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Reseña histórica Los orígenes que dieron forma al actual Ministerio de Justicia datan del 1 de febrero de 1837, durante la Presidencia de José Joaquín Prieto.
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Reseña histórica
Saludos del Ministro de Justicia, Felipe Bulnes Serrano
Bajo el nombre de Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública tuvo como su primera autoridad -aunque en carácter de interino- al destacado político chileno Diego Portales y Palazuelos. Posteriormente, en junio de ese mismo año, asumió en calidad de titular el abogado Mariano Egaña, autor de la Constitución de 1833. En 1887, y hasta fines del siglo XIX, esta secretaría de Estado pasó a llamarse Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, al desligarse del Ministerio de Culto. Recién en julio de 1899, con la dictación de la Ley 1.297, se separan definitivamente los ministerios de Justicia y de Instrucción Pública.
Los tres ejes de la justicia del futuro
Justicia del Bicentenario
Gendarmería de Chile
Servicio de Registro Civil e Identificación
l año 1927 se dictó la ley el DFL 7.912, que dio vida a nueve ministerios: Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Educación Pública, Justicia, Guerra, Marina, Fomento y Bienestar Social. Este decreto rigió al Ministerio de Justicia hasta el 22 de mayo de 1980, fecha en que se publicó el Decreto Ley Nº 3.346, que fijó la Ley Orgánica de la cartera. Posteriormente, el 23 de enero de 1981, entró en vigencia su actual reglamento orgánico. El edificio que ocupa desde 1989 el Ministerio de Justicia, en Morandé 107, frente a la Plaza de la Constitución y vecino a La Moneda, es obra del arquitecto chileno Ricardo González Cortés. Construido en 1928, consta de doce plantas y fue originalmente la sede de la Caja del Seguro Obrero. Como tal se le asocia a uno de los acontecimientos más trágicos de la política nacional, al ser escenario el 5 de septiembre de 1938 de la matanza de medio centenar de jóvenes del Movimiento Nacional Socialista de Chile, que se oponía al gobierno de Arturo Alessandri Palma y apoyaba la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo.
Servicio Médico Legal
Servicio Nacional de Menores
Defensoría Penal Pública
Corporaciones de Asistencia Judicial
Superintendencia de Quiebras
Saludos de la Subsecretaria de Justicia Patricia Pérez Goldberg
Ministerio de Justicia •
Saludos del Ministro de Justicia La celebración de nuestro Bicentenario coincide con profundas transformaciones en el ámbito de la Justicia. Así, durante los últimos años se han dado importantes pasos, como la implementación de un nuevo sistema de Justicia Penal, la modernización de la Justicia Laboral, la creación de una nueva Justicia de Familia, y una serie de otras reformas, que en su conjunto han permitido ponernos al día con muchas de las deudas que teníamos con el siglo XX. Sin embargo, nos corresponde ahora proyectarnos hacia el siglo XXI, lo que nos exige continuar en la senda de las reformas, perfeccionar los avances alcanzados y también, enfrentar realidades acuciantes que no pueden seguir esperando. En este sentido, tarea prioritaria que enfrentamos es resolver la grave situación carcelaria que afecta a nuestro país, ya que los niveles de hacinamiento alcanzados durante los últimos años comprometen seriamente la dignidad de los reclusos y hacen especialmente difíciles los planes de rehabilitación y reinserción. Tenemos que mejorar con urgencia esta realidad, al tiempo que cimentar todo un régimen de sanción penal donde las medidas alternativas a la prisión tengan mucho mayor protagonismo que la cárcel. Asimismo, estamos abocados a gestar una nueva Justicia Civil, que coincide con ser la gran modernización todavía pendiente. Resulta imperativo modificar la legislación que nos rige desde el año 1902 e implementar procesos ágiles, orales, con presencia permanente del juez y en que las soluciones demoren poco tiempo y sean fácilmente comprensibles .También queremos dar pasos decisivos en pro de mejorar las condiciones de acceso a la justicia. Para ello, estamos convencidos de la necesidad de crear una institucionalidad jurisdiccional cercana, como lo son los tribunales vecinales, y fortalecer la asistencia jurídica gratuita para quienes carecen de recursos, reformando las Corporaciones de Asistencia Judicial. Asimismo, se impone mejorar la institucionalidad penal adolescente y sus redes de apoyo, recoger la experiencia que estos diez años han arrojado en lo que se refiere a la nueva Justicia Penal y, en general, apoyar con decisión aquellas reformas que contribuyan al fortalecimiento y modernización de nuestro Poder Judicial. El Bicentenario nos hace estar especialmente optimistas que estamos próximos a vivir tiempos de desarrollo, como nunca antes experimentó nuestro país. Sin embargo, este auspicioso futuro, para su adecuada materialización, exige mejorar permanentemente nuestras condiciones de justicia. Ello incide directamente en la fortaleza de nuestra democracia y en la calidad de nuestra convivencia, en el respeto y promoción de los Derechos Humanos, y en definitiva, hace posible que los chilenos y chilenas puedan hacer verdaderamente efectivas sus garantías y derechos. Todas las reformas y tareas a las cuales estamos abocados van precisamente en esa dirección, y estamos ciertos que contribuirán decididamente a dar forma a ese Chile futuro que tanto queremos.
Felipe Bulnes Serrano
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Los tres ejes de la justicia del futuro Para el periodo presidencial 2010-2014, el Ministerio de Justicia ha diseñado un plan de trabajo, orientado a consolidar una justicia más cercana, ágil y transparente, con especial énfasis en facilitar el acceso a los sectores más vulnerables; y atendiendo aquellas áreas que no han sido abordadas en los distintos procesos de reformas hasta ahora implementados.
Una nueva Justicia Civil: Reforma a más de cien años de historia La reforma a la Justicia Civil es el gran cambio pendiente de nuestro sistema jurídico, ya que el procedimiento vigente se gestó a fines del siglo XIX y no responde a los desafíos que imponen los nuevos tiempos. Si se considera que aproximadamente el 60 por ciento de las causas que se tramitan en nuestros tribunales corresponden a este ámbito, es fácil comprender la urgencia de llevar adelante una reforma que modifique los procedimientos hoy vigentes para simplificarlos y permitir dar soluciones oportunas, cercanas y ágiles a este tipo de demandas. En este sentido, y como tarea prioritaria, el Ministerio de Justicia, por medio de una comisión interna de expertos, está abocado a la reformulación del proyecto que fue presentado el año 2009, con miras a generar un nuevo texto dotado de una organicidad y coherencia suficiente, que augure su vigencia para los próximos cien años. Este esfuerzo no quedará reducido a la visión interna del propio Ministerio, pues se ha implementado un procedimiento de consultas a fin de contar con la visión y apoyo de distintos académicos y profesionales de nuestro país, incluyendo por cierto la mirada del Poder Judicial. Asimismo, una vez concluida la elaboración del nuevo código, se definirán las claves de los requerimientos orgánicos necesarios para su implementación; todo ello a fin de asegurar que esta reforma comience a regir –con la necesaria gradualidad- con las condiciones materiales y humanas suficientes para su adecuado éxito. Todos estos cambios asociados a este esfuerzo reducirán sustancialmente los tiempos de tramitación de las causas civiles, dando paso a procedimientos donde se privilegiará la oralidad, la presencia permanente del juez y la debida comprensión de las resoluciones que se dicten. Actualmente, los tribunales civiles conocen más de un millón 896 mil causas al año (cifra del año 2009) . Este nuevo Código Procesal Civil vendrá a reemplazar al actual Código de Procedimiento Civil, que entró en vigencia el 1 de mayo de 1903, bajo la Presidencia de Germán Riesco Errázuriz, y que había iniciado su tramitación en el Congreso el año 1893.
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Impulso a los Tribunales Vecinales:
Reforma al sistema de asistencia Jurídica gratuita:
Una Justicia cercana para todos
Profesionalización y especialización
Durante 2010 se desarrollarán las etapas de estudio y diseño de la nueva Justicia Vecinal, para comenzar a implementar a principios del año 2011 un programa piloto de tribunales vecinal en cuatro comunas de la región Metropolitana, y con esta experiencia, evaluar la iniciativa y planificar su expansión gradual a todo el país.
El presente año se está efectuando el estudio de la reforma y modernización del Sistema de Asistencia Judicial y de las actuales corporaciones de Asistencia Judicial, con miras a la profesionalización de éstas.
El objeto de la nueva Justicia Vecinal será mediar y resolver conflictos en ámbitos como arrendamiento y comodato precario, copropiedad inmobiliaria, cobranzas de deudas de menor cuantía y conflictos de diversa índole que se suscitan entre vecinos y que hoy no tienen una vía expedita de solución.
El objetivo es que la atención de los asuntos jurídicos sea asumida por profesionales más que por egresados de Derecho (que por ley deben cumplir con su práctica profesional en estas instituciones durante 6 meses), y se considere, además, la posibilidad de externalizar sus servicios con modalidades como la entrega de un bono de asistencia jurídica y licitaciones.
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Justicia del Bicentenario 1990-2010: Las grandes reformas a la judicatura nacional en el último decenio
Reforma Procesal Penal A partir del 16 diciembre del año 2000 y hasta junio de 2006, comenzó en el país el proceso de instalación progresiva de la gran reforma realizada a la justicia chilena en los últimos 20 años: la Reforma Procesal Penal.
nes, la Reforma Procesal Penal permitió pasar de 79 jueces del crimen a más de 800 magistrados de garantía y oral en lo penal. Además se instalaron y construyeron 84 nuevos tribunales en todo el país.
La nueva justicia criminal integró al sistema judicial nuevos estándares de transparencia, publicidad, inmediación, celeridad y oralidad, junto con separar las funciones de investigar y juzgar, con lo que dejó atrás un sistema inquisitivo y vetusto.
En este marco surge el Ministerio Público (ley 19.640), un organismo autónomo y jerarquizado que tiene como funciones representar a la comunidad en la persecución penal, dirigir la investigación de los delitos, dirigir a las policías en este proceso, presentar las acusaciones ante los tribunales, además de brindar atención y protección a víctimas y testigos.
Con una inversión original superior a los $342 mil millo-
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Como contraparte de esta nueva institucionalidad, y con el fin de garantizar el debido proceso, se crea la Defensoría Penal Pública (Ley 19.718), como un servicio público, descentralizado, sometido a supervigilancia del Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Justicia. La Defensoría tiene por finalidad proporcionar defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta, que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes, que carezcan de abogado.1990-2010: Las Grandes Reformas a la Judicatura Nacional en el último decenio.
La familia, a tribunales especializados
El surgimiento de la justicia laboral
En línea de los principios inspiradores de la Reforma Procesal Penal y al anhelo de contar con una justicia especializada en todos sus ámbitos, el 30 de agosto de 2004 fue publicada la ley 19.968 que creó los Tribunales de Familia.
El 31 de marzo de 2008, en las regiones de Atacama y Magallanes comenzó la instalación de la nueva Justicia Laboral. Esta reforma modernizó la forma de resolver los conflictos laborales, con efectiva vigencia a los derechos y deberes de los trabajadores en su relación con su empleador.
En estos juzgados se tramitan, entre otras causas, las relativas al derecho de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes; las relativas al derecho y el deber del padre o madre; las del ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad, etc. La ley de Juzgados de Familia estableció la creación de 258 jueces de familia, agrupados en 60 tribunales especiales. En aquellos lugares en los que no existía judicatura especializada, se adecuaron 77 juzgados de letras con competencia en asuntos de familia. Hasta antes de comenzar a regir esta nueva judicatura, existían en el país 51 jueces de menores.
Así, de un total de veinte jueces del Trabajo, se pasó a 84 jueces especializados en la materia, a casi 500 funcionarios de apoyo a la labor administrativa, además de 26 juzgados que trabajan basados en los principios de oralidad, inmediatez y rapidez. Uno de los cambios más sustanciales fue la atención que brindan 136 abogados laborales especializados, quienes asumen la representación de aquellos trabajadores de escasos recursos en conflicto, velan por la igualdad ante la ley, el debido proceso y el equilibrio entre las partes.
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Nuevo sistema penitenciario concesionado El 22 de noviembre de 2005 fue inaugurada en Rancagua la primera de las nuevas cárceles concesionadas. Este hecho marcó un cambio radical en el sistema penitenciario al incorporar la inversión privada en la construcción y mantención de los penales. Estas cárceles cuentan con la más alta tecnología en materia de vigilancia y administración, que incluye bloqueo de sistemas de comunicación y sistemas de detección de metales, drogas y explosivos de última generación, además de varios anillos de seguridad. Con la puesta en marcha de este recinto Chile se alzó como pionero en Latinoamérica en desarrollar infraestructura penitenciaria mediante el sistema de conce-
Hitos de la Justicia
siones, iniciativa que ha sido implementada con éxito en países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra. El concesionario privado es el encargado de construir el penal y de mantener la infraestructura carcelaria, incluyendo equipamiento y seguridad. Asimismo, está a cargo de la alimentación, aseo, salud y reinserción de los internos. Esta última labor incluye programas de educación, atención social y psicológica, atención a lactantes de hijos e hijas de internas, rehabilitación en alcohol y drogas, capacitación laboral, acceso a trabajo, deporte, recreación, arte y cultura. Por la prestación de estos servicios recibe un pago del Fisco. Las labores de custodia y vigilancia quedan en manos de Gendarmería.
Abolición de la pena de muerte El 20 de mayo de 2001, en Chile se dejó de aplicar la pena de muerte. A partir de ese momento, la máxima sentencia que dictan los jueces es el presidio perpetuo efectivo. En rigor, el condenado a presidio perpetuo calificado debe permanecer encarcelado de por vida, pero al cumplir los 40 años de privación de libertad efectiva, excepcionalmente podrá solicitar a la Corte Suprema algún beneficio.
Todos los hijos son iguales con la Ley de Filiación El 27 de octubre de 1999 marcó uno de los hechos más relevantes en la historia de las legislaciones de nuestro país: a partir de entonces todos los hijos nacen iguales ante la ley. Ese día comenzó a aplicarse la nueva Ley de Filiación, que puso fin a una discriminación vigente desde 1855, que distinguía entre hijos legítimos, ilegítimos y naturales.
El divorcio llegó con la Ley de Matrimonio Civil En Chile, el divorcio está regido por la Ley 19.947, de Matrimonio Civil, que fue publicada en mayo de 2004 y que puso término al sistema de las nulidades para regular los quiebres matrimoniales. Gracias a esta nueva norma, el divorcio puede solicitarse cuando exista violación grave de los deberes y obligaciones del matrimonio, que tornen intolerable la vida en común (por ejemplo: atentados contra la vida, maltrato psíquico contre el cónyuge o los hijos, o conducta homosexual) o cuando exista separación de tres años de los cónyuges, o cuando la pareja ha estado separada por un tiempo mínimo de entre uno y tres años, dependiendo de si el divorcio es pedido por ambas partes o por un solo cónyuge.
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Gendarmería de Chile De «presidios ambulantes» coloniales a la primera cárcel, en 1844 Una novedosa forma de castigar y hacer escarnio de quienes eran condenados por cometer ilícitos estableció el ministro Diego Portales y Palazuelo en los albores de la República. El «Presidio Ambulante», como se le conoció en 1836, consistía en carros de metal tirados por bueyes, que llevaban a los presos en jaulas a trabajos forzados en obras públicas. Su objetivo, humillar a los reclusos ante el resto de la sociedad, amedrentar a potenciales delincuentes, y hacer patente el poder del Estado. Los frecuentes motines y los cuestionamientos de los intelectuales al vejatorio e inhumano sistema, llevaron a su término en 1847, e iniciar su reemplazo por un esquema de prisiones más moderno. Fue el Presidente Manuel Bulnes Prieto, quien en 1841 estableció medidas de seguridad y rehabilitación para los reos. Así, comisionó al primer secretario de la legación de Chile en Estados Unidos, Francisco Solano Astaburuaga, para promover un modelo extranjero aplicable al país. Tras analizar dicho informe, el Estado decide la construcción de la Cárcel de Santiago, para lo cual el 19 de julio de 1843, se instaura en el país definitivamente la institución penitenciaria.
Alarmado por la intranquilidad social a causa del bandolerismo, fugas y motines en las prisiones transitorias, el mismo Manuel Bulnes inició la construcción de la Penitenciaría de Santiago, hoy Centro de Detención Preventiva Santiago Sur. La obra, comenzó a ejecutarse principios de 1844 bajo los estándares de la época.
La «guardia especial», la precursora del actual servicio El 25 de noviembre de 1870, una ordenanza de José Joaquín Pérez, establece la creación de una «Guardia Especial para el Presidio Urbano de Santiago». Para 1887, se dispuso que el gobierno tomara bajo su administración los penales del país, muchos a cargo de municipalidades. Sin embargo, desde 1896, sólo el Ministerio de Justicia se encargó de los correccionales a través del «Cuerpo de Gendarmería de Prisiones». Durante la administración de Jorge Montt (1891–1896), se estableció la organización de las «Guardias Especiales de Prisiones». Su reglamento entregó funciones por cargos, grados, atribuciones, uniformes, armamentos, entre otros servicios.
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En 1911, bajo la presidencia de Ramón Barros Luco, nace el «Cuerpo de Gendarmería de Prisiones», estructurándose el servicio penitenciario actual. Arturo Alessandri Palma instauró definitivamente este nombre, el 30 de noviembre de 1921.
Efectos de la modernización A mediados de los años 90 se comienza a implementar la Reforma Procesal Penal, que cambió el sistema de justicia y las medidas de seguridad en el país. Entonces Gendarmería tuvo que adaptar su labor y misión a la nueva institucionalidad. Una parte de este proceso de ajuste se refleja en el sistema de cárceles concesionadas (ver aparte). En esta década, se crean además los Centro de Adiestramiento Canino (CEC), la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios (USEP) y la Sección de Operaciones Tácticas (SOT). El 20 de marzo de 2010, fue publicada la Ley 20.426 que moderniza este servicio, con lo que durante los próximos años se aumentarán sus dotaciones de oficiales y gendarmes en seis mil nuevos funcionarios. Consciente de las difíciles condiciones de habitabilidad de internos y gendarmes -que en gran medida responde al rezago en la construcción de establecimientos penales-, el Presidente Sebastián Piñera encarga el 25 de julio de 2010 a su ministro de Justicia, Felipe Bulnes Serrano, definir medidas que permitan establecer algunas mejoras en el corto y mediano plazo.
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Servicio de Registro Civil e Identificación A fines del siglo XIX Chile vivía un proceso de profundas transformaciones en lo político, económico y social. Esas condiciones marcaron el camino hacia la modernidad y la consolidación del Estado Nación, dentro del marco legal de lo que se conoce hoy como "Leyes Laicas". En ese contexto, la creación del Registro Civil durante la administración del Presidente Domingo Santa María, en 1884, respondió a los cambios culturales que se dieron en la sociedad chilena de entonces, de mayor diversidad, con distintos credos religiosos y nuevos valores. Su fundación significó para el Estado la posibilidad de administrar a la población y de constituir la identidad civil de cada persona. Desde ese año hasta nuestros días, el Registro Civil ha estado presente en los momentos más trascendentales de la vida de todo chileno. En 1943 esta institución se fusiona con el Servicio de Identificación y desde entonces quedó a cargo de la labor de identificación de las personas. Desde entonces, pasó a denominarse Servicio de Registro Civil e Identificación, tal como se lo conoce hasta nuestros días.
Cédula Nacional de Identidad
Principales hitos
A fines del siglo XIX la identificación estuvo a cargo de la Policía, a través del uso de la dactiloscopia y la fotografía en al ámbito de la criminalidad.
Ley de Matrimonio Civil:
1924: El Servicio de Identificación instauró una Libreta de Identidad que incluía el nombre, domicilio, huella dactilar y fotografía. Todos los mayores de 21 años estaban obligados a obtenerla, exceptuando las mujeres, religiosos enclaustrados y las personas recluidas en hospicios y casas de orates. 1930: Se incorporó el Rol Único Nacional a la cédula de identidad, que incluye a las mujeres. 1943: El Registro Civil e Identificación pasó a estar a cargo de la emisión de la cédula de identidad. 1973: Se estableció un sistema computacional para sistematizar la entrega del Rol Único Nacional a cada nacido en el territorio nacional. 2002: Se instaura la cédula de identidad vigente en la actualidad, que integra medidas de seguridad y control de última generación.
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Se promulgó el 16 de enero de 1884, y autorizó al Juez de Letras para que efectuase la celebración civil del matrimonio en caso que la autoridad eclesiástica se negara. Hoy, el Oficial Civil puede realizar matrimonios y ser el ministro de fe para las inscripciones de los matrimonios religiosos en las actas de la institución.
Pasaporte, nuevo documento de viaje: En 1924 el Servicio de Identificación es el encargado de emitir pasaportes, y en 1943 pasa a ser una tarea del Registro Civil. Desde 1955 fue requisito el visto bueno de la Policía de Investigaciones a fin de comprobar que el usuario no tenía encargos pendientes.
Portal www.registrocivil.cl: En 2001 se lanza al público la Oficina Internet en el sitio www.registrocivil.cl. Portal que permite emitir e imprimir de manera inmediata los certificados, conocer el estado de solicitudes de cédulas, pasaportes y posesiones efectivas y bloquear documentos de identidad.
Servicio Médico Legal
El inicio formal de la Medicina Legal en Chile se concreta con el doctor Guillermo Blest Cunningham, de origen irlandés, quien fundó en 1833 la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, durante el gobierno del Presidente José Joaquín Prieto Vial y la rectoría de Andrés Bello. Eran los denominados "médicos de ciudad" quienes se encargaban de la realización de las autopsias en la capital, en la antigua morgue situada en la calle Teatinos, a un costado de la Cárcel Pública de Santiago. La dedicación de los médicos que fundaron y ejercieron esta disciplina auxiliar de la justicia se plasmó en 1915, en la creación del Servicio Médico Legal como una entidad pública que asesora -en materias legales y forenses- a los tribunales de justicia del país.
Su institucionalidad se rige por el Decreto Ley 196, de abril de 1960, que definió una estructura que actualmente está integrada por una sede central, ubicada en Santiago, y otros 37 establecimientos regionales y provinciales. Cuenta con unidades altamente profesionalizadas, como, por ejemplo, el centro de toma de muestras del Programa del registro Nacional de ADN (CODIS) y los centros referenciales de Iquique y Concepción que apoyan la labor en materia penal y de familia. En junio de 2009, el servicio fija una nueva política de calidad, para optimizar constantemente sus procesos médico-forenses. Con ello se garantiza la calidad, confiabilidad, oportunidad, imparcialidad y trato digno. Asimismo, actualmente la institución desarrolla labores de investigación científica, docencia y extensión en materias propias de su competencia.
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Servicio Nacional de Menores Si bien legalmente el nacimiento del actual Servicio Nacional de Menores (Sename) se gestó hace poco más de treinta años, los primeros antecedentes de su labor ya se encuentran en la época de la Colonia. Más antigua que la República, con 248 años cumplidos, la Casa Nacional del Niño fue la primera que acogió a niños huérfanos. Creado por ley en enero de 1979, el Sename es un organismo mediante el cual el Estado asume un rol activo en la protección de los niños y niñas vulnerados, y da apoyo a la judicatura de menores como un «órgano auxiliar de la Administración de Justicia». En abril de 2010, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, anuncia una profunda reestructuración a esta institucionalidad, con la futura creación del Servicio Nacional de la Infancia y la Adolescencia -que pasará a depender del futuro Ministerio de Desarrollo Social-, y del Servicio de Persecución Penal y Rehabilitación, que estará radicado en el Ministerio de Justicia.
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Una nueva política institucional Durante esta década, la institución da a conocer a los órganos colaboradores su nueva política, la que incorpora la Convención sobre los Derechos del Niño como el componente central y ordenador de todas las acciones en la materia. En 1991, comenzó el traspaso de los ex COD-Cereco y CTD (Centro de Tránsito y Distribución) desde el sector privado al Estado, y se inicia la recuperación de los centros de lactantes y preescolares como estrategia para implementar la política nacional de adopción.
2000-2010: Reforma y Ley Penal Adolescente
La externalización del servicio
En esta década, el Sename enfrentó la Reforma al Sistema de Atención a la Infancia y Adolescencia que, en lo medular, estableció dos grandes áreas de atención: la promoción y protección de derechos, y la atención a los jóvenes infractores de la ley penal.
Fue el ministro de la Oficina de Planificación Nacional, Odeplan (actual Ministerio de Planificación), Miguel Kast, quien aplicó el principio de subsidiariedad del Estado de la Constitución de 1980, externalizando y/o municipalizando los servicios sociales. A partir
Hacia el año 2000, y tras un fuerte impulso al sistema de protección de derechos de la infancia y adolescencia por parte del Estado, se pusieron en marcha las primeras seis Oficinas de Protección de Derechos (OPD) en las regiones Metropolitana, V, VIII y IX.
Con ello se creó un sistema de subvenciones similar al de educación, que permitió el traspaso a manos privadas de los ex COD-Cereco (Centro de Orientación y Diagnóstico - Centro de Rehabilitación Conductual) dependientes del Sename. Hacia el año 1981, la institución se convirtió en el órgano rector en materia de menores en situación irregular.
El 8 de junio de 2007 entró en vigencia la ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), que creó un sistema penal especial para los jóvenes de entre 14 y 17 años, coherente con la Convención sobre los Derechos del Niño; en consecuencia se eliminó el trámite del discernimiento y se consagró el derecho a defensa y a un debido proceso.
1980-1990:
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1990-2000:
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Defensoría Penal Pública
«Sin Defensa No Hay Justicia» Bajo este principio desarrolla su labor la Defensoría Penal Pública, cuya misión es entregar atención legal de calidad a todas las personas que hayan sido imputadas por falta, crimen o simple delito y que no cuenten con los recursos económicos para pagar un abogado defensor. Su origen se remonta a 2001, cuando surge como un servicio dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia, en el marco de la Reforma Procesal Penal. Esta institución presta servicios por medio de abogados que son parte de este servicio y de abogados privados que son contratados mediante licitaciones. La Defensoría atiende en todo Chile, con una dotación cercana a las 600 personas, de las cuales 145 son abogados defensores. Además, mantiene contrato con unos 300 abogados privados, a través de licitaciones públicas, para el desarrollo de su misión.
Los destacados de la DPP
Líneas de defensa especializada
-Licitaciones de Defensa Penal: El sistema de licitaciones de la DPP se inició el 17 de enero de 2003, en la cuarta etapa de la Reforma Procesal Penal.
-Defensoría Indígena: La primera defensoría especializada del país fue la indígena -particularmente la Defensoría Mapuche- creada en la IX Región en 2003.
-Estándares de calidad para la defensa penal: La ley que creó la DPP exige la tarea permanente de crear, implementar y supervisar un sistema de gestión de la calidad orientada al mejoramiento del servicio.
-Unidad de Defensa Penal Juvenil (UDPJ): Luego de la promulgación de la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, el 26 de enero de ese año se creó la Unidad de Defensa Penal Juvenil (UDPJ), que cubre las demandas de los menores infractores de ley.
-Unidad de Corte: Creada en abril de 2005, colabora en la tarea de presentar recursos judiciales, acordes con los requerimientos del imputado, y asumir su defensa ante las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. -Comisión de Ética: En 2008 se creó la Comisión Consultiva de Ética de la DPP y la Comisión Redactora del proyecto de Código Deontológico del DPP. -Academia de Defensores: En 2009, la DPP diseñó un plan de formación continua para defensores denominado "Academia de Defensores Públicos".
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-Piloto penitenciario: Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en junio de 2009 se firmó un convenio entre la Defensoría y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional, que permitió poner en marcha el proyecto "Fortalecimiento Institucional de la DPP". -Gestión de Defensa Penal: La Defensoría creó el Sistema Informático de Gestión de Defensa Penal (SIGDP), instrumento que permite el manejo de la información sobre el proceso de defensa, la persona del imputado, la gestión del defensor, entre otras.
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Corporaciones de Asistencia Judicial
Superintendencia
de Quiebras
19.806), al adecuarse diversas normas a la legislación que impuso la Reforma Procesal Penal.
Hechos destacados 2005: El 8 de marzo de este año, se publicó la ley 20.004, sobre fortalecimiento de la transparencia de la administración privada y de las facultades de fiscalización por parte de la Superintendencia de Quiebras.
Microfichas
La ley 17.995, del 08 de mayo de 1981, concedió la personalidad jurídica a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial de las regiones Metropolitana, del Bío Bío y de Valparaíso. Con éstas fueron sustituidos los antiguos consultorios dependientes del Colegio de Abogados de Chile en lo referente a los servicios de asistencia judicial. En tanto, en julio de 1987 se publica la ley 18.632, que crea estas corporaciones en las regiones de Tarapacá y Antofagasta. En su calidad de servicio público, descentralizado y sin fines de lucro, las CAJs tienen como misión proporcionar orientación y asesoría jurídica a las personas de escasos recursos que no pueden acceder al sistema de prestaciones jurídicas privado. Además, deben dar las facilidades para que los egresados y licenciados de derecho realicen su práctica profesional. Las materias atendidas por las Corporaciones se relacionan con causas civiles, laborales, de familia, aquellas del sistema penal antiguo, y una línea especializada en atención integral de delitos violentos.
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68%
50%
de la población de las Corporaciones de Asistencia Judicial son Mujeres.
de los usuarios de las CAJS tiene un ingreso per cápita inferior a los $100.000.
de la población atendida tiene estudios de enseñanza media, completa o incompleta.
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La Superintendencia de Quiebras tiene como principal función fiscalizar y regular las actuaciones de los síndicos, administradores de la continuación del giro, expertos facilitadores y asesores económicos de insolvencias, para que den cumplimiento a su mandato de resguardar los derechos de los acreedores, fallidos y terceros involucrados en todo proceso concursal y usuarios del sistema de quiebras. Los primeros antecedentes históricos de la institución se vinculan con la Sindicatura General de Quiebras, creada por la ley 4.558 de 1929, como organismo auxiliar de los Tribunales de Justicia. Fue reorganizada como Sindicatura Nacional de Quiebras en 1979 (DL 2.963), entidad dependiente del Ministerio de Justicia. Esta institucionalidad se mantuvo hasta 1982, cuando la ley 18.175 la definió como Fiscalía Nacional de Quiebras. En mayo de 2002 se le otorgó la categoría de Superintendencia (ley
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2007: Se formula el proyecto de levantamiento, sistematización y mejoramiento de los procesos de trabajo en el orden de la fiscalización a la labor de los síndicos y administradores de continuidad de giro. 2008: Se implementa una nueva plataforma web, con software de fiscalización y documentación. 2010: Se crea la "Unidad de Empresas de Menor Tamaño" para dar cumplimiento al mandato legal establecido en el artículo undécimo de la ley 20.416.
Máquina de microfichas utilizada en 1980 (sistema de registro de quiebras)
Saludos de la Subsecretaria de Justicia El Bicentenario constituye una instancia de conmemoración nacional. Son doscientos años de Independencia, identidad patria y de una larga y estable tradición. Es el momento de reencontrarnos, de sentirnos orgullosos de ser parte de la historia de nuestro país y de pensar los cambios que permitan proyectarnos por otros cien años más. Tras diez años de vigencia de la Reforma Procesal Penal, nos vemos enfrentados a la evaluación de este modelo, que indiscutidamente ha sido calificado como exitoso. El actual sistema consagrado en el Código Procesal Penal (oral y público) reemplazó al antiguo sistema inquisitivo, escriturado y secreto. Hoy contamos con un organismo investigador autónomo e independiente, tribunales especializados en materia criminal (Tribunales de Garantía y de Juicio Oral) y un Estado que garantiza el derecho a defensa para las personas imputadas de delitos. Hitos como las reformas procesales en materia Penal, de Familia y Laboral, han sido impulsados por nuestro Ministerio y han provocado importantes transformaciones en materia judicial, permitiendo entregar a la ciudadanía una justicia más cercana y oportuna. Nuestra labor está abocada a continuar con las tareas pendientes, referidas al mejoramiento de las condiciones penitenciarias, el tratamiento a las víctimas, la reinserción social de quienes cometen delitos, el cumplimiento efectivo de las medidas alternativas a la cárcel y la incorporación de tecnología de punta para estas labores, como es el caso del brazalete electrónico. En plena celebración del Bicentenario de nuestro país, reiteramos nuestro compromiso de contribuir al mejoramiento de la justicia y el acceso a ella por parte de las chilenas y chilenos. Junto con mirar lo que hemos hecho y logrado como país, estamos proyectando los desafíos futuros que nos permitan fortalecer nuestra institucionalidad.
Patricia Pérez Goldberg
Ministerio de Justicia •
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