carrera Judicial del propio PJF.

Según los impartidores de justicia, esas normas establecen márgenes “muy discrecionales” para la suspensión y cambio de residencia, conocida como readscripción, de los impartidores de justicia. Las modificaciones, además, prevén eliminar la jubilación en caso de que los ministros en retiro reciban honorarios, como es el caso del ministro en retiro José Ramón Cossío, a quien el presidente acusó de actuar contra su gobierno y ser parte de los abogados que promovieron los amparos contra su reforma eléctrica.

Recibida por el Senado el pasado viernes 12, el gobierno de López Obrador pretende que esas iniciativas de ley se aprueben en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que concluye el 30 abril.

IndependencIa “bajo amenaza”

De acuerdo con la ONU, el relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados entra en acción cuando la independencia de un Poder Judicial está bajo amenaza y jueces, fiscales y abogados son víctimas de ataques y violaciones de sus derechos, además de ser víctimas de “amenazas e interferencias externas a la hora de realizar sus actividades profesionales”.

Si bien en México no se ha llegado al extremo de subordinar al Poder Judicial, como ha ocurrido en otros países, los jueces y magistrados federales solicitaron a García-Sayán poner a México bajo ob | Foto Gobierno de México

servación, con el fin de evitar que nuestro país pudiera llegar a ese extremo.

Según los juzgadores federales que hablaron con Proceso a condición del anonimato por temor a represalias, la situación se agrava por las “dudas” que ha generado la actuación del ministro presidente Arturo Zaldívar frente a los ataques presidenciales. En el caso de las críticas contra Gómez Fierro, Zaldívar tardó más de 24 horas en reaccionar y se limitó a emitir un breve mensaje a través de su cuenta de Twitter:

“Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El #CJF garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial”, escribió el ministro tras dos conferencias seguidas en las que López Obrador arremetió contra el Poder Judicial.

Ni el presidente del máximo órgano del Poder Judicial ni alguno de los otros ministros han aprovechado las sesiones del pleno para deslizar una postura más fuerte sobre el tema. A decir de los juzgadores federales, otra omisión importante es la del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), organismo rector de la disciplina y la administración en tribunales y juzgados.

De acuerdo con los impartidores de justicia, tampoco se ha dado un pronunciamiento conjunto de los siete consejeros a favor de la independencia judicial en general y en defensa de la actuación del juez cuestionado desde la tribuna presidencial, a pesar de que una de sus obligaciones es brindar todas las condiciones de seguridad para que los juzgadores puedan dictar sus fallos con plena autonomía e independencia, protegidos de presiones externas e internas en cada juicio o litigio que les toca resolver.

cuestIón de crIterIos

Las presiones que desde el Palacio Nacional se han dirigido contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro incluyeron una petición expresa del presidente López Obrador para abrir un expediente de responsabilidad administrativa contra el juzgador federal por las suspensiones provisionales que otorgó desde el pasado viernes 12 a empresas privadas de generación de energía eólica y solar.

Las suspensiones dejaron sin efecto las obligaciones y reglas que la nueva LIE impone al sector privado, al tiempo que fortalece el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la regulación e interconexión del Sistema Eléctrico Nacional.

Las dos primeras suspensiones otorgadas por el juez especializado en competencia económica se dieron al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la nueva LIE, por lo que el Gobierno Federal no tuvo margen de maniobra para aplicar su proyecto en materia de generación, distribución y comercialización del fluido eléctrico.

La medida cautelar acordada por el juez federal no se limitó a las dos primeras empresas inconformes, ya que el impartidor de justicia resolvió darle efectos generales a su resolución, argumentando que con ello se evita que las empresas quejosas resulten beneficiadas con una ventaja indebida frente al resto de sus competidores en el mercado de la energía eléctrica.

Este criterio del juzgador federal provocó el enojo de López Obrador, tal como lo reconoció en su conferencia matutina del pasado lunes 15, cuando acusó al juez de estar al servicio de “intereses particulares”.

Para diversos magistrados que forman parte de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, intentar que se sancione a un juez por emitir un criterio judicial, debidamente fundado y motivado, sería una forma de atentar contra la independencia judicial, debido a que la interpretación de las normas es una de las facultades que permiten resolver con libertad de criterio a cualquier impartidor de justicia.

Precisaron que para que una sentencia o resolución sea objeto de sanción, tendría que ser contraria al texto expreso de la ley o ignorar las constancias o autos que obran en el expediente.

Según la agrupación de jueces y magistrados federales, la única forma de fincar una responsabilidad administrativa a un impartidor de justicia es demostrando que hubo influyentismo o que éste se comprometió con alguna de las partes por un conflicto de interés o un beneficio económico; es decir, cuando hay elementos para sospechar que se cometió un acto de corrupción.

Ante la impugnación del gobierno federal, la resolución del juez deberá ser revisada por un Tribunal Colegiado, pero se da por hecho que el caso terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde hay división de criterios frente a las modificaciones a la LIE.

reforma InquIetante

A la crispación generada por el fallo de Gómez Fierro, al que después se sumó el juez especializado en competencia económica Rodrigo de la Peza Figueroa al conceder nuevas suspensiones a la aplicación de las reformas a la LIE, se sumaron las propuestas de reforma a las leyes Orgánica y de Carrera del Poder Judicial de la Federación.

Un primer análisis de las propuestas realizado por la Jufed señala el riesgo de que se refuercen las facultades discrecionales del Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales, los cuales se reconocen en el paquete de reformas que ya fueron publicadas en la Gaceta del Senado de la República el pasado viernes 12.

Con 261 páginas, la propuesta que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Unión reconoce en la exposición de motivos que el Consejo de la Judicatura podrá determinar “mediante acuerdos generales” desde el número de comisiones que podrán conformarse en ese órgano rector de jueces y magistrados federales, hasta cuestiones relativas a la carrera judicial, incluyendo la “designación, ratificación, adscripción, remoción, inhabilitación y, en su caso, reincorporación de los magistrados de circuito y jueces de distrito”.

Dichas facultades, consideran los impartidores de justicia, van a consolidar el clima de inquietud que priva al interior del Poder Judicial desde hace dos años y podrían generar una responsabilidad del Estado mexicano frente a instancias internacionales, debido a que la permanencia de jueces y magistrados en un juzgado o tribunal podría estar sujeta a acuerdos discrecionales.

De igual forma, diversas voces al interior de la Jufed consideran que el manejo de las medidas cautelares por parte del Consejo de la Judicatura permite “sanciones encubiertas” y el uso de las medidas disciplinarias como mecanismos de presión contra los propios impartidores de justicia.

En lo que se refiere al tema de las readscripciones, la opinión de los jueces y magistrados deja de tener valor y el proceso queda a discreción absoluta por parte del Consejo de la Judicatura.

Además, no se fijan criterios para ratificar o no a jueces y magistrados federales, lo que genera todavía más inestabilidad dentro del Poder Judicial de la Federación. La situación de incertidumbre, estiman los impartidores de justicia, ha propiciado la jubilación anticipada de casi una veintena de magistrados, lo que también agrava el déficit de personal que ya existe en los tribunales colegiados.

Por todo lo anterior, la Jufed pretende buscar al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, para renegociar cambios a las propuestas del gobierno federal, pero ahora con la presión del tiempo encima y la animadversión de López Obrador a los fallos de jueces de distrito, que han puesto en jaque sus proyectos estratégicos, como el Tren Maya y el fortalecimiento de la CFE frente a las compañías privadas de generación de energía eléctrica.