SIN REFORMAS NO HAY PROGRESO
La agenda de los derechos humanos: ¿en dónde iniciarla? Francisco Fierro
C
uando en 1989 la Secretaría de Gobernación federal incluyó en la agenda política nacional el tema de los derechos humanos, no creo que el doctor Jorge Carpizo se imaginara que ésta derivara en el sistema más grande de protección y defensa para los ciudadanos en México. Sin embargo, 20 años después queda muy de lado el tema a nivel nacional, no obstante los esfuerzos aislados que algunas áreas de gobierno y organizaciones de la sociedad civil realizan, no hay una vigencia plena de los derechos humanos ni un sistema público fuerte y eficiente y, eso sí, muchos pendientes en esta labor que habrá que decidir en dónde reiniciar.
De la tarea legislativa Al inicio de este sexenio la Cámara de Senadores creó una comisión para analizar e impulsar un estudio constitucional sobre la vigencia de los derechos humanos en la Carta Magna. Se realizaron debates, mesas de trabajo y foros a los que se sumó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los organismos de la sociedad civil más respetados en la materia. La comisión senatorial presidida por doña Rosario Ibarra presentó con gran impacto el resultado de los estudios en una propuesta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, de forma integral, planteaba enunciar y hacer vigentes los derechos humanos desde nuestra ley máxima y alinearía a ésta toda la legislación. Empero, nada pasó y la propuesta de reforma moderna y de gran avance se fue a dormir el sueño de muchas iniciativas y a la fecha no se vislumbra que salga de esa congeladora de grandes reformas para bien del país.
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De la tarea de planeación En el sexenio foxista se creó la Unidad de Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal que debía coordinar los esfuerzos del gobierno sobre el tema, pero además con mucha esperanza se vio la posibilidad de homologar los esfuerzos administrativos en la materia en los tres ámbitos del gobierno a partir del Programa Nacional de Derechos Humanos y la firma de todos los gobernadores para adherirse a este esfuerzo elaborando su propio programa estatal. Esta situación no se logró y a la fecha no existe la obligación de que cada entidad federativa genere, cumpla y evalúe sus políticas públicas, si es que las hubiera en la materia. Pero también están otros ordenamientos que deberían haber sido plasmados en políticas públicas y que periódicamente los organismos internacionales que dan seguimiento a los pactos y convenciones ratificados por México, piden cuenta a nuestro país sin mucho éxito, como la CEDAW que da seguimiento a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y sin embargo más que las “muertas de Juárez” las “muertas del Estado de México” han alcanzado cifras estratosféricas de víctimas del feminicidio sin que se vislumbre una solución a estos casos vergonzantes. Sin pasar por alto el informe que por combate a la tortura debe rendir el Estado mexicano, así como el de combate a la discriminación, a la trata de personas o de los derechos de los pueblos indígenas; realidades pendientes de nuestra nación que denotan que no se ha podido hacer efectiva la vigencia de todos los derechos sociales, económicos y políticos. Del sistema público de promoción y defensa de los derechos humanos junio 2010
barbarie