Urbanizaciones y OTB en Cercado, Tiquipaya y Sacaba
Asentamientos en el PNT Sólo en la ladera sur se calcula que existen 5.000 familias, 20.000 habitantes y 50 urbanizaciones.
Municipio
%
Sacaba 17,79 Quillacollo Vinto
9,58
Municipio
Predios
Cercado 60,00 Tiquipaya 12,01
La mayoría de las urbanizaciones se instalaron entre 1962 y 2008.
UNA
2726 635 814 448
TIERRA AMENAZADA CUERPO B
25 DOMINGO
de
MAYO
de
Un grupo de construcciones que ha sobrepasado el límite urbanizable del Parque Nacional Tunari pese a la advertencia del Sernap, en el municipio de Sacaba. | Fotos: José Rocha
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A medida que el Parque Nacional Tunari (PNT) se llena de construcciones, que sobrepasan el límite urbanizable de la cota 2.750 metros sobre el nivel del mar, las fuentes de agua para riego y consumo de la región metropolitana se reducen dramáticamente. La concejal Isabel Caero no duda en calificar la situación como un “suicidio” para la región. La directora del Centro de Planificación y Gestión (Ceplag) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Carmen Ledo, advierte que si el proceso de urbanización se mantiene, el 70 por ciento de los acuíferos habrán desaparecido para 2.036. Sin embargo, hoy en día ya se siente el impacto de la pérdida de al menos el 20 por ciento de las fuentes de recarga de agua. Los desalentadores pronósticos sobre el PNT hacen que los motivos que dieron lugar a la creación de esta área protegida
sigan tan vigentes como hace 52 años. Hace cinco décadas y luego de que una mazamorra afectó a la ciudad se impulsó la idea de proteger la ladera sur del Parque Tunari por su importancia como cinturón ecológico, zona de recarga hídrica para vertientes y pozos y para evitar que el cerro se desmorone. Sin embargo, ni las leyes ni el peligro ambiental han logrado frenar el avance de la mancha urbana hacia el Tunari. Por los estudios técnicos se conoce que actualmente existen cerca de 5.000 construcciones que de incorporarse plenamente al mercado de tierras representan un negocio inmobiliario estimado en 50 millones de dólares. El tiempo y los largos procesos para contar con un plan de protección y manejo del PNT han servido para que las urbanizaciones se consoliden, alentados por grupos de abogados y representantes políticos que se comprometen a regularizar los asentamientos ilegales, en
Viviendas invaden la franja de seguridad de las torrenteras, al norte de la ciudad. | Carlos López tiempos de elecciones. Aunque el debate sobre mantener o modificar la cota 2.750 está latente, el dilema es que las construcciones están fuera de control. El Sernap, principal instancia encargada de proteger los parques, responsabiliza del avance de las construcciones a los municipios. Pero, a la vez trabaja en la georeferenciación de la cota a pedido de las comunidades, con el argumento de que la normativa se olvidó de delimitar en terreno el área protegida. Por ello, ahora se po-
nen mojones en Sacaba. La presión de las urbanizaciones sobre el PNT es permanente. Por un lado, están las comunidades que amparadas en la Constitución Política del Estado reclaman el acceso a los servicios básicos. Luego, se encuentran las urbanizaciones sencillas y lujosas, que se conectan a los servicios que gestionan las comunidades. Las cifras dan cuenta de que el municipio de Cercado es el que más hectáreas ha invadido. Después, están Sacaba y Tiqui-
Tiquipaya
635
11
Sacaba
14
2014
Una gráfica de los asentamientos en el PNT, en rojo,
Edificaciones arrasan con recargas acuíferas
Katiuska Vásquez
11
Fuente: CLAS-UMSS Estudio: “Desarrollo para la gestión integral del Parque Nacional Tunari” Año: 2012
EL ÁREA PROTEGIDA AFRONTA AL MENOS 13 AMENAZAS GRAVES COMO CONSECUENCIA DEL CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA
La región está cada vez más expuesta a sufrir desastres y falta de agua por la invasión del área protegida y la deforestación
2.726
Cercado
paya. Sin embargo, Quillacollo y Vinto ya han comenzado a sentir los efectos del crecimiento urbano con la aparición de viviendas en el área protegida y con incendios forestales. La problemática es un motivo de conflicto permanente al punto de que los municipios de Independencia, Morochata y Cocapata han expresado su interés para dejar de pertenecer al Parque Nacional Tunari. La demanda del sector recién será analizada en octubre, porque se trata de un tema “sensible”, según el minist ro d e M e d i o A m b i e n t e y Agua, Antonio Zamora. En los últimos años, las acciones para contener el avance de las urbanizaciones han sido insuficientes. Sólo se tiene una sentencia judicial de 2011 que condenó a dos loteadores a seis años y disponía el inició de los trámites de demolición de la urbanización Santa Cecilia, en el municipio de Cercado. La sentencia fue resultado de un largo proceso de investigación, iniciado por el Sindicato Central Taquiña, para desalojar a 100 familias asentadas sobre un acuífero y la franja de seguridad de las torrenteras Pintumayu y Pasaje Mayu. El caso se abrió por daño ambiental y destrucción de bienes del Estado.
| Fotos: CLASS
EL RIESGO LATENTE La historia del Parque Nacional Tunari está ligada a uno de los peores desastres naturales, que se registró en 1958, con un deslizamiento de mazamorra que provocó la formación de una quebrada conocida ahora como Ch’aquimayu, ubicada entre la ciudad y el municipio de Sacaba. El hecho confirmó la vulnerabilidad de la ladera sur de la cordillera, que incluso antes sufría por el desprendimiento de sedimentos, durante la temporada de lluvias, debido a la erosión. Posteriormente, se impulsó un debate cívico que culminó en acciones para resguardar la ladera sur del Parque Nacional Tunari con un trabajo integral.
LA FINALIDAD El Centro de Levantamiento Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el desarrollo sostenible de los recursos naturales (CLAS) de la UMSS, dijo a través de un estudio que: “El Parque Nacional Tunari fue creado con la finalidad de evitar la degradación de la vegetación, la erosión y los peligros de inundación, además de proteger las fuentes de agua de las lagunas de altura y la zona de recarga de acuíferos de la vertiente sur del parque. Al ser declarado un área protegida con la categoría de Parque Nacional tiene por objeto la protección estricta y permanente de muestras representativas de ecosistemas a nivel departamental”.
Los Tiempos | Cochabamba | Año 2014 | Domingo | 25 de Mayo B3 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
LOCAL
El Senado sancionó la Ley de Medio Ambiente para proteger los espacios ecológicos del país.
T u n a r i
Con la firma de un convenio con la Prefectura se pretendió impulsar el Plan Maestro de Uso de Suelo y Preservación del Parque Nacional Tunari.
12 de julio de 1996
Los loteamientos en el Parque Nacional Tunari continúan sin que las autoridades hagan cumplir los decretos supremos y leyes vigentes en el país y departamento.
N a c i o n a l 15 de abril de 1994
P A r q u e 21 de abril de 1992
"Urbanizaciones incontrolables" expone los problemas medio ambientales por los que actualmente atravesamos" .
d e l
18 de julio de 1981
14 de septiembre de 1978
D a t o s
El Senado aprobó la Ley Forestal, que regula la explotación forestal.
Historia|
Después de más de medio siglo de la creación del Parque Nacional Tunari, las acciones no se sienten. Los asentamientos y el cemento continúan creciendo sobre la cota 2.750
opiniones
Humberto Sánchez, alcalde de
Sacaba
Ya está referenciado Tenemos el informe final del Instituto Geográfico Militar con los puntos georeferenciados de Pacata a Chiñata. Inicialmente los vecinos se opusieron, pero con la socialización entendieron que los que están bajo la cota 2.750 ya pueden acceder a servicios básicos y regularizar sus lotes. Igual seguimos insistiendo al Sernap para trabajar en el Plan de Manejo Integral del PNT.
Edgar Soliz, alcalde de
Vinto
Estamos coordinando Estamos coordinando en prevención a través de Medio Ambiente y los comunarios para que se haga un sistema de control permanente y la gente que vive alrededor del PNT nos avise de alguna anormalidad. Hay un señor, Felipe Cáceres, que está intentando lotear áreas fiscales en Combuyo, pero lo tenemos un poco controlado. Estamos enviando una representación a Sucre.
Saúl Cruz, alcalde de
Tiquipaya
Control insuficiente Los controles no son los más eficientes porque los vecinos que están en el PNT empiezan a construir el fin de semana o en las noches. El INRA no comparte la información con los municipios de los saneamientos que hace. Pero, lo más complejo es que hay tierras que tienen títulos ejecutoriales que están siendo subdivididos y estas subdivisiones están siendo aceptadas por el INRA y eso hace para nosotros más complicado el control con los vecinos.
A 52 años, los trabajos son insuficientes en el PNT Karen Carrillo A 52 años de la creación del Parque Nacional Tunari (PNT), momento a partir del cual constituye un deber su protección, previniendo el cuidado de las fuentes de agua, los asentamientos ilegales y resguardo de la diversidad natural, los problemas por el crecimiento de la mancha urbana continúan. A pesar del tiempo transcurrido, aún no se aplica una solución de fondo al problema. De acuerdo al informe de la comisión técnica del PNT de 1998, expuesto por el Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el desarrollo sostenible de los recursos naturales (CLAS) de la Universidad Mayor de San Simón, en 1946 el arquitecto Jorge Urquidi planteó la necesidad de “declarar al Parque Tunari una parte de las Compañías” ubicada al norte de la ciudad. Por tal motivo, el ingeniero Herbert Oscar von Borries Guillen, atribuyó el origen del Proyecto del Parque Nacional Tunari a los arquitectos Jorge y Gustavo Urquidi “quien en el período edilicio del Sr. Carlos Aranibar Orosco, consiguió se dicte la Ordenanza Municipal que contemplaba la arborización de la falda del Tunari”. Los siguientes años la población rural y urbana fue destruyendo la vegetación e invadiendo el parque, lo que ocasionó problemas en 1958, cuando intensas lluvias cayeron en el departamento arrastrando sedimento desde la cordillera. Como respuesta, Eduardo Tardío, Benno Marcus y Jorge Ovando elaboraron un anteproyecto para la creación del PNT con el fin de “buscar una solución integral a la ciudad de Co-
Vista panorámica de las zonas agrícolas del valle cochabambino que data de septiembre de 1978. | Los Tiempos
chabamba”. El proyecto final lo realizó la Dirección Forestal de Caza y Conservación de Suelos. En este primer momento los límites del PNT fueron “desde la avenida América, al sur; hasta las cabeceras del río Tablas, al Norte; y desde la primera quebrada de Tupuraya, al este; hasta la quebrada de Alisukhasa, al Oeste. Estos límites suponían una superficie total de aproximadamente 300 Km2”, detalla el documento del CLAS. El proyecto de ley no prosperó por la burocracia, por lo que en 1963 por encargo del alcalde
Héctor Cossío Salinas, el arquitecto Jorge Urquidi elaboró un nuevo proyecto de decreto supremo para la creación del Parque Nacional Tunari. El PNT fue creado el 30 de marzo de 1962 mediante el Decreto Supremo 06045 con el objetivo de evitar la degradación de la vegetación, erosión y peligros de inundación. Al siguiente año, fue elevada al rango de ley. En 1967 algunos trabajos de resguardo por parte de la Alcaldía se iniciaron. En 1970, mediante convenio de la Misión
Alemana, se construyó el camino existente, el vivero y la puesta en marcha de las primeras plantaciones. En 1972 el parque pasó a depender del Ministerio de Agricultura, que modificó el límite sud al nivel de la cota 2.750 msnm, a través de una resolución, aplicada por la Alcaldía para ampliar el área urbana. El 13 de septiembre de 1991, se dictó la Ley 1262, que amplió los límites del parque a lo que se conoce actualmente: “ (…) al norte, la Ceja del Monte de la región de tablas; al sur, la
Cota 2.750; al este, el río Kenko o Kenko–Mayu; y al oeste, el margen norte del estrecho de Parotani”. Actualmente, el área es protegida, administrada y fiscalizada por el Servicio Nacional de Áreas Prote gidas (Ser nap), creada el 16 de septiembre de 1997 mediante Ley Nº 1788. A pesar de las leyes y decretos, el PNT continúa siendo víctima de avasallamientos, ya que no existe la georeferenciación marcada y un control práctico constante de las autoridades municipales y departamentales.
Ordenanzas emitidas por Cercado
mesa redonda determinó problemas en 1978
Parque nacional tunari actualmente
El Concejo Municipal de Cochabamba desde 1960 emitió una serie de Ordenanzas Municipales en función a las leyes y decretos supremos emitidos a nivel nacional, con miras a la preservación y cuidado del Parque Nacional Tunari (PNT). Por ejemplo, el 15 de marzo de 1960 promueve una normativa referida a la roza a fuego, tala, desarme, la subdivisión de propiedades y la extracción de materiales de construcción. El 16 de julio de 1981, aprobó el Plan Director de la Región Urbana de la ciudad, fijando como límite la cota 2.750. En 1993 prohibió "las urbanizaciones, fraccionamientos de terrenos y asentamientos humanos a cualquier título en el Parque Nacional Tunari”, así como la tala de árboles, asentamientos humanos y quema de pastizales. Para 1995 declaró emergencia ecológica en la cota 2.750 y el límite a pie de monte entre la Cordillera y los abanicos aluviales del PNT, conocida como área de amortiguación. Además, se prohibía la transferencia de lotes sin la autorización de la Alcaldía de Cercado y de cualquier servicio básico. A ello se suma la solicitud de las fuerzas del orden para el control en el PNT, se propone la creación de una comisión de 13 instituciones y organizaciones de emergencia ecología con el objetivo de ayudar a la estructura orgánica de la Unidad Gestora del Parque Nacional Tunari. En 1997 plantea la Reglamentación de Uso de Suelo en la franja inferior del PNT.
Ya en 1978, la Junta de la Comunidad de Cochabamba, publicó en el periódico Los Tiempos el análisis producto de una mesa redonda sobre las "Urbanizaciones Incontroladas" en la que participaron las principales autoridades departamentales, municipales y expertos en temática medio ambiental quienes avisoraron los problemas por los que actualmente atraviesa. Entre los principales conflictos, que en ese entonces ya exigían una solución de fondo e inmediata, ante el vertiginoso crecimiento de la población en la zona urbana, se ponía de manifiesto que la población crecía de manera horizontal de forma "acelerada", pero sin la densificación apropiada para evitar o por lo menos controlar el avance de la gente a zonas agrícolas. Asimismo, el documento expuesto expresa la caótica situación por la que atravesaba el Parque Nacional Tunari, que antes, en la época de la publicación y a futuro seguiría siendo loteada por el crecimiento urbano "sin control" y acciones contundentes de parte de las autoridades encargadas del tema. Otro punto destacado por este trabajo es la contaminación vertiginosa de la ciudad a consecuencia del incremento del parque automotor y la desaparición de varias reservas de agua o también llamados acuíferos debido a la falta de preservación y cuidado de la misma población. Haciendo una comparación con las preocupaciones de aquel entonces, poco o nada se ha avanzado, ya que los conflictos siguen siendo los mismos.
Actualmente el Parque Nacional Tunari, constituye un reservorio ecológico importante para el departamento, sin embargo, existen constantes problemas con la falta de respeto de la población a la cota 2.750, que provocan asentamientos, además de incendios. De los once municipios que conforman lo que se denomina PNT: Cercado, Tiquipaya, Sacaba, Quillacollo, Sipe Sipe, Vinto, Colomi, Morochata, Independiencia , Tapacarí y Villa Tunari; los cuatro primeros son los que representan mayores conflictos, ya que es allí donde existe la mayor cantidad de asentamientos por sobre la cota establecida. Además, sólo el municipio de Sacaba es el que cuenta con la delimitación georeferenciada por el Instituto Geográfico Militar con 60 puntos de demarcación en 17 kilómetros. El lugar fue declarado Parque Nacional por Decreto Supremo 6045 del 30 de marzo de 1962, la Ley 253 del 4 de noviembre de 1963 y Decreto Supremo 15872 del 6 de agosto de 1978. Se ampliaron sus límites mediante Ley 1262 del 13 de septiembre 1991, se encuentra entre las coordenadas geográficas (65º55’–66º44’ Longitud Oeste 16º55’–17º34’ Latitud Sur). Tiene una superficie de aproximadamente 309.091 hectáreas (3.090 km²). El rango altitudinal oscila entre los 2.200 y 5.035 msnm (Pico Tunari). El parque ocupa la región de valles secos mesotérmicos y la Cordillera del Tunari, comprendiendo un ecosistema con diversidad de zonas de vida.
Ante la constante tal indiscriminada de árboles en el PNT, se recomienda talar menos, pero plantar más.
n a c i o n a l Incendios en el PNT afectan a tres municipios: Cercado, Quillacollo y Tiquipaya.
t u n a r i Un incendio de gran magnitud devoró 40 Ha del PNT, destruyendo especies nativas de árboles y pajonales.
16 de mayo de 2014
p a r q u e
19 de septiembre de 2013
Una plaga afecta la vegetación del Parque Nacional Tunari, principalmente al molle y la qhewiña.
d e l
28 de septiembre de 2013
h o y 6 de mayo de 2012
9 de octubre de 2011
EL
Cercado, que enfrenta graves problemas de loteamiento, invade 198 Ha del PNT.
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Los Tiempos | Cochabamba | Año 2014 | Domingo | 25 de Mayo DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
local Medio ambiente | Cientos
de construcciones sencillas y lujosas han sobrepasado silenciosamente el límite urbanizable del Parque Nacional Tunari, alentadas por el comercio ilegal de lotes y el auge de este negocio
El mercado de tierras está fuera de control Violeta Soria No hay un día en que no aparezcan nuevas casas por encima del límite urbanizable del Parque Nacional Tunari, la cota 2.750 metros sobre el nivel del mar (msnm). Cercado, Sacaba y Tiquipaya soportan la mayor presión de las urbanizaciones. La construcción de viviendas sencillas y lujosas es intensa. La comunidad de Andrada, hasta hace poco una de las pocas zonas con vocación agrícola de la ciudad, se transforma aceleradamente en el nuevo vergel de familias “acaudaladas”, como son llamadas por los propios comunarios. En un recorrido por el lugar, en el extremo norte de la ciudad, se constató la existencia de una gran cantidad de edificaciones de lujo. A pesar de las restricciones legales que existen para urbanizar el Tunari, los edificios cuentan con servicios de energía eléctrica, gas domiciliario, televisión satelital y seguridad privada. La ostentación es una características de las nuevas viviendas, hechas con verjas de fierro forjado, puertas eléctricas y materiales de primera calidad. La comunidad de Andrada, colindante con la urbanización Lomas de Aranjuez, también se ha convertido en un depósito de escombros. Los promontorios de desechos son otra señal del crecimiento urbano, que amenaza a los acuíferos y expone a la ciudad a más desastres naturales. En Andrada, la tradicional vivienda campesina ha comenzado a ser reemplazada. Los pobladores que aún se dedican a la agricultura y la ganadería han optado por amurallar sus propiedades. Las casas de adobe y teja son escasas frente a las de ladrillo. La situación es similar en las urbanizaciones Santa Cecilia y Guadalupe, ubicadas en el Cercado. Ambas están emplazadas sobre las principales fuentes de acuíferos, según los estudios hidrológicos. Al menos, cinco líneas de micros, buses y taxitrufis brindan transporte a esas zonas con precios de 1,90 y 2,50 bolivianos, dependiendo de la distancia recorrida.
la huella urbana reduce los acuíferos Carmen Ledo | Directora del Ceplag-UMSS La cota 2.750 ha sido pensada como un cinturón ecológico que sirva para generar los pulmones ecológicos, el respiro y la recarga de acuíferos. Pero, también es vital para evitar que el cerro se desmorone y la mazamorra tape a toda la gente. De pronto todo esto se ha convertido simplemente en silencio y nuevamente las víctimas son una gran cantidad de gente que necesita tener un lugar donde vivir. La tierra no debe estar sometida a un libre mercado, de oferta y demanda, donde lamentablemente los mercaderes de tierras que venden y revenden sin ninguna conciencia a gente que las necesita, están tan libres y no tienen ningún tipo de sanción. El gran drama es de vivienda. Ese drama se tiene que resolver y para eso está el Estado (…) Los efectos de no respetar la cota se traducen en que se nos puede venir el cerro. A ello se suma que el parque es tan grande que de hecho representa la zona de recargas hídricas en un 40 por ciento. Sin embargo, ya hemos impermeabilizado las mismas. Viendo los datos de las 19 mil hectáreas de la huella urbana estamos casi bordeando el 50 por ciento. En la zona metropolitana la situación es terrible. Si no se hace nada, el año 2036 habremos llegado a impermeabilizar casi todo el acuífero y a perderlo todo. Es decir, 35 mil de 48 mil hectáreas estarían secas. Ese es el peor escenario, lo más nefasto que pudiera suceder si no se hace nada (...) En un país donde se busca el vivir bien no puede ser que sigamos en esto. Mucho más cuando nosotros pensamos que detrás de todo este sufrimiento está la vivienda. La dignificación del buen vivir tendría que ser la dignificación de la vivienda, en su sentido global e integral con los servicios básicos.
según Estudio del clas-umss
Hay casi 5.000 viviendas por encima de la cota 2.750 Un albañil realiza la construcción de una vivienda en la urbanización Ferroviario de Sacaba. | Fotos: José Rocha
La ocupación del Parque Nacional Tunari en Sacaba se manifiesta en la expansión por encima de la cota 2.750 de las urbanizaciones: Ferroviario, Fabril y Tacoloma. El trabajo, de construcción y la apertura de calles, es intenso pese a la existencia de un letrero instalado en el límite de la cota 2.750 por el Sernap que dice: “Prohibido terminantemente la venta de lotes y construcciones dentro de los límites del parque” a costa de ser “severamente sancionados”. Los trabajos de construcción continúan en la urbanización Ferroviaria. En un recorrido, se constató la edificación de más de un centenar de casas de ladrillo sobre lotes de más de 300 metros cuadrados, cuyas paredes llevan el nombre del propietario y exhiben números telefónicos de contacto para acceder a la compra y venta de lotes en la zona. Según un dirigente ferrovia-
rio, que pidió reserva de identidad, la urbanización tiene más de 500 lotes “ilegales”. Añadió que el sector consiguió los servicios de alcantarillado y luz sin contar con licencia ambiental. La sección es más crítica en el municipio de Tiquipaya, en la zona de Miraflores; en Quillacollo, en Bella Vista y en Vinto en el sector de Potrero. En muchos casos las edificaciones se encuentran en los bordes de ríos, quebradas e incluso dentro de las franjas de seguridad de las torrenteras.
Los precios El mercado de tierras para fines inmobiliarios dentro del PNT se manifiesta en una permanente oferta y demanda clandestina e ilegal de terrenos. En los alrededores de las Lomas de Aranjuez, el metro cuadrado de tierra llega a costar hasta 200 dólares. Entretanto, en Sacaba el
costo es de 50, un terreno de 300 metros está en 15 mil dólares. Los comunarios de Puntiti dijeron que la oferta desmedida continúa en las alturas. En ese sector, el metro cuadrado de tierra “ilegal” se vende en 10 dólares y el “legal” en 20 y 30. Al comercio de tierras se suman dos maneras de ocupar el Parque Nacional Tunari. La primera consiste en la “aparición” de comunarios que aseguran ser herederos de tierra de “uso común”. La segunda es la parcelación y venta de terrenos por terceros y por los mismos comunarios de las alturas. En el negocio de la tierra también ingresan algunas constructoras, inmobiliarias, grupos de abogados e incluso las alcaldías que agilizan trámites, establecen contactos, realizan o ejecutan diseños e incluso ofertan lotes dentro del PNT, según versiones de algunos vecinos.
El Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el desarrollo sostenible de los recursos naturales de la Universidad Mayor de San Simón (CLASUMSS) estableció en un estudio denominado “Desarrollo para la gestión integral del Parque Nacional Tunari” que existen 4.568 lotes sobre la cota 2.750, por encima del límite urbanizable. El estudio da cuenta que el 65 por ciento
(2.963) no cuenta con registro catastral; entretanto, el 35 restante (1573) tiene documentos. Añade que del total de predios, el 60 por ciento pertenecen a Cercado, el 17,79 a Sacaba y el 12 a Tiquipaya. Según el CLAS, el panorama se complica puesto que sólo en Cercado, Sacaba y Tiquipaya existen al menos 47 urbanizaciones con 1.455 predios sobre la cota 2.750 del Parque Nacional Tunari.
10 $us
200 $us
es el precio del metro cuadrado de terreno considerado “ilegal” en las alturas del PNT. Sin embargo, en otros sectores asciende a 20 y 30 dólares.
es el precio del metro cuadrado en alrededores del sector de Lomas de Aranjuez. Los comunarios aseguran que sólo “gente adinerada” construye en la zona.
18.919
70%
hectáreas de tierras fueron consumidas por la mancha urbana. Es decir, que el 40 por ciento de las urbanizaciones está sobre los acuíferos del PNT.
de los acuíferos serán cubiertos por el crecimiento de la mancha urbana para el 2036, según una proyección de la directora del Ceplag, Carmen Ledo.
edificaciones en el tunari
COMERCIO Muchos lotes sobre la cota 2.750 son cercados con muros de ladrillo para evitar el avasallamiento.
oferta Una propiedad a medio amurallar por encima de la cota 2.750. En la misma se refleja tanto la venta de tierras como los conflictos por el derecho propietario.
contaminación La presencia masiva de escombros en el camino hacia la comunidad de Andrada.
Casas DE LUJO Enormes construcciones en el Tunari se imponen en el sector colindante a las Lomas de Aranjuez.
Los Tiempos | Cochabamba | Año 2014 | Domingo | 25 de Mayo b9 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
LOCAL
CONSTRUCCIONES
Basura La presencia de residuos sólidos sobre la cota 2.750 del Parque Tunari es permanente. Los lixiviados que ésta produce (líquido contaminante) penetran a los acuíferos.
construcciones Cerca de un centenar de viviendas son construidas en la urbanización Ferroviario, ubicada en Sacaba. El trabajo de albañilería es intenso al igual que la demarcación de propiedades a la que denominan “privadas”.
Tendido de luz
servicios
Las construcciones nuevas y recientes a los pies del PNT cuentan con el servicio de luz otorgado por Elfec.
Gran parte de las calles y viviendas cuentan con los servicios básicos, como energía eléctrica.
construcciones | El
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) asegura que las construcciones sobrepasaron el límite urbanizable de la cota 2.750, entre 1962 y 2008. Ahora se aboca a la georeferenciación
Sernap alega que heredó asentamientos ilegales Violeta Soria El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), principal instancia de protección de los tres parques naturales que existen en el departamento, ha contado con cinco directores en menos de un año y argumenta que ha “heredado” el conflicto de los asentamientos ilegales que tuvieron su auge entre 1962 y 2008. La expansión urbana en esta reserva se atribuye a una falta de normativa. El actual director del Sernap, José Cruz Pardo, explicó que uno de los problemas radica en la delimitación del PNT, previsto en la Ley 1262, que estableció como demarcación jurídica la cota 2.750 metros sobre el nivel del mar. Pero, no se realizó un trazó geográfico con mojones o georeferenciado en los 11 municipios conectados con el parque. A ello se suma que los mojones, establecidos cada dos kilómetros, por el Instituto Geográfico Militar (IGM) fueron “movidos por la gente”. Por eso, considera que urge “volver a definir geográficamente” la ladera sur del PNT. Agregó que este trabajo ya se realizó en el municipio de Sacaba, donde se establecieron 60 puntos, cada 200 metros, como resultado de las gestiones realizadas por las comunidades. La delimitación se realiza con mojones cilíndricos, con los que se piensa frenar la invasión. El trabajo continuará en Cercado y luego en los demás municipios de la región metropolitana. Sin embargo, las acciones para frenar las edificaciones por encima de la cota 2.750 msnm se limitan a notificaciones de paralización y procesos administrativos que en ningún caso concluyen con órdenes de demolición. Ni siquiera en el caso de la urbanización Santa Cecilia, en Cercado, que tiene una sentencia judicial de 6 años contra dos loteadores (G.M.M y G.M.C) por los delitos de estafa, daño ambiental y destrucción de bienes del Estado.
Comunidades En los últimos tres años, el Sernap ha priorizado el trabajo
plan de manejo y de protección El director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), José Cruz Pardo, informó que el plan de manejo será licitado este fin de semana. Se prevé que el mismo esté concluido en 10 o 12 meses. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) garantizó hace dos años un presupuesto de 150.000 dólares para su elaboración. Cruz informó que la propuesta incluirá siete programas: de gestión financiera, educación ambiental, protección, manejo de recursos naturales, turismo, investigación científica y monitoreo y gestión social. Respecto al plan de protección anunció que ya se tiene el primer borrador. Según un documento al que accedió Los Tiempos, el plan prioriza 13 amenazas del PNT, entre las cuales se encuentran: los asentamientos ilegales, el fraccionamiento de terrenos, los incendios, el turismo desordenado, la contaminación de ríos y el crecimiento urbano no regulado. Ante ello se establecen dos zonas de protección: “A” y “B”. La primera abarca los municipios de Colomi, Sacaba, Cercado, Tiquipaya, Quillacollo, Vinto, Sipe Sipe y Parotani. La segunda comprende a Quillacollo, Cocapata, Morochata e Independencia. También propone contar con 40 guardaparques, 12 motorizados y campamentos para proteger el área. actores plantean soluciones
Algunas construcciones en el Parque Tunari son emplazadas en grandes extensiones de tierra con más de una planta para habitar. | Fotos: José Rocha con las comunidades, alrededor de 62 en toda el área protegida, para trabajar en una gestión integral. Cruz dijo que gestionó reuniones con las poblaciones y les exhortó a no solicitar servicios básicos hasta concluir el plan de manejo. El secretario ejecutivo de la central provincial de Cercado, René Saravia, informó que hay construcciones que pertenecen a hijos y nietos de excolonos, quienes migraron al exterior y retornaron con dinero para edificar. Dijo que también existen personas con derecho propietario y vendieron sus terrenos. Saravia explicó que en su central 10 sindicatos agrarios, con más de 5.000 afiliados, habitan la zona con títulos de propiedad desde la Reforma Agraria. El mismo preguntó por qué no pueden vender su tierra y expresó que desconfía de los estudios sobre los acuíferos.
La concejal María Isabel Caero, instó a la Comuna Tunari a intervenir, paralizar y demoler las edificaciones ilegales en el PNT puesto que atentan contra la dotación de los recursos hídricos. Pidió al municipio la implementación de un plan de forestación en la zona. Al respecto, el secretario ejecutivo de la central provincial Cercado, René Saravia, respondió: “Haber que se atrevan a hacer caer una sola casa, vamos a ver. Que se atrevan, desafiamos a las autoridades (…) Habrá una guerra con la gente de la cota 2.750”. Por otro lado, propuso realizar un estudio “técnico y jurídico inclusivo” del parque distinto al desarrollado por el CLAS-UMSS y exigió la conclusión del plan de manejo del Tunari. Según la representante del Consejo Asesor del Colegio de Arquitectos y miembro del Comité Interinstitucional del PNT, Natalia Vega, urge establecer sanciones legales contra los loteadores, quienes especulan con la tierra y atentan contra la conservación del área. Entretanto, la responsable de la Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación, Cinthia Vargas, instó a los municipios a controlar las edificaciones irregulares en sus respectivas jurisdicciones puesto que es su competencia. El presidente de la Federación Departamental de Regantes de Cochabamba (Fedecor), Carlos Camacho, aseguró que la solución pasa por aprobar la “Ley Marco de Agua para la Vida”, la cual prohibirá y sancionará los asentamientos en las zonas de recarga hídrica.
opinan el ministro, sernap y dirigentes
Antonio Zamora, min. M. Ambiente
Está claro que hay una cota, un límite que no puede permitir mayores asentamientos. Los municipios tienen que tomar acción sobre eso. No hay donde perderse. El tema de la cota es una competencia municipal. Quién aprueba las construcciones y quién no las aprueba es un tema municipal, sin importar de qué municipio se trate. (...) El Sernap está viendo la posibilidad de generar un plan de manejo. (...) Eso lo vamos a terminar, en octubre o noviembre de este año. Es un proceso.
José Cruz, director, PNT- Sernap
Es un problema que hemos heredado (…) Lo que estamos haciendo es informar a la población, pese a que tenga el derecho propietario, que se dé un compás de espera hasta que concluyamos el plan de manejo (…) Nosotros jamás les vamos a aprobar una construcción o urbanización. Cuando nosotros tengamos la zonificación definida, el municipio es el ente que regulará las construcciones. Ellos son en definitiva, vía de resoluciones y ordenanzas, los que aprueban éstas. Estamos trabajando para dar solución.
rpte. C. Cercado.
Nadie se hace cargo de la cota 2.750, ni la Alcaldía, Gobernación ni el Sernap. Hay un abandono total. Puede ser que haya construcciones pero nosotros no somos cuidadores del PNT sino propietarios de las tierras comunitarias (...) Hay hijos o nietos de excolonos que han salido al exterior y seguramente han traído algún dinerito y están haciendo una vivienda, un chaletcito. Puede ser que hay viviendas pero pueden ser de lugareños o de algunas personas que vendieron su propiedad y hacen construcciones.
Carlos Camacho, rpte. Fedecor
No respetan la cota 2.750. Las construcciones están avanzando y los gobiernos municipales, como Tiquipaya por ejemplo, siguen aprobando planos para construcciones (...) Sabemos bien que las aguas del PNT están perdiendo la calidad por la presencia humana en la zona de recarga. Creemos que la solución es la Ley Marco de Agua para la Vida. Ahí hemos trabajado el tema ambiental referente a que los parques y zonas de recarga hídrica deben ser respetadas y controladas inclusive con auditorías ambientales.
René Saravia,
b10
Los Tiempos | Cochabamba | Año 2014 | Domingo | 25 de Mayo DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
LOCAL
La torrentera Ukumayu, frente al Segip, donde los comerciantes de comida invaden las orillas, sin considerar el margen de seguridad de 15 metros, previsto en las recomendaciones. | Carlos López
Una fila de construcciones pegadas al margen de la torrentera Logustani, en la avenida Segunda Circunvalación. | Carlos López.
reserva | Las
torrenteras constituyen una zona de descarga del agua que baja desde las cuencas ubicadas en las alturas de la ciudad. En el Parque Nacional Tunari (PNT), los canales también están afectados por los asentamientos
Viviendas invaden franjas de seguridad de las torrenteras fuera de márgenes
Vanessa Sevilla En la ladera sur del Parque Nacional Tunari (PNT) ni las torrenteras se salvan del avance de las construcciones. Aunque el Programa de Manejo Integral de Cuencas (ex Promic) recomendó una franja de seguridad de 15 metros a ambos lados del canal, el límite se vulnera todos los días. Hay zanjas donde el margen de seguridad es menor a los tres metros. El Promic puntualizó que la franja de seguridad a ambos lados del eje de una torrentera debía ser de 140 metros en su sección naciente (entre las cotas 2.650 y 2.750 msnm). Entretanto, en la cota 2.650 y las zonas canalizadas, es recomendable tener 70 metros como franja. La extensión disminuye al ingresar a las áreas urbanas, pues el margen a respetar es de 15 metros, en zonas canalizadas. En un recorrido por las torrenteras de la ciudad de Cochabamba y conectadas con el Parque Nacional Tunari se constató que las torrenteras están asfixiadas por las construcciones. En la torrentera Ukumayu, ubicada frente al Segip, en la avenida Circunvalación, se pudo observar puestos comerciales y restaurantes cerca del canal. Sin embargo, a medida que se sobrepasa el límite de la cota 2.750 msnm, se encuentran construcciones, como una cancha deportiva que no cumple con el margen recomendado. En la torrentera Logustani, ubicada en el Distrito 2, entre Villa Taquiña y Candelaria, la franja de seguridad casi ha desparecido. Una gran urbanización se encuentra al lado derecho de la torrentera, a la altura de la avenida Segunda Circunvalación. Sin embargo, al lado izquierdo hay un espacio mayor de aproximadamente ocho metros, pero sin llegar a lo reglamentado. La torrentera tiene al menos un trecho de cinco metros en los que su curso desaparece, en cercanías de la parada de la línea de transporte público 115. Después de pasar por este espacio, la torrentera vuelve a aparecer hacia el norte. La torrentera Taquiña, la de mayor magnitud, contempla una distancia lateral de entre 5 y 10 metros. Por otro lado, en la torrentera la Pajcha, hay un margen de 15 metros. Pero en sus orillas, hay basurales y estructuras metálicas de arcos, que servirán para la construcción de una cancha deportiva. En las torrenteras visitadas, la basura es una característica común. Existe una gran cantidad de bolsas plásticas, restos de comida y otros desechos. La acumulación de los residuos agrava la situación de los canales, sobre todo, en la época de lluvias.
Normas nacionales Ante la falta de normas municipales para proteger las franjas de seguridad de las torrenteras, se aplican las reglas nacionales y departamentales. En el país rige desde 2004 el Decreto Supremo 27864. El mismo establece que el margen de seguridad del eje de los ríos, riachuelos y torrenteras, es de 25 metros laterales. La normativa departamental señala que el límite para las franjas de seguridad de las torrenteras es de 15 metros, sobre todo, en las áreas canalizadas. Por lo tanto, las construcciones al borde de las torrenteras y a una distancia menor no son recomendadas. Sin embargo, la realidad es distinta. En regiones, como Sacaba se han construido viviendas sobre torrenteras con el único reparo de que el muro se edifique por encima de la zanja.
Falta de control
El estado de la torrentera de la Pajcha, al norte de la ciudad. La misma está convertida en un basural. | Carlos López
Un sector de la torrentera Taquiña, cuyo margen está delimitado por la calle. La extensión máxima de su franja de seguridad es de diez metros. | Carlos López
En la torrentera la Pajcha, la franja de seguridad es respetada, desde las orillas hacia las construcciones próximas. | Carlos López
Sólo uno de los incendios del pnt fue investigado y sancionado
Fiscalía atiende 10 casos del Tunari La Fiscalía de Medio Ambiente informó que actualmente investiga diez casos relacionados con incendios y construcciones en el Parque Nacional Tunari (PNT). La mayoría están tipificados como daño a bienes del Estado, debido a que se considera que las construcciones irregulares destruyen el hábitat de especies nativas y las áreas forestales. “Tenemos en el Parque Tunari unos diez casos por asentamientos. Varios en Sacaba y en la Taquiña. Al menos seis de esos casos están a la espera del juicio oral”, señaló el fiscal de Medio Ambiente, Marcelo Villarroel. Los retrasos en los casos de
medio ambiente han sido frecuentes por la falta de fiscales y de continuidad del trabajo. Hay casos que están esperando al menos tres años, dijo. La Fiscalía de Medio Ambiente atiende de 3 a 5 casos por mes. “En los tres últimos meses no ha habido casos del Parque Tunari”, dijo el responsable de esta repartición, Marcelo Villarroel. El principal problema cuando se investigan los casos del Parque Nacional Tunari es que es difícil notificar a algunos comunarios, porque no dejan ingresar al lugar y son agresivos. El investigador de la Fiscalía de Medio Ambiente, Felipe Con-
dori, manifestó que las personas asentadas en el parque obstaculizan el trabajo de la justicia. “Se hace todo el procedimiento, se saca citaciones, se va a notificarles, pero son reincidentes y agresivos. Hay personas que se aprovechan de los terrenos colectivos para nombrarse comunarios, cuando no lo son”, afirmó.
Incendios En octubre del año pasado, un caso de incendio tuvo un procedimiento abreviado y obtuvo una pena de tres años, en enero. Una fogata no controlada “causó la quema de 50 hectáreas del parque”, informó Villarroel.
Sin una norma municipal que establezca sanciones para quienes vulneran los márgenes recomendados es difícil ejercer un control efectivo de la seguridad en las torrenteras. En el municipio, casi en todas las torrenteras, se incumple la normativa nacional y departamental, según informaron algunos funcionarios. En cuanto al río Rocha, tampoco se aplica la ley nacional. Además, cada quien puede interpretar las leyes desde el eje del río o desde los márgenes laterales. Aunque es más lógico que una franja de seguridad sea considerada desde la orilla, manifestaron los funcionarios. Según la Ley de Autonomías Municipales, los 25 metros están establecidos como franja de seguridad para los ríos, en el área de mayor crecida, para evitar peligros de desbordes y salvaguardar a los asentamientos cercanos al lugar.
identificaron 65 cuencas de influencia
El estudio sobre la hidrografía del PNT, realizado por el Ceplag de la UMSS, reveló que el área protegida cuenta con 65 cuencas con influencia en el PNT, trascendiendo sus límites hasta alcanzar una superficie de 4.068 km2. Se identificaron cinco vertientes: la vertiente Sud-Sudoeste, que drena hacia los ríos Rocha y Tapacarí abarcando el 25 por ciento del PNT; la Noroeste, comprende los ríos Morochata, Yacanco y Pucarani, drenando 25,2 por ciento del parque; la vertiente Norte, correspondiente a la cuenca del río Altamachi, abarcando 22,7 por ciento; la vertiente Noreste, con el río Torreni Mayu drenando 12 por ciento del PNT; y finalmente, la vertiente Este comprende los ríos Pisli Mayu, Chulumani, Candelaria y Khenko Mayu, abarca el 12,2 por ciento del Tunari. En cuanto a las lagunas presentes en el área protegida se tiene que las mismas se sitúan entre los 3500 y 4816 msnm, comprendiendo tan sólo el 0,85 por ciento de la superficie del parque. Sin embargo, el deterioro de las torrenteras se ha hecho evidente, sobre todo, en las zonas urbanas por la desnaturalización de los caudales, la acumulación de basura y la falta de un plan integral de atención.