Lo que no dice el Washington Post El Presidente ecuatoriano, Rafael Correa, un acólito autocrático de Hugo Chávez, quien es usual y merecedoramente ignorado fuera de su propio país, obtendrá un poco de atención el jueves cuando sea anfitrión del presidente iraní, Mahmoud Ahmadineyad. Mientras él se regocija en el aura de un paria con más notoriedad internacional, permítannos recontar por lo que el señor Correa realmente merece ser conocido: el más completo y despiadado asalto a la prensa libre en marcha en el Hemisferio Occidental. Lo que no dice el Washington Post es que recientemente el Presidente ecuatoriano Rafael Correa fue nombrado por la firma mexicana Consulta Mitofski como el Mandatario mejor evaluado de América Latina en 2011, siendo el único Jefe de Estado cuya gestión alcanza una valoración sobresaliente. Eso, sin mencionar que es el Gobierno democrático más popular de la historia del Ecuador y el que más ha durado en el país en los últimos 100 años. Este viernes, luego de la despedida iraní, la Corte Nacional de Justicia en Quito tiene previsto escuchar la apelación final de tres directores de uno de los más venerables periódicos de Latinoamérica, EL UNIVERSO, al que el señor Correa está al borde de destruir. Lo que no dice el Washington Post sobre el “venerable periódico” es que hasta hace poco era propiedad de tres empresas fantasmas en Islas Caimán – paraíso fiscal-; y que a inicios de los años 90 estuvo envuelto en varios negocios más allá del ámbito informativo como la negociación de contratos de telefonía móvil, donde uno de los socios nacionales de las empresas extranjeras de telefonía celular era Diario El Universo. Pueden revisar los periódicos y comprobar que nunca se publicó nada respecto a esta terrible negociación que perjudicó en centenas de millones de dólares al pueblo ecuatoriano. En julio, los tres directores del Diario -los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez- y el editor de Opinión, Emilio Palacio, fueron sentenciados a tres años de prisión como resultado de una demanda por injurias interpuesta por el señor Correa. Los editores y su periódico fueron también sentenciados al pago de un total de 40 millones de dólares, lo suficiente para forzar su quiebra. Lo que no dice el Washington Post es que siempre se dijo que bastaba con rectificar sus mentiras para parar todo el proceso judicial. Esto además lo ordena la Constitución de la República, el artículo 14 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la más elemental ética periodística. El “crimen” que provocó la demanda del Presidente fue una columna escrita por el señor Palacio, titulada „No a las mentiras‟, que ásperamente criticó la conducta provocadora del señor Correa durante un levantamiento policial. Lo que no dice el Washington Post es que en realidad se refiere a un intento de Golpe de Estado, donde el Presidente de la República fue agredido, tuvo que ser internado de
emergencia en el Hospital de la Policía, fue detenido por fuerzas insubordinadas y tuvo que ser rescatado por el Ejército Nacional. ¿A qué redujo el Diario El Universo y su columnista Emilio Palacio este intento de Golpe de Estado que fue condenado por toda América Latina? A que el criminal de lesa humanidad era el Presidente Correa, afirmando que ordenó fuego a discreción y sin previo aviso; una grosera calumnia que jamás lograron probar y la cual nunca rectificaron pese a lo que ordena la Constitución de la República, el artículo 14 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la más elemental ética profesional. El manejo del caso por el sistema judicial fue, desgraciadamente, digno de una república bananera. Después de cuatro cambios de jueces, un magistrado “temporal” tomó el caso, realizó una audiencia, y -33 horas luego de su nombramiento- emitió la sentencia de 156 páginas. Lo que no dice el Washington Post, al referirse despectivamente a nuestro país como una república bananera, es que los cuatro cambios de jueces fueron a pedido de diario El Universo por sucesivas recusaciones, manoseando y abusando del proceso judicial en marcha, ya que al parecer buscaban un juez a su conveniencia. Omiten decir que el Juez Paredes ya había tratado el caso y que de las 156 páginas mencionadas, 146 son escaneadas íntegramente de la querella presentada por el Presidente Correa, de las contestaciones de los demandados y algunas pruebas presentadas; es decir, la resolución del juez es de apenas 10 páginas. Una posterior investigación independiente determinó que él no la escribió, y que el autor fue probablemente el abogado del señor Correa. Lo que no dice el Washington Post es que la investigación “independiente” a la que se refieren, es una contratada por los acusados, con supuestos expertos pagados por los mismos acusados, “investigación” que no tiene ninguna validez legal, y que no resiste el menor análisis. Además, el Washington Post no dice que la sentencia ya ha sido íntegramente ratificada por un Tribunal Superior. Pese a que el señor Chávez, presidente venezolano, ha tomado el poder de la mayoría de los medios de televisión y radio en su país, aún no se ha atrevido a atacar periódicos históricos como EL UNIVERSO, que fue fundado en 1921 en la costera capital económica del Ecuador, Guayaquil, y que es ampliamente respetado en la región. El intento del señor Correa de controlar los medios ha sido completo: El gobierno ha pasado de ser dueño de una estación de radio, cuando asumió en el 2007, a manejar cinco canales de televisión, cuatro estaciones radiales, dos periódicos y cuatro revistas. Lo que no dice el Washington Post es que el Gobierno Nacional hizo lo que ningún Gobierno anterior se había atrevido a hacer: incautar alrededor de 300 empresas de los banqueros corruptos que quebraron el país en 1999, entre esas, algunos medios de comunicación. Hoy, estos bienes están a la venta y su información es de acceso público a través de la página web http://www.stf.gob.ec/. Además, por primera vez en la historia se crea en el país un
canal de televisión público, que es reconocido a nivel nacional por tener la mejor programación del Ecuador. Los periodistas que se atreven a ser críticos son objetos de demandas por difamación impulsadas por el presidente, quien asiste a las audiencias y algunas veces tuitea decisiones antes de que sean anunciadas. El mes pasado, el editor de otro periódico, “Hoy”, fue sentenciado a tres meses en cárcel, después de que se negó a revelar el nombre del autor de unos reportajes sin firmas sobre el tráfico de influencias de un director del Banco Central, quien es primo en segundo grado del señor Correa. Lo que no dice el Washington Post es que la demanda fue puesta en diciembre de 2009 por el señor Pedro Delgado, quien actualmente es Presidente del Directorio del Banco Central pero que en ese entonces era Asesor Presidencial, ya que el diario Hoy lo difamó al afirmar que tenía tráfico de influencias, lo cual nunca pudo probar. Omiten decir que el señor Delgado desistió de la demanda cuando ganó la primera instancia y demostró que el diario era un mentiroso. Otros dos periodistas enfrentan una demanda presidencial por 10 millones de dólares por daños, debido a un libro que documenta cientos de millones de dólares en contratos gubernamentales dados al hermano del señor Correa. Lo que no dice el Washington Post es que se está enjuiciando a los autores del libro El Gran Hermano, quienes por casualidad son periodistas, no por investigar dichos contratos ilegales, sino por asegurar que el Presidente de la República conocía de los mismos. El Washington Post omite decir que apenas el Presidente conoció de dichos contratos ordenó su suspensión, así como la ejecución de las garantías. De ser cierto que el Presidente conocía de los contratos, ameritaría que sea enjuiciado y destituido. En este juicio, también se ha dicho que de reconocer su error y pedir disculpas por las infamias que no han podido comprobar, se acabaría todo el proceso, pero no lo han querido hacer incumpliendo lo que ordena la Constitución de la República, el artículo 14 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la más elemental ética periodística. No sorprende que el señor Correa haya sido criticado por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos. Su respuesta ha sido un intento de despojar a esta dependencia de financiamiento y de poderes. Los embajadores de la OEA deberían rechazar esta medida insidiosa cuando surja a su consideración este mes. Una acción más apropiada de la OEA debería ser una revisión del Ecuador bajo la Carta Democrática Interamericana. Lo que no dice el Washington Post es que la Relatoría para la Libertad de Expresión financiada por Estados Unidos y con sede en Washington-, no es reconocida por los propios Estados Unidos, al no ser signatario de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, Estados Unidos financia una relatoría para los demás, pero no para
ellos, porque no reconoce dicha carta. ¿Cómo se pueden aceptar contradicciones de esta índole? Eso es precisamente lo que busca cambiar el Gobierno Ecuatoriano. Comentarios Finales Probablemente al pueblo norteamericano le sorprenda que en Ecuador y muchos otros países haya prisión por calumnias. A nosotros también nos sorprende y asusta que en Estados Unidos haya pena de muerte, la cual rechazamos, sin embargo, respetamos las decisiones soberanas de otros Estados, sin la grosería de llamarlos república bananera por tener estos anacronismos. El editorial del Washington Post solo demuestra, una vez más, el total desconocimiento de ciertos segmentos norteamericanos de la realidad de Latinoamérica y que el abuso de los medios de comunicación, con fines políticos y en función de sus odios y prejuicios, no es solo patrimonio de Ecuador y América Latina.