SIN REFORMAS NO HAY PROGRESO
La agenda de los derechos humanos: ¿en dónde iniciarla? Francisco Fierro
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uando en 1989 la Secretaría de Gobernación federal incluyó en la agenda política nacional el tema de los derechos humanos, no creo que el doctor Jorge Carpizo se imaginara que ésta derivara en el sistema más grande de protección y defensa para los ciudadanos en México. Sin embargo, 20 años después queda muy de lado el tema a nivel nacional, no obstante los esfuerzos aislados que algunas áreas de gobierno y organizaciones de la sociedad civil realizan, no hay una vigencia plena de los derechos humanos ni un sistema público fuerte y eficiente y, eso sí, muchos pendientes en esta labor que habrá que decidir en dónde reiniciar.
De la tarea legislativa Al inicio de este sexenio la Cámara de Senadores creó una comisión para analizar e impulsar un estudio constitucional sobre la vigencia de los derechos humanos en la Carta Magna. Se realizaron debates, mesas de trabajo y foros a los que se sumó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los organismos de la sociedad civil más respetados en la materia. La comisión senatorial presidida por doña Rosario Ibarra presentó con gran impacto el resultado de los estudios en una propuesta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, de forma integral, planteaba enunciar y hacer vigentes los derechos humanos desde nuestra ley máxima y alinearía a ésta toda la legislación. Empero, nada pasó y la propuesta de reforma moderna y de gran avance se fue a dormir el sueño de muchas iniciativas y a la fecha no se vislumbra que salga de esa congeladora de grandes reformas para bien del país.
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De la tarea de planeación En el sexenio foxista se creó la Unidad de Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal que debía coordinar los esfuerzos del gobierno sobre el tema, pero además con mucha esperanza se vio la posibilidad de homologar los esfuerzos administrativos en la materia en los tres ámbitos del gobierno a partir del Programa Nacional de Derechos Humanos y la firma de todos los gobernadores para adherirse a este esfuerzo elaborando su propio programa estatal. Esta situación no se logró y a la fecha no existe la obligación de que cada entidad federativa genere, cumpla y evalúe sus políticas públicas, si es que las hubiera en la materia. Pero también están otros ordenamientos que deberían haber sido plasmados en políticas públicas y que periódicamente los organismos internacionales que dan seguimiento a los pactos y convenciones ratificados por México, piden cuenta a nuestro país sin mucho éxito, como la CEDAW que da seguimiento a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y sin embargo más que las “muertas de Juárez” las “muertas del Estado de México” han alcanzado cifras estratosféricas de víctimas del feminicidio sin que se vislumbre una solución a estos casos vergonzantes. Sin pasar por alto el informe que por combate a la tortura debe rendir el Estado mexicano, así como el de combate a la discriminación, a la trata de personas o de los derechos de los pueblos indígenas; realidades pendientes de nuestra nación que denotan que no se ha podido hacer efectiva la vigencia de todos los derechos sociales, económicos y políticos. Del sistema público de promoción y defensa de los derechos humanos junio 2010
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Nuestro país cuenta con 32 organismos públicos locales y uno nacional que se especializan en la defensa y promoción de los derechos humanos en el ámbito de su competencia; esto nos ubica como el país con la mayor red de instancias públicas para tal fin; sin embargo, esta red o sistema tiene una serie de claroscuros, a saber:
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La mayoría de los organismos públicos no son autónomos, como los organismos electorales. No cuentan con presupuestos suficientes para impulsar el tema en sus respectivos estados. La designación de sus titulares obedece más a una cuota política en las legislaturas locales que a un perfil previamente determinado y necesario para dirigir los destinos de dichos organismos. Las investigaciones sobre quejas por violaciones a los derechos humanos son limitadas, o en caso de llegar a una recomendación a la autoridad por demostrarse la violación a los derechos humanos, éstas no la aceptan o el cumplimiento es defectuoso. Pero lo más importante es la solvencia ética de quien está al frente de un organismo público, o sea el Ombudsman o Defensor del Pueblo, quien en muchas ocasiones no tiene una peregrina idea de la trascendencia de la defensa de los derechos humanos o su hoja de vida no le permite lanzar la primera piedra a sus colegas del servicio público.
De la sociedad civil Si bien es cierto que el movimiento de defensa de los derechos humanos en México nació a partir de la inquietud de la comunidad, hoy en día se aprecia en muchas sociedades como la nuestra una apatía con respecto al tema. En Puebla sólo contadas organizaciones que surgieron contemporáneas al nacimiento de la actual Comisión de Derechos Humanos del Estado continúan su labor; muchas han desapa-
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recido en el camino y los activistas han dejado la causa. ¿Pero cómo no va a ser así? Si las propias instancias públicas de derechos humanos hacen a un lado a la sociedad civil, las miran como competencia cuando la labor es complementaria, no hay sinergia ni suma de esfuerzos en este gran trabajo y por ello la coordinación o el financiamiento de proyectos valiosos es casi imposible. Mucha gente debe recordar que de 1996 al 2002 Puebla fue la meca de Educación para la Paz o Educación en Derechos Humanos y tuvo una gran apertura con las organizaciones de la sociedad civil para presentar sus proyectos, trabajarlos en talleres y convidar al magisterio y estudiantes de educación superior. Participantes de México, España, Costa Rica y Argentina desfilaron por las aulas de las instituciones educativas que dieron cabida a los veranos para la Educación para la Paz. La interacción sociedad civil con organismos públicos de derechos humanos es una fortaleza para el tema y hoy no existe esa comunión. En este trabajo se ha dejado evidencia de los pendientes en materia de derechos humanos; puedo afirmar que se han desandado caminos recorridos por una falta de visión con respecto al tema y se han perdido generaciones que, como con el tema de la protección al medio ambiente y el reciclado de la basura, ya comprendían a los derechos humanos como parte de la vida cotidiana. Pero nos preguntamos por qué nuestra sociedad es tan violenta y gran parte de la razón está en lo que los sociólogos llaman el rompimiento del “tejido social” y eso es el equivalente a la pérdida de valores: precisamente ésos son los derechos humanos, valores con los que toda persona debe convivir e interrelacionarse en esta compleja sociedad. Esperemos que pronto podamos retomar la agenda iniciada y que ésta sirva, como de hecho está demostrado, para recuperar nuestra correcta convivencia social. Partamos de lo básico: los derechos humanos.
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