6 Años de vigencia Constitución Política del Estado

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6 años de vigencia

Constitución Política del Estado

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Redacción Central

ace seis años, un sábado como hoy en la ciudad de El Alto, fue promulgada la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia. Ésta fue publicada por la Gaceta Oficial dos días después, el lunes 9 de febrero de 2009, a partir de ese momento entró formalmente en vigencia.

El texto constitucional estableció el ingreso de Bolivia a un Estado plurinacional, comunitario y con autonomías.

El proyecto de Constitución fue redactado por la Asamblea Constituyente (que trabajó desde el 6 de agosto de 2006) y aprobado en su fase “En Grande” en Sucre, el martes 27 de noviembre de 2007.

La fase en “En Detalle” se discutió en la ciudad de Oruro, el 9 de diciembre de 2007. La etapa “De Revisión” del proyecto de Constitución se llevó a cabo entre el 10 y 14 de diciembre de 2007.

Casi un año después, en septiembre de 2008 en Cochabamba, tres prefectos: Mario Cossio (Tarija), Rubén Costas (Santa Cruz) y Ernesto Suárez (Beni) revisaron la propuesta en la parte pertinente a las autonomías departamentales para llegar a consensos.

La presión social apresuró el diálogo congresal, y del 20 al 21 de octubre de 2008 en La Paz el proyecto sancionado en Oruro fue reformulado por el Congreso en temas como justicia comunitaria, las garantías a la propiedad privada, los límites a la propiedad agraria, la reelección presidencial, entre algunos.

Con estas reformulaciones, el borrador fue presentado el 21 de octubre de 2008. El presidente Evo Morales promulgó la Ley de Convocatoria a Referendo Dirimitorio Sobre Tierras y Referendo del Proyecto de Reforma Constitucional para el 25 de enero de 2009.

Del total de votos emitidos, el 61,4 por ciento aprobó la nueva Constitución. Los votos por el No sumaron un 38,6 por ciento.

En función de estos resultados el 7 de febrero de 2009, el presidente Evo Morales promulgó la nueva Constitución, compuesta por 411 artículos, divididos en cinco partes: caracterización del Estado, derechos, deberes y garantías; estructura y organización funcional del Estado; estructura y organización territorial del Estado; estructura y organización económica del Estado; y jerarquía normativa y reforma de la Constitución, donde se encuentran las disposiciones transitorias.

Foto: La Prensa

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Derechos y garantías • En la Constitución vigente a lo largo de casi 100 artículos se especifican los derechos de grupos sociales, como los pueblos indígenas, los niños, las familias, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los privados de libertad e, incluso, los derechos de los usuarios y consumidores.

Estado Plurinacional

El presidente Evo Morales promulga la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009.

Jenny Cartagena T.

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seis años de la vigencia de la Constitución Política de Estado (CPE) son varios los avances que se mencionan en algunos temas y ninguno en otros, pero no todo es positivo en el balance sobre lo implementado con relación a los objetivos con los que se redactó ese nuevo texto y las expectativas sobre los cambios de fondo que debían producirse.

El sábado 7 de febrero de 2009, miles de personas congregadas en El Alto, entre ellas autoridades gubernamentales, juraron respetar y hacer respetar la nueva CPE que entró en vigencia ese día.

Fue el presidente Evo Morales quien tomó ese juramento luego de firmar la nueva Constitución, un texto elaborado por la Asamblea Constituyente y modificado por el Congreso, posteriormente aprobado en las urnas.

Al menos 10 grandes temas polemizaron su redacción: entre ellos el reconocimiento de los 36 pueblos indígenas y su participación efectiva en todos los niveles del poder estatal y económico, la delimitación de la propiedad de la tierra, las competencias de los cuatro niveles autonómicos, los recursos naturales, la economía "plural", la reelección presidencial, entre algunos.

A seis años varios de estos temas continúan siendo los más controvertidos y los balances sobre el proceso de construcción de ese nuevo Estado a partir de la CPE difieren.

"En el tema institucional, al que puedo referirme, hubo un gran retroceso, se dio cumplimiento formal a lo que dice la CPE pero se dejó de lado su esencia.

En los órganos Electoral y Judicial hubo gran retroceso", señala el abogado Carlos Alarcón.

Según el jurista, en estos seis años de

Foto: Abi

• La Constitución vigente establece que Bolivia es un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural descentralizado y con autonomías.

La institucionalidad del nuevo Estado

vigencia, se destaca el avance "formal" en la estructuración y el funcionamiento de la nueva institucionalidad de todos los órganos del Estado, pero se debe lamentar que en este proceso no se hayan respetado los valores y principios instituidos en la CPE, como son la independencia y separación de los poderes públicos, por lo que hoy no se puede hablar de una justicia ni un órgano electoral y legislativo independientes del poder político del Ejecutivo.

En estas condiciones, anotó que no se puede hablar de la protección y vigencia plena de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos ampliamente desarrollados en la CPE. Advirtió que en temas, como la institucionalización de los cargos directivos de entidades como YPFB, el Banco Central, ni siquiera hubo un cumplimiento formal, se mantienen autoridades interinas y no se ha dado curso a su elección como manda la CPE. Según el exsenador potosino Eduardo Maldonado, la CPE que fue resultado de un proceso histórico de acumulación de fuerzas y planteó reestructurar el Estado con una perspectiva diferente, si bien se la viene aplicando en sus líneas macro, como el reconocimiento del pluralismo social, se lo está haciendo con sesgos como el querer "pintar de un solo color" un país tan "diverso" como es Bolivia.

Ahora quiero decirles: pueden sacarme del Palacio, pueden matarme, misión cumplida con la refundación de una nueva Bolivia unida Evo Morales (7 febrero 2009)

Poder

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Quedan rezagados

los derechos indígenas Jenny Cartagena T.

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l reconocimiento de Bolivia como Estado Plurinacional con la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas originarios y el de las autonomías departamentales e indígenas, además de las regionales y municipales, fueron dos de los principales postulados "bandera" de la Constitución Política del Estado (CPE) promulgada el 7 de febrero de 2009.

Seis años después, el primer tema demandado por los pueblos de las tierras bajas a través de movilizaciones que emergieron en 1990, quedaron en postulados dogmáticos y rezagados en su implementación.

El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, destaca al respecto el artículo 30 de la CPE que es un "amplio catálogo" de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas originario campesinos. Es "la novedad más importante" de la Constitución vigente que le da el carácter de Estado Plurinacional al país, pero lamenta que esos postulados a la fecha no se cumplan.

Mencionó como ejemplo el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, que para su ejercicio a la fecha no existe una ley específica, por lo cual se mantiene la lucha desigual de los pueblos que no tienen poder para hacerse escuchar en las negociaciones con el aparato estatal que promueve proyectos productivos extractivistas.

Tampoco existen avances, dijo en las autonomías indígenas, tanto de los municipios como los territorios indígenas, que en 2009 optaron por la autonomía y cuentan con estatutos, pero a la fecha no pueden elegir a sus autoridades y tener una gestión autónoma.

Otros temas, mencionó Colque, son la justicia indígena originaria campesina,

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tierra y territorio, su redistribución más equitativa, y la preservación del medio ambiente, sobre los que se esperaba mucho.

El abogado José Antonio Rivera coincide con la falta de avances en el proceso de implementación de las autonomías territoriales, especialmente el de las autonomías indígena originaria campesinas, prueba de ello en las elecciones subnacionales de marzo próximo, las Entidades Territoriales Autónomas volverán a elegir a sus autoridades con una Ley de Transición y no con sus estatutos y cartas orgánicas.

Valorización de la coca • La Constitución vigente establece que "el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable y como factor de cohesión social" y que en su "estado natural la coca no es estupefaciente".

Sectores movilizados en Sucre, sede de la Asamblea Constituyente en 2007.

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Foto: Correo del Sur

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La CPE es hoy un "libro de vitrina" Raúl Prada Alcoreza, exconstituyente y activista

Para el exasambleísta constituyente, Raúl Prada, la actual Constitución Política del Estado (CPE) se ha convertido en un "libro de vitrina" que desde un principio fue desmantelada, "boicoteada" por el propio Gobierno de Evo Morales, que la vulnera permanentemente y va en "contraproceso" para acabar con lo poco que queda del núcleo de la CPE que los movimientos sociales promovieron.

El balance de los seis años de vigencia del CPE, según Prada es "calamitoso", porque lo que ha hecho el Gobierno es matar ese proceso constituyente emergente de la llamada “movilización prolongada” desde el 2000 al 2005, que comprende la Guerra del Agua, la Guerra del Gas y la toma de Sucre en 2005 y otros hechos políticos.

En este contexto, señala Prada, que la Asamblea Constituyente sólo es parte del proceso “descolonizador” que apuntaba no a un texto formal, sino a un proceso constituyente donde el poder constituyente son los movimientos sociales, con los que nada tenía que ver el Movimiento Al Socialismo (MAS), que estaba circunscrito en el Chapare y a la defensa de la hoja a partir de una mirada antiimperialista.

Entonces los movimientos sociales que van a plantear la descolonización, la transición a un Estado Plurinacional, se va a contraponer en la Asamblea Constituyente con dos posiciones conservadoras: la nacionalista del MAS, que se apropia del proceso, y de la derecha.

"Si se ha obtenido el Estado Plurinacional fue por el Pacto Unidad que todavía era fuerte y era claro respecto a las perspectivas de las movilizaciones. El MAS quería preservar el Estado nación y lo ha preservado, se tiene una folklorización del Estado Plurinacional, un varnizado Estado Nación", sostiene el exconstituyente.

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La disyuntiva de

Coherencia de la CPE con las leyes

abrir o no la CPE Jenny Cartagena T.

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ste nuevo aniversario de la vigencia de la Constitución Política del Estado (CPE) coincide con un debate sobre la pertinencia o no de abrirla, para modificar su contenido y mejorar la justicia ante el fracaso de una de sus principales innovaciones: la elección por voto de las autoridades judiciales.

Los criterios son coincidentes en cuanto a que si hay necesidad de revisarla y modificarla en el tema judicial, hay que hacerlo, sin embargo surge el temor de que éste sólo sea un pretexto para que el Gobierno de Evo Morales incluya la reelección indefinida. Una medida realizada por los constituyentes en la redacción del texto constitucional fue poner los candados posibles para evitar su reforma.

"El sistema judicial del Estado está en una crisis casi terminal, la elección por voto popular de los magistrados, conforme reconoce el Presidente del Estado (Evo Morales), no fue la solución a la crisis. No existe una efectiva y eficaz protección a los derechos fundamentales que diariamente son vulnerados por quienes detentan el poder político o el poder económico", señala el abogado constitucionalista José Antonio Rivera, quien considera que la solución a la crisis judicial no pasa por abrir la CPE. Si se va abrir la Constitución para incorporar el mérito en lugar del voto popular para la elección de autoridades judiciales como planteó el vicepresidente Álvaro García Linera, según el abogado Carlos Alarcón no es necesario cambiar la misma, eso se lo puede hacer en la preselección de los candidatos judiciales en la Asamblea Legislativa.

"Para eso sólo es necesario que el Gobierno cambie de actitud, en lugar de ordenar a los legisladores que busquen y preseleccionen a candidatos afines al oficialismo, ordenarles que busquen a los mejores juristas, con méritos. Para eso no se necesita cambiar la Constitución", recalcó Alarcón.

Pero si se trata, añadió de cumplir con los principios constitucionales de la independencia y separación de los poderes, para tener una justicia verdaderamente independiente y con acceso universal de todos los bolivianos, sí es necesario cambiar la CPE, porque el diseño constitucional del sistema de justicia es completamente inapropiado, inadecuado y contranatura al haber establecido el mecanismo del voto para elegir a las altas autoridades judiciales.

Agregó que esa reforma debería aprovecharse no sólo para el tema de la jus-

ticia, sino también del Órgano Electoral.

Para el exsenador disidente del MAS, Eduardo Maldonado, siempre hay la posibilidad de seguir ajustando y mejorando el texto constitucional, pero para hacerlo hay que primero debatir y discutir si hay las condiciones políticas que permitan hacer las reformas que se quieren, pero sin poner en riesgo las libertades y garantías constitucionales de los ciudadanos.

"Si se va abrir el candado de la Constitución para su reforma y si eso supone exponer al ciudadano a que más adelante se concentre el poder y haya una mayor precariedad en la institucionalidad democrática del país, y se pretende aprovechar este escenario para insertar figuras como la reelección indefinida, es mejor no abrir el candado", manifestó el exlegislador.

Reelección presidencial • En la antigua Constitución se reconoce la reelección sólo después de transcurrido un período constitucional. En la vigente se prevé la reelección inmediata por un período, lo que le permitió a Evo Morales postular nuevamente a la presidencia en 2009. Además, se establece la segunda vuelta electoral, mecanismo que sustituyó a la votación congresal y también a la revocatoria de mandatos.

El Gobierno cumplió en el plazo establecido con la promulgación de las leyes fundamentales y complementarias para la instalación y el funcionamiento de las principales entidades del nuevo Estado Plurinacional, sin embargo según los juristas muchas de estas leyes no guardan relación ni coherencia con el texto constitucional.

Ese es el caso de la Ley Minera, según el exsenador Eduardo Maldonado, que es permisiva y no responde al modelo económico establecido en la CPE. "Se está perdiendo el horizonte, no se están construyendo políticas de largo aliento, sólo se está atendiendo una posición unidireccional política que daña la democracia", señala Maldonado.

A esa falta de coherencia, el abogado Carlos Alarcón, le suma un grave problema: la falta de un Tribunal Constitucional independiente que garantice un ordenamiento jurídico correcto.

La vigencia de las autonomías

Foto: Daniel James

reivindicación marítima • En cuanto a política exterior, la Constitución Política del Estado establece “el derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le de acceso al Océano Pacífico”. Este tema es tal vez en el que más énfasis ha puesto el Gobierno en los últimos años.

Además, la CPE establece que para algunos temas sensibles se debe convocar a referendo para aprobar los tratados internacionales. Además, Bolivia se declara un país pacifista que rechaza la guerra y prohíbe la instalación de bases militares.

Movilización en Santa Cruz en demanda de autonomía departamental en 2008.

Estos seis años de vigencia de la CPE, la implementación del modelo de gestión autonómico, departamental, regional e indígena ha quedado rezagado, se ha reducido el tema a la elaboración y aprobación de los estatutos y cartas orgánicas.

Sobre el tema, para el exsenador Eduardo Maldonado, se tienen que mencionar dos debilidades, una que parte del sesgo político de la administración de los niveles subnacionales que ha parcelado la gestión pública en función de los sectores sociales e impide tener una mirada integral del desarrollo en beneficio de todos los sectores y regiones.

Y la segunda, dijo que es resultado de una mirada de mediano y corto plazo que da prioridad al tema electoral, se atienden bolsones electorales como son La Paz y Santa Cruz con inversiones millonarias y se desatiende al resto de las regiones, acentuando las asimetrías.