CUANDO TODO ES VIOLENCIA
“…Desde la perspectiva de la economía política el modelo teórico más importante para entender el crimen…es el dialéctico: la criminalidad refleja y emerge de las contradicciones inherentes a la estructura política y económica de la sociedad…” William Chambkiss.
Autor: Dr. Miguel Ángel Pierri
➢ Presidente de la Red Americana por la Justicia; ➢ Presidente de la Fundación de Altos Estudios Abogados Sin Fronteras, ➢ Titular del Estudio Jurídico Miguel Ángel Pierri & Asociados. Esmeralda 517, piso 3° depto. A y B, (C1007ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) ➢ Tel:(011)4328-5229/ (011)5199-7437 Líneas Rotativas, mapierri@miguelpierriabogado.com.ar info@abogadosinfronteras.com.ar
1.-Introducción En la presente exposición se desarrollaran los motivos que constituyen la violencia y delincuencia en América Latina, analizando los contextos políticos que llevaron al aumento de la criminalidad y la violencia como consecuencia de la desigualdad continental y la política represiva del combate contra el narcotráfico impuesta por los EEUU. Como conclusión abordaremos algunas pautas en las cuales podrían estar los posibles remedios legales. En la Argentina al igual que en América Latina el factor de la “violencia y delincuencia” constituyen uno de los motivos de mayor preocupación. Si bien Argentina tiene una tasa de criminalidad muy inferior a países como Brasil, México o El Salvador, igual existen núcleos duros de criminalidad que aún no han podido romperse. Esto es consecuencia de una política neoliberal, el corrimiento del Estado Providencia al Estado Penitencia inaugurado en la era Reagan y profundizado en la era Bush, en donde se “…inició una nueva forma de gobernar la miseria que une la mano invisible del mercado de trabajo descalificado y desregulado con el puño de hierro de un aparato penal intrusivo y omnipresente. Los EEUU optaron claramente por la criminalización de la miseria como complemento de la generalización de la inseguridad salarial y social. El resto de los países, frente al problema de la inseguridad, están hoy confrontados a una alternativa histórica entre la penalización de la pobreza y la creación de un estado social digno de ese nombre…” (Loic Wacquant, Las cárceles de la miseria, Manantial 2004) esto produjo el incremento de la violencia en los delitos, edad joven de quienes los cometen, el reclutamiento de parte del narcotráfico de jóvenes para el sicariato, la trata de personas, el acrecentamiento de la prostitución, la proliferación de armas. Hoy uno de cada dos e incluso uno de cada tres ciudadanos en América Latina ha sido víctima de algún delito. La delincuencia y la violencia son mayormente de ámbito local pero tiene una incidencia en las comunidades locales y en este mismo sentido lo manifestó la UNODC cuando Subrayó “…que las naciones se enfrentan a una compleja y cambiante red criminal cuyos hilos alcanzan a casi todos los países y cruzan todas las regiones…”, comparativamente esto se traduce en la demanda de drogas ilícitas en Estados Unidos y Europa que posee repercusiones claras en la oferta de tales sustancias y la delincuencia organizada en varios países de la región. La política de los EEUU contra el narcotráfico es represiva y retrógrada, hace más de treinta años que la DEA decidió combatir el narcotráfico en América Latina infiltrando los países y promoviendo la creación de grupos paramilitares o parapoliciales quiénes luego se convertirían en los nuevos cárteles. Como bien dijo el Presidente de Guatemala, Ex General del Ejército Otto Pérez Molina en la Cumbre de la Américas al promover la legalización de la producción de las drogas, porque la política de la DEA de los últimos treinta años lo único que ha logrado es que Latinoamérica ponga los muertos y EEUU los consumidores y los beneficios económicos.
Esta política represiva contra el narco, ha promovido el aumento del poderío de los cárteles, la intervención del Ejército estadounidense en Colombia durante la década del ochenta provocó el corrimiento de los cárteles a México, Centroamérica y en menor medida Brasil. Esta política ha fracasado, pero para los estados unidos es la manera que tiene de seguir interviniendo en su “patio trasero” y así controlarnos. Los gobiernos latinoamericanos de fines de los ochenta y la década de los noventa fueron de corte neoliberal, ajustando sus políticas al Consenso de Washington que en sus 10 puntos, promovía lisa y llanamente el hundimiento de las industrias nacionales, el endeudamiento externo, las privatizaciones de las empresas, un tipo de cambio regulado de acuerdo a las leyes del mercado, o sea el pasaporte al aniquilamiento del trabajo, la conversión del estado de bienestar en estado gendarme para contener y reprimir a la población desempleada y en consecuencia el caldo de cultivo para el aumento de la criminalidad. A partir del quiebre del Estado neoliberal a principio del año 2000, y la asunción de políticos de corte popular y de centro izquierda se está comenzando a suturar las heridas en el cono sur, más lento viene esta cuestión en América Central y México quienes todavía tienen la bota estadounidense sobre sus cabezas. Como ejemplo de lo manifestado ut supra, un informe sobre la Argentina realizado por el Licenciado Eduardo Ovalles, para el Centro de Estudios Nueva Mayoría, contempla que la tasa de delitos durante 2005 registró un incremento del 53% respecto a diez años antes (1995) y del 121% frente a dos décadas atrás (1985). No existen cifras y estadísticas oficiales en la actualidad y se dan los dos sistemas en el que conviven, la elevada cifra negra que registra el país y lo que se denomina comúnmente como la "cifra blanca", es decir que predomina tanto el que no denuncia el delito y el que si bien lo reporta el sistema no lo registró (por el efecto embudo), por problemas burocráticos o para bajar los índices de denuncias. Ello se debe a la falta de confianza ciudadana en el Sistema de Seguridad y Justicia, por el cual sólo el 2,7% de los delitos reciben sentencia condenatoria y uno de cada tres condenados son reincidentes, lo que muestra la baja performance no solo del servicio Policial y Judicial sino también del Penitenciario. Es por ello que como adelanto de las conclusiones que expondré a posteriori considero pertinente que para revertir el efecto que conlleva la violencia y la delincuencia, lejos de las modificaciones y reformas al Código Penal y su consecuente aumento de penas, como así tampoco la baja en la edad de imputabilidad en los menores son remedios caseros que no solucionan el problema de fondo , la solución esta en un sistema de justicia probo, con fiscales idóneos, policía entrenada y con conducción política, planificación de las investigaciones y recursos.
2.- Problemas y Objetivos: Las principales formas de violencia en América Latina son las siguientes: homicidios, asesinatos de niños y adolescentes, explotación sexual comercial y trata, actividades vinculadas con el crimen organizado trasnacional (trafico de armas, drogas y personas). En términos absolutos se estima que en América Latina y el Caribe mueren por homicidio entre 100,000 y 120,000 personas al año. El 28% de las víctimas de homicidio corresponden a adolescentes entre 10 y 19 años, Brasil, Colombia, El Salvador y Venezuela tienen los índices de homicidios más altos entre hombres de 15 a 24 años. El Barómetro de las Américas, llevada a cabo por el Proyecto Latinoamericano de Opinión Pública (LAPOP) la Universidad de Vanderbilt en más de 20 naciones de América Latina y el Caribe durante 2006-2007, revela que los sentimientos de inseguridad por a la delincuencia y la violencia erosionan las actitudes que ayudan a apoyar a las democracias estables. En países como Paraguay, Venezuela y Guyana, los altos niveles de la inseguridad reducen el apoyo a la democracia estable la democracia por más de 20 puntos porcentuales. En Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador y Haití mas del 60% de la población piensa que sus gobiernos están habiendo muy poco para mejorar la seguridad publica. (OPS, Banco Mundial) La clave se encuentra en el mismo Estado quien es el que deberá el cumplimiento cabal de sus funciones que garantice el bienestar de los Ciudadanos, dependerá de la existencia de un orden social seguro. Así como, el desarrollo social y económico tiene como condición, la posibilidad de que los asociados puedan desenvolver sus vidas en un ambiente previsible de seguridad y convivencia, en el cual estén garantizados sus derechos, sus bienes y el libre ejercicio de sus deberes. El Estado debe garantizar la convivencia y la seguridad de los ciudadanos, fortaleciendo los sistemas de justicia y seguridad ciudadana, de tal forma que los ciudadanos puedan gozar de sus derechos y puedan cumplir con sus deberes. Cuando se analiza el tema de la seguridad ciudadana a nivel de América Latina, se comprueba que la gran mayoría de los países tienen una organización estatal que responde más a la seguridad nacional (a la seguridad del Estado), que a la seguridad ciudadana. Es decir, todavía se sitúa la seguridad en términos de los enemigos internos y externos que atentan en contra de la estabilidad de los Estados, persistiendo las estructuras y los conceptos que sustentan esta doctrina, los cuales se volvieron a retroalimentar con la visión de seguridad que se centró en el terrorismo después del 11 de septiembre de 2001.
Cabe anotar cómo, las autoridades locales de la mayoría de los países de América Latina, no se sienten responsables de estos temas, ni asumen sus deberes, a pesar de que las sociedades les demandan acciones en estas materias. El triángulo de la violencia es un concepto introducido por Johan Galtung para representar la relación existente entre los tres tipos de violencia que él define en su teoría: Violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. Johan Galtung, matemático y sociólogo de origen noruego, es uno de los más importantes investigadores sobre la paz y la resolución de conflictos.
La violencia directa, la cual es visible, se concreta con comportamientos y responde a actos de violencia. La violencia estructural, (la peor de las tres), que se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se concreta, precisamente, en la negación de las necesidades. La violencia cultural, la cual crea un marco legitimador de la violencia y se concreta en actitudes. Educar en el conflicto supone actuar en los tres tipos de violencia.
3.-Metodos y Teorías implementadas La delincuencia y la violencia no son inmutables, políticas sensatas a nivel nacional, regional e internacional pueden lograr una significativa diferencia; sin embargo, la aplicación de mecanismos de mantenimiento del orden público precisa de un cambio radical de la cultura y de la organización policial y judicial. Teniendo en cuenta los reclamos sociales que claman ¨mano dura¨ contra la VIOLENCIA Y DELINCUENCIA y que no es un tema nuevo de debate, a lo largo de la historia se fueron empleando distintos modelos para acarrear este tipo de patología desde 1969 con la psicología social del Profesor Phillip Zimbardo el cual determino que el abandono, la suciedad, y el desorden, constituye una trilogía que incita a que las personas se comporten de modo antisocial ,las calles limpias, las veredas blanqueadas y sin graffiti, los canteros floridos, las plazas enrejadas y cuidadas, el mobiliario urbano sano -y- limpio representan el orden, e inspiran en las personas una conducta sin desórdenes. Más adelante, los universitarios James Wilson y George Kelling publicaron en marzo de 1982 en ¨ The Atlantic Monthly ¨ la "Teoría de las Ventanas Rotas" en la cual verificaron que cuando en un edificio se rompe un vidrio y nadie se preocupa por reemplazarlo, ni hay castigos contra el autor de la pedrada, se genera un "efecto indiferencia", pronto estarán rotos todos los vidrios del edificio y del barrio , a posteriori el termino fue reciclado de la "Safe and Clean Neighborhoods Act" de Nueva Jersey de 1973 y esta teoría fue empleada en la practica por el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, que aleccionó en 1994 aplicando entonces la Tolerancia Cero, esto es: reprimir con firmeza cualquier desmán, cualquier irregularidad, porque la falta de castigo y de orden causa males mayores y cuando no existen PREMIOS Y CASTIGOS la sociedad cae en la ANOMIA. Cuando el alcalde de Nueva York, Rudolph Giulian decide aplicar esta teoría la situación de esta ciudad era de ocho millones de habitantes, se había convertido en “la capital de la inseguridad”, caminar de noche por las calles de Manhattan era “más que peligroso”, el cóctel de vandalismo y corrupción policial (entre otros ingredientes) arrojaba cifras alarmantes: 6 asesinatos, 8 violaciones y otros 410 delitos violentos por día. Con el concepto de tolerancia cero el índice criminal bajó el 77% entre 1994 y 2007, por lo que Nueva York pasó a ser considerada en el mundo como un paradigma en la lucha contra el delito urbano. Un punto clave del plan fue la descentralización de la fuerza policial, la corrupta y burocrática estructura vertical del Departamento de Policía de entonces fue reemplazado por un sistema que otorgó más responsabilidades y poder de decisión a cada una de las 76 comisarías distribuidas entre Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens y Staten Island. Así se logró que cada oficial se comprometiera con lo que sucedía en su área y desarrollara vínculos sólidos y duraderos con los vecinos.
Sin embargo, la política de tolerancia cero es objeto de encendidas críticas por algunos que consideran que no detiene en absoluto la violencia, es una política de securización que no tiene en cuenta el aspecto sociológico de la delincuencia y por lo tanto, es ineficaz a la hora de atajarla. De hecho Adam Crawford en su libro “Crime Prevention and community safety: politics, policies and practices” (Londres, Longman, 1998, pág.155) manifiesta: “…El concepto de tolerancia cero, es una designación errónea. No implica la rigurosa aplicación de todas las leyes, que sería imposible-por no decir intolerable- sino más bien una imposición extremadamente discriminatoria contra determinados grupos de personas en ciertas zonas simbólicas ¿Dónde está la tolerancia cero de los delitos administrativos, el fraude comercial, la contaminación ilegal y las infracciones contra la salud y la seguridad?, en realidad, sería más EXACTO DESCRIBIR LAS FORMAS DE ACTIVIDAD POLICIAL REALIZADAS EN NOMBRE DE LA TOLERANCIA CERO COMO ESTRATEGIAS DE INTOLERANCIA SELECTIVA. Llenar las comisarías de vagos y borrachos sólo servirá para la estadística y para los sondeos de imagen, pero nada tiene que ver con la criminalidad o con la inaudita violencia existente en todas las formas de comisión delictiva. Ahora bien, el trabajo policial debe ir acompañado de los fiscales y magistrados, si estos apoyaran el accionar policial y unificaran -siempre dentro de la ley- las interpretaciones que ellos hacen de las mismas leyes, la violencia y la "inseguridad" no desaparecerían pero los índices de delitos disminuiría notablemente. Es el mismo Estado, que debe garantizar la PREVENCION DEL DELITO, la APLICACIÓN DE LA LEY, LA NO DESNATURALIZACION DE LA LEY por parte de Jueces incapaces, FISCALES DESHONRADOS, las herramientas están, solo es cuestión de poner en practica y de manera armónica, para que exista una solución eficaz y TODOS podamos vivir en un ESTADO DE DERECHO; ya que la seguridad es una necesidad básica de la persona y de los grupos humanos y un derecho inalienable del hombre, de la sociedad y del Estado. La seguridad ciudadana, concierne, en esencia, a la tutela efectiva de una parte del amplio espectro de derechos humanos, especialmente, del derecho a la vida, a la integridad personal y otros derechos inherentes al ámbito más personal (inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, disfrute del patrimonio, etc). La seguridad ciudadana no debe ser vista exclusivamente como una reducción de los índices de delincuencia, sino como el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral. Una estrategia que debe incluir la mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la prevención del delito, una justicia accesible, ágil y eficaz, una educación que se base en valores, en respeto de la ley y la tolerancia. Por tal, Se entiende por Seguridad Ciudadana, para efectos de la Ley, a la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la
violencia, y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. La Política del Estado para la Seguridad y Defensa Nacional debería basarse en un modelo con elementos tomados de Perú, México y Bogotá en que su sistema de seguridad interna se basa en torno a los siguientes ítems: • Participación activa de la población en asuntos de seguridad. • Plena operatividad de las Fuerzas Armadas orientadas a la prevención, disuasión, defensa, y mantenimiento de la Paz. • Enseñanza de aspectos de Seguridad y Defensa Nacional en todos los niveles del sistema educativo. • Coordinación estrecha entre el Sistema de Defensa Nacional y Política Exterior para la Seguridad Nacional. • Control político de las fuerzas de seguridad. Proteger a los policías de base mediante la creación de un Ombudsman.
4-Resultados. Conclusiones.Durante la última década, muchas políticas públicas de seguridad han tratado de bajar los altos niveles de violencia y de inseguridad que conocen los países latinoamericanos pero sin tener mayor éxito en la realización de estos objetivos. En este panorama sombrío sobre el balance de las políticas de seguridad en América Latina, el caso singular de la ciudad de Bogotá figura como una excepción positiva. Varios mecanismos políticos originales como las campañas pedagógicas impulsadas por el ex alcalde Antanas Mockus y la formación académica de los policías en temas de derechos humanos han permitido un mejoramiento importante de la situación de la seguridad en la ciudad. Hasta ahora, los resultados obtenidos por las políticas de seguridad en términos de reducción de la inseguridad y de la tasa de homicidio por arma de fuego; de incremento de la confianza institucional y de fomento de la cultura ciudadana han sido muy insuficientes. A parte de unas excepciones notables como en el caso de la ciudad de Bogotá, las políticas de seguridad ciudadana no han logrado diferenciarse suficientemente de las políticas tradicionales de seguridad del Estado. En este contexto en el cual las sociedades latinoamericanas se vuelven cada vez más armadas y frente al fenómeno cada vez más fuerte de privatización de un bien público como la seguridad colectiva, es que considero que la Seguridad no es un bien delegable a la sociedad sino que es parte del poder inherente del Estado y éste debe garantizarlo a sus ciudadanos mediantes un poder judicial independiente con Jueces y Fiscales probos, policías idóneos , que a su vez debe ir acompañado por un cambio de cultura en la sociedad para que estos cambios puedan ser llevados a cabo, de lo contrario sino se analiza los problemas de fondo todo remedio será insuficiente. Asimismo, se debe comprometer a la sociedad y se debe dejar de hacer demagogia ante la comisión de un hecho delictivo y trabajar firmemente en las causas de la delincuencia y en el combate a la corrupción, porque la corrupción mata y la impunidad genera caos. Latinoamérica sigue siendo aún un continente muy desigual, consecuencia de décadas de políticas infames destinadas a la destrucción de la matriz productiva y el aumento del desempleo, mejorar esto lleva más tiempo que el que se utilizó para generar este desastre, sabemos que estamos en el camino, necesitamos comprometernos como sociedad a trabajar por la Patria Grande y a afianzar los vínculos históricos que nos unen como latinoamericanos, es la única manera de evitar que las políticas de los países centrales hagan mella en nuestros países. Por último, debemos transformar la cuestión sociológico-criminal en una cuestión política y económica, tal como manifiesta Mariano Ciafardini en su libro Delito urbano en la Argentina, Las verdaderas causas y las acciones posibles. (Ariel, 2005, pág. 36).-