La utopía republicana by PoliticaEcuador PoliticaEcuador

La utopĂa republicana

PENSAMIENTO POLÍTICO ECUATORIANO

La utopía republicana Introducción y selección de Fernando Albán

Pensamiento Político Ecuatoriano Colección dirigida por Fernando Tinajero

Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados DORIS SOLIZ CRRIÓN Ministra EDMUNDO VILLAVICENCIO Viceministro LENIN CADENA Proyecto de Estudios y Pensamiento Político Quito, septiembre de 2011

Presentación Doris Soliz Carrión

Dentro del espectro de los temas de teoría política, los que corresponden al Estado y la Nación ocupan un lugar de relevancia en el pensamiento de todos los países. Bajo estos términos no siempre se encuentran los mismos conceptos, cuyas sutiles variaciones dan lugar a diversas construcciones políticas concretas. Rebajados muchas veces del nivel de su estatuto teórico, no es difícil encontrarlos convertidos en máscaras de las ideologías más diversas —entendiendo la ideología como una distorsión, muchas veces apenas perceptible, de las entidades reales a las cuales aluden. El proceso de formación, consolidación y desarrollo de este sujeto histórico que se llama Ecuador, no fue ajeno a estos avatares conceptuales. Desde antes del nacimiento de la República, los conceptos de la Nación y el Estado se encontraron entre los primeros que debían ser resueltos una vez que el conglomerado humano de la Audiencia de Quito alcanzara su independencia. Y es así como, desde la proclamación del Acta del Diez de Agosto, la sola invocación a la soberanía asumida por el pueblo lleva envuelta una tácita noción sobre la naturaleza del Estado. Después, en el proceso mismo de la edificación de la República, el pensamiento de nuestros padres fundadores fue un referente, si no la guía, en la elaboración de nuestras primeras constituciones. Examinado sagazmente por Fernando Albán, este proceso ha tenido en nuestra historia sus etapas bien marcadas, no solo correspondientes a las condiciones reales y objetivas en los que crecía la institución republicana, sino también a la vigencia de diversas maneras de concebir al Estado. Este volumen nos presenta, en apretada síntesis, la lógica interna de esa evolución y propone la tipificación de los “modelos” que han tenido aplicación en los diversos períodos de nuestra historia. La reflexión sobre ellos puede servir de fundamento para abrigar cierta desconfianza de aquella interpretación según la cual las veinte Constituciones que ha tenido el Ecuador demostraría la fragilidad de nuestra arquitectura política. Para quien acepte la vigencia de los “modelos” que propone este volumen, estaría claro que, aparte de las pequeñas variantes de detalle, todas esas Constituciones pueden reducirse a tres o cuatro esquemas fundamentales, cada uno de los cuales ha tenido una validez razonablemente prolongada. 5

Desde Vicente Rocafuerte —que es sin duda uno de los más sólidos pensadores republicanos— hasta Benjamín Carrión —cuya memoria aún está fresca entre nosotros, tanto como su llamado a “volver a tener Patria”— numerosas figuras de nuestra historia intelectual y política desfilan en estas páginas, con textos ejemplares de su preocupación por la Nación y el Estado. Sin pretensión exhaustiva —porque un tema como este es difícilmente agotable, y exigirá más adelante que volvamos sobre él—, este libro es un primer aporte para la reconstrucción crítica del pensamiento político fundamental sobre el Estado Ecuatoriano. Al presentar al público este tercer volumen de la Colección de Pensamiento Político que el Ministerio a mi cargo se ha empeñado en editar, abrigo la seguridad de que su lectura será un poderoso estímulo para la reflexión que tiene que hacerse sobre el carácter del Estado Ecuatoriano y la Nación que en él se expresa. En tiempos como el nuestro, cuando las aguas internacionales se agitan en una de las más profundas crisis del capitalismo dominante, la nave del Estado navega hacia metas voluntaria y soberanamente elegidas, y lo hace con la certeza de que el modelo de Estado que se adoptó en la Constitución de Montecristi nos ofrece la solidez necesaria para llegar a puerto seguro: ese puerto que para nosotros representa el Buen Vivir, como válida alternativa a la sociedad de la competencia y el egoísmo.

Índice

Presentación.............................................................................................5 Doris Soliz Carrión La utopía republicana, estudio introductorio............................................9 Fernando Albán Discursos (José Mejía Lequerica).......................................................................67 Discurso sobre la abolición de las mitas (José Joaquín de Olmedo) ..................................................................77 Ensayo sobre la tolerancia religiosa (Vicente Rocafuerte) ..........................................................................87 Al Congreso Constitucional de 1863 (Gabriel García Moreno)...................................................................97 Ley sobre la Manumisión de Esclavos...................................................109 Supresión del Tributo Indígena (1857).................................................117 Para empezar (José Peralta)...................................................................................119 La gran síntesis nacional (Pío Jaramillo Alvarado) .................................................................177 Cartas al Ecuador (Benjamín Carrión)........................................................................185 Me compadezco de las turbas (José María Velasco Ibarra) ..............................................................197 Constitución de la República del Ecuador (2008) ................................229 Bibliografía ..........................................................................................253 7

La utopía republicana Fernando Albán

I. DEL ESTADO COLONIAL A LA REPÚBLICA (1810-1850) EL SUEÑO DE LOS INSURRECTOS “Un día renacerá la Patria”, afirmaba Espejo en la víspera de la formación de la República. Sin embargo, lo que se estaba fermentando en los odres de la historia no era un renacimiento, sino el advenimiento de una entidad política nueva. El tránsito del siglo XVIII al XIX es un tiempo de “insurrección” cuya primera fase se vivió de 1810 a 1814 en Cádiz, donde se reunieron las Cortes españolas, mientras su territorio estaba ocupado por el ejército napoleónico. Así, la Constitución española de 1812 fue una consecuencia directa de la guerra que llevó a una suerte de subversión del orden no solo en la metrópoli, sino en las colonias1, bajo el estímulo decisivo que encontró en las instituciones republicanas en Europa y Norteamérica, las cuales cuestionaban el régimen monárquico vigente en España. En el llamado a elecciones por parte de la Constituyente, se instaba a los americanos a tomar en sus manos el propio destino, a lo que respondieron afirmativamente Quito y Guayaquil, donde se eligió a José Mejía Lequerica en el primer caso, así como a Olmedo y Rocafuerte en el segundo. Al final, en 1814, Fernando VII declaró la nulidad de la Constitución aprobada, así como todas las resoluciones adoptadas por las Cortes en Cádiz y todos los diputados fueron perseguidos con orden de apresarlos. En un episodio singular, Rocafuerte se negó a besar las manos del Rey y fue apresado; pero logró escapar hacia Francia y desde allí recorrió el viejo continente. Olmedo, por su parte, se refugió en Madrid y regresó en 1816 a Guayaquil. Mejía, por desgracia, había muerto en Cádiz cuando la peste puso en peligro la continuación de las labores legislativas. El naciente Estado republicano está profundamente marcado por estos hechos que constituyen su preámbulo. Los discursos de Mejía en Cádiz y, en par1 Loveman, Brian, El constitucionalismo andino, 1808-1880. Historia de América Latina Vol. 5; Creación de las Repúblicas y Formación de la Nación, UASB, 2003, p. 282.

ticular, aquellos que están consagrados a la libertad de imprenta, constituyen algo así como el bautizo anticipado de la nueva entidad política. Tales discursos, aunque se limitan a señalar los riesgos que entraña la adopción de la censura previa, no dejan de manifestar el sentido político profundo del liberalismo democrático: Sujetar a un autor a que no imprima sus libros sin que los censuren primero y los censuren con intervención y de orden de los mismos jueces, que pueden detener las obras que estimen o afectan estimar por malas, —jueces que han de castigar a los que declaren autores de ellas ellos mismos— con las más formidables e infamatorias penas, esto es y será siempre sujetar las ideas y los deseos, las fatigas y la propiedad, el honor y la vida de los desdichados autores al terriblemente voluntarioso capricho de los censores, es decir, al irresistible capricho de unos hombres, que, teniendo ya por sí mismos todas las pasiones, todas las fragilidades, toda la ignorancia de cualquier hombre, están además subyugados por todos los errores, todos los intereses y todos los resentimientos; están armados con todo el poderío, toda la impunidad de las autoridades, que les confían la vara de hierro de la censura, con el intento y la persuasión de que la sacudirán en pro y a placer de ellas mismas2.

El riesgo mayor que amenaza a la República consiste en la renuncia al acatamiento de la ley, que para un liberal constituye, según Montesquieu, el elemento mismo de la virtud democrática; y esta renuncia se hace en nombre de la subordinación o sumisión al capricho del funcionario. El sueño ilustrado que se manifiesta en los discursos de Mejía, marca la pauta para comprender el obstáculo que impedirá la consolidación y el florecimiento del Estado republicano en el Ecuador, desde su constitución hasta nuestros días. Este es, justamente, uno de los ejes que animan la presente reflexión sobre el Estado y la Nación ecuatorianos, apoyada en el tratamiento de una serie de documentos de diferentes actores o instituciones del proceso republicano. Otro eje proviene de una tesis formulada por Juan Maiguashca, según la cual el Estado ecuatoriano, desde su surgimiento y durante el siglo XIX, presenta una fisura que impide una adecuada articulación entre la función de dominación 2 Mejía Lequerica, José, “Discursos”, en Pensamiento Ilustrado Ecuatoriano, Biblioteca Básica del Pensamiento Ecuatoriano,vol. 9, Banco Central del Ecuador/Corporación Editora Nacional, 1981, p. 280.

social, que le es inherente, y la de carácter administrativo. Este desequilibrio al interior del Estado se irá corrigiendo progresivamente en el siglo XX, hasta lograr, al cabo de 200 años de iniciado el sueño republicano, su completa articulación orgánica3. LOS ÁRBOLES DEL CAPITAL Al quedar frustrado el camino de la reforma legal e institucional, que impidió el establecimiento de instituciones republicanas, el ejercicio político-legislativo de Cádiz abrió el camino para la insurrección y la guerra como vía legítima de los criollos en las colonias. De esta manera, en 1812, Olmedo pronunció un discurso a favor de la abolición de las mitas y de toda servidumbre de los indios en las colonias, lo que para él era “un mandato imperioso de la justicia, la humanidad y la política”. Para entonces se habían vivido en Latinoamérica 300 años de ejercicio de un sistema basado en la explotación de los recursos naturales, especialmente metales preciosos, así como en la extracción de plusvalor absoluto por medio del trabajo gratuito de los indígenas y, en menor medida, de esclavos negros, con una ausencia casi total de tecnología. A fines de la Colonia y los primeros tiempos de la República, estas tierras no conocían los portentos de la industria que se expandían por Europa, potenciando el esfuerzo laboral para la extracción del plusvalor y la acumulación de capital. La mita fue una institución económica, social y cultural originada en el Estado incaico, que sucedió a la encomienda; esta última, heredada de la llamada Guerra de Reconquista librada en España contra los moros, proveía de mano de obra a los conquistadores a cambio de un salario —que regresaba en forma de tributos al Estado colonial— y de la obligación del encomendero de evangelizar y educar a los indígenas para incorporarlos a la cristiandad. Al final se obtenía mano de obra gratuita, especialmente para la minería y la construcción de las ciudades hispánicas. La mita llegó a su límite en las postrimerías del siglo XVIII, debido al parcial agotamiento de las minas y a la drástica reducción de la población indígena:

3 Maiguashca, Juan, “El proceso de integración nacional en el Ecuador: el rol del poder central, 1830-1895”, en Historia y Región en el Ecuador 1830-1930, Corporación Editora Nacional, 1994, p. 356-357.

Señor —dice en Cádiz— debo observar que la mita, si no es la única, es la primera causa de la portentosa despoblación de la América (…) Los indios empezaron a aborrecer el matrimonio, porque los desgraciados no quieren engendrar desgraciados; aborrecieron a sus hijos, se holgaban de no tenerlos, y las madres generalmente usaban mil malas artes para abortar (...) Y ¿dónde están hoy esas tribus numerosas que llenaban los valles de sus fiestas, y coronaban las montañas en sus combates? Allí están en las hondas cavidades donde se solidan esos metales ominosos, irritamenta malorun —provocación al crimen—; allí reposan donde trabajaron tanto, allí están en esas vastas catacumbas americanas4.

La justificación ideológica para el enrolamiento de mitayos se obtenía de la religión, puesto que la mita tenía por objetivo confesado catequizar a los indígenas y enfrentar el pecado de la pereza. Aunque se pagaba un salario a los mitayos, éste se destinaba al pago del tributo indígena; de tal manera, se realizaba el ideal jurídico-teológico de la Colonia, que pretendía fusionar el derecho canónico con el civil. Pero el discurso de Olmedo no es solo una denuncia de la explotación en las mitas y del papel de las instituciones coloniales “bárbaras”. También expresa las ideas de libertad que venían alimentando los independentistas en América, inspirados en la Ilustración. “La mita —afirma— se opone directamente a la libertad de los indios, que nacieron tan libres como los reyes de Europa”5. Con ello, ubica en las condiciones sociales de las clases subalternas de la Colonia el motor principal que impulsará la lucha por el igualitarismo liberal, componente ideológico de la futura República. La intelectualidad ilustrada de la época de la Independencia se opuso al trabajo servil, pues impedía el desarrollo de la industria y el comercio, que requerían de mano de obra libre. Se partía del principio de que el ejercicio de esta libertad y el derecho a la propiedad permitirían la integración de los indígenas al goce de los beneficios del sistema. “Aquí no hay medio —continúa Olmedo—: o abolir la mita de los indios, o quitarles ahora mismo la ciudadanía que gozan justamente. ¡Pues qué! ¿Nos humillaríamos nosotros, nos abatiríamos hasta el punto de tener a siervos por iguales, y por conciudadanos?”6. 4 Olmedo, José Joaquín, Discurso sobre la abolición de las mistas en las Cortes de Cádiz, 12 de octubre de 1812. s.l., s.d., p. 8. Tomado de: www.efemerides.ec 5 Olmedo, op. cit., p. 7. 6 Olmedo, op. cit., p.10.

Olmedo exhorta a la liberación y extensión de las relaciones capitalistas en la América hispanizada, a través de la derogación de las leyes que no hacen “felices a los pueblos”. Evocando, a la manera de Smith, las fuerzas del mercado y el rol del individuo, convertido en empresario y obrero, argumenta: ¿Hasta cuándo no entenderemos que solo sin reglamentos, sin trabas, sin privilegios particulares pueden prosperar la industria, la agricultura, y todo lo que es comercial, abandonando todo el cuidado de su fomento al interés de los propietarios? (...) Nada hay más ingenioso y astuto que el interés; él inspirará a los dueños de minas los recursos y modos de encontrar jornaleros. Páguenles bien, trátenlos bien, proporciónenles auxilios y comodidades en las haciendas, y los indios correrán por sí mismos donde los llame su interés y comodidad7.

LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y EL FIN DE LA TIRANÍA COLONIAL El Ensayo político de Rocafuerte fue escrito en el período internacionalista de construcción de la Nación colombiana, y es una defensa de la Constitución aprobada en Cúcuta el 30 de agosto de 1821, que propició el nacimiento a la República de Colombia. Aquella carta constitucional fue un pilar para las constituciones que se aprobarían hasta mediados del siglo, ya que despliega los principios de libertad e igualdad para las futuras naciones andinas. No obstante, la posible configuración de una monarquía criolla también era barajada en los círculos políticos e intelectuales, mirando la experiencia de Inglaterra, o a través de la idea de la Gran Colombia, impulsada fundamentalmente por Bolívar, que pugnaba por un gobierno central y un presidencialismo fuerte, vitalicio y cuasi hereditario. Ante esto, Rocafuerte toma partido por la República y pone en la picota a la monarquía, incluso a la constitucional. Así, una de las líneas permanentes del Ensayo Político es demostrar que la Constitución Federal Americana —con la que también alude a la de Cúcuta— es “muy superior” a la inglesa, pese a que reconoce que esta Nación es “la mejor gobernada y la menos infeliz” de Europa. La economía política clásica de Inglaterra, que acompañó al nacimiento y difusión del capitalismo comercial e industrial en ese país y el mundo, se hace presente cuando Rocafuerte indica que “la riqueza es el fundamento de la pros7 Olmedo, op. cit., p. 7.

peridad nacional” y que esto se ha puesto en evidencia mediante una “lenta revolución”: “desde que las riquezas son el primer objeto de la legislación, ha habido en el mundo una lenta revolución de cuyo influjo no podía sustraerse esta misma América”8. La idea de igualdad también está presente en el Ensayo Político, y se enlaza con la primigenia ciudadanía, artificio intelectual que deriva en lo legal, que da unicidad al rey y al súbdito, y que reclama el paso de la soberanía, encarnada antes en la figura del rey, al pueblo y de allí a sus representantes: (…) en estas (las Repúblicas) el pueblo ya es monarca, ya súbdito; goza de aquella igualdad social que tanto recomienda la naturaleza; es monarca cuando hace leyes, crea magistrados, y elige jueces; es súbdito cuando obedece a estas mismas leyes que él se ha dado; y ora sea absuelto o condenado, lo es por sentencia de los jueces íntegros de su confianza y elección”9.

Más adelante afirma: “En donde el pueblo manda, la Nación no es déspota, y por consiguiente no puede desear sino el bien de la mayoría”. No deja de ser irónico el hecho de que la República exija hombres libres, dueños de su voluntad, y que este mismo libre arbitrio deba ser enajenado en beneficio del pacto o del interés general. Con el artificio ciudadano se desmorona la filosofía teológico-jurídica que había fundamentado el orden colonial y monárquico sobre la base del principio dogmático de la sucesión hereditaria. El Estado moderno se fundamenta en el derecho; es decir, en el principio de representatividad. Este principio requiere de la constitución de instancias que sirvan de mediación entre la sociedad y el Estado y que sean producto de la voluntad popular. Irónicamente, la función de dominación, que es inherente al Estado, corre a cuenta de estas instancias. Pero, ¿qué ocurre cuando la república carece de las mismas? Entonces la función de dominación recae sobre el poder central ejecutivo, que es el encargado de la función burocrático administrativa. Esto ocurrió en Francia con el régimen napoleónico, de ahí que Rocafuerte lo considere como “el peor de los modelos” para la libertad. Con seguridad se puede decir que la monarquía en América Latina, asociada con la tiranía y el despotismo del Estado colonial, fue desalojada del ideario republicano durante la guerra de la Independencia, pero su espectro tutelar 8 Rocafuerte, op. cit., p. 16. 9 Rocafuerte, op. cit., p. 17.

regresará en los esfuerzos de los dirigentes políticos encaminados a mantener el carácter unitario del Estado, sobre la base del presidencialismo y en los intentos tendientes a instaurar la identidad ecuatoriana. LA MORAL CRISTIANA EN AUSENCIA DE LA VIRTUD REPUBLICANA ¿Por qué impediremos adorar a Dios, al padre común de los mortales, según sus usos y costumbres al luterano, al calvinista, al presbiteriano, al anglicano, al anabaptista, metodista, cuácaro, unitario, morabe y temblador? (…) toca a los verdaderos amantes del país generalizar las ideas sobre tolerancia religiosa para introducir con ella la reforma de las buenas costumbres, el establecimiento de colonias extranjeras, la abolición de la mendicidad, el aumento de la población, el fomento de la agricultura, el impulso del comercio y los progresos de la industria10.

Este ideario lo expone Rocafuerte en el ensayo sobre Tolerancia religiosa, que fue publicado en México en 1831, y cuya motivación fue el debate que se originó en ese país ante la posibilidad de abrir los territorios nacionales a colonos europeos. La apertura del territorio no podía hacerse realidad sin la tolerancia religiosa, puesto que los extranjeros profesaban religiones protestantes y el oficialismo excluyente, que ostentaba la Iglesia Católica, no la permitía. Rocafuerte estaba consciente de la importancia y necesidad de la religión para la unificación de la Nación. Pero ¿cómo se puede ser, en un mismo momento, independiente, republicano y católico? El papel fundamental de la religión consistió en introducir la moral y la virtud en la sociedad: En ese precioso código del evangelio que perfecciona la moral, que destruye la esclavitud, que recomienda la igualdad, que liga con lazos de benevolencia a todos los miembros de la sociedad; que pone en primer rango de las virtudes el amor al prójimo, y la perfecta abnegación de sí mismo; estas dos admirables virtudes son las verdaderas bases de todo sistema religioso y político; esta es la íntima relación y el punto de contacto que tiene todo gobierno con la religión. De allí nace el principio, de que la moralidad del pueblo es la mejor garantía de las instituciones civiles y debe ser el primer objeto de toda legislación11. 10 Vicente Rocafuerte, Ensayo sobre tolerancia religiosa, México, 1831, p. 85. 11 Rocafuerte, Ensayo político, op. cit., pp. 28-29.

En una suerte de anticipación de la doctrina weberiana relativa a la influencia de los valores religiosos en el desarrollo del capitalismo, el ensayo de Rocafuerte intenta demostrar que la religión estaría encaminada a fomentar el espíritu de ciudadanía, que fusiona el individualismo con la vida en común, y que convierte a las personas en virtuosas; es decir, trabajadoras e industriosas, ahorradoras y austeras, respetuosas de la vida privada y la libertad, abiertas a la razón y a las luces, listas a reconocer la autoridad que nace de la soberanía del pueblo. Después de haber sacudido el yugo de los españoles hemos cesado de ser esclavos, y no hemos aprendido aún a ser libres ni podemos serlo sin virtudes y buenas costumbres (...) Considero la tolerancia religiosa como el medio más eficaz de llegar a tan importante resultado12.

Sin embargo, Rocafuerte admitía que el tema debía ser debatido y afrontado lentamente en América Latina, puesto que la opinión pública aún no estaba preparada. La reflexión religiosa-ético-política lo lleva a afirmar que: “La esencia del cristianismo es republicana y por lo mismo es la religión que más conviene a los pueblos modernos”13. En la argumentación, alude al cristianismo primitivo, de cuyos miembros señala que fueron los liberales de su siglo. Los primeros mártires hicieron ver la injusticia con que se les perseguía por su nueva religión, que no tenía ningún contacto con la política; probaron que la una se ocupa de los intereses del cielo y la otra de los de la tierra; que ambas deber ser independientes, y que entre ellas debe haber tanta distancia como la que separa el firmamento del globo terráqueo. Ellos insistieron en el divorcio de la religión del estado cuando declararon y repitieron que el reino de N. S. J. Cristo no es de este mundo, y que mientras pagaban contribuciones como ciudadanos y daban al César lo que es del César, la autoridad civil no tenía derecho para impedir el libre ejercicio de su culto (…) La independencia mutua del estado y de la religión contribuye a mejorar la moral pública y a facilitar la prosperidad social; se adapta admirablemente a la organización física y moral del hombre, y subministra al mismo cristianismo una prueba de la sublimidad de su origen14. 12 Rocafuerte, Ensayo sobre tolerancia religiosa, op. cit., p. 4. 13 Rocafuerte, Ensayo político, op. cit., p. 29. 14 Rocafuerte, Ensayo sobre tolerancia religiosa, op. cit., p. 6.

La separación de la Iglesia y el Estado convierte, a aquella, en una poderosa instancia mediadora que asegura la dominación social y, al mismo tiempo, facilita al poder central su tarea administrativa. Pero la invasión de los “salvajes” del norte, que barbarizó a la Iglesia, interrumpió este proceso y contribuyó a la formación del “funesto sistema político religioso del altar y del trono”. En esta historia, se ubica como un “remedio” la reforma religiosa del siglo XVI que fue “el gran paso que dio el hombre en la carrera por la civilización”15. Rocafuerte alude a la experiencia de tres siglos de empuje republicano en el mundo para “demostrar” que los pueblos más virtuosos son aquellos donde se observa la libertad de cultos: Inglaterra, Holanda, Alemania, Suiza, Dinamarca, Suecia y Estados Unidos; países donde el capitalismo industrial avanzaba a pasos agigantados, y bajo cuya influencia ansiaba se desarrollaran las tierras independizadas. Esto y la necesidad de incrementar la población del país “exige que cuanto antes se proclame la libertad de cultos, ese es el medio más eficaz de atraer a la América los caudales y la industria”16 de esos países. La libertad de cultos, por lo demás, estaba ligada al concepto general que animó el capitalismo a nivel mundial. Rocafuerte lo proclama claramente: “la libertad política, la libertad religiosa y la libertad mercantil son los tres elementos de la moderna civilización, y forman la base de la columna que sostiene al genio de la gloria nacional, bajo cuyos auspicios gozan los pueblos de paz, virtud, industria, comercio y prosperidad”17. La religión suplía la ausencia de la ciudadanía, fundamento político del orden republicano, y, al mismo tiempo, se convertía en un factor de identidad necesario para producir la unidad de la Nación. EL ESTADO ES LEY En el primer lustro de formada la República, en medio de conflictos políticomilitares, las ideas republicanas buscaron al fin plasmarse en las constituciones, siguiendo un afán fundador y legitimador del Estado y sus instituciones, sobre la base de un determinismo legal que Rocafuerte expone en 1831: La justicia constituida es el Estado. La misión del Estado es hacer respetar la justicia por la fuerza, la que debe emplearse no solo en reprimir sino 15 Ibíd. 16 Ibíd. 17 Rocafuerte, Ensayo sobre tolerancia religiosa, op. cit., p. 5.

también en castigar la injusticia: de aquí se deriva un nuevo orden de sociedad, la sociedad civil y política, que no es otra cosa más que la justicia puesta en acción por el orden legal que representa el Estado18.

En aquella época, dado el incipiente nivel de desarrollo de la teoría social y de la organicidad de la sociedad, un plano de realización de la política, a más del militar, era el del derecho. Así, la confrontación fue de alguna manera pospuesta para dar lugar a la elaboración de la primera Constitución, en cuyo preámbulo se enuncian las bases del nuevo Estado: libertad, igualdad, independencia y justicia. En esta ley fundamental, también se aclara que la soberanía reside en la Nación, aunque ésta se delega a las autoridades. En el mismo artículo, se plasma la intención unitarista y antipatrimonial. La Nación “es una e indivisible, libre e independiente de todo poder extranjero, no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona”19. Además, se define al Gobierno del Ecuador como popular, representativo, electivo, alternativo y responsable (Art. 14). Y se establece la división del Estado en las tres funciones: Legislativa, Ejecutiva y Judicial (Art. 15). Este es uno de los aspectos fundamentales del modelo republicano clásico, asumido como verdad absoluta por el liberalismo ecuatoriano, desde los comienzos mismos del Estado. También queda estipulado el sistema de derechos y deberes de los ciudadanos. Justamente, un logro que se atribuye a la élite política del período (18301850) es la institucionalización de “la primera oleada de reformas liberales”20. Por lo demás, estos principios básicos sobre los que se sustentó el Estado desde un inicio, como separación de funciones, representatividad, libertades individuales, igualdad ante la ley, derechos y deberes, constituyeron el horizonte que compartieron todos: serranos y costeños, militares y civiles, liberales y conservadores, “los de abajo y los de arriba”. “Como utopía, la República postuló un imaginario político, legal y social, basado en los principios de libertad e igualdad”21.

18 Rocafuerte, Ensayo sobre tolerancia religiosa, op. cit., p. 9. 19 Trabucco, Federico, Constituciones del Ecuador, Universidad Central, Quito, 1975. 20 Maiguashca, Juan, Dirigentes políticos y burócratas: el Estado como institución en los países andinos, entre 1830 y 1890, Historia de América Latina, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, p. 222. 21 Maiguashca, El proceso de integración nacional en el Ecuador: el rol del poder central, 1830-1895, op. cit., pp. 372-373.

EL ESTADO DE LA DOMINACIÓN: EL ORDE (RE) ESTABLECIDO Un hecho nubló la idea de la revolución independentista y republicana en Latinoamérica: la sangrienta lucha de mulatos y esclavos haitianos por la extensión de los derechos otorgados por la Revolución Francesa de 1789 a la Isla Española, entonces Colonia, que llevó a la muerte a más de 70 mil europeos. La demanda por igualdad racial y abolición de la esclavitud se combinó con la conquista de la independencia en 1804. El proceso llevó a la autoproclamación de Dessalines, un esclavo procedente de Guinea, como el emperador Jean Jacques I, quien desató un régimen de crueldad, que se prolongó con la tiranía de Cristophe, también autocoronado como Rey de Haití en 1811. La aniquilación del orden social que implicó la abolición de la esclavitud, reclamada y conquistada en Haití por los propios esclavos, aterrorizó a las élites criollas de todas las naciones americanas que se configuraban al calor de la guerra independentista: se constituyó en contra-ejemplo, una pesadilla para los amantes del orden, los propietarios agrícolas y urbanos, y para los esclavistas desde Chile hasta Estados Unidos22. El proceso en la isla caribeña había causado estupor en los hacendados que sostenían sus ideas de independencia económica, basados en la dependencia en las labores agrícolas de indios y esclavos. El afán de mantener el statu quo en las futuras repúblicas era compartido por la élite intelectual ecuatoriana que veía difícil la tarea de implantar la libertad en pueblos en los cuales la mayoría de la población era indígena, que no contaba con instrucción y que vivía sumida en la superstición. La conciencia de esta dificultad llevó a Rocafuerte a pensar que el sistema republicano “es muy difícil” de aplicar, “pero no inasequible ni imposible, atendiendo a los medios de civilización que están a nuestro alcance”23. Así, si bien es cierto que durante la presidencia de Rocafuerte (1835-1839) se echó mano de los “medios de civilización” fundamentales —la ley y la educación pública, que incluía a las mujeres— también es cierto que las posibilidades de estas herramientas eran mínimas, dado el incipiente desarrollo del Estado y de la economía. Así, la institucionalización de la desigualdad se impuso al conservar en las primeras constituciones, casi intacta, la dura estratificación social heredada de la Colonia. Por ello, a los fundadores del Estado se les ha caracterizado como “aristocráti-

22 Loveman, op. cit., pp. 277-278. 23 Rocafuerte, Ensayo político, op. cit., p. 16.

cos”, porque en su época la idea dominante fue la de una libertad abstracta, pero sin igualdad ni fraternidad 24. Esta herencia colonial se plasmó en las dos primeras constituciones del Estado, al limitar los derechos de ciudadanía, así como la posibilidad de elegir y ser elegidos, a ciertas condiciones de propiedad o ingreso económico, al ejercicio de profesión o industria “sin sujeción a otro como sirviente doméstico o jornalero” y al alfabetismo, con lo que se dejó fuera del sistema político a la mayoría de la población. En la práctica, se dio una sucesión cuasi hereditaria de la administración de la cosa pública a favor de la casta criolla que reemplazó a los conquistadores, y que propició el nacimiento del Estado republicano aristocrático, en substitución del Estado colonial. Así, la Constitución con la que gobernó Rocafuerte atentó en contra de los postulados planteados por uno de sus principales referentes ideológicos, Tomás Paine: Cuando una yegua pariese por fortuna un potro o una mula que valiese la suma estipulada, y diese a su dueño el derecho de votar, o muriendo se lo quitase, ¿en quién existiría el origen del tal derecho? ¿Sería en el hombre o en la mula?25.

El corte aristocrático ya se presentó en la Gran Colombia en 1828, cuando Bolívar reintrodujo el tributo indígena, que había sido abolido luego de lograr la independencia en 1825. La contramedida se justificó en nombre del deber, que tienen todos los colombianos, de contribuir al sostenimiento del Estado “de cuya obligación no están exentos los indígenas” (Arts. 1 y 3). En realidad, la contribución personal de indígenas —que afectó a la población entre los 18 y 50 años— se estableció con el propósito de satisfacer la demanda de recursos del Estado central para el sostenimiento de la unidad nacional, especialmente, a través del gasto militar. El tributo que debería ser pagado por los mayores de 18 y menores de 50 años, esperó varias décadas para ser anulado, al igual que la esclavitud. El resultado de la aristocratización del sistema político fue “la institucionalización de un arreglo bipolar: los blancos y mestizos al centro y los indígenas en la periferia, tal como en la Colonia”26. Durante la fundación del Estado independiente, tampoco se afectó la bipolaridad libre/esclavo. 24 Maiguashca, Dirigentes políticos y burócratas, op. cit., p. 222. 25 Paine, Tomás, Disertación sobre los primeros principios de gobierno, s.1., s.d., pp. 80-81. 26 Maiguashca, Dirigentes políticos y burócratas, op. cit., p. 226.

Así, la unidad de las dos instituciones “civilizadoras”, la Colonia y la República, se ubica dentro del ciclo largo del capitalismo mundial, tal como lo concibe Wallerstein. Este ciclo nace con la Conquista de América y el proceso de acumulación originaria, y marca el despunte de Europa en el mundo. Es por ello que las dos instituciones civilizadoras consideran como bárbaro todo lo que proviene de la herencia precolombina y, por lo tanto, objeto de civilización, barro primario que será moldeado para dar lugar al futuro ciudadano, luego de un proceso de asimilación republicana. En este sentido, el Estado de los derechos del hombre solo puede recoger el pasado precolombino en el horizonte de su asimilación-evolución: Lo que se llama sociedad natural es un estado de guerra, en el que reina el derecho del más fuerte, en el que predomina el orgullo y la crueldad, y en donde la pasión siempre avasalla y sacrifica la justicia (…) y así como antes había formado una nueva naturaleza sobre la idea de lo útil, del mismo modo se forma sobre la sociedad natural o primitiva, en donde todo es desorden, confusión y crimen, otra nueva sociedad fundada sobre la única idea de justicia27.

Para Maiguashca, el carácter eurocéntrico de la igualdad de condiciones que querían establecer las reformas republicanas liberales era un problema por su unilateralidad, la que se expresaba claramente en “la imposición de la propiedad privada sobre el mundo indígena, relegando la propiedad colectiva y a todo lo que ella implicaba en términos económicos, sociales, políticos y culturales al ámbito de la ilegalidad”28. El mestizaje en muchos casos significó una suerte de antropofagia del indio: “De otro modo no solamente serían excluidos sino que, por constituir el ‘otro’, es decir, lo que no podía ni debía ser asimilable, tenían que ser extinguidos”29. Así, para los indígenas, el paso de la Colonia a la República constituyó, en el mejor de los casos, la confirmación de su situación anterior, puesto que la Constituyente fundadora nombró “a los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad en favor de esta clase inocente, abyecta y miserable” (Art. 68, 1830). En la base 27 Rocafuerte, Ensayo sobre Tolerancia Religiosa, op. cit., p. 9 28 Maiguashca, Dirigentes políticos y burócratas, op. cit.p., p. 226. 29 Maiguashca, Juan, La cuestión regional en la historia ecuatoriana (1830-1972), Nueva Historia del Ecuador Vol. 12, Corporación Editora Nacional, Quito, p. 187.

de la pirámide, cuyo vértice ocupa el Estado, se encuentra la masa inculta y caótica de indios que será preciso civilizar. Para ello se requiere de instancias mediadoras y la Iglesia fue en el siglo XIX la encargada de las labores de tutoría. LA VIRTUD HOGAREÑA DE LA MUJER La tutela aristocrática estamental del primer constitucionalismo se proyectaba a las mujeres, quienes no eran consideradas “ciudadanas activas”, y no podían elegir ni ejercer un cargo público, lo que en parte fue heredado de la estructura patriarcal de la sociedad colonial. Pero también fue resultado de una suerte de “lección” que la dirigencia política triunfante quería dar a las mujeres, que se habían movilizado durante la época colonial, para, de esta manera, ubicarlas dentro de la reconstitución del orden social que demandaba una familia fuerte. La mujer debía regresar al hogar30. El que la igualdad no se haya extendido con criterio de género en los albores de la República se debe también a que la base social con que contaba la Iglesia Católica eran las mujeres; no convenía, entonces, que participaran activamente en la definición de la cosa pública. Rocafuerte deja entrever este estado de cosas en su Ensayo Político cuando, al elogiar a Licurgo, legislador de Lacedonia, en su afán de construir una Nación de guerreros robustos, afirma que: Para impedir la relajación de costumbres en ambos sexos se vale de un medio que parece debía fomentarla, manda que las doncellas vayan siempre con la cara descubierta, que desnudas de pies a cabeza luchen, en los juegos públicos, con los vigorosos jóvenes; persuadido de que el remedio más seguro contra las impresiones de la naturaleza, es acostumbrar los sentidos a su espectáculo31.

A esta referencia se añade una nota explicativa, inserta “de paso”, en la que un provocador comentario devela una suerte de “fundamentalismo” republicano. En este punto, la virtud liberal, en tanto verdad superior y absoluta, desplaza a la religión, pues debe ser impuesta por sobre las falsas verdades propias de la barbarie:

30 Maiguascha, Dirigentes políticos y burócratas…, op. cit., p. 227. 31 Rocafuerte, Ensayo político, op. cit., p. 10.

Las mujeres de Lima andan vestidas de saya y manto; que este continuo disfraz las predispone a la hipocresía, y las conduce a una relajación de costumbres muy vergonzosas en una Nación culta. El legislador que quiera mejorar las costumbres de Lima debe indispensablemente prohibir el uso de la saya y el manto, y obligar a todas las mujeres a que se paseen por las calles y con la cara descubierta, vestidas con todo el decoro, decencia y modestia que, distingue al bello sexo de los Estados Unidos, de Inglaterra, y de Francia32.

Esta concepción prohibicionista como camino civilizador, que actúa sobre el ámbito legal pero no para garantizar derechos, sino para coartar la libertad individual, muestra el “despotismo legalizado” por el Estado, en su afán por imponer un camino de evolución, que va desde la sociedad con características de barbarie hacia un orden superior, germinado en Europa, que requiere de las instituciones públicas para homogenizar a la población. Aquí irrumpe el Estado no como instancia representativa, sino como instrumento de dominación, donde el espejismo representativo del legislador o del ejecutor de las leyes se disuelve ante la realidad del sometimiento que se despliega enarbolando la bandera de una razón superior, de una verdad última. Se trata del mismo derecho que reclamó en su momento la Conquista y la evangelización en contra de América. La inequidad de género se trasladaría a los códigos civiles y penales que involucraron al Estado en la familia. Esto contrastó con el discurso de la Iglesia Católica en donde “el matrimonio siempre ha sido una relación entre iguales, no así para los juristas que redactaron los códigos, pues para ellos, por ejemplo, el adulterio fue un crimen para la mujer pero no para el hombre”33. Además, con el derecho civil se abolió el derecho a la propiedad, del que algo disfrutaron las mujeres en la Colonia. La ausencia de derechos políticos en mujeres, indios y esclavos les sume en una situación de dependencia paternalista aristrocrática, en la que debían ser protegidos de sí mismos y debían aceptar la guía patriótica de las élites políticas y sus aliados34.

32 Ibíd. 33 Maiguashca, Dirigentes políticos y burócratas…, op. cit., p. 244. 34 Maiguashca, Dirigentes políticos y burócratas…, op. cit., p. 228.

LA INTERDEPENDENCIA ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA Pese a la polémica mantenida entre los liberales y el clero en la fundación y conformación del nuevo Estado, la Iglesia Católica resultó una aliada fundamental, lo cual se expresó en el reconocimiento como religión de Estado. En ese sentido, en las constituciones del 30 y 35, se define como “obligación” del Gobierno la de “protegerla” y “hacerla respetar”, con “exclusión de cualquier otra” (Arts. 8 y 13). Esto perduraría hasta la Revolución Alfarista. La relación Iglesia-Corona española estuvo signada por el “Patronato Real”, vigente al fin de la Colonia y que desde el siglo XVI otorgaba a la Corona el derecho de nombrar obispos, a cambio de lo cual el Estado se comprometía a proteger y retribuir la tarea evangelizadora. En los hechos, lo que el Patronato permitía era el control de la Iglesia por parte del Estado. La salida constitucional que prefería Rocafuerte fue la que se hallaba consignada en la Constitución de Cúcuta, que dejó en blanco el capítulo religioso y, con ello, aprobó en los hechos la libertad de cultos. Sin embargo, en su deseo de tomar el control de los territorios de la Gran Colombia, Bolívar consintió el nombramiento de obispos, en acuerdo con el Vaticano. Los obispos han sostenido y apoyado las miras ambiciosas de Bolívar, se han convertido en auxiliares de su absolutismo y se han encargado de atajar los progresos de las luces y la instrucción pública para facilitar la perpetuidad del mando (…) la ilustración colombiana triunfará de los poderosos obstáculos que le presenta la nueva unión del altar al alfanje dictatorial: ella sabrá combatirlos, separarlos y asignar a cada uno el rango aislado en el orden social35.

El afán por lograr el apoyo de la Iglesia al nuevo Estado se puso de manifiesto en la inclusión del fuero religioso en la Constitución de 1830 —un atentado a la igualdad ciudadana—, el mismo que sería eliminado en 1835 bajo el liderazgo de Rocafuerte. En el Ensayo sobre tolerancia religiosa se dejaba entrever la necesidad de mantener el mando sobre la Iglesia, en la conformación de los nuevos Estados, y la importancia que en ello tenía la definición del Patronato: Los pontífices romanos se declararon los primeros soberanos del mundo y sueñan aún ser los jueces competentes de las naciones. ¿Consentiremos 35 Rocafuerte, Ensayo sobre Tolerancia Religiosa, op. cit., p. 53.

que extiendan a nuestro hemisferio ya independiente esas extravagantes pretensiones? ¿Habrá en cada nueva República de América dos autoridades, una civil residente en esta parte de los mares, y otra espiritual en el centro de la Europa? ¿A unos gobiernos se les concederá el derecho de patronato y a otros no?36.

En ese sentido, conservar el status quo con el Estado Vaticano fue un logro de esta etapa de republicanismo, pues la institucionalidad no se subordinó a la Iglesia37. Pero el reconocimiento de la Iglesia Católica como ente oficial excluyente, también supuso el poder contar con la estructura eclesial para el ejercicio de las funciones sociales de dominación propias del Estado, como la educación, que se encontraba en manos de sacerdotes. Con ello, aliviaban la ausencia de un aparato burocrático, que se veía difícil de implementar ante la crisis de las arcas fiscales que caracterizó el inicio de la República. La Iglesia Católica, a través de la homogenización evangelizadora y del despliegue de un aparato institucional que penetraba la geografía nacional, aportó, de manera definitiva, a la unidad del Estado nacional en la época de su alumbramiento. Por otro lado, esto constituyó una “interferencia” que impidió la consolidación de la utopía liberal en el plano de las instituciones estatales. CENTRO Y PERIFERIAS: ADIÓS AL FEDERALISMO El requerimiento de orden habría de plasmarse en la propia estructura estatal republicana, no solo por la situación “incivilizada” de las clases subalternas, a las cuales se consideraba imposible incluir de inmediato en la ciudadanía plena, sino por las disputas entre las élites de los distintos Estados que se conformaban en el mundo andino y las élites que se habían constituido a nivel nacional durante la Colonia y que adquirieron protagonismo propio en las luchas de independencia. Quito, Guayaquil y Cuenca, si bien fueron parte del movimiento independentista, que a nivel continental reclamó la liberación del dominio español, pasaron por procesos eminentemente locales. Así, Quito en 1810, Guayaquil y Cuenca en 1820, liderados por sus estamentos criollos locales, reclamaron la independencia para los respectivos territorios, los dos últimos como repúblicas, años antes de que incursionara el ejército bolivariano. Se debe recordar que desde finales del siglo XVIII y lo que iba del siglo XIX, las regiones 36 Rocafuerte, Ensayo sobre Tolerancia Religiosa, op. cit., p. 52. 37 Maiguashca, Dirigentes políticos y burócratas, op. cit., pp. 222-223.

iban definiéndose y fortaleciéndose de manera policentrípeta, en su relación con el mercado mundial: Quito, textiles y cueros; Cuenca, cascarilla y sombreros de paja toquilla; y Guayaquil, cacao. En estas circunstancias, la conformación del Estado se ve como la opción de República unitaria tomada por las élites locales de estos tres departamentos, para hacer frente a la extinción de la Gran Colombia, y a la constitución de las Repúblicas de Nueva Granada y de Perú. Esta voluntad de lo regional como constitutivo diferenciado de lo nacional es un “federalismo velado” que se presenta en el origen del Estado. El flamante Estado ecuatoriano es un pacto de convivencia que no solo permite, sino que estimula el desarrollo de las diferencias regionales. Con el pasar del tiempo, empero, el poder central, paulatinamente entra en vigor y entra en conflicto con los que, poco a poco, se convierten en poderes regionales. El conflicto entre centro y periferia ha sido el principal fenómeno político de la historia ecuatoriana a lo largo de todo el siglo XIX y hasta nuestros días38.

¿EL FIN DEL MONARCA? Al temor despertado por el carácter indómito de los sectores subalternos se sumó la conciencia de las diferencias regionales, que ponían en serio riesgo la unidad territorial. Para hacer frente al peligro de disgregación de la República, se recurrió al reforzamiento del presidencialismo. Por otro lado, este recurso encontró una justificación suplementaria en la Constitución estadounidense, en la cual “como alternativa al monarquismo, los constituyentes habían inventado un ‘presidente’, con amplias facultades para reemplazar al rey, pero nunca con las atribuciones ni con la falta de responsabilidad política”39. Esta instancia del Estado se consolidó de manera definitiva con el reconocimiento del carácter alternativo del ejercicio del poder, por lo que en las leyes fundadoras no se admitió la reelección del Jefe de Estado. En general, la alternabilidad es una institución de gobierno que busca blindar el sistema político para no dar paso al personalismo o al caudillismo, fenómenos que son propios de sociedades con poco nivel de desarrollo institucional. La alternabilidad en el poder es el signo más elocuente del triunfo de la ley republicana sobre el derecho canónico, que ataba al monarca al poder, en nombre de un designio divino. Esta vez lo hu38 Maiguashca, La cuestión regional…, op. cit., p. 182. 39 Loveman, El constitucionalismo andino, op. cit., pp. 290-291.

mano de la nueva sociedad se manifestaba en el reconocimiento de que el poder, como todo en la naturaleza, era pasajero. Rocafuerte se esforzó por indicar que el amor al poder no es una motivación para aferrarse a él, sino una expresión de la virtud40. Así, a pesar de la preeminencia, en el diseño inicial, de la figura del primer magistrado, el Estado fue semiparlamentario, puesto que el Congreso elegía al Presidente y Vicepresidente de la República, aprobaba el presupuesto del Estado, establecía los impuestos, creaba y suprimía empleos públicos, implementaba la política monetaria, decretaba la guerra a base de los informes del Ejecutivo, promovía la educación pública y el progreso de las ciencias41. Sin embargo, bajo el monopolio de aristócratas, terratenientes, comerciantes, militares y curas, separados de la base social mestiza y de las clases subalternas, y en vista del escaso nivel de institucionalización del Estado, no fue posible impedir la manipulación de la Función Legislativa desde el Gobierno o desde las instancias de poder local. De allí que las constituyentes del 30, 35, 43 y 45 se dedicaron a sancionar situaciones de hecho, como la separación del Ecuador de la Gran Colombia, la Jefatura Suprema otorgada por los guayaquileños a Rocafuerte, la Constitución aprobada en una asamblea reunida a instancias de Flores, que redactó la norma siguiendo la voluntad presidencial, y la marcista que se aprobó luego de que un movimiento armado desconociera la autoridad presidencial. El Presidente, personaje que ha dado colorido a las funciones o poderes del Estado central (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y que ha dado nombre y apellido a los diferentes períodos de gobierno, fue designado el custodio del orden y la unidad territorial por las constituciones fundadoras. “El proyecto republicano en Ecuador, en su forma inicial, quiso conciliar el principio de libertad con el de autoridad y, por lo tanto, tuvo un corte netamente jurídico y político”42. Esto se tradujo en mayor poder o “facultades” para el presidente, y en conseguir el ineludible apoyo de los militares. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA BAJO LA FORMA MILITAR La guerra por la independencia movilizó fundamentalmente a la sociedad mestiza a través de ejércitos, liderados por caudillos militares locales, ligados al 40 Rocafuerte, Ensayo político, op. cit., pp. 20-21. 41 Constitución 1835, Art. 43. 42 Maiguashca, El proceso de integración…, op. cit., p. 374.

poder terrateniente de los criollos y de las nuevas clases pudientes; se enroló también a negros libertos y cimarrones, tras la promesa de concederles la libertad. Los indios, sumidos en extrema miseria e ignorancia, no tuvieron fe en las promesas de los representantes de la alta sociedad quiteña, guayaquileña o cuencana —sus señores—, y no aportaron significativamente a la convocatoria. El ejército bolivariano tuvo el liderazgo en términos ideológicos hasta cuando duró la idea de la Gran Nación Colombiana. Se puede afirmar que la organización de batallones y ejércitos locales, armados y dirigidos por caudillos, fue la forma principal y la vía decisiva de participación política. La inestabilidad de las instituciones estatales civiles que se fundaron en Guayaquil y Cuenca, y que persistió durante el período de la Gran Colombia y los primeros años del Estado ecuatoriano, no permitía que se fomentara una lealtad hacia lo civil, lo que se compensó con los esfuerzos por fomentar un liderazgo militar fuerte, con Bolívar en la Gran Colombia y con Flores en Ecuador y los demás generales que ocuparon las presidencias de las Repúblicas nacientes. Este proceso se desarrolló bajo la forma del caudillismo, debido a la verticalidad propia de la estructura militar. En su momento, este militarismo reclamó para sí el espacio dejado por la idea bolivariana de la Gran Nación, e influyó decisivamente para la creación de las identidades nacionales, ecuatoriana, venezolana, colombiana, peruana o boliviana. La voluntad de conformar el Ecuador, a más de contar con la intelectualidad liberal republicana, las élites regionales y la Iglesia, tuvo el aporte de los militares, la misma que fue concluyente en la unificación del territorio nacional. Un hecho que no debe pasar inadvertido es que el ejército era republicano, en tanto se integró bajo las banderas de la libertad e igualdad, con miembros que aspiraban a ser ciudadanos, para así dejar de ser “esclavos” de la Corona: era un ejército revolucionario. Esto permitió la aceptación principista de sometimiento a las instituciones civiles, que se expresaba fundamentalmente en el reconocimiento del mando en la figura del presidente. Justamente, este fue uno de los logros del Estado republicano en esta época43. Sin embargo, dados el influjo del papel libertador y fundacional del Ejército y la necesidad opuesta de la nueva República de acomodar sus instituciones al imperativo de la civilidad y de la paz, se configura un escenario en el cual se enfrentarían dos fuerzas, cuya oposición encontró su expresión en la Constitución. Así, en la de 1835, en el mismo artículo en el que se afirma que “la fuerza armada es esencialmente obediente”, se dice también que su destino es, entre otros, el de “sostener la observancia de la Consti43 Maiguashca, Dirigentes políticos y burócratas…, op. cit., p. 223.

tución y las leyes”, con lo cual se da al ejército y, al mismo tiempo, se le retira, la posibilidad de la deliberación. Estas tendencias contrapuestas llevaron, en definitiva, a la definición de un término medio para la participación militar, que fue vista “como una concesión a las realidades del momento”. De esta manera, se fue posicionando la tolerancia hacia la participación directa de los militares en el manejo de las instituciones del Gobierno, pero siempre con una visión de “provisionalidad”, la misma que obedece, fundamentalmente, a su papel de garantes del orden. LA UNIDAD PRECARIA DEL PODER EN LA HACIENDA Y LA PARROQUIA La ruralidad era la característica de la vida en los inicios del Estado republicano, lo que se expresaba en la distribución de la población. Esto indica que la forma hegemónica prevaleciente en la época era el latifundio, que venía fortaleciéndose, en una suerte de “restauración económica”, desde el siglo XVIII, cuando entró en crisis la producción minera y, con ella, los obrajes de textiles y curtiembres, asentados especialmente en Quito y orientados al mercado constituido por los mismos centros mineros y al de la metrópoli, que habían alentado el crecimiento de las ciudades y el asentamiento de una burguesía comercial y manufacturera. No obstante, las políticas proteccionistas que acompañaron a la industrialización en las naciones europeas restringieron la demanda. La opción, entonces, fue mejorar la producción agropecuaria latifundista y su reducto, la hacienda. En el proceso crecieron en tamaño y poder las grandes propiedades agrícolas, a costa de las tierras indígenas. Además, la autarquía de la hacienda, en la que el pago en especie era la norma, resultaba funcional en un momento de desmonetización de la economía, lo que llevaba a la depresión y a la pobreza, especialmente de las urbes. De este modo, a mediados del siglo XVIII, el latifundio se consolidó, especialmente en la región Interandina. La consolidación del latifundio se dio también en medio del decaimiento de la mita como forma de relación laboral, puesto que los indígenas se negaban a participar. Poco a poco, se fue gestando una nueva relación económica que sería la predominante durante la independencia y los primeros 100 años del Estado: el concertaje. Este parte del reconocimiento de la libertad del trabajador, pues se basa en la firma de un contrato “voluntario”, mediante el cual se obligaba a pagar en alimentos, animales e insumos para la producción, el “anticipo” que el latifundista otorgaba al trabajador. La figura se complementaba con la prisión por deudas vigente en la legislación y con el carácter hereditario

de las mismas. En los hechos se ataba a los indígenas a la hacienda por generaciones, transformándolos en conciertos, una forma de servidumbre que, al originarse en un acto de “libre” albedrío, pasaba “inadvertida” al formalismo jurídico liberal. Así, al igual que en la encomienda y en la mita, se esclavizó al indígena invocando el justificativo de la necesidad de “corregirlo” moralmente. Paradójicamente, con el concertaje se le retuvo a la fuerza en la hacienda latifundista y esto como consecuencia de un “libre” ejercicio de su voluntad. En los hechos, la explotación de los indios conciertos —que consistía en la extracción de plusvalor absoluto, pues al final no se pagaba un salario— era la fuente primordial de generación de excedentes en la sociedad latifundista, pues modalidades precarias similares se aplicaban en las haciendas costeñas, como la “finquería” o “sembraduría”, que enrolaban trabajadores al calor del impulso de la exportación. Por ello, las élites de la región interandina latifundista, que subsistía con economías locales autárquicas constituidas a partir de la sujeción del indio a la hacienda, y las del litoral, que reclamaba mano de obra libre indispensable para impulsar las nuevas actividades económicas agrícolas y urbanas, se unificaban, a pesar de todo, en el interés de conservar el sistema de acumulación basado en el concertaje. Incluso los liberales más avanzados que reclamaron la eliminación de la servidumbre y la esclavitud, con el afán de provocar la liberación de la mano de obra, no tuvieron problema en excluir de la ciudadanía plena a quienes consideraban como incivilizados. Esta forma astuta de sometimiento del trabajo, liberal de origen y precaria por costumbre, fue la instancia en la que se entrelazaron la riqueza que se acumula sin la aplicación de tecnología ni industria, la negación de la virtud como fundamento político del nuevo orden y la servidumbre que se refugiaba en los privilegios derivados del linaje, que se preservaban en la fortaleza conservadora y autosuficiente de la hacienda. Estos fueron los afluentes originarios que configuraron el perfil de la burguesía ecuatoriana. A la gran hacienda familiar correspondió la organización celular administrativa de la República, también heredada del antiguo orden: la parroquia. Esta se configuró durante los siglos de la Conquista y la Colonia y fue la forma de penetración social propia de la Iglesia, que se encontraba en funciones de Estado, a través de la designación de párrocos para circunscripciones territoriales específicas, las que se fueron estableciendo bajo la sombra de la organización hacendaria. El impulso a la parroquia civil, emprendida con fuerza por Bolívar y continuada en la República, especialmente después del triunfo de la Revolución

Alfarista, sería un síntoma del esfuerzo de penetración del Estado republicano en la intimidad del territorio nacional, en plena competencia con la Iglesia. Los terratenientes tenían su custodia armada y ejercían una relación de poder sobre la clientela electoral que se concentraba en las haciendas. “En el latifundio, la autoridad del dueño trascendía el plano económico al asumir este atribuciones propias del Estado, tales como la administración de justicia, la aplicación de multas, el establecimiento de jornadas de trabajo y de compensaciones”44. Esto se vuelve posible y hasta necesario dada la falta de presencia del nuevo Estado en grandes extensiones del territorio nacional. De allí que el Estado ecuatoriano en el siglo XIX se mostrara tan preocupado por impulsar una descentralización y delegara atribuciones a las ramificaciones periféricas, centros de gravedad bajos del poder. Necesitaba asociar en la administración étnica (…) a capas sociales blanco-mestizas inmersas en una cotidianidad con la mayoría indígena45.

II. UTOPÍA IGUALITARIA Y DISOLUCIÓN NACIONAL (1850–1860) LA INCLUSIÓN Y LA DEMOCRACIA ECONÓMICA “(…) la manumisión definitiva se hará el seis de marzo de 1854 y de esa fecha en adelante no habrá más esclavos en Ecuador”. Así reza el artículo 38 de la Ley sobre la Manumisión de los Esclavos, dictada en 1852, bajo el Gobierno del General José María Urvina y Viteri. Con ello, los afanes igualitarios expuestos por la revolución marcista se iban plasmando en el derecho. Estas posiciones tomaron pie en la oposición al régimen floreano, que había ido adquiriendo signos “monárquicos”. La expedición del impuesto general, que afectó a sectores medios y plebeyos en las ciudades y a la población pueblerina del campo, los impulsó hacia la acción política, bajo la idea de poner fin a la sociedad colonial, cuyos rezagos se hallaban en el modelo aristocrático estamental, que usurpó la 44 Vela, op. cit., p. 415. 45 Guerrero, Andrés, La semántica de la dominación: el concertaje de indios, Ediciones LibriMundiGrosse-Leumen, Quito, 1991, pp. 64-67.

igualdad al ideario republicano. Los enfrentamientos dieron pie a la aparición de nuevos líderes y hombres públicos de origen más bien humilde. Estos dirigentes, ante el republicanismo jurídico-político del primer período del Estado, se plantearon un republicanismo económico y social46. Urvina era parte de una nueva generación de oficiales que crecieron ya no al calor de la lucha por la independencia y la fundación del Estado, sino en el enfrentamiento interelitario, lo que acentuó su carácter “nacionalista” y le permitió dejar atrás la influencia del espíritu internacionalista del ejército de Bolívar. “Ahora el soldado es nacional y tiene el orgullo de fraternizar con sus compatriotas”, decía un informe del Ministro de Guerra de la época47. No obstante, el marcismo triunfante no fue en su inicio de corte militar, puesto que instaló un triunvirato compuesto por José Joaquín Olmedo, Vicente Ramón Roca y Diego Noboa, todos guayaquileños. Urvina fue proclamado Jefe Supremo de la República en el 51, a través de un levantamiento militar en Guayaquil. Posteriormente, una Asamblea Constituyente le nombraría Presidente, cargo que mantendría hasta 1856. Los marcistas se asociaron con la burguesía comercial guayaquileña y costeña, la misma que se encontraba en una situación de bonanza, debido al repunte que, a mediados del siglo XIX, experimentó el sector externo ecuatoriano, cuando se fortalecía la inserción del país en el mercado y economía mundiales. Pese a ser calificado como un “movimiento revolucionario”, en realidad fue “reformista”. Así, la abolición de la esclavitud, más que un acto violento de subversión, fue una transacción mercantil, que respetó los principios del sistema económico que reclamaba la liberación del esclavo para convertirlo en asalariado. Por lo demás se observa esta abolición como parte de la revolución anticolonialista y antimonárquica, por lo que se atribuye a esta etapa de la historia el renacimiento de la “utopía republicana”, esta vez bajo la bandera de igualdad. La igualdad exigida significó una ampliación de la representatividad del Estado, lo que también se logró con la Ley de Supresión del Tributo Indígena, aprobada en 1857 y que disponía que: “Queda abolido en la República el impuesto conocido con el nombre de contribución personal de indígenas, y los individuos de esta clase igualados a los demás ecuatorianos en cuanto a los deberes y derechos que la carta fundamental les impone y concede” (Art. 1). Cabe decir que la igualdad y la inclusión se expresaron en la calidad del enrolamiento en

46 Maiguashca, El proceso de integración, op. cit., pp. 376-377. 47 Maiguashca, El proceso de integración, op. cit., pp. 376-377.

las fuerzas armadas, pues se conformó un ejército compuesto de elementos populares que llenó de espanto a todo el país48. La proclamación de libertad para los negros y la eliminación del tributo a los indios no implicó la inclusión indiscriminada a la sociedad política, por medio de los sistemas electorales y ciudadanos. Así, en la Constitución de Urvina (1852), se conserva el criterio económico que discrimina a las clases sociales bajas o proletarias (Art. 9). El mismo criterio de discriminación económica que favorece a los propietarios y profesionales liberales se mantiene para poder ser candidato de elección popular. Así, el criterio de la diferencia social se basa en el plano económico y no en el étnico. No obstante, la discriminación económica involucra, necesariamente, a los indios y negros, los que, por su misma condición, no tenían acceso al alfabeto. Las mujeres tampoco vieron modificada su condición de dependencia. El urvinismo se preocupó también de blancos y mestizos y de su inclusión al goce de la ciudadanía. Una muestra es la extensión de los jurados de Quito, Guayaquil y Cuenca, centros políticos desde la Colonia, hacia otros municipios: Ibarra, Latacunga, Ambato, Loja y Riobamba. El afán era que las leyes ampararan a los pobres frente a los grandes potentados. En general, se dio un empuje al aparato burocrático estatal, así como a la instrucción pública y, con ello, a la difusión de los valores liberales democráticos. El esquema de penetración estatal mantuvo el Gobierno central fuerte, pero al ser de carácter descentralizado, los municipios no abandonaron su protagonismo. Un elemento significativo fue la elección del Presidente y Vicepresidente de la República por asambleas de electores específicas, designadas por sufragio popular directo49. Este proceso de ampliación de la base social del Estado sería fundamental para la conformación futura de los partidos políticos. DICTADURA CONSTITUCIONAL Y DISOLUCIÓN NACIONAL Sin embargo, había alertas sobre la eficiencia de este ciclo democrático de inclusión, en especial por el nivel cultural de los ecuatorianos. La problemática se revela mediante comunicaciones del Ministro del Interior de Urvina, Marcos Espinel: “el estado de las clases más humildes ha venido a ser tal que la cuestión de educarles se ha convertido ya en una cuestión de propia defensa”.

48 Maiguashca, El proceso de integración…, op. cit., p. 379. 49 Maiguashca, op. cit., p. 378.

Pero, para obviar los obstáculos que la política de inclusión democrática encontraba en el camino se halló una salida que se venía fraguando desde 1830, en el voluntarismo del derecho que normaba realidades, a costa de posponer la utopía republicana. La seguridad interna y externa fue invocada como justificación idónea para gobernar fuera de la Constitución o sin el reconocimiento de los derechos ciudadanos. Frente al peligro de ver naufragar a la Nación en medio de disputas internas y de amenazas externas, se institucionalizó el “estado de excepción”50; es decir, la excepción se hizo regla, con lo que, si bien en un plano formal y legal se tendía a la inclusión, en la práctica se excluía de la toma de decisiones de gobierno a la opinión pública. Consecuentemente, el ejercicio del poder se encerraba en una cúpula política, tras las paredes del palacio de gobierno. Esto no fue el resultado de una simple usurpación del mando, sino su legitimación a través del principio de representatividad consustancial al Estado republicano. La caída en el círculo vicioso de la “dictadura constitucional” se torna, entonces, inevitable. “El ejecutivo se somete regularmente a elecciones y se mantiene el poder vía la manipulación del electorado, la falsificación de votos, la coerción y la movilización de las clases populares”. Estos cuadros “palaciegos” tomaron la posta a los aristocráticos51. El caudillismo que se instituyó bajo el Gobierno de Urvina, correspondió a la forma de gobierno palaciego. La diferencia que se impuso, con respecto a la época floreana, fue su carácter nacionalista y la apelación a la participación directa de las clases populares en la política. La síntesis de estos elementos constituyó el primer bosquejo del populismo, que pervivirá en el Ecuador a expensas de su débil estructura institucional, dada su informalidad y pobreza. El cuadro se completa cuando el urvinismo será convertido en una corriente política, asociada a un ideario democrático. Entonces, la utopía republicana se retira para dar lugar a los juegos de intriga, ámbito en el cual la política pasa a ser rehén del funcionario de palacio. Mientras que en la base de la pirámide social yace el “incivilizado”, cuya inclusión al orden constituye el marco de posibilidad y también de imposibilidad de la República. En 1859 se acabó el optimismo marcista, cuando el Ecuador enfrentó la crisis política más grave del siglo XIX52, lo que se reflejó en la balcanización del país y la constitución de gobiernos autónomos en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. Además, Perú ocupó territorios y bloqueó la entrada al Golfo 50 Maiguashca, Dirigentes políticos y burócratas…, op. cit., p. 233. 51 Ibíd. 52 Maiguashca, El proceso de integración…, op. cit., p. 383.

de Guayaquil. La reacción de los poderes locales se daba en parte por el fortalecimiento del Estado central tanto a nivel territorial como funcional, con el propósito de introducir la segunda oleada de reformas liberales. Los poderes regionales se vieron amenazados no solo por esta intromisión sino por la movilización de las clases subalternas. La política anticlerical desplegada por Urvina y Robles fue parte del cóctel de disolución. La rebelión de las élites regionales cuestionó la legitimidad del Estado y fue un aviso al poder central de que no renunciarían a la tutela y control de sus masas rurales53.

III. EL ESTADO CATÓLICO EN POS DE LA UNIDAD NACIONAL (1860-1875) EL CONCORDATO Y EL CIUDADANO CATÓLICO El escepticismo de Rocafuerte y la alerta de los marcistas, provocada por el “desfase” entre las instituciones republicanas y el carácter de la sociedad ecuatoriana, con “enraizados rezagos de barbarie e incivilización”, asumió otro cariz con Gabriel García Moreno (1821-1875), quien, aparentemente, encontró una solución: declarar la República católica como sucedáneo de la República liberal. Con ello, realizó una peculiar “adecuación” de la doctrina republicana a la realidad nacional. Esta “adecuación” tiene lugar en dos líneas, en las que se ponen de manifiesto los objetivos de la Constitución garciana de 1869, también llamada la Carta Negra: El primero, poner en armonía nuestras instituciones políticas con nuestras creencias religiosas; y el segundo, investir a la autoridad pública de la fuerza suficiente para resistir a los embates de la anarquía54.

El reconocimiento, a la manera de Montesquieu, de que las leyes deben fundamentarse en la tradición permitió a García Moreno reivindicar la religión católica como fuente de identidad nacional. Sin embargo, no hay que olvidar que el carácter “oficial” del catolicismo siempre estuvo presente, a pesar del 53 Maiguashca, El proceso de integración…, op. cit., p. 383. 54 García Moreno, “Mensaje a la Convención de 1869”, op. cit., p. 317.

“acoso” liberal de Rocafuerte y Urvina, a través del impulso de la educación laica, la eliminación del fuero eclesial y el establecimiento de cargas impositivas sobre el clero. Nuestras instituciones hasta ahora han reconocido nuestra feliz unidad de creencia, único vínculo que nos queda en un país tan dividido por los intereses y pasiones de partidos, de localidades y de razas; pero limitándose a ese reconocimiento estéril, han dejado abierto el camino a todos los ataques de que la Iglesia ha sido blanco con tanta frecuencia55.

Así, el líder conservador ligaba el problema de reconstitución de la utopía nacional al de “liberación” de la religión. La utopía republicana que se logra a través del ejercicio de la libertad, la igualdad y del sometimiento a la ley nacional, se había hecho añicos al final de los años cincuenta, luego de décadas de inestabilidad. Esta situación se expresó en la puesta en marcha de instrumentos de legitimación puramente políticos, como las Constituciones, las Constituyentes y el sistema electoral56, instrumentos que se aplicaban para sancionar situaciones de hecho. Esta práctica reiterada, que puso en evidencia la relación de subordinación de la jurisprudencia al orden establecido por la fuerza, desgastó la tendencia de “democracia pluralista”, impulsada por los liberales, y favoreció el fortalecimiento de la “democracia monista”, que habían defendido los conservadores. Así, mientras los marcistas quisieron transitar de las leyes a la costumbre, García Moreno fue en dirección inversa: de la costumbre a las leyes. Solamente así se podía institucionalizar el único vínculo que unía al país y transformarlo en el fundamento de una identidad colectiva57. La particularidad de la relación que impuso García Moreno entre el Estado y la Iglesia y el significado que esto tiene para la supervivencia y continuidad del orden republicano se exponen en el Mensaje al Congreso de 1863. Allí, junto a las obras de su Gobierno, destaca que “sobre todo el Concordato” ha sido la “base del restablecimiento de la moral y origen de la futura prosperidad de la República”58. El Concordato fue celebrado en 1862 entre el Estado ecuatoriano y el Estado del Vaticano, encabezados respectivamente por García Moreno y el Papa Pío IX, a fin de restituir al Vaticano el control directo de la Iglesia, 55 García Moreno, op. cit., p. 318. 56 Maiguashca, El proceso de integración, op. cit., p. 386. 57 Maiguashca, op. cit., p. 384. 58 García Moreno, “Mensaje al Congreso de 1863”, op. cit., p. 266.

luego de siglos de interferencia del Estado español y posteriormente del de los americanos. En el documento firmado se dispone que el “Concordato deberá siempre considerarse en los sucesivo como Ley de Estado”; propósito que, según García Moreno, llevará al Ecuador al progreso, la libertad y la felicidad. En este sentido, la legitimidad del Estado republicano se desplazó desde la secularización legal hacia la legalización de la religión del Estado, para lo cual se intentó “poner en armonía las instituciones políticas ecuatorianas con la religión católica”59. De acuerdo con el nuevo sistema de convivencia, se eliminó el nombramiento de los obispos por parte del Presidente, y se devolvió esta atribución al Sumo Pontífice. En los primeros 30 años de la República, el Estado había delegado a la Iglesia algunas funciones que le eran propias, debido a la ausencia de un aparato institucional que instrumentalizara el control político y territorial. Por lo demás, este demoraría en levantarse, ante la ausencia de recursos. Entonces, una manera de garantizar la fidelidad de la Iglesia a las instituciones republicanas en proceso de formación fue el nombramiento de las autoridades eclesiásticas. Así, una de las actividades que se realizaba con el apoyo de la Iglesia, especialmente de los curas párrocos, era la educación, lo que siempre causó escozor en el liberalismo librepensador, que fungía como ideología dominante ante la retirada del régimen colonial, del que era parte constitutiva la Iglesia. Con la liberación de la Iglesia, García Moreno buscaba poner en marcha de manera efectiva la reforma moral de la República, pero bajo la conducción de la Santa Sede y de los obispos: (…) de poco servirían las mejoras materiales y la difusión de conocimientos, por mucho que adelantáramos en ambos sentidos, si no se levantase de su postración la moral pública, alma y vida de la sociedad, más necesaria aún en el sistema republicano, en que la fragilidad de las instituciones y de las leyes, la inestabilidad de los gobiernos y la frecuencia de los trastornos dejan a la sociedad indefensa a merced de pasiones sin freno. Pero ¿qué esperanza de obtener la reforma moral si el clero encargado de enseñarla olvida en su mayor parte la misión evangelizadora? ¿Y qué esperanza de reformar el clero, si no se restituye a la Iglesia la libertad de acción y la independencia de vida con que le dotó el Divino Fundador? El Gobierno católico de un pueblo católico cumplió, pues, con su deber60. 59 Maiguascha, El proceso de integración, op. cit., p. 386. 60 García Moreno, “Mensaje al Congreso de 1863”, op. cit., pp. 266-267.

Y ese deber significó, según el Concordato suscrito, impartir la instrucción en todos los niveles conforme a la religión católica. Los obispos tuvieron la potestad de nombrar a los profesores y de cuidar que ninguna enseñanza sea contraria a la religión católica y a la honestidad de las costumbres, lo que se complementaba con el control directo del prelado sobre la difusión del catecismo en las escuelas. Además, en la evaluación de los resultados del proceso educativo y el permiso para obtener un empleo, se incluía un criterio para reconocer la instrucción religiosa y la conducta moral del examinado (Arts. 2, 3 y 4). Si bien el Estado no debía mediar en la relación entre los fieles y la Iglesia, se comprometía, sin embargo, a dispensar “su poderoso patrocinio y apoyo a los obispos, en los casos en que lo soliciten, principalmente cuando deban oponerse a la maldad de aquellos hombres que intenten pervertir el ánimo de los fieles y corromper sus costumbres. Los tribunales eclesiásticos debían observar las causas que miran a la fe, a los sacramentos (incluido el matrimonio), a las costumbres, a las funciones santas, a los deberes y derechos sagrados (…) serán devueltos a los tribunales eclesiásticos (…). En todos los juicios que sean de competencia eclesiástica, la autoridad civil prestará su apoyo y protección”61. Bajo este principio, se devolvió el fuero a los clérigos en las causas penales y en las que atañen a la religión62. Los clérigos debían tributar y la sociedad debía diezmar para los dos Estados, que, con el concordato, casi se fundían en uno, en un acto de justa recompensa. Para la administración de esos recursos, las dos autoridades, la civil y la eclesiástica, acordarían un reglamento. Los diezmos, entonces, recobraron un nuevo aliento, que les permitirá sobrevivir por más de un siglo, sumado a los 350 años de inicio de la civilización religiosa en América. Y, para garantizar el nuevo tiempo para la Iglesia, se le otorgó el “derecho de adquirir libremente y por cualquier justo título; y las propiedades que actualmente posee y las que poseyere después, le serán garantizadas por la ley” (Art. 19). La puesta en marcha del Estado eclesial no fue una tarea fácil para García Moreno y sus partidarios conservadores, puesto que el Concordato no fue aprobado por el Congreso sino hasta 1866. Por el mismo camino de la República religiosa, se orientó la Constitución de 1869, en la que se determina que, para ser ciudadano, se requiere ser católico (Art. 10). Con ello, se imponía un camino para dar una unidad ideológica y política a la República, puesto que, a más de la igualdad ante la ley, es derecho de los ecuatorianos la posibilidad de 61 Concordato…, op. cit., p. 165. 62 Concordato…, op. cit., p. 166.

elegir y ser elegidos para manejar los destinos públicos (Art. 7). Y, para ser sufragante, se requería ser ciudadano en ejercicio, esto es, católico (Art. 17). Así se lograba que la moral católica, base de la civilización occidental que reclamaba su ascendencia sobre el mundo moderno, sea la única que motivara las decisiones políticas de la Nación. “La civilización moderna, creada por el catolicismo, degenera y bastardea a medida que se aparta de los principios católicos; y a esta causa se debe la progresiva y común debilidad de los caracteres, que puede llamarse la enfermedad endémica del siglo”63. Con este seguro ideológico, se levantó, en palabras de García Moreno, “un muro de defensa entre el pueblo arrodillado al pie del altar del Dios verdadero, y los enemigos de la religión que profesamos”64. Con el pueblo arrodillado, el orden republicano no tuvo problema en establecer una medida democrática: el sufragio directo y secreto para todos los ciudadanos. Esto significa que, para ser ciudadano, más que el criterio de ingreso y propiedad, es decir, clasista, se usó el de la identidad religiosa, con lo que, por lo demás, se ampliaba la base social representada y “controlada” por el Estado. Pero la índole clasista persiste en la Constitución garciana, llamada Carta Negra, pues si bien incluye al pueblo llano como sufragante, no lo hace como candidato y, por lo tanto, como administrador del poder, pues, para estas funciones, sí se mantuvieron los criterios clasistas. Por otra parte, la reforma electoral no incluía a las mujeres y los iletrados, que seguían siendo indios, negros y mestizos pobres. Con la ciudadanía católica pasa a un segundo plano el de ingreso y propiedad que estuvo vigente durante cuarenta años de República. Es importante señalar que, si bien el segundo criterio aseguraba el carácter clasista y aristocrático del Estado, también fomentaba una identidad social, ligada a la utopía del burgués emprendedor, propia también de la tendencia hacia lo urbano, que calificaba a los ciudadanos plenos como los que habían alcanzado una propiedad privada y una formación personal, es decir, acrecentaba el carácter individualista de la sociedad, antes que el corporativo. Esta concepción del ciudadano ideal, propia del capitalismo, que ya se había posicionado como tendencia dominante en el planeta, se elimina del imaginario social con la introducción del ciudadano católico. Según García Moreno, “al negar los fundamentos religiosos del Estado y al atomizar la sociedad en individuos inmersos cada cual en sus

63 García Moreno, “Mensaje a la Convención de 1869”, op. cit., pp. 317-318. 64 Ibíd.

intereses propios, el liberalismo debilitaba las fuerzas centrípetas de una Nación en gestación y la exponía a la anarquía”65. DIOS, REPÚBLICA Y PRESIDENTE En una República católica la autoridad suprema es la divina, representada en la Tierra por el Papa, declarado en 1870 como “infalible”, y cuya autoridad ha sido delegada, con la sabiduría de la providencia, a los obispos. Si bien el liberalismo de los independentistas y los fundadores de la Patria mantenía el reconocimiento de una deidad que les inspiraba, lo que siempre quedó plasmado en los prólogos constitucionales, esa voluntad suprema se realizaba a través del nivel de perfección de las leyes, que debían ser asumidas por los ciudadanos. Con el Concordato, la voluntad divina se realizaría a través de la acción evangelizadora y castigadora de los obispos y, en última instancia, del Papa. En la Constitución del 69, esto queda expuesto en el artículo 7, donde se indica que el primer deber de los ecuatorianos es “respetar la religión del Estado y las autoridades”. Es significativo que, por prelación, se ponga en tercer lugar el deber de “obedecer las leyes, servir y defender a la Patria”. Pero, la identificación de la autoridad extraterrenal solo adquiere plena efectividad política en la personificación de la terrenal. García Moreno lo comprendió muy bien al llevar a término el fortalecimiento de la figura del presidente, en cuyo favor había caminado ya el republicanismo en todo el mundo, y había generado una experiencia legislativa que republicanizó las posiciones autoritarias. Walter Benjamin afirmaba que el poder ejecutivo constituía un resto del Estado monárquico incrustado en el republicano. Así, la alianza de las dos autoridades estatales se manifestó pública y doctrinariamente dentro de los templos, al disponer por ley que “después de los divinos oficios, en todas las iglesias de la República del Ecuador, se dirá la siguiente oración: “Señor, salva a la República. Señor, salva al Presidente” (Art. 21). En su Mensaje a la Convención de 1863, García Moreno afirmaba que “la personalidad de la Nación se encuentra únicamente representada por el Gobierno en sus relaciones con otras potencias, según el derecho común de las naciones”66. Si bien esta facultad del Ejecutivo, de ser el representante de la Nación ante los demás Estados, se cumple desde las monarquías, en el ámbito interno se establece un conflicto con la división de poderes, cuyo propósito fue 65 García Moreno, op. cit., p. 386. 66 García Moreno, “Mensaje a la Convención de 1863”, op. cit., p. 269.

el de impedir su concentración en uno solo. El equilibrio que surge de la repartición de poderes significó que la función de generador de leyes fuera privativa del Congreso; la de ejecutor de esas leyes, del Ejecutivo; y la de juzgamiento, atribución de los jueces. Pero el Presidente, al ser considerado como el más alto magistrado, ha tenido siempre una relación de tutela sobre la justicia, que fue fortalecida con García Moreno. Por otra parte, la “iniciativa” legislativa era compartida con el Gobierno y, en ocasiones, con las cortes de justicia. Sin embargo, la aprobación de leyes, es decir, la legislación, siempre fue una atribución parlamentaria. El parlamento no debe ser entendido como una entidad homogénea, sino como la instancia en la que se expresa la síntesis de las diferencias emanadas del pueblo. Por ello, la tendencia democrática y antimonárquica de la República, en su momento de fundación, ubicaba en el Congreso la representación del pueblo y, por tal motivo, este organismo era el que designaba al Presidente o lo posesionaba. El presidente era un símbolo del orden y la unidad nacional, por lo que su poder se ligaba sobre todo a la fuerza coactiva-administrativa del Estado y no a la representación política. El Poder Ejecutivo debía velar por el cumplimiento de las leyes valiéndose del ejército y del aparato burocrático, que buscaban homogenizar a los miembros de la Nación, al subrayar su condición de súbditos del orden y al privilegiar la unidad de la República por sobre las diferencias locales, culturales o de partido. Pero los roles de las instituciones políticas republicanas y el carácter de su representatividad sufrieron un trastoque en la Carta Negra del 69, cuando se determinó que el Presidente sería elegido por voto secreto y directo de los ciudadanos en ejercicio (Art. 54). Con el sufragio, se deja fuera de la relación mandatario-pueblo a los representantes populares reunidos en el Congreso, con lo que la unicidad y legitimidad del poder se realiza en la figura del presidente de la República. El presidencialismo se convierte de vestigio del despotismo monárquico en figura de la promisoria democracia. El presidencialismo, en su expresión más concentrada, es hijo legítimo del Estado católico garciano. Otro impulso al presidencialismo fue dado por el aumento del período de gobierno a seis años y por la reelección inmediata (Art. 56), lo que también rompe con la tradición de los primeros años de República. Pese a que García Moreno sabía que uno de los retos de las repúblicas era “evitar que los presidentes se adueñen poco a poco de las facultades legislativas y se concentren los poderes en una sola mano”67, su acción política llevó al fortalecimiento del cau67 García Moreno, “Mensaje al Congreso de 1863”, op. cit., p. 269.

dillismo en la escena política, en detrimento de la consolidación de las instituciones democrático-representativas. Así, García Moreno requirió enérgicamente a la Constitución del 69 la ampliación de las atribuciones del Ejecutivo, en nombre del fortalecimiento del Gobierno: “La verdad y la experiencia han puesto fuera de duda que un gobierno débil es insuficiente en nuestras agitadas Repúblicas, para preservar el orden contra los que medran en los trastornos políticos”68. A pesar del desvarío democrático, el ejercicio electoral general fue pospuesto en el 69, y se optó por el atajo parlamentario, puesto que “por esta vez” se dejó en manos del Congreso, la elección del Presidente. No obstante, el ímpetu democrático fue experimentado en el plebiscito al que fue sometida la Constitución; los resultados, por supuesto, favorecieron ampliamente al régimen garciano. La seguridad en la victoria era tal que no le preocupaba la conveniencia o no de la medida, lo único que importaba era cerciorarse que la tradición jurídica admita el plebiscito, para que en el futuro no se objete la Constitución. Con García Moreno, el sistema político echó mano por primera vez del plebiscito, en tanto institución que posibilita el ejercicio directo de la ciudadanía, y dentro del juego político, el régimen la ponía como un ejemplo a ser seguido por otras repúblicas69. El andarivel de democracia directa para la ratificación del orden iba tomando forma como fórmula de gobernabilidad. EL PODER ARMADO Pero un elemento acompañó la visión y la práctica gubernamental de la época garciana: la presencia de la fuerza militar. “Para evitar que se derrame sangre, es preciso que se arme al poder”, decía García Moreno en la Convención Nacional del 6970, cuando se debatía la atribución del Presidente para imponer los estados de sitio en contra de la anarquía. La conducción armada del orden fue una práctica decisiva en la carrera política del líder conservador. “Existe en las Repúblicas hispanoamericanas un fermento o una tendencia a los trastornos políticos; tenemos por desgracia ciertos hombres, a quienes debe llamarse especuladores revolucionarios por el propósito de hacer fortuna en las revoluciones, y es indispensable contenerlos al temor del castigo”71. Y, para su contención, 68 García Moreno, op. cit., p. 318. 69 García Moreno, “En la convención de 1869”, op. cit., pp. 104-105. 70 García Moreno, “Mensaje a la Convención de 1869”, op. cit., p. 103. 71 García Moreno, “Debate constitución de 1863”, op. cit., p. 103.

se solicitaba la asignación de facultades especiales para el Presidente, a fin de poder declarar el Estado de Sitio en situaciones de trastorno, cuando se ha hecho evidente “la insuficiencia” de las leyes comunes. Y una de las afectadas con el estado de guerra, era la libertad de prensa, a la que el régimen puso límites durante su gestión. “La imprenta demagógica, desenfrenada como nunca, insultando la religión y el pudor, concitaba las pasiones revolucionarias y predicaba la anarquía”72. LA TECNOCRACIA APUNTALA LA UNIDAD Durante la época garciana, la apertura hacia la profesionalización y tecnificación del ejército fue una actitud que se generalizó hacia el conjunto del personal del aparato del Estado. La apertura hacia la ciencia y la tecnología le llevó al rectorado de la Universidad Central en 1857. Años antes, estudió Química en Francia. La opción por la educación lo llevó a la creación de escuelas en parroquias, la apertura de la educación a las mujeres, la creación de la Escuela Politécnica y la Escuela de Bellas Artes, la construcción del observatorio astronómico, la creación de un nuevo colegio militar. Además, realizó el primer censo nacional, con lo que se tuvo una base técnica fundamental para conocer la realidad del país, “todo lo cual raya en increíble a los que conocieron el atraso y pobreza del país y no saben lo fecunda que es la confianza en la Bondad Divina” 73. Por lo demás, estos resultados, fueron obra del orden y la paz que trajo el régimen. El racionalismo garciano se evidenció en la adopción de ciertas técnicas para lograr eficiencia en el manejo administrativo, que estuvo relacionado de manera especial con la recaudación impositiva, uno de los instrumentos de sostenimiento del Estado, con miras a su difusión en el cuerpo social. Para ello, al inicio de los sesentas, se implementó un sistema central de contabilidad para observar el verdadero rendimiento de las rentas y controlar los fraudes 74. Con la tecnificación de la gestión pública y con la implementación del orden a base de la autoridad, se afianzaba también la gestión del Estado en el plano económico. Lo único que dejó pendiente el garcianismo fue la negociación de la deuda de la Independencia y esto se dio en vista del rechazo del Gobierno al “convenio inicuo, fraudulento y abrumador de 1854”, el mismo que, 72 García Moreno, “Mensaje a Convención de 1869”. op. cit., p. 314. 73 García Moreno, op. cit., p. 361. 74 García Moreno, op. cit., p. 366.

como se recordará, provocó el fin del urvinismo. Esta crítica, además, se extiende al capital internacional. “En la situación presente de casi todas las Repúblicas americanas, no hay esperanza de contratar, sino sobre las basas ruinosas que solo un usurero puede proponer y que solo podrían aceptar la mala fe o la demencia”75. Estas circunstancias llevaron a que se deje en suspenso el ferrocarril hasta que la “protección divina” y “la más severa economía nos suministren los medios”. Sin embargo, se impulsó la construcción de caminos en Guayas, Manabí, Imbabura, Loja y Azuay. Un elemento que afianzó la penetración del Estado católico en el territorio, tanto a nivel administrativo como normativo, fue el inicio de la colonización de la provincia del Oriente, que evocaba la llegada de los españoles a América. “A la Iglesia se le debe también la reducción a la vida cristiana y civilizada de más de nueve mil salvajes de la provincia de Oriente, donde urge, por su extensión vastísima, la fundación de un segundo Vicariato…”76. El problema étnico también se presentó en 1872, en Riobamba, cuando la paz se vio interrumpida “pocos días” por el “alzamiento parcial de la raza indígena contra la blanca”. Un concepto clave en el pensamiento de García Moreno fue el de ‘pueblo cristiano’, un concepto amplio y abierto que incluía a las clases subalternas y hasta a los indios ladinizados. Pero tuvo sus límites, puesto que en él no cabía la visión del mundo indígena. Gracias a la evangelización y la instrucción primaria, García Moreno tenía la esperanza de incorporar ese mundo algún día a una comunidad nacional occidentalizada77.

La República católica es una forma de soberanía política del Ecuador o una forma ideológica originada en lo nacional, en la que las prioridades locales se van subordinando al centro. En ese sentido, se rompió con las ideologías o valores unificadores originados en la dominación colonial, y se trató de buscar recursos culturales en la experiencia histórica ecuatoriana, que permitieran una reforma desde adentro. “De este modo surgiría una verdadera identidad ecuatoriana, hecha en casa y libre de complejos de inferioridad”78. La República católica marcó una época en la que se suspendía a los ciudadanos libres el derecho de reivindicar el interés nacional, pues en adelante este 75 García Moreno, op. cit., p. 361. 76 García Moreno, op. cit., p. 363. 77 Maiguashca, El proceso de integración, op. cit., pp. 388-389. 78 Maiguashca, op. cit., p. 387.

estaría representado e instrumentalizado desde el Estado, sea mediante la visibilidad represiva de dictadores, alcaldes, jueces, ejércitos, burócratas y curas, o a través de la ilusión de democracia directa y del sometimiento ideológico desde la escuela y la Iglesia, convertidas en obligatorias. Este fue el resultado del ideal de “modernidad católica” impulsada por el Gobierno garciano, donde la resistencia política era una traición y la obediencia una virtud cívica. Esta exhibición de la dominación, percibida como autoritarismo, fue lo que provocó su final. Sin embargo, en este período se dieron pasos importantes en la “ecuatorianización de la República” 79. Es preciso señalar que el período garciano significó un avance decisivo en la consolidación del Estado y la Nación ecuatorianos, pero, al igual que otros períodos que supusieron avances significativos, esto solo fue posible al precio de mantener en suspenso la utopía republicana. El Estado católico sacrificó la República al concentrar la función de dominación en la instancia burocrática adscrita al poder central del Estado, dejando a la Iglesia, como única instancia relativamente autónoma, la tarea de mediación con los de abajo. El ciudadano católico fue el hijo de esta alianza, que dejó sin eco el sueño de Mejía: “(…) incurriendo en la piadosa impiedad de enmendar el sublime plan que se propuso Dios en la creación del hombre, quieren que el hombre no sea libre para que pueda ser santo”80.

IV. LA REPÚBLICA SOCIAL (siglos XIX y XX) LA REVOLUCIÓN LIBERAL Y EL CIUDADANO DEVOTO Las bases jurídicas y el aparato del Estado católico perduraron por dos décadas más. El primer intento de retorno del liberalismo se dio con el general Juan Ignacio Veintimilla, que luego se acercaría a las tesis conservadoras. Posteriormente, los liberales católicos se unificaron bajo la bandera del progresismo, y proclamaron una tercera vía, ecléctica y supuestamente apolítica, sustentada en la tecnocracia estatal que había germinado en el garcianismo, y que ponía el acento en las obras y no en la confrontación partidista. La era progresista se 79 Maiguashca, op. cit., p. 390. 80 Mejía Lequerica, op. cit., p. 283.

inauguró con una fuerte movilización popular y militar que buscó la “restauración de la República”, en peligro ante los afanes perpetuadores de Veintimilla, lo que se tradujo en una ampliación de la democracia, al eliminar, en la Constitución de 1884, los requisitos económicos para ser candidato a dignidad de elección popular. Al final, la presión de los liberales y la falta de acuerdo entre conservadores restaron piso al progresismo como tercera vía. El 5 de junio de 1895 se proclamó en Guayaquil la jefatura suprema de Alfaro y se inició la Revolución Liberal-radical. El protagonismo político del clero se expresó en la declaratoria de “guerra religiosa” de parte de varios obispos opuestos al Gobierno alfarista. Sin embargo, esta actitud justificó y facilitó, luego de sucesivas derrotas de los ejércitos católico-conservadores, la concreción de la secularización del sistema político —incluido Estado y partidos—, lo que se consiguió con la prohibición pontificia de que los sacerdotes se integraran al partidismo. La secularización de la política fue parte de la separación de roles del Estado y de la Iglesia, uno de los componentes fundamentales de la Revolución Liberal, que para José Peralta —principal ideólogo del liberalismo-radical y protagonista en la definición del nuevo estatus de la Iglesia en el Gobierno de Alfaro— también demandaba una apertura hacia la tolerancia religiosa. “El legislador no es teólogo, sino político; no es corifeo de una secta, sino regulador de todas las creencias” 81. La tolerancia significaba el sometimiento de la Iglesia al Estado, su inclusión en el sistema pero bajo las reglas del liberalismo; es decir, al apelar al principio de la libertad de conciencia la Iglesia aceptaba las reglas de juego impuestas por el liberalismo. Esto se logró con la Ley de Patronato, que llevó la relación entre las dos instancias a tiempos anteriores a García Moreno. Por ello, en la constitución de 1896 se reconoce que “la religión del Ecuador es la católica, apostólica, romana, con exclusión de todo culto contrario a la moral” (Art. 12). Pero, a continuación, se establece que “el Estado respeta las creencias religiosas de los habitantes del Ecuador”. Esto implicaba la aprobación de la libertad de cultos. Estas reformas son parte de la delicada cirugía que llevó a la superación de la República católica, que se fundamentaba en 400 años de civilización cristiana, que, sin embargo, no era posible dejar fuera del nuevo orden. Así, Peralta, al invocar el espíritu general del pueblo, afirmaba: 81 Peralta, José, La cuestión religiosa y el poder público en Ecuador, tomado de: Pensamiento filosófico y político, Banco Central del Ecuador, Corporación Editora Nacional, p. 110.

¿Podríamos hacer abstracción de la fe de los ecuatorianos, hallándose la mayoría de nuestros compatriotas tan íntimamente ligados al catolicismo, como lo estaban los españoles de los tiempos medioevales? (…) El legislador tiene que tomar en cuenta el credo religioso del pueblo, para evitar que los códigos se hallen en pugna con el sentimiento nacional”82.

Por ello, la separación absoluta de la Iglesia y del Estado, “científica y verdaderamente hablando, no existe; puesto que la autoridad espiritual no goza de autonomía ninguna”83. La política en lugar de cuestionar el sentimiento religioso debe “dirigirlo”. El liberalismo revolucionario, que se organizaba desde el Estado y que se aprestaba a restablecer el orden, reduce su relación con la realidad a la de un simple reconocimiento: “como un hecho existente, sostenido por la opinión religiosa y, por lo mismo, inamovible por ahora”84. Así, la Revolución Liberal que impulsó el laicismo, si bien acababa con la idea del Estado católico, prefiguraba un ciudadano originario del nuevo tiempo: el ciudadano-devoto, que se impone de facto, como un dato cierto en la ecuación republicana. Este será el sujeto del capital, el portador de la soberanía a través del voto, el que inmola el interés propio por el de los semejantes, el que espera siempre la redención celestial secularizada. La cuestión religiosa quedará sellada con el silencio de la Carta Magna de 1906 sobre el tema religioso, con lo cual se institucionaliza el Estado laico. En 1908, con la Ley de Beneficencia, se confiscaron parte de los latifundios eclesiales, con cuya explotación el Estado financiaría hospitales y orfanatos. La radical medida, que se inspiraba en la lucha anticolonial, también buscaba minar el poder económico de la Iglesia, que servía de base material para las campañas de guerra religiosa. Pero el liberalismo usó entonces el nuevo patrimonio público como fuente de extensión política, puesto que designó a terratenientes liberales como administradores, los mismos que fueron su punta de lanza en la región Interandina ecuatoriana. Este fue el sustento de la alianza, encabezada por Leonidas Plaza, que unió a sectores plutocráticos, relacionados con la agroexportación, la banca y latifundistas serranos, que conduciría al Estado en el siguiente período de la República. El liberalismo revolucionario, con la ley de registro civil, intervino en el nacimiento y la muerte, así como el matrimonio; espacios reclamados para la 82 Peralta, op. cit., p. 76-77. 83 Peralta, op. cit., p. 106. 84 Ibíd.

intimidad religiosa, puntos nodales donde se establece y ratifica el pacto de Dios y su Iglesia con los hombres. De esa manera, los momentos sublimes de encuentro del hombre con el todo y con la nada, los del principio y fin, donde se juntan este y el otro mundo, y la especulación de teólogos, filósofos y poetas encuentran una fuente inagotable, fueron reducidos a trámites burocráticos, que se amontonan en los archivos de una oficina pública. Se asiste entonces a la invasión de lo privado por lo público. No obstante, a pesar de que las instituciones civiles se abrieron paso a fuerza de ley, la secularización de la vida social y privada no pasaría de ser una pretensión común del liberalismo, una afirmación más en la utopía. ¿CONCIERTOS, JORNALEROS, OBREROS? LOS PRIMEROS PASOS DE LA REFORMA SOCIAL La reforma social se presentó a la Revolución Alfarista como consecuencia de su dinámica subversiva-inclusiva, que requirió del enrolamiento de indios en el ejército alfarista y, posteriormente, en el regular. En respuesta, la Constitución de 1897 adoptó una política de protección a los indígenas (Art. 138), reeditando la idea de Bolívar, la misma que prefigura la intervención del Estado benefactor para equilibrar las exclusiones. Peralta, en la Constituyente de 1896, invitó a los indios al “banquete de la civilización” como una estrategia de indemnización por la usurpación de los territorios85. En la Constitución de 1907, el criterio se orientó a “impedir los abusos del concertaje” (Art. 128). Pero la protección —que se mantuvo hasta los años cincuenta como política de Estado— se delegó a la Policía Nacional, y se convirtió en una estrategia para vigilar la transición de los indios conciertos a trabajadores asalariados86. “Los conciertos, ante los ojos de Alfaro, eran esclavos furtivos que amenazaban la paz pública y estaban esperando un líder para luchar por su libertad”87. Por lo demás, la hacienda desempeñaba funciones de mediación y de integración, con el propósito de disciplinar a los indios; medios con los que aún no contaba el Estado. La complejidad de la regulación o eliminación del concertaje se deshilvanó en el debate legal que abarcaba los temas racial, obrero y campesino. Todos 85 Mercedes Prieto, Liberalismo y temor: imaginando los sujetos indígenas en el Ecuador postcolonial, 1895-1950, AbyaYala/FLACSO, 2004, p. 45. 86 Prieto, op. cit., p. 38. 87 Prieto, op. cit., p. 47.

ellos se encontraban yuxtapuestos a lo indígena. Los conciertos eran la principal fuente de mano de obra nacional, que penetraba lo urbano y era separado del jornalero costeño, por la línea imaginaria del racismo. Sin embargo, el concertaje influía negativamente en el objetivo de lograr la unidad nacional, al no permitir un despliegue del capital hacia los de abajo, y propiciar la producción de consumidores. De allí que Peralta, en el ensayo El problema obrero, pasa revista a lo indígena y a lo agrícola y expone una idea de reforma social o un socialismo liberal que aboga por la redistribución de la propiedad y prefigura una sociedad ideal pequeño-burguesa, en la cual el capital se democratiza. La equitativa repartición de los medios de vida, es el más hermoso ideal del socialismo; y por tanto, la ventura del pueblo ecuatoriano no puede consistir jamás en la abolición de la propiedad, sino en tender a dividirla, a fin de hacer que todos, o siquiera el mayor número posible llegue a ser propietario88.

El tema de la multiplicación de propietarios como acción política del Estado tendría su aplicación no tanto en la industria o comercio, sino en el campo. La tierra es para todos los hombres; y el latifundio –cuando no se destina a grandes empresas que dan trabajo y pan a muchos braceros– es atentado contra la naturaleza y un estancamiento de la riqueza pública. Mantener improductivas y estériles inmensas extensiones territoriales, que podrían ser otras tantas fuentes de abundancia es un crimen de lesa humanidad; y las leyes deben impedir tan enormes perjuicios sociales, colocando esas tierras inexplotadas, en manos de trabajadores activos e interesados en el aumento de la riqueza privada y pública89.

Peralta perfila la reforma agraria que se implementaría décadas después al abogar porque las tierras confiscadas al clero fueran vendidas a pequeños propietarios, lo que sería una justa retribución ante el despojo colonial, pues: “la

88 José Peralta, “El problema obrero”, en José Peralta: Pensamiento filosófico y político. Banco Central del Ecuador/Corporación Editora Nacional, 1988, p. 409. 89 Peralta, op. cit., p. 411.

infantil credulidad del pueblo fue la que antaño cambió los bienes terrestres por las promesas de bienaventuranza eterna que el monaquismo prodigaba a los fieles”90. En cuanto a la industria manufacturera, que daba sus primeros pasos en el país, el “socialismo liberal” propone no afectar la propiedad, pues esto, a la postre, sería la “muerte del trabajo”. Se propone, más bien, realizar un pacto clasista: “una como asociación del trabajo y el capital; pero sin atentar a las industrias, sino antes bien, fomentándolas y vigorizándolas para aumentar la producción y la ganancia, en beneficio del trabajador y del capitalista”91. La reforma social implica la subordinación definitiva del trabajo al capital. Así, en El problema obrero, Peralta delinea la utopía “socialista liberal” en la que se despliega un capitalismo racional, cuya característica fundamental es el salto de la extracción de plusvalor absoluto, a plusvalor relativo, que retribuye con justicia la mano de obra e incrementa su potencial transformador con la educación y la tecnología. Sin embargo, el indio, “nuestro paria”92, “que no conoce el placer del espíritu ni las elevadas expansiones del corazón”93, principal fuente de generación de riqueza nacional, estaría, por el momento, fuera de la utopía, pues para su incorporación se requerirá de una “complicada y larga” regeneración. Al final, el período revolucionario no procedió a la regulación radical del trabajo, que habría suprimido el concertaje. En su lugar, optó por la eliminación de la prisión por deudas (1918) que, si bien era una forma coactiva y disciplinante del Estado, correspondió a una medida universal del liberalismo, que recupera el espíritu del riesgo y la competencia en la economía, al distinguir al insolvente del delincuente. En el debate liberal se reconoció que el concertaje era una forma de “prestación de servicios laborales”. Por ello, al concierto, luego de la eliminación del apremio personal, le sucedió el huasipunguero. LA ERA DE LA REFORMA SOCIAL Y LA DEMOCRACIA El siglo XX post revolucionario marca el paso del país rural al país urbano; de campesinos conciertos y grandes terratenientes hacia asalariados y empleadores, públicos y privados, seculares y seglares; un camino intrínseco al triunfo del 90 Ibíd. 91 Peralta, op. cit., p. 410. 92 Peralta, op. cit., p. 413. 93 Peralta, op. cit., p. 407.

capital, que reclama al “burgo” como su escenario natural. En adelante, se mira hacia adentro bajo la influencia de una fuerza nacional centrípeta, que se abrió paso durante décadas, en competencia política con una fuerza centrífuga, que hasta ahora había determinado el desarrollo y había tenido la mirada puesta hacia afuera, hacia los grandes centros económicos que gobernaban el mundo. El proceso hacia dentro, también está signado por la reforma social y la “democracia”, que se despliega durante todo el siglo94. El capital va conquistando espacios en el Ecuador de la mano del Estado, al ritmo de la resistencia terrateniente, la parsimonia de la cultura rural hacendaria y la ausencia de una burguesía con vocación industrial. Pero, la vía libre hacia el capital y el progreso conoció también dificultades generadas en sus mismas entrañas, cuando las “imperfecciones” del laissez-faire se hicieron evidentes; primero, en la caída del precio del cacao por la sobreoferta durante la Primera Guerra Mundial; luego, con la inflación ante la falta de oro y la emisión monetaria inorgánica de los bancos privados autorizada por el Gobierno, que inundó al país con billetes. La crisis de este período mostró que, al mantener el control del flujo monetario y la depreciación de la moneda, se salvaguardaban las ganancias de la oligarquía agroexportadora, cuando se contrae la demanda en el mercado mundial. Esto llevó a la institucionalización de la especulación monetaria, convertida en política económica de los gobiernos hasta fines del siglo XX. Con la dolarización, la pérdida de soberanía sobre el manejo de la moneda implicó que lo cambiario dejara de ser espacio de conflicto entre las fuerzas centrípetas y las centrífugas, que se disputan la renta nacional. Las crisis del modelo agroexportador destruyó las aspiraciones de inclusión social alentadas durante la bonanza cacaotera, desde fines del siglo XIX y durante las dos primeras décadas del siglo XX. La depresión y el déficit de la balanza comercial se mantuvieron hasta 1940 e implicaron quiebras de bancos y otros negocios. Con la protesta obrero-artesanal de Guayaquil, que fue reprimida de manera sangrienta por el Gobierno, se selló la separación de las clases populares respecto a la élite liberal que conducía el Estado y que, durante el placismo y los regímenes plutocráticos, demostró que no estaba dispuesta a avanzar en la “reforma social”. No obstante, la utopía igualitaria renació nuevamente en las calles, y tomó la posta a la “libertad”, divisa de la Revolución Liberal. En 1925, oficiales jóvenes del ejército retomaron las aspiraciones de las masas populares y se hicieron del poder, bajo el discurso de “la protección 94 Maiguashca, Juan, La cuestión regional en la historia ecuatoriana. Nueva Historia del Ecuador. Ensayos generales, vol. 12, Corporación Editora Nacional, 1992, pp. 200-201.

del hombre proletario”. La categoría en realidad involucraba a los asalariados, fundamentalmente militares y burócratas, los que habían formalizado tempranamente la relación con el patrono, en este caso, el Estado. El julianismo encontró, con Isidro Ayora, la vía del orden, bajo la figura de la regulación estatal del capitalismo. Bajo el auspicio de la escuela monetarista estadounidense, en 1927, se creó el Banco Central del Ecuador, entidad encargada de la emisión monetaria; con ello, esta función pasó a manos del Estado que ejerció su autoridad sobre la banca. Así, el papel regulador del Estado se fortaleció al controlar el tipo de cambio. Esto implicaba extender la economía especulativa por todos los confines donde circularía el sucre, por medio de procesos inflacionarios regulados (“aceptables” o definitivamente ruinosos), con los que los consumidores pagarían más por los mismos bienes y servicios y cobrarían menos por el mismo trabajo. De esta manera, se aseguró una fuente “nacional” de ahorro, a costa de la masa trabajadora. Con la moneda estatal única, el mercado se hace cuantificable y el Estado, a base de diversas medidas económicas, logra incidir en la demanda, en el consumo de la Nación. La idea del mercado nacional se concretó gracias al sucre y se demostró la gran influencia del Estado como agente de la política del capital. La puesta a tono de los sistemas monetarios nacionales, bajo principios técnicos de carácter universal, expresaba la necesidad de regular los flujos monetarios entre los países —que reconocían como “dinero mundial” al oro y como “divisa” a las monedas que tenían dicho respaldo—, ante la creciente mundialización del capital, que entraba en su fase imperialista. La regulación de la relación obrero patronal se dio mediante la creación de leyes de protección del trabajo, jornada y labores de mujeres y menores, la Inspectoría del Trabajo y el Ministerio correspondiente. Se creó una caja de pensiones y el Banco Hipotecario para el crédito industrial. Con Ayora, la modernización capitalista también mejoró la recaudación de impuestos y creció la burocracia. Sin embargo, los primeros pasos de la regulación estatal, inspirados en la moderna técnica económica, se mostraron impotentes ante la compleja situación mundial generada por el capitalismo salvaje. El socialismo aparece entonces como una fórmula para la remediación política del capital, en el que se recogían las ideas de reforma social aplazadas o ignoradas por el liberalismo, que buscaban la subsistencia de la fuerza de trabajo, en los límites del capital. Para el socialismo, el Estado debe “armonizar los derechos de todos”. Así, su primer principio fue “la superioridad del bienestar colectivo sobre el bienestar individual”. El aliento de lo social-público in-

voca la necesidad de reconocer la demanda como una estrategia política que asegure la subsistencia del capital frente al empuje de los sectores obreros. El llamado reparto económico se explica no como un altruismo del capital, sino como una respuesta frente a la osadía de los nuevos sectores subalternos. De modo que es la relación capital-trabajo, mediante la figura del servicio al “interés público”, lo que da forma al capitalismo de Estado. El voto femenino, en 1929, fue una de las importantes conquistas sociales, que se estableció en la Constitución juliana. El camino de la inclusión de la mujer había arrancado con el acceso a la instrucción pública y continuó con nombramientos para cargos burocráticos. La tendencia socialista se expresó con el general Alberto Enríquez Gallo. Por otro lado, bajo su mandato, se aprobó, en 1938, el Código del Trabajo y la Ley de Comunas, en la que se reconocía los derechos de las comunidades indígenas a sus territorios. Bajo el proteccionismo arancelario en los años treinta y cuarenta, mejoraron las industrias textil, de alimentos, farmacéutica y de materiales de construcción. Sin embargo, la dinámica de inserción en la economía-mundo fue violentada en 1941, cuando Perú invadió territorio ecuatoriano. Luego de la guerra, vino la derrota. La República, la Nación y el pueblo habían perdido. EL (DES)ENCUENTRO “La más dura verdad no es necesariamente camino para el pesimismo. Casi siempre es más bien sólida base para la construcción”. Así asumía Benjamín Carrión el trauma nacional provocado por la guerra con Perú, que cercenó la mitad del territorio ecuatoriano. Este político y escritor se ubicó a favor del proyecto republicano y este posicionamiento lo llevó a exaltar la Patria chica (o achicada), entendida como “voluntad de renacer”95. La derrota de la Nación lo llevó a cuestionar, para luego reafirmar, las raíces de lo ecuatoriano: Un espejismo inútil, muy fácil de rebatir, hemos creado al afirmar que el Ecuador, como república independiente, nació por la fuerza de un imperativo histórico indeclinable. Ni de un imperativo geográfico. Menos aún de un imperativo económico96.

95 Carrión, Benjamín, “Sobre nuestra obligación suprema: “volver a tener Patria”, en Cartas al Ecuador, Biblioteca del Banco Central, 1988, p. 165. 96 Carrión, “Sobre el clima nacional: afirmación orgullosa de nuestro tropicalismo”, op. cit., p. 65.

En su tarea de reconstrucción espiritual, Carrión es generoso y no desecha ninguna fuente, sino que incluye todo lo que nutre la ecuatorianidad, “fijadora” de linderos nacionales, espirituales y políticos. Esta empresa, que habría sido anunciada por Rocafuerte, solo comienza a perfilarse con García Moreno, “se desnaturalizó con Veintemilla y se exaltó, a veces desorientadamente, pero siempre en avance, con Alfaro”. Justamente el episodio bélico permitió a Carrión constatar que el Ecuador “es un país que se busca, que no se encuentra aún”, que está en la víspera de la organización constitucional y vital que corresponde a una etapa madura de la Patria, pues “la hora ha llegado”97. El optimismo carrionista se debía al fervor patriótico que el pueblo mostró durante la guerra con Perú y al apoteósico triunfo de “La Gloriosa”, revolución que, en mayo de 1944, desalojó a Arroyo del Río del poder. La unidad revolucionaria se concretó en la Alianza Democrática Ecuatoriana: frente amplio de restauración de la alternabilidad democrática, que reunió a conservadores, liberales, socialistas, comunistas e independientes. El liderazgo, dada su no filiación partidista, recayó en Velasco Ibarra. Sin embargo, la amplia alianza se desvaneció. El gamonalismo, expresión de la hegemonía del poder terrateniente serrano y costeño y de la banca, se mantuvo con Galo Plaza, Velasco Ibarra y Camilo Ponce, en una época de estabilidad que tenía como telón de fondo el boom bananero y la modernización económica y política. Con Plaza, se hizo evidente la relación de dependencia y dominación que suponía la hegemonía hemisférica de Estados Unidos, la misma que se realizaba mediante el control sobre los organismos multilaterales que iban tomando forma, en correspondencia con el nuevo orden hegemónico constituido en la segunda posguerra: el estadounidense. En buena medida, esta estabilidad es también resultado del aprendizaje político de la Nación, que en La Gloriosa tomó conciencia del poder que habían adquirido la masa y de la necesidad política de encauzarlas en dirección del orden. La etapa de modernización del capitalismo demandó una mayor eficiencia del Estado, la misma que debía hacer frente al intríngulis burocrático y requería, para abrirse paso, del fortalecimiento del presidencialismo. Este requerimiento tenía que ver no tanto con el ejercicio de la represión, sino con el de los decretos y leyes amparados en la emergencia económica, que convirtió al economicismo en política de Estado. Para Carrión, la ampliación de las atribuciones del Ejecutivo significó ir sobre las atribuciones de la Legislatura, puesto que el gobierno debe “ejecutar y obedecer las disposiciones del primer poder del Estado”98. Esta realidad lo llevó a decir 97 Carrión, op. cit., pp. 130-131. 98 Carrión, “Sobre el viejo proyecto de “volver a tener Patria”, op. cit., p. 180.

quince años después del formidable evento revolucionario que “la Nación no está en marcha”. “La verdad, la triste verdad, es que, en realidad, es un país congelado”. Carrión subraya acertadamente que la cualidad del Ejecutivo es la obediencia, pues su función radica en la ejecución. Esta afirmación remite a Kant en su texto: ¿Qué es la ilustración?, en donde el filósofo alemán relaciona la instancia burocrática con la obediencia. En el Ecuador se habría producido, según Carrión, un trastocamiento de las funciones del Estado, pues el Legislativo se convirtió en la instancia que debe guardar obediencia. Esto marca el fin definitivo de la República democrática. HACIA EL CONTROL DE LAS MASAS Y DEL CONSUMO “Me compadezco de las turbas”99, escribía Velasco Ibarra, después de cuatro años de retiro en Argentina, luego del ejercicio de dos períodos presidenciales (1934-35 y 1944-47), en los que, irónicamente, demostró las virtudes y defectos de la relación inmediata del político con “el populacho”. ¿Frívola reflexión? ¿Desengaño? El cavilar velasquista es profundo. “Es terrible el problema de las multitudes (…). Es un problema sobre todo contemporáneo, creado por la democracia y por la técnica”100. Velasco había visto cómo la utopía igualitarista se transmitía por radio y como la muchedumbre se movilizaba en automóvil; más ágil que la siempre pesada institucionalidad política y burocrática, la muchedumbre, de mano de la técnica, incidía con eficacia sobre la estructura política del Estado y sobre la configuración del espacio público. Este hecho fue visto por Velasco como un ejemplo claro de vulgarización de la política, pues conducía a una masificación de la cultura, que llevaba a una homogenización de la población hacia abajo. “La multitud es envidiosa, amargada, niveladora por lo bajo. Todo lo que es elegante, refinado cuenta con su aversión y tendencia destructora. Le gusta lo grosero, lo brusco, lo feo (…). A la muchedumbre le repugna la razón, la inteligencia. Su alimento es la vocinglería que traduce odio, cambios simplistas, trastorno brusco de valores, ruina de lo tradicional, exaltación de lo bajo”101. Pero también ubica el papel de los políticos. “Hoy es el tiempo de los oradores de multitudes”, a los que califica de charlatanes. 99 Velasco Ibarra, José María, “Me compadezco de las Turbas (1951)”, en Pensamiento Político, Banco Central del Ecuador/Corporación Editora Nacional, 1996, pp. 272-287. 100 Velasco, op. cit., p. 272. 101 Ibíd.

El problema era de dimensión mundial y amenazaba el ser nacional. Estados Unidos había llevado a límites extremos la prevalencia de “lo útil sobre lo delicado y distinguido (…) la masa sobre la calidad”, aunque estaba consciente de que aquellas eran masas ricas. Además, Velasco denuncia que los hábitos masificadores se imponen con la dominación norteamericana, que se extendía “más y más” sobre Sudamérica y el mundo occidental. Esta influencia ahuyentó las ideas bolivarianas del “poder moral” que conforma la Patria “y ha terminado por inclinar humildemente la frente al poder económico de los Estados Unidos”. Así miraba la dominación imperialista que, al difundir valores “occidentales”, abría un mercado para las empresas transnacionales, que unificaban patrones de consumo inspirados en el estilo de vida norteamericano. Las masas oscilan con la rapidez y exactitud que reclamaba la jornada laboral y el fordismo triunfante, que dividió el proceso del trabajo hasta el punto en que el aporte individual solo constituía un fragmento insignificante de lo social. En el contexto de la Guerra Fría y de la creciente masificación humana, la identidad era, para Velasco, un problema cada vez más complejo y técnico, puesto que involucraba las distintas actividades que el Estado había asumido: la organización del ejército, las alianzas internacionales, la economía, la educación técnica y moral, la salud y el seguro social. Temas que no estaban al alcance del entendimiento de las masas, pues “las masas necesitan ser gobernadas. No hay libertad donde imperan la anarquía y la ignorancia (…). Las masas y los obreros, en cuanto tales, carecen del derecho a gobernar (…). El gobierno tiene que ser de pocos en beneficio de todos”102. Esta reflexión lo llevó a buscar una identidad para la masa, para que no sean convertidas en un simple instrumento político. Pero, se trata de un sentido de la identidad distinto del atribuido por el marxismo al proletario —estrecho por la referencia a la condición económica intrascendente—, que no alude al espíritu, sino a la pobreza material. ¿Hay o no hay un espíritu, una latencia divina en el burdo, en el salvaje de los llanos, pampas y montañas sudamericanas, en el torpe y pernicioso obrero de la ciudad? (…) El cristianismo puede educar a las multitudes modernas y preparar los siglos futuros de más pronunciado acercamiento a la libertad, la igualdad y la fraternidad103.

102 Velasco, “Me compadezco de las turbas”, op. cit,. p. 279 103 Velasco, “Lo celeste como eficacia”, op. cit., p. 177.

Aquí, la eficiencia civilizadora corre a cuenta del cristianismo, pues el ser verdaderamente autónomo, sostiene Velasco, es el cristiano. De esta manera, Velasco llega a la raíz liberal católica de su concepción, que da continuidad a la idea del alma religiosa de la Patria, alrededor de la cual se reagrupó el Partido Conservador a fines de los años veinte104 y cuyo ascenso al poder, a través de Neptalí Bonifaz, fue frustrado con un golpe de Estado. Velasco, en su primera elección (1933), fue auspiciado por este partido y por independientes bonifacistas. El punto de inflexión de Velasco se da en su radicalidad anti institucional, que lo llevó a cuestionar la eficiencia del sistema político, en el que incluye a todos los partidos y a la misma Iglesia. De esta última afirma: “Es más de multitud que de Iglesia. Le interesa más arengar contra el comunismo que explicar sencillamente a los fieles el misterio cristiano”105. También se aleja de las tradicionales tesis conservadoras cuando exige la despolitización de la Iglesia, puesto que la política y el cristianismo van por caminos distintos. La política es la fuerza externa y el cristianismo la fuerza interna. “El cristianismo pule por dentro. La política regulariza por fuera”. El cristianismo se proyecta hacia lo eterno, la política es un andamiaje transitorio106. La idea de Estado que se impone con Velasco es la del caudillo que está en relación directa con las masas. Es decir, entre el Estado, representado por el caudillo, y las masas no debe existir instancia mediadora alguna, ya sea que se trate de los partidos, de la Iglesia o del mismo Congreso. Frente al extravío del Ecuador, Velasco apuesta por la revaloración del originario individualismo ilustrado, que irónicamente solo puede ser el resultado de la religiosidad y que ha venido a menos por el peso y la evidencia de lo social. Del marxismo, critica el hecho de haber vuelto anónimo al individuo, pues lo redujo a una simple expresión de lo económico, donde todo medio es lícito para obtener el bienestar: “la mentira, el cinismo, la traición”. Esto es un síntoma de la desmoralización nacional. El movimiento de transformación social, que llevaría a la creación de un hombre nuevo gracias al ejercicio y disciplina individual, permitiría, a su vez, la corrección de las instituciones públicas y privadas. Se confirma, entonces, la relación inmediata del líder iluminado, portador de la palabra redentora, con la masa, que requieren conducción y salvación. El 104 Jijón y Caamaño, Jacinto, “El alma religiosa de la Patria”, en Política conservadora, Banco Central del Ecuador/Corporación Editora Nacional,1988, p. 53. 105 Velasco, “Me compadezco de las turbas”, op cit., p. 276 106 Velasco, op. cit., p. 278.

líder populista se conecta de manera natural con la muchedumbre, sin necesidad de instituciones ni posturas ideológicas. Pero la misma popularidad, que menosprecia mediaciones, pierde al caudillo. Las multitudes solo se callan donde hay tiranía (…) Cuando Mussolini fue fuerte el populacho permaneció abyecto, sometido, adulador. Proclamó que el Duce no podía errar. Cuando se debilitó…, las multitudes renegaron de él; le dejaron caer y, luego le asesinaron y profanaron a su cadáver de innoble y cobarde manera. Es la eterna historia de todas las multitudes107.

LA DEMOCRACIA CORPORATIVA Y LA DEMOCRACIA DIRECTA La prédica populista solo sirvió para contener momentáneamente el avance social, para controlar la fuerza insurgente de las masas, pero, en el largo plazo, esta política resultó insostenible. De allí que Velasco solo logró terminar una de sus cinco administraciones. Pero, su permanencia en el poder muestra la fuerza creciente de la multitud, cuyo avance se iba materializando en el corporativismo, que fue incorporado en la estructura político institucional en la Constitución de 1929. Esta modalidad se mantuvo hasta inicios del siglo XXI y comprendió ámbitos como el de los derechos humanos, mujeres, ecologistas, campesinos, indígenas, homosexuales… Así, la laxitud tolerante ha ido extendiendo el cerco burocrático sobre el movimiento social. Con ello, el carácter ilusorio del igualitarismo legal se desmorona bajo el peso del control incluyente e institucionalizador, que involucró en el manejo de lo público a representantes de intereses corporativos y, con ello, la dinámica del movimiento social se subordinó a la del trámite burocrático. La movilidad social provocada por la guerra y por La Gloriosa había demostrado que la “canalla” debía ser integrada de manera eficiente al Estado y funcionalizada en beneficio del capital. El sufragio, entonces, se consolidó como el instrumento de inclusión en el ejercicio de la soberanía. La función electoral nació bajo la majestad de un tribunal independiente, con facultad de imponer el orden en el tiempo de la autoridad suspendida y de decretar la victoria. Un árbitro que, para convencer, debía dotarse de lo infalible: la técnica matemática. En el juego democrático, entró el cálculo que debía ponderar la soberanía e incorporar a las minorías a la vida nacional a base del cociente matemático. La búsqueda de mayorías matemáticas llevaría más tarde a la ins107 Velasco, op. cit., p. 273.

titucionalización de la segunda vuelta, como medida forzosa para “sumar” votos a favor de la autoridad presidencial y “restar” democracia con la eliminación de opciones. Con la eliminación de la condición de ser alfabeto para votar y con la institucionalización de la obligatoriedad del mismo, el retorno democrático consolidó, en la Constitución de 1979, la homogenización y la dominación por vía de inclusión. Con la primera se desechó el racismo oculto en las diversas constituciones y leyes, puesto que prácticamente todos los indígenas de comunidades eran analfabetos. Con la segunda, se proclamó la virtud civilizadora del sufragio; es decir, la política expresada como fuerza, como coerción hacia la unidad política de la Nación. Así, en el sufragio obligado, el ciudadano libre se convierte en súbdito obediente; al final, la legitimidad de la República nace de un acto que en su origen hurta la libertad. Al ciudadano-devoto le sucede el ciudadano-votante, devoto del orden democrático. EL RETORNO A LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO SOCIAL Luego de la implementación del programa desarrollista por parte de las juntas militares que gobernaron el país durante 1963 y 1967 y una vez concluida la revolución nacionalista encaminada por el régimen del General Rodríguez Lara, el retorno democrático estableció que solo los partidos políticos podrían presentar candidaturas. El monopolio partidista trataba de poner un freno al sistema personalista que había desnaturalizado la vida republicana, que se expresó bajo la forma del desde los años cincuenta y que aturdió la idea principista que exigía que las diferencias ideológicas supusieran canales democráticos de acceso al poder. Se trató, en definitiva, de una política de fuerza, encaminada a legitimar organizaciones elitistas, que no llegaron a concertar la voluntad nacional durante el siglo XIX y lo que iba del XX. Se configuraba la “partidocracia”. Entonces, el ejercicio especializado de la política cosificó a los partidos, pues sus conflictos no expresaban tensiones sociales, sino pugnas de intereses corporativizados. El partido era la antesala del poder político, pero en la medida en que el Estado tenía plena autonomía económica, la política fue el paso directo al poder económico o un instrumento del mismo, hecho que se tornó visible con las candidaturas de prominentes empresarios interesados en el manejo de la economía nacional. Por otra parte, el populismo no fue desechado por los partidos, fue, más bien, garantizado debido a la nueva clientela que se conquistó mediante la obligatoriedad del voto.

Con el voto obligatorio, la política echó mano de la técnica mediática, hecho que contribuyó a su estetización. Así, la técnica que construye la popularidad, el marketing, la publicidad, subordinó a la política, y la convirtió en extensión de la filosofía de mercado que comandaba la economía. Los electores eran los consumidores y el político-candidato debía conformarse a la demanda popular. El principio de equilibrio, entre la oferta y la demanda, se hizo extensivo a la política. Entonces, la posibilidad de acceso a los medios es lo que marcó la posibilidad del liderazgo. La política mediática devino en divertimento. El acceso a los medios es una batalla que se vislumbra espinosa en el siglo XXI, pues aquel es el espacio en el que se dirime la popularidad de la política. Así, el militante, rezago civilista del verticalismo militarista forjador de identidades, el soldado de la Patria, se mira inútil ante el aparato gubernamental del poder y ante la nueva configuración del espacio público regido por las nuevas tecnologías de la comunicación. El retorno democrático también significó, a través de Hurtado, Febres Cordero y Borja, la implementación de políticas apegadas a la receta fondomonetarista que, ante el déficit de las cuentas nacionales y fiscales, buscaban salvar la riqueza acumulada en la Nación mediante el traspaso de la economía estatal a manos privadas. El “ajuste estructural” fue la norma para extraer, por medio de la restricción monetaria extrema, los excedentes que reclamaba el capitalismo mundial. La especulación monetaria, en la que se incluyeron los papeles de la misma deuda, fue la fuente de acumulación privada y pública, a base del oportunismo y de la información privilegiada que salía de los administradores del erario nacional. Los bancos se beneficiaban de la restricción monetaria que, a través de créditos vinculados y depósitos en el extranjero, derrocharon el ahorro colectado desde abajo mediante la restricción del gasto y la elevación del costo de la vida. En este proceso, se puso de manifiesto que el neoliberalismo no es una doctrina económica; más bien obedece a un momento de crisis de lo público y a la estratagema política de los distintos sectores de la burguesía nacional que, tras una perorata tecnócrata, buscaban apropiarse del ahorro nacional y de los fondos del Estado, ante el agotamiento de fuentes nativas de acumulación del capital. Fue entonces cuando la irrupción del movimiento indígena proclamó la llegada de la era de Pachakutik, de la renovación del hombre en el todo. No hablaban de minorías ni mayorías. No reclamaban ascendencia sobre la tierra de la que fueron despojados. Evocados por Olmedo en los comienzos de la República, como expresión pura de los que debían ser liberados, ahora resurgían

como baluartes de lo no domado, lo no civilizado. Salieron de la clandestinidad forzada para decirle al mundo que querían el reconocimiento a sus derechos colectivos: a la lengua, a la salud y a la religión. Traían buenas noticias. Al fervor indio se sumaron sindicalistas, que habían protagonizado el enfrentamiento callejero durante los ochentas, feministas, ecologistas y demás movimientos sociales, agrupados bajo el estandarte de no gubernamentales. En la Constitución de la Revolución Ciudadana, la utopía india fue incorporada como el Sumak Kawsay. La inclusión india se dio de manera corporativa en un momento de desmoronamiento administrativo y moral de lo público-social, bajo el peso de la quimera del desarrollismo y de los embriagadores cantos de eficiencia modernizante y privatizadora. La debilidad del Estado central fue balanceada con un resurgimiento de lo local. Varios liderazgos ocuparon el espacio que dejaba el presidencialismo venido a menos, en una alianza que repartió el país entre socialcristianos, democratacristianos y socialdemócratas que tácitamente renunciaban al poder central, a cambio del fortalecimiento de las autonomías locales. La descentralización se impuso con la fuerza de la voluntad local, que acercó el programa autonómico indio al de los dos grandes partidos. La multiculturalidad se proclamó en la Constitución de 1998 y en el año 2008 se incorporó el reconocimiento del carácter multinacional del Ecuador. La irrupción del movimiento indio en la política coincidió con el desdibujamiento del régimen partidista y del parlamento. Antonio Negri señala, en su texto La forma-Estado, que el fin de las vicisitudes del Estado de derecho coincide con el desmoronamiento del sistema de mediación asegurado por los partidos y por el parlamento y, a su vez, este desmoronamiento marca el fin del laissez faire, de la economía de mercado108. En el año 2003, el candidato de la alianza con el movimiento indígena triunfó en las elecciones presidenciales. Unos meses después, los indígenas fueron expulsados del Gobierno. Más tarde, los antiguos aliados compartieron el protagonismo, para propiciar la caída de Gutiérrez, con amplios sectores de la clase media, especialmente de Quito, que anteriormente se habían movilizado contra Bucaram y Mahuad. La turba forajida, que marca definitivamente la crisis de la partidocracia, se convertía en forma de participación política eficiente. Como último episodio, en el desenlace del período neoliberal, salió a relucir el ponderado papel dirimente de las Fuerzas Armadas; como siempre, en la fuerza descansaba el orden. La República vuelve, de alguna manera, a sus comienzos. 108 Negri, Antonio, La forma-Estado, Ediciones Akal, 2003, p. 186.

“Algún día renacerá la Patria”, decía Espejo en los albores de la constitución del Estado y esta invocación encuentra su eco, muchos años después, en la exigencia carrionista de “volver a tener Patria”. En sus inicios, la relación entre el Estado y la sociedad civil fue mediatizada por poderes locales o estamentales y, en ausencia de éstos, se recurría al ejército republicano, en tanto principio del orden. El estado de movilización social fuera de los cauces institucionales, políticos y económicos es el ámbito en el que surge la Revolución Ciudadana, tendencia cuyo antecedente es la espontaneidad “forajida”, que llevaba en su seno la crítica al sistema de representación del Estado de derecho. El socialismo del siglo XXI marca el triunfo de la República social, que pretende ser, ante todo, una revolución del sistema de representación vigente y una alternativa para encauzar en la vía del orden a la movilidad social. En adelante, la recomposición del nexo entre sociedad y Estado pugnará por una integración consciente y directa de los dos órdenes, a lo que se añade el afán por dotar de un renovado vigor, al menos en un plano formal, al principio garantista del Estado de derecho. A la máquina del poder estatal dispuesta a la tutela de los derechos individuales, se suma la necesaria organización e integración de la sociedad conforme al plan del Estado social. Planificar es predisponer, intervenir, controlar, regular, mediar, prever, orquestar. En la República social, la autorregulación económica del capital es sustituida por la regulación integrada del mismo; es decir, la gestión de la acumulación pasa de un plano individual o privado a un plano social. Los límites impuestos al desenvolvimiento autónomo llevan también a que se prioricen los llamados instrumentos de democracia directa: referéndum y control popular sobre la acción del gobierno, pues su virtud consiste en procurar una relación directa entre el vértice o poder central y la base social. Aquí, la función de dominación y la de administración, propias del Estado, encontrarían su articulación orgánica. Del ciudadano católico del período garciano se pasó al ciudadano devoto del liberalismo, mientras que la Revolución Ciudadana trajo consigo al ciudadano del voto, tres momentos cruciales en el proceso de afianzamiento y consolidación del Estado y la Nación. Los tres incorporan sentidos diversos de lo que es ser ciudadano, pero están marcados por un elemento en común: la incondicionalidad al orden establecido y esto como criterio de identidad nacional y de cohesión del poder central. Así, la República, en su largo y penoso proceso formativo, ha conocido diversas maneras de articulación entre el Estado y la

sociedad. Esta diversidad correspondió siempre a la de las diferentes instancias mediadoras que se han ido alternando, reiterando o sucediendo, y a los distintos modos de articulación de las mismas. Esta articulación favoreció también la formación del elemento unificador o aglutinante indispensable para el fomento del sentimiento nacional. La relación de las instancias mediadoras obedeció, a su vez, al desarrollo alcanzado por las fuerzas económicas y por las instancias políticas, como también a la intensidad de los conflictos sociales y su necesario direccionamiento hacia el orden. Las instancias mediadoras en la relación Estado-sociedad han sido los poderes locales o regionales, la Iglesia, la hacienda, las organizaciones corporativas, los partidos políticos, la prensa… Pero han existido también momentos de gran conflictividad social que han podido prescindir de instancias mediadoras, o en que ellas han sido prácticamente nulas. La época inaugurada por la Revolución Ciudadana se cuenta entre estas últimas y ese hecho viabilizó el acceso definitivo al Estado social.

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José Mejía Lequerica Discursos1

15 de octubre2

Señor: Sujetar a un autor a que no imprima sus libros sin que los censuren primero y los censuren con intervención y de orden los mismos jueces, que pueden detener las obras que estimen o afectan estimar por malas, jueces que a los que declaren autores de ellas han de castigar ellos mismos con las más formidables e infamatorias penas, esto es y será siempre sujetar las ideas y los deseos, las fatigas y la propiedad, el honor y la vida de los desdichados autores al terriblemente voluntarioso capricho de los censores, es decir, al irresistible capricho de unos hombres, que teniendo ya por sí mismos todas las pasiones, todas las fragilidades, toda la ignorancia de cualquier hombre, están además subyugados por todos los errores, todos los intereses y todos los resentimientos; están armados con todo el poderío, toda la impunidad de las autoridades, que les confían la vara de hierro de la censura, con el intento y la persuasión de que la sacudirán en pro y a placer de ellas mismas. Luego, si la esclavitud no es más que la dependencia del arbitrio de otro, si la libertad no sufre más yugo que el de la ley, defender la acostumbrada censura previa de los libros que han de imprimirse, es constituirse abogado de la esclavitud de la imprenta, es que los autores sean esclavos de los que mandan, 1 Flores y Caamaño Alfredo, Don José Mejía en las Cortes Cádiz de 1810 a 1813; Edit. Maucci, Barcelona, 1913, pp. 188-193; 297-300 N.E. 2 Débese su conocimiento al escritor español E. Gautier y Arriaza, quien lo incluye en su obra “Cortes Generales Extraordinarias, etc.”, 1896. En el Diario de Sesiones solo se publicó el siguiente extracto de dos líneas; pues, como ya dijimos, en las ochenta primeras sesiones, no hubo taquígrafos, y a no haberse impreso este dicurso en hojas sueltas en Cádiz, hubiera sido imposible conocerlo. El acta dice: “Apoyáronles (el proyecto de libertad de imprenta) También con varias razones los señores Oliveros, Gallego y Mejía. —A.F.C.

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sin acordarse que los mandones mismos son frecuentemente esclavos de las más bajas pasiones. Luego, sería menos malo, valdría más que en vez de conservar las cadenas de dicha previa censura, se prohibiese absolutamente escribir, y aun hablar, sobre toda materia; porque al ﬁn el ciudadano ilustrado y franco no sería miserable juguete de un censor, de un juez ignorante y artero; pues no habría hombre tan imprudente que rehusare pasar por mudo a trueque de no exponerse a que le arranquen la lengua. Luego, la libertad de la imprenta consiste precisamente en la abolición de la censura previa, verdad luminosa y fecunda, de donde necesariamente se inﬁeren las importantísimas consecuencias siguientes: 1. Que si dicha abolición fuese entera o parcial, absoluta o restringida, lo será igualmente y en los mismos casos la libertad de imprenta de que tanto hablamos todos, pero que (creo) entienden muy pocos. 2. Que los que quieren que todas las obras pasen por tal censura, quieren (acaso sin quererlo, pero no lo conocen) que todos los autores sean totalmente esclavos. 3. Que los que de buena fe se contentan con la abolición de la censura en unas materias y convienen en su continuación en otras, se contentan con ser libres a medias y consienten ser todavía medio esclavos; y como no cabe más medicina entre la libertad y la esclavitud que el intermedio concepto de libertinos (esto es, libertos del que se dignó darles la libertad que ellos no tenían ni debían tener de justicia), resulta que estos ciudadanos mediceneros, estos literatos medidos, procuran que la liberalísima profesión de un escritor público envuelva el villano concepto de ser los hombres, de ser los autores mismos, libres por gracia y a merced, pero esclavos por naturaleza y obligación. 4. Que estos mismos, demasiado prudentes, pero poco cautos, reclamadores de esta mediocre libertad de imprenta, no hablan más que de memoria, no calculan sino sobre sus buenos deseos, no establecen más que una impracticable teoría, olvidando en esto (pues ya sé que no la ignoran) la ingénita, invariable, incorregible depravación del corazón humano, depravación que ha hecho y ha de hacer siempre que en sujetando a censura previa, aunque no sea más que la religiosa, los escritos concernientes a las cosas sagradas, quedará efectivamente (a la manera que ha sucedido en todas partes con los bienes de los eclesiásticos) religionizado, espiritualizado, consagrado, canonizado, todo lo que se escriba, aunque sea meramente legislativo, judicial, político, administrativo, literario o militar; porque los censores religiosos dirán (y dirán bien, como ya tienen dicho) que ni lo legislativo, ni lo judicial, ni lo literario, ni lo 68

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militar, etcétera, etc., etc., en una palabra, ni una palabra, ni una respiración, ni un ademán, está exento de poder contener doctrinas, miras, alusiones religiosas. Y entonces, supuesto que los libros irreligiosos no deben imprimirse, supuesto que los autores religiosos deben ser castigados, y supuesto que los que han de caliﬁcar la irreligión han de ser religiosos, han de ser regulares, o a lo menos religiosos discípulos de regulares, o donde está el libro, donde el autor, donde el inviolable diputado, donde las soberanas Cortes (este último, centro santo de la Madre Patria) que no estén expuestas desde ahora a ser, que no hayan de ser efectivamente algún día declaradas irreligiosas, y violadas, quemadas, aniquilidas por aquellos mismos a quienes estamos procurando hacer felices a costa de nuestra propia felicidad. ¡Oh, Sócrates! ¡Oh, Galileo! ¡Oh, Padilla! Vosotros, maestros modelos, envidia mía: ¡vosotros sabéis que aunque no tengo vuestro saber, he tenido desde la aurora de mi razón, y tengo ahora, que es el mediodía de la libertad española, he tenido y tengo, sí, vuestras ideas, vuestra virtud, y ese vuestro noble deseo de haceros acreedores a una suerte gloriosamente desgraciada!... Pero, ¡ah, Galileo, Galileo!..., tú me has enseñado con tu vergonzosa retractación que pueden tenerse los deseos de Sócrates y sin el valor necesario para morir. Sócrates, Sócrates (última trinchera de la miseria humana), ah tú me has enseñado con tu supersticiosa manda al morir, que los que mueren peleando contra la superstición suelen morir supersticiosamente!… Pero, ¡gloria al nombre español en toda la tierra! ¡Tú, divino Padilla, ápice sumo del saber y de la libertad y de la virtud!, mejor diré, tu maestra (esa tu nobilísima, heroica, inmortal mujer), me habéis enseñado a ser lo que nadie fue nunca a un tiempo. A saber: sabio, libre y virtuoso por igual, y a desear serlo hasta la muerte, y a morir efectivamente por haberlo sido y siéndolo. ¡Y vosotros, venerables representantes de la soberanía del pueblo; vosotros, los que habéis protestado que el pueblo es el origen y el término, el regulador y el juez inapelable de vuestra representación popular, avergonzaos noblemente, avergonzaos os ruego, de no haber ya pedido para ese vuestro constituyente, vuestro maestro y vuestro redenciador, al menos una parte de la inviolabilidad que os habéis decretado para vosotros y que yo (como que soy y me apellido popular) exijo de vosotros para ese mismo pueblo, desde que sea pueblo escrito, pueblo de autores! Finalmente, vosotros, valientes diputados, que impugnando la libertad de imprenta sostenéis la libertad de votar esa piedra angular de vuestra libertad 69

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futura; vosotros, digo, celosos católicos que con denodada entereza habéis defendido lo que os ha parecido causa de la religión santa, dignaos escucharme. La religión no quiere de vosotros sino un obsequio razonable; la religión. nos manda a todos nosotros que nos preparemos y pongamos en estado de dar a todos la más racional y fundada razón de los motivos de nuestra fe y de los fundamentos de nuestra esperanza. Acordaos que si los hombres de Dios hablaron inspirados del Espíritu Santo, el Espíritu Santo inspira a quién y cómo le place, pues (según la expresión de Santiago) Dios no regatea las luces ni abochorna al que se las pide. Mirad que es una especie de irreligión el empeñaros en ser más religiosos de lo que fueron el sagrado Esdras, el Apóstol Pablo y el Águila de los Doctores y padre Agustino, y sabed que Esdras, Pablo y Agustino no intentaron jamás estorbar que se escribiese libremente aún sobre la misma religión católica; reservaron solo el precioso derecho de destruir los errores, y el vigilante cuidado de indicar imparcialmente a los fieles las malas obras que los contengan. No temáis, que a los que amamos a Dios, todo nos saldrá bien; y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? No temáis que por ser enteramente libres hayan de ser menos católicos, menos españoles. El crisol del catolicismo fue antiguamente la España. Los padres toledanos fueron y serán siempre los maestros de la religión católica; y esos mismos venerables padres, no solo no quemaron al heresiarca Pisciliano, no solo no le impidieron que él y sus sectarios escribiesen cuanto querían, sino que, aun viéndolo excomulgado por el Sumo Pontífice, acordándose que si esta cabeza visible de la Iglesia es sucesora de San Pedro, ellos eran y son sucesores de otros apostóles, no le apartaron de su comunión hasta que ellos mismos por sí le juzgaron y declararon hereje. Y, ¿qué mal siguió de esto, señores? ¡Ah!, mejor diré: ¿cuántos bienes solo a la sabia, a la liberal conducta de aquellos padres. Pero, ¿cómo habían de tener éstos otra conducta que la ejemplar del santo Obispo de Tours, el grande San Martín, que increpó, arredró, anatematizó mortalmente a los fanáticos perseguidores de los herejes, que pretextando que desean que éstos se vayan al cielo, se dan prisa a echarlos de la tierra y precipitarlos en los infiernos, o que, incurriendo en la piadosa impiedad de enmendar el sublime plan que se propuso Dios en la creación del hombre, quieren que el hombre no sea libre para que pueda ser santo; es decir, le imposibilitan a ser lo que quieren que sea. Temo cansaros, respetables diputados de la Nación, y estoy fatigado yo mismo. Acabo, pues, recordándoos que también los herejes franceses afectan ese bárbaro celo destructor de la humanidad. Ya el francés Calvino hizo quemar al español Serveto; y no será mucho que José Bonaparte, que ha usurpado el 70

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dictado de Rey Católico, si llegamos a caer en sus manos, se declare también extirpador de la herética pravedad y nos haga quemar vivos a todos. Lejos, pues, de nosotros vulgaridades; odi pro profanum vulgus. Si queréis ser libres, diputados, con una libertad de imprenta, verdadera, útil, durable y no expuesta a mayores abusos, abolid, en toda materia y sin restricción alguna, toda, toda censura prevista; ¡pero disponeos desde ahora a castigar a todos los que, abusando de este vuestro don muniﬁcentísimo, aunque muy justo, vulneren la religión o la soberanía o degraden al ciudadano! Tal es el objeto del reglamento que he tenido el honor de presentaros el memorable día del cumpleaños de nuestro idolatrado Fernando; y ahora me tomo la libertad de pediros lo hagáis leer antes de pasar adelante, no porque yo aspire a la frívola satisfacción de acreditar que he previsto mayores inconvenientes y prevenido más oportunos remedios que los sabios autores del proyecto que se discute, sino precisa y únicamente porque estoy persuadido que si dais este paso con majestad, corréis agigantadamente al templo de la inmortalidad, templo que la Providencia ha levantado sobre las eternas bases de la verdad, la libertad y la felicidad general del hombre. Para llegar a tan alto y anhelado término, no necesitan de más guía ni estímulo que el ejemplo de los toledanos prelados. El gran Jiménez de Cisneros, Cardenal Primado de Toledo, será el dechado y modelo de los Regentes de España; el Cardenal de Borbón, que se ha prestado a jurar a las Cortes, lo será de los leales obispos y magnates de España; el toledano Laso, diputado en Cortes, lo será de vosotros, inviolables diputados de España, y los Concilios toledanos, primitivas Cortes de España, deben serlo de las Cortes Extraordinarias de la Real isla de León. De este modo, pensando, hablando, obrando como toledanos (es decir, a la antigua usanza española), y siendo todos y cada uno de nosotros más libres que el mismo Adán (pues tenemos la gracia de Cristo), seremos justamente tan españoles como el Cid y tan católicos como el Papa3. 3 El Conde de Toreno pone en labios del Sr. Mejía otras expresiones, acompañándolas de comentarios elogiosos. (Hist. del levantamiento, guerra, revolución de España, tomo 3, p. 155): “Fácil fue al Sr. Mejía rebatir el dictamen del Dr. Morros, advirtiendo “que la libertad de que se trataba, limitábase a la política, y en nada de rozaba con la religión ni la potestad de la Iglesia. Observó también la diferencia de tiempos y la errada aplicación que había hecho el Sr. Morros de sus textos, los cuales por la mayor parte se referían a una edad en que todavía no estaba descubierta la imprenta…”. “Y continuandodespués dicho Sr. Mejía en desentrañar con sutileza y profundidad toda la parte eclesiástica, en que, auque seglar, era muy versado, terminó diciendo: “que en las naciones en donde no se permitía la libertad de imprenta, el arte de imprimir había sido perjudicial, porque había quitado la libertad primitiva que existía de escribir y copiar libros sin particulares trabas, y que si bien entonces no se esparcían

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25 de junio

(Se procedió a la discusión señalada en el día 22 de este mes acerca de la consulta de la Regencia sobre si en virtud del Reglamento del Poder Ejecutivo, podía tomar providencia contra los autores de papeles sediciosos, sin la formalidad de la previa censura, ni la intervención del Poder Judicial. Se acordó prevenir al Gobierno cumpliese dicho Reglamento y el de imprenta).

“Señor: Esta cuestión es bastante sencilla, y no merece la pena de acalorarse, porque los defensores de la libertad de la imprenta debieron haber previsto desde un principio que, aun después de establecida, sería atacada de mil maneras. Es, pues, su obligación defenderla constante y serenamente; y este precioso deber incumple de un modo particular a los diputados de América, supuesto que (no sé si por un efecto de cierto grado de ilustración general o en fuerza de su mayor opresión) tienen la gloria de haber concurrido unánimemente y sin excepción de ninguno de los que entonces se hallaron presentes, a establecer sobre bases inalterables aquel seguro asilo de la justicia, de la libertad y las luces. Pero, pues que ahora no se trata de averiguar el acierto o defectos del Reglamento de Imprentas, sino solo de contestar a la consulta del Consejo de Regencia, y todavía no se ha propuesto respuesta alguna, mi opinión es que no se le dé otra sino: “que observe dicho Reglamento y el que S.M. ha dictado al Poder Ejecutivo”. Cualquiera otra contestación sería inoportuna y expuesta a graves inconvenientes, pues la consulta que la motiva es impertinente, ilegal e impolítica. ¿Pertenece a V.M. el decidir sobre casos particulares? ¿Decretará V.M. la prisión del autor de El Duende, no habiendo querido conocer de la acusación del Fiscal contra dicho papel? ¿Consentirá en que se infrinja la regla según la cual mandó V.M. expresamente que se procediese con él? ¿Serán tan incautos los diputados que no conozcan que se trata de arrancarles una sentencia en forma de decreto o explicación de ley? Así Clodio fraguó la ruina de Cicerón. ¡Fuera de este sagrado templo de la imparcialidad soberana semejantes manejos!

las luces con tanta rapidez y extensión, a lo menos eran libres. Y más vale un pedazo de pan comido en libertad, que un convite real con una espada que cuelga sobre la cabeza, pendiente del hilo de un capricho”.

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¡no se hagan más propisiciones personales al cuerpo legislativo, y tenga éste la firmeza necesaria para no dar oídos a medidas tan ilegales! ¿No es ya para los españoles una ley y de las más precisas y trascendentales, la de la libertad de la imprenta? ¿Y quién no ve que ésta iría por tierra si antes de censurarse un papel y practicarse las demás salvaguardias de este tan santo como de los tiranos detestado derecho, desde luego procediese el Gobierno a la prisión de un autor? ¿Podría éste esperar una censura imparcial, un dictamen franco, después que la terrible mano del Poder Ejecutivo de la Monarquía hubiese tapado la boca y comprimido al aliento de tres literatos sin jurisdicción, que se llaman censores? ¡Ojalá que las rivalidades de los campeones de Minerva no fueran ya tan frecuentes que, para tener muy poco que esperar los unos del apoyo de los otros, no fuese necesario que el interés del Gobierno ahogase la voz de los débiles y armase en facciones funestas a los menos desprendidos y populares! Pero en el inesperado caso de que una Junta de Censura declare inocente el papel que al Gobierno sirvió de pretexto para prender a un autor, ¿podrá dejársele desde luego libre y aún indemnizársele (como sería justo), sin que por lo mismo quede comprometida la autoridad del magistrado que le prendió, y reputado éste por enemigo de la seguridad personal, es decir, punto menos que por reo de Estado? ¿O será menester que para conservar su decoro y sincerar su conducta insista éste en buscar nuevos y nuevos censores, hasta encontrar almas viles que, rendidas al temor o esperanzas, sacrifiquen al benéfico, al patriota escritor? ¡A cuántos atentados conduciría este solo precipitado paso! ¿Pero qué mayor atentado que él mismo, pues envuelve la horrenda injusticia de prender, infamar, destruir a un ciudadano, no solo sin primero oirle, ni menos convencerle, pero aun antes que legalmente conste el cuerpo del delito (esto es, la malignidad del papel) de que, según la ley establecida, solo pueden juzgar esos jurados especiales que llamamos Juntas de Censura? Pero habrá escritor notoriamente subversivo. ¿Y quién calificará esa notoriedad? ¿Serán los Ministros, que (creyéndose identificados con el Gobierno y a los que le administran con el Estado) se escandecen y apellidan” ¡alarma, ‘al sedicioso’, al traidor!, luego que oyen o leen el más leve reparo sobre sus acciones o las del último de sus porteros? ¡Pobre pueblo español si no hubiese de gozar de más libertad civil que la que se dignasen dejarle las deidades ministeriales! Entre tanto, me admira, Señor, cómo éstos mismos no conocen lo impolítico de la presente propuesta. Para velar sobre la seguridad del Estado, y aún para lograr el villano placer de perder a un hombre que mortifique o haya irritado a los agentes del Gobierno, ¿qué necesidad hay de echar a los calabozos a 73

La utopía republicana

un miserable escritor, sin esperar que lo amarre la mano de la censura? Dicen que ésta suele hacerse despacio y entretanto fugarse el reo, puede cundir el fuego que haya encendido el papel. ¡Débil excusa de una impaciente y mal disimulada tiranía! ¿Hay más que no descuidarse en remitir a la respectiva Junta el escrito que se supone dañoso, y encargarla el pronto despacho? y cuando a vista del urgente peligro, ya sea por remordimiento de su conciencia o por el temor de un procedimiento despótico, llegase a escaparse del reino algún cuitado autorcillo, ¿qué mayor pena se desearía imponerle que una afrentosa expatriación? Pero no: ningún Gobierno libre e ilustrado se tomará esa ímproba fatiga; pues si las críticas y objeciones que se le hagan fueren fundadas y justas, cuidará solo de corregirse; y si careciesen de razón y verdad, no tendrá la imprudencia de degradarse y atraer sobre sí el molesto zumbido y picaduras de millares de insectos por detenerse a perseguir furioso a un mosquito. No debe sentir su peso quien tenga hombros para llevar el Estado. Así, el Cardenal Cisneros (modelo de Regentes de Reinos, atendidas las ideas de su siglo) solía responder a los adularores que le importunaban con delaciones de las quejas que se esparcían contra él: “Dejémosles decir, ya que nos dejan obrar”. En efecto, si no fuese permitido hablar libremente, aún los merecidos elogios pasarían por serviles lisonjas, y no habría más mordaz invectiva que un misterioso silencio. Pero el fuego de una conjuración se difundirá con semejantes papeles. ¡Qué poco sabe de conjuraciones quien tal recela! Minas secretas son las que hacen volar los reinos; y cualquier amenaza o proyecto que se encienda a la vista de todos, no será nunca sino un fuego fatuo que se disipará por sí mismo, consumido del aire. Quien corra desalentado para apagarlo, no hará más que descaminarse, confundirse y tal vez perderse: y entonces, ¿qué más podrían apetecer los malvados que ver al Gobierno olvidarse de sus verdaderas atenciones y gastar sus desvelos y tiempo en correr tras tan ridículos como fogosos fantasmas? Aun cuando tales papeles fuesen respiraciones de un secreto volcán, valdría más dejarlo desahogarse así que no taparle estas bocas y acelerar su explosión. Por ﬁn, ¿qué mejores espías de los preparativos y aun designios de los revolucionarios que sus mismas producciones? ¡Ah! No se compriman éstas; hágase dormido el Gobierno; y cuando esté cierto de alguna trama, destiéndase de los escritos, pesquise las obras y déjese caer sobre los sediciosos. ¿Qué necedad no sería hacerlos cautos y sombríos declarándoles prematuramente la guerra? Muchas veces el pueblo no tiene otros conductos que esos mismos subversivos papeles para conocer y destruir a los enemigos de su tranquilidad e independencia. Así fue que 74

José Mejía Lequerica

en Madrid apenas había quien trasluciese las infames maquinaciones del pérfido opresor de nuestra libertad, que (a manera de un relámpago, que al perdido caminante descubre en medio de las tinieblas el precipicio que le rodea) la impresión de las insidiosas reclamaciones atribuidas a Carlos IV sobre la supuesta violencia de su renuncia de la Corona en Fernando VII, vino a abrir los ojos del generoso pueblo de Madrid, que alarmado desde entonces contra sus falaces huéspedes, se horrorizó de haber llamado amigos y bienhechores a sus tiranos. ¿Y no fue el detestable diario de la misma Corte, publicado a influjo de Murat en los días que se nombraba Teniente de Carlos IV; no fue aquel sediciosísimo papel quien a medida que cubría de tantos oprobios a la dinastía de Borbón, como de elogios a la de Bonaparte, inflamaba más y más a la Nación española en su amorosa adhesión a aquélla y en el odio implacable contra ésta? Difícil hubiera sido hallar un medio más eficaz de salvar el Estado que la publicación de aquel periódico, precisamente destinado, para subvertirlo. Es verdad que no siempre se presenta el crimen tan descarado y horrible; y no negaré que pueda llegar ocasión de que la astucia de algún peligroso partido siembre al disimulo doctrinas perjudiciales, cuyo fruto se prometa recoger a la larga. Pero si aparecen tales escritos, ¿para qué son las Juntas de Censura sino para detenerlos? ¿Para qué la libertad de la imprenta sino para impugnarlos? ¿Para qué la Policía sino para velar sobre los pasos y conducta de sus autores? ¿Para qué los tribunales sino para castigarlos luego que legalmente se les convenza de criminales? ¿Para qué las bayonetas del interior sino para sostener contra cualquiera facción las sentencias definitivas de jueces íntegros y sabios? Pues si el Gobierno tiene a su disposición tantos medios legítimos de mantener la tranquilidad pública y de asegurarse aquel respeto y obediencia que le es debida, ¿a qué propósito turbar hoy las deliberaciones del Congreso con una consulta impertinente, ilegal e impolítica? Salga V.M. de una vez de tan odioso como inútil debate, y dejando para luego el examen o aprobar de pronto, como yo apruebo, las proposiciones incidentales de los señores Gordillo y Torrero, ahora para hacer ver que las leyes que dicta se han de cumplir, no responda V.M. al Poder Ejecutivo sino que se observe y haga ejecutar su Reglamento y el de la libertad de la imprenta. De otra manera, no solo se derribará por los cimientos esa costosa y todavía mal segura libertad, sino que apenas se disuelvan las Cortes (porque es menester, diputados, que no os olvidéis que al fin se disolverán) prohibiráse y recogeráse el Diario de sus actas y discusiones; y los representantes del pueblo, sin más amparo que la benevolencia de éste, ni más armas que su inocencia y sus plumas, serán miserables víctimas de su actual desunión, debilidad o imprudencia”. 75

José Joaquín de Olmedo Discurso sobre la abolición de las mitas

12 de octubre de 1492, descubrimiento de América. 320 años después del descubrimiento de América. Discurso de José Joaquín de Olmedo sobre la abolición de las mitas en las Cortes de Cádiz. 12 de octubre de 1812.

“Señor, el dictamen de la comisión Ultramarina que acaba de leerse, se refiere a la primera de las proposiciones que presentó el Sr. Castillo, pidiendo la abolición de la mita y de toda servidumbre personal de los naturales de América, conocidos hasta hoy con el nombre de indios. La Comisión apoya esta solicitud, y yo la encuentro equitativa, humanísima, justa y justificada. Señor, tratándose del bien de los pueblos, y de pueblos que sufren, yo creo que toda oración en su favor está por demás ante un Congreso español, del que puede decirse que, si en algo procede con prevención, es solamente por hacer el bien. Pero sin embargo con esta ocasión tomo la palabra para hacer ver los grandes males que encierra esta idea de mita, para demostrar la necesidad de abolirla, y para que las Cortes, procediendo con las luces necesarias, tengan mayor satisfacción de hacer el bien conociéndolo mejor. Desde los principios del descubrimiento se introdujo la costumbre de encomendar un cierto número de indios a los descubridores, pacificadores y pobladores de América, con el pretexto de que los defendieran, protegieran, enseñasen y civilizasen; y también para que, exigiéndoles tributos y aplicándolos a toda especie de trabajo, tuviesen los encomenderos en su encomienda el premio del valor y los servicios que hubiesen hecho en favor de la Conquista. De esta costumbre nacieron males y abusos tantos y tan graves, que no pueden referirse sin indignación y sin enternecimiento. De allí vinieron esos nombres ominosos y de indigna recordación, de encomiendas, de mitas, de repartimientos, bárbaras reliquias de la conquista y Gobierno feudal, fomento 77

La utopía republicana

de la pereza y del orgullo de los nobles y de los ennoblecidos, y esclavitud de los naturales paliada con el nombre de protección. En esta época nació la opinión tan largamente difundida de la ineptitud, de la indolencia y de la pereza de los indios. Carácter desmedido por sus grandes y prolijas obras que se conservan todavía a pesar de la injuria de los tiempos y de los hombres, desmentidos por sus preciosas manufacturas hechas sin auxilio, sin modelos, sin instrumentos, y desmentidos finalmente por las mismas venerables y magnificas ruinas de su antigüedad. Pero aquella opinión nació con justicia desde la Conquista; desde la época el indio se fue haciendo inepto, indolente y perezoso, como naturalmente se hace todo hombre cuando no tiene tierra propia que cultivar, cuando no suda para sí, y cuando ni aun participa del fruto de su trabajo. La avaricia de los encomenderos y hacenderos crecía en razón inversa de la actividad de los indios; y transformándose en amor del bien público y de la humanidad, excitó a esos benéficos sedientos de oro a hacer las más vivas y frecuentes representaciones, pintando la natural rudeza y desidia de los indios, y la necesidad de repartirlos, destinándolos al trabajo de las minas y haciendas de los particulares. De aquí provinieron los repartimientos de indios para todo, que se conocen con el nombre de mitas, así como a las que las sirven de mitayos. Repartimientos de indios para fábrica u obrajes; repartimiento para las minas, labranza de tierras y cría de ganados; repartimiento para abrir y componer caminos y asistir en las posadas a los viajeros; repartimientos para las postas y para todos los servicios públicos, particulares y aun domésticos, y hasta repartimiento de indios para que llevasen en sus hombros a grandes distancias y a grandes jornadas cargas y equipajes, como si fuesen animales o bestias domesticadas; y esto aun después de haberse decidido afirmativamente la ardua y muy agitada cuestión de si eran o no eran hombres, y de haberse decidido por una de aquellas personas que han tenido pretensiones o presunciones de infalibilidad. Horroriza el recuerdo de los malos tratamientos, daños, agravios y vejaciones que sufrieran entonces los miserables; y yo ahora no haré una relación que por demasiada verdadera sería inverosímil. El que quiera tener una idea de esto, que lea todas las leyes del Código Indiano que tratan de la materia, pues como al principio de cada una de ellas se dice la causa o motivo de la misma ley, allí se encontrará el testimonio irrefragable de hechos inauditos, que parecen consignados en tan memorable código para eterno oprobio de los en78

José Joaquín de Olmedo

comenderos, y para sepiterno motivo de indignación y duelo en la posteridad de las antiguas víctimas de la avaricia. Verdad es que están abolidos ya muchos de aquellos abusos, y reformadas muchas de aquellas prácticas injuriosas; pero aun quedan restos muy considerables a pesar de las ordenanzas y de las leyes, como dice Solórzano en su Política; cuya autoridad reﬁero no para creer yo más, sino para ser creído. Entre esos restos está aún en su primer rigor, o poco menos, la mita para el laboro de las minas. Por ella la séptima parte de los vecinos de los pueblos son arrancados de sus hogares y del seno de sus familias, y llevados a remotos países, donde en vez de regar de un grato y voluntario sudor sus pocas y miserables tierras (pocas y miserables, pero suyas), regarán con lágrimas y sangre las hondas, espantosas y mortíferas cavidades de las minas ajenas. Para este viaje los indios se ven precisados a vender vilmente sus tierras, sus ganados, sus sementeras, sus cosechas futuras, pues toda perecería sin su asistencia en el tiempo de destierro. También se ven obligados a llevar consigo toda su familia, que, abandonada, moriría de hambre y de frío. Señor, ¿habrá algún hombre que no se enternezca al ver un delincuente salir de su Patria para su destierro, aunque no sea muy horroroso, aunque no sea perpetuo? No, nadie. Pues ¿quién podrá ver con el alma serena numerosas familias inocentes y miserables, despidiéndose de la tierra que las vio nacer y arrancándose para siempre de los brazos de sus parientes y amigos? ¿Quién verá sin lagrimas a esos infelices, peregrinando por aquellos horribles desiertos, hambrientos, semidesnudos, taciturnos, los pies rajados y sangrientos, encorvados bajo el peso de sus hijos y padres ancianos, tostados por el sol, transidos de frío, y su alma y su corazón (porque los indios tienen alma y corazón) hondamente oprimidos con el presentimiento, con la cierta previsión de males mayores, y con los dolorosos e importunados recuerdos de su Patria ausente?... ¿Y qué les espera llegando a su destino? Amos orgullosos, avariciosos, intratables, mayordomos crueles, poco pan, ninguna contemplación, grandes fatigas y mucho azote. Aun los jornales señalados por la ley, que en sí son demasiado mezquinos, no se les pagan en moneda; se les pagan en géneros viles, comprados vilísimamente, y después vendidos al indio por fuerza y a precios tan exorbitantes como quiera el monopolista minero, cuya tienda es la única en el desierto de las minas. También se les paga en licores, a que se han aﬁcionado esos naturales entre otras causas interrumpir algún tanto o adormecer el sentimiento de su desgracia. Aquí no puedo dejar de observar que aquellos mismos que los han provocado a la embriaguez, pagándoles en aguardientes, aquellos mismos que los 79

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han obligado a aborrecer el trabajo, haciéndoles insufrible, aquellos mismos que los han precisado a robar para no perecer, ésos mismos son los que caracterizado a los indios de ebrios, de perezosos y de ladrones. Mas en honor a la verdad debe decirse que aquellos señores de mitayos en una sola cosa han mirado siempre a sus siervos con mucha piedad y compasión, y es, en no haberles enseñado nada; pues dándoles más luces los habrían hecho más desgraciados... Pero corramos un velo sobre tantas miserias, y, aunque tarde, ocupémonos en remediarlas. Esto reclaman la humanidad, la filosofía, la política, la justicia y los mismos eternos principios sobre que reposa nuestra Constitución. El remedio, Señor es muy simple, y tanto más fácil, que cuanto que las Cortes para aplicarlo no necesitan edificar, sino destruir. Este remedio es la abolición de la mita y de toda servidumbre personal de los indios, y la derogación de las leyes mitales. Que se borre Señor, ese nombre fatal de nuestro Código, y ¡oh, si fuera posible borrarlo también de la memoria de los hombres! Yo haciendo justicia a la piedad y justificación del Congreso, no me detendré en probar la necesidad de ese remedio; pues con la sola exposición que acabo de hacer de los males que trae consigo la mita, queda suficientemente probada y demostrada. Me contraeré solamente a desvanecer dos reflexiones, que son las primeras, las únicas que pueden hacerse contra esta justa, benéfica, liberalísima providencia. Primera. Se dirá que hay muchas y muy buenas leyes sobre la mita en el Código Indiano, y que no hay más que promover su ejecución. A lo del número de esa leyes responderé con Tácito: corruptissima republica, plurimae leges —Cuanto más corrompida la República, más leyes—. Y por lo que hace a su bondad, observaré que aquello que es en sí malo, injusto y contra la equidad, no se convierte aun por las mejores leyes del mundo en bueno, justo y equitativo. Pero estas breves respuestas exigen un poco más de extensión. Sería una injusticia no reconocer el espíritu de amor y beneficencia que dictó las leyes mitales en gracia de los mitayos. ¡Ojalá que esas leyes hubiesen tenido un objeto más justo! Así que leemos en ellas las recomendaciones de los virreyes y gobernadores para que atiendan y protejan a los indios; vemos señaladas las distancias a que solamente deben ser llevados a trabajar, las leguas que deben de hacer al día, las horas de labor, la duración de la mita, vemos designados los jornales que deben percibir, el turno entre todos los vecinos, la cesación del servicio en ciertas estaciones y en ciertos climas; vemos muy encarecidos los modos con que deben ser tratados; en fin todo lo que podría 80

José Joaquín de Olmedo

aliviar su servidumbre, si tan dura servidumbre pudiera aliviarse con algo que no fuese la entera libertad. Y esas mismas leyes que, por no cortar el mal de raíz, lo han perpetuado con los remedios, esas mismas leyes benéficas ¿se han observado? ¿Cómo habían de observarse, resistiéndose tenazmente a su observancia el interés personal que regularmente está en contradicción eterna con el bien de los otros? Por eso a pesar de las leyes, ni los padrones se hacen con exactitud, ni se observan el turno; es llevado a la mita un mayor número de indios y a mayores distancias de lo que debía ser; son detenidos en el servicio más allá del plazo; no se atiende a climas, ni estaciones; todo porque así lo exige el interés de los mineros, y cuando habla el interés, callan las leyes. Entre un mil ejemplos de esta intolerable inobservancia citaré uno solo que se lee en la relación del Gobierno del Conde de Superunda, Virrey el Perú. Antes del reinado de este señor, se habían mandado que también mitas en los indios forasteros. A su ingreso no se había aun ejecutado aquella orden por los inconvenientes que ofrecía una novedad tan contraria a las costumbre. “Pero los mineros del Potosí (palabras literales del Virrey) atendiendo únicamente a su propia utilidad instaron repetidamente por el cumplimiento de una orden que aumentaba el número de sus mitayos”. El Virrey con dictamen del acuerdo, resolvió que por los corregidores, curas y gobernadores se formasen padrones, en que se incluyesen solo los forasteros que no tuviesen tierras. “Las órdenes circulares se expidieron (así literalmente concluye el capítulo en la página 66), pero hasta el presente no se ha finalizado este negocio, porque el Ministro Director de la mita las detuvo tres años; y esta demora después de tan eficaces instancias hace creer que los mineros temen no adelantar por ese medio su pretensión, y que su anhelo era se aumentase la mita, aunque los indios recibiesen la molestia de repetir sus viajes sin los años de descanso que estaban establecidos”. Ruego que se atienda bien a las palabras de este testimonio recomendable y en ninguna manera sospechoso y, que de paso se note la suavidad de la palabra molestia con que el Virrey quiere significar el sufrimiento de males más horribles que la muerte. “Las quejas de los mineros (página 67 de la mencionada relación) que quisieran les brotarán indios la tierra, y siempre creen que les ocultan muchos, fueron el principal estímulo para las revisitas” pero ¿qué importa a los mineros que haya directores y reglamentos, revisitadores y revisitas, cuando con el sudor y sangre de sus indios resarcen con moderada usura las gratificaciones? Después de esto, que no se hable más de la multitud y bondad de las leyes mitales, que ni se han observado, ni se observan, ni pueden observarse. ¿De 81

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qué sirven leyes sin costumbres? Y sobre todo repito, que las leyes, por buenas que sean, jamás harán justo y equitativo lo que es en sí contra la justicia y contra la equidad. En segundo lugar, se puede decir contra la abolición de la mita que, siendo los indios más hábiles y más acostumbrados al trabajo de las minas, si se les diese la libertad, quedarían los mineros sin trabajadores, las minas desiertas, y agotado en breve tiempo ese manantial de la riqueza. No, señor. Sean o no, por ahora, las minas el manantial de la riqueza; yo creo y aseguro que jamás faltará quien las trabaje. ¿Hasta cuándo no entenderemos que solo sin reglamentos, sin trabas, sin privilegios particulares pueden prosperar la industria, la agricultura, y todo lo que es comercial, abandonando todo el cuidado de su fomento al interés de los propietarios? Nada hay más ingenioso y astuto que el interés; él inspirará a los dueños de minas los recursos y modos de encontrar jornaleros. Páguenles bien, trátenlos bien, proporciónenles auxilios y comodidades en las haciendas, y los indios correrán por sí mismos donde los llame su interés y comodidad. Por otra parte, la misma circunstancia de estar avezados los indios, como se dice, a aquel trabajo, es un nuevo motivo para creer que no abandonarán las minas, porque jamás el hombre en llegando a cierta edad, deja o desaprende el oﬁcio de sus primeros años, si con él puede vivir. ¿Pero por qué he detenido en referir los males, los abusos y perjuicios que traen consigo las mitas, cuando para ser abolidas les basta el ser en sí injustas, aunque fueren ventajosas? Esta injusticia se funda, (y ya no son precisas las pruebas) en que la mita se opone directamente a la libertad de los indios, que nacieron tan libres como los reyes de Europa. Es admirable, Señor, que haya habido en algún tiempo razones que aconsejen esta práctica de servidumbre y de muerte; pero es más admirable que haya habido reyes que la manden, leyes que la protejan, y pueblos que la sufran. Homero decía que quien pierde la libertad pierde la mitad de su alma; y yo digo quien pierde la libertad para hacerse siervo de la mita pierde su alma entera. Y esta es, poco menos, la condición de los mitayos. Recordemos que desde la antigüedad se tuvo la labor de minas, y el beneﬁcio de los metales como una carga más que servil, y como una pena más grave que la muerte. Véase sino todas las leyes del Digesto que tratan de las penas in metallum. —A las minas— por esto los romanos solamente condenaban a ese trabajo a los facinerosos y de humilde y baja condición; por esto aquellos miserables eran tenidos para todos los efectos del derecho no solo por esclavos, 82

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sino por muertos; en tanto que se llamaban resucitados los que se libraban de ese castigo por indulgencia del príncipe. Pero la suerte de nuestros mitayos es muy más cruel que la de aquellos romanos siervos o civilmente muertos; pues éstos padecían por su culpa; y la conciencia de la culpa si no modera el rigor de la pena, debe hacerla menos insoportable: leniter, ex merito quidquid patiare, ferendum est; Lo que merecidamente se padece debe sufrirse con resignación; mientras lo que los indios son condenados a esas horribles y famosas fatigas sin otra culpa que la avaricia ajena, sin otro crimen que su humildad y su mansedumbre. Que no se diga entre nosotros que, si se coartó la libertad de los indios, fue para su bien. A nadie se hace bien contra su voluntad. Además de que es quimérico el bien que las leyes mitales han producido. Y si para derogar todas esa leyes no es poderosa la razón de que son injustas, sea lo menos bastante la razón de que son inútiles. En efecto, la mita se instituyó y las leyes mitales se escribieron para acostumbrar a los indios al trabajo, para enseñarles a usar de sus talentos, para darles instrucción, doctrina, civilidad y costumbres. Y ahora pregunto yo: después de 300 años que se observan esa práctica y esas leyes, ¿han dejado los indios su pereza, su indolencia, su rusticidad? Que respondan los mineros; que respondan también esos otros ricos amantes del bien público, que oﬁciosamente nos representaron poco ha una enérgica y caritativa pintura de aquellos naturales. Finalmente, Señor, debo observar que la mita, si no es la única, es la primera causa de la portentosa despoblación de la América. Todos saben que proporcionar a los hombres propiedades, y, proporcionadas, fomentarlas y darles seguridad, son los primeros elementos de la población: pues todo hombre ama y no abandona el país en que halla una cómoda subsistencia; y todo hombre, teniendo como sostenerse y sostener una familia, lo primero en que piensa es en casarse; y entonces ninguna fuerza hay en el mundo que sea poderosa a hacer que quede en suspensión su natural conyugabilidad. Compararemos estos principios con los de la mita y sus efectos, y ya no nos admiraremos de ver yermas y desiertas muchas y vastísimas provincias de la América. Sería importuno hablar ahora sobre si se ha proporcionado o no a los indios el tener propiedades; veamos solamente si la mita se han fomentado y asegurado las que han tenido, sean las que fuesen. Cualquiera podrá decidir con facilidad esta cuestión recordando solo lo que dije poco antes: a saber, que para ir al servicio de las minas, los indios son obligados a abandonar sus hogares, a vender sus tierras, sus cosechas, sus ganados, y a malbaratar el fruto del 83

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sudor de muchos años, y aun del sudor futuro, para los gastos de ida a su destierro, de mansión y de vuelta. Digo de vuelta muy impropiadamente pues son muy raros los que vuelven a su tierra: muchos mueren en el trabajo y por el trabajo; muchísimos quedan imposibilitados para siempre, y todos, todos se encuentran al fin reducidos a la mayor miseria. Pero a los que no se atienen a principios, que les diga la experiencia si esa práctica, si esas leyes mitales han sido parte para fomentar, aumentar, o siquiera conservar la población de las Américas. A esas razones generales de despoblación se agregaron otras que naturalmente iban naciendo del mismo principio. Los indios empezaron a aborrecer el matrimonio, porque los desgraciados no quieren engendrar desgraciados; aborrecieron a sus hijos, se holgaban de no tenerlos, y ¡las madres generalmente usaban mil malas artes para abortar!... Y ¿dónde están hoy esas tribus numerosas que llenaban los valles de sus fiestas, y coronaban las montañas en sus combates? Allí están en las hondas cavidades donde se solidan esos metales ominosos, irritamenta malorun; —provocación al crimen—; allí reposan donde trabajaron tanto, allí están en esas vastas catacumbas americanas. Y cuando por casualidad algún viajero o una familia indiana atraviesa aquellos yermos y tendidos desiertos, no pueden divisar estos cerros fatales sin hacer algún triste recuerdo, sin apartar los ojos con horror, sin derramar alguna lágrima, y sin demandarles o un amigo o un hermano o un padre, o un hijo o un esposo. Que cesen ya, Señor, tantas calamidades. Una sola palabra de las Cortes será poderosa a secar en su origen esta fuente de tantos males y de tantas miserias. Abólanse las mitas para siempre; deróguense las leyes mitales, que a pesar de toda la beneficencia que respiran, manchan las hermosas páginas de nuestro Código. Sea este el desempeño de la primera obligación que por la constitución hemos contraído, de conservar y proteger la libertad civil, la propiedad y los derechos de todos los individuos que componen la Nación. ¿Qué? ¿permitiremos que hombres que llevan el nombre español, y que están revestidos del alto carácter de nuestra ciudadanía, permitiremos que sean oprimidas, vejados y humillados hasta el último grado de servidumbre? Señor, aquí no hay medio, o abolir la mita de los indios, o quitarles ahora mismo la ciudadanía que gozan justamente. !Pues qué! ¿nos humillaríamos nosotros, nos abatiríamos hasta el punto de tener a siervos por iguales, y por conciudadanos?... Pero, como este despojo, exagerado el sufrimiento, quizá produciría malos efectos, y quizás veríamos sobre uno de los Andes repetida la famosa escena del monte Aventino (aunque no creo que entonces nos faltaría un Agripa), la justicia, la 84

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humanidad, la política aconsejan y mandan imperiosamente la abolición de la mita y de toda servidumbre personal de los indios, y la derogación de todas las leyes mitales. Sí, Señor, de las leyes mitales, de esa porción, bajo de otro respecto muy recomendable de las Leyes de Indias. Pues a pesar de que todos los sabios llaman sabias a esas leyes, yo ignorante, yo tengo la audacia de no reconocer su sabiduría, ¡por ventura esas leyes han llenado en tres siglos el benéfico fin que se propusieron de hacer industriosos, de civilizarlos, de hacerlos felices!, pues para mí no son sabias las leyes que se proponen el benéfico fin que se proponen, para mí no son sabias sino las leyes que hacen felices a los pueblos (Discurso sobre las mitas de América. Londres. 1812, pp. 9-29).

Vicente Rocafuerte Ensayo sobre tolerancia religiosa

INTRODUCCIóN EL 21 de junio empieza el invierno en muchas partes del continente americano; ese mismo día principia el verano en Europa: las estaciones llevan en algunas de estas regiones del Nuevo Mundo un orden inverso al que se observa en el antiguo: esta diferencia que se nota en la parte física ¿no podría extenderse a la moral? Observemos lo que ha pasado mas allá de las columna de Hércules, y lo que está sucediendo entre nosotros. El renacimiento de las ciencias y de las artes en Italia produjo ese espíritu de investigación, de duda y de análisis, que aplicado por los alemanes a descubrir los abusos de la curia romana, dio origen a la libertad de conciencia, que condujo a la libertad política. Nosotros hemos seguido un rumbo opuesto. Hemos establecido la libertad política, la que envuelve en sus consecuencias la tolerancia religiosa, y así por diversos caminos que los europeos llegaremos al mismo resultado de civilización. El sistema federal que hemos adoptado contribuye a emancipar el entendimiento de las trabas que le ha puesto una gótica educación, generaliza las ideas de independencia mental y conduce a observar, auxiliar y despejar la verdad de los errores que la rodean; todo se enlaza y se une en el siglo actual, que merece justamente el nombre de siglo positivo: todo se discute en nuestros congresos; todo conduce a ilustrar los hechos, a reformar los abusos y a mejorar nuestra existencia social. De ese modo la razón humana se va desarrollando lentamente por los progresos de la civilización, la que pugna constantemente con la superstición y el despotismo: la una corrompe al hombre sustituyendo el error a la verdad, el otro lo degrada agobiándolo bajo el peso de las cadenas y de las desgracias; y así como son correlativas las ideas de fanatismo y de tiranía, lo son igualmente las de liberalismo de tolerancia religiosa. Después de haber sacudido el yugo de los españoles hemos cesado de ser esclavos, y no hemos aprendido aun a ser libres ni podemos serlo sin virtudes y buenas costumbres: a este gran objeto se dirigen mis conatos. Considero la tolerancia religiosa como el medio mas eﬁcaz de lle87

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gar a tan importante resultado: bien sé que un gran número de mis compatriotas muy ilustres por su virtud y saber, y en cuyos pechos arde, como en el mío, el mas puro patriotismo, no creen que la opinión publica esté bastantemente formada, ni las luces suficientemente generalizadas para promover este punto y presentar al sublime cristianismo con todo el brillo de su divina tolerancia. Solo un exceso de timidez, que raya en indiferencia por la moral pública, puede aconsejar el silencio sobre la cuestión vital de la libertad de cultos. Siendo el principio de tolerancia una consecuencia forzosa de nuestro sistema de libertad política, consecuencia que no es dado a nadie impedir y contrariar, pues nace de la misma naturaleza de las instituciones, ¿no dicta la prudencia prepararnos poco a poco a esta inevitable mudanza? Si después de diez años de independencia y de ensayos políticos de libertad no nos hallamos en estado de entrar en el examen de la tolerancia religiosa, ¿para cuando dejaremos la resolución de este importantísimo problema? Discute esta materia con la calma que requiere su importancia, con el espíritu de verdad, de benevolencia y de caridad que exige el mismo cristianismo y pronto desaparecerán las fantasmas que nos asustan. Hace veinte años me pronuncié por el sistema de independencia: mis parientes, mis amigos me trataban de visionario, y me sostenían que era imposible viera en mis días la ejecución de tamaña empresa: el tiempo ha manifestado la falsedad de sus profecías; y así como ha triunfado el principio de la independencia, así triunfará igualmente el de la tolerancia religiosa. Sembremos ahora para recoger dentro de cuarenta a cincuenta años los frutos de virtud y moralidad que ella debe producir: el tiempo hará lo demás, irá perfeccionando la instrucción pública, disipando las tinieblas del error, aclarando la verdad y proclamando el siguiente axioma: Que la libertad política, la libertad religiosa y la libertad mercantil son los tres elementos de la moderna civilización, y forman la base de la columna que sostiene al genio de la gloria nacional, bajo cuyos auspicios gozan los pueblos de paz, virtud, industria, comercio y prosperidad”. Bien sé que en un país naciente no pueden introducirse innovaciones sin que estén precedidas de la opinión pública y acompañados de circunstancias favorables: querer atropellar usos antiguados para reemplazarlos con otros infinitamente superiores, pero nuevos, es armar la vanidad contra las proyectadas reformas, y alborotar la ignorancia que es uno de los mas firmes apoyos de las preocupaciones. En la introducción de toda mejora política y religiosa la prudencia aconseja preparar los ánimos, convencerlos, persuadirlos, ilustrarlos y entonces el éxito es seguro: esta es la grata esperanza que me anima, y la que 88

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me estimula a exponer mis ideas sobre la tolerancia religiosa, para que se establezca en los tiempos futuros, ya que la fuerza de la superstición y la ignorancia no nos permiten entrar en el inmediato goce de los incalculables bienes que produce. Esta doctrina de tolerancia fue la de los primitivos cristianos: perseguidos por los paganos ellos la invocaron a su favor, como la invocaron después los judíos y los musulmanes en tiempo de Fernando y de Isabel de Castilla, y como la invocan en el día las luces y la civilización. Los primeros mártires hicieron ver la injusticia con que se les perseguía por su nueva religión, que no tenía ningún contacto con la política probaron que la una se ocupa de los intereses del cielo y la otra de los de la tierra; que ambas deben ser independientes, y que entre ellas debe haber tanta distancia como la que separa el ﬁrmamento del globo terráqueo. Ellos insistieron en el divorcio de la religión del Estado cuando declararon y repitieron que el reino de N. S. J. Cristo no es de este mundo, y que mientras pagaban contribuciones como ciudadanos y daban al César lo que es del César, la autoridad civil no tenia derecho para impedir el libre ejercicio de su culto. Esta sublime verdad, que se obscureció después con las tinieblas de la ignorancia y transcurso de los siglos bárbaros, ha renacido con mayor vigor en nuestros tiempos, y es un nuevo triunfo de las luces del siglo. La independencia mutua del Estado y de la religión contribuye a mejorar la moral pública y a facilitar la prosperidad social; se adapta admirablemente a la organización física y moral del hombre, y subministra al mismo cristianismo una prueba de la sublimidad de su origen. Como estas son ideas abstractas que necesitan explicaciones, séame licito valerme de la ﬁlosofía del profesor Cousin para exponerlas con orden y claridad.

MUNDO INDUSTRIAL El hombre expuesto al calor, al frío, a la insalubridad de los pantanos, a la explosión del rayo, a los terremotos, al furor de los tigres, al veneno de las culebras, al ataque de feroces animales, se encuentra en un mundo extranjero y enemigo, cuyas leyes y fenómenos parecen conspirar contra su existencia Y estar en contradicción con su naturaleza. Si se sostiene, si vive, si respira dos minutos, es a condición de conocer estos fenómenos y estas leyes que destruirían su ser si no supiera estudiarlos, observarlos, medirlos y calcularlos. Por medio de su inteligencia paulatinamente desarrollada y bien dirigida toma conocimiento y posesión de este mundo; por medio de su libertad lo modiﬁca, 89

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lo enseñorea, lo sujeta a su voluntad, y así transforma los desiertos en campos cultivados, descuaja montes, ensancha ríos, nivela terrenos, y obra, en ﬁn, en la sucesión de los siglos esa serie de milagros, que nos arrebatarían de admiración si no los poseyéramos y si no estuviéramos tan acostumbrados a las felices consecuencias de nuestro poder. El primero que midió el espacio que lo rodeaba, que contó los objetos que veía, que observó sus propiedades y su acción, ese creó y dio a luz las ciencias matemáticas y físicas: el que hizo el primer arco, el primer anzuelo, o primero se vistió de pieles, ese creó la industria: multiplíquese este débil germen fabril por los siglos y por el trabajo acumulado de tantas y diversas generaciones, y tendremos todas las maravillas que nos rodean, y a las que somos casi insensibles. Las ciencias físicas y matemáticas son una conquista de la inteligencia humana sobre los secretos de la naturaleza: la industria es una conquista de la libertad sobre las fuerzas de esta misma naturaleza. El mundo tal como el hombre le encontró le era extranjero; tal como lo han transformado las ciencias físicas y matemáticas, y en seguida la industria, es un mundo semejante al hombre, reconstruido por él a su imagen: por todas partes se encuentra más o menos degradada o debilitada la forma de la inteligencia humana: la naturaleza solo ha producido cosas, es decir, seres sin valor; el hombre, transformándolas y dándoles su forma, les ha puesto la marca de su personalidad, las ha elevado a simulacros de libertad y de inteligencia, y de ese modo les ha comunicado la mayor parte del valor que tienen. El mundo primitivo no es más que una base, una materia a la cual el hombre aplica su trabajo, y en el que brilla, con mayor esplendor su inteligencia y libertad. La economía política explica como de estas acumulaciones de trabajo nacen las riquezas, se aumentan, progresan y resultan las maravillas de la industria, las que están íntimamente ligadas con las de las ciencia exactas. Las matemáticas, la física, la industria y la economía política satisfacen las primeras urgencias y tienen por objeto lo útil; ¿pero lo útil es la única necesidad de nuestra naturaleza, la única idea que reconcentre todas las que están en la inteligencia, el único aspecto por el cuál el hombre considera las cosas? No ciertamente. A más del carácter de utilidad existe el de justicia, que nace de las mismas relaciones que engendra el trato de los hombres entre sí, y este nuevo carácter produce resultados tan ciertos como los primeros, y aun mas admirables.

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MUNDO POLíTICO La idea de lo justo es una de su glorias de la naturaleza humana. El hombre la percibe a primera vista; pero se le presenta como un relámpago en medio de la obscura noche de las primitivas pasiones, la ve cubierta de nubes y a cada instante eclipsada por el desorden necesario de impetuosos deseos y de intereses encontrados. Lo que se llama sociedad natural es un estado de guerra, en el que reina el derecho del más fuerte, en el que predomina el orgullo y la crueldad, y en donde la pasión siempre avasalla y sacrifica la justicia. Esta idea de lo justo una vez concebida agita el entendimiento del hombre, le atormenta, le impele a realizarla, y así como antes había formado una nueva naturaleza sobre la idea de lo útil, del mismo modo forma de la sociedad natural o primitiva, en donde todo es desorden, confusión y crimen, otra nueva sociedad fundada sobre la única idea de la justicia. La justicia constituida es el estado. La misión del estado es de hacer respetar la justicia por la fuerza, la que debe emplearse no solo en reprimir sino también en castigar la injusticia: de aquí se deriva un nuevo orden de sociedad, la sociedad civil y política, que no es otra cosa más que la justicia puesta en acción por el orden legal que representa el Estado. El Estado no se ocupa de la infinita variedad de elementos humanos que pugnan en la confusión y caos de la sociedad natural, no abraza al hombre en su totalidad; solamente lo considera bajo las relaciones de lo justo o de lo injusto, es decir, como capaz de cometer o de recibir una injusticia, de perjudicar o ser perjudicado por el fraude o por la violencia en el libre ejercicio de su actividad voluntaria: de aquí resultan todos los deberes y todos los derechos legales. El único derecho legal es el de ser respetado en el pacífico ejercicio de la libertad; el único deber (se entiende en el orden civil) es el de respetar la libertad de los otros: esto es lo que se llama justicia; su objeto es el de mantener y conservar el equilibrio de la recíproca libertad. El Estado, pues, lejos de limitar la libertad (como se supone) la desenvuelve, la asegura y le da mayor latitud legal; lleva mil ventajas a la sociedad primitiva, en la cual existe una gran desigualdad entre los hombres por sus necesidades, sus sentimientos, sus facultades físicas, intelectuales y morales: en un Estado civilizado toda desigualdad desaparece ante la ley; y así puede decirse que la igualdad, atributo fundamental de la libertad, forma con esta misma libertad la base del orden legal y de este mundo político, que es una creación del ingenio humano, aun más portentosa que la del mundo científico, económico e industrial, comparado al mundo primitivo de la naturaleza. 91

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MUNDO ARTíSTICO En la variedad infinita de objetos exteriores y actos humanos, la inteligencia no se limita a la idea de lo útil o nocivo, de lo justo o de lo injusto; se extiende a la consideración de lo feo o de lo hermoso. La idea de la belleza es tan natural en el hombre como la de la utilidad y de la justicia: ella nace del mismo espectáculo de la naturaleza, de la viva impresión que producen en nuestros sentidos los brillantes colores de la aurora, el reflejo de la luna sobre la vasta extensión del mar, las prismáticas y nevadas cimas de nuestras grandiosas cordilleras: también procede de la contemplación de seres animados, como la cara risueña del inocente niño, el elegante talle de una hermosa joven en la primavera de los años, la gallardía de un guerrero o el entusiasmo que inspira el heroico patriotismo. Apoderándose el hombre de la idea de lo bello, la despeja, la extiende, la desenvuelve, la purifica, la perfecciona, y así como por la industria y por las ciencias modificó el mundo físico y sacó del caos de la sociedad primitiva la justicia y la virtud, así en el mundo de las formas sacó la belleza de los misterios que la cubrían, recompuso los objetos que le habían subministrado la idea de la belleza, la que reprodujo con mayor esplendor y pompa triunfal. Como no hay nada de perfecto sobre la tierra, que el sol tiene sus manchas; que la cara mas hermosa tiene sus lunares; que la misma: heroicidad, que es la más grande y más pura de todas las bellezas, está sujeta a mil miserias humanas, si se observa de cerca ó con imparcialidad, el hombre se desentiende de esas imperfecciones, y elevándose sobre las alas de su ingenio solo busca hermosuras y perfecciones que encuentra diseminadas en varios objetos; las junta, las combina, de ellas forma un todo, y crea una naturaleza artificial superior a la primitiva. ¿Qué hermosura hay en el mundo que pueda compararse a la que inventó Fidias y admiran todos en la famosa estatua de la Venus de Médicis? ¿Qué formas humanas pueden compararse a las del Apolo del Belvedere? El bello ideal es la creación de una nueva naturaleza que refleja la hermosura de un modo más vivo, más diáfano y más sublime que la misma naturaleza primitiva. El mundo artístico, es, pues, tan verdadero y positivo como el político y el industrial; es la obra de la inteligencia y de la libertad aplicadas a groseras bellezas, en lugar de aplicarse, como en la industria y en la política, a una rebelde naturaleza o a la sujeción de pasiones indomables.

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MUNDO RELIGIOSO No basta al hombre haber recompuesto una naturaleza a su imagen, haber organizado una sociedad sobre principios de justicia, haber hermoseado su existencia con el prestigio de las artes; su pensamiento se arroja y penetra en las regiones etéreas, concibe una fuerza motriz, un poden superior al suyo y de la naturaleza; un poder que se manifiesta en la magnificencia de sus obras, y que es ilimitado en la superioridad de esencia y de absoluta omnipotencia. Encadenado en los límites del globo, el hombre lo ve todo bajo de formas térreas; al través del prisma mundanal apercibe y supone irresistiblemente alguna cosa, que es para él la substancia, la causa y modelo de todas las fuerzas y perfecciones, causa que presiente en sí mismo, y que reconoce en la tierra que habita: en una palabra, mas allá del mundo industrial, político y artístico concibe a Dios. El Dios de la humanidad no está concentrado en la tierra ni separado de ella; todo lo abraza; su divino soplo reanima, vivifica y alegra el universo entero. Un Dios sin mundo no existiría para el hombre: un mundo sin Dios sería un enigma inexplicable para su pensamiento y un tremendo peso para su corazón. La imulición de Dios, distinta en sí del mundo, pero manifestada patentemente, es la religión natural; y así como el hombre adelantó el mundo primitivo, la sociedad primitiva y las bellezas naturales; estaba en el orden que deseara perfeccionara la religión natural, que no es más que el vago instinto de la Divinidad, un maravilloso pero fugitivo relámpago que surca las tinieblas de la ignorancia y deslumbra la imaginación del salvaje abandonado a la naturaleza. El cristianismo villa a nuestro auxilio, el mismo Dios reorganizó el mundo religioso, nos enseñó la aplicación de la inteligencia y de la libertad a las ideas de santidad, y las puso en armonía con las de utilidad, justicia y belleza. El cristianismo está, pues, hermanado con el mundo industrial, político y artístico y con todos los elementos de la moderna civilización: puede considerarse como el complemento de todas las necesidades fundamentales de la sociedad, como el resorte moral el mas poderoso para fijar la tranquilidad pública por medio de las buenas costumbres. Siendo puramente intelectual su estudio cultiva y desarrolla la inteligencia; siendo eminentemente pacífico y tolerante desenvuelve las ideas de orden, y, por consiguiente, de libertad; se modifica y adapta perfectamente a la organización física y moral del hombre. El Estado, como hemos visto, no abraza al hombre en su totalidad; lo considera únicamente en sus relaciones de justo o de injusto, se limita a los intereses civiles, a la parte física de conveniencias que constituye la felicidad social: salir de este 93

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círculo de atribuciones térreas es contrariar el mismo objeto de su establecimiento; su influjo está ceñido al mundo industrial, político y artístico, y nada tiene de común con el mundo religioso. La religión no abraza tampoco al hombre en su totalidad; lo considera en la parte espiritual, en sus relaciones con Dios, en el arreglo de su conducta y en la práctica de las virtudes que lo han de guiar a una futura bienaventuranza. Ambas instituciones son indispensables al hombre, ambas se proponen su felicidad; el Gobierno la de la tierra, y la religión la de la eternidad; la una se apodera del cuerpo, la otra del alma; y así como el alma es invisible y manifiesta su existencia por los movimientos arreglados que la voluntad comunica al cuerpo, del mismo modo la religión debe ser invisible en el Gobierno y carta constitucional, y solo darse a conocer por los efectos de moralidad y buenas costumbres que produzca, por la dignidad de su culto y por la virtud de sus ministros. Debe imitar en la tierra el orden del cielo que de un modo invisible nos colma de alegría enviándonos diariamente al rutilante sol. La invisibilidad política del clero en el Estado, o su perfecta separación de los negocios públicos, realza el brillo de la visibilidad moral del sublime cristianismo, y facilita el desempeño de las espirituales y augustas funciones del sacerdocio. Tan penetrados están los modernos de esta verdad, que han segregado los intereses del Gobierno de los de la religión, han proclamado la independencia absoluta de ambos y han establecido por principio de absoluta necesidad social, que todo Gobierno libre debe ser tolerante, y admitir la libertad de cultos sin proteger a ninguno; no se conoce ya en el nuevo vocabulario de la civilización religión de Estado, o teorías del altar y del trono. Toda religión dominante es opresora Toda religión dominante es opresora y perseguidora de las demás sectas: los romanos persiguieron a los primitivos cristianos, como los persiguen en el día los turcos y los argelinos: el Muftí con sus ulemas, los rabinos y los bracmanes son tan intolerantes como los inquisidores de España y de Portugal. Los obispos y clérigos protestantes de Inglaterra son insufribles en su egoísmo intolerante: han estado en continua lucha con los católicos de Irlanda, hasta que el espíritu de tolerancia y de justicia del siglo ha triunfado de su poder apoyado en el trono, y ha libertado en fin a los católicos de Irlanda del yugo que ha pesado sobre ellos desde el tratado de Leimerick hasta el año de 1828. Proclamar una religión dominante es lo mismo que establecer un monopolio de opiniones religiosas, con el cual se enriquecen con perjuicio de la sociedad los únicos intér94

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pretes legales del cielo: de aquí previenen las inmensas riquezas del clero protestante nacional de Inglaterra, del católico de España, la opulencia de los ulemas en Turquía y el tributo de adoración que los bracmanes reciben en el Indostán. El monopolio religioso es tan perjudicial a la propagación de la moral y desarrollo de la inteligencia humana, como lo es el monopolio mercantil a la extensión del comercio y prosperidad de la industria nacional, y así la triple unidad de libertad política, religiosa y mercantil es el dogma de las sociedades modernas.

Gabriel García Moreno Al Congreso Constitucional de 1863

Honorables Senadores y Representantes: Felicito a la República por la reunión de la Legislatura; y dirijo mis votos a la Divina Providencia, que nos ha dispensado una protección especial en el bienio que acaba de transcurrir, para que se digne favorecer y dirigir vuestros esfuerzos en bien de la Patria. Gracias al cielo, el país ha hecho sólidos y notables progresos, en medio de las diﬁcultades y de los contratiempos. con que hemos tenido que luchar y de los cuales paso a daros cuenta. La Convención de 1861 había terminado apenas sus sesiones, cuando la administración que entonces tenía el Perú, asumió contra el Ecuador una actitud tal, que se creyó inevitable la guerra. Sin apartarnos jamás de la línea de firme moderación que habíamos adoptado, forzoso nos fue ponernos en estado de defensa, levantando fortificaciones en Guayaquil, aumentando considerablemente la fuerza armada, acumulando y preparando los medios necesarios para abrir operaciones con un ejército de diez mil hombres. Por fortuna, las hostilidades no se rompieron; y posteriormente la nueva Administración peruana, presidida por el esclarecido veterano de la Independencia, Gran Mariscal Don Miguel San Román (tan presto arrebatado por la muerte a la prosperidad del Perú y a las esperanzas de la América) restableció las buenas relaciones que jamás debieran interrumpirse entre dos Repúblicas hermanas y amigas. Aun antes del restablecimiento de las relaciones amistosas entre ambas Repúblicas, el peligro había pasado en mi concepto y la guerra era imposible. Así me apresuré a reducir el ejército para disminuir los enormes gastos militares que nuestras escasas rentas no podían sostener; y dejando en Guayaquil, como la plaza más expuesta a un ataque, cinco cuerpos veteranos, licencié los de nueva creación, de manera que en todo el interior, no teníamos más fuerzas que cien artilleros en la Capital y medio batallón Imbabura que regresó de Loja para disolverse. 97

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Mientras la imperiosa necesidad de hacer economías me obligaba a reducir rápidamente el ejército, ardía con nuevo furor la guerra civil en el Sur de la antigua Nueva Granada a pesar de la rendición de la capital y de la destrucción de las fuerzas que la defendían. La estricta neutralidad que nos tocaba observar, no se oponía al deseo de que cesase la inútil efusión de sangre y de que se restableciese la paz en un pueblo hermano y vecino. Creí, pues, humano y honroso ofrecer a las autoridades de Pasto la garantía del Gobierno ecuatoriano, en caso que quisiesen aceptar las propuestas de paz que les dirigió el caudillo vencedor; y aunque este ofrecimiento oﬁcioso fue desechado, no por esto nos separamos de la línea de completa neutralidad que nos habíamos trazado. Tal era la situación, cuando con general sorpresa se supo que un jefe con tropas pastusas había entrado en nuestro territorio en persecución de una guerrilla enemiga y había herido al comandante de nuestra frontera, que se presentó solo a reconvenirle por la violación de nuestro suelo. Justo era pedir satisfacciones por esta ofensa y seguridad para el porvenir; pero no declaramos la guerra, ni debimos esperar que, no haciéndola nosotros, fuéramos atacados sin declaratoria alguna y colocados en la alternativa de rendir las armas o sucumbir peleando contra la inmensa superioridad numérica, como en efecto sucedió. Terminada la guerra civil, la Confederación Granadina ha pasado a formar los nuevos Estados Unidos de Colombia, con los cuales conservamos buenas y amistosas relaciones. Habiéndome invitado poco ha su primer Presidente, el General Tomás C. de Mosquera, a una entrevista en las orillas del Carchi, la he aceptado con franqueza, y con la misma le he manifestado que la fusión del Ecuador en aquellos Estados es absolutamente imposible. —Las reformas religiosas y políticas introducidas allá no son propias para borrar el Carchi, sino para hacerlo más profundo; y por otra parte nuestra Constitución y la opinión pública son barreras insuperables. Las Repúblicas de Bolivia, Chile y Costa Rica nos han dado pruebas constantes de amistad y buena inteligencia. La desavenencia que existe entre las dos primeras por una cuestión territorial, se terminará probablemente, para honor de la América, por negociaciones pacíﬁcas y no por la fuerza de las armas. Con la República de Venezuela ha estado suspendida nuestra correspondencia diplomática, desde que fue derrocada la administración del Sr. Gual, quien después de una dilatada carrera de honrosos servicios vino a hallar en el Ecuador un asilo y un sepulcro. Sábese que la guerra civil que asolaba esa hermosa sección de la antigua Colombia, ha cesado completamente; y esperamos que nuestras relaciones con ella volverán a ser tan estrechas y cordiales como antes. 98

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En Méjico, la guerra puede considerarse como terminada; y nuestros votos deben dirigirse ahora a que esa rica y privilegiada región de la América se constituya libremente, preservándose de los excesos de la demagogia rapaz, inmoral y turbulenta. Con los otros Estados de la América Latina, exceptuando el Imperio del Brasil que tiene acreditada una Legación cerca de este Gobierno, no mantenemos relaciones diplomáticas seguidas, sin que por esto dejemos de interesarnos vivamente por su engrandecimiento y prosperidad. La gran República de los Estados Unidos del Norte, que por el inaudito desarrollo de su riqueza y de su poder excitaba la admiración del mundo, no ha podido todavía poner término a la guerra espantosa que la consume. No obstante esa situación penosa que deploro, el Gobierno de aquel poderoso Estado acaba de darnos una nueva prenda de amistad verdadera, en el convenio ventajoso y equitativo que hemos celebrado con él y será sometido a vuestra aprobación por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La amistad que nos liga con España, Francia e Inglaterra ha sido cultivada con esmero por nosotros; y hemos recibido de sus Gobiernos, especialmente del de S.M. el Emperador de los franceses, pruebas constantes de amistosa cordialidad. El convenio adicional al tratado de 1840 que hicimos con nuestra antigua metrópoli, fue confirmado, y sus ratificaciones canjeadas en París oportunamente. Si las complicaciones políticas no nos hubieran obligado a hacer frente a gastos exorbitantes, la situación de la hacienda nacional sería relativamente próspera después de establecido el nuevo sistema de contabilidad, que nos ha dado a conocer el verdadero rendimiento de las rentas, y cerrado, la fuente de las defraudaciones. Pero, una vez que, la defensa del país obligó a erogar cantidades enormes por la campaña de 1860 y los preparativos de 1861, cuando las deudas de los Gobiernos anteriores tenían exhausto el Tesoro, forzoso nos fue acudir al crédito y obtener por préstamo voluntario, a un interés moderado, la suma de medio millón de pesos, asignando a su pago todos los productos libres de la Aduana de Guayaquil. Agotados ese empréstito y los parciales que le siguieron, teníamos que pasar por la extremidad crítica de quedar sin fondos ni rentas suficientes, a no ser que se contratase en Europa un empréstito de largo plazo que nos permitiese redimir las rentas de la Aduana y nos sirviese también para terminar en tres años las obras públicas ya iniciadas. Las dificultades que halló la negociación de este empréstito, y sobre todo la resistencia que el espíritu de partido suscitó aun en el Consejo de Gobierno contra esta 99

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operación salvadora, me obligaron a abandonarla; y nos colocaron en la premiosa necesidad de libertar la Aduana, poniendo en circulación forzosa la suma de seiscientos mil pesos en billetes del Banco Particular de Guayaquil, amortizables por semestres, con fondos que bastarán a extinguirlos totalmente basta 1865; la primera amortización, en la cantidad de cien mil pesos, acaba de verificarse en el mes precedente. Es evidente que la amortización más rápida será la mejor; y, si opináis así, debéis autorizar nuevamente al Gobierno para contratar un empréstito en la cantidad que creáis conveniente. A pesar de tantas dificultades y de los esfuerzos desesperados de una facción inmoral y turbulenta, que no retrocede ante ningún crimen y ha obligado a emplear moderadamente las facultades extraordinarias, el Ecuador ha hecho progresos sólidos y duraderos. Más de cuarenta y seis kilómetros de carretera concluídos, muchos puentes edificados, colegios restaurados o nuevos, nuevas escuelas y nuevas órdenes religiosas destinadas a la enseñanza, y sobre todo el Concordato, basa del restablecimiento de la moral y origen de la futura prosperidad de la República, y la supresión de empréstitos forzosos: hé aquí las principales mejoras que son para el Ecuador un título de gloria. En instrucción y obras públicas, el Gobierno hubiera hecho mucho más, si para éstas hubiera podido contar con recursos menos exiguos, y si para aquélla no hubiera encontrado un obstáculo constante en la ley que conserva al Ecuador en la ignorancia más crasa, y en una situación vecina a la barbarie. Mas de poco servirían las mejoras materiales y la difusión de los conocimientos, por mucho que adelantáramos en ambos sentidos, si no se levantase de su postración la moral pública, alma y vida de la sociedad, más necesaria aún en el sistema republicano, en que la fragilidad de las instituciones y de las leyes, la instabilidad de los Gobiernos y la frecuencia de los trastornos, dejan a la sociedad indefensa a merced de pasiones sin freno. Pero ¿qué esperanza de obtener la reforma moral, si el clero encargado de enseñarla olvida en su mayor parte la misión evangélica?, ¿y que esperanza de reformar al clero, si no se restituye a la Iglesia la libertad de acción y la independencia de vida con que la dotó su Divino Fundador? El Gobierno católico de un pueblo católico cumplió, pues, con su deber, dirigiéndose a la Santa Sede para exponerle la situación lamentable en que nos encontrábamos, como consecuencia necesaria de la falta de independencia y libertad de la Iglesia, y para rogarle se dignase aplicar a estos gravísimos males el remedio conveniente. Le pidió también que, para plantear y sostener la reforma nos enviase un prelado con la autoridad necesaria, y le propuso se sacase de la masa decimal la suma suficiente para sostener la le100

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gación apostólica, una vez que el Padre Santo, privado de la mayor parte de sus dominios temporales, carecía absolutamente de recursos y vivía de las oblaciones generosas de los fieles. Los votos del Gobierno fueron escucharlos: el Concordato se celebró con el objeto de dar a la Iglesia independencia y libertad, y obtener por medio de ellas la reforma eclesiástica y moral que el Ecuador necesitaba para ser libre y feliz; y como la Convención me autorizó para ejecutarlo, lo cual suponía su promulgación, así como ésta requería su ratificación previa y el canje de las ratificaciones, procedí a plantearlo después de ratificado y promulgado con la solemnidad debida. No es extraño que un acto de tanta importancia y trascendencia haya encontrado adversarios e impugnadores. El espíritu de partido, las tendencias irreligiosas y demagógicas, la antigüedad de los abusos, la resistencia de la rutina y los hábitos de vida escandalosa, debían naturalmente hacer mirar con disgusto que la Iglesia fuese libre y el clero puro. Era, pues, natural que le opusiesen, ya las dificultades peculiares al establecimiento de toda reforma, ya la necesidad de someterlo a vuestra aprobación en fuerza del decreto mismo en que fui autorizado a celebrarlo, ya la prohibición constitucional de que las facultades del Congreso sean delegadas; pero nunca se ha probado mejor la exactitud de aquel axioma, según el cual el medio más fácil de conocer el valor de un hecho o de una persona es examinar quiénes son sus enemigos. Si es probable que, al ejecutarse el Concordato en todas sus partes, se presenten dificultades, aunque no sean las que por malicia e ignorancia se han exagerado, no hay duda que serán superadas sucesivamente por la acción combinada de la Iglesia y del Gobierno, y que en último caso el Concordato mismo podrá modificarse de común acuerdo, con arreglo a lo que en él se ha establecido. La necesidad de la aprobación legislativa se refiere únicamente a la responsabilidad del Gobierno, y no a la validez y fuerza obligatoria de un acto ratificado y promulgado en virtud de autorización suficiente. Si la conducta del Gobierno no obtuviere vuestra aprobación, el Gobierno será sometido a juicio; pero el Concordato queda firme y vigente, una vez que su ratificación fue válida y válida su promulgación, como fue válido el decreto en que se me autorizó para ejecutarlo, Y por consiguiente para ratificarlo y promulgarlo, sin lo cual la ejecución era imposible. Más especiosa es la objeción de que, no pudiendo delegarse las facultades legislativas, fue inconstitucional y nula la autorización que obtuve para poner en ejecución el Concordato; pero en todo tiempo y en todas las modernas Re101

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públicas de América, en que la delegación es prohibida, se ha distinguido la autorización de la delegación; pues lo que se ha querido únicamente es evitar que los presidentes se adueñen poco a poco de las facultades legislativas, y que se concentren los poderes en una sola mano, como sucedió en la época de los primeros emperadores de la antigua Roma. Así, en 1858, en Nueva Granada el Presidente fue autorizado para celebrar y ratificar un tratado con los Estados Unidos de la América del Norte, a pesar de estar prohibida la delegación de las facultades legislativas; entre nosotros rige todavía el Reglamento de Instrucción Pública dado en 1838 en virtud de la autorización que el Congreso de 37 confirió al Señor Rocafuerte: ejemplos a que pudieran agregarse las diversas autorizaciones dadas por la última Convención, así como las que frecuentemente se han concedido en otras legislaturas. Por último, aunque tal autorización hubiera sido nula, o lo que es más, aunque yo no hubiera tenido autorización alguna, el Concordato quedaría subsistente, como sucede con todo tratado público celebrado por un Gobierno legítimo. Mi responsabilidad se hallaría comprometida en ese supuesto; pero no la fuerza obligatoria del tratado después de ratificado y canjeadas las ratificaciones; porque la personalidad de la Nación se encuentra únicamente representada por el Gobierno en sus relaciones con las otras potencias, según el derecho común de las naciones. Este principio de jurisprudencia internacional está confirmado por numerosos ejemplos históricos, y en el Ecuador mismo ha sido respetado en el cumplimiento del tratado que nos liga con nuestra antigua metrópoli. Este tratado fue celebrado en 1840 y ratificado en el término de un año, sin que la Legislatura de 1841, que se disolvió por falta de quórum, hubiese podido examinarlo ni menos darle su aprobación. Y sin embargo el tratado con España es válido, ha sido cumplido por las diferentes Administraciones, y se habría cumplido a pesar de ellas si hubieran pretendido anularlo. El Concordato es, pues, válido, porque lo es el decreto en que fuí autorizado para ejecutarlo y por tanto para ratificarlo y promulgarlo; y es válido, sobre todo, porque ha sido hecho por el Gobierno legítimo de la República. Todo ataque contra un tratado inviolable nos deshonraría; y ni vosotros, ni yo, consentiremos en nuestra deshonra, ni consentiremos en que la Iglesia siga encadenada para ruina de la religión y de la moral, perdición del clero y desgracia de la República. Si la conducta del Gobierno merece vuestro apoyo; si le ayudáis a salvar al país de los embarazos de la crisis rentística; si os consagráis a reformar lo que 102

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tienen de inconsulto y anárquico las leyes de elecciones, régimen municipal, instrucción pública y organización judicial; si dais al poder la fuerza que necesita para continuar por la senda de las mejoras y reprimir a los factores del desorden y del crimen; os respondo, puesta mi conﬁanza en Dios, que, sostenido por la lealtad del ejército y las simpatías del pueblo, el Gobierno seguirá levantando al Ecuador del atraso y postración en que le encontró; y bajaré del solio, al terminar el período constitucional, con el honor de haber trabajado sin descanso en bien de todos. Pero, si la mayoría de las Cámaras no apoyare al Gobierno, si la conducta de la administración fuere digna de censura, mi deber será retirarme en el acto, haciendo votos fervientes porque la Providencia conceda a la República un magistrado que sea más dichoso en asegurarle su reposo y ventura. Palacio del Gobierno, en Quito, a 10 de agosto de l863. G. GARCíA. MORENO. El Ministro del Interior y Relaciones Exteriores. —R. Carvajal. El Oﬁcial Mayor, encargado del Despacho de Hacienda. —Víctor Laso. El Ministro de Guerra y Marina. —Daniel Salvador.

Contestación a los mensajes de las Cámaras Legislativas, con motivo de la proclama del General Tomás C. Mosquera a los pueblos del Cauca, 19 de septiembre de 1863 Señores Senadores y Diputados: El apoyo decidido y entusiasta que encuentra el Gobierno en las Cámaras Legislativas y en la opinión unánime de todas las provincias de la República, es la mejor contestación que podemos dar a la provocación inaudita que nos ha dirigido el jefe de una Nación amiga y hermana. A los que pretendan aniquilar su independencia, mancillar su honor y destruir su religión y naciente prosperidad, el Ecuador entero responde noblemente, preparándose, no para atacar, sino para resistir, y rechazando hasta la sombra de una unión que, en vez de proponerse en nombre de la amistad íntima y de los mutuos intereses, se anuncia en nombre de la fuerza. Aunque la unión, es decir, la absorción del Ecuador en los Estados Unidos de Colombia, no fuera en sí misma esencialmente perjudicial y antipática al pueblo ecuatoriano, sería imposible desde el momento 103

La utopía republicana

en que se empleasen las amenazas y las injurias para conseguirla: porque es una deshonra someterse a la injusticia; y el Ecuador, libre e independiente, antes que deshonrarse preferiría ser exterminado por la lava asoladora de sus volcanes o hundirse en las aguas del océano.

A la Convención Nacional de 1869 Señores Diputados: I

Felicito a la República y dirijo al cielo la humilde expresión de mi gratitud, al veros reunidos bajo los auspicios de la paz para trabajar en nuestra reorganización política. Grande y difícil es la obra que la Nación ha conﬁado a vuestras luces y a vuestro patriotismo; pero grande también será la gloria que os corresponda si de vuestras deliberaciones resulta, como lo espero, la futura felicidad de la Patria. II

Bien conocéis la situación calamitosa del país y las circunstancias inesperadas e imperiosas que produjeron la transformación política del 17 de enero. Sin embargo, las recordaré sumariamente, para daros cuenta de los actos de mi corta Administración transitoria, y hablaros de las reformas que en mi concepto son más convenientes y necesarias. III

La situación del país, en lo relativo a su comercio y riqueza, había ido empeorándose gradualmente, a consecuencia de la interdicción mercantil producida por el estado de guerra en que hemos permanecido con la España por sostener los derechos con nuestros aliados, cuando sobrevino el terremoto del 16 de 104

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agosto del año anterior, que convirtió la hermosa y ﬂoreciente provincia de Imbabura en un vasto campo de muerte y de ruinas. Séame permitido manifestar aquí, en nombre de la República, el más vivo reconocimiento a todos los corazones generosos que en América y en Europa han contribuido con sus socorros al alivio de los desgraciados que sobreviven; y en particular me será permitido agradecer al pueblo y Gobierno de Chile, nuestro aliado, por su oportuna y espontánea generosidad. IV

Para colmo de infortunios se tramaba en toda la extensión de la República una formidable conjuración por los hombres que la indignación popular arrojó del poder en 1859 y 1860 y por otros que, ciegos de ambición, se les unieron con la esperanza de aprovecharse de los esfuerzos, de aquéllos. Para evitar este desastre, el más temible de todos por sus consecuencias duraderas, fácil era al Gobierno de entonces tomar medidas enérgicas que pusiesen a raya la audaz turbulencia de los conspiradores; pero, en vez de esto, se les dejaba en completa libertad de acción y se veía serenamente venir la tempestad que iba a completar los espantosos estragos del terremoto. La imprenta demagógica, desenfrenada como nunca, insultando la religión y el pudor, concitaba las pasiones revolucionarias y predicaba la anarquía: la Municipalidad de Guayaquil, instalada en enero, dictaba providencias que revelaban la proximidad del peligro; y en medio de las libaciones de una orgía señalaban los conjurados el día de la proyectada revolución. A pesar de todo esto, a pesar aun de los ruegos y de las reflexiones de sus amigos más decididos, el Gobierno anterior continuó impasible e inerte, poniendo al país en la necesidad de salvarse por sus propios esfuerzos. Agotados todos los medios pacíficos y conciliadores, tuvimos que ponernos en acción; y apoyado por el pueblo y el ejército, acepté provisionalmente el poder que hoy os entrego. El alejamiento de los principales factores de la revolución proyectada, desbarató momentáneamente sus esperanzas criminales; pero tantos eran los elementos que habían quedado en la sombra, que pudo estallar la revolución el 19 de marzo en Guayaquil, aunque desconcertada y precipitadamente, por la traición de algunos jefes y oficiales de la artillería de aquella plaza. El valor y la lealtad de los jefes, oficiales y soldados, favorecidos por la Providencia, triunfaron de los traidores después de un reñido y glorioso combate en que tuvimos en contra el número y la superioridad de las armas. Asegurada la paz por esta victoria, he decretado la cesación del estado de sitio en que estuvo primero la pro105

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vincia de Guayaquil y después todas las demás; y he concedido amnistía a los que se sometan voluntariamente al Gobierno establecido. V

En los cuatro meses que he ejercido la Presidencia interina, he llevado siempre por norte el bien de la República. He procurado por tanto conservar cuidadosamente nuestras buenas relaciones con las Repúblicas aliadas y con los demás Estados amigos. —La guerra con España, reducida a la interdicción mercantil de que antes he hablado, tendrá probablemente un término pronto y decoroso por la mediación de los Estados Unidos del Norte, que hemos aceptado de acuerdo con nuestros aliados; y entre tanto hemos obtenido de éstos que no sean hostilizados los buques mercantes españoles que vengan con pasavantes ecuatorianos a nuestros puertos. —Las cuestiones pendientes con la Confederación Colombiana están sometidas hace tiempo al fallo de un árbitro; y por lo que toca al deplorable motín de Ambato del 9 de febrero de 1868 contra algunos colombianos, el Gobierno ha tenido el sentimiento de ver favorecida recientemente la impunidad de los criminales por el fallo inicuo de un jurado prevaricador. He reconocido lealmente la iniquidad del fallo y ofrecido el castigo de los delincuentes que continúan presos todavía; y si este medio es aceptado, debéis autorizar la creación de una comisión especial que los juzgue, dando así una reparación honrosa a la justicia ofendida y a las justas reclamaciones de la Nación agraviada. De paso os haré notar la conveniencia de suspender por algunos años el juicio por jurados, el cual produce con frecuencia ejemplos escandalosos de impune parcialidad. —Con los demás Estados no tenemos cuestión alguna que nos divida. VI

Los decretos expedidos por la Presidencia interina, que os serán presentados por los respectivos Ministerios, contienen todo lo sustancial de los actos relativos a la administración interior de la República. —Os recomiendo su examen y aprobación, principalmente en lo concerniente a la hacienda nacional, cuya angustiada situación proviene de que, lejos de ponerse en armonía los ingresos y egresos de la República, los Congresos sin aumentar las rentas han dispuesto se hagan gastos superiores al rendimiento de ellas. Este déﬁcit anual se ha agravado por la disminución de las entradas de aduanas debida a la crisis mercantil, 106

Gabriel García Moreno

por la ruina de la provincia de Imbabura y por la disminución consiguiente de los diezmos, una parte de los cuales corresponde al Estado. La reforma de la tarifa de aduanas y la reorganización equitativa de los demás impuestos son de imperiosa necesidad. —Os recomiendo igualmente la reforma y extensión de la Instrucción, Pública, sin la cual no llegará el Ecuador jamás al grado de prosperidad a que está llamado. El Gobierno se ha limitado a destruír el monopolio universitario, que solo servía para difundir malas ideas y conservar la enseñanza superior en un estado de decadencia lamentable, a llamar de Europa profesores que establezcan una Facultad de Ciencias y otros para aumentar el número de los colegios y escuelas de la República. —Objeto de especial consideración y gratitud debe ser para vosotros, como lo ha sido para el Gobierno interino, todo lo relativo al ejército. Para ponerlo en aptitud de desempeñar su doble y gloriosa misión de conservar el orden y defender la independencia de la Patria, es necesario aumentar su fuerza, proveerle del armamento moderno y formar un colegio militar; para todo lo cual debéis votar las cantidades suﬁcientes. El Gobierno interino no ha tenido tiempo sino para dar algunas altas a los cuerpos veteranos, para crear una escuela práctica de cadetes que promete ya excelentes resultados, y para dar fuerza legal y ordenar la publicación de las nuevas ordenanzas que anteriormente fueron preparadas por una comisión militar. —La apertura de nuevas y fáciles vías de comunicación es en mi concepto la primera de las mejoras que necesita la República. La carretera central que ha de unir la Capital con Guayaquil sigue adelantando a proporción de los limitados recursos destinados a esa obra grandiosa; y el camino de herradura de Cuenca a Naranjal se ha convertido en carretera hace pocas semanas. El Gobierno interino tomó el mayor empeño en dotar a Imbabura con un buen camino de ruedas; pero según los últimos estudios del terreno, la profunda y mortífera hoya del Guayllabamba presenta diﬁcultades superiores a los medios con que por ahora pudiéramos contar para vencerlas. VII

El proyecto de Constitución que os será presentado, contiene las reformas que en mi concepto demanda más imperiosamente el orden, el progreso y la felicidad de la República. Dos objetos principales son los que he tenido en mira: el primero, poner en armonía nuestras instituciones políticas con nuestras creencias religiosas; y el segundo, investir a la autoridad pública de la fuerza suﬁciente para resistir a los embates de la anarquía. La civilización moderna, creada por 107

La utopía republicana

el catolicismo, degenera y bastardea a medida que se aparta de los principios católicos; y a esta causa se debe la progresiva y común debilidad de los caracteres, que puede llamarse la enfermedad endémica del siglo. Nuestras instituciones hasta ahora han reconocido nuestra feliz unidad de creencia, único vínculo que nos queda en un país tan dividido por los intereses y pasiones de partidos, de localidades y de razas; pero, limitándose a ese reconocimiento estéril, han dejado abierto el camino a todos los ataques de que la Iglesia ha sido blanco con tanta frecuencia. Entre el pueblo arrodillado al pie del altar del Dios verdadero, y los enemigos de la religión que profesamos, es necesario levantar un muro de defensa; y esto es lo que me he propuesto y lo que creo esencial en las reformas que contiene el proyecto de Constitución. —Por lo que toca al ensanche de las atribuciones del Poder Ejecutivo, la razón y la experiencia han puesto fuera de duda que un Gobierno débil es insuﬁciente en nuestras agitadas Repúblicas, para preservar el orden contra los que medran en los trastornos políticos. No pudiendo aceptar el Poder por el solemne juramento que hice el 17 de enero, no puedo ser acusado de egoísmo ni de designios ambiciosos, cuando os pido que robustezcáis la autoridad que yo no voy a ejercer. VIII

Después de haberos manifestado ingenuamente lo que he hecho en estos cuatro meses, esforzándome en corresponder a la conﬁanza del pueblo, me falta únicamente, al volver al seno de la vida privada, el pediros excuséis los errores, en que sin duda habré incurrido a veces, a pesar de la rectitud de intenciones y del patriotismo que me han servido de guía; pues bien sabéis que la infalibilidad y el acierto no son patrimonio del hombre sino de aquel que es la fuente eterna de la verdad y del bien. Que Él os alumbre y os dirija, para que cumpláis vuestro deber y forméis la felicidad de la Patria, tales son mis votos fervientes. Quito, mayo 16 de 1869. G. G ARCíA MORENO. El Ministro del Interior y Relaciones Exteriores; y de Hacienda. —Rafael Carvajal. El Ministro de Guerra y Marina. —Francisco Javier Salazar.

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Ley sobre la Manumisión de los Esclavos (1852)

El proceso para liberar a los esclavos se había iniciado desde mucho antes de la presidencia de José María Urvina, sin embargo, es en su mandato como Jefe Supremo cuando se declaró abolida la esclavitud y luego se dictó una ley especíﬁca, con mecanismos económicos y sociales para ejecutarla. La ley de manumisión intentaba liberar la mano de obra para someterla a las nuevas relaciones salariales dinamizadas por la actividad agrícola y comercial.

La Asamblea Nacional del Ecuador, Decreta: La siguiente Ley sobre Manumisión de los Esclavos Art. 1. Para la manumisión de esclavos que existen en la República, se destinan los fondos siguientes: 1. El producto líquido de los impuestos que paga el aguardiente a las rentas internas bajo cualquiera denominación, deduciéndose las porciones señaladas por leyes anteriores para otras obras de beneﬁcencia. 2. El producto libre del ramo de pólvoras. 3. Un impuesto sobre las herencias y sucesiones. 4. Un impuesto que se exigirá por una sola vez sobre las propiedades raíces y sobre las principales profesiones e industrias. 5. Todas las cantidades pertenecientes a los fondos de manumisión que hayan entrado en el Tesoro Nacional en calidad de depósito, las que deben satisfacer con la prontitud y preferencia posibles. § Único. La aplicación de los fondos de que hablan los incisos 1, 2 y 3, tendrá lugar no solo hasta que se acabe de pagar el valor de los esclavos que actual109

La utopía republicana

mente existen en la República, sino también hasta que se manumitan todos los ecuatorianos de nacimiento que existan en esclavitud en países extranjeros. Art. 2. La primera legislatura constitucional que se reúna señalará nuevos fondos para las manumisiones ulteriores, teniendo a la vista el resultado de las operaciones que deben tener lugar conforme a las disposiciones de esta ley. Art. 3. Ninguna autoridad, ni funcionario público, podrá distraer los fondos de esta ley, ni variar su aplicación especial sin quedar personalmente responsable de cualquiera infracción. Art. 4. Todo Colector o Tesorero de rentas públicas enterará, mensualmente, en las respectivas Cajas Municipales el producto líquido de la renta sobre pólvoras o aguardientes; y el recibo que debe darle el Presidente de la Junta Administrativa le servirá de descargo en sus cuentas con las Tesorerías o Contadurías. Art. 5. Las testamentarías de los que mueren dejando descendientes legítimos pagarán el 1% sobre el caudal líquido deducidas las deudas. Si los herederos fueren ascendientes legítimos, pagarán el 4%; si fueren colaterales, el 8%; si fuesen los consortes o extraños o parientes ilegítimos, en los casos que estos puedan heredar o se destinasen los bienes a obras pías, pagarán el quinto del monto de dichos bienes; si fuese el ﬁsco la aplicación al fondo de manumisión será de la mitad. Art. 6. La recaudación de estos fondos correrá a cargo de los administradores de rentas municipales bajo la inmediata inspección de las juntas administrativas. Estos administradores podrán hacer la recaudación en las parroquias donde no residan por medio de Colectores especiales nombrados por ellos o bajo su responsabilidad. Art. 7. Las testamentarías podrán pagar de preferencia la suma que les corresponda, con el valor de los esclavos que tengan las mismas testamentarías. Art. 8. Los escribanos y los jueces que intervengan en los testamentos o codicilos, están obligados bajo la multa de cien pesos, igualmente aplicables a la manumisión, a poner en conocimientos de las respectivas municipalidades los testamentos o codicilos en que hubiesen intervenido, debiendo cumplir con esta obligación, lo más tarde después de tres días, de la muerte del testador. Art. 9. Todo albacea que se hiciese cargo de una testamentería, está obligado bajo la misma multa, a ponerlo en conocimiento del administrador respectivo, lo más tarde, quince días después de su aceptación. Art. 10. Los colectores de manumisión serán previamente citados para la facción de inventarios, siendo nulas las diligencias que se practiquen sin este requisito. 110

Ley sobre la Manumisión de los Esclavos (1852)

Art. 11. Todo juez ante quien se gestionare sobre herencias o legados, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del colector respectivo, para que éste recauda aquello que se debiese por manumisión. Art. 12. El impuesto deberá pagarse dentro de seis meses; y si el pago fuese con esclavos de testamentaría, se hará inmediatamente después de concluidos los inventarios. § Único. El albacea o cualquier otro tenedor de los bienes de una testamentaría que no consignase en el término de este artículo la cantidad que corresponda a los fondos de manumisión, pagará la multa de cien pesos. Art. 13. Siempre que resulte algún fraude de parte del albacea o heredero en la facción de inventarios, a los fondos de manumisión, pagará el doble del derecho que se ha tratado de defraudar. Art. 14. Las propiedades rústicas pagarán por una sola vez el impuesto de medio por mil, excepto las que valgan menos de doscientos pesos. Art. 15. Los edificios comprendidos en las poblaciones que forman parroquia, pagarán igualmente por una sola vez, la contribución del medio por mil, excepto los que valgan menos de doscientos pesos. Art. 16. El Administrador Municipal o su comisionado, asociado de dos vecinos nombrados por el Teniente parroquial, procederá a practicar las clasificaciones de que hablan los dos artículos anteriores. Al efecto abrirá dos registros, uno para las propiedades rústicas, y otro para las urbanas. En ellos se inscribirán los nombres de los propietarios, el nombre de las fincas, la designación de lugar o calle, que ocupen, su valor, sus límites, sus producciones, la fecha de la adquisición y el nombre del escribano o testigo que intervinieron en el contrato. Art. 17. Todo propietario está obligado a presentar a dicha junta el título de su propiedad, luego que fuese requerido; y de no hacerlo procederá la Junta al justiprecio de la propiedad, nombrando un perito por su parte; en cuyo caso pagará el propietario una contribución triple de la que debía tocarle según esta ley, salvo que acreditase no tener título o haberlo perdido. Art. 18. A medida que se vayan practicando las inscripciones, el Administrador o su comisionado recaudará la contribución, debiendo terminarse esta operación, lo más tarde, cuatro meses después de publicada esta ley. Art. 19. Los recaudadores comisionados por los administradores municipales remitirán, junto con los caudales recaudados, los originales de los registros, dejando copia de ellos en el archivo de la parroquia, para que unidos a los que llevan los mismos administradores, se formen los registros generales del cantón. 111

La utopía republicana

Art. 20. Todo comerciante por mayor o menor, sean cuales fueren las especies que tuviese en ventas propias o ajenas, pagará por una sola vez una contribución que se distribuirá en seis clases: la 1a. clase pagará cuatro reales; la 2a., dos pesos; la 3a., cuatro pesos; la 4a., ocho pesos; la 5a., diez y seis pesos; y la 6a., veinte y cinco pesos. § 1. Se consideran como comerciantes para los efectos de esa ley los boticarios y los que giran sus capitales dándolos a interés. § 2. Los comerciantes de las provincias litorales pagarán dobles las cantidades designadas en este artículo. Art. 21. El Concejo Municipal asociado del juez de comercio del cantón, o de funcionario que haga sus veces, y de dos comerciantes nombrados por éste, hará las clasificaciones del artículo anterior, y pasará un tanto de ellas a los colectores respectivos para la recaudación. Art. 22. Los abogados, médicos y cirujanos pagarán por una sola vez la contribución de cinco pesos. Art. 23. Todo empleado o individuo que goce de renta o sueldo de cualquiera naturaleza, bien sea en servicio del Estado o de la Iglesia, o por empleos municipales, o de instrucción pública, pagarán el 1% mensual por el tiempo de seis meses, siempre que la referida renta o sueldo exceda de trescientos pesos al año. Los tesoreros o administradores respectivos, retendrán esta contribución, y su producto lo pondrán a disposición de la junta administrativa municipal. Art. 24. Los curas, a excepción de los de montaña, se dividen en tres clases: los de la 1a. pagarán diez pesos; los de la 2a., siete pesos, y los de la 3a., cuatro pesos. La clasificación se hará por el Prelado Eclesiástico, o por su respectivo Vicario Foráneo, asociado de la primera autoridad política del cantón. La contribución de que habla este artículo, será también por una sola vez. Art. 25. Quince días después de publicada esta ley, los jefes políticos del cantón abrirán un registro en que se inscribirán los nombres de los esclavos que se encontraren en el circuito de su mando, anotando su edad, su sexo, su oficio, sus enfermedades o defectos físicos, morales o intelectuales. Se inscribirá también el nombre de los amos. Art. 26. Los registros estarán abiertos hasta el 31 de diciembre del presente año; y los propietarios que no comparezcan en este término a inscribir a sus esclavos, no podrán hacerlo en lo sucesivo, y por el mismo hecho los esclavos quedarán libres. § Único. Respecto de los amos que se hallen ausentes de la República, los registros quedarán abiertos hasta el 1 de febrero próximo. 112

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Art. 27. Quedan igualmente libres todos los esclavos que no hubiesen sido presentados por sus amos para la inscripción, según las disposiciones del Gobierno provisorio de julio, salvo el caso de que las autoridades encargadas de su promulgación, no las hubiesen publicado. Art. 28. A medida que se vayan inscribiendo los esclavos se procederá a su tasación por dos peritos nombrados, el uno por el dueño del esclavo y el otro por el Procurador Síndico Municipal, y en caso de discordia el Concejo nombrará un tercero. La tasación no podrá exceder del valor que el esclavo costó a su dueño, a no ser que se haya rebajado o redimido en parte. Art. 29. Los esclavos físicamente inútiles quedarán libres, lo mismo que los mayores de sesenta y cinco años, siendo hombres, y de sesenta, siendo mujeres, sin ninguna indemnización; quedando los amos obligados a mantenerlos mientras vivan, siempre que los libertos quieran continuar en casa de sus dueños. Art. 30. Los Gobernadores de Provincia declararán libres a todos los individuos que aparezcan como esclavos habiendo nacido después del 22 de mayo de 1822; y en las provincias en que se haya promulgado antes de esta fecha la ley que estableció la libertad de partos, serán declarados libres los hijos de esclavos que nacieron después de dicha promulgación. § Único. Los nacidos de padres esclavos, de que habla este artículo, quedan exentos de toda obligación para con los titulados amos, cesando la acción de alimentos que a éstos concedió la ley colombiana. Art. 31. Los que hayan sido introducidos en la República en clase de esclavos o en fraude de la Constitución y leyes vigentes, quedarán libres desde la publicación de esta ley, sin indemnización alguna. Art. 32. Todo esclavo que se extraiga de la República en fraude de esta ley, quedará libre por el mismo hecho, y además pagará el dueño el diez tanto del valor del esclavo o esclavos, aplicable a los fondos de manumisión. Las embarcaciones o bagajes en que se hagan estos transportes, serán también adjudicados a los mismos fondos, a no ser que pertenezcan a un tercero inocente. § Único. Cuando el dueño del esclavo que se exporte no tuviere con que pagar la multa impuesta en este artículo, sufrirá la pena de cinco años de presidio. Art. 33. El día 20 de febrero de 1853, el Concejo Municipal de cada cantón, tomará razón de los fondos que se hayan enterado en la caja de la Junta Administrativa, y ﬁjará el número de esclavos que deba manumitirse el día 6 del siguiente marzo, comenzando por los de mayor edad y los lisiados o enfermos. 113

La utopía republicana

Art. 34. Cuando no se pueda descubrir la edad del individuo que debe manumitirse, o de cuya libertad se trate, por falta de la respectiva partida bautismal o por defecta de prueba testimonial, se fijará a juicio de hombres buenos. Art. 35. Las cartas de libertad irán suscritas por el Jefe Político y el Secretario Municipal, y serán además firmadas por los respectivos amos o el que haga sus veces, con el recibo correspondiente al valor del esclavo manumitido. Art. 36. Después de la primera junta del seis de marzo de 1853, los Concejos Municipales se reunirán precisamente cada tres meses, para proceder según lo dispuesto en los artículos anteriores, a manumitir otro número de esclavos con las cantidades que en este período se hayan reunido de los fondos destinados por esta ley. Art. 37. Todo individuo del Concejo Municipal que no concurriese, sin causa legítima, en los días señalados para los fines de esta ley, pagará una multa de cien pesos destinados a los mismos fondos, que la hará efectiva el Gobernador de la provincia. Art. 38. En todo caso la manumisión definitiva se hará el seis de marzo de 1854 y de esa fecha en adelante no habrá más esclavos en el Ecuador. Si los fondos reunidos hasta entonces no bastasen para la indemnización previa de todos los esclavos que últimamente se manumitiesen, se otorgará a los dueños documentos firmados por el Presidente de la Junta Administrativa Municipal y por su secretario, por el valor de dichos esclavos con arreglo al orden establecido en esta ley. Art. 39. Los fondos de manumisión de los cantones donde no haya esclavos, o donde estuviesen ya manumitidos, se pondrán a disposición del Gobernador de la provincia, para que se apliquen a la manumisión o indemnización en los otros cantones. Cuando ya no haya esclavos en una provincia, se pondrán a disposición del Gobierno, para que los destine a la manumisión o indemnización de los esclavos de otras provincias. Art. 40. Los administradores de rentas municipales cobrarán un 6% sobre las cantidades correspondientes al fondo de manumisión que recauden por sí o por comisionados, arreglándose con estos sobre la parte que les toque en el tanto por ciento de la comisión. Los administradores gozarán en toda su extensión de la jurisdicción coactiva. Art. 41. El Concejo Municipal formará cada tres meses un registro en que consten circunstanciadamente las operaciones de la manumisión, debiendo publicarse por la prensa los nombres de los amos y de sus esclavos manumitidos. 114

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Art. 42. Los contribuyentes a los fondos de manumisión por los impuestos de que hablan los incisos 3 y 4 del Art. 1 recibirán del respectivo recaudador cartas de pago impresas y firmadas por los individuos que componen la Junta Administrativa. Art. 43. Los recaudadores de fondos de manumisión que en lugar de dar a los contribuyentes los recibos impresos de que habla el artículo anterior, los diesen manuscritos, serán multados en cien pesos aplicables a los mismos fondos, por cada vez que infrinjan aquella disposición, sin perjuicio de quedar sujetos por este hecho a un procedimiento judicial con arreglo a las leyes. Art. 44. Los administradores de los fondos de manumisión, no podrán ingresar al destino, antes que se aprueben las fianzas que deben prestar ante las juntas administrativas. Las fianzas serán de abono y cada persona responderá por la cuarta parte de la cantidad que se fije por las mismas juntas. Art. 45. Estos administradores presentarán al vencimiento de cada año ante la respectiva Junta Administrativa certificado de un escribano del cantón o en su defecto la declaración de tres testigos, para acreditar la supervivencia y responsabilidad de los fiadores. Art. 46. Si ocho días después de vencido el año no cumpliesen los administradores con el deber impuesto en el artículo anterior, o no presentasen otros fiadores abonados, a juicio de las juntas administrativas, cesarán en sus destinos, y se procederá al nombramiento de otros. Art. 47. Los mismos administradores municipales, tendrán la obligación de recaudar todas las cantidades que por leyes anteriores se deban a los fondos de manumisión. Art. 48. Es deber de tales administradores remitir a los respectivos gobernadores estados mensuales de la cobranza. Art. 49. Los gastos de requisitorias, pago de escribientes y demás que ocurran, se sacarán de los mismos fondos de manumisión, previa orden de las juntas administrativas, entendiéndose que solo serán abonables, cuando se hagan por los Concejos Municipales o por las mismas Juntas Administrativas. Art. 50. Las Juntas Administrativas exigirán, bajo su responsabilidad, cuentas a los tesoreros de manumisión que anteriormente hubiesen manejado el ramo, y no las hayan rendido. Art. 51. Los gobernadores de provincia tendrán la preferente obligación de cuidar que todas las disposiciones contenidas en esta ley, tengan su más cabal y exacto cumplimiento; como también de exigir cuentas, aún con apremio, a los recaudadores anteriores, y de hacer efectiva la responsabilidad de las 115

La utopía republicana

autoridades que hubiesen permitido que algunos de ellos entraran en el manejo de las rentas, sin haber prestado las respectivas ﬁanzas. Comuníquese al Poder Ejecutivo para su publicación y cumplimiento. Dada en la sala de sesiones en Guayaquil, a 18 de septiembre de 1852, 80, de la libertad. El Vicepresidente de la Asamblea, Francisco X. Aguirre. El Secretario, Pedro Fermín Cevallos. El Secretario, Pablo Bustamante. Casa de Gobierno en Guayaquil, a 28 de septiembre de 1852, 80, de la libertad. Ejecútese, José María Urvina. El Secretario Interino en el Despacho del Interior, Javier Espinosa*.

* República del Ecuador, Leyes y decretos expedidos por la Convención Nacional de 1852, Quito, Imprenta del Gobierno, 1892, pp. 16-25.

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Supresión del Tributo Indígena (1857) Esta contribución económica de los indígenas al Estado colonial se mantuvo durante los primeros años de la República. Para principios del siglo XIX, aproximadamente, el tributo equivalía a dos o tres semanas de trabajo como jornalero. Sin embargo, es difícil evaluar la importancia que tal contribución tenía en la vida económica y social de los indígenas, pues su monto dependía del número de tributarios en la comunidad o hacienda. A pesar de que la legislación colombiana suprimió el tributo mediante la Ley del 4 de octubre de 1821, este impuesto fue restituido por Bolívar. Solamente se lo abolió, de manera deﬁnitiva, en 1857 gracias a una coincidencia de intereses entre hacendados, manufactureros y comerciantes de la Costa y Sierra.

El Senado y Cámara de Representantes del Ecuador, reunidos en Congreso, Considerando: 1. Que la constitución de la República concede a todos los ecuatorianos iguales derechos y les impone los mismos deberes. 2. Que entre estos deberes y derechos se encuentra establecido que todo ecuatoriano debe contribuir para los gastos del Estado, y que en todo impuesto debe guardarse la proporción posible con la industria y el haber de cada uno. 3. Que el impuesto conocido con el nombre de contribución de indígenas, no solo viola estos preceptos constitucionales, sino también que es bárbaro y antieconómico, pues pesa exclusivamente sobre una clase y la más infeliz de la sociedad. Decretan: Art. 1. Queda abolido en la República el impuesto conocido con el nombre de contribución personal de indígenas, y los individuos de esta clase igualados a los demás ecuatorianos en cuanto a los deberes y derechos que la cana fundamental les impone y concede. 117

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Art. 2. Se remite a los indígenas lo que deben por la contribución expresada. Comuníquese al Poder Ejecutivo para su publicación y cumplimiento. Dado en Quito, capital de la República, a 21 de octubre de 1857, 130, de la libertad. El Presidente del Senado, Manuel Bustamante. El Presidente de la Cámara de Representantes, Pablo Guevara. El Secretario de la Cámara de Representantes, Javier Endara. Quito, a 30 de octubre de 1857, 130, de la libertad. Ejecútese, Francisco Robles. El Ministro de Hacienda, Francisco P. Icaza.

* República del Ecuador, Leyes y Decretos expedidos por el Congreso Constitucional de 1857, Quito, Imprenta del Gobierno, 1892, pp. 35-36.

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José Peralta Para empezar

Escribo solamente para los ecuatorianos sensatos y patriotas, para los ecuatorianos que, exentos de pasiones políticas y arrebatos de odio, meditan con seriedad sobre las verdaderas conveniencias de la República. Sé bien que la contestación a este pequeño opúsculo, serán la diatriba y la calumnia; pero, como las injurias no son razones, declaro que el anónimo y el libelo infamatorio no obtendrán réplica alguna de mi pluma. Entraré en discusión únicamente con el polemista bien mirado que busque el triunfo de la verdad por el camino recto y digno; y, si soy convencido de error en mis conceptos, seré el primero en proclamar vencedor a mi adversario. J. PERALTA.

En dos grupos se hallan divididos los seudoradicales ecuatorianos: los unos están por la prescindencia absoluta de la cuestión religiosa en la administración pública; y los otros, por la imposición violenta de sus propias ideas a la conciencia de todos los ciudadanos. ¿Cuál de estos grupos están en lo cierto y lo justo? Ninguno.

Ce ne fut la erainte, ni la pieté, qui établit la religión chez les romains, la nécessité oú sont toustes les societés d’en avoir une… Montesquieu. Dissertation sur la politique des romains dans la religion. 119

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Todos los días, publicaciones de las más leídas, nos dicen a porfía que ya pasó el tiempo de la religión, que la fe es una alucinación o una enfermedad de la infancia, que los dioses enseñan la hilaza y se han hecho imposibles, que el único conocimiento nos viene de los sentidos y que debemos borrar las palabras infinito, sobrenatural y divino del diccionario del porvenir, dice Max Müller. Pero, el sabio investigador del origen de las religiones, demuestra que, a pesar de toda la grita de la irreligión moderna, se mantiene todavía en pie la cuestión histórica y psicológica, puesto que el filósofo no puede dar con un pueblo sin ideas religiosas, aunque no sean sino rudimentarias. Hacer abstracción de las religiones en el estudio de la sociología, sería pues eliminar uno de los factores más indispensables para resolver el problema del bienestar social: sería recusar el testimonio de la Historia y el sentir universal de las naciones; sería extraviarse voluntariamente del camino de la verdad. Suprímase la religión y la historia de la humanidad se convertirá en un caos: explicad sin religión el desarrollo de la Jurisprudencia y de la Ciencia, la marcha progresiva de la civilización de los pueblos, la formación y caída de los grandes imperios, la transformación de las ideas sociales, en una palabra, los triunfos de la moral, de la justicia y de la libertad, de que tan ufano se muestra el mundo moderno. Suprímase la religión del estudio de las sociedades humanas, y el entendimiento habrá de andarse a ciegas por entre el dédalo de los sucesos que tenemos como más luminosos, y que nos sirven de guía para el conocimiento de la filosofía de la historia: suprímase la religión, y se habrá extendido un velo denso e impenetrable sobre el espíritu del hombre. Y si la cuestión religiosa merece tanto la atención del sabio en el terreno meramente especulativo, en tratándose del Gobierno de un Estado, se convierte en asunto capital; porque todo el toque de la administración pública, y en especial de la bondad y sabiduría de las leyes, está en dirigir con acierto lo que se llama espíritu general. Y el espíritu general de un pueblo no es otra cosa que el conjunto de las ideas y máximas aceptadas por él, juntamente con las peculiares circunstancias que le dan aptitudes para alcanzar, con mayor o menor facilidad, y por éste o el otro camino, el perfeccionamiento común. Prescindir de la religión en el Gobierno de un pueblo, viene pues a ser un contrasentido; equivale a suprimir gran parte de aquello mismo que el gobernante está obligado a encauzar y dirigir en beneficio de los gobernados. Una sociedad ateos es imposible, decía el más descreído de los filósofos del siglo XVIII; y otra vez, tan persuadido estaba de que la religión es elemento de buen Gobierno en un país, afirmaba la necesidad de inventarla, si se hallase un pueblo sin ideas religiosas. 120

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¿Podríase, pues, prescindir de la religión en nuestra República, nacida de la España de Carlos V y Felipe II? Podríamos hacer abstracción de la fe de los ecuatorianos, hallándose la mayoría de nuestros compatriotas tan íntimamente ligados al catolicismo, como lo estaban los españoles de los tiempos medioevales? Ningún objeto ha llamado tanto la atención de los más célebres legisladores, dice Filangieri, como la relación de las leyes con la religión del país que ha de obedecerlas. Y, en efecto, estúdiense todas las legislaciones antiguas y modernas, y se verá cuánto han cuidado los conductores de los pueblos, en poner de acuerdo, en lo posible, los preceptos legales con las ideas religiosas de los súbditos. Manú, Zoroastro, Moisés, Licurgo, Numa, Constantino, Justiniano, Carlomagno, Manco-Cápac, etcétera, son prueba irrefragable de que los legisladores sabios han atendido siempre a las creencias religiosas del país que regían y ni podía ser de otra manera; porque, si las leyes deben adaptarse a la condición moral de los ciudadanos, y si las religiones modifican esencialmente esa condición, es incuestionable que el legislador tiene que tomar en cuenta el credo religioso del pueblo, para evitar que los códigos se hallen en pugna con el sentimiento nacional. La legislación buena para Turquía, no lo sería para Italia, por ejemplo; ya que el islamismo y el catolicismo tienen necesariamente de formar pueblos de índole y costumbres diversas. Nos asombramos de ciertas leyes asiáticas, absurdas o ridículas para la civilización occidental; pero cesa nuestro asombro apenas paramos mientes en la bondad relativa que tales leyes encierran, dada la naturaleza de las sociedades para las que se dictaron. Así, el católico condena la pluralidad de mujeres y los desórdenes del harem, mientras el musulmán se horroriza ante la monogamía y la continencia predicadas por el cristianismo; nos reímos de las purificaciones y abluciones de los hindus, y ellos nos compadecerían y huirían de nosotros, viéndonos cubiertos de impurezas legales: el martirologio judío cuenta con varios santos que prefirieron una muerte cruel a un bocado de tocino, y nosotros, sin comprender fácilmente aquel acto de santidad, nos alimentamos con el mismo manjar prohibido. Lo mismo podría decirse de las demás leyes, comparándolas; de modo que el legislador que no consultase la religión del país, faltaría a los principios científicos y políticos, no llenaría rectamente sus augustas funciones y se iría aún contra sus propias conveniencias. No quiere decir esto que el legislador haya de examinar y resolver los diversos sistemas filosófico-teológicos, ni menos empeñarse e en el predominio de esta religión sobre la otra. Por lo contrario, el legislador debe ser político y 121

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no teólogo, como dice Montesquieu; y ha de tomar como base de sus labores, el hecho existente y nada más: para él las creencias del pueblo han de ser simplemente el espíritu general al que tiene obligación de dirigir; esto es, como el conjunto de las costumbres nacionales, como una fuente de hábitos y sensaciones, como la órbita de la actividad moral de los súbditos, como prácticas sociales reglamentables y garantizables en beneficio de la Nación y del público bienestar. Tampoco quiere decir que el legislador haya de respetar los abusos religiosos, ni las prácticas inmorales, ni el exclusivismo lesivo a la conciencia disidente; porque, por lo contrario, y como dice Filangieri, todo aquello que precave los abusos de la religión, es más útil que otra cosa alguna, a la religión misma. Proscribir las supersticiones, reprimir la ambición y la tiranía hierátcias, combatir la intolerancia y el fanatismo, prohibir el abuso religioso, de ningún modo es contrariar la religión del país, sino mas bien, respetarla y protegerla, depurarla y tornarla más inviolable y sagrada. Inglaterra ha respetado la religión de la India, de tal suerte que la vieja Trimurti sigue dominando sin contradicción sobre el Ganges; pero, el inhumano sacrificio de las viudas, los asesinatos religiosos de Kali, las nauseabundas orgías de Lakmy, etcétera, han sido proscritos con mucha justicia y en beneficio mismo de los hindus. He aquí los principios de la ciencia: principios que los he tomado precisamente de filósofos que nada tienen de ultramontanos, ya que mis adversarios se apellidan radicales. ¿Podrían recusar éstos la doctrina de Montesquieu, de Filangieri, de Bentham, de Giddings, etcétera? De ninguna manera; luego es inctrovertible que el Poder Público ecuatoriano, no puede, en ningún caso, desatender los intereses religiosos de la Nación, al ejercer sus augustas funciones.

La religión de la República es la católica, apostólica, romana, con exclusión de todo culto contrario a la moral. Los Poderes públicos están obligados a protegerla y hacerla respetar. Artículo 12 de la Constitución.

Algunos periodistas han declamado incesantemente contra la reconciliación de la República con la Santa Sede; y ha sido de ver el cúmulo de absurdos y 122

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despropósitos amontonados para justificar esas declamaciones. Unos han pedido la separación inmediata y absoluta de la Iglesia y el Estado, sin fijarse siquiera en que la Constitución de la República se alza imponente contra ese divorcio de las dos potestades, puesto que el poder público tiene de proteger y hacer respetar la religión Católica. Esos periodistas, indudablemente, no han meditado jamás en lo que pedían; pues, en caso contrario, habríanse abstenido de enhebrar desacierto tras desacierto, para risa de los entendidos en la materia. Bluntschli y otros publicistas modernos, han destruido con mano maestra todas las ilusiones de los separatistas, demostrando hasta la evidencia, que la aplicación de la teoría de la autonomía de la Iglesia implica una renuncia expresa de la soberanía nacional una vez que el Estado tiene de conservar su independencia y su supremacía sobre la Iglesia misma, en todo lo que diga relación al derecho público y al derecho privado, en razón de ser la única fuente de la autoridad y de la ley. La doctrina de esos sabios se impuso por la fuerza del raciocinio y la verdad que encierra; y hoy la separación absoluta de la Iglesia y el Estado, apenas es una tesis para discutida en las universidades o entre políticos incipientes. Léase la historia parlamentaria de nuestras repúblicas latinoamericanas, y se verá cómo han caído las más fervorosas mociones sobre la materia que me ocupa. La sensatez, el buen juicio práctico, la ciencia política, los bien entendidos intereses de la Patria y el liberalismo, les han salido siempre al paso a los separatistas y puéstolos en completa derrota, con aplauso del país. Tendría que escribir un libro, si quisiera entrar en detalles sobre tan importante asunto; pero, básteme recordarles a mis adversarios la opinión de Montalvo, del apóstol incorruptible, contra la idea de la separación de las dos potestades; básteme recordarles el lamentable fracaso de la tentativa de los liberales colombianos, cuyo sueño fue también la Iglesia libre en el Estado libre. Suelen muchos de nuestros adversarios citarnos los ejemplos de Norte América y Bélgica, en donde la Iglesia está divorciada del Estado; pero el hecho es falso: ni en el uno ni en el otro país existe iglesia autónoma. Lo que sucede es que ahí la Iglesia viene a ser como una institución de derecho privado; pero está sujeta a la acción del Poder laico. La separación, científica y verdaderamente hablando, no existe; puesto que la autoridad espiritual lo goza de autonomía alguna. Pero, aun así: dénnos los seudo-radicales un pueblo que reúna las especialísimas condiciones sociológicas de los EUA del Norte y de Bélgica, y pueden pensar en imitar a estas naciones, donde, de hecho, la autoridad laica deja que las diversas agrupaciones religiosas se arreglen y rijan como puedan; empero, reservándose la suprema vigilancia sobre ellas, puesto 123

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que un Estado no puede permitir que se levante otro Estado dentro de sí mismo y con perjuicio de sus atribuciones soberanas. Y en el Ecuador, menos que en ninguna otra Nación católica, es posible la separación entre la Iglesia y el Estado; ya que todas nuestras instituciones, nuestro modo de ser social, nuestros hábitos y costumbres, nuestro pasado y nuestro presente, presuponen la unión armónica de las dos potestades: sería necesario rehacer las leyes, la condición moral de la sociedad, en fin, el pueblo mismo del Ecuador, para que fuese hacedero deberá romper todo lazo entre la autoridad espiritual y la temporal. Y luego, aunque así no fuera, el Gobierno del Sr. General Alfaro no podía pasarse por sobre la Constitución para satisfacer los deseos de tal o cual escritor, sin aplicar con su propia mano la tea destructora al edificio liberal con tanto sacrificio levantado. Abrogado el Concordato y dictada la Ley de Patronato, dicen otros seudoradicales, no era menester una reconciliación con el Vaticano: la República podía pasarse sin el Papa y legislar libremente sobre la conciencia de los ciudadanos: el solo hecho de recibir a un Delegado Pontificio, ha sido una humillación para el Ecuador. —Tal es, en síntesis, la última acusación lanzada contra el Gobierno del Sr. General Alfaro; y cierto que ruboriza la idea de que esas declamaciones vayan al Exterior, donde el periodismo y la tribuna son factores de civilización verdadera. Si no era posible la separación de la Iglesia y el Estado; si por otra parte, no era justo ni conforme a la soberanía de la Nación, que la potestad espiritual ejerciera una supremacía vejatoria sobre la potestad laica, presentábase de lleno la urgencia de deslindar y armonizar las atribuciones de ambos poderes. Y en virtud de esta urgente necesidad, dictóse la Ley de Patronato, no para “esclavizar a la Iglesia”, como el Senador Borja (L. F.) lo afirmó últimamente en la Cámara. Cierto que rechazamos un proyecto de Ley que presentó el referido Sr. Borja; pero únicamente porque el tal proyecto era una mala copia de la Ley colombiana de 28 de julio de 1824. La tan combatida Ley de Patronato, si consagró la reivindicación de los derechos de la República, quedóse escrita; ya porque, tanto cortarla y recortarla en las Cámaras, resultó deficiente y utópica; ya por la tenaz resistencia del clero a cumplirla. —No combatimos las facultades de la potestad civil, decían los sacerdotes ilustrados, pero el Estado ha debido proceder de acuerdo con la Santa Sede. —La cuestión miraba, pues, a la mera forma: si el Romano Pontífice reconocía los derechos de la Nación, llamados de Patronato, desaparecía todo motivo de discordia; la guerra asoladora que, con pretextos religiosos, se 124

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estaba azotando a la República, quedaba de hecho terminada: la tranquilidad y la paz volvían a sonreir, después de tanto tiempo, a los ecuatorianos. ¿Qué debía hacer el Gobierno en semejantes circunstancias? Cerrar las puertas a una conciliación decorosa y justa, eternizando así las calamidades de la guerra? Solo para la más crasa ignorancia puede haber incompatibilidad entre el Patronato y el Concordato; y ser reo de claudicación el Gobierno que entra en convenios con la Iglesia para obtener el reconocimiento solemne de los derechos del Estado. El Patronato no es otra cosa que el conjunto de prerrogativas que la Nación tiene sobre la Iglesia; y cuando estas prerrogativas son reconocidas por la silla Romana en un pacto escrito, hay un verdadero concordato ¿Dónde la contradicción del Gobierno? ¿Dónde la incompatibilidad de la ley de 1898 con las ulteriores negociaciones con el Vaticano? El Rey de España ejerce ampliamente el Patronato en virtud de leyes dictadas desde los antiguos tiempos de la Monarquía; y, sin embargo, celebró Concordatos en 1737, en 1753, y aun hoy día, se halla negociando una nueva convención. ¿Se contradijeron Felipe V y Fernando VI, al aprobar semejantes Pactos con el Romano Pontífice? Fue traidor a España el famoso Villalpando que negoció en mejor de los concordatos españoles? —Y lo mismo podría decir de otros muchos gobiernos que, guiados por el buen deseo de cimentar la paz y concordia entre los ciudadanos, han celebrado este género de transacciones con Toma: transacciones en las que, sin perjudicar los derechos inalienables de las partes contratantes, fijan el límite de ambas potestadas y evitan ulteriores divergencias.

8888 Pero, dicen, un Gobierno liberal, levantado por el pueblo soberano, no debió recibir al Delegado Pontiﬁcio: ¿para qué necesitamos de la amistad del Papa? Es difícil persuadirse de que estas cosas se digan en serio, porque pugnan con el buen sentido. ¿Con que los gobiernos deben dispararse contra las convicciones y anhelos de la mayoría de los ciudadanos? Con que los gobiernos deben, lejos de apagar el incendio, echar más y más combustible a la hoguera que consume a la Patria? ¿Con que los gobiernos para nada han de ﬁjarse en las creencias religiosas del pueblo? ¿Con que los gobiernos deben faltar aún a las más triviales reglas de cortesía y decoro internacionales? Y todo esto, para ¿no caer en caso de menos, ante los seudo-revolucionarios? 125

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Ninguna revolución extremó más la guerra contra el catolicismo, que la Revolución Francesa: los jacobinos borraron con sangre hasta el nombre de Dios de sobre la Francia. Los hombres de Estado que intentaron oponerse al torrente, menos fuertes que la ola demoledora, sucumbieron en el martirio, maldecidos por la demagogia que los llamaba traidores a la revolución y al pueblo. —¡Hemos destruido a Dios!— gritaban por donde quiera, millares de frenéticos degolladores de católicos y de ciudadanos que se declaraban por la humanidad y la justicia. ¿Qué es nuestra revolucioncita cerca de ese movimiento colosal contra la religión y la Monarquía? Y, sin embargo, cuando Francia, quizo poner término a tantos horrores, entró en transacciones con Roma: la República, hija de la famosa revolución, había llegado al apogeo de su gloria, acababa de segar inmarcecibles lauros en el campo de Marengo, y no tuvo por humillación extender la mano al Papa. Y el Art. 1º. de aquel célebre Concordato, decía: “La religión católica, apostólica y romana, será libremente profesada en Francia: su culto será público, ateniéndose a los reglamentos de policía que el Gobierno repute necesarios para asegurar la tranquilidad. —¿Cavó su tumba el Gobierno francés con este acto político y sabio que satisfacía las exigencias de la justicia y de la libertad, al mismo tiempo, que apagaba la tea de la discordia en Francia? ¿Fue traidor al pueblo y a sus propias convicciones el primer Cónsul de la República? Víctor Manuel II no fue vendido al clero ni traidor al liberalismo: aún estaba abierta la brecha de la Puerta Pía, y ya dictaba el conquistador de la Unidad Italiana, la Ley de Garantías. La persona del Papa es sagrada e inviolable, según dicha ley: el ejercicio del pontificado, libre y sin trabas: la religión respetada, etc. —¿Cavó su tumba el egregio Rey al firmar un Decreto tan conforme con el liberalismo, la justicia y la sabiduría? Víctor Manuel II fue insultado y repudiado ni por Garibaldi y Mazzini, los más exaltados enemigos del Papa, por haber procedido como la habilidad política lo exigía? Y dónde están en el Senado de 1901 los Mazzinis y Garibaldis, para que pudieran reprocharles los hombres del Gobierno del General Alfaro, el haberse reconciliado con el Vaticano? El pensamiento que fermentaba Bismark no era otro que el proscribir el catolicismo de la Patria Alemana; ¿qué era para el Canciller de Hierro oprimir la conciencia de un millón y medio de católicos, insignificante minoría, en medio del inmenso Imperio protestante? Y, sin embargo, vio que la tierra temblaba bajo sus pies, que era necesario mirar por la paz, que era justo amparar aún esa aborrecida creencia de las minorías, y... pasó el Rubicón. —¿Qué dirían los seudo-radicales ecuatorianos de esta claudicación vergonzosa del omnipo126

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tente Canciller? ¿Qué dirían los Senadores de 1901 de este protestante, más que protestante, incrédulo, que se mete en tratos con el detestado poder de Roma, humillando así la majestad del Imperio? Y la Rusia cismática trató también con Roma en 1827; y los Países Bajos calvinistas suscribieron asimismo su Concordato; y el Reino anglicano se entendió, por su parte, con el Cardenal Consalvi, Secretario de Estado del Papa; y Austria y Hungría, Baviera y Suiza, los países del Rhin y otras naciones concluyeron de igual modo; sendos convenios con la Silla Apostólica. El Czar y Jorge IV, el Ministro Hardemberg y José II, etc. etc., ¿se envilecieron y acabaron con su honra y probidad, al firmar” esas transacciones con el Vaticano, para garantizar la conciencia pública y afianzar la paz en sus Estados? ¿Fueron traidores aquellos eminentes políticos porque pospusieron sus ideas personales al bien común y a la concordia civil? Que vengan los senadores de 1901 y lo digan; mientras nosotros, los que manejamos los negocios públicos en el período constitucional anterior, apelamos al buen sentido de los ecuatorianos y esperamos su fallo con la conciencia tranquila. ¿Qué país cristiano del mundo se ha negado por sistema a tratar con el Romano Pontífice? Y habíamos de ser nosotros los únicos que no necesitamos del Papa para nada; nosotros, entre quienes hasta los Senadores de 1901 oyen misa y se llaman fieles hijos de la Iglesia? Cuál de dichos Padres Conscriptos pertence a una religión disidente, o es ateo, o deja de ayunar y hartarse de agua bendita? Que venga el senador incrédulo y me reviente el ojo derecho, si su incredulidad no es hipocresía del mal; si no es capaz de tomarse en más papista que el Sacro Colegio junto, en caso de que León XIII pudiera distribuir los empleos públicos en el Ecuador. ¡Enemigos del Vaticano! Y el Senador Cueva, sin ir más lejos, hizo pública profesión de fe católica, para que el presidente Cordero no le removiera del Rectorado del Colegio “Bernardo Valdivieso” ¿Para qué estos arranques de impiedad,cuando aquí, en las reducidas poblaciones de nuestra pequeña República, todos nos conocemos? ¡Enemigos del Papa!... Apenas si podríamos hallar en la Cámara anciana la cuarta parte de una docena de verdaderos liberales: las opiniones de éstos, son respetadas por mí, porque los creo honrados, aunque sean erróneas.

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La guerra, mal apagada, amenazaba aún a la República: sangre de hermanos enrojecía ya muchos campos de batalla: el odio político habíase convertido en huracán que todo lo arrazaba; las bases de las sociedad estaban conmovidas: allende el Carchi predicábase una cruzada contra la impiedad dominante en el Ecuador; y la causa de tantos males, o mejor dicho, el pretexto de la fraticida lucha, era la religión. Hacía cinco largos años que venían degollándose los ecuatorianos con el nombre de Cristo y de libertad en los labios; como si la libertad y el Cristo pudieran servir de bandera a bandos contrapuestos, ni de enseña para el exterminio. —¿Debía el Gobierno del Sr. General Alfaro resucitar y fomentar la desastrosa contienda? ¿No estaba en el deber ineludible de buscar por todos los medios decorosos y justos, la reconciliación y la armonía entre los ciudadanos? ¿No tenía la obligación sagrada de restablecer la paz, removiendo todo obstáculo a la tranquilidad de la República? Y, puesto que la causa de la discordia era la pasión religiosa, no era cuerdo y prudente aceptar al Delegado Apostólico, para que desengañase a los pueblos, enseñándoles la verdadera doctrina? Y sucedió lo que el Gobierno había querido: Monseñor Gasparri anunció la paz a la República; advirtiendo al episodio y al clero la obligación de rodear a la autoridad constituída y trabajar por las sincera reconciliación de los ecuatorianos. Monseñor Gasparri condenó el mal entendido celo religioso e inculcó el respeto a las potestades legítimas: respondió a los obispos y sacerdotes que, en el sur del Cauca, predicaban la guerra santa contra el Ecuador: aprobó las doctrinas de Monseñor González Suárez que tanto escandalizaron al fanatismo: y la paz quedó sólida y sinceramente restablecida en la Nación. ¿Fue un mal para el seudo-radicalismo el restablecimiento de la paz ecuatoriana? ¿Puede llamárseme traidor a la Patria, por haber buscado un avenimiento compatible con el decoro del Gobierno y exigido por las conveniencias del país?

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III

Los primeros pasos de la humanidad deberían encaminarse a permitir que cada uno siga en paz el culto y las opiniones que le convenga. MESLIER, La Razón Natural.

Hemos visto ya que no es posible prescindir de la cuestión religiosa en la administración de ningún pueblo; que los gobernantes y legisladores están obligados a respetar la fe de todos los asociados, garantizándola y protegiéndola con estricta equidad; y que el Gobierno del Gral. Alfaro obró a derechas y en razón, al cerrar los oídos a la grita demagógica y reanudar las buenas relaciones entre la República y la Santa Sede. ¿Puede el seudo-radicalismo imponer violentamente sus ideas a todos los ciudadanos? Veámoslo.

8888 Imponer una doctrina por la fuerza, abusando del poder y por medio de leyes, aunque no fuese sino a la minoría de los ecuatorianos, de ninguna manera sería conforme ni a la justicia, ni a la libertad, ni a la ciencia, ni al interés de los gobernantes. Si la más grandiosa conquista de la civilización consiste en la autonomía de la conciencia; si nadie tiene derecho para ﬁscalizar los actos íntimos del ciudadano; si la mano de la autoridad no puede extenderse al santuario en que arde la antorcha de la fe individual; si las hogueras de la Inquisición se apagaron para siempre; ¿habría justicia en recomponer esas cadenas rotas, en encender otra vez esas hogueras; en levantar de nuevo el trono del despotismo, en volver a su cárcel de hierro al espíritu humano, emancipado por la continuada labor de tantos siglos y por el martirio de tantos pensadores? y ¿podría un Gobierno liberal emprender esa obra nefanda de reaccionarismo, sin renegar de la libertad y la tolerancia? Cualquiera podría trocarse en tirano de la conciencia ajena, menos un liberal; puesto que liberalismo es respeto profundo a todas las opiniones, tolerancia absoluta a todas las ideas, justicia estricta para todos los ciu129

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dadanos. Liberalismo es pensamiento libre y conciencia libre, dentro de la esfera de la razón y la virtud: ¿Cómo podría, pues, un liberal encadenar la inteligencia y oprimir la voluntad de sus semejantes? Liberal tirano, no se comprende; y se explica la asociación de vocablos tan incompatibles, solo estableciendo que el déspota que se adorna con el gorro frigio, es un hipócrita detestable. Y luego la intolerancia y la tiranía en materias religiosas, es contraproducente: viene a ser semilla de ruina y de muerte para el mismo tirano, porque la ley de las reacciones no falta ni en el mundo moral. “Es una máxima, dice Montesquieu, que toda religión que se ve reprimida, reprime sucesivamente; porque desde que por cualquiera acaso puede salir de la opresión, ataca a la religión que a ella la reprimió, no como tal culto, sino como tiranía. Luego es cosa justa que las leyes exijan de estas diversas religiones, no solamente que no alteren el Estado, sino que también no se turben unas a otras entre sí. Un ciudadano no satisface las leyes con limitarse a no turbar el cuerpo del Estado; es menester, además, que no turbe a ningún ciudadano”.Y la historia de todos los pueblos está comprobando plenamente la doctrina del mencionado filósofo: las sangrientas represalias de las religiones contendientes, son una protesta de la humanidad contra la intolerancia de las leyes. El paganismo esmeró su tiranía contra la religión de Cristo; y ésta, cuando Constantino la declaró religión del Imperio, creyó un deber sagrado el vengar a sus mártires. El Santo Oficio llevó la crueldad y la barbarie hasta el punto más subido contra los herejes y los infieles; y vinieron la Reforma y la Revolución a tomar terrible venganza de las víctimas de la Inquisición. ¿Para qué recordar esas páginas sangrientas y negras de las luchas religiosas? Para qué tomar aquí las sombrías siluetas de Nerón y Diocleciano, de Torquemada y Felipe II, y de Enrique VIII y María la Sanguinaria? Para qué nombrar al sinnúmero de verdugos que han ensangrentado la tierra con el nombre de Dios en los impuros labios? Acaso no acabamos nosotros mismos de atravesar un lustro sangriento con pretexto religioso? —La tolerancia amplia y segura es la única base de la armonía social; y, por lo mismo, de la paz y engrandecimiento de los pueblos.

8888 Dejamos ya sentado que el legislador ha de respetar la inviolabilidad de la conciencia de todos los ciudadanos, sin declararse partidario ni de la fe de las mayorías ni de las minorías; porque, si el que ejerce el más augusto de los poderes 130

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públicos no se despojan de toda parcialidad, la ley no tendría conveniencia general, sino que sería defectuosa, cuando no monstruosa y tiránica. De esto se deduce que las creencias personales del legislador sabio y político, no influyente en la formación de las leyes; porque no legislamos para nosotros mismos, ni para la agrupación que como nosotros piensa, sino para todo el pueblo. Infeliz de la Nación donde el gobernante se guía por el interés individual y en consonancia únicamente con sus propias idea: el espíritu general sin dirección y sin rumbo, producirá la anarquía o el envilecimiento de la servidumbre. Y si las leyes se cortan sobre el patrón conveniente solo para el legislador y los suyos, el desastre social resultará de más colosales proporciones, sobre todo en religión; puesto caso que la falta de tolerancia y el exclusivismo dogmático, son fuente perenne de disturbios civiles; y por ende de destrucción y muerte. Tan tiránico sería imponer una creencia a uno de los ecuatorianos, como el contrariar en lo absoluto la religión de las mayorías; y la ciencia del legislador está en establecer el respeto mutuo entre las diversas ideas religiosas, una tolerancia justa y racional para el sentimiento de todas las conciencias, un equilibrio estable entre todos los elementos de la sociedad. Y aun el cortar los abusos en religión es obra de tino y de cautela superiores, por más que la reforma se imponga por sí misma y ceda en beneficio de la República y de la religión. Aristóteles ya advirtió los mismos peligros que Montesquieu apunta para el soberano que emprende reformas; y hasta Bentham, que naturalmente no estaría vendido a los frailes, quiere que el reformador, antes de dar el paso decisivo calcule y compare la magnitud del mal de la enfermedad con la del mal del remedio, y vea de qué lado están las ventajas. Y, entrañan suma sabiduría y compendian las doctrinas que estamos desarrollando: Ningún uso debe abolirse sin una razón especial: Mudar un uso que repugna a las opiniones del legislador sin otra razón que esta repugnancia, no debe reputarse un bien”. Y explanando estos principios, continúa: “Es necesario que pueda mostrarse una utilidad positiva por resultado de la mudanza; y que ésta no sea la satisfacción para uno y el descontento para todos”. Así, pues, solamente la necesidad de garantizar la conciencia de todos los asociados es un fundamento científico y justo de la abolición del exclusivismo y predominio de una sola religión en el Estado: la necesidad de mantener íntegros los derechos de la soberanía nacional, el motivo filosófico y político de las leyes que reivindican esos derechos usurpados por la autoridad eclesiástica: la necesidad de proteger a los ciudadanos de abusos ejercidos en nombre de la religión, la causa justificante de los preceptos legales represivos del clero, etc. Y 131

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la utilidad de semejantes medidas no hay que demostrarla: está a la vista de todos. Reformas de esta especie no son sino la recta aplicación de los más primordiales principios de la ciencia, en bien de la comunidad y de la religión misma; y aun en este caso, palpado hemos las dificultades de las más justas mudanzas: ¡tan delicado es poner la mano en las costumbres populares! Y si la intolerancia del poder para con la creencia del pueblo, no es debida a una necesidad social imprescindible; si solo el capricho y el odio, la pasión política y el ofuscamiento engendran la reforma; si no se sigue de ella ninguna utilidad práctica en beneficio del mismo pueblo, la mudanza no es científica, ni justa, ni política. Esto de creer que el liberalismo, para ser perfecto y puro, ha de hacer alardes de frenético y demoledor, de tiránico y brutal, es propio de quienes no conocen los santos principios que se están redimiendo a la humanidad, por medio de la libertad y la justicia. —¿Liberalismo la opresión de la conciencia y el límite fijado al pensamiento? ¿Liberalismo el cadalzo y el azote embrutecedor para los que no piensan como nosotros? ¿Liberalismo la intolerancia más impía y más insana? ¿Qué es, pues, entonces la tiranía? Qué es el fanatismo, qué la barbarie, qué la esclavitud del espíritu humano? —Estos seudo-liberales se están justificando las calumnias y denuesto que nuestros adversarios sin cesar nos han lanzado; pero, sabed conservadores, que la mayoría de nuestro Partido no busca sino el reinado de la justicia y la libertad, el reinado de la paz y la armonía, el reinado de la tolerancia y el respeto a todos los derechos, el reinado del trabajo y de la prosperidad. Si para llegar a este nuestro justo y grandioso ideal, combatimos los abusos de los antiguos sistemas sociales, por medio de la prensa, en la tribuna y aún con las armas; si pedimos y realizamos reformas necesarias y beneficiosas para todo el país; si nos hemos puesto al frente de vuestras filas, no ha sido para oprimirnos ni exterminaros: la política del yunque y del martillo no es de pueblos civilizados. En el calor de la lucha no siempre acompañan la equidad y la moderación a los bandos contendientes; pero, cuando el incendio se halla apagado, todos los hijos del Ecuador somos hermanos, a todos nos toca restañar las heridas de la Patria y extendemos sinceramente los brazos; terminada la riña, no hay vencedores ni vencidos, mucho menos esclavos y dominadores. ¿Quién pudiera proclamar el despotismo en nombre de la libertad conquistada? Estas son mis vergonzosas claudicaciones: volver por los fueros de la justicia, donde quiera que la vea ultrajada; rebelarme contra la tiranía roja lo mismo que contra la negra; defender los derechos aun del enemigo, cuando en ello va el triunfo de los sagrados principios de la democracia. Ayer combatí sin tregua 132

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los abusos de la clerecía y las aberraciones del ultramontanismo; y hoy, con igual tesón defiendo la libertad de conciencia para los ecuatorianos católicos. Si no lo hiciera así, no fuera liberal, no sostendría mi bandera, no cumpliría mi deber; pero los... sabios del Senado y sus congéneres solo miran en mi leal conducta una infame contradicción, una claudicación punible. ¿Habránse visto... liberales? Ningún filósofo ha odiado tanto la religión romana como Voltaire: consagró todos sus escritos a impugnarla: pero no llegó jamás a inculcar la intolerancia contra el credo que aborrecía. Lejos de ello, en la justa indignación que la causaban las persecusiones religiosas, exclamaba: “Expiemos con la tolerancia los crímenes que el furor execrable de la intolerancia ha hecho cometer!...”. Meslier lanza este vehemente apóstrofe a los opresores de la conciencia, a los tiranos del espíritu humano: “¡Perseguidores infames ¿no conoceréis jamás la locura y la injusticia de vuestro intolerante humor? No véis que el hombre no es árbitro de sus opiniones religiosas, de su credulidad o incredulidad, como no lo es del idioma que aprende desde la infancia y que no puede cambiar? Decir a un hombre que piense como vosotros, ¿no es lo mismo que pretender que un extranjero se explique en vuestro idioma como vosotros mismos?...”. Volney, el ateo Volney, horrorizado ante la intolerancia religiosa, hace que el Genio de las Ruinas dirija a los pueblos estas palabras: “Cuando reflexionamos sobre la exclusión respectiva y la intolerancia arbitraria de vuestras pretensiones, nos espantamos de las consecuencias que se siguen de vuestros propios principios...”. Robespierre, el sanguinario Robespierre que alimentó la guillotina con innumerables hecatombes, se sublevó contra los perseguidores de la conciencia libre y les dirigió este tremendo reproche: “¿Con qué derecho vienen unos hombres desconocidos hasta ahora en la carrera de la revolución, a buscar entre estos acontecimientos los medios de usurpar una falta popularidad...? Con qué derecho vienen a trastornar la libertad de cultos en nombre de la libertad, y a combatir el fanatismo con un fanatismo nuevo?... Se ha supuesto que la Convención habrá proscrito el culto católico porque aceptaba las ofrendas públicas? No, la Convención no ha hecho tal cosa ni las hará jamás; pues su ánimo es conservar la libertad de cultos que ha proclamado, suprimiendo el propio tiempo a cuantos abusen de ella...”. El Antiguo Franciscano se burlaba de los radicales intolerantes de su época; y ponía en boca del Marqués de Luchesini estos pérfidos consejos, dirigidos al Rey de Prusia: “Hay en París dos patriotas famosos muy propios, por su ingenio, su exageración y conocido sistema religioso, para secundarnos y recibir nuestros encargos. Solo se trata de que nuestros 133

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amigos en Francia, obren de acuerdo con esos grandes filósofos, poniendo en movimiento su bilis y deslumbrando. su civismo con la conquista de las sacristías... Creerán empujar la rueda de la razón, cuando no será otra que la de la reacción; y, luego, en vez de dejar morir de vejez y de inacción al papismo en Francia, os prometo que a fuerza de persecución e intolerancia contra los que quieren decir y oír misas, hemos de conseguir que vayan una multitud de voluntarios a servir con Lescure y Larrochejacquelein...”. Chaumette, el mismo brazo ejecutor de las teorías ateas de Clootz, espantado de sus propios actos, retrocedió e invocó la tolerancia religiosa para sus mismas víctimas... ¿Para qué más citas? Filósofos ateos, enemigos sistemáticos del cristianismo, corifeos de la gran revolución, pontífices de la Razón, en contra del neoradicalismo ecuatoriano; porque todos invocan tolerancia y respeto para la conciencia humana, libertad religiosa aún para los católicos. Políticos feroces, bañados con la sangre de víctimas ilustres; escritores incrédulos y ligeros, apóstoles de la anarquía; sans culottes desalmados y locos, en contra de los seudoradicales del Ecuador; porque, aún ellos, proclaman libertad para la conciencia y tolerancia para todas las religiones. ¿En quién os apoyáis, pues, oh vosotros, los que los habéis lanzado el anatemas, como a enemigos del liberalismo? Voitarie y Volney, Meslier y Clootz, Robespierre y Desmoulins, hasta Chaumette y Pache, condenando están vuestra conducta; como la condenan la sana filosofía, la ciencia del Gobierno, la historia y el buen sentido. ¿Dónde, dónde el apoyo de vuestras absurdas teorías? Dónde, dónde la base de vuestro proceder estrafalario? Dónde dónde la razón de vuestra deslayada política? Sois, por ventura, más sabios y más ateos que Voltaire y Volney? Sois, por ventura, más hostiles al cristianismo que Anacarsis Clootz y Meslier? Sois, por ventura, más revolucionarios que Robespierre y Camilo Desmoulins? Sois más descamisados y anarquistas que Chaumette? —¡Atrás, hombres desconocidos hasta ahora en la obra de la revolución!— para repetir las palabras de Maximiliano: ¡Atrás, usurpadores de popularidad ficticia! ¡Atrás, generadores de discordias y odios, de divisiones y muerte! ¿Qué derecho tenéis para pisotear la libertad que hemos conquistado? ¿Qué derecho para erigiros en tiranos de la conciencia, alegando nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, la sangre derramada a torrentes para derrocar el fanatismo?...

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Todo ﬁlósofo y todo individuo puede adoptar la opinión religiosa que más le plazca; y cualquiera que lo juzgase criminal por ella, sería un insensato; pero el hombre público y el legislador que adoptasen semejantes sistemas, serían cien veces más insensatos. ROBESPIERRE, Discurso sobre la libertad religiosa.

El respeto religioso a los sepulcros, es para los sociólogos un punto muy principal de partida, en el estudio de las sociedades humanas. John Lubbock y Spencer afirman que las religiones tuvieron origen en ese respeto a los muertos. Según estos filósofos, el culto de los antepasados creó la idolatría; las ofrendas depositadas sobre los sepulcros, fueron el principio de los sacrificios y del altar; las cavernas en que descansaban los muertos en algunos antiguos pueblos, los templos primitivos y el origen de las grandes basílicas, prodigio de la arquitectura y admiración de las modernas edades. Todo sepulcro que contenga los huesos de un hombre eminente —dice Spencer— que se le visite aportando consigo sentimientos casi religiosos, es el germen de un lugar de culto... Retornando al desarrollo especial del montoncito de tierra funeraria, recordemos que entre los salvajes que sepultan sus muertos y les llevan víveres, el montón de tierra necesariamente se convierte en un saledizo donde se depositan las ofrendas. Hecho ya de tierra o césped, ya de piedra, este saledizo tiene la misma relación con las ofrendas destinadas a los muertos, que un altar con las ofrecidas a una divinidad... El altar conocido más... antiguo es un cofre hueco sobre cuya tapadera o mensa, se celebraba la Eucaristía. A esta forma se asociaba la costumbre de los primeros cristianos de depositar las reliquias de los mártires bajo los altares, costumbre que aún observa la Iglesia Católica... Giddings prueba que el respeto a los sepulcros favoreció el desarrollo y perfeccionamiento de la sociedad civil: “Estos cambios en la organización de la familia —dice— produjeron cambios correlativos en el cual un carácter religioso definido: los gentiles guardan la tradición del culto de su antepasado 135

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Eponimo, cuidan de su tumba, y se juntan allí para hacer sacrificios periódicos...”. Sumner Maine sostiene que el derecho hereditario, origen principalísimo de la propiedad, está en el respeto a los muertos: “El estudio de la antigüedad clásica —dice— ha revelado la estrecha conexión que existe entre la sucesión en la propiedad de un muerto y la práctica de algún sacrificio en honor del difunto”. Religión y culto, formación de sociedades más extensas y mejoramiento de los hombres, los fueros de la familia y el derecho de propiedad hereditario, descansan, pues, sobre la sagrada inviolabilidad de las tumbas: la muerte ha sido así como la tutora de la civilización naciente, así como el faro que ha guiado a los pueblos al progreso. Y este sentimiento de veneración hacia los difuntos, tiene el carácter de una universidad sorprendente: los antiguos y los modernos, los civilizados y los salvajes, todos, todos los individuos de la raza humana, están acordes en el religioso respeto a los sepulcros. Desde los primitivos trogloditas hasta los habitantes de la culta Europa, no hay una sola agrupación humana que no rinda homenaje a sus muertos: Cook y Liwingstone, Stanley y Jacolliot, y todos los viajeros antiguos y modernos, nos refieren que han hallado, aun en las más remotas latitudes, esta especie de necrolatría, tan arraigada en el corazón humano, que ni la barbarie ni las civilizaciones más avanzadas pueden borrarla. Los liberales ecuatorianos impulsados por este mismo sentimiento universal habíamos pedido también a la intransigencia religiosa que se respetase en nuestros muertos la dignidad humana; que no se les negase el reposar tranquilos en el seno de la tierra; que no se los mirase con horror, como a restos de precitos, como huesos dignos de escarnio o de maldición. Pedíamos que se construyeran cementerios laicos o meramente civiles, donde la ley sola, sin ministro ni rito religioso, abriese la hueca para todo aquel que no pudiera o no quisiera dormir el sueño eterno a la sombra de una religión: sin que por ello se perjudicase en nada la libertad religiosa de los demás ecuatorianos, tan dueños de escoger sepulcros como nosotros. Pero queríamos que los cementerio laicos fuesen tan inviolables, tan venerados, como los bendecidos por las religiones; y no, como los destinados aquí para los protestantes, especie de gehenna oprobiosa, donde la inhumación misma lleva inherente uno como sello de infamia. Y alegábamos también la libertad de conciencia; los miramientos que todos los pueblos tienen por los difuntos; la barbarie de vengar diferencias religiosas en el polvo inanimado; lo execrable de la opresión que a trueque de un palmo de 136

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tierra exige la apostasía o la farsa indigna, en los supremos momentos de la agonía. ¿Qué derecho tiene el sacerdote para negarme las puertas del sepulcro porque no creo en esta o en la otra doctrina religiosa? ¿Qué derecho tiene el cura para arrojarme a un muladar, únicamente porque no he querido confesarme? ¿Qué derecho tiene el católico para insultar mi cadáver, solo porque no he profesado su religión? ¿En qué se funda este horroroso atentado contra la humanidad? Y la intransigencia religiosa escuchaba nuestros justos reproches como si fuesen una horrenda blasfemia: los cementerios laicos constituían una amenaza para la religión, eran brote venenosos de la impiedad, ataque de muerte contra Dios y sus ministros. ¡Anatema contra el que pide ese lugar inviolable y decoroso para descanso de los réprobos! ¡Anatema contra los que quieren escaparse a la última hora de manos del sacerdote! ¡Y a la gehenna infamante, al muladar inmundo, los restos de los que fallecen fuera de las puertas de la Iglesia católica! ¡A la gehenna de maldición y oprobio los rebeldes a las insinuaciones del cura, como las bestias y los ajusticiados! Tiranía, fanatismo, barbarie, ¿no es verdad? Oprimir la conciencia de un hombre de manera tan nefanda, contrario a la caridad, contrario a la tolerancia, contrario a la fraternidad, bases de diamante del cristianismo. Insultar e infamar tan atrozmente un cadáver, crimen de lesa humanidad, atentado contra el sentimiento universal de los pueblos. Violentar el espíritu moribundo hasta obligarle a mentir y a renegar de sus convicciones, por temor a las deshonra pendiente sobre su propia memoria y sobre la de sus hijos, crueldad satánica, maldad superlativa... ¡Horror!... ¡Oh, los liberales, en ningún evento, pueden imitar conducta tan contraria a la humanidad y a la civilización! Los liberales nunca, nunca podrían ejercer una represalia bárbara, obligándoles a los católicos a faltara sus ritos, a pisotear sus convicciones, a comprimir los gritos de su conciencia y someterse a prácticas que su fe condena, que su corazón detesta y maldice! Los liberales jamás, la tiranía pudieran ejercer la más odiosa de las tiranías, la tiranía sobre los restos humanos; compeliendo a los católicos a reunir en un solo sarcófago las reliquias de sus difuntos con las de hombres contrarios a la fe romana. Los liberales en ningún caso, pueden faltar a la justicia y a la tolerancia, para ejercer el despotismo en nombre de la libertad que proclaman. ¿De qué manera hallarían modos de composición para contradecir con los hechos, los santos principios que a todas horas invocan? ¿Cómo podrían hacer pesar sobre sus adversarios la misma férula contra la que tanto, tanto hemos clamado? ¿Por 137

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ventura, sería bueno y plausible lo mismo que era malo y execrable en la intolerancia hierática?

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Lo que importa es no desnaturalizar la obra que corresponde al radicalismo... Somos un partido político y no una secta religiosa; nuestra escuela, basada en la libertad del individuo, abarca toda la vida social, pero se detiene respetuosa ante la conciencia humana. La contempla solo para defenderla de cualquier opresión moral o material... MAC-IVER.

¿Asunto baladí, cuestión de poco más o menos, el reglamentar los cementerios, como hemos oído decir estos días? Muy lejos de ello: la profanación de las tumbas es sacrilegio para todas las creencias: la violación de los ritos mortuorios, un ataque a los afectos ultraterrestres del hombre, una como destrucción de ese lazo misterioso que une a los seres que fueron con los que aún existen, una como supresión de esas saludables ideas que nos alimentan en la esperanza de que nos reuniremos otra vez con nuestros difuntos en el seno de la inmortalidad. Herir el respeto a los muertos, es herir a la humanidad entera. Pero, la ciencia y la política le estaban marcando la senda al Gobierno del Sr. General Alfaro, en asunto de tanta monta. Bien podían tener ideas opuestas a un avenimiento los hombres que entonces gobernaban; pero, por sobre las ideas individuales de los gobernantes, estaban el bien general, la tranquilidad pública, la reconciliación de los partidos y la justicia para todos ellos. La ley sobre laicalización de los cementerios, si declaró el derecho de los ecuatorianos para tener una sepultura propia, era irrealizable por muchas razones; y fue preciso negociar un arreglo que, respetando todas las creencias, dejase satisfecha la conciencia pública y removida toda causa de ulteriores desavenencias. Y, consecuente con este propósito, suscribí en Santa Elena los artículos que siguen:

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Art. 1º.- Los cementerios católicos en el Ecuador quedan en la misma situación jurídica en que se encontraban antes de la Ley de 3 de octubre de 1900, regidas por las autoridades eclesiásticas según los Sagrados Cánones; pero la Iglesia reconoce a la autoridad civil el derecho de supervigilar los cementerios católicos en todo lo que se reﬁera a la higiene, el de expedir decretos de Policía en orden a garantizar la salud pública en casos extraordinarios como el de epidemias, el de exigir sepultura, cuando no se puedan seguir las reglas generales, como en el caso de cadáveres abandonados. También tendrá derecho la autoridad civil al libre y expedito ingreso a los cementerios, cuando se trate de perseguir un crimen, de resguardar el orden público, de apaciguar o reprimir un tumulto, de comprobar el cuerpo de un delito, mediante el reconocimiento de un cadáver; mas, la autoridad civil, para alejar todo motivo de discordia, procurará, en cuanto fuere posible, proceder de acuerdo con la autoridad eclesiástica. Art. 2º.- Los extranjeros y los ecuatorianos que pertenezcan a una religión distinta de la católica, pueden tener un cementerio propio. Art. 3º.- En todas las ciudades y parroquias de la República se podrá también construir un cementerio laico para los que no pueden o no quieren ser sepultados en él cementerio católico. Al efecto, será destinado un lugar no sagrado y costeado por la Municipalidad, o por el Gobierno o por las personas interesadas. Cuando por razones económicas no se pueda emprender la construcción de un cementerio laico, se podrá destinar para el objeto una parte del cementerio católico, separándola con un muro y entrada distinta. En la división procederán de acuerdo la autoridad eclesiástica y la política del lugar, teniendo en cuenta las necesidades probables de cada localidad y debiendo costear la obra el Gobierno o la Municipalidad respectiva o las personas interesadas. Art. 4º.- Quedan derogadas todas las leyes y decretos anteriores sobre cementerios en cuantos se opongan a la presente convención, quedando el Estado en pleno y absoluto derecho de dictar reglamentos para, los cementerios laicos, para administrarlos y regirlos como a bien tuviere.

El Convenio, como se ve, garantiza la conciencia católica y la conciencia no católica, por igual; tanto que, una parte de los mismos cementerios eclesiásticos se destina para reposo de los disidentes. Los cementerios laicos y los católicos, expresamente garantizados por ambas potestades, serían inmunes e inviolables: allí, bajo las alas de la muerte, no habría en adelante, mas que hue139

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sos humanos dignos de la veneración pública. Los cementerios laicos no serían ya lugares infamantes y deshonrosos; y la tolerancia religiosa práctica correría un velo sobre el pasado de los difuntos, aunque durmiesen el último sueño en tierra secularizada. El Estado ejercería libremente sus atribuciones sobre todos los cementerios; y podrían tenerlos propios, no solo las Municipalidades, sino aun las diversas agrupaciones religiosas que se establecieran en el país, sean cuales fueren su fe y su culto. ¿Qué más podíamos exigir, dada la idiosincracia especialísima del pueblo ecuatoriano? ¿Acaso no habíamos pedido la fundación de cementerios civiles, alegando la libertad religiosa, es decir, comprometiéndonos a respetar los cementerios católicos y confesionales de los demás ciudadanos? ¿O es que pedíamos tolerancia para nosotros, y nos reservamos el derecho de ser intolerantes con nuestros compatriotas?

8888 A pesar de todo, la Comisión del Senado vio en el Protocolo sobre Cementerios, nada menos que la esclavitud del Estado; y ahí fue el gritar y el maldecir de los Padres de la Patria, y el ponerle de azul y oro al Plenipotenciario que había vendido la República al Papa. He aquí el célebre informe de la célebre Comisión: Señor Presidente: No es aceptable el Protocolo sobre cementerios públicos, suscrito ad referéndum por los Plenipotenciarios de la Santa Sede y el Ecuador. La absoluta secularización de los cementerios es consecuencia de la tolerancia religiosa, hija de la fraternidad. Los cementerios dependen solo del Estado que debe dictar todas las providencias conducentes a la higiene y salubridad de las poblaciones, y que, sin atender a las creencias religiosas del difunto, le asegure un asilo para sus cenizas. Ahora bien, el Protocolo, lejos de procurar la tolerancia, establece odiosísimas distinciones aun entre los muertos. La secularización de los cementerios no obsta en manera alguna a las creencias de cada individuo. Los cementerios pertenecen al Estado; cada sepulcro, a la familia del difunto, y el sepulcro se bendice conforme a los ritos de su religión. La intolerancia proviene casi siempre de confundir las atribuciones del Es140

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tado con las de la Iglesia. El Estado garantiza todos los derechos del ciudadano; la Iglesia provee a la ejecución de los ﬁnes que los ﬁeles se proponen. Innecesario entrar en otras consideraciones sobre un punto tan obvio. Tal es el parecer de la Comisión, que lo somete al ilustrado de la H. Cámara. Aurelio Noboa, Carlos R. Tobar, Lizardo García, Juan F. Game y Luis F. Borja.

¿Puede tenerse por acto serio, por fruto de la meditación y del estudio, por inspiración del patriotismo, por muestra de doctrinas verdaderamente liberales, por arranque de pasiones elevadas y nobles, este galimatías parlamentario? ¿Puede tenerse tan absurdo informe como una página digna de la sensatez y sabiduría que, por lo menos se supone, deben adornar a los senadores de una Nación?

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¡Desgraciadas las naciones cuyas leyes opuestas desarreglan las riendas del Estado! El Senado de Roma, ese consejo de vencedores, presidía el altar y las costumbres… Esos esclarecidos legisladores, llenos de celo, jamás combatieron por los pollos sagrados… VOLTAIRE, Ley Natural.

La precipitación, el odio político, la inconsecuencia, la falta de lógica, están palpitantes en esos pocos parraﬁllos, en los que la Comisión no ha respetado ni los fueros de la lengua. Sí, Señores Comisionistas; perdonad mi franqueza, pero debo deciros que es menester un verdadero esfuerzo intelectual para descubrir alguna relación 141

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entre las diversas proposiciones, sueltas como al acaso, conque habéis compuesto vuestro informe, y poder adivinar la mente de la Comisión, al través de tantas vaguedades y contradicciones. “La absoluta secularización de los cementerios es consecuencia de la tolerancia religiosa, hija de la fraternidad”. —Decís, como para ﬁjar los cimientos de vuestro raciocinio. —Pero, tal proposición es falsa; porque la tolerancia supone necesariamente ideas religiosas contrapuestas que deben tolerarse; y la absoluta secularización quiere decir negación completa de esas mismas ideas. Secularizar, en vuestro caso, vale tanto como quitarle a un cementerio su condición religiosa, su carácter sagrado; y si la secularización ha de ser absoluta, como queréis, no ha de quedar en ese lugar ni vestigio de ritos, ni huella de culto, ni señal de religión, pésele a quien le pesare. ¿A quién, ni qué se ha de tolerar en un cementerio absolutamente secularizado, donde nada existe que pueda recordarnos siquiera una idea religiosa? ¿Quisisteis decir talvez que, armados con la tolerancia, hija de la fraternidad (no con otra) debemos entrarnos a los cementerios católicos y tomar posesión de ellos, derribando cruces y destruyendo capillas, echando por tierra símbolos religiosos y secularizándolo todo de un modo absoluto? Pero, semejante barbaridad, Señores, atropellaría todos los derechos de los asociados, todos los principios del liberalismo, todas las nociones de justicia, todas las conveniencias políticas, todos los fueros de la civilización. ¿Con qué derecho os apoderaríais por la fuerza de lo que no os pertenece? ¿Con qué derecho prohibiríais las ceremonias católicas en un cementerio de la comunicación romana? ¿Con qué derecho hallarías la conciencia y la libertad religiosa de nuestros conciudadanos? ¿Con qué derecho seríais opresores, vosotros que os estáis loando de ser los únicos liberales a las derechas? Y, luego, no podrías ejercer este fraternal despotismo, sin contradecirnos miserablemente; puesto que, en el quinto parraﬁto de vuestro informe, confesáis que: El Estado garantiza todos los derechos del ciudadano; y, por lo mismo, la libertad de conciencia, supongo. Las garantías constitucionales amparan a todos los que habitan la República: por consiguiente, también a los católicos, aunque no lo queráis vosotros. ¿Cómo hiciérais, pues, para secularizar absolutamente los cementerios eclesiásticos, sin romper la Constitución, sin faltar a la misma tolerancia que invocáis, sin contrariar el sentimiento religioso de las mayorías, en una palabra, sin aherrojar la conciencia ajena? Si como legisladores y hombres de ciencia, si como políticos y patriotas, si como liberales y honrados, en el deber estáis de respetar la libertad religiosa: apuntados dejo los pre142

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ceptos que ha de seguir el soberano para no cometer una injusticia y perderse, al manejar tan difícil y escabrosa materia. ¿Habéis ajustado vuestro informe a esas reglas sabias, sacadas del estudio profundo de la historia, de la moral, de la política, de la jurisprudencia, por varias generaciones de sabios? No, absolutamente no. ¿Habéis hecho siquiera el cálculo de las ventajas y las desventajas de vuestra resolución, como os aconseja Bentham? No, absolutamente no. —Dadnos un pueblo de filósofos, indiferentes en materias religiosas, ajenos a la piedad aun para los muertos, y decretad en hora buena, la absoluta secularización de las sepulturas, prohibid todo cementerio eclesiástico y confesional, desterrad todo rito funerario, levantad en la morada de los muertos la estatua del Sueño o la de la Indiferencia; pero, en países como el nuestro, donde la fe alumbra mas allá de los umbrales de la tumba; donde las religiones que bendicen el féretro están encarnadas en la conciencia pública; donde los vivos creen en la eficacia de las ceremonias; no cabe; Señores Comisionados, sino la más completa tolerancia. Y para que haya verdadera tolerancia, sea o no hija de la fraternidad, es menester que cada uno entiende sus muertos conforme a sus creencias, que haya libertad religiosa práctica, que no se obligue al católico a recibir el cadáver de un hereje en su camposanto, ni a un musulmán el ir a mendigar una sepultura cristiana, etc. ¿Necesarios eran cementerios laicos y confesionales en la República? Pues el Convenio los establecía; pero dejando en pie, como era justo, la creencia católica. ¿Era esto vender la República y esclavizar al Estado? Cualquiera diría que, al fin, se os ha tomado el pulso y adivinado la dolencia; que lo que queréis que se adopte es la conversión de todos los cementerios del Ecuador en meramente civiles; o para valerme de vuestra propia expresión, la secularización absoluta. Pero, no es así: vuestra inconsecuencia y falta de lógica rayan en la increíble. En efecto, en el cuarto párrafo del susodicho informe, leo: “Los cementerios pertenecen al Estado: cada sepulcro a la familia del difunto, y el sepulcro se bendice conforme a los ritos de su religión”. Desde luego, es falso, falsísimo lo que afirmáis. En el Ecuador los cementerios no son del Estado: ¿olvidáis que vosotros mismo, no hace más que un año, ordenasteis por una ley, que el Gobierno los comprase a sus legítimos propietarios?, y como el Ejecutivo no los ha comprado todavía, vuestra proposición es de todo en todo contraria a la verdad. Tampoco es exacto que cada sepulcro, pertenezca o no a una familia, sea bendecido conforme a la religión de cada difunto: lo que sabemos, lo que nos consta, es que el camposanto es un lugar consagrado por la autoridad eclesiástica. Pero, dando de barato que suceda tal 143

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y conforme decís ¿en qué se queda, pues, vuestra absoluta secularización, hija o nieta de la fraternidad? Si, según este último parrafito que he copiado, lo que deseáis es que, entre los cuatro muros de un cementerio, se vea toda laya de sacerdotes, bramines, lamas bonzos, imanes, clérigos católicos, monjes griegos, ministros protestantes, etc., en abigarrada confusión, celebrando ritos diversos y contrarios, bendiciendo sepulturas para sus fieles respectivos, convirtiendo, en una palabra, la tranquila morada de los muertos en bulliciosa Babel: ¿cómo queréis que al mismo tiempo, no haya allí ni asomos de religión y culto, esto es, la secularización absoluta y dado que fuera buen modo de secularizar un cementerio, el establecer en él, en vez de un solo culto, todos los posibles— ¿cómo lograríais reunir al cristiano con el mahometano, al calvinista con el católico, al hindú con el cofta, en vuestro panteón universal, Señores Senadores? ¿Por la fuerza? ¿por la persuación? ¿Habéis siquiera meditado en esto? En definitiva, no se sabe, no puede saberse lo que quisísteis decir en vuestro informe. “El Protocolo, lejos de procurar la tolerancia, establece odiosísimas distinciones aun entre los muertos” —continuáis. Falso: el Protocolo no establece distinciones, sino que las reconoce, como un hecho existente, sostenido por la opinión religiosa y, por lo mismo, inamovible por ahora. Y reconocer los hechos de esta naturaleza, cuando el desconocerlos produciría disturbios de gravedad, es obra de cordura, obra de política; aunque no tuviera el poder público que guiarse por otras razones que las de la propia convivencia. Y si paramos la atención en que desconocer esas distinciones habría sido herir el sentimiento religioso de la mayoría, violentar la conciencia de casi todos los ecuatorianos, romper la Constitución, y faltar a la libertad, vuestra proposición resulta, indigna de la sensatez de la Cámara de los ancianos. Repítolo: el gobernante y el legislador no han de guiarse únicamente por sus propias ideas, sino por las del pueblo que rigen: esa es la sabiduría; consultadlo con los más grandes filósofos, aun heterodoxos y ateos. Y tornamos a la tolerancia: ¿al fin y a la postre, que entendéis vosotros por tolerancia, que así empleáis tan contradictoriamente el vocablo? —Los que estas cosas saben, dicen que hay tres clases de tolerancia: tolerancia civil o política, tolerancia teológica y tolerancia general (podéis leer a Nergier, por lo menos). ¿De cuál de estas tolerancias habláis vosotros? ¿Cuál es la hija de la fraternidad, en cuya sombra queréis aprisionar la conciencia católica? Escoged cualquiera de las especies de tolerancia indicadas; y siempre significará: respeto a las opiniones ajenas. Sí, pues, queréis ser tolerantes, habéis de acatar el modo 144

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de pensar de los demás; y ese acatamiento obligatorio no se compadece con ninguno de los absurdos sostenidos en vuestro informe. ¡Tolerantes; y queréis expulsar a los católicos de su propiedad y adueñárosla por la fuerza, sin más pretexto que la divergencia de ideas religiosas! ¡Tolerantes; y queréis desterrar del sepulcro toda manifestación de culto, todo emblema de creencias ultraterrenal, sin más objeto que borrar las distinciones ,entre los muertos! ¡Tolerantes; y queréis traer a los repelones, al sacerdote católico y al sacerdote de Brama, al mismo santuario; y obligarles, por fas o por nefas, que sobre el mismo altar, ofrezcan sus sacrificios, el arroz y la miel del hindú y la Hostia de Propiciación de los cristianos!... ¿Qué laya de tolerancia es la vuestra? ¿Qué género de libertad la que nos estáis predicando? “El Estado garantiza todos los derechos del ciudadano: la Iglesia provee a la ejecución de los fines que los fieles se proponen”. —Ya vimos que el primer inciso de esta cláusula deponía contra vosotros; pero ¿qué habéis querido decir en la segunda parte? ¿La Iglesia provee a la ejecución de todos los fines de los fieles, hasta a la de los contrarios a la moral? ¿O acaso os propusisteis hablar solamente de los fines sobrenaturales, es decir, en orden a la salvación de las almas? ¿Y si aceptáis esta verdad, cómo sucede que os opongáis a que la Iglesia católica cumpla sus deberes espirituales? ¿Esta oposición es, por ventura, efecto de tolerancia y fraternidad? Contradicciones y más contradicciones: vuestro informe es una paradoja tenebrosa. “Los cementerios dependen solo del Estado que debe dictar todas las providencias conducentes a la higiene y salubridad de las poblaciones; y que, sin atender a las creencias religiosas del difunto, le asegure un asilo para sus cenizas”. Corriente: ¿y qué otra cosa se ha estipulado en el Protocolo que condenáis? En los artículos primero y cuarto se reconoce la plena facultad del Estado para supervigilar los cementerios católicos en todo lo que se refiera a la higiene y a la policía, y para regir y administrar libremente los cementerios laicos y confesionales. ¿Qué otra cosa pedís en el informe que voy examinando? No están, pues, llenadas vuestras exigencias en el Protocolo? Y en los artículos segundo y tercero, están también satisfechos vuestros deseos, por lo que mira al seguro asilo de vuestras cenizas, sin consideración a vuestra fe; porque en ellos se acuerda establecer cementerios propios, en todas las parroquias y ciudades de la República, para los ecuatorianos y extranjeros que tengan una religión distinta de la católica, o que no puedan o no quieran ser sepultados en un cementerio eclesiástico. ¿Qué más queréis? Si cristianos disidentes 145

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de la comunión romana, vuestras cenizas contaban con seguro asilo en un cementerio confesional; si materialistas y ateos, seguros también vuestros huesos en un sepulcro civil. ¿No es esto lo que pedís? Y para que no quede ilusorio el pacto por diﬁcultades económicas del Erario, se estipuló que, desde luego, se dedicase una parte de los cementerios católicos para cementerios civiles; vuestras cenizas no podían estar más aseguradas. ¿Por que pues habéis rechazado el convenio, habiéndose cumplido en él, todo lo que decís que debía cumplirse? Inconsecuencia, contradicción, falta de lógica: todos los frutos de la prevención nacen tan deformes como vuestro informe. Si quisiera entrarme en el terreno de la Jurisprudencia y del Derecho Canónico, os diría que los cementerios no dependen únicamente del Estado, como lo aﬁrmáis; y que en los países católicos siempre han sido de fuero mixto; pero, sois legisladores y desconoceríais la ley; sois espíritus fuertes y despreciaríais los Cánones. ¿Para qué discutir con vosotros con esas armas?

8888 Tal es el informe de la Comisión del Senado: es imposible que nadie pudiera decir más disparates en tan pocas palabras. ¿Dónde están, pues, las razones del voto casi unánime del Senado contra el Protocolo sobre cementerios? El interés del liberalismo, no; porque ese voto ha conculcado la misma libertad y la tolerancia, la razón y la justicia, la verdad y la ley: ese voto es una abjuración del liberalismo. El interés del pueblo, no; porque ese voto es una bofetada terrible a la mayoría católica, es el guante arrojado con la mayor insolencia a nuestros conciudadanos. El interés del Gobierno, no; porque ese voto le ha creado serias diﬁcultades al Ejecutivo, ha despertado el celo religioso que, casi siempre, es soplo sobre la hoguera de la discordia civil. El interés de la ciencia, no; porque ese voto es contrario a todas las máximas, a todas las reglas, a todos los consejos de la Filosofía, de la Historia y de la Política: todos los legisladores sabios, todos los gobernantes hábiles, todos los políticos cuerdos, condenarían el voto del Senado de 1901. El interés de la impiedad, no; porque ninguno de los susodichos Senadores trabaja, según creo, por el triunfo de la impiedad. Y menos, cuando los mismo progenitores de la ﬁlosofía incrédula, de la política radical, de la revolución so146

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cial, reformadora, se están abogando por la inviolabilidad de la conciencia y la libertad religiosa. Voltaire, Rousseau, Volney, Meslier, Robespierre, Clootz, etcétera, a una voz, deponen contra el Senado de 1901: ¿querían nuestros Padres Conscriptos ultrapasar las doctrinas mismas de la incredulidad y de la revolución? Pero, si tan impíos son nuestros Senadores ¿cómo es que casi todos, se llaman buenos hijos de la Iglesia y gastan camándula y ¡Detente! debajo de la levita? ¿Cómo es que el Señor Cueva, verbigracia, negó su voto hasta a la libertad de conciencia y a la suspensión del Concordato, en las sesiones del 11 y del 27 de octubre de 1896, en la Convención de Guayaquil? Entonces el Sr. Cueva, testigo la República, se presentó como un dragón bíblico contra los que nos propusimos conseguir el desencadenamiento de la conciencia y la libertad religiosa; y los luchadores por la buena causa, por el liberalismo verdadero, por la tolerancia hija de la fraternidad; los anatematizados y vituperados por los impíos de hoy, éramos pocos, muy pocos: ‘Plaza, Avilés Z., Valdivieso J. F., Fenández Julio y Peralta (véase p. 124, Diario de Debates). ¿Cómo se ha transformado, pues, el Presidente de esa ultramontana Convención, en sans culotte hecho, derecho y perfecto?… ¡…Milagros de Proteo! ¡Transformaciones de Meﬁstófeles…! ¿Impíos los demás miembros del Senado? —Repito que apenas cuento en la muy venerable Cámara, unos tres o cuatro liberales: los demás, son archicatólicos. Ahí están sus votos en toda cuestión relativa a reforma: léanse las actas de los últimos cuatro Congresos, y se verá, que hay para canonizar a los referidos Honorables, si la canonización se concediera únicamente por las opiniones ortodoxas. ¿De dónde viene, pues, tan brusco cambio? Cómo han contradicho algunos hasta el voto que, el año pasado, dieron en las sesiones del 31 de agosto y del 6 de septiembre, contra la laicalización de los cementerios? La pasión de bandería y la venganza personal: he ahí la clave de tan injusta farsa.

8888 Funde el Senado ecuatoriano, como lo hizo Francia en 1881, cementerios civiles de su propiedad y ábralos a todos los cadáveres humanos, sin distinción de creencias religiosas; realice los deseos del verdadero partido radical; pero no atropelle la conciencia de nadie, no prohíba los camposantos y sepulturas con147

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fesionales, a los que tienen perfecto derecho nuestros conciudadanos que no piensan como nosotros. La absoluta secularización, el cementerio común y laico, la promiscuidad de las tumbas, como se dice, no se improvisan: los pueblos se despreocupan lenta y progresivamente; y las reformas violentas no hace sino irritarlos y provocar tempestades, que los legisladores sabios deben evitar. Imitemos a Francia: abramos sepulcros civiles, sujetos solo a la ley; y ya veremos cómo el católico busca también ese asilo común para sus cenizas, cuando llegue a persuadirse de que no debe haber distinción entre los huesos humanos. Pero ¿cómo sería posible obligar, de golpe y por la violencia, a que los ecuatorianos se igualen a los franceses, en costumbres y creencias? Y menos lo sería, secularizando los cementerios católicos; es decir, arrebatando a la Iglesia su propiedad, a la Iglesia que, según la Constitución, es institución de derecho público y capaz de adquirir y poseer. Puede una doctrina ser buena en sí y muy verdadera; pero, el legislador ha de aplicarla únicamente cuando le convenga al pueblo, cuando la reforma sea exigida por la necesidad y la utilidad práctica de los mismos asociados, cuando sea indispensable dar un paso adelante, y cuando ese paso no nos conduzca a un desastre: estos son los consejos de la sabiduría. El Legislador no es teólogo, sino político; no es corifeo de una secta, sino regulador de todas las creencias; no es el musulmán que impone su fe con la cimitarra, sino el mandatario del pueblo que acata y dirige el espíritu general de la Nación. Y lo digo del legislador, digo de los gobernantes, de los diplomáticos, de todos los hombres públicos al servicio del Estado: sus ideas propias se quedan ocultas en el fondo de la conciencia; pues las que han de garantizar y dirigir son las de sus conciudadanos, respetando siempre los límites que, a la acción de los poderes públicos, le marcan la prudencia, la ciencia, el temperamento social, las exigencias del progreso, &.a Que un filósofo sea spinosista o lo que quiera; pero que el hombre de Estado sea deista —Dice Voltaire, que, por cierto, no estaba vendido al Papa—; es decir que, según el padre de la Filosofía moderna, el conductor sabio de un pueblo, debe manifestarse neutral entre todas las religiones del país, amparándolas y protegiéndolas conforme a las leyes. El hombre público y el legislador que, como vosotros, Honorables Senadores, se empeñan en hacer que prevalezca su sistema religioso o ﬁlosóﬁco individual, es cien veces insensato: lo dice Robespierre, no un Padre de la Iglesia ni un tránsfuga de la revolución. Y obrar, como habéis obrado en nombre del radicalismo, es desacreditarlo y arruinarlo: “Lo que importa es no desnaturalizar la obra del radicalismo… Somos un partido político y no una secta religiosa; nuestra 148

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escuela, basada en la libertad del individuo, abarca toda la vida social, pero se detiene respetuosa ante la conciencia humana: la contempla solo para defenderla de cualquier opresión moral o material”. —El radical Mac-Iver dice estas palabras, no un traidor al liberalismo; luego vuestro procedimiento es completamente contrario al espíritu radical, como lo es a la ciencia y a la recta política. La Historia juzgará vuestra conducta, no lo dudéis; y es lástima que no podáis escuchar ese fallo desapasionado, al que apelamos nosotros.

8888 VII

Dignus est enim operarius cibo suo. No iré a repetir la historia de los diezmos, tan sabida por todos; pero, sí he de recordar que el origen de éllos, fueron las oblaciones de los fieles para el sostenimiento del culto; oblaciones comunes a todas las religiones conocidas, desde el fetichismo hasta la fe de Cristo. Los diezmos fueron, pues, un modo de cumplir esta ley natural: Rendid culto al Creador. Aquello de que el operario es digno de su alimento, de que el que sirve al altar debe vivir del altar, etc., son máximas en todo conformes al sentir universal: examínese todas las religiones antiguas y modernas, y se verá que los sacerdotes han sido alimentados por la piedad pública. La filosofía misma, la filosofía moderna tan adversa al sacerdocio, sostiene la necesidad de que el Estado los alimente; si bien, fijándose en conveniencias de un orden puramente político. Montesquieu quiere que se ponga coto a la riqueza del clero, que se prohíba el lujo de la superstición, que se cercenen los gastos del culto; pero no leo en él que se deba abandonar en la miseria a los sacerdotes. Bentham cree que son mayores los males que los bienes producidos por la religión; y, sin embargo, confiesa que ha tomado ya una tendencia saludable a unirse con la sana moral y la sana política, y que, por lo mismo, los gobiernos deben utilizarla en beneficio público. Bentham quiere, pues, que el Estado se apodere de esa fuerza moral y la haga servir a la legislación y a la administración, que la convierta en palanca de bienestar y progreso; y, siendo así, naturalmente que no aconseja se deje morir de hambre a los ministros de esa religión utilizable. Filangiere se declara también contra las riquezas del clero, contra las 149

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exacciones piadosas que tanto hacen sufrir a los pueblos; pero señala como remedio de esos males, precisamente, la renta fiscal a los ministros del culto. “Si el Estado entero, dice, y no la caridad privada de los fieles, proveyese a la subsistencia de los sacerdotes, entonces su lengua destinada a predicar las verdades de la religión y los dogma de la moral, no se degradaría mendigando el sustento que tienen derecho a recibir del Estado, en cuyo servicio se emplean; entonces, no siendo ya la verdad que predican el exordio de una súplica, o el título de una presentación, dejaría de ser sospechosa; entonces la impostura y la superstición huirían lejos del santuario, como que ya no podría ser un manantial de riquezas”. —No acabaría si quisiera continuar citando el testimonio de filósofos y políticos en favor de la renta fiscal debida al sacerdocio; pero con lo dicho basta, una vez que no se podrá decir que Filangiere, Bentham y Montesquieu, estaban vendidos al papa. Proveer a la subsistencia del clero es, pues, de derecho natural y está admitido, como justo y conveniente, aún por la filosofía moderna, nada patrocinadora del sacerdocio: podríamos decir también que militan en pro de la misma tesis, los preceptos del Antiguo y Nuevo Testamento, las leyes de la Iglesia, etc.; pero estas razones no tienen fuerza alguna contra mis adversarios. Carlomagno fue el primero que echó a perder la institución de los diezmos, convirtiéndola de contribución voluntaria, en contribución forzosa: el punto inicial de los abusos de que han sido víctimas los pueblos, está en el parlamento de Worms del año 794. La oblación de la piedad degeneró en odioso tributo: los cuestores llevaron el rigor hasta el punto más subido de la injusticia: la autoridad eclesiástica con la excomunión y la autoridad civil con la vara, hirieron aún al pobre que no cedía al clero el pan de sus hijos, el único pan destinado a calmar el hambre de una familia desventurada. El diezmo no fue ya un acopio de frutos de la tierra, ofrecido por el pueblo que honra a la divinidad; sino una exacción cruel, arrancada por la violencia, a pesar de lágrimas y maldiciones, El diezmo cayó en el descrédito más horroroso: los mismos sacerdotes ilustrados y humanitarios no estaban por él, y sostenían que era lícito cambiar la forma de pago de la contribución para el culto. Por otra parte, los economistas demostraron con precisión matemática, que los diezmos eran contrarios al desarrollo de la riqueza privada y de la riqueza pública; y que, poniendo trabas a la agricultura, tendían a cegar la fuente principal de la prosperidad de las naciones. Dijeron que el diezmo, equitativo talvez para los tiempos en los productos de la tierra, no lo era en el día; puesto que hoy, las diversas industrias producen más, inmensamente más que la agri150

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cultura. y que, por ende, no era justo gravar únicamente a una clase de productores, cuando todos los asociados debían sostener el culto. Y los gobiernos celosos del bien público, negociaron la abolición de los diezmos: la odisea contribución cayó en todas partes, hasta en el Ecuador, donde el presidente Flores, con aplausos de güelfos y gibelinos, la cambió con el impuesto predial del tres por mil. ¿Quién protestó contra Don Antonio Flores? Nadie: léanse las actas del Congreso de 1890, en que se discutió y aprobó el Pacto Adicional al Concordato, y se verá cómo opinaron entonces los representantes del pueblo sobre las cláusulas de la sustitución de los diezmos. Léanse las publicaciones de la prensa, en aquel entonces; y se palpará el sentimiento nacional con respeto a cambio tan justo y beneﬁcioso. La nueva contribución no era muy económica; mas, constituía un paso adelantado, un paso al ideal de los políticos modernos, en punto a rentas eclesiásticas. El Congreso de 1892 declaró, en el Decreto sancionado por el Presidente Cordero en 17 de Agosto de aquel año, que la contribución territorial indicada, era puramente eclesiástica; y que debía ser tomada como tal, por el Gobierno y Tribunales de la República. Este decreto equivalía a un paso atrás, pues, le investía a la autoridad espiritual de facultades inherentes a la soberanía del Estado; pero nadie protestó, nadie dijo esta boca es mía: ¡Tan convenidos estaban todos los ecuatorianos con el derecho de la Iglesia a la contribución del Culto! Vino el Congreso liberal de 1898, ansioso de reformas radicales y asaz prevenido contra el clero; y suspendió la contribución del tres por mil, a pesar de las protestas de muchos ciudadanos. Y, sin embargo, el Art. 1º. del Decreto del año indicado, dice: “Se declara que el diezmo, la primicia y cualquier otra contribución del mismo género, son de pago voluntario, sin que la Nación esté obligada a prestar ningún apoyo para que en su recaudación se ejerzan medidas coercitivas”. —La Legislatura del 98 deshizo lo efectuado por la Legislatura del 92, volvió a la contribución decimal su carácter voluntario, privó a la autoridad eclesiástica de loas atribuciones temporales que indebidamente ejercía; no le negó a la Iglesia el derecho de ser sostenida por los ecuatorianos, sino que antes bien, reconoció expresamente aquel derecho. Léanse las actas de ese Congreso y se verá cómo opinaban aun algunos Honorables Senadores que en la última Legislatura tan vergonzosamente se han contradicho. El Congreso ultra radical de 1899 —al que concurrió buena parte de los miembros del Senado último— en el Art. 8º. de la Ley de Patronato, fue más explícito en el reconocimiento de los derechos de la Iglesia; pues, dice: “El Estado suministrará, por una ley especial, las rentas para el sostenimiento del 151

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clero y del culto. Mientras no se expidiere la ley, el Erario proveerá esas rentas”. Los radicales de aquella legislatura reconocieron, pues, la obligación de sostener el culto con las rentas nacionales, echaron sobre la República una deuda sagrada, cuyo pago era condición para la tranquilidad pública. ¿Traicionaron al liberalismo los Legisladores del 99? De ninguna manera, porque la justicia, la libertad de conciencia y la ley natural, les prescribían proceder como procedieron. ¿Humillaron la Nación ante el Vaticano? De ningún modo, porque cumplir un deber, honra y no humilla. ¿Por qué, entonces, se contradicen los Honorables Senadores que aprobaron la Ley de Patronato? El Congreso de 1900 cumplió lo preceptuado en el Art. 8º. de la Ley de 27 de septiembre del año anterior, con expedir el Decreto sancionado el 24 de octubre, por el que se creó la contribución del 10% adicional sobre los derechos de importación, para sostenimiento adicional sobre los derechos de importación, para sostenimiento del culto. Y no se contentó con señalar el fondo con que se había de cubrir la deuda que contrajo la Nación por la Ley de Patronato; sino que declaró que ese fondo era sagrado, que la República no podía disponer de él, en ningún caso, por pertenecer a la Iglesia. Los artículos 3º. y 4º. lo dicen bien claramente, sin que valgan argucias abogadiles para torcer su claro sentido; leámoslos. Art. 3º.- El Prelado eclesiástico de cada diócesis hará el reparto, de conformidad con el presupuesto de que se habla en el Art. 17 de la Ley de Patronato. Art. 4º.- Los Colectores de Aduana, bajo su más estricta responsabilidad, cubrirán los presupuestos de cada diócesis, sin que, en ningún caso, puedan disponer de los mentados fondos, antes de cubrirse los presupuestos. El producto de la contribución adicional, en la parte equivalente a los presupuestos eclesiásticos, no pertenece, según esta Ley, al Estado sino a la Iglesia; y los prelados, libremente y con arreglo a esos mismos presupuestos, pueden disponer de su cuota respectiva. El valor de dichos presupuestos, no es sino un depósito en poder de los Colectores de Aduana; depósito sobre el cual no tienen dominio ni el depositante ni el depositario, por ser pago de una deuda y, por lo mismo, propiedad exclusiva del acreedor. ¿Faltaron a sus deberes los Diputados y Senadores de 1900? ¿Renunciaron a la soberanía nacional y vendieron la República, al expedir la Ley que me ocupa? Todos los partidos políticos han reconocido, pues, por actos legislativos, el derecho de la Iglesia a que el Estado sostenga el culto: conservadores, liberales y radicales, están acordes sobre el punto esencial de la cuestión. Y los Congresos de 1863 y de 1888, hasta ﬁjaron la cantidad precisa que le tocaba a cada dió152

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cesis: García Moreno y Pedro José Cevallos ﬁrmaron ese como reconocimiento detallado y pormenorizado de lo que se debía al clero; de suerte que ni siquiera se puede decir que el Gobierno del Sr. General Alfaro ha querido favorecer, sin antecedente alguno, a las catedrales. Reconocida la obligación por todos los gobiernos, por todas las legislaturas, por todos los ciudadanos de la República ¿podía negarse a cumplirla el Señor General Alfaro? ¿Era justo, era patriótico, era liberal, era decoroso, dejar de ejecutar las leyes relativas al pago de rentas eclesiásticas? El Senado de 1901 ha declarado que sí; porque ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo pueden disponer de las rentas nacionales, sin renunciar a la soberanía de la República. Ello es el más solemne despropósito; pero lo ha dicho, discutido y aprobado, nada menos que la Cámara de los ancianos!…

8888 La Comisión del Senado, encargada de estudiar el Protocolo sobre sustitución de los diezmos, no quiso examinar sino los artículos siguientes: Art. 1º. En la República del Ecuador se sustituyen los diezmos con la contribución adicional del 10% creada por la ley del 24 de octubre de 1899, sobre importaciones por todas las Aduanas de la República. Art. 2º. Este diez por ciento adicional que grava la importación, en lo equivalente al presupuesto eclesiástico, estará bajo la absoluta y exclusiva propiedad de la Iglesia; y el Gobierno no podrá sustituirla con otra ni disminuirla ni alterarla sin consentimientos de la Santa Sede.

Y sin más ni más, presentó el informe que sigue, escrito, según los comisionados dicen, después de un examen sereno, imparcial y detenido: Señor Presidente: Hemos examinado con suma atención y serena imparcialidad el Protocolo sobre Rentas Eclesiásticas, suscrito ad referéndum en Santa Helena por el Excmo. Monseñor Pedro Gasparri, Delegado Apostólico y Ministro Plenipotenciario de la Santa Sede y el Sr. Dr. D. José Peralta, Ministro Plenipotenciario ad hoc del Ecuador, y juzgamos que es de todo punto inaceptable. 153

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“En la República del Ecuador”, dice el artículo primero, “se sustituyen los diezmos con la contribución adicional del 10%; creada por la ley de 24 de octubre de 1899, sobre importación por todas las aduanas de la República”; y el artículo segundo añade: “Este 10% adicional que grava la importación, en lo equivalente al presupuesto eclesiástico, estará bajo la exclusiva y absoluta propiedad de la Iglesia; y el Gobierno no podrá sustituirla con otra ni disminuirla, ni alterarla, sin consentimiento de la Santa Sede”. Basta leer semejantes estipulaciones, para convencerse de que pugnan con nuestra Constitución, que en el Estado es la suprema ley. Según ella, el dominio de las rentas nacionales pertenece exclusiva y absolutamente a la República, como inherente a la soberanía, y el Poder Legislativo no ejerce la atribución de trasmitirlo a otra autoridad. El Congreso establece los impuestos destinados a las necesidades nacionales, y no puede declarar que los Congresos sucesivos no alterarán tal o cual impuesto. Si por ahora es conveniente el 10% de que habla la ley de 24 de octubre de 1899, no es difícil que en lo sucesivo llegue a ser tan oneroso, que sea necesario abolirlo. Del artículo 12 de la Constitución se deduce necesariamente que el Estado debe proveer a la subsistencia del clero y a los gastos del culto; pero el Estado mismo es quien ha de juzgar siempre sobre la conveniencia y oportunidad de las contribuciones a ello destinadas. El somero análisis de los dos artículos evidencian que sería nugatorio pasar el examen de los otros, y que los altos poderes llamados a velar por los derechos inherentes a la soberanía, deben desechar el Protocolo. Tal es nuestro parecer, que sometemos al ilustrado de la H. Cámara. Aurelio Noboa, C. R. Tobar, Lizardo García, Juan F. Game y Luis F. Borja.

¿Vale este informe algo más que el emitido sobre cementerios? Veámoslo.

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VIII

Hemos instituido sacerdotes, a ﬁn de que sean únicamente lo que deben ser: los preceptores de moral de nuestros hijos. Estos preceptores deben ser pagados y considerados... VOLTAIRE, Ideas Republicanas

Desde luego os haré notar, señores Comisionados, que no arguye muy buena fe esto de haber hecho completa abstracción de los demás artículos del Convenio; puesto caso que en todo contrato, unas cláusulas explican o complementan el sentido de las otras. ¿Será buena regla de hermenéutica el explicar el Credo, tomándolo desde Poncio Pilatos? Vais a ver los crasos errores en que habéis caído, por no haber examinado el Tratado en todo su conjunto. “Este 10% adicional —dice el informe copiando el Art. 2º. del Protocolo— que grava la importación, en lo equivalente al presupuesto eclesiástico, estará bajo la exclusiva propiedad de la Iglesia… Basta leer semejantes estipulaciones —continuáis— para convencerse de que pugnan contra nuestra Constitución, que en el Estado es la suprema ley. Según ella, el dominio de las rentas nacionales pertenece exclusiva y absolutamente a la República, como inherente a la soberanía, y el Poder Legislativo no ejerce la atribución de trasmitirlo a otra autoridad”. —He aquí vuestro único caballo de batalla, vuestro ariete formidable contra el Convenio; y, sin embargo, toda persona ilustrada e imparcial no ve en ese argumento, sino un soﬁsma abogadil de la peor especie. Ante todo ¿qué parte del producto de la contribución del 10% adicional debía quedar, según el Protocolo, bajo la exclusiva propiedad de la Iglesia? El artículo 2º. que habéis copiado, dice que lo equivalente a los presupuestos eclesiásticos. ¿A qué suma montan estos presupuestos? Si hubiérais estudiado el artículo 4º. del Tratado, habríais visto que dichos presupuestos, comprendida la diócesis de Manabí, suben a la cantidad de doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuatro sucres sesenta y siete centavos anuales. Y debo advertiros que esta suma no está arbitrariamente determinada en el Tratado, a pesar de que el Art. 17 de la Ley de Patronato le concede al Ejecutivo la facultad omnímoda de señalar anualmente los gastos necesarios de las catedrales; ya que el Ministro del Culto debe aprobar, o en su caso, formar el presupuesto de cada diócesis, sin 155

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más tasa ni límite que las necesidades del culto y las conveniencias de la República. A pesar de esta facultad, y para prevenir futuros desacuerdos, creí conveniente fijar, como máximum de la renta eclesiástica, la suma que antes había gastado en el culto; de suerte que ni siquiera podéis argüirme que la cantidad escrita en el Art. 4º. del Protocolo, es arbitraria, ni que puede aumentarse hasta absorber todo el momento de la contribución. Según estos antecedentes —que también debísteis sentarlos, al proceder de buena fe— ¿qué significa la especulación contenida en la primera parte del Art 2º. del Protocolo? Su sentido no puede ser más claro ni más natural: los S/. 245.804,67, que las leyes de la República han destinado al culto, tomándolos de la contribución del 10% adicional, serán de la exclusiva propiedad de la Iglesia. ¿De qué otra manera podríais interpretar la cláusula indicada, por más que esmeráseis las triquiñuelas abogadiles? Y el declarar la propiedad exclusiva de la Iglesia sobre dicha renta, lo han hecho, antes que yo, todas las leyes que dejo citadas al estudiar la evolución del gravamen decimal; lo hicísteis vosotros mismos en el Art. 4º. de la ley de 24 de octubre de 1899, según lo hemos visto. ¿Por qué prohibísteis sino que el Estado dispusiese, en ningún caso, del impuesto adicional, en lo equivalente a los presupuestos eclesiásticos? La razón es obvia: esa renta había dejado de ser nacional para convertirse en propiedad privada, en estipendio de una corporación, en renta de la iglesia: el estado no era ya dueño de esos doscientos mil y pico de sucres. Suponed que la ley de 24 de octubre de 1899 se hubiera promulgado en beneficio de las ciencias y letras ecuatorianas; y que su artículos 4º., dijera: “Señálase la suma de diez mil sucres al Sr. Dr. D. Luis Felipe Borja, como remuneración por la Obra notable que ha escrito sobre el Código Civil Chileno; y la Nación, en ningún caso podrá disponer del producto del 10% adicional, antes de pagar al referido escritor”. —¿Sería contrario a la Constitución y a la soberanía de la República, el que el Gobierno declarase que los diez mil sucres susodichos son de la exclusiva y absoluta propiedad del Sr. D. Luis Felipe Borja? —Claro que no: venga sino el célebre jurisconsulto y díganos: ¿a quién pertenecen los diez mil consabidos, si no son suyos? ¿Se emperraría el Sr. Borja en decir que no y que no; porque ni el Poder Legislativo tiene atribución de trasmitir a nadie el dominio de la República sobre las rentas nacionales? Y si lo creyó así ¿por qué no prestó indignación contra el Decreto de 27 de octubre de 1898, que para el caso vale tanto como la Ley que hemos supuesto? Si es verdad que el Poder Público no puede disponer de las rentas nacionales, ni para cumplir las obligaciones de la misma Nación ¿por qué el 156

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Senador Borja no rechazó, como rechazaría la complicidad en un crimen de lesa Patria, esos diez mil sucres votados en el Decreto referido? ¿O es que la Legislatura puede disponer de los caudales de la República en beneficio de todos, menos únicamente del clero? La excepción sería demasiado injusta, odiosa, contraria a la base del liberalismo, condenada por las leyes y por el buen sentido; y más, cuando vosotros mismos confesáis, en el cuarto párrafo de vuestro informe, que: “Del Art. 12 de la Constitución se deduce necesariamente que el Estado debe proveer a la subsistencia del clero y a los gastos del culto...”. —Si, según vosotros mismos, pesa sobre la República, la obligación constitucional de pagar cada año a las catedrales los doscientos mil sucres, señalados en el Protocolo ¿por qué sostenéis que el cumplimiento de esa obligación infringe la Carta y menoscaba la soberanía nacional? —Contradicciones y siempre contradicciones: cuando se toma mal camino, un abismo no es sino el precursor de otro abismo. Luego, de la misma manera que los diez mil sucres del Decreto de 27 de octubre de 1898, aunque salidos de la caja fiscal, dejaron de ser rentas nacionales, dejáronlo también de ser los doscientos mil, valor de los presupuestos anuales para el culto. ¿A quién pertenecen, sino, los doscientos mil tan disputados? Las leyes lo dicen; vosotros mismos lo habéis confesado de manera solemne; el sentido común lo proclama a voces: ¿por qué, pues, no podía declararlo solamente yo, en los Protocolos de Santa Elena? Aquello de que “el dominio de las rentas nacionales pertenece exclusivamente a la República, como inherente a la soberanía”, es exacto; pero, la consecuencia que deducís de esta verdad, es falsa, falsísima; porque la renta eclesiástica, no es ya renta nacional, como no lo es la renta del Senador, ni la ración del soldado, ni ningún otro estipendio que la ley señala y que las tesorerías pagan. Si los poderes públicos. hubieran de mantener indefectiblemente y por siempre ese dominio absoluto de la Nación sobre sus caudales, aunque no se tratase sino de gastar los cuarenta centavos que alimentan al soldado, la República perecería; los artículos 62 (atribución 2a.), 94 (atribución 12a.) y 98 (atribución 9a.) de la Constitución no tendría sentido; la ley de gastos sería un sarcasmo; el movimiento fiscal, un crimen contra la Patria. Vosotros mismos, si estuviérais persuadidos de la verdad de vuestras conclusiones, no concurriríais a las Cámaras, porque el Tesorero de Hacienda no os pagara las dietas: ¿cómo podría hacerlo, si ni el Poder Legislativo tiene facultad para trasmitir la propiedad de la Nación sobre las rentas del erario? Si aceptáis la intrasmisibilidad de las rentas nacionales, tenéis que aceptar también todas las absurdas conse157

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cuencias de vuestro principio: tenéis que aceptar hasta la muerte misma de la Nación. ¿Puede o no puede el Estado trasmitir la propiedad de una parte determinada de las rentas nacionales, ora a un individuo, ora a una corporación, ya en pago de un servicio o de un crédito público, ya en obedecimiento de la Constitución y de las leyes? Resolvedlo, vosotros mismos, Honorables Senadores, en presencia de la Nación que os está oyendo, antes de pronunciar el fallo definitivo sobre sus mandatarios. —¡Si lo negáis, a tierra la administración pública! ¡Inconstitucional todo gasto: ni fuerza armada, ni policía, ni tribunales, ni instrucción popular, ni obras públicas, ni nada de lo que sostiene la vida de un país y lo encamina por las vías del progreso: no se puede sacar ni un céntimo de las arcas de la República, sin atentar a su propia soberanía! —Si, por lo contrario, lo afirmáis, tenéis que confesar por fuerza que los doscientos mil sucres, destinados anualmente para el culto, han sido legalmente trasmisibles; han dejado de ser propiedad de la República, para pasar al dominio de la Iglesia. Y como esta conclusión es la única conforme con la Carta Fundamental y las leyes, con la justicia y el sentido común, resulta vuestro informe un puro adefesio, cuando no, parto de la más refinada mala fe. La última parte del informe contiene objeciones secundarias, pero que tampoco tienen valor alguno como vais a verlo. Es de estricta justicia que en todo contrato consten las seguridades de su cumplimiento; y que en los bilaterales como el suscrito en Santa Elena, el 10 de abril último, esas seguridades sean recíprocas. Omitirlas, prescindir de ellas, darlas por no incluidas en el texto del contrato, sería destruirlo de antemano, atacar su propia naturaleza; y tanto es así, que —aunque no se escriban ni estipulen expresamente— se sobreentienden, en fuerza de la justicia y de la ley. Así, por ejemplo, no hay necesidad de expresar en un contrato bilateral, que ninguna de las partes contratantes puede alterar, ni modificar, ni dejar de cumplir lo pactado, sin el consentimiento de la otra parte interesada: esta cláusula —que constituye la esencia de la convención— se sobreentiende siempre. ¿Podríais, vosotros, Honorables Senadores, sostener el absurdo de que puede existir un contrato bilateral, en que uno solo de los contratantes sea el árbitro de los derechos y obligaciones originados en el mismo? Claro que no: por lo menos, el autor de los Comentarios sobre el Código Civil Chileno protestaría contra disparate tan colosal. —Y, entonces ¿por qué tantos aspavientos contra la segunda parte del Art. 2º. del Protocolo? Si, aún en el caso de que yo no hubiera expresado la necesidad del consentimiento de la Santa Sede para modificar o alterar dicho pacto, se hubiera sobreentendido esa cláusula de puro derecho ¿por qué 158

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la grita y el anatema del Senado contra el Plenipotenciario del Ecuador? —La pasión de bandería, el odio personal, la venganza rastrera: he ahí los inspiradores de injusticia tan clamorosa, señores Comisionados. Y no es cierto que la cláusula de derecho aquella, hubiese coartado la libertad de acción de los venideros Congresos; porque, si hubiérais estudiado los artículos 4º., 6º. y 7º. del Protocolo, habríais visto que lejos de prohibir a los futuros legisladores el crear nuevos impuestos para el culto, en lugar del 10% adicional, se ha reconocido expresamente esa facultad inalienable del Poder Legislativo; solo que naturalmente, la Silla Romana, llegado el caso del cambio, debía aceptar la nueva sustitución. ¿No era justa esta reserva, en tratándose de un contrato bilateral, suscrito con entera buena fe? Y esta garantía se ha estipulado en todos los Tratados internacionales del mundo, cuando se ha previsto que el legislador, en ejercicio de su irrenunciable soberanía y mirando por las necesidades interiores del país, pudiera cambiar o modificar alguna ley relacionada con el pacto público: los mismos principios de justicia rigen los contratos de los individuos que los de las naciones. Y no digáis que la Santa Sede se hubiera convertido, de hecho, en obstáculo insuperable al cambio de contribución para el culto; porque toda obstinación pontificia al respecto, habría sido estéril; más aún, contraria a los intereses del clero y de la Iglesia. El Papa sabe muy bien que su misión no es levantar tempestades, sino calmarlas; y que, cuando algunos de sus antecesores se las echaron de combatientes, la nave de Pedro sufrió muy serias averías. Por otra parte, ¿qué le importaba a la Silla Pontificia que los doscientos mil sucres anuales que el Ecuador debe a su clero, salgan de las cajas de la Aduana, o de las cajas de los cuerpos del Ejército, o de cualquier otro fondo que la nueva ley señale? De lo que cuidara indudablemente el Papa, sería de que la nueva renta fuese segura y suficiente; y para ello tendría perfecto derecho, una vez que el Gobierno del Ecuador, obedeciendo a la Constitución y las leyes, está en la obligación ineludible de cuidar también de esa misma seguridad y suficiencia. ¿No habéis visto cómo la Sede Romana accedió al cambio de los diezmos con el tres por mil? ¿No acabáis de palpar el asentimiento del Papa a la nueva sustitución con el 10% adicional? ¿Qué dificultad habría, pues, para que consintiese en otro cambio necesario? Luego vuestro último argumento sería asaz fútil: sería contrario a la constante conducta del Papa, quien tiene de atender de preferencia a conservar la paz con los Gobiernos para bien de la Iglesia misma.

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Temo fastidiaros con mi larga refutación; y, no obstante, no está agotada la materia: cada frase, cada palabra de vuestro informe, dan margen a sinnúmero de observaciones; porque, vuelvo a repetirlo, la contradicción y la falta absoluta de verdad, son las notas culminantes de aquel célebre documento. En él habéis faltado a la justicia y a la ley, a la buena fe y a la lógica, a la causa liberal y a las conveniencias del país, a los intereses del Gobierno y al sentir de las mayorías: en él os habéis contradicho sin vacilaciones ni asomos de rubor: en él habéis ultrajado la honra-nacional y la majestad de la Legislatura. ¿No la pensáis así? Escuchad, escuchad, lo que de vosotros dicen la sensatez y la cordura, el patriotismo y la religión, y ¡horrorizaos!... Dumouriez decía que la Convención francesa se componía de setecientos tontos y doscientos pícaros; y a esa circunstancia atribuía el célebre General todos los desastres de la República. Guárdeme Dios de caliﬁcar al Senado de 1901 de semejante manera; pero, sí he de aﬁrmar que la mitad de la Cámara no estudió los Protocolos de Santa Elena; y que la otra mitad procedió por odio personal y por pasión de bandería. ¿Cómo explicar sino despropósitos tan escandalosos?

8888 IX

Tales eran los seres… que se encarnizaban con aquellos hombres de bien, luego que los depositarios del poder les dieron la señal de hacerlo; pues cuando los primeros jefes empiezan por tirar la primera piedra, todos los que están confundidos entre el polvo, se levantan y acaban con la víctima. THIERS, Revolución Francesa.

Por ahí dijo alguno que el mal no estaba en haber ﬁrmado los Protocolos referidos; sino en no haber celebrado otros de mayor trascendencia... ¿Pero, qué se han ﬁgurado esos improvisados radicales que es una misión diplomática? ¿Creen acaso que un plenipotenciario negocia un pacto, como Roque Guinart o Porporato terminan un empréstito forzoso en despoblado? ¿Piensan que un diplomático tiene 160

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obligación imprescindible de salirse con la suya, quiera o no quiera la otra parte contratante, apremiándola con la violencia, pidiéndole la firma o la vida, a guisa de ultimatum de encrucijada? ¿Debí, pues, obligar a Monseñor Gasparri a suscribir todo lo que el seudo-radicalismo ecuatoriano quiere exigir de Roma? ¿De qué manera pude ejercer esta coacción infame sobre el Enviado del Vaticano? Lo principal de la misión que me conﬁó el Gobierno, estaba en el restablecimiento de las buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado; y esa reconciliación de las dos potestades celebrose con aplauso de la Nación, si se exceptúan los radicales de última cosecha. Presenté un proyecto de Concordato, conforme con las instrucciones del Ejecutivo; pero el Delegado Pontiﬁcio no lo aceptó en todas sus partes, y hube de convenirme en el aplazamiento de tan ardua y delicada cuestión. Monseñor Gasparri exigió la reforma y aun la derogación de varias leyes; y me negué a ello, manifestándole que esas leyes constituían el baluarte de los derechos del pueblo, las conquistas de la razón y la justicia entre nosotros. Suscribí los Protocolos que el Senado rechazó, y otro sobre matrimonio civil que, según entiendo, no lo ha aprobado todavía la Santa Sede: conseguí la separación de los Obispos enemigos de la República, y, lo que es más, la Circular al Clero con la que se logró apagar el incendio de la guerra civil. ¿Qué más pude hacer, en las anormales y difíciles circunstancias que rodearon la conferencia en Santa Elena? ¿No están todas mis labores puntualizadas en las actas de aquella negociación? ¿Soy culpable por no haber festinado arreglos trascendentales, como el Concordato, cuando era casi imposible que los negociadores se pusiesen de acuerdo en los puntos principales? Y, luego, lo que se hizo, firmose únicamente después de aprobado por el Gobierno, al que le consultaba yo por telégrafo: presto publicaré todos los documentos concernientes a esta ruidosa cuestión, en la que el Ejecutivo procedió con el mayor tacto y mirando solo por los intereses del país. ¿Dónde el fundamento de la acusación que se me hace? Otro me echa en cara no haber convertido al radicalismo a Monseñor Gasparri, a pesar de ser yo propagandista de las ideas liberales: ¡para ese papahuevos fuí yo a Santa Elena, no como diplomático, sino como un misionero!… ¿Merece refutarse un cargo tan ridículo? Y los que no pueden formular ni acusaciones de la laya, me difaman, me hartan de improperios, me cubren el rostro con pellas de lodo inmundo: después de la primera piedra lanzada por el Senado, los viles, como dice iers, hánse levantado del polvo para ultimarme. ¿Qué arma no se ha esgrimido en mi contra? 161

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Y, sin embargo, estoy tranquilo: obré de acuerdo con mis convicciones, como convenía a un hombre público al servicio de la causa liberal, como lo exigían las necesidades y bien de la República: aun no se apaga la frenética algarada de mis adversarios, y ya la opinión honrada y seria me hace justicia. Sí, estoy tranquilo, como cuando el fanatismo católico me perseguía, como cuando las turbas de devotos se levantaban para lapidarme, como cuando salía al destierro entre las maldiciones de la beatería, como cuando los asesinos me asestaban el golpe para ganarse el cielo: entonces, como ahora, mi conciencia me ha dado testimonio de que el deber está cumplido. ¿Por qué combatí por largos años el fanatismo y la superstición, se creía que era yo a propósito para erigir en sistema político la intransigencia más desatentada y bárbara? ¡Os habéis engañado! los liberales como yo, contribuyen a romper las cadenas del espíritu, pero jamás a forjarlas. Las liberales, como nosotros la comprendemos, es luz inefable para el mundo, no tinieblas para la inteligencia de nadie; es fuerza divina, movimiento progresivo constante, autonomía completa, no torpe inacción y vil servidumbre. Para nosotros el liberalismo es un apostolado; y los apóstoles de una idea, si buscan el triunfo de élla, no la imponen por mano del verdugo. Ser liberal, según entendemos, consiste en odiar cualquier género de tiranía, en buscar el reinado de la fraternidad y de la justicia, en acatar el derecho de todos para que todos respeten nuestro derecho. ¿Cómo entendéis vosotros la libertad y el liberalismo? Por eso el Gobierno liberal del General Alfaro, se lanzó únicamente a las conquistas propias del liberalismo, a las conquistas indispensables para la regeneración social, a las conquistas necesarias para el progreso y ventura e todo el pueblo. El exclusivismo religioso era el más grande de los males para la Patria y para la Religión misma: la fe nacional y exclusiva, era contraria a la libertad y a la civilización, a la dignidad del hombre y al espíritu mismo del Evangelio. Imponer al pueblo una religión única y exclusiva, es fomentar el egoísmo y la discordia, abrir insondables abismos entre hermanos. crear una raza dominadora y otra raza esclava, armas a los ciudadanos para que se degüellen y destruyan en medio de tinieblas. Imponer el pueblo una religión única —como yo mismo decía en la Convención de 1896— es reconocer la necesidad de la Inquisición, justiﬁcar sus errores, dar al través con el fruto de tres siglos de lucha tenaz y sangrienta con el fanatismo y la tiranía. Las religiones exclusivas son el más terrible adversario de la civilización. de la paz y del progreso, por lo mismo que son el germen de la discordia, por lo mismo que encierran la inteligencia

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en un círculo estrecho, donde no le es potestativo ver con otra luz que la de una fe celosa y egoísta; donde es prohibido el irse investigando los secretos de la creación, las eternas leyes de la humanidad, los arcanos que se escapan a los ojos de la carne, pero que el espíritu libre suele sorprender en los espacios de lo infinito. ¿Qué civilización, qué progreso, si es error, herejía, blasfemia, todo lo que contradice las infalibles doctrinas de la religión exclusiva? ¿Qué civilización, qué progreso, si es pecado digno del infierno, el pensar y expresar el pensamiento, el recibir la luz y difundirla en el pueblo? Las religiones exclusivas son hijas de las pasiones humanas: la política despótica, la ambición del mando exclusivo, la alianza de los sacerdotes con los príncipes para esquilmar al rebaño humano, la necesidad de oscurecer la conciencia pública para perpetuar el despotismo, son las causas de las religiones dominantes y obligatorias: toda religión nacional —dice el Cura Meslier— se ha inventado para hacer al hombre vano, insociable y malo. Las religiones en su cuna, todas han proclamado la tolerancia más absoluta, la fraternidad más pura, la libertad de conciencia más envidiable; pero, templado el fuego de la inspiración, pasados los entusiasmos y los éxtasis de su primera edad, cambiado el móvil de su proselitismo, han despertado, las pasiones adormecidas y recuperado su imperio la maldad humana: entonces han venido las hogueras y los cadalzos, los tormentos y los calabozos, las guerras religiosas y las crueles persecusiones. Leed los Evangelios, leed la Historia de la Iglesia, leed los escritos de los Padres, y veréis cuán dulce, cuán mansa, cuán tolerante la religión de Cristo; y, cuando los sacerdotes se hicieron Señores, cuando la ambición penetró en el santuario, vinieron el Santo Oficio y la Sambarthelemy! El ortodoxo Cantú no puede menos de confesarlo: Los Padres de la Iglesia proclamaron la libertad de las creencias mientras fue perseguida la suya —dice. ¿Y después? la Historia nos horroriza con tantos crímenes perpetrados en nombre de esa religión de caridad y mansedumbre. Mahoma, el mismo Mahoma que llevaba su fe en el filo de la cimitarra, principió por predicar la tolerancia, mientras fue débil: nada más dulce —dice el historiador precitado— que los capítulos del Corán escritos cuando estuvo refugiado en Medina. Esta transformación criminal es propia de los falsos apóstoles, de los hombres dominados por las pasiones malas: ¿no quieren acaso los seudo-radicales imitarle también al Profeta de la Meca? Mientras eran débiles se perecían por la tolerancia y la libertad religiosa; y ahora que se sientan en las curules del Senado, proscriben el culto de sus hermanos!… ¿Qué clase de liberalismo es este? El Gobierno del General Alfaro dio en tierra con ese oprobiante exclusivismo religioso y proclamó la más amplia libertad de conciencia: los artículos 163

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12 y 13 de la Constitución, forman la piedra angular de la regeneración ecuatoriana. La emancipación del espíritu ha sido en todos los pueblos la más grande conquista de la razón y del derecho; porque ella signiﬁca luz y libertad, progreso y vida, paz y engrandecimiento. Pero, los secuaces de la intransigencia clerical, el Senador Cueva y otros de los que con él piensan, opusiéronse a tan justa, necesaria y beneﬁciosa reforma: el libelo infamatorio; el pasquín rastrero, arrojado a nuestros pies, en el seno mismo de la Convención; la impostura ruín y la calumnia más villana; y, por último, los horrores de la guerra civil, fueron la respuesta del fanatismo a la proclamación de la libertad religiosa. Y fui yo, cómo ahora, la víctima escogida por los perversos: yo, autor del proyecto de reforma en la Constituyente; yo, que por muchos años, sin que nadie me acompañe en la brecha, había combatido por la emancipación de la conciencia. ¿Cuál de los radicales de hoy, conoce siquiera mis padecimientos y angustias por sostener los inalienables derechos del espíritu humano? ¿Cuál de los que hoy me arrojan piedradas, estuvo a mi lado en las tormentosas horas de la lucha, cuando hasta un albergue me negaban mis amigos, para no caer en el odio del fanatismo? ¿Cuál de los radicales de último momento, ha contado mis horas de pesar y de insomnio en los calabozos y el destierro? ¿Cuál de los que me ultrajan, invocados el liberalismo, ha trabajado como yo, por la reforma religiosa en mi Patria? ¡Ninguno; y los hay que no han hecho sino manchar con sangre y cieno la más grande de nuestros revoluciones: eso, esos los que nos difaman, porque no hemos aprobado, ni podíamos aprobar su conducta!… El Gobierno del General Alfaro es el autor de la libertad religiosa: ¿podría exceptuar de esa garantía a los católicos?, ¿podía contradecir con hechos su programa de regeneración y progreso?, ¿podía echar un borrón indeleble a su gloria, convirtiéndose en perseguidor de una fe garantizada por la Constitución? De ninguna manera. Ayer fueron los fanáticos de sacristía los que nos combatían: hoy, los mismos, pero en híbrida y repugnante alianza con la desenfrenada demagogia. Los extremos se han unido para maldecirnos; pero la posteridad nos hará justicia. El exclusivismo que el magisterio monástico se había arrogado, era contrario a la Constitución y a los intereses del liberalismo; porque no se compadecía una enseñanza puramente de claustro, con la libertad religiosa y los adelantos de las ciencias. ¿Qué derecho tenían los frailes para ese criminal monopolio en la dirección de la inteligencia joven? ¿Cómo podía desarrollarse el progreso con maestros que destierran de las aulas todo conocimiento que no está acorde con el Syllabus? La libertad religiosa y las necesidades del progreso 164

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impulsaron, pues, al Gobierno del General Alfaro a secularizar la enseñanza, a desahuciar a los jesuitas, a establecer escuelas laicas y normales, a señalar textos para colegios y universidades: este fue un paso decisivo para la reforma, pero dentro de la órbita trazada por la libertad de todos los ecuatorianos. ¿Quería el sacerdocio tener escuelas y colegios propios? En su derecho estaban; solo que, como el Gobierno tiene que vigilar las instrucciones públicas, los exámenes para las carreras profesionales habíanse de rendir en un colegio nacional. Así se concilio la libertad de enseñanza con el programa de regeneración de nuestro Partido; pero, los demagogos nos acusa de no haber hecho nada contra la enseñanza monástica; y los fanáticos, de haber arruinado la instrucción pública arrancándola de manos de los frailes. ¡Siempre los mismos extremos en contra de la verdadera libertad! Los abusos de la clerecía pasaban sobre el pueblo como carga abrumadora: los diezmos y primicias eran el mas cruel azote para el pobre; los derechos parroquiales eran cadenas de esclavitud para los desgraciados: los párrocos, con pocas excepciones, amos que no pastores; y el Gobierno del General Alfaro se apresuró a poner remedio a tantos males, a restablecer el equilibrio de la justicia y la libertad. ¿Quién hizo promulgar esas leyes contra los abusos clericales? Los seudo-ateos afirman que el General Alfaro no hizo nada: los frailes que lo hizo todo, que “es inconmensurable la lista de los males que ese Gobierno hizo a la Iglesia”. ¿Proceden unos y otros con igual mala fe y protervia? Son de igual naturaleza las intransigencias roja y negra. El pensamiento había permanecido aherrojado por muchos años; los procesos por herejía, numerosos, aun en tiempos del segundo Flores: las moniciones y anatemas contra los escritores públicos, diarias. El Gobierno del General Alfaro rompió esas trabas, dio libre vuelo a la inteligencia de todos, colocó otra base firme y segura del progreso; pero la demagogia afirma que el Gobierno del 5 de junio nada ha hecho por el liberalismo; mientras la prensa eclesiástica se lamenta por la destrucción de las cadenas en que gemía la inteligencia de los ecuatorianos. ¿Cómo hallar la verdad entre estos extremos, a los que solo inspiran el odio y el frenesí? No seguiré en tan minucioso examen de los actos del Gobierno del General Alfaro; pero bastarían para conquistarle la gratitud de las generaciones venideras, la libertad de conciencia y de pensamiento, la secularización de la enseñanza y el establecimiento de escuelas normales, la reivindicación de los derechos del Estado sobre la Iglesia, la abolición de los tributos eclesiásticos que hacían pero la suerte del pobre, y la Ley de Registro Civil, base de todos los derechos de los 165

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asociados. ¿No son estas conquistas del Gobierno liberal? y no son de tal magnitud, que cada una de ellas ha costado largos y cruentos sacrificios en todos los pueblos? Pero, en razón misma de estas conquistas, el Gobierno del General Alfaro no podía oprimir la conciencia católica, no podía negar su protección a la Iglesia, no podía imitar ni a los inquisidores ni a los demagogos. Como yo mismo, no podía contradecir mis convicciones y mis escritos, pisoteando esa misma libertad religiosa que tanto habían defendido. Me recuerdan que soy el escritor de La Raza de Víboras, del Casus Belli, de La Razón, de La Libertad, de La Verdad, etc.; escritos en que fulminé mil anatemas contra la opresión de la conciencia, contra la esclavitud del pensamiento, contra la superstición y el fanatismo, contra los abusos y vicios del clero; pues por eso mismo no podía convertirme en opresor y en verdugo, en antiliberal e intolerante. Lo que dice mi pluma es una persuación de mi alma; y no soy yo el que ha contradecir mis propios pensamientos. Prefiero el insulto y la persecución de los extremos sociales; prefiero ser víctimas de la protervia y del odio de sans culottes y sacristanes; las asonadas radicales y católicas. ¡No estoy acostumbrado a los aplausos lo mismo que a los improperios, que dejo pasar siempre sin conmoverme ni con los unos ni con los otros! En cuanto a mis creencias individual, a nadie tengo que dar cuenta de ellas: Dios y mi conciencia son los únicos jueces que reconozco sobre la rectitud oe mis convicciones. Ni estoy aquí defendiéndome como individuo particular, sino como hombre público, como Ministro de Estado, como Plenipotenciario; pero, sí lo afirmo, con la mano sobre el corazón, que no pertenezco a las filas de la demagogia ni del fanatismo católico. No, nunca me llamaré conservador ni anarquista: estoy por sobre toda exageración religiosa y política. La Historia juzgará de mis actos públicos; y su fallo desapasionado ha de vengarme de las injusticias de mis contemporáneos.

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De “El problema obrero” El problema obrero debe preocupar a los hombres de Estado, y especialmente a los liberales; porque es un torrente que crece, que brama, que mina los diques y amenaza desbordarse; torrente que es menester encauzar y dirigir sabiamente para evitar cataclismos. Y precisa confesar que la razón está de parte del obrerismo. La historia del pueblo se puede compendiar en un gemido prolongado, tristísimo, de agonía infinita, que repercute al través de los siglos, como una maldición contra los inmisericordes explotadores del rebaño humano; contra la injusticia que dividió a los hombres en señores y siervos, en verdugos y víctimas resignadas y cobardes. Abrid la historia y horrorizaos ante los dolores sin cuento, el martirio perpetuo, el arroyo ni interrumpido de lágrimas y sangre, con que las razas esclavas han marcado su luctuoso paso por el mundo. Mirad esas multitudes, agobiadas por el átigo y bajo un clima de fuego, levantando esos templos y palacios de Asiria esas pirámides de las orillas del Nilo, todos esos monumentos de Belbek y Palmira, que han desafiado la acción destructora del tiempo, y que aún dan testimonio de los milagros de la servidumbre. ¡Cuántas fatigas, cuánto esfuerzo, cuántos inútiles lamentos, cuántas víctimas caídas en la ruda y colosal faena, para satisfacer la insensata sed de inmortalidad de los tiranos! Comparad el bocado de pan que prolongaba la vida de esos infelices obreros, con las gotas de sudor, las lágrimas y gemidos que ese insuficiente alimento les costaba, y veréis toda la magnitud de la injusticia y la desventura que pesaba sobre los antiguos pueblos. A este lado de los mares existía un Continente rico, civilizado, floreciente, exento de los vicios y crímenes del viejo mundo. El imperio de los incas gozaba de un Gobierno patriarcal, eminentemente humanitario, con una religión basada en el amor y la clemencia mutua; religión de cuyos altares se había proscrito todo sacrificio de sangre, toda expiación dolorosa, todo culto contrario a los dictados de la razón y la naturaleza. Ese imperio era regido por leyes sabias, previsoras, altruistas y tendientes al mantenimiento de la paz y la fraternidad recíprocas entre los súbditos, a producir la felicidad común, sin esfuerzo y bajo la égida protectora del soberano, verdadero padre y guardián de los pueblos. Pero la ambición penetró en este imperio modelo, so pretexto de extender la fe cristiana; y la felonía, la traición, la ferocidad, destruyendo aquella envidiable civilización, sacrificaron impíamente a príncipes que confinaron en la buena fe y lealtad de sus ingratos huéspedes, degollaron multitudes de indios inocentes 167

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e indefensos, martirizaron a muchos caciques para arrancarles sus riquezas, adiestraron perros de presa para perseguir a los fugitivos, en fin, transformaron en yermo aquel vasto y floreciente imperio. Los indios, condenados al rudimentario y mortífero trabajo de las minas, transportados de un clima a otro para labrar las tierras de las encomiendas, maltratados y vejados de todas maneras por sus desalmados tiranos, fueron pereciendo en aquel continuado martirio, al extremo de que Humboldt calcula que en su tiempo apenas quedaban unos pocos miles de esos desgraciados, como resto de la inmensa población incásica. Entonces fue preciso buscar nuevos siervos; y los reyes propagandistas de la doctrina y la fe de Cristo, favorecieron la trata de negros, condenados a la esclavitud por la maldición de Noé a su hijo Cam, que se había reído de él, viéndolo borracho. Los teólogos justificaron con dicha maldición la caza de negros, crimen atroz contra la humanidad y la religión redentora de Jesús; y los negros talaron y despoblaron las costas de África para proveer de esclavos a la cristiandad americana. Cazándolos como a fieras, y los trasportaban inhumanamente lejos de la Patria y de sus más tiernos efectos, a morir en tierra extraña, víctimas de la crueldad y la tiranía de los plantadores de caña de azúcar o de los explotadores de minas, sin otro crimen que el color de la piel, que los sacerdotes habían señalado como sello celestial de predestinación para la servidumbre. Ya no se contaban los cautivos negros por cabezas, sino por toneladas, según los privilegios de los reyes de España y Portugal para la importación de esa abominable mercancía a los lugares de consumo en América. Crímenes fueron del tiempo y no de España —dice un poeta—; pero ese tiempo, sostenido y prolongado por los hábitos adquiridos durante la dominación española, perdura hasta nuestros mismos días, de libertad y adelanto. Mirad, si no, la desdichada suerte de nuestros indios en la sierra; cruzad la alta planicie y contemplad la choza indiana, esa como pocilga infecta, oscura y húmeda, apenas cubierta de paja, donde viven hacinados, indígenas y animales, en asquerosas comunidad, mostrándonos el fiel emblema de la más espantosa miseria, de la degradación llevada a su último término. El indio, dueño antes de todo el territorio, no tiene hoy un solo palmo de tierra propia, salvo raras excepciones; y el miserable pegujal que cultiva tan penosamente, no es sino la mera prenda de esclavitud; pertenece al amo que explota al siervo, lo veja, lo azota, lo mantiene por cálculo egoísta en la ignorancia y la abyección más completa. Ni luz para la inteligencia, ni nociones de moral para la conciencia, ni esperanzas de mejora en su condición, ni una mirada hacia arriba, ni una idea de dignidad y adelanto, ni una llamarada de rubor en los mejillas 168

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del degenerado siervo, nada de lo que demuestra al hombre consciente, hallaréis en el infeliz paria ecuatoriano; si no es la resignación estúpida con el abatimiento actual, el apego fatalista a la miseria que lo abruma, el encariñamiento inexplicable con la desventura, como si la reconociera por condición natural e inherente a su raza. El indio no conoce el placer del espíritu, ni las elevadas expansiones del corazón. Su música plañidera, gemebunda, tristísima, simboliza como ya se ha dicho toda su existencia dolorosa, todo el destino cruel de una raza esclavizada, toda la amargura y la agonía del alma incásica que revela en sus notas musicales y en su canto, la moral nostalgia de su antigua felicidad y opulencia. La misma embriaguez en el indio, reviste los caracteres de estupidez doliente, de imbecilidad que tortura el corazón de quien contempla esos voluntarios embrutecimientos del dolor y la degradación sin remedio ni esperanza. Y los hombres de Estado pasan de largo sin parar mientes en tan grande desventura; y el sacerdote pasa junto al indio sin recordar que es su hermano, la oveja cuya guarda le conﬁó Cristo; y pasan aun los ﬁlántropos, sin volver la vista hacia un pesar tan reconcentrado, sin tender la diestra a esa caída raza que esta clamando por la redención justiciera. Solo Urbina y Alfaro pensaron seriamente en aliviar la suerte del indio; y son los únicos que merecen llamarse iniciadores de la obra magna de reparación y justicia para los esclavos de la gleba en nuestra República. Volved ahora la vista al proletariado de las ciudades, a ese inmenso grupo de víctimas de la justicia social, de la inmisericorde ambición del capitalista, de la imprevisión de las leyes y el criminal descuido de los gobernantes. Penetrad en esos antros de la miseria, de la desesperación, de la muerte. El obrero no halla trabajo, y sus pequeños ahorros están ya consumidos; la esposa enferma carece de alimento y medicinas; los hijos hambreados ensordecen con sus gemidos; el casero aumenta las angustias de ese hogar desgraciado, con la cruel exigencia del arrendamiento vencido; y hasta el recaudador de impuestos llega a tiempo para colmar la copa de acibar que apura el desdichado obrero. El desconsuelo se cierne, como ave fatídica y precursora de la muerte, sobre esa miserable familia; y el capitalista enriquecido con el trabajo de ese hombre agobiado de pesares, lo ve naufragar sin conmoverse; y la caridad pública lo rechaza, a pretexto de que no está imposibilitado para trabajar y ganarse el pan cotidiano; y el poder público lo escarnece, tildándolo de vago, digno de policial castigo. La falta de educación es terreno fértil para el delito; el hambre suele dar los peores consejos; la tentación arrecia hora tras horas; el triste espectáculo del 169

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hogar, albergue de tantos padecimientos, engendra la desesperación; y el obrero se lanza al ﬁn, ciego, frenético, empujado por el instinto, sin escuchar otra voz que la de sus pequeñuelos que le piden pan y abrigo, y comete actos que la ley castiga. La misma sociedad que no instruye ni educa al proletario, que no lo protege contra la tiranía del capital, que no lo socorre en las horas negras de la vida, que deja sin ocupación los brazos que no anhelan sino trabajo con remuneración justa, que no tiene asilos para la miseria del pueblo, que jamás le extiende la diestra protectora al obrero que va a caer en delito por desnudez y hambre; esa misma sociedad indolente clama ahora y exige el castigo para el robo cometido, para la infracción debida al ciego deseo de llevar un bocado al hijo enfermo, un socorro a la esposa o la madre, postradas de inanición en un camastro, allá en el oscuro desván, donde jamás penetran las miradas de la mundanal clemencia. He aquí, a grandes rasgos, el luctuoso cuadro del proletariado; cuadro que pudiéramos pintarlo con lágrimas y sangre; traducirlo en lamentos y anatemas, en gritos de desesperación y estertores de muerte; representarlo con las sociedades convulsionadas, con escombros y cataclismos, con esas temibles rebeliones del titán encadenado a la roca indestructible de la esclavitud. Desequilibrada la sociedad por ancestrales y añejas injusticias, por absurdos prejuicios y profanación de las santas leyes de la naturaleza, la hora del triunfo socialista ha sonado; pero del socialismo cientíﬁco, humanitario y justo; un socialismo que es solo una faz, una ampliación, un avance ventajoso de las libertades y garantías del ciudadano; un socialismo que no busca sino la felicidad de todos los asociados, la extirpación del pauperismo y las desigualdades impuestas por la tiranía y las malas pasiones, la restauración del amor y la fraternidad universales. La represalia contra los opresores, la venganza contra los tiranos, el despojo de los que han despojado, no habrían otra cosa que mantener la desigualdad, la injusticia y el crimen, en otra forma; cambiar las víctimas en victimarios, y perpetuar la misma absurda y viciosa organización social que combatimos. ¿Qué adelantaría la humanidad, si se hiciera desgraciados y miserables a los que son hoy opulentos y felices, aunque su felicidad y opulencia dimanen del abuso, de la depredación y despojo de los pobres? Si se quiere reformar la sociedad, comencemos por ser justos; es decir, por desterrar del alma todo rencor, toda venganza, toda pasión indigna de la magnanimidad y nobleza de un pueblo civilizado y cristiano, para buscar la ventura del mayor número en el familia humana. 170

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La equitativa repartición de los medios de vida, es el más hermoso ideal del socialismo; y por tanto, la ventura del pueblo ecuatoriano no puede consistir jamás en la abolición de la propiedad, sino en tender a dividirla, a fin de hacer que todos, o siquiera el mayor número posible, llegue a ser propietario. El derecho de propiedad es el fundamento y nervio de la vida social; es el estímulo y el premio del trabajo; es el lazo que nos une a la familia y al Estado, en el tiempo y en el espacio; es la perpetuación de nuestra existencia misma en nuestros descendientes, por los medios de vida que les deparamos antes de bajar al sepulcro. ¿Para qué trabajamos sin descanso, sin perdonar fatiga ni ahorrar sudores? Indudablemente, no es solo para ganarnos el pan de cada día; sino para acumular valores para nuestra esposa e hijos, para prolongar nuestra protección paternal a los seres que amamos, más allá del último momento. Suprimir este interés sagrado, sería hacer decaer nuestro entusiasmo, desaparecer nuestro afán productor, y de consiguiente la escasez invadirá el hogar, hasta convertirse en penuria. Y si abandonamos el trabajo por entero, en la esperanza de que los demás han de trabajar para nosotros, como todos pensarían lo mismo, el bienestar y la holgura desaparecerían del mundo, para ser reemplazados por la universal miseria. ¿Dónde la abnegación sublime que trabajara sin recompensa, y en beneficio de la ociosidad indolente y punible? La abolición de la propiedad sería a la postre, la muerte del trabajo, la ruina de toda industria productiva, la sentencia capital para todos los pueblos que tal error cometiesen; en fin, el epitafio colocado en la tumba del género humano, fallecido de inanición y miseria. Los postulados sociales del liberalismo reclaman la justa distribución de los medios de sustentar la vida; pero, por la misma razón, no pueden negar el propio derecho a los demás hombres. Piden la mejor repartición de la propiedad; pero no pueden combatirla sin contradecirse; sino, antes bien, preconizan la equidad y el esfuerzo de cada cual, para obtener esa nivelación tan necesaria al bienestar de todos. Imponen una como asociación del trabajo y el capital; pero sin atentar a las industrias, sino antes bien, fomentándolas y vigorizándolas para aumentar la producción y la ganancia, en beneficio del trabajador y el capitalista. El liberalismo, en su aspecto social, se mantiene en el fiel de la balanza; no suprime ningún derecho ajeno; pues anhela que todos los asociados gocen de los derechos que la naturaleza y la sociedad han concedido a los hombres; debiendo establecerse este goce sobre la posible igualdad. Ni la violencia ni la fuerza son necesarias para la reforma de la organización social. La autoridad y la ley, emanadas de la voluntad popular, son las llamadas 171

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a realizar esta transformación vital; y esa voluntad soberana, esa fuerza creadora de la asociación moderna, es la popular, libremente manifestada en los comicios. Elíjanse mandatarios patriotas, amantes sinceros del pueblo, preparados para la obra de redención que ansiamos, y las justas aspiraciones sociales del liberalismo, serán pronta y satisfactoriamente colmadas. ¿Qué hay que hacer para llevar a la práctica los ideales del verdadero liberal ecuatoriano? La labor es fácil, si la voluntad del pueblo es vigorosa y firme; si los mandatarios de la Nación no traicionan mandante, y se convierten en sus peores enemigos, como por desgracia sucede casi siempre. Álcese al poder a varones de virtudes cívicas bien probadas; llévese a los congresos y municipalidades a hombres honrados y entendidos, leales y anhelosos del engrandecimiento de la Patria; y cuando esté bien representado el pueblo, exíjales a sus mandatarios que se lleve a buen término la redención del pueblo. Exíjaseles la mejor distribución de la propiedad agraria. La tierra es para todos los hombres; y el latifundio —cuando no se destina a grandes empresas que dan trabajo y pan a muchos braceros— es atentado contra la naturaleza y un estancamiento de la riqueza pública. Mantener improductivas y estériles inmensas extensiones territoriales, que podrían ser otras tantas fuentes de abundancia, es un crimen de lesa humanidad; y las leyes deben impedir tan enormes perjuicios sociales, colocando esas tierras inexplotadas, en manos de trabajadores activos e interesados en el aumento de la riqueza privada y pública. Gladstone y Balfour combatieron el latifundio sin faltar a la justicia ni pasar por sobre el derecho de los terratenientes de Irlanda: expropiaron las tierras sin cultivo por su justo precio y las repartieron a los proletarios, en pequeñas parcelas, y sin exigirles otro pago que el interés equivalente hasta la amortización del capital adeudado por la compra. ¿Por qué nuestros mandatarios no pudieran obtener un empréstito para estas expropiaciones; crédito que sería servido con los mismo réditos que los nuevos propietarios pagarían al Gobierno? Los bienes de manos muertas, esas riquezas que la superstición y el fanatismo arrojaron en las arcas monacales, son del pueblo, porque la infantil credulidad del pueblo fue la que antaño cambió los bienes terrestres por las promesas de bienaventuranza eterna que el monaquismo prodigaba entre los fieles. ¿Por qué no se distribuyen a los proletarios sin hogar y hambrientos; por qué no se les hace servir de alivio a la miseria, de dique al pauperismo que nos está arrastrando a la catástrofe social? Y no queremos que esa benéfica repartición sea gratuita; no, que cada parcela sea avaluada y vendida al mejor postor, y que el Estado cobre el interés hasta que se amortice el precio de la tierra ven172

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dida. Las tierras nacionales son inmensas, fértiles, riquísimas en toda clase de producciones; ¿por qué no son distribuidas entre los pobres; por qué no se auxilia eficaz y positivamente la formación de colonias agrícolas que, aliviando la miseria pública, aumentarían también la riqueza nacional? Exigid todo esto a nuestros mandatarios, que exigirlo podéis con todo derecho y justicia. La miseria en el Ecuador tiene otras causas ocasionales que el poder público no ha querido remover, acaso por punibles complacencias con los intereses creados en perjuicio del pueblo. El impuesto antieconómico, tiránico, absurdo, ha venido —año tras año— devorando la fortuna pública sin que se viera jamás el término de esas contribuciones, siempre y siempre crecientes, destinadas solo a satisfacer la codicia de los círculos políticos dominantes, y a llenar necesidades ficticias del Estado. El derroche de los caudales de la Nación, el saqueo escandaloso de las arcas fiscales, han desnivelado constantemente el presupuesto; y para equilibrarlo, los congresos -compuestos por lo general, de ignorantes y gente acomodaticia- no han hallado otro medio económico, que gravar y gravar al pueblo con toda clase de impuestos, hasta sumirle en la miseria más terrible y espantosa. La contribución absorbe diariamente los pequeños capitales; arruina la agricultura y las industrias; paraliza el comercio y dificulta la vida en todo sentido. Los países sabios favorecen la producción, protegiéndola con empeño y eficacia, concediendo a los productores toda libertad y franquicia; pero aquí, se encadenan las fuerzas generadoras de la riqueza, con leyes absurdas; se mata la industria con el monopolio y el estanco; se obstaculiza y limita la exportación con sofismas económicos y gravámenes increíbles. El cacao, el café, la tagua, el azúcar, etc., productos que son nuestro oro colocado en el exterior, que forman el contrapeso beneficioso en la balanza comercial, no solo están gravados absurdamente, sino que se les dificulta la salida con múltiples pretextos, rompiendo así todo posible equilibrio, entre lo que compramos y lo que vendemos en los mercados extranjeros. Y este inexplicable procedimiento deja siempre un saldo deudor, que aumenta y aumenta cada día, y nos arrastra fatalmente a la bancarrota. De aquí se originan naturalmente, la pérdida del crédito nacional, la desvalorización de la moneda, el ocultamiento del oro y la plata, la falta de elementos de producción, el pauperismo y la muerte económica que, de tan cerca nos amenaza. Hacemos todo lo contrario de lo que la ciencia nos aconseja y vamos por camino opuesto al que siguen las naciones sabias; y así, no es extraño que el pueblo se vea sumido en la miseria, la desesperación y la agonía. Exigid que se modifique el absurdo sistema tributario que nos rige; que se alivie la carga, derogando impuestos, redimiendo la agricultura de los impuestos an173

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tieconómicos; devolviendo su valor intrínseco a la moneda; aboliendo los monopolios y los estancos; removiendo, en fin, los obstáculos a la exportación, para equilibrar debe y haber, como en las naciones sabias y felices. Esto por lo que atañe al bienestar del pueblo, que por lo tocante a su redención espiritual, a la elevación moral del trabajador de los campos, a la regeneración del indio —nuestro paria—, a la dignificación del taller e ilustración de las masas populares, la tarea del poder público es más complicada y larga; requiere mayores sacrificios y constancia, mayor energía en los procedimientos, si se ha de obtener el resultado que el liberalismo reclama. La multiplicación de las escuelas rurales bien dotadas y dirigidas; la obligación impuesta a los grandes propietarios e industriales de mantener maestros competentes para la enseñanza primaria de los hijos de los obreros que de ellos dependan; la prohibición de ocupar a los niños en el trabajo fabril o agrícola, antes de los quince años, para que puedan instruirse y educarse; la abolición absoluta del concertaje, especie de esclavitud ultrajante y depresiva; el establecimiento de escuelas nocturnas para adultos; la extensión universitaria práctica y constante; la libre asociación obrera, con fines altruistas y de recíproco adelanto; la creación de bibliotecas populares, han de ser los medios de llevar la luz a la mente del pueblo y elevar el carácter aun de los siervos de la gleba. El indio, abrumado por varias centurias de esclavitud, necesita regenerarse mediante una educación dilatada y paulatina, para volver a ocupar su antiguo puesto en la familia humana. El indio necesita comenzar por adaptarse a las costumbres propias del hombre; por abandonar su vida de troglodita, e ingresar en las vías de una civilización rudimentaria, como si aún estuviéramos en la primera aurora del progreso de nuestra raza. Hay que obligar a los patronos a darle mejor habitación, mejor alimento, mejor salario y vestido. Hay que acostumbrar al indio a buscar la relativa comodidad del obrero; a sujetarse al saludable yugo de la higiene y del aseo; a huir de la embriaguez y del vicio; a odiar la servidumbre engendradora de todas las desgracias de esta raza. Hay que emanciparlo de la superstición, única fe religiosa que se le ha infundido para explotarlo. En una palabra, hay que resucitar en él, la dignidad humana, el carácter, el alma misma, enervada, muerta, podemos decirlo, a causa de centenares de años de abyección y sufrimiento. Redimir al indio, rehabilitar esta noble raza de otros tiempos, es crear un nuevo y poderoso factor de engrandecimiento patrio; y esta obra social es digna del liberalismo, tarea grandiosa del partido renovador de la República. Exigid del poder público leyes que rediman al indio, que lo eleven a la condición de verdadero ciudadano, a colaborador consciente 174

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del progreso nacional; y habréis prestado un vital servicio a la República y a la especie humana. El obrero llega a la vejez, aniquilado por las diarias faenas, consumido por las privaciones, imposibilitado para continuar la ruda y penosa lucha por la existencia, sin ahorros y sin auxilio, rodeado de una famélica prole; y en esos momentos de angustia y desconsuelo supremos, el capitalista lo abandona, olvida que ese desvalido colaborador ha labrado su fortuna, y lo arroja de la fábrica, del taller, de la hacienda, como un harapo inútil, como herramienta gastada que estorba. Lo mismo acontece con el operario que se inutiliza por accidentes del trabajo; sin pan, sin abrigo, sin apoyo, arrastra por las calles sus mutilados miembros y su miseria, mientras el amo, en cuyo servicio se incapacitó para proseguir sus tareas, nada en la opulencia y desdeña arrojar a su infeliz siervo siquiera un mendrugo. Y el poder público —amparo obligado del pobre— ve indiferente tanta injusticia; y descuida dictar leyes que establezcan asilos de obreros, que exijan al patrón pensiones para sus sirvientes envejecidos, inutilizados o enfermos en el trabajo. Son anhelos sociales del liberalismo, son los llamados a reparar estas clamorosas injusticias; a exigir de los gobiernos y las legislaturas, medidas urgentes para que la pobreza del trabajador no quede sin otro socorro que la caridad pública. He aquí ligeramente diseñados los principios y aspiraciones sociales del liberalismo, los derechos del obrero y las necesidades del pueblo para su redención. El más sagrado deber del gobernante es volver por la justicia y ponerse a la cabeza del movimiento de renovación social; hacer respetar los derechos de los asociados, pero le suerte que haya la posible igualdad en el goce de esos recíprocos derechos; favorecer todas las energías, todas las aptitudes, todos los esfuerzos productores del bienestar común; instruir y educar los talentos y premiando las virtudes; dignificar el taller, declarándolo inviolable, poniéndolo al abrigo del abuso de la fuerza, libertándolo del cuartel y de las fatigas de la guerra, cuando la imperiosa necesidad de defender la Patria no exija este sacrificio; proteger las industrias, exonerándolas de impuestos arbitrarios y antieconómicos, así como de estancos y monopolios que entraban la producción y la aniquilan a la postre; en fin, disminuir los padecimientos del pobre, socorrer las desventuras que se albergan en el desván y la cabaña, mirar como hermanos a todos los habitantes de la República, y tenderles la mano compasiva en sus horas de dolor y abandono. El pueblo es el único soberano; pero hasta ahora se ha resignado a ser un rey de burlas, a dejarse coronar de espinas y vestir un harapo de púrpura, por 175

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irrisión de su soberanía. En los comicios, cuando no se ha manchado con su sangre la ánfora del sufragio, ha sido simple comparsa de los ambiciosos, instrumento de políticos sin moral y sin conciencia. Engañado por los aspirantes, víctima escogida por el despotismo y el sacerdocio, yunque eterno de todos los golpes, degollado en los mataderos de la guerra civil por pasiones que no germinaron en pecho, por intereses que no le incumbían y casi siempre para remachar mejor sus propias cadenas, el pueblo, como en los tiempos remotos, ha sido un rebaño de ilotas, una agrupación de esclavos desposeídos de toda preeminencia y derecho. Pero hoy, debemos sostener con decisión y ﬁrmeza los intereses del obrero, del trabajador del campo, de los parias que gimen y perecen agobiados por la ferocidad de los poderosos. Seamos liberales de verdad: hagamos respetar los derechos de los demás, pero reclamemos para el obrero participación equitativa en ellos; propendamos a la incrementación y desarrollo de las industrias, pero exijamos que se dé el salario justo y proporcional a las necesidades del operario. Hagamos algo avanzado y eﬁcaz por el obrerismo y el proletariado, levantemos este poderoso elemento de la vida nacional y habremos contribuido a engrandecer la República.

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Pío Jaramillo Alvarado La gran síntesis nacional

Ni los aspectos trascendentales que afectan al porvenir agrícola y a la riqueza territorial, ni los estímulos ideológicos que descubren una purulencia en toda servidumbre, ni los sentimientos del altruismo que reclaman elevación de conceptos morales en las relaciones humanas con el indio, ni las voces de la legalidad que exigen un ritmo al desenvolvimiento de los dictados económicos y sociales de cada época, en consonancia con las nuevas conquistas del Derecho, alcanzan a formular con voces tan claras, con imperativos tan enérgicos, la urgencia de fundir en el crisol de la nacionalidad el factor étnico aborigen, como la consideración fundamental de que un pueblo carente de cohesión social, sin fuerza vital orgánica, disgregada en sus componentes por culturas inferiores, sin un sentimiento y aspiración comunes, en fin, sin fisonomía propia, no es Nación. Existe, pues, un problema que afecta a la vida misma de la Nación, que decidirá en un porvenir inmediato de la existencia del Ecuador como factor en la comunidad internacional; el problema de la población. Desacreditada la teoría de Malthus que señalaba un peligro en el crecimiento de la población, porque los hechos han demostrado que solamente los países poblados son los países prósperos, y que el hambre no ha azotado a la humanidad por exceso de población sino por accidentes distintos, es ya un axioma económico que población es sinónimo de riqueza y de cultura. Son los países despoblados los que vegetan en la miseria, los que no tienen un papel en la historia, los que desaparecen por desorganización interna y por desprestigio internacional. Sin fuerzas para impulsar la prosperidad nacional con el desarrollo de las industrias, la agricultura y el comercio, carecen de exportación, esto es, de riqueza; y sin riqueza todo poderío político y militar es imposible. La fuerza intelectual y moral de un pueblo no se desarrolla en la miseria. Las grandes culturas recorrieron antes las etapas del pastoreo, del industrialismo, de la fiebre del oro, para retirarse a la vida interior; el ocio clásico aconsejado por Rodó, pudo disfrutar Grecia, cuando el trabajo de siglos y las enormes glo177

rias militares que le brindó su poderío, le permitió convertirse en un pueblo de artistas. Pero toda esperanza de progreso se desvanece, cuando un país carece de población: todos sus males se concentran en esta falta. Por eso Alberti sintetizó el programa político argentino en esta frase romana: gobernar es poblar. El Ecuador, con una capacidad territorial para contener diez o más millones de habitantes, solo cuenta con dos millones numéricos1. ¿Numéricos? Sí. Descompongamos la cifra para apreciar el germen de la vitalidad o de la decadencia nacional. Por la falta de estadística nuestros publicistas han tenido que referir sus cálculos conjeturales a bases poco ﬁrmes, aproximativas, pero que demuestran panoramas de conjunto para apreciar la realidad. Don Juan León Mera dice que puede computarse una tercera parte de la población total como raza americana, menos de otra tercera parte de la raza española o europea; y más del último tercio de mestiza. La africana puede decirse que apenas está representada en la Nación por un 0,08 sobre todo el número de habitantes (Catecismo de Geografía). El historiador Cevallos no está conforme con este cálculo que en verdad es exagerado en lo que se reﬁere a la raza blanca y expresa su opinión así: Hablando en rigor, no hay en la República otra raza que la perteneciente a cuantos conservan puro su origen primitivo, y tal pureza, de cierto, solo se halla entre los indios, y no tampoco en todos sino en la generalidad de ellos. Fuera de éstos solo hallamos mestizos procedentes de blancos y bronceados, de blancos y negros, más o menos cruzados o de origen más o menos antiguos que perpetúan la nueva clase mestiza, mejorándola, según predominan los blancos, los bronceados o los negros. Bolívar en su discurso que dirigió al primer Congreso de Colombia, dijo: “Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo ni el americano del norte: más bien es compuesto de África y América, que una emanación de Europa”. Acaso Bolívar se explicó así, continúa Cevallos, porque en los primeros días de la independencia dominaban todavía las pasiones; lo cierto es, sin embargo, que en América, por lo general, prepondera la clase mestiza, y que, sin embargo, se ha establecido en sus pueblos una aristocracia de raza, formada de procedencias europeas2.

1 El censo de 1950 ha dado la cifra de más de tres millones de habitantes (N. del A.). 2 Cevallos, Geografía Política (N. del A.).

Wolf que consultó estas opiniones, y que mejor que los ecuatorianos apreció los valores nacionales en todos los órdenes, dice: Aunque parezca algo exagerada la opinión del señor Cevallos, apoyada con la de Bolívar, siempre es cierto, que el número de los ecuatorianos de raza blanca pura es muy reducido; entre los habitantes de los pueblos y del campo apenas llegará a una centésima parte, pero en las ciudades mayores como Quito, Cuenca y Guayaquil, podemos calcular en la tercera parte de la población3.

Creo que la opinión de Wolf, relacionada con el cálculo del 1% de la población de la raza blanca, y que todo el resto se compone de indios y mestizos, y de una partícula africana, es la exacta. Y también es precisa la opinión de Cevallos, que define lo que valen nuestros pueblos como expresión étnica: la raza indígena pura, como base, mezclada en distintas proporciones con blancos, bronceados y africanos, pero manteniendo a flote el substratum4 único: la raza indígena. Pero resulta, que el prejuicio ha suplido la realidad, mejor dicho ha creado distinciones especiales, para desquiciar la organización nacional. Y aquí habría podido observar Luis Pesce, como anotó en el Perú, que la divergencia de castas es más acentuada que la de origen étnico, como lo evidencian; por una parte, la multiplicidad de las clases sociales, de graduaciones no bien definidas, pero caracterizadas por la persistencia de las más extrañas y funestas preocupaciones de antaño; y, por otra parte, la profunda separación en que viven los habitantes de las ciudades y los pobladores del campo, tal como si se tratara de dos nacionalidades distintas. Y así puede observarse en una misma generación, que mientras el abuelo sigue labrando con sus propias manos su pegujal, el hijo es ya un comerciante acaudalado y el nieto ha entroncado con un apellido noble, y constituye el germen de futuros aristócratas. Y dentro de la población campesina, el longo es más que el concierto, el chagra más que el cholo, y el mayordomo más que todos; el blanco cede su puesto al señor Cura que es hijo del mayordomo, y la hija del hacendado blanco suele consentir en un rapto y el matrimonio consiguiente con el médico del pueblo, que es sobrino del Cura. He aquí un proceso 3 Wolf, Geografía y Geología del Ecuador,1892 (N. del A.). 4 Substratum: (del latín) extendido debajo. Sustrato.

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de castas indefinidas, excesivamente antagónicas, y que cierta apariencia de cultura, solamente está disfrazada con la cuzhma, el calzoncillo, el poncho, el saco, la sotana o la levita. Pero la gravedad de la farsa social está en que, de chagra para arriba, nadie quiere llamarse indio, y que, en el porcentaje étnico el indio representa el 80%, el mestizo el 18%, el negro el 1% y el blanco el 1%. Total que la población es de indios, y que éstos están proscritos de la civilización por el porcentaje de blancos y un mínimum del porcentaje de mestizos. En el desenvolvimiento económico y político de la población total ecuatoriana, un millón y medio corresponde al porcentaje de los indios puros, incluyendo los salvajes del Oriente, y en el medio millón restante de mestizos, el exponente blanco queda reducido a una cifra casi insignificante, relativamente. Un viajero inglés ha calculado en cien mil el porcentaje blanco del Ecuador. Basta un poco de observación superficial para descubrir en el tráfico de las ciudades, en las grandes aglomeraciones provocadas por las fiestas públicas, en los desfiles del Ejército, en el grupo eclesiástico, en el tren burócrata el enorme mestizaje y la indiada que domina el conjunto. No hay provincia que no cuente con muchas comunidades de indios, con centenares de peones libres, entre pequeños propietarios y artesanos, y todo este inmenso núcleo es extraño a la vida nacional. Ya hemos visto que millares de peones conciertos representan nada como factor de progreso por la inclemencia de su vida. Y si el indio carece de cultura, si no está incorporado a la vida nacional, ¿cuál es al fin el grupo representativo? ¿Cuál es la población militante conscientemente en las filas del progreso nacional? ¿Cien mil ciudadanos, doscientos mil, medio millón? Y si no hay cohesión social, si está disuelta la población en castas antagónicas, si el millón y medio de indios campesinos forma una Nación distinta, frente al otro medio millón de habitantes de las ciudades y pueblos principales, ¿podrá hablarse justicieramente de la existencia de la Nación? Y si falta el sentimiento nacional, ¿tendrá sentido la idea de Patria? Entendido que este análisis es desastroso para la vanidad nacional que se alimenta de grandes ilusiones y de mentiras convencionales, pero si se contrastan estos datos con la triste realidad de este momento histórico, se verán confirmados los datos y más negro aún el porvenir. La agricultura languidece y se queja de la falta de brazos para intensificar la producción; el comercio reclama productos de exportación para restablecer el nivel de la balanza; las industrias carecen de materia prima; los Bancos especulan usurariamente la situación; el presupuesto del Estado tiene un déficit 180

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constante de millones; el crédito exterior se deprime en el albur de las combinaciones bursátiles5, y todo este enorme mal financiero proyecta su sombra negra en la población que se agita descontenta, pero que espera, espera algo que sobrevendrá, sin que pueda decirse que eso que viene es la salvación o el hundimiento de todo este sistema artificioso, que todos lo sienten y pocos se explican la complejidad del problema, que se relaciona con todo un pasado desastroso en lo político, lo económico y lo agrícola. Refiriéndome solo a lo agrícola, que es lo que motiva este estudio, pregunto: ¿pero es que en verdad faltan brazos para la agricultura? Afirmo que más que brazos falta sentido económico. Existe un millón y medio de indios que no trabajan propiamente en la obra de la agricultura nacional, y que pierden el tiempo en la cultivación rudimentaria de lo indispensable para vivir; existe una enorme cantidad de tierras laborales abandonadas, mientras que en los poblados y en los campos viven en la miseria centenares de hombres que desean trabajar; existen capitales en los bancos que se entretienen lucrando con la pobreza del Gobierno, con el desastre del comerciante, con la ruina del propietario; se sueña en la danza fantástica de los empréstitos6 de millones que nunca llegan, y se habla de inmigración en un país que no se prepara para atraerla, y que al fin solo vive su miseria. Si se pensara realmente en la obra urgente de iniciar la época agraria ecuatoriana, se pusiera en juego todas las actividades para estimular a la población indígena, divorciada de la comunidad nacional, para incorporarla resueltamente a la obra de salvamento, provocándole a trabajar, pagándole sus servicios en dinero y en cultura, haciendo del campesino un factor, y no como hasta aquí un grotesco instrumento de trabajo. La población campesina existe en cantidad suficiente, no solo para intensificar la producción y aumentar la exportación, sino también para preparar el advenimiento de la inmigración, que necesita la garantía de adquirir en propiedad un pedazo de tierra, en zonas higiénicas. Los agricultores y los que claman por la inmigración para suplir la falta de brazos, están equivocados, porque el rol del inmigrante no es el de buscar servidumbres, sino el de aumentar la población con un contingente de cultura, de iniciativas agrícolas desarrollables en la propia parcela, y con la sangre nueva, por el cruzamiento, mejora la vitalidad nacional. Los países valen principalmente por su población abundante que constituye el mayor capital para el desarrollo de todas las energías. 5 Bursátil: relativo a la bolsa, y a sus operaciones y valores. 6 Empréstito: préstamo.

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Y si la incorporación del indio a la vida nacional, solamente en el concepto población es imperiosa, ¿qué decir en cuanto significa poder político y militar? ¿Cuáles son las reservas del ejército para sus grandes maniobras cuando la defensa nacional llama a sus hijos a las armas? ¿Solamente la población blanca y mestiza de las ciudades y los pueblos? ¿O llevará las indiadas de los campos como carne de cañón? Refiriéndose a esta situación en el Perú, dice Pesce: “Esta compleja falta de cohesión social constituye una de las causas primordiales de la debilidad de esta Nación, como fue, sin duda, uno de los factores de los pasados desastres” 7. Y en el aspecto político, ¿qué población es la que se mueve a los impulsos de la administración nacional? El millón y medio de campesinos es absolutamente indiferente a toda actividad gubernativa. Del medio millón de blancos y mestizos ¿cuántos se interesan por la vida pública? ¿Tal vez cien mil? Aceptado. ¿Y el grupo de los que intervienen en las funciones electorales, en la vida burocrática? Ese ya representa nada más que centenares. Por eso los círculos políticos perpetúan los fetiches consagrados para dirigir la farsa republicana y de partidos. Es, pues, indudable que la población representa, junto con el territorio, la fuerza vital de la Nación. Y el Ecuador, por haber abandonado al indio a su propia suerte ignorante, por haberle idiotizado en el concertaje, ha reducido en una cuarta parte su población efectiva, incorporada por el sentimiento a la vida nacional; el millón y medio de indios es una población extraña a la cultura y toda actividad beneficiosa para la Nación. Por todo esto afirmé que ni los aspectos de la pobreza agrícola, ni las consideraciones puramente ideológicas y sentimentales, ni las fórmulas legales incumplidas en la práctica, exigen una nueva orientación nacional en favor del indio, como el imperativo económico del aumento real —no numérico de la población— que se relaciona con la vitalidad, con la existencia misma de la Nación como Nación en el sentido político de esta palabra. Y esta visión de conjunto solo podía suministrar la sociología que abarca todos los aspectos del problema, en el orden histórico, económico, ético, legal y el simplemente sentimental que es la visión única con la que se ha estudiado hasta aquí el problema del indio en el Ecuador. Desde luego, comprendo la comodidad personal de quienes tratan de estos asuntos quemando el incienso de las frases hechas, para satisfacer el orgullo del gamonalismo, pero creo que hablándoles la verdad, no les hago el daño que 7 Pesce, op. cit. (N. del A.).

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otros realizan falseando el aspecto de los problemas nacionales. No puedo asegurar el éxito de la agricultura, de las sociedades de exportación, el advenimiento de una próxima era de riqueza y con ésta del bienestar interno y el triunfo en las cuestiones internacionales, porque descubro que no tiene base todo ese ingenioso sistema de palabras, palabras y palabras, del retoricismo intrascendental con el que se pretende cubrir las miserias de la realidad. Finalmente, la solución del problema del indio no lo ha de resolver el mismo indio con sus sublevaciones, que ya tienen en la historia nacional manifestaciones viriles repetidas8, sino que el factor principal del éxito es en primer término el hacendado, con la contribución de su cultura; luego, simultáneamente, la acción política, la acción religiosa y la acción social acabarán la obra de la reivindicación de los derechos del indio, incorporándolo a la vida nacional, pues que el hacendado, el político, el cura y el prejuicio social le han mantenido postergado. Para concluir esta réplica advertiré que a esta solución solo podrá llegarse por el amor al indio, por el orgullo de la sangre india que palpita en el corazón. Este amor debe convertirse en un sentimiento de la nacionalidad. Así lo han comprendido los estadistas mejicanos con la industrialización de los tejidos y la cerámica de factura azteca que inundará los hogares, estimulando también el uso del traje típico nacional en las grandes ﬁestas; y en las escuelas “Las Tribus Indígenas Mexicanas” desarrollan un programa semejante al de los Scouts, inspirado en la psicología del muchacho mexicano, al que se le sugiere la evocación de la leyenda, de la epopeya americana, acercándole al alma de la Patria, al sentido esotérico de la propia historia. Y el amor a la poesía del alma americana, va encontrando sus caminos ocultos, en la inspiración de sus más altos léxicos, de los que Chocano9 es el guía y la cumbre. Su profesión de fe artística en el acto de su coronación muy merecida, descubre al trasplante modernista mal digerido, los verdaderos motivos de la poesía de América. El carácter fundamental de mi arte, como el de mi alma, dice, es de fortaleza y de melancolía. Melancólica y fuerte es nuestra naturaleza; melancólica y fuerte es nuestra raza. Fuertes y melancólicos los indios. Cuanto más es uno de su raza y de su tierra, más universalmente apreciado puede llegar a ser; que en los poetas, como en los árboles, las frondosidades más amplias corresponden a las raíces más profundas. 8 Véase Informes de Gobierno 1923-24 (N. del A.). 9 José Santos Chocano (1875-1934) poeta peruano, defensor del americanismo.

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Para solucionar el problema del indio se necesita el concurso de todas las fuerzas vivas del país, de los más altos estímulos de sus pensadores y del amor que inspiren y sugieran los poetas en el alma nacional. Quito, marzo 25 de 1923.

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DÉCIMO SÉPTIMA Sobre nuestra obligación suprema: “Volver a tener Patria” …una cosita chiquita. Canción popular

Ya tenemos, ecuatorianos, a la Patria achicada. Achicada en todas las dimensiones: el territorio, el prestigio, la moral, la voluntad de ser. La voluntad de renacer. Ya tenemos por delante, hombres del Ecuador, el imperativo formidable con esto que nos han dejado del territorio, del prestigio, del decoro, hacer una Patria, construir una Patria. Es dura la tarea. Y es dura, porque para emprenderla, tendremos que hacerlo todo solos, hombres del Ecuador. Sin esperanzas de afuera ni de arriba. Un año de paciencia, es suﬁciente. Y nada, nada, nada. Ni un propósito con estructura, ni un anhelo, ni un plan. La loca carrera al desastre total y a la disolución, va tomando cada vez un ritmo más acelerado. En esta derrota de la Patria, existen dos clases de hombres: los que sostienen que no ha habido derrota, y tienen razón, porque ellos son los triunfadores. Y los que sostenemos que sí ha habido derrota, porque lo nuestro: el territorio, la grandeza moral, el prestigio, sí han sido disminuidos, vencidos, humillados. Los primeros, no admiten la derrota, frente a una mesa bien servida; no entienden de reconstruir algo que encuentran, para ellos, muy bien construido. Muy sólida, muy confortablemente construido. Es pues inútil, antinatural quizás, el que busquemos la cooperación de ese sector de hombres, nacidos también en el Ecuador, infortunadamente. Ellos no pueden, humanamente, ver, sentir, palpar, la derrota de la Patria. Para ellos la Pa185

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tria, su Patria, está triunfante. Acaso mejor que sea algo más chica. Acaso mejor que esté amilanada y humillada. Así será más fácil usufructuarla y dominarla. Es en la segunda clase de hombres, en aquella clase que ha sentido muy hondo, muy en carne y espíritu la derrota, y que por lo mismo no puede ocultarla ni negarla. En esa clase de hombres del Ecuador, la menos culpable, hemos de encontrar las fuerzas capaces de la reconstrucción.

8888 Inmensa es, para los destinos de un pueblo, para sus posibilidades futuras, la disminución territorial. Tan grande que no pudo ser comprendida acaso por el Ministro nerviosillo que se intimidó y firmó, firmó, firmó, ante voces un poco gruesas que se le impusieron. Pero, más grande aún, es la disminución moral, la disminución de ánimo, la mengua del prestigio. Y contra estas disminuciones sí podemos reaccionar, hombres del Ecuador, derrotados en una guerra sin pelea. Si ha sido entregada nuestra tierra, que no nos sea también arrebatada nuestra voluntad de vivir, de “volver a ser Patria”. Es por ello, que he hablado tan largamente, en Cartas anteriores, de la vocación nacional. Porque sostengo —y he sostenido siempre— que en nuestro trópico providencial, rico de humus pero también rico de fiebres y de sabandijas, sí se puede edificar una Patria, una “pequeña gran Patria”, con el material humano que tenemos. Que es el mismo con que edificó Atahuallpa el más grande imperio en estas latitudes. El mismo que ha producido a Espejo y los héroes de agosto. El mismo con que construyó una clara democracia Rocafuerte, y una oscura, pero poderosa fuerza moral y material, García Moreno. El mismo material humano que ha sido capaz de florecer en Montalvo, en Alfaro y en González Suárez. Y sobre todo, es el mismo material humano capaz de los tejidos de Otavalo, de las miniaturas de corozo de Riobamba, de los sombreros de toquilla de Manabí y de Cuenca. El mismo material humano capaz de las tallas maravillosas en piedra y en madera, de los templos quiteños; de los imagineros populares que, desde el indio Caspicara, han inundado de maternidades y nacimientos a medio continente. De los pintores ascéticos y realistas de la escuela quiteña. De los alfombreros sin igual de Guano y de Los Chillos. No es imposible —es muy posible, dícelo la historia— la grandeza moral 186

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y material de los pueblos pequeños territorialmente. Cuando en 1938 ,en Bogotá, hice la entrega del busto de Montalvo por Mideros, a la ciudad cuatro veces centenaria, cuyo altísimo personero era —representando a la Patria colombiana— el puro demócrata Eduardo Santos; Baldomero Sanín Cano, “el maestro”, hizo el elogio de los pueblos chicos, y enalteció la posición intelectual y moral del Ecuador. Calcémonos las botas de siete leguas en el espacio y, sobretodo, en el tiempo, para ver cómo la cuna y el clímax de las más altas civilizaciones humanas —en los aspectos moral, espiritual y material— han sido pueblos territorialmente diminutos: Israel, en el angosto valle regado por el Eufrates, el Jordán y el Tigris. Egipto, en torno de los deltas del Nilo. Y, más luminosa y clara, a la raíz de nuestra concepción del mundo y de la vida, la pequeña Hélade, la Grecia inmortal, Patria de teorías, de conceptos, de hombres y de formas que no han sido superados todavía... Aún hoy, la barbarie grandota, la barbarie que solo concibe la civilización, la vida y la felicidad en magnitud geográﬁca, acaba de arrastrar a dos pueblos —que son casi solamente uno— de territorio pequeñín, que han sido para Europa y el mundo, un plantel de excelencias: Holanda y Bélgica. El Flandes de las codicias del Duque de Alba. El Flandes de Memling, de Van Eyk, de Rubens, de Van Dick, y de esa cumbre solamente igualada en las tierras de España por Velázquez y Goya: Rembrandt. El Flandes de Erasmo, y del más alto metafísico y moralista de todos los tiempos: Benito Spinoza. Pero, muy especialmente, el Flandes de los encajes de Malinas, de Bruselas, de Brujas; el Flandes de las universidades, como Lovaina, de las artesanías insuperadas como las de Roterdam y Lieja; el Flandes de los marineros y las grandes hazañas, cuyos hombres con la pipa en la boca, recorren todos los océanos, con sus mercancías... Y más cerca de nosotros, alza el corazón a lo más alto, por medio de Herrera Reissig y de Rodó, el pequeño Uruguay, en donde piensa profundamente y ejerce apostolado Carlos Vaz Ferreira; cantan mujeres excelsas como Juana de Ibarburou. Se alza la nueva voz poética de América —¿verdad, Pablo Neruda?— con el acento grande y noble de Carlos Sabat Ercasty... Y se cultiva la pampa, poblada de ganados, y se tiene una moneda sana, y se tiene personalidad internacional, junto a poderosos, a desmesurados vecinos: Brasil y Argentina.

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Sí se puede tener, hombres del Ecuador, derrotados sin pelea, “una pequeña gran Patria”. Hagámosla. Todos los que nos sentimos, los que nos sabemos vencidos. No pongamos en este empeño, ingredientes de desánimo, de odio, de venganza. Tampoco blanduras femeninas. Hagamos por “volver a tener Patria”. Y que quienes más hagan —porque han de hacerlo mejor— sean las gentes jóvenes de mi tierra: la fuerte y valerosa muchachada obrera que quiso defender la Patria y no tuvo ocasión. La muchachada universitaria que ya — para salvar el momento más turbio— puso una corona de duelo ante los héroes el día de la derrota de Río de Janeiro, y juró trabajar por la Patria. La muchachada militar que quiso cumplir con su deber. Concebir la Patria Nueva en grandeza moral y material, como el arquitecto delinea sus planos. Y construirla. Nos quitaron la Patria que tuvimos. Ahora, es preciso “volver a tener Patria”.

PRIMERA Sobre el viejo proyecto “Volver a tener Patria” No. No era así. No podía ser así: la Patria resignada y humilde, la Patria que acepta, con un silencio cómplice, con una complicidad silenciosa, el que se le vayan cambiando sus esencias, se le vaya destruyendo su signo y su raíz. El Ecuador —excelencia para unos, estigma para otros— ha sido una Patria rebelde. Y ahora, me encuentro —salvo excepciones muy raras— con un país abúlico, entristecido, sin ninguna expresión de insurgencia contra lo que con él está haciendo una minoría gamonalicia que se ha apoderado de sus timones de comando. Este Gobierno, se dice, no ha extorsionado —aun cuando sus personeros sean los técnicos de la materia— no ha abusado. ¿No ha abusado? Para quienes creen que el abuso solo puede ser medido por el número de presos o desterrados políticos que hay en un país, acaso sea esa una verdad gazmoña, verdad de beata chismosa y enredista. ¿Para qué ni cómo abusar de la violencia, de la represión contra gente buena, humildosa y sumisa? ¿Contra gente que está casi gozosa con las desgracias que le han sobrevenido? ¿Contra gente que parece como que se hallara 188

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agradecida de que se le haya aliviado de la carga molestosa y pesada de la libertad? Viejo y vulgar dicho español: para que puedan administrarse patadas en las posaderas, se necesitan posaderas que se opongan a la marcha triunfal de las patas. Pero cuando hasta la genuﬂexión se la hace siempre hacia adelante y las salidas ceremoniosas se las hace —como en las cortes reales— sin dar la espalda al soberano, falta uno de los elementos esenciales para las patadas en las posaderas… Dentro de las funciones del Estado —la vieja división de poderes que estableciera Carlos de Secondat, señor de Montesquieu— un sagrado respeto se había mantenido para el personal y la obra legislativa. “El primer poder del Estado”; “el sagrado recinto de las leyes” eran, entre otras muchas, las expresiones populares con las que se señalaba, y se sigue señalando, la suprema actividad de dar normas para la convivencia de los hombres dentro de cada país. Ahora, con aceptación jubilosa de la inmensa mayoría de quienes representan esa función suprema, la otra, la que debe ejecutar, la que debe obedecer, se alza con las atribuciones de la Legislatura. Y a socapa de una expresión legal clarísima, —sobre cada una de sus palabras están de acuerdo todos los diccionarios, desde los de uso escolar hasta el de la Academia—, Decretos-Leyes de Emergencia Económica, se legisla sobre lo divino y lo humano... ¿El Congreso, para qué? Menos mal que, de vez en cuando se escuchan voces inconformes, que no dicen siempre sí, sí, sí... O como en la tradición admirable de don Ricardo Palma: chi, chi, chi... Emergencia económica es la creación de un Seminario, para hacer curas de apuro. Además de la avalancha incontenible de los que se importan del extranjero. Emergencia económica es la creación de un Ministerio contra la clara voluntad de cuatro legislaturas anteriores, que aplastaron antes de nacida esta pomposa y vacua manera de resolver los problemas de la producción nacional: con escritorios, máquinas de escribir y empleados... ¿Que se enferma el banano, el cacao? Era de pensarse que lo necesario era técnicos ﬁto-sanitarios y equipos para ellos. Pues no: suás, un Ministerio, un Ministro, escritorios y máquinas de escribir…

8888 Malo, condenable, diabólico, la dictadura grande, el dictador terrible, el dictador brutal: García Moreno, Melgarejo, Rosas, Trujillo Molina, Pérez Jiménez. Pero, dentro de su trágica maldad, esos dictadores casi parecen un ho189

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menaje de respeto al pueblo sobre el cual han caído como tempestad, como terremoto, como inundación. Pero esto que nos ha caído, es dulzón como la miel cerosa de los papeles papamoscas, esta plaga que no duele sino come, con comezón molesta como la de los mosquitos del Valle de Chillo, que solo exige la rasquiña: “al que le pica le pica y al que le pica se rasca”. Y al pueblo de este país maravilloso, el mejor de la tierra, lo están alejando de la protesta y el grito, que fueron sus modos altos y naturales de expresión ante las tiranías y las injusticias, para sustituirlo con la rasquiña, con el “rasca-bonito”, que puede conducir a la llaga purulenta, a la llaga maligna... Esto no es —¡qué va a ser!— una dictadura. Esto que estamos viviendo es, por las apariencias, por lo externo, por lo “que se puede sacar a las visitas”, un disparate decente, una especie de inocentada de 28 de diciembre... Pero, por dentro, por la intención con que está dirigido, es el más grande empeño regresivo de nuestra historia contemporánea. Roeduras de ratón a la más grande conquista del pensamiento contemporáneo: el laicismo, que no es sino la expresión educacional de la libertad de pensamiento, establecida en nuestra constitución, consagrada en la Carta Universal de los Derechos Humanos, dictada en París, y que el Ecuador fue de los primeros en ratiﬁcar. Pero más que eso: el laicismo es la expresión natural de nuestro pueblo. Su defensa y su esperanza, su fuerza y su futuro. Si a este pueblo, explotado durante siglos de colonia y de república por unas dos docenas de familias, se lo priva del derecho de pensar sobre sí mismo, de acogerse a las corrientes de civilización que pueden llegarle en el vehículo del libro, se lo mantendrá eternamente esclavizado, embrutecido, explotado… El laicismo, contra el que han salido en campaña todas las fuerzas de la reacción, es el amigo natural de la libertad humana, de la justicia social, de las esperanzas de redención de un pueblo. Por eso se arremete contra él, utilizando las fuerzas negras de gentes extranjeras, que nada tienen que ver con la vida y la muerte de los pobladores de esta república mestiza. Una vez, en Colombia, para derrotar a un candidato liberal, se le dijo, desde un diario conservador y reaccionario, que nada tenía que ver con los cementerios colombianos. Laureano Gómez —en el diario de Laureano Gómez— se le dijo esto a Turbay, candidato de una de las fracciones en que se había dividido el liberalismo. ¿Por qué? Por no ser de una familia de varias generaciones colombiana. A pesar de sel nativo de Santander del Norte. ¿Qué podremos decir nosotros ahora de la avalancha negra que nos ha caído —sobre todo a lo largo 190

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de la Costa ecuatoriana y a lo ancho del Oriente ecuatoriano—, a pretexto de educación y colonización? ¿Qué podrán enseñar esos extranjeros al servicio de la gamonalía, sobre nuestra verdad nacional, sobre nuestra historia Patria, si lo primero que hacen es utilizar textos extranjeros, y dar versiones mentirosas de la verdad de la Patria? ¿Cómo podrán ser un antemural de la defensa de nuestro territorio, unos señores de afuera, al servicio de los gamonales, si con la misma intención pueden servir intereses extranjeros y adversarios? Nadie más partidario que yo de la inmigración de técnica extranjera. Pero de técnica verdad. La atracción de cultura, que realizó en forma desinteresada el más grande de los gobernantes ecuatorianos de la historia, Eloy Alfaro, es la que debiera realizarse hoy: sabios, artistas, artesanos sin preguntarles su ideología, sin exigirles tonsura ni certificado de confesión. Ni menos que sean necesariamente jesuitas —péro nunca españoles— como lo hizo el tirano tremendo de nuestra historia —cuya historia en mil páginas acabo de escribir y saldrá pronto de las prensas del Fondo de Cultura en México. Alfaro trajo hombres de derecha y de centro liberal. Personas sin partido político, con la sola condición de que sepan su oficio. Oficio de militares, de músicos, de artistas plásticos, de entrenadores de bandas militares, de químicos, físicos, artesanos... Ni el General Luis Cabrera, ni Ugo Gigante, ni el señor Rey, ni el Comandante Viel, ni tantos y tantos otros vinieron con consigna de enseñar doctrina política religiosa alguna. Tan grandes caballeros eran, que no lo hicieron jamás en tierra que adoptaron como propia. Y lo mismo hizo con las gentes —nunca han ido al exterior, en proporción, más becarios gubernamentales— que enviara para que atrajeran cultura extranjera en las artes, las ciencias, la técnica de la educación o simplemente la literatura. Iban a París, a Roma, a Madrid, a Nueva York, a Berlín... No a aprender falangismo español como materia indispensable para ser un buen ecuatoriano; como materia sin cuya aprobación no se podría ejercer honestamente el oficio de hombres... Los que mandó el General Alfaro, los que mandó con igual sentido de Patria el General Leonidas Plaza y los demás gobernantes liberales... Los que para atraer cultura se fueron becados con becas diplomáticas o consulares, hoy caminan por allí los caminos de la Patria, como artistas, como profesionales de primera clase —en medicina sobre todo— como intelectuales que hoy hablan bien, no del General Alfaro sino de dictador García Moreno, cosa que en esta época viste bien, confiere aristocracia, consideraciones, comisiones y empleos... Para educar a los hombres de esta Patria no solamente se debería exigir que tengan algo que ver con los cementerios nacionales esos presuntos educadores de 191

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niños y de niñas; para defender los linderos de la Patria, no solamente se debería exigir que tengan algo que ver con los cementerios nacionales esos presuntos centinelas de la integridad territorial: en los dos casos, se debe pedir que sepan del tuétano de la Patria, de la esencia de la Patria. Que tengan la sabiduría sencilla de amarla por sobre todas las cosas y quererla grande, libre y justa. La razón de ser de esto que nos gobierna, reside en su encubierto empeño de violar la Constitución de la República, esencialmente laica, aunque dictada —en un período de mayor timidez— por los conservadores. El laicismo es el enemigo de la dominación del pueblo. Porque el laicismo enciende luces, y para dominar a los pueblos es preciso apagarlas. Es en la oscuridad de las cavernas, que se esclaviza mejor a los hombres y se los explota hasta el máximo. Es a favor de la oscuridad conciencial, que se puede mantener como animales a los indios, exprimirlos como a limones, y arrojarlos luego como basura, como desperdicio... La investigación cientíﬁca internacional adjudica a nuestro país un puesto lamentable entre aquellos en donde se cultiva la esclavitud: contra ello, resultan de un ridículo sin excusa los comunicados de cancillería en que se declara que la esclavitud fue abolida por Bolívar…

8888 He de seguir diciendo en estas cartas la verdad de la Patria, como lo hiciera hace dieciocho años, cuando la gran desgracia de la entrega, la mutilación y la derrota. Por hoy, me basta expresar mi pena por haberla encontrado después de algo más de un año de ausencia, sufrida, resignada, abúlica. Por haberla encontrado sin eso que, según Ortega y Gasset, constituye la esencia de las patrias: “un propósito de vida en común”. Las patrias, como las familias, deben hacer, en la intimidad, con sus hijos, planes para vivir, cada vez mejor, en comodidad, en riqueza y en justicia. Las patrias deben tener un proyecto en su presente… En mis primeras Cartas al Ecuador, dije la verdad de la historia y de la geografía, la verdad de mi amor. Allí están, sin que nadie haya podido contradecirlas, como documento de un ecuatoriano que habló, y halló eco en todas las colinas y valles de la Patria. Se nos estaba conduciendo a la derrota claramente, por la soberbia de pavo real de sus gobernantes de entonces. Hoy se nos está conduciendo a la caverna. Y parece que la Patria no reacciona ante la pequeñita soberbia —no siquiera de pavos reales— de quienes, aparentemente tienen los timones del Gobierno. Y se nos está conduciendo 192

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por los caminos lamentables del ridículo, de la demagogia chiquita. ¿Es que los ecuatorianos libres se han convencido de que tenemos “el mejor Gobierno del hemisferio occidental”? ¿Es que los guayaquileños, gente de mente esclarecida, se dejan embaucar por eso de hacer de su ciudad “la más grande y poderosa del Pacífico”? Ya en mis primeras Cartas al Ecuador, dije que lo que este pueblo no había tolerado a lo largo de su historia gloriosa, era que se lo esclavice ni que se lo haga el... tonto. ¿Me habré equivocado? Mi optimismo me responde que no. Me afirma, con la lectura sencilla de la historia, que este pueblo, bueno entre todos los pueblos, a veces espera, espera un poco para hacer respetar su verdad. Ya creo que está llegando el fin de aquella tolerancia misericordiosa. Es ya la hora de dar el primer paso: la unión de todos los que no quieren ni yugo ni caverna.

NOVENA Sobre el deber supremo: Devolver la Patria al pueblo de la Patria Allí está, claro como la luz del sol: en todo lugar de la Patria en donde, a pesar de la existencia y la resistencia de los reaccionarios, ha entrado la letra y un poquito de civilización, mediante la escuela, se ha votado por lo no conservador en las últimas elecciones municipales. Sin remedio posible. El caso de las dos grandes ciudades, Quito y “Guayaquil es un ejemplo vivo”. En Quito, a pesar de la frenética proliferación de listas, la cosa es evidente: frente a los escuálidos doce mil votos conservadores, se alzan, aunque divididos y fragmentados, más de treinta mil votos no conservadores, en la elección más apática, menos calurosa de estos tiempos. Habida consideración de que, en la orilla democrática, había poca organización, una orden de abstención —la socialista— y la general lamentable indiferencia en que el gran fracaso socialcristiano, ha sumido a toda la República desde hace más de dos años. Y allí está la verdad que no engaña, la verdad gráﬁca, demostrando cómo, en rebaños sumisos, fueron conducidos niños y niñas de colegios, por frailes y monjitas a poner la cruz en el sitio donde previamente se les había enseñado... Espectáculo deprimente, humillante, que es un argumento irrebatible en favor del laicismo. De esa fórmula bendita que deja libres las conciencias de la niñez y de la juventud, para que cuando llegue el caso, expresen su voluntad política por medio 193

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del sufragio, en favor de quien ha de defender sus intereses clasistas y ha de interpretar los anhelos del grupo social a que pertenece cada uno... ¿Y en Guayaquil? La lección es, si se quiere, más elocuente: Las corrientes mayoritarias, no conservadoras, han sufrido entre ellos desplazamientos de importancia. Pero cincuenta mil votos antireaccionarios, han dejado en el más mísero de los ridículos a unos cinco mil votos derechistas vergonzantes, como pobres en sábado, que han asomado por allí, de la mano de todos los frailes claretianos y de cien nombres más y de las monjitas, de toda denominación igualmente, que han conducido al matadero a rebaños de niñas y de niños escolares, para que voten en la forma ordenada, a ﬁn de evitar las penas eternas del inﬁerno… Hasta una candidatura de burlas —la de don Eusebio— que invariablemente aparece todos los años, en comicios de elección unipersonal o pluripersonal, ha superado risiblemente, a la nómina reaccionaria, ayuna de apoyo popular a pesar de los millones gastados, en presencia del pueblo hambriento y desnudo, en un fastuoso Congreso Eucarístico, pocas semanas antes...

8888 ¿Moraleja? El Ecuador, señores derechistas, no es un país de tontos. El Ecuador, señores derechistas, intuye su propia verdad y la traduce en expresión política llegado el caso. Puede ser, en una apreciable proporción, católico. A pesar de las simples superposiciones de ritos y de fiestas —que es lo que preocupó a los conquistadores españoles para abolir la resistencia de los indios— es posible que haya una apreciable proporción sinceramente creyente. Pero lo humano y bondadoso de la religión, su ética favorecedora del pobre, del débil, del explotado, es lo que se defiende y se respeta. No esa religión criminalmente aprovechada en favor de los ricos, de los poderosos; esa religión que, falsamente, se ha tratado de erigir como protectora del rico y enemiga del pobre… Estas últimas elecciones —como todas las que se vienen celebrando desde hace muchos años— prueban que ya no es tan fácil engañar al pueblo ecuatoriano. Menos aún a su clase media de ciudades y pueblos, que ha tenido acceso mediano al beneficio del alfabeto y de la escuela. De allí el odio reaccionario al laicismo. Porque al no enseñarse ni combatirse a religión alguna, se deja en libertad a las conciencias, se permite el libre examen de la realidad a quien ha llegado a la edad prevista para ejercicio del derecho de sufragio. Mientras que en la 194

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escuela de tipo confesional, no solo se ejerce coacción moral o reverencial sobre la juventud, sino coacción física, pues se conduce en tropel, en rango, a los grupos de jovencitos y niñas educandos, hacia las mesas electorales, con la consigna precisa de votar en esta u otra forma; y, cuando se trata de las elecciones de una sola persona, como Presidente de la República, Alcaldes, se les entrega, después de haber oído la misa, la papeleta que deben depositar en la urna… No. La culpa de haber dejado circunstancial y provisionalmente el ejercicio del poder público a una minoría gamonalicia, representante de los seculares e históricos explotadores del hombre ecuatoriano, no es culpa del pueblo libre de la Patria, que sabe su deber y conoce ya —o intuye mejor— en qué lado están sus derechos y sus conveniencias. La culpa es de sus dirigentes políticos, ávidos de liderismo, desorientados y divisionistas. No hay sino que examinar las elecciones presidenciales de los últimos tiempos para ver cómo, cuando ha existido la unión de las fuerzas democráticas —casi nunca lograda— la derrota de la reacción minoritaria ha sido aplastante y vergonzosa. Cuál no será la superioridad numérica de las fuerzas democráticas que, aun cuando la división se ha producido solamente en dos grupos, frente a la masa compacta y de hormigón armado de los conservadores, uno de los grupos de hombres libres ha triunfado. Pero, cuando se ha cometido la horrible dispersión de tres contra uno, como en las últimas elecciones presidenciales, y los tres candidatos democráticos han tenido su fuerza casi en equilibrio; solo entonces, por una irrisoria mayoría aritmética de 27% —que es minoría nacional o popular en cualquier parte del mundo— se ha dado el absurdo que estarnos lamentando: este retroceso de setenta años, por lo menos, en la vida de un pueblo joven, que no puede perder lastimosamente su tiempo, abandonando las rutas del progreso, para dedicarse, ¡a estas horas!, —a provocar contiendas religiosas suicidas, propias de edades perdidas en la noche de los tiempos… En el Congreso Nacional —debido a la deslumbrante cultura de quienes nos gobiernan— se ha llegado a aﬁrmar que el ideal actual del Ecuador, es que aparezca un Atila siglo veinte. Es decir que, para atenerse a la historia, lo que nos hace falta es un “azote de Dios”, cuyos caballos no dejen crecer la hierba donde hayan plantado sus pezuñas... ¿Acto fallido? Acaso no. Esto debe estar “muy conversado” en las altas esferas. Alguno en el Gobierno —¿cuál será?— debe saber su poquitín de historia. Seguramente de Historia Sagrada en epítome de Bruño. y es allí donde se han 195

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ilustrado en estas cosas de Atila y el “azote de Dios”… O será —acaso más probablemente— esa ilustración de película, muy utilizada por los aﬁcionados al cine… Lo cierto es que ya comienza a asomar —para que se cumplan las escrituras— las pezuñas de los caballos en las calles asfaltadas donde, seguramente, no va a crecer la hierba… Solamente que existe el peligro de que asome Teodorico con sus visigodos o Genserico con sus vándalos. y Atila tenga que retirarse a morir en plenitud de amor, en los brazos de Hildegunda, en la noche de sus bodas… Nosotros sí que deseamos un “azote de Dios”. Pero es el verdadero, el látigo de Jesucristo, que cayó sobre los lomos de los mercaderes del templo, cuando el siempre dulce Rabino, como nunca irritado, “trastornó las mesas de los banqueros y las sillas de los que vendían palomas”, y les lanzó el tremendo anatema: “Mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones”, según el evangelio de San Marcos, en su capítulo XI, versículos 15, 16 y 17.

8888 El pueblo ecuatoriano ha tomado ya el látigo castigador, el verdadero “azote de Dios”, para arrojar del atrio del templo y de sus alrededores, a los mercaderes fariseos, que falseando la doctrina de Cristo, y profanando su nombre, se han apoderado indebidamente de la tierra dulce y noble, a la que han explotado, han exprimido por siglos, como se exprime un limón, hasta dejarlo seco y arrojarlo a la basura por inútil… Ese el significado de las últimas elecciones. La lección suprema ha comenzado ya. Que se medite y se estudie. Que se tenga el heroísmo supremo del desinterés. Que se fije una meta única e inflexible: la unidad nacional, para devolver la Patria al pueblo de la Patria. Todo lo demás es secundario. Me atrevería aun a decir más: es condescendiente y cómplice. Lo que no lleve al objetivo rectilíneo, como la flecha de Guillermo Tell lanzada contra la manzana puesta sobre la cabeza de su hijo: segura, recta y, de ser necesario, sacrificada y heroica… Ya tenemos la amenaza —copiada, es verdad— de “la mano extendida y el puño cerrado”. Hoy, más brutal —por sus frutos los conoceréis dijo Jesús— la del Atila siglo veinte. El pueblo democrático ecuatoriano, una vez más comprobadamente mayoritario, según las elecciones últimas, tiene la palabra. Que es de vida o de muerte: Unidad, unidad, unidad. 196

José María Velasco Ibarra Me compadezco de las turbas

Es terrible el problema de las multitudes. Es un problema sobre todo contemporáneo, creado por la democracia y la técnica: sufragio popular y parlamentos, radio y automóvil, higiene pública y justicia social. Las multitudes actuaron ya en épocas antiguas: en Roma, en Grecia, en Palestina. Crearon la democracia mediterránea; defendieron a Cristo contra los doctores fariseos e hicieron posible la predicación evangélica. Pero eran multitudes restringidas. Los esclavos no las integraban. Y, lo que es fundamental, no actuaban continuamente, en todo y para todo. Las multitudes modernas comprenden toda clase de elementos: desde el artesano moderno, virtuoso, honrado hasta el exaltado, ignorante y fatuo obrero de la fábrica, y hasta el delincuente en Potencia de cometer todo atentado. Y, lo que es capital, las multitudes modernas actúan en todo momento, y para todo. Según su capricho, o mejor, según el arbitrario capricho de pocos irresponsables conductores, ellas deciden soberanamente cuándo, dónde y cómo les interesa actuar. Piden aumentos de salarios. Es lo que más les preocupa: el aumento de salario. Piden restricción o ampliación de mercados. Intervienen en los regímenes aduaneros. Se agitan por la paz o por la guerra. Determinan cómo ha de ser la política internacional de los Estados. No hay problema por delicado que sea, por técnico y trascendental que sea, que no caiga bajo la pretensión orientadora de las multitudes automatizadas por pocos astutos y a menudo malvados dirigentes. Tienen el arma de la huelga. Huelgas en Francia para obligar al Gobierno francés a perder su imperio colonial. Huelgas en Italia para que Italia se adhiera a la política comunista de Rusia. Huelgas en los Estados Unidos para relajarlos, debilitarlos, derrotarlos por dentro en beneﬁcio del imperialismo nacionalista y cruel de la Rusia soviética. Huelgas en Chile para provocar la caída del Gobierno. Los diversos sectores de las multitudes son entre sí ciega, torpemente solidarios. Sindicatos cristianos, en alarde de insensatez, apoyan frecuentemente 197

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a violentos sindicatos revolucionarios y comunistas, que ponen en peligro la existencia misma de la Patria. El problema humano cada día es más complicado y cada día más trascendental, más técnico. ¿Cómo hacer para que cada Patria conserve su personalidad, cultura y vida en este mundo en que chocan salvajemente bloques nacionales dominadores y vehementes? ¿Cómo organizar los ejércitos? ¿Qué alianzas son las más convenientes? ¿Cómo fomentar la economía para que el país se vigorice? ¿Qué orientación dar a la enseñanza, a la educación técnica y moral de las gentes? ¿Cómo poner en salvo la salud pública, establecer los seguros sociales de suerte que se produzcan eﬁcaces y provechosos resultados? Problemas arduos, complejos, vitales. Para verlos con claridad se necesitan sabiduría, elevada ética, serenidad. Pero las multitudes se reservan el derecho a intervenir en todo y para todo. Agitaciones, peticiones conminatorias, huelgas son el lenguaje de las masas que obedecen al lenguaje de los conductores. Las multitudes solo se callan donde hay tiranía. La audacia de las multitudes en Italia, creó el fascismo, dio el triunfo a Mussolini. Mientras Mussolini fue fuerte, el populacho permaneció abyecto, sometido, adulador. Proclamó que el “Duce” no podía errar. Cuando se debilitó Mussolini, las multitudes renegaron de él; le dejaron caer y, luego le asesinaron y profanaron su cadáver de innoble y cobarde manera. Es la eterna historia de todas las multitudes. Voltaire rechazó su aclamación cuando fue coronado por la Academia Francesa, observando con ironía y profunda sabiduría que igual entusiasmo tendrían si se tratara de colgarlo. Y este plebe, este vulgo, estas multitudes tienen hoy, en el mundo contemporáneo, una actividad constante, imponente, amenazadora. En la Rusia de Stalin permanecen quietas, sometidas, temerosas. Fuera de Rusia, sirven a los déspotas de Rusia de instrumento inconsciente para desarticular los Estados. Psicólogos y sociólogos saben las características de las masas. Emotividad inconsciente, irritabilidad cobarde, crueldad, veleidad pueril. El hombre que cae en medio de ellas, se convierte, luego, en autómata, en un número más, impersonal. La multitud es envidiosa, amargada, niveladora por lo bajo. Todo lo que es elegante, reﬁnado cuenta con su aversión y tendencia destructora. Le gusta lo grosero, lo brusco, lo feo. A medida de la actuación de las multitudes, van desapareciendo los buenos modales, la elegancia, la delicadeza. En Estados Unidos —donde, como en todo gran pueblo, hay cosas selectas— prevalece lo po198

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tente sobre lo estético; lo llamado cómodo, higiénico, útil sobre lo delicado y distinguido; la masa sobre la calidad. Como los Estados Unidos norteamericanos dominan prácticamente en Sudamérica y tienden a dominar más y más en el mundo occidental, nótase ese aumento creciente de modales groseros, de actitudes bruscas, de hábitos sin elegancia que caracterizan a la multitud. A la muchedumbre le repugnan la razón, la inteligencia. Su alimento es la vocinglería que traduce odio, cambios simplistas, trastorno brusco de valores, ruina de lo tradicional, exaltación de lo bajo. Hoy es el tiempo de los oradores de multitudes. Interesante escuchar a un hombre de estos. Pueden hablar ininterrumpidamente y con la mayor facilidad, una, dos, tres o diez horas. Como no tienen ningún freno de razón, de estética o verdad, tampoco tienen el menor obstáculo para sus inacabables y fáciles discursos. Afirman y afirman, reafirman otra vez lo mismo y vuelven a repetir la afirmación sin más que cambiar un adjetivo y grosero por otro un poco más insolente. Y la multitud aplaude, grita, se deshace en aclamaciones. El orador comunica a la multitud su automatismo palabrero y ella le enciende en sus arrebatos irracionales. Y así se toman decisiones, y se trata de imponer una política internacional, económica, social, aduanera. Esta época de las multitudes es, en verdad, la del hombre desarticulado. Nada queda ya en su puesto. La reflexión, el largo estudio, el decoro han cedido ante la improvisación, la ignorancia, el descaro. Hay gobiernos amenazados inminentemente como el de Francia, como el de Italia de ser arrollados por las multitudes. Si la amenaza se intensificara más, o estas naciones desaparecerían o una reacción dictatorial terrible tendría que poner dique a la irrupción bárbara. El mediocre Gobierno de los Estados Unidos defiéndese con dificultad, por cierto, gracias al vigor de su ley constitucional y a su riqueza económica. Pero, estas masas ricas de los Estados Unidos constituyen terrible amenaza para su futuro, si no surge algún gran carácter que aclare debidamente el horizonte nacional. Una tradición cívica secular de regularidad democrática ha contrarrestado hasta ahora en Chile la insolencia de masas comunistoides que abundan en ese país de indiscutible seriedad y austeridad cívicas. Y quienes amamos a la Argentina y admiramos sus bases de civilización y su hospitalidad, sus esfuerzos culturales y estéticos, sentimos inquietud ante ese vocinglerío nivelador y vengativo de las multitudes exaltadas y frenéticas de estos últimos años.

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Misereor super turbam, dijo Cristo, y dio a las multitudes el pan del cuerpo y, sobre todo, les expuso palabras de vida eterna. Cristo conocía muy bien a las gentes. No se dejaba engañar por ellas. Cuando le buscaron con sumo interés las que comieron abundantemente del pan multiplicado por milagro, les llamó la atención en estos términos: “Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comísteis el pan y os hartásteis” (Juan, 6, 26). “Trabajad” agregó, “no por la comida que perece sino por la que queda para la vida eterna”. Si Cristo se compadeció de las multitudes, esta y no otra es la ley, es la verdad. Tenemos que compadecernos de ella. ¿Cuál, empero, nuestro procedimiento práctico? Intelectuales refinados, superficiales, desprecian a la multitud. Crean y piensan al margen de ella, sin confundirse con ella, huyéndola. Temen que las masas manchen su obra, ahoguen su inspiración artística, creadora. El género humano vive por pocos y para pocos, se repiten. Repugna este orgullo exaltado. Es cierto que el género humano vive por pocos. Pero estos pocos han de vivir para el bien de todos. Cristo se compadeció de las multitudes. Les dio pan y doctrina. Otros más austeros y profundos —Nietzsche, León Bloy— como que encontraran la utilidad de las multitudes, de la “canalla” diría León Bloy, en ser la almáciga de almas, de espíritus selectos. Pero, repugna también considerar a los hombres, a los hombres, burdos, ignorantes, bárbaros, como simples medios para fines más altos. ¿Hay o no hay un espíritu, una latencia divina en el burdo, en el salvaje de los llanos, pampas y montañas sudamericanas, en el torpe y pernicioso obrero de la ciudad? El cristianismo educó a los bárbaros que socavaron y destrozaron el imperio romano. El cristianismo puede educar a las multitudes modernas y preparar los siglos futuros de más pronunciado acercamiento a la libertad, la igualdad y la fraternidad. El cristianismo toma todo seriamente. Desde la educación y disciplina de los diversos sentimientos y tendencias individuales hasta la organización y cultura de las masas nacionales, humanas. Lo grave es que una buena parte del Clero moderno ha perdido la fe. Es más de la multitud que de la Iglesia. Le interesa más arengar contra el comunismo que explicar sencillamente a los fieles el misterio cristiano. El púlpito es más tribuna para aumentar el número de multitudes, que cátedra de piedad, de vida interior, de superación íntima por la fe, la esperanza y la caridad. Hoy,

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en muchos templos de naciones católicas, especialmente en ciertos países de Sudamérica, la misa principal de los domingos es un pretexto para hablar de política o de cosas insubstanciales desde el principio del sacrificio hasta el fin. Los fieles, ¿deben atender a la misa o a las palabras políticas e insubstanciales del orador? El público está presente solo con el cuerpo durante la misa y el espíritu debe seguir el pensamiento del orador. Sin embargo, el sacrificio de la misa lo es del celebrante y de los fieles: neum ac vestrum sacrificium. Los clérigos que predican durante toda la misa del domingo sin permitir que los fieles mediten en los misterios, están proclamando su ningún respeto por las ceremonias que en el altar se realizan. Ninguna advertencia política ni siquiera una advertencia religiosa son más importantes para un católico que la meditación en los diversos actos de profundo y trascendental significado religioso que realiza el sacerdote oficiante de la misa; a menos que se diga —como me lo dijo a mí un sacerdote católico— que el pueblo por su ignorancia es incapaz de comprender las ceremonias del altar. Sostener esta tesis es destruir las bases de la religión católica. Buena parte del Clero moderno ha perdido realmente la fe. Ya no cree en lo íntimo, en lo de adentro, en lo del alma sino en lo exterior, en lo ruidoso, en lo numeroso. Contra las multitudes comunistoides que dan el voto en las urnas políticas por los candidatos comunistas, las multitudes llamadas católicas para que den el voto en las urnas políticas por los candidatos del partido político patrocinado por el Clero. A esta vaciedad y a este absurdo nos ha conducido la decadencia religiosa. Los monjes de la Edad Media no procedían así. Tampoco han procedido así ciertos eminentes sacerdotes del tiempo moderno. Creían que el justo vive de la fe y que renovada el alma, se renueva todo. Y que lo único urgente era formar cristianos integrales; que un cristiano integral sabe conducirse cristianamente frente a las sectas y doctrinas. Cristianismo es renovación interior. ¿Qué mejor arma contra el marxismo, esencialmente materialista, que un cristianismo integral, viviente, que cree en el espíritu, teme a Dios y sabe que solo con medios lícitos se obtienen nobles finalidades? El Clero moderno no lo cree así, y maneja otras armas para las cuales su aptitud es casi siempre mediocre, simplista, inferior a la de su adversarios. Los partidos llamados de izquierda creyeron que el mayor de sus triunfos era ofrecer a los obreros ventajas económicas. Sin más que esto, se calificaron de amantes del pueblo y, a la vez, se creyeron amados por el pueblo. Pero, como es facilísimo pagar bien, y alojar, y establecer seguros con los impuestos 201

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y contribuciones de los mismos pueblos, los partidos de derecha han terminado por usar de idéntica táctica, y lo han hecho en ocasiones con más habilidad que sus adversarios, y en muchos países los derechistas están de triunfo, cumplen y completan los programas socialistas poniendo en mofa a los apóstoles de la reivindicación social. Los trabajadores y masas, sin ideales, sin responsabilidad, sin plan nacional ni histórico alguno, se entregan al mejor postor. Aplauden a los izquierdistas, si estos les dan mayores ventajas y gritan fervientemente por los de derecha, si de estos proceden el pan y los entretenimientos. A esto ha llegado el actual mundo de decadencia. Mundo sin fe y sin grandeza. Mundo sin angustia por lo futuro y eterno. Mundo al que solo preocupan los fáciles placeres presentes. Mundo sin Cristo, incapaz de comprender, buscar, amar a Cristo. Pero, también sin Lutero, sin Calvino, sin Savonarola, sin nada que signifique un principio, un ideal, una inquietud superior. Marx, sin quererlo, corrompió a la humanidad. Las masas han aprendido admirablemente la lección: lo económico es la infraestructura de todo; la conciencia es un reflejo de lo económico. Sin bienestar económico no hay libertad; todo medio es lícito —la mentira, el cinismo, la traición— para obtener el bienestar económico. Las masas marxistas, el hombre marxista están vacíos por dentro: ningún amor, ningún dolor. Solo les animan el apetito, el placer transitorio, el resentimiento por la desigualdad. Todos están hoy amargados, resentidos. En cierto país Sudamericano, unos de los jefes del partido conservador y católico calificó de acto inspirado en “móviles patrióticos” una notoria y criminal traición que violó las leyes de la República y atentó contra la autoridad legítimamente constituida. Así se desmoraliza a las masas. Así se han desmoralizado los llamados conductores de ella. Marx ha triunfado en todos los corazones. Católicos, autómatas de doctrinas que ni sienten ni viven, se arrodillan públicamente, se dan golpes de pecho para que todos les vean y les den sus sufragios políticos; pero, al salir del templo después de haber sido visto por todos, proceden prácticamente según lo que llevan dentro, es decir, la envidia, la venganza, la amargura. Todo medio es lícito dicen los comunistas, para satisfacer el resentimiento. Los comunistas y su moral son la ley del mundo actual en decrepitud sin remedio. El cristianismo, si se recupera o cuando se recupere (infaliblemente se recuperará, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra él), será la única escuela de educación de las masas. Para el cristianismo, lo primero es el deber, el deber de todos, de grandes y de chicos. La violación del derecho au202

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toriza a reclamarlo, pero jamás excusa de la falta al deber. Quien ignora el deber no es, no puede ser cristiano ni religioso. El cristianismo habla un lenguaje austero, de conciencia e insinuante a la vez, porque, en nombre de Dios, habla para todos. Contra el mal irremediable, ordena la paciencia, la tolerancia, la esperanza. No solo de pan vive el hombre. Las masas no tienen hambre solo de pan. Ansían también orientaciones éticas, perspectivas ideales, esperanzas religiosas. Por esto, tuvo Cristo piedad de las multitudes. Por debajo de la exterioridad grosera de ellas, en lo íntimo de ellas, está latente el hombre, el hombre en potencia, el hombre en potencia de espiritualidad, de elevación hasta los más altos valores, hasta Dios mismo. Por esto, Don Bosco fundó escuelas para la parte grosera del pueblo a ﬁn de desbastarlo lentamente y que aparezcan la racionalidad, la sentimentalidad, lo divino. La escuela primaria no basta. Hay que mejorar y multiplicar la segunda enseñanza para presentar a las masas perspectivas ideales y esperanzas religiosas. En Sudamérica, en América ibérica, la mayoría de los maestros laicos son seres mediocres y radicalmente fracasados. Son los padres del resentimiento y la vanidad. Por vanidad inventan métodos pedagógicos que llaman ellos técnicos y que, en la práctica, mecanizan los cuerpos, sin tocar las almas, sin enfervorizar las almas, sin redimir las almas. Los laicos modernos hablan de libertad, pronuncian discursos a favor de la libertad, y con su técnica pedagógica matan toda libertad, toda iniciativa, todo fervor docente. La docencia es obra de amor, de intuición de cada alma, se dirige a cada alma. Toca a los hombres religiosos —católicos, ortodoxos, protestantes— suavizar las pasiones de la muchedumbre, encender en las almas el amor y la dignidad, la fraternidad y la altivez, el deber y el derecho, la tolerancia y la esperanza. Hay que regresar a los métodos que abolieron la esclavitud y la servidumbre. Hay que formar dirigentes de conciencia. Hay que regresar a la segunda enseñanza humanística que forma el pensamiento, que enseña a pensar con justeza, a expresar con claridad, nitidez, exactitud. Las masas necesitan ser gobernadas. No hay libertad donde imperan la anarquía y la ignorancia el atraso y la enfermedad pasiones salvajes y asesinatos sistemáticos. Solo la autoridad, dirigida por la conciencia del deber, está en capacidad de ir dominando los obstáculos a la libertad, a la formación plena del hombre. La masa y los obreros, en cuanto tales, carecen del derecho a gobernar. ¿Qué saben ni el pueblo ni los obreros de política aduanera, de pedagogía, de 203

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diplomacia, de sanidad, de organización administrativa? Los problemas contemporáneos de Gobierno, son eminentemente técnicos. Regadíos y carreteras, importación y exportación, seguros y finanzas son cosas técnicas, solo las puede resolver quien las haya estudiado, y nunca los obreros por el solo hecho de ser obreros. El Gobierno tiene que ser de pocos en beneficio de todos. Indudablemente, existe la opinión pública formada por sentimientos, intuiciones, juicios de todo el mundo respecto a lo racional, lo verdadero, lo conveniente en un momento dado. La opinión pública es cada día más intensa y universal, es resultante de muchos factores. Chocan y se rectifican, se ratifican y aclaran pareceres, criterios, surgidos de todos los rincones y ambientes sociales, y se concreta la opinión pública. Ésta, sin ser infalible, merece ser atendida, debe ser oída. Respecto a lo estrictamente técnico, nada tiene que decir y nada dice de hecho la opinión pública. En las orientaciones generales de justicia y conveniencia, la opinión pública es un dato que jamás ha de ser despreciado. Hay que facilitar los cauces de la opinión pública. Que llegue hasta el Gobierno, que influya en la autoridad. Que el Gobierno y la autoridad, tan inclinados al abuso, se purifiquen mediante la opinión pública, se frenen ante el contrapeso de la opinión pública. Es función de la Cámara de Diputados, de las Asambleas provinciales, de los Consejos municipales expresar, dar vida y eficacia a la opinión pública. En la expedición de la ley debe prevalecer la Cámara de Diputados. El sufragio popular, libre y espontáneo, debe llevar a la Cámara de Diputados la voz del instinto social, de la intuición social. Un Senado debidamente organizado, respetable, debe contrapesar el fervor joven y popular de la Cámara de Diputados. El Senado moderno debe ser elemento de ponderación, de recto y acertado criterio. El Poder Judicial austero, independiente, al margen de la política y de las pasiones de partido; formado por verdaderos jueces, hombres probos, de recta conciencia, sabios en derecho y legislación, debe defender contra todos la ley fundamental escrita, la Constitución del Estado, el pacto social, la ley objetiva que determina la posición jurídica de todos y el ejercicio de los derechos subjetivos. La democracia se propone la conservación y defensa de los derechos del hombre y del ciudadano. Donde no se cumple este fin práctico, no hay democracia, aunque la organización gubernativa se llame democrática. Donde no hay un verdadero equilibrio entre los poderes que, sin impedir la eficacia y la administración impida el abuso y la tiranía, tampoco hay democracia, porque 204

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los derechos del hombre y del ciudadano quedan a merced del capricho del Poder Ejecutivo. La época de las masas impone, pues, una política adecuada para disciplinar a las masas, para mantener la libertad, para salvar los valores del espíritu. La época de las masas impone un Poder Ejecutivo fuerte, con poderes eficaces y adecuados, dados por la Ley. Impone una Cámara de Diputados que recoja y vitalice la opinión pública; un Senado, elemento de ponderación y resoluciones justas; Consejos técnicos y administrativos que aclaren en el estudio y solución de los asuntos esencialmente técnicos como salubridad, seguros, carreteras, aduanas, etc., y un Poder Judicial defensor contra todos y genuino definidor del derecho. El problema de las masas no es uno solo, que admita soluciones idénticas. Hay las masas europeas, hay las masas del Asia, del África. Hay las Sudamericanas. Cada continente y puede decirse cada Nación tiene su propio y exigente problema humano. El estadista, inspirado en el valor universal de la verdad y del derecho, ha de adaptarlo convenientemente a las necesidades de las distintas masas humanas, a las urgencias de cada continente, cada Nación, cada región, cada localidad. Sobre todo, las masas de Sudamérica requieren una comprensión y un Gobierno especiales. No pueden ser tratadas como las masas europeas que, en definitiva, tienen el freno y la tradición de dos mil años de cultura. Sudamérica está en el tercer día de la creación como dijo con profundidad Keyserling. Es el continente ígneo, de la emotividad, de la “gana”. Vivencia pura. Lo intelectual, la norma lógica están por desarrollarse. Herederos de aztecas y de incas, de chibchas y guaraníes, vencidos y esclavizados por el conquistador español, por el encomendero, tienen nuestros indios y mestizos la psicología del disimulo, del tedio, de la inacción. Indios, negros, híbridos de todas clases; blancos, e inmigrantes absorbidos por el continente indio, y que a poco de llegados de sus patrias de origen, adquieren el alma que el continente les impone. Continente donde predomina lo rural, lo desértico, donde la ciudad y la cultura urbana son una simple costra que flota encima de una insondable profundidad de primitivismo las masas sudamericanas requieren comprensión y orientación especiales. Una de las causas del malestar humano, especialmente de la época contemporánea, es la falta del hombre integral, que traiga un mejor equilibrio, una mayor comprensión de los grupos y entre los grupos.

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No se da el hombre integral. Quien es enérgico, carece de inteligencia penetrante. Quien tiene talento carece de la sed de justicia. El técnico no entiende al artista. El poeta no entiende al sociólogo. El estadista es combatido por los letrados. En la Venezuela del siglo XVIII se produjo un hombre integral: Simón Bolívar. Hombre integral, su cuerpo es una ﬁbra al servicio de su espíritu. Su voluntad e inteligencia se adaptan a todas las circunstancias. Duro, cuando la vida impone la dureza. Decreta la guerra a muerte para poner un abismo entre la débil, vacilante, indecisa Nación venezolana y el absolutismo tiránico español. Pero, apenas el mundo sabe que han surgido gentes resueltas a ser libres, se apresura a ser generoso y a ofrecer aun a los espías el derecho a ser considerados prisioneros. Sabe lo que él vale. Pero, al mismo tiempo, cuando el derecho lo impone, limita su potencia. Militar vigoroso. Contra él chocan y se agotan las huestes feroces de Boves, Morales y más tiranos al servicio del despotismo español que inundaron a Venezuela en sangre y desolación. Poeta. Hablando del equilibrio transitorio de los pueblos que él conducía, escribe: “Estábamos como por milagro sobre un punto de equilibrio casual como cuando dos olas enfurecidas se encuentran en un punto dado y se mantienen tranquilas, apoyada una en otra y en una calma que parece verdadera aunque instantánea”. Filósofo a lo Pascal, hombre de soledad interior. “Por triste que sea nuestra muerte, siempre será más alegre que nuestra vida”, escribía. “Tengo bastante fuerza para rehusar ver el honor de mi pena”. “Cuán dichosos fuéramos si nuestra sabiduría se dejara conducir por la fortaleza”. “Nadie es grande impunemente”. Sus aforismos tienen hondura abismática. Tuvo íntima comunión con lo religioso, lo piadoso a pesar de su vida de constante acción afanosa. “Un guerrero generoso, atrevido y temerario es el contraste más elocuente con un pastor de almas. Catón y Sócrates mismo, los seres privilegiados de la moral pagana, no pueden servir de modelo a los próceres de la religión cristiana”, advertía en 1822 al Obispo de Popayán. Hombre integral. La vida militar fue un capítulo de su grandeza interior, de su fuerza interior, del deber total que se expresaba en su vida interior. Bolívar se unimismó con Venezuela, con el continente. Supo adecuarse, crear riquezas cívicas de la más absoluta pobreza, infundir alma nacional donde había solo feroces grupos tumultuarios, establecer jerarquías y obediencia, donde solo había insurrecciones localistas. Fusiló a Piar para establecer en la lucha contra la ambición anárquica la solidaridad nacional. “Parta usted”, le grita a Santander que se niega 206

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a cumplir una misión continental; “parta usted, si no, o usted me fusila a mí o positivamente le fusilo yo a usted”. Fue el hombre de las diﬁcultades. No pretende que América sea como Europa. Sabe que América es radicalmente diversa de Europa y que hay que crear de la nada métodos, estrategia militar e ideales genuinamente americanos. Por esto comprende el gran problema de la organización política de América. Por esto es el maestro en la conducción de las actuales masas sudamericanas. Hoy está de moda hablar de que la ley ha de ser adecuada a la geografía, costumbres, psicología del país para el que se la da. Bolívar tuvo la intuición general de Sudamérica, la comprensión general de Sudamérica en 1812, en 1815, en 1819 antes que Comte fundara el positivismo y la sociología, antes que Spencer desenvolviera las ideas de Comte. El discurso de Angostura, la Carta de Jamaica están intocados. Aún no se los estudia. Aún no se deducen todas las consecuencias de su rico, inagotable contenido. Estos dos documentos son las mayores obras de ciencia y ﬁlosofía políticas que se han producido en toda la América, la del Norte y la del Sur. Ahí están a la vista de todos, reclamando una cátedra especial en las Universidades americanas, especialmente en las de Venezuela. Razas precolombinas, historia de la Conquista, historia de la Colonia, etnografía de España, de Sudamérica, psicología de los pueblos, geografía, hábitos y costumbres, todo está tratado en la Carta de Jamaica para deducir la forma en que debían organizarse las naciones sudamericanas. Fácil declamar. Fácil pronunciar discursos a favor de la democracia, de la ley, de la república. Lo urgente, lo indispensable, ver la manera práctica de que prácticamente se respeten los derechos del hombre y del ciudadano, la manera práctica de evitar las carnicerías entre ciudadanos, el caos constitucional. Encuentra, primero, que América no está preparada para la independencia, pero que de hecho los acontecimientos le han impuesto el ser independiente; que no está preparada para la libertad, la democracia, y que de hecho los acontecimientos le han impuesto la vida de democracia y libertad. “De hoy más, la libertad será un hecho indiscutible en América”, dice. “El desierto rechaza la monarquía. Aquí no hay grandes nobles, grandes eclesiásticos”. Tenemos, pues, que ser demócratas, republicanos y liberales sin haber recibido preparación para ello. América tiene que elevarse hasta la forma de Gobierno que le ha impuesto la naturaleza. De ahí la famosa advertencia: “Tendréis que luchar con dos monstruos que se combaten entre sí y que ambos os atacarán a su vez; la tiranía y la anarquía que forman un océano de opresión 207

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contra una pequeña isla de libertad”. El poeta ayuda al pensador a expresar con un símbolo magnífico la hondura de sus sugerencias. El fin, la libertad. Los obstáculos, la anarquía, el tumulto caótico, la ignorancia, el desierto. Rocafuerte, Alberdi repetirán más tarde en sus patrias estos conceptos bolivarianos. Para Bolívar, el medio adecuado al fin de la libertad en Sudamérica, es la autoridad. Pero la autoridad tiende al abuso. Por esto, esas angustiadas y profundas advertencias del pensador, del filósofo: “La estabilidad política exige la formación de un espíritu nacional que atienda constantemente a orientar la voluntad general y limitar la autoridad política”. “No seamos presuntuosos”, legisladores, “seamos moderados en nuestras pretensiones. No sea que por elevarnos sobre la región de la libertad, descendamos a las regiones de la tiranía. De la libertad absoluta se desciende siempre al poder absoluto y el término entre los dos extremos es la suprema libertad social”. Hay que meditar en lo que significa prácticamente aquello de “la suprema libertad social” para comprender la honda visión de Bolívar. La libertad ha de ser una realidad, una armonía, una facilidad para la vida humana noble. Todo esto se encierra en esa suprema libertad social. Bolívar no queda vago, no queda abstracto. Indica los necesarios equilibrios entre poderes para impedir los abusos. Organiza el Poder Electoral. Estudia las finalidades de un verdadero Poder Judicial. Quiere Cámaras populares. Su idea utópica —jamás impuesta, por cierto, como quisieron dar a entender los calumniadores y envidiosos— del Presidente vitalicio, del Senado hereditario, corresponde al afán de buscar algo nuevo, algo estable entre la demagogia y la autocracia. Quiere dar canalización a los deseos de tantos poderosos caudillos que habían triunfado en la más espantosa y cruenta lucha contra la España absolutista y monárquica, que reclamaban atenciones y ser escuchados en la tarea de indicar los rumbos del nuevo Estado. “Temo más la paz que la guerra”, exclamó Bolívar un día. Preveía los caudillismos destructores al día siguiente de la victoria con España. Jamás puede decirse que la idea del Presidente vitalicio era una monarquía disfrazada. El Presidente vitalicio debía ser ratificado por las Cámaras y moverse en un ambiente de absoluta igualdad republicana. Antes de hablar de los defectos de Bolívar, hay que estudiar a fondo y muy de cerca, si sus llamados defectos no fueron otra cosa que las condiciones de que la naturaleza le dotó para cumplir su fin histórico. Por ejemplo, sin la violencia, sin la dureza, imposibles las hazañas de 1813, 1814, 1819 que destruyeron el 208

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más terrible, vehemente, peligroso esfuerzo absolutista: el de Boves que hundió en torrente de sangre casi toda Venezuela, el de Morales, el de Morillo. La guerra a muerte no reclama excusas, sino el reconocimiento de que por ella ochocientos soldados de la libertad crearon la nacionalidad venezolana, la conciencia venezolana, frente a 17.000 soldados que defendían al Rey. La guerra a muerte puso un abismo entre Venezuela y España, y obligó a los venezolanos a definirse y a España a comprender que un mundo nuevo se le escapaba sin remedio de la mano. Todavía no se aprecia el esfuerzo de Venezuela para la libertad de todo el continente americano. Venezolanos y generales venezolanos en Boyacá y Pichincha, en Junín y Ayacucho. En 1810 tenía Venezuela 975.972 habitantes. En 1825 se encontró con 659.633 habitantes. Habían muerto en la lucha por la independencia 316.336, es decir, la tercera parte de su población. La dictadura de 1828, significa el hombre que ante la emergencia que amenaza a la Patria, por obra del rabulismo demagógico, vacío, declamador, irresponsable frente a una España dispuesta para la reconquista, prefiere la vida y la cohesión al caos y al fracaso. Si Bolívar es verdaderamente grande es porque supo aceptar todas las responsabilidades y mezclarse en todas las dificultades para cuya solución le destinó la Providencia. Antes que Comte, Bolívar propuso el establecimiento de un Poder Moral para castigar con sanciones morales la traición a la Patria, el egoísmo y estimular la virtud y el sacrificio a la Nación. El continente sudamericano ha desdeñado las ideas constitucionales bolivarianas, y lo que es sumamente grave ha desdeñado hasta el estudiarlas a fondo, el considerarlas austeramente y en su exactitud y ha terminado por inclinar humildemente la frente ante el Poder económico de los Estados Unidos. Se creyó imposible confederar a los países sudamericanos, organizarlos en agrupaciones regionales, sin mengua de su soberanía, pero coordinando al menos ciertas altas orientaciones diplomáticas y fomentando la cooperación económica general, y hoy las masas desorientadas están listas a someterse a las órdenes de los agentes del totalitarismo soviético, disfrazado de apóstoles de la renovación económica del mundo, y los gobiernos están dispuestos a aceptar los caprichos de la solidaridad internacional que les imponen los Estados Unidos sin reconocerles la facultad de intervenir también en nombre de una solidaridad sincera en el rumbo y dirección de la política diplomática en tiempo de paz. Se ha discutido respecto a la sinceridad católica de Bolívar, atribuyendo sus actos y declaraciones a motivos políticos. Lo innegable es que Bolívar com209

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prendía toda la importancia moral y educadora del cristianismo y todo el valor intrínseco de esta doctrina. Al Obispo de Popayán, Salvador Jiménez, que, por motivos políticos, quiso abandonar su diócesis después de la batalla de Pichincha, le escribió el 10 de junio de 1822: “Sepa V.S.I. que una separación tan violenta en este hemisferio, no puede sino disminuir la universalidad de la iglesia romana, y que la responsabilidad de esta terrible separación recaerá muy particularmente sobre aquellos que, pudiendo mantener la unidad de la Iglesia de Roma, hayan contribuido, por su conducta negativa, a acelerar el mayor de los males, que es la ruina de la iglesia y la muerte de los espíritus en la eternidad”. Un político no habría adoptado este lenguaje de tanta sinceridad y comprensión del problema religioso católico. Al Arzobispo de Caracas, Ramón Ignacio Méndez, le escribe en octubre de 1828: “Exhorte usted a los ministros a que no cesen en la predicación de la moral cristiana y de la necesidad del espíritu de paz y de concordia para continuar en la vía de orden y de la perfección social. Del desvío de los sanos principios ha provenido el espíritu de vértigo que agita el país; y cuando se enseñan y se profesan las máximas del crimen, es preciso que se haga también oír la voz de los pastores que inculquen la del respeto, de la obediencia y de la virtud”. El ilustre escritor, teólogo y orador venezolano, Monseñor J. Humberto Quintero hablando del nombramiento del Señor Méndez como primer Arzobispo de Caracas, dice que este nombramiento “junto con el de otros obispos para las sillas vacantes de Colombia, hecho a espaldas del regio patronato español, fue el fruto de una larga y acertada labor diplomática del Libertador cerca de la cátedra apostólica”. El continente sudamericano en 1830 era una materia virgen, sin tradiciones ni historia. Era una vida que comenzaba. La ruptura con España creó un abismo en todo sentido. Bolívar comprendió la absoluta necesidad coordinadora y modeladora del catolicismo.

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Estudios de Derecho Constitucional El Estado dentro de la orientación Filosofía Moderna I

Gracias a la generosidad intelectual del Señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y a la nobleza de los jóvenes que forman el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, tengo a honor altísimo hablar por segunda vez desde esta cátedra. La emoción de agradecimiento para el señor Decano y para la juventud es tan intensa, que no puedo expresarlo con palabras. Vosotros conocéis mi sinceridad y la admiración que tengo por la República Argentina, comprendéis mi emoción sin necesidad de que emplee el término vulgar “gracias”. No quiero comenzar mi curso sin formular los más fervientes votos porque la juventud argentina viva renovando su gran Patria. Que la Nación Argentina sea siempre la Patria de todo hombre libre y el hogar de toda buena voluntad. Estudiaré en estas dos primeras conversaciones el problema de si la ciencia del Estado tiene algo que ver con la filosofía. ¿Es posible en el actual tiempo de ciencia positiva, en que todo se pesa, se cuenta y se mide, hablar de una filosofía del Estado, filosofía de la ciencia del Estado, o la ciencia del Estado y el Estado son una ciencia y un fenómeno que no tienen nada que ver con la filosofía? Este es el problema complicado que estudiaremos. Por mi parte, creo que la misión de quien expone ideas ante un auditorio, ilustrado como éste, no es propiamente enseñar, sino estimular, presentar un punto de vista. El que dirige la palabra a un auditorio como el que me escucha, tiene que desnudarse de toda vanidad. Es cosa artificiosa imaginar que la ciencia del Estado que, el Estado, están desconectados de la filosofía. Todo lo que estamos viendo y escuchando en el mundo nos revela, nos denuncia y manifiesta que la ciencia del Estado es un capítulo de la filosofía. El descrédito de la filosofía en Hispanoamérica; el menosprecio en que ha caído la filosofía y que, por desgracia, se mantiene aún oficialmente en muchos países sudamericanos, obedece a la manera de enseñarla y exponerla. Pequeños manuales con enunciados de cajón, con una serie de definiciones, es lo que tienen que aprender de memoria los alumnos. El alumno entonces aprecia únicamente el estudio de la química o la física donde 211

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se ve un objeto y hay una orientación. No me refiero, precisamente, a la Argentina. Pero por la poca experiencia que tengo de los otros países sudamericanos, el descrédito de la filosofía obedece a la manera como se le enseña. La ciencia tiene un fin: someter la materia a la utilidad del hombre. El hombre ha ido a la ciencia con fin interesado. El químico que estudia la intimidad de la materia, cómo se componen y se descomponen los átomos y las moléculas; el físico que considera las fuerzas y energías; ¿qué se proponen? Someter las cosas a la utilidad del hombre. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de las leyes de los fenómenos. Un antecedente produce un efecto; una molécula se combina con otra; la cantidad de energía calorífera dilata tal cuerpo en tal proporción. Antecedentes y consecuencias. Causas y efectos. ¿De qué modo la causa actúa en el efecto? He aquí la ley científica. Conocida la ley científica del fenómeno, por la creencia en la regularidad de las leyes del Universo, se deduce la norma general, y entonces, el hombre rinde la naturaleza a su utilidad. Se hacen explosivos y se matan hombres. Se construyen puentes, aeroplanos. Aun el experimentador que estudia por estudiar, por desinteresado que sea, reduce su labor a descubrir de qué manera las leyes actúan, con qué intensidad ciertos antecedentes producen ciertos fenómenos. Pero el mismo químico, si tiene mente despejada, no puede menos de asombrarse ante la naturaleza insondable que conocemos en simples aspectos, nada más, escapándosenos lo principal. La química es una de las ciencias en que más se palpa el desconcierto de la ciencia ante la profundidad de las cosas. Los químicos se preguntan: ¿qué es, a dónde va la materia? y su horizonte se amplía e implícitamente entra en el campo filosófico. El médico que aplica la física, la química, la botánica, para la curación, no puede menos de desconcertarse ante este ser que se llama hombre, que reacciona de tantas maneras éticas, psicológicas, y si es un médico de hondo pensar tiende a conectar el mundo fisiológico con el espantoso misterio ético y pasional que es el hombre. Desde que el químico y el físico están inquietos ante la materia que insondable estudian, desde que aparece el interrogante hondo está ya apuntado la filosofía. De modo que la filosofía no es solo lo que se enseña en los manuales con tal nombre. Es la ciencia que se afana por descubrir el “sentido profundo” de las cosas y de la vida. La filosofía es la meditación sobre el concepto total de la vida, sobre el “sentido total” del cosmos. Apliquemos estas nociones a la ciencia del Estado. Sabemos lo que es el Estado, porque lo sentimos próximo, íntimo. A medida que los fenómenos son más humanos, todos tienen una idea de lo que son. El 212

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sentido común indica lo que es el fenómeno. Todos son apasionados en el momento actual por los problemas del Estado. Desde que se dice, por ejemplo, que el tránsito de Buenos Aires debe regularse así y no de otra manera, se hace una invocación al Estado. Desde que se reclama por tales o cuales leyes sociales, de salubridad, se sabe, se presiente lo que es el Estado. Desde que se piden leyes de asistencia para la vejez y los obreros, se vive la vida del Estado. Nunca se ha vivido la vida del Estado con más intensidad y con más extensión. ¿Quién no discute sobre problemas del Estado? ¿Cuál es el hombre —físico, químico, astrónomo, obrero o artesano— que no está inquieto por problemas del Estado? El Estado es un fenómeno de intensidad y de extensión enorme en el momento actual. Hoy le exigimos todo al Estado. Le exigimos que enseñe, que cure, que prevea los accidentes del trabajo, que regule el tránsito. Me permito proponeros una definición para aclarar lo que todos sabemos y tener un punto de referencia. El Estado es la cooperación, a base territorial, que mediante medidas eficaces se propone conservar y desenvolver la vida humana. Digo “medidas eficaces”, porque la actuación del Estado es de soberanía. Cuando reclamamos que el Estado dé leyes de salubridad, es porque sabemos que es el único poder capaz de dar eficacia a una orientación. Cuando pedimos que se reglamenten las condiciones del trabajo en las fábricas, sabemos que el empresario podría hacerlo, pero el Estado es el único que de una manera soberana, eficaz, está en condiciones de llenar nuestra exigencia. La esencia del Estado está en la eficacia soberana. Y aquí viene el problema, que planteábamos antes para el físico y el químico. El sabio en asuntos políticos, va a reducirse simplemente al problema de la técnica a, ¿cómo organizará el servicio de salubridad, la centralización o descentralización administrativa, el servicio postal, o cuál será la administración de los ferrocarriles, cómo se llevará bien la estadística? Pueden, por ejemplo, la Argentina, Colombia, Francia, Rusia, Alemania tener un sistema técnico de administración de ciertos negocios. Pueden coincidir en la manera de manejar el servicio postal, los ferrocarriles o los asuntos monetarios. A pesar de las coincidencias entre distintos países, se ve que cada país tiene su inspiración política propia. A pesar de que el administrador organice bien los servicios administrativos del Estado, tenemos inquietud respecto a los problemas del Estado, inquietud apasionada en favor o en contra. El Estado despierta pasión. Unos defienden al sistema; otros lo atacan. Nadie es natural. Pasa algo parecido a lo del físico y del químico. También el químico pesaba en su balanza la molécula, 213

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pero también se inquietaba al preguntarse qué sentido tenía la materia en el rumbo total del cosmos. Esta es la inquietud del saber filosófico. El problema del Estado rebosa del concepto técnico. No nos contentamos con saber que están organizados el correo, el telégrafo, la asistencia. Lo que nos interesa es la inspiración total de la política. De modo que la parte administrativa y la parte técnica del Estado son asuntos en los cuales los hombres están de acuerdo con frecuencia, en los cuales no hay pasión. ¡Sin embargo, el desacuerdo, la pasión rodean, invaden los problemas relativos al Estado! ¿Cuál es la inspiración del Estado? ¿Qué conceptos deben inspirar al Estado? ¿Qué concepto se debe tener del material humano del Estado? He aquí la suprema inquietud. Sostengo que desde el momento que la política agrega a la parte técnica y administrativa, el interrogante sobre el fin del Estado, se entrega en los dominios de la filosofía. La técnica política no necesita sino la ecuanimidad para observar y experimentar. ¿Qué inspiración debe tener el Estado? La política encargada de velar por los niños o los ancianos variará según el concepto del Estado respecto a la persona humana. Una concepción mecánica del hombre puede exigir que se esterilice a los hombres enfermos. Se asegura que un presidente ecuatoriano muy ilustre, Rocafuerte, pensó en fusilar a todos los leprosos y resolver así la dificultad de las leproserías. Si el hombre tiene dignidad moral inviolable, el Estado no puede eliminarlo. Tiene que respetarlo siempre. El hombre es esencialmente filósofo. Nunca como ahora se han preocupado tanto los sabios de filosofía. El doctor Alexis Carrel que acaba de escribir acerca de la Incógnita del hombre, es un médico de ciencia experimental, en el que el filósofo, latente en él, reacciona para preguntar sobre el sentido de la vida; porque la filosofía no es la suma de las ciencias, sino una original y profunda síntesis que busca el sentido de las cosas. Y esto que pasa con Carrel en biología, sucede con todos los sabios de espíritu amplio. Veamos si ha habido un solo momento en que la política, a título de ciencia experimental, haya dejado a un lado la inspiración filosófica. Existe un vigoroso esfuerzo para separar por completo la política de toda filosofía. Tal vez no se ha repetido una actitud tan audaz e inteligente: me refiero a Maquiavelo. Conocéis las circunstancias en que se escribió El príncipe. Terminada la Edad Media, con su callada y lenta nutrición cultural y mística, comenzaban los grandes descubrimientos modernos, la era de los grandes navegantes, y la burguesía se acumulaba en las ciudades. Ya no había solo el siervo de la gleba que aceptaba la dirección del señor mediante el juramento 214

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de protección y servicio. Iba a morir el Estado feudal. Alumbraba el Renacimiento. La humanidad que, hasta entonces, había sido eminentemente religiosa, principiaba a reaccionar. La ley de siempre: acción y reacción extremosas. Maquiavelo pensó que si el médico debe dirigir fenómenos orgánicos, principiando por conocer la naturaleza de los órganos, así el estadista se encuentra con hombres cuyas pasiones hay que dirigir. He aquí el dato para el político. Al hombre con pasiones, que se aglomera en las ciudades, que quiere matar, robar, hay que impedirle que mate, que robe, que haga revoluciones. He aquí toda la política. En su libro encontramos frecuentes alusiones a Dios y a la moral. Pero él cree que la ciencia política es una ciencia aparte de toda conexión filosófica. Tal vez nadie, como Maquiavelo, ha penetrado más profundamente en las pasiones humanas con toda su sutileza. Las sigue por todos sus caminos. En ese pequeñísimo libro está todo previsto, y al mismo tiempo se dan al príncipe reglas concretas, detallistas para que domine y mantenga al Estado. ¿Cuál es la norma suprema de la política para Maquiavelo? No atender sino el resultado. El acto eficaz para dominar, es bueno. De lo contrario, es malo. El hombre de Estado tiene que saber ser cruel y desleal. Tiene que hablar de lealtad, de bondad, de honradez y practicar la crueldad, porque, de lo contrario, está perdido; los hombres a quienes maneja son todos traidores y desleales. Tiene que inspirarse en el león y en el zorro. En el león para ser poderoso y cruel, y en el zorro para ser astuto. ¿Será siempre cruel el príncipe? No, porque, a veces, puede la crueldad ser contraproducente. La inoportuna crueldad puede producir reacción. Ha de ser astuto y cruel en la medida necesaria para el resultado. Maquiavelo no solo aconseja al príncipe. Aconseja al pueblo también. Sus “Discursos” sobre Tito Livio contienen indicaciones para la democracia. Esta no puede apartarse de las normas dadas al príncipe. Si la democracia quiere durar, elimine al magnate (el hombre rico y ocioso). De otra manera no habrá democracia. En estos ensayos de Maquiavelo se toma el cuerpo social como se puede tomar un hueso o una rueda para estudiarla. Pura ciencia psicológico-mecánica. Entiendo que no hay en el momento actual pueblo que, con ánimo sereno, encuentre en El Príncipe de Maquiavelo sus inspiraciones permanentes. El mismo Estado que necesita hacer actos de imperialismo, acude a engañifas éticas para justificar su actitud. Se defiende de la imputación de deslealtad y crueldad. Acude a sofismas que le limpien de manchas. El ensayo de Maquiavelo ha fracasado por 215

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completo, ha sido desautorizado por la humanidad. Para decir que un hombre no tiene moral se le dice: “maquiavélico”. En el fondo el “maquiavelismo” tiene su filosofía, para la política tiene un “sentido”: dominación, etc. No conozca otro ensayo verdaderamente sistemático para expulsar toda filosofía de la ciencia política: ensayo perfectamente fracasado como orientador de la Humanidad. Si avanzamos un poco, hallamos el sistema positivista de Augusto Comte. Por Comte se ha desdeñado durante mucho tiempo la filosofía. Sin embargo, en el fondo, Comte es un filósofo y sus sistema remata en una “política”, inspirada en el positivismo. Sabéis cómo planteaba el problema. La edad teológica había pasado. El espíritu humano al razonar, la enterró. La edad metafísica, con sus entidades y cualidades abstractas, se desautorizaba cada día más. No necesitamos en adelante averiguar si los cuerpos caen porque son “pesados” o no. Lo que interesa es conocer las leyes de la caída de los cuerpos. De las verdades teológicas no queda nada, apenas vestigios. La metafísica es pura palabrería. La ciencia se ha reducido a lo único positivo: conocer las leyes de los fenómenos. Es lo que conviene para dominarlos. Augusto Comte pensó que las matemáticas estaban constituidas como ciencia positiva. La física y la química se habían emancipado de la metafísica gracias a la experimentación. La biología iba por el camino de su constitución por los esfuerzos para hallar las leyes de los fenómenos vitales. No era preciso sino aplicar el método a los hechos humanos para hacer de la ciencia del hombre, ciencia positiva. Comte no negaba un “algo” superior y desconocido. Pero opinaba que no hay por qué empeñarse en conocer lo incognoscible. La observación y la experiencia darán al hombre el conocimiento de sus problemas para prever y proveer. El coronamiento de este sistema es la sociología. No hay más filosofía que la sociología. El hombre es la medida de todas las cosas. Las ciencias matemáticas, físicas y químicas tienen su término y explicación suprema en la sociología. Necesitamos comprender la naturaleza del hombre, su tendencia social; ver como el hombre se expresa, lucha, organiza. No existe el individuo. Lo que hay es la humanidad. Por consiguiente, ¿cuál la suprema regla moral?, reconocer en la humanidad un material de bien por el que vivimos, sentimos, poseemos, existimos. “Vivir para otro”: es la bella máxima de Comte. “Saber para prever a fin de proveer”. Proveer, ¿para qué? Proveer en beneficio de la humanidad. La edad teológica y metafísica estaban vencidas. 216

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Según Comte, tampoco la Revolución Francesa satisfizo. Fue una revolución metafísica. La Revolución Francesa creyó en el derecho del individuo, es decir, en la anarquía. La edad positiva significará todo lo contrario. Experimentará, observará y comprobará que lo único que existe es la humanidad, a la que tenemos que atender y mejorar. La época de las monarquías estaba terminada. Aparecía la época económica, la época del industrial, del banquero, del campesino, del proletario. Comte emplea la palabra “proletario” con insistencia. Por consiguiente, dice Comte, el futuro Gobierno tiene que contar con el consejo de los banqueros, comerciantes, campesinos, obreros. No podía concebir que se hablase del parlamento, como representante de la mayoría del pueblo. ¿Qué es “el pueblo”? Pura metafísica. La fuerza está en los sabios, en los industriales, capitalistas, en los obreros: proletarios. Ellos gobernarán al mundo dando indicaciones positivas. Nada de democracia ni de derechos de mayorías ni de minorías. Nadie tiene más derecho que el de cumplir con su deber. Tenemos que fortificar la humanidad por la disciplina mental y vivir para otro. ¿Qué pide el Gobierno al positivismo según Comte? No pide sino que le dejen propagar sus enseñanzas. Tiene Comte fe en la ciencia. Cree en la educación del hombre. Para hacer la felicidad de la humanidad, él no pide sino que los gobiernos dejen enseñar el positivismo. Disciplinadas las mentes por la filosofía positiva, se disciplinarán las costumbres por la política positiva. El positivismo nos ha dejado un bien; nos ha obligado a ser concretos. Desde Comte somos transigentes; nos enseñó a ser tolerantes, a comprender. Pero como resultado práctico, la política positiva de Comte es una utopía más. No se ve un consejo armónico y gubernativo de banqueros, comerciantes, campesinos. Al contrario, los campesinos y obreros se levantan contra los banqueros, y estos reaccionan contra aquellos. La ciencia está hoy más llena de oscuridad que antes. Se aclaran ciertos misterios y surgen otros. Tampoco los hombres quieren vivir para otro. Pero lo que conviene a mi tesis es que la política positiva de Comte es prolongación de la filosofía positiva de Augusto Comte. El positivismo es una filosofía, y nos demuestra que la ciencia del Estado es siempre epílogo de una filosofía, cualquiera que sea. Si Maquiavelo tuvo, en el fondo, un sistema de política filosófica utilitaria sin filosofía aparente y confesada, con Comte vemos una política positiva, resultado de su filosofía franca y anunciada. Veamos otro esfuerzo significativo y elocuente. En Alemania. Hegel desarrolló la filosofía del Ser, del espíritu. Por un lado, el mundo de los conceptos, de las ideas abstractas, de los enunciados matemáticos, mundo sin espacio y sin tiempo. Por otro lado, la naturaleza, lo 217

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concreto, lo corporal, limitados por el tiempo y el espacio. Sintetizándolo todo, el Espíritu, el “yo” que abarca los conceptos y la naturaleza, que va revelándose lentamente en la historia, sobre todo en el Estado. Pero aun los Estados mueren, perecen; porque hay ciertos Estados predestinados para mejores manifestaciones del espíritu inmortal. Tesis, antítesis y síntesis; es la trilogía de Hegel. Verdades abstractas; hechos concretos; espíritu sintetizador, que va revelándose. Subrayo la importancia de esto; el espíritu va revelándose. El destino humano está mejor contemplado ahora por el espíritu que en tiempos de las cavernas, de la esclavitud, de la servidumbre. La humanidad que destruye la servidumbre que crea los Estados contemporáneos; he aquí el espíritu desenvolviéndose. El hegelianismo se dividió en dos ramas: una de exagerado idealismo. Otra de tendencia materialista. De ésta surgió Carlos Marx. Se apodera del concepto evolutivo del “yo”, del espíritu al contacto con la historia. Lo que nos interesa, según Marx, es el desarrollo de la conciencia del hombre. Se desarrolla por la lucha en la historia. El “yo” se revela por el trabajo. Pero las condiciones históricas del trabajo están dominadas por la lucha de clases. La lucha de clases permite que surja el “yo” humano, la conciencia humana. El “yo”, el triunfo se revelará más y más por el esfuerzo material y económico, y por la oposición de las clases. El espíritu está en el proletariado. Es él al ir adquiriendo conciencia de sí mismo que revelará la obra verdadera del espíritu. El proletariado tiene una misión mesiánica. La evolución es fatal, incontenible. Terminará por el triunfo del trabajo y de los trabajadores. Todos serán trabajadores, y al serlo serán, espontáneamente, buenos y libres. Ahora no hay libertad ni bondad, porque el capitalismo mantiene posiciones arbitrarias e injustas. El espíritu necesita del choque para apuntar. El triunfo del proletariado será el triunfo de la justicia integral práctica. En esto consiste el resultado apetecido por la rama materialista hegeliana. La ﬁlosofía de Marx tiene sugerencias profundas. Para Marx y para Engels la manera cómo se produce la materia y cómo se reparte el producto es lo que en última instancia determina toda la historia humana. La evolución está acabando con el capitalismo y la evolución al formar un mayor número de proletarios, que no tienen más que sus brazos para vivir, está dando el poder a la clase más numerosa. Cuando la evolución esté madura vendrá la dictadura del proletariado, preparación de la humanidad para la plena libertad, plena expresión de lo que Hegel llamó “espíritu” y que el socialismo marxista llama justicia social integral, fuente de igualdad y solidaridad. La Rusia soviética es, o pretende ser, la realización política de esta teoría. 218

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En la nueva Constitución rusa se palpa que la ciencia política es capítulo de una filosofía. Parecen concretados en artículos los pensamientos filosóficos de Carlos Marx, una rama de la corriente hegeliana. El Estado socialista-soviético es de los trabajadores y campesinos de Rusia, dice el artículo primero. Cuando habla de los derechos y obligaciones del trabajador se siente emoción ante la fe justiciera y optimismo de los revolucionarios. “El hombre tiene derecho al trabajo”. Los medios para obtenerlo está la sociedad obligada a procurarlos. El hombre tiene derecho a los seguros de vida. La sociedad está obligada a establecerlos. Pero esta Constitución tan sugestiva, prescribe también que nadie puede atentar contra la sociedad socialista. Si atenta es un enemigo público. En términos francos; nadie puede escribir contra el sistema de organización soviético. La Constitución garantiza la libertad; pero para los trabajadores y campesinos. Nadie tendrá derecho a elogiar, por ejemplo, la organización fascista; o burguesa o a propagar el catolicismo ni siquiera el darwinismo social. La libertad es la esencia del hombre. El hombre no puede estar tranquilo, cuando le dan pan, si no le dan el pan del espíritu; el vuelo de la mente. Buscamos el pan material, para sostener esta máquina corporal y que el espíritu estalle. Mientras el espíritu del hombre no está satisfecho, toda política fracasará. He leído el folleto de André Gide, sobre su viaje a Rusia. Se ha dicho que Gide es un traidor; que se contradice. No es verdad, Gide es un hombre que elogia lo bueno y anota lo malo. Gide se pregunta, amargado, si había otro lugar, ni siquiera la Alemania de Hitler, en que el espíritu del hombre esté más avasallado que en Rusia. Retengamos, en todo caso, como conclusión que toda política es resultado de una filosofía. II

Voy a exponeros, ahora ciertos sistemas filosóficos espiritualistas, que han concluido, como los positivistas, por una ciencia política. Principiaré por el idealismo de Platón y veremos cómo termina con una teoría del Estado. Para Platón, la gran preocupación fue la del “soberano bien”. El placer de los sentidos, la riqueza el bienestar, son tan pasajeros como la vida del hombre. Es menester que los dos seres que luchan dentro del hombre, el del placer y el de la razón, se armonicen. ¿En qué forma? Simplemente, por el absoluto imperio de la razón sobre el placer. Nótase en Platón, la desconfianza respecto a los sentidos. La desconfianza 219

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respecto al placer, y la necesidad de que prepondere la razón, único elemento de verdadera felicidad. A veces, felicidad dolorosa, pero que le da al hombre el equilibrio, la estabilidad y el dominio de sí mismo. No hay moral sin conocimiento. La moral consiste en el conocimiento. El que conoce el soberano bien, fatal y forzosamente, tiene que terminar por practicarlo. Platón no acepta la libertad como indiferencia. Por consiguiente, es menester el Estado para que en él se eduque al hombre y se le incite a practicar el soberano bien. Para Platón no es tarea esencial del Estado abrir caminos, levantar ciudades y construir canales. No. Esto no da la felicidad. Muchas veces, por los caminos pasan los asesinos. Lo que da la verdadera felicidad es la ciencia del soberano bien. Llegamos a una conclusión interesante. El Estado es indispensable para que el hombre conozca el soberano bien, y luego lo practique. El Estado es natural de los hombres; en él estos se vinculan. El Estado es una persona moral, ente superior al individuo. Surge como un ser orgánico. Así como el hombre tiene organización, así el Estado, ideado por Platón, también la tiene. No han inventado gran cosa las escuelas sociológicas organicistas que actualmente desearían absorber y anular al individuo. Dentro de esta organización, superior a los individuos, se halla la clase de los filósofos, que deben ser los gobernantes; la clase de los guerreros, que deben defender la vida del grupo, y la clase de los trabajadores y labradores, que deben alimentarlo. En el Estado deben jerarquizarse las clases, sabios, guerreros o trabajadores, para formar una unidad. El individuo desaparece. Es menester que desaparezcan los motivos de división entre ciudadanos. Para esto se precisa la absoluta coordinación y aun el comunismo, porque la propiedad es elemento de división. Los filósofos y los guerreros no pueden tener nada. Ni siquiera la familia es cosa particular. La mujer tiene que cumplir el deber de dar hijos al Estado, pero para que éste los alimente y los eduque. Una madre tiene que alimentar en la misma forma a un hijo suyo que al hijo de otra madre. El comunismo femenino de Platón no es un comunismo sensual y grosero. Trata el filósofo de evitar motivos de división y de que la mujer cumpla, generosamente, ciertos deberes. Se corona todo con la educación común por cuenta del Estado. ¿Para qué? Para que el Estado conduzca al individuo al soberano bien. Esta es la parte más interesante. Se toma al individuo, se le reduce a célula del Estado. Pero; ¿para qué? Para que el Estado le eduque, intervenga en todo, aún en la formación del temperamento y del matrimonio, y se conquiste la felicidad. El Estado toma al individuo y le prepara para la felicidad y la inmortalidad. He aquí una filosofía idealista coronada, precisamente, por 220

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una ética y una ciencia política. He aquí anticipadas muchas teorías, actualmente en boga, y que anulan al individuo. No quiero detenerme en una refutación. Los sistemas no se refutan. Se comprenden, y lo mejor es comprender. Pero si debiera hacer una observación, notaría el proceso de la humanidad; contrario a lo que dijo Platón en La República. El mismo más tarde, escribió otro libro: Las Leyes, en el que sus concepciones eran más realistas, más favorables a la autonomía. Pero, en fin tenemos que una de las mayores metafísicas de la historia filosófica ha terminado por una ciencia política. Me permitiréis que trate con toda imparcialidad de otro gran sistema espiritualista de filosofía, coronado por una política; me refiero a la filosofía que se puede llamar cristiana o católica, culminado también por una política con orientaciones fundamentales cristianas o católicas. Hay que hacer la justicia al cristianismo y aun al catolicismo, de haber proclamado dos principios de alta trascendencia. El primero, “Toda potestad viene de Dios”. De éste hizo más tarde un uso abusivo, infame y terrible el absolutismo. El otro principio que sostuvo siempre la política católica fue. “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”. Es una norma de emancipación. No hay más que desarrollarlo para reducir todo el liberalismo. El primer principio quita al poder su carácter de fuerza, de hecho ciego. El segundo, es el germen de una autonomía individual. “Hay que obedecer a Dios antes que al hombre”; es decir, ya no le pertenece todo el individuo al Estado, como quería Platón. Hay algo en el individuo que escapa al Estado; es la conciencia religiosa. Esto es mucho. La conciencia es valor soberano. Si el hombre tiene cierta autonomía en la conciencia, ya no es pertenencia del Estado. Desgraciadamente, por las ambiciones políticas de Papas y reyes, estos dos principios se han combatido durante largas épocas, con alternativas hegemonías ya del uno, ya del otro. Cuando la Iglesia era militante, pronunció Tertuliano esas sublimes palabras: “Nosotros respetamos al soberano, respetamos al emperador porque el emperador reina por disposición de Dios; pero no le podemos llamar Señor porque, para nosotros, el Señor no es sino Dios”. Bella y arrogante frase. Pero, un día, la Iglesia triunfó políticamente y, entonces, el primer principio: omnis potestas a Deo fue lema exclusivo en favor de las pretensiones del pontificado contra la autoridad civil, en cuyos beneficios solo se lo invocaba si reconocía al poder superior del Papa. San Bernardo supo recordar, en momentos perturbadores, la noción evangélica del poder, servicio humano, ante los mismos pontífices. 221

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Santo Tomás de Aquino parte de que todo poder viene de Dios y hace una distinción sutil. El poder, considerado en sí, como facultad de mandar, viene de Dios. Pero es menester que en la sociedad haya quien mande concreta y realmente. En este segundo aspecto, como concreto y práctico, el poder está en el pueblo, en la multitud. No cabe Estado sin poder legislativo. ¿Y quién es el legislativo? La masa, el pueblo. El poder en sí viene de Dios; concretamente, viene de la masa. Generoso principio. La autoridad práctica representa al pueblo. ¿Hay obligación de obedecer siempre? Si se manda algo contra la virtud, no se pude obedecer. ¡Generosa enseñanza! Pero, si se abusa en cosas que no afectan la virtud, como el cobro de impuestos exagerados y caprichosos, entonces se puede obedecer. ¿Y puede un individuo mandar lo que le plazca, ocupar el poder ilegítimamente, convertirse en tirano? Santo Tomás contesta a esto con criterio liberal, y opina que los tiranos no mandan para el bien común; que quienes se levantan contra ellos no son sediciosos. Sedicioso es el tirano. Pero hay un punto delicado en el cual la solución de Santo Tomás, como la del padre Suárez y del cardenal Belarmino, más tarde, justifica el atropello de las conciencias. Es la cuestión del poder indirecto de la iglesia sobre la autoridad temporal. Los gobernantes no están como los obispos, bajo la jurisdicción directa del Papa; pero, el Papa puede excomulgar a un gobernante infiel y, desde este momento, los súbditos ya no tienen obligación de obedecerle. Esta es la teoría absoluta de Santo Tomás, confirmada por el padre Suárez y el cardenal Belarmino. Si la Iglesia, en determinados casos, no puede privar indirectamente del Gobierno a la autoridad infiel, obedece a dificultades de hecho. Pero, en principio, la iglesia puede desligar a los súbditos del deber de obediencia y destituir indirectamente al soberano apóstata. Otro asunto grave en la política de Santo Tomás es este: ¿Puede él vivir en la sociedad civil, respetado y garantizado? No. Si al hombre que falsifica moneda se le castiga; ¿al hombre que puede corromper las almas no se le ha de castigar? No solamente hay derecho a castigarle, sino que la Iglesia tiene derecho a entregarle al poder secular, para que éste le mate, le elimine. Bien sé, señores, que esta política se ha encontrado con la resistencia de los hechos y que ha tenido que tomar direcciones liberales. Pero, no es menos cierto que así se concibieron las cosas en un principio, por el más docto representante del pensamiento católico en la Edad Media. Dejo a vuestro criterio hacer a esta doctrina las observaciones necesarias y estudiar si son compatibles con el precepto: ¡No matarás! y con el respeto a la personalidad ética y libre del hombre. 222

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Veamos otro ensayo de filosofía idealista, terminado por una política para ir acercándose a una Ciencia del Estado, en armonía con la época contemporánea. La humanidad no puede continuar como está. La humanidad anhela encontrar una orientación, un equilibrio moral. Reflexionemos en la obra de los filósofos del siglo XVIII. No doy un gran salto. En mi exposición anterior traté ya de Maquiavelo, intermediario entre la Edad Media y la Revolución Francesa. Los otros pensadores del Renacimiento se ocuparon, sobre todo, en letras y ciencias. La organización social continuó largo tiempo sobre los cimientos vacilantes del régimen feudal. El hombre es siervo subyugado. El señor feudal dispone a su capricho, a veces, a pesar de los pactos. Impide que sus vasallos cultiven ciertas tierras, porque el caballero y el noble tienen necesidad de campos para la caza. Erígese, poco a poco, la soberanía de un señor, del rey, sobre los competidores, vencidos con férrea mano. Aparece el absolutismo. Las ciudades, los nobles son quebrantados por la jerarquía absorbente de Richelieu, Luis XIV. Solo en Inglaterra no hay entonces absolutismo. En todas partes, los reyes someten a prisión y cobran impuestos caprichosamente. Desaparece toda representación popular. El siervo es víctima del noble, y éste se halla humillado por el Rey. Al concepto del valor y del mérito, sucede la compraventa de títulos y beneficios. Dentro del feudalismo decadente, pero todavía terrible, y frente al absolutismo ascendente, la fuerza de la individualidad crecía, se definía, se intensificaba, y en un momento estalló, arrolladora, incontenible. Se rompió la costra absolutista. Esto fue la Revolución Francesa. Esto fue la proclamación de los derechos del hombre y el ciudadano. Movimiento político trascendental, efecto de una filosofía. En odio al cuerpo político arbitrario, soberano, encarnado en un hombre, se proclaman los derechos de los individuos, derechos inalienables, sagrados. No más absorción desde arriba. Vitalidad desde abajo: Derechos de cada hombre, de cada ciudadano. En reacción contra las costumbres artificiosas y las creencias vacías de emoción y de lógica, convertidas en supersticiones y en maneras rutinarias del siglo XVIII, proclamó el imperio de la razón y el de la naturaleza. Para los filósofos del siglo XVIII, los individuos eran víctimas de prejuicios de toda índole. Se miraban las prácticas religiosas como invenciones interesadas y groseras, y las rutinas sin alma aplastaban la razón humana. El imperio del ideal de razón sobre el prejuicio, sobre lo consabido, sobre la creencia, sobre el hábito muerto, fue el afán de la época. El imperio de la naturaleza, de la naturalidad hay que 223

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buscarlo en la misma naturaleza. ¿Cómo ha concebido y hecho al hombre la naturaleza? Le ha creado como energía libre y pensante; le ha dotado de vitalidad y de libertad y, sin embargo, la sociedad le ha esclavizado. Hay que restablecer la razón y la naturaleza. En el “contrato social”, obra de un romántico profundo, se lee que el hombre nace libre y , sin embargo, vive entre cadenas. ¿Cómo explicar racionalmente que el hombre libre tenga que obedecer? Por medio de un contrato racional, tácito, implícito, nosotros, que tenemos necesidad de libertad y que solos no podemos mantenerlo, entregamos nuestras libertades a la voluntad general. Esta nos la recibe y nos devuelve en forma de seguridad, de tal manera que, entregándonos, no hemos perdido nada y hemos ganado la seguridad de las libertades reguladas. Idea profundísima exacta o no, pero con sugerencias profundas. De todos estos aportes: racionalistas, como los de Montesquieu y de Voltaire; sentimentales, como los de Rousseau, surgieron esas declaraciones de los derechos del hombre. He aquí la política, epílogo de la filosofía. La asociación no tiene otro objeto que el de salvaguardar los derechos de cada hombre. Estos son inalienables e imprescriptibles y comprenden la libertad, la seguridad, la propiedad y la resistencia a la opresión. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y los que la ejercen son representantes de la misma. No se puede penar a nadie sino de acuerdo con una ley anterior al juzgamiento. El esfuerzo del siglo XVIII se ha incorporado definitivamente a la humanidad. Es un hecho adquirido. Las teorías de la Revolución Francesa no pudieron desarrollarse. Vino la formidable reacción, especialmente de la aristocracia inglesa. Los enemigos fueron muchos. Hubo años de guerras y combates. Pero, en definitiva, la revolución se paseó por toda Europa, inquietando a las monarquías e inspirando a las masas. A pesar de las apariencias, Napoleón fue el soldado de la revolución. ¿Qué lenguaje hablamos hoy? Hablamos el lenguaje de la fraternidad, de la igualdad y la libertad. Las muchedumbres aplauden estos vocablos. Los principios de la Revolución Francesa no fueron franceses, sino humanos. Tradujeron la inquietud del hombre y, tal vez, también tradujeron el ideal fundamental. Los filósofos y pensadores del siglo XVIII no dijeron la palabra última en materia de política. La vida avanza, presenta nuevos aspectos. Pero, el siglo XVIII nos dio el germen en que ha de desenvolverse. Si se me cita tal o cual Nación europea en donde la libertad ha desaparecido, me permito decir: “Esperemos. Los caudillos pasan y los pueblos quedan”. La Revolución Francesa, en lo fundamental, señaló el derrotero. Pero, hay lagunas. Por ejemplo, 224

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esa antipatía profunda a todo lo que era asociación: porque en la Edad Media las asociaciones terminaron por ser organismos de opresión. La revolución francesa cometió el gran error de dejar a un individuo, llamado libre, frente a un omnipotente Estado. No pensó en los equilibrios sociales, ni en que nada puede el individuo sin asociaciones intermediarias y espontáneamente aceptadas. Para los revolucionarios, la libertad era un poder algo arbitrario. ¿Qué era un hombre libre? El que actuaba sin sujeción a otra persona. De ahí las contradicciones de ciertos artículos de la Declaración de los Derechos: “La sociedad no puede prohibir sino aquello que sea nocivo socialmente”. Pero, ¿quién califica lo nocivo y lo que no lo es? Tenemos, pues, al Gobierno con la facultad, de acuerdo con la Declaración de limitar cuando quiera la libertad del hombre, como juez de lo nocivo y de lo no nocivo. ¿Por qué esta contradicción? Porque no llegaron al concepto ético, psicológico, de la libertad. Habían proclamado la libertad del hombre como un poder de independencia, de no sujeción, Pero el hombre tiene que vivir en sociedad y, la libertad no es sino la conciencia íntima e intensa con que el hombre se reconoce cumplidor de los fines racionales. La disciplina social es un medio racional para llenar fines racionales. La disciplina en nada se opone a la libertad, pues, si es justa, no puede ponerse sino al desenvolvimiento de lo humano en todos sus aspectos. La libertad no es el deber de desarrollar las espontaneidades. Cada individuo es depositario de una originalidad propia. El deber de expresarlas es la libertad. El acto de calumniar, no es libertad, no es espontaneidad vital, sino anormalidad. Otra laguna de la Revolución es el concepto de la soberanía. Tuve oportunidad de demostraros el año pasado, que nadie es soberano. ¿Cómo explicar que un hombre manda a otro a título de soberano? No hay forma de explicar esto. Se debe acudir a la abstracción de la soberanía nacional y al concepto divino del poder. No me burlo de las abstracciones ni de los conceptos teológicos; pero en una disciplina positiva que interesa a todo el mundo, hay que buscar una justificación positiva del mando. Nadie es soberano en un Estado, ni la Nación ni el gobernante. El Gobierno no es sino un sistema de servicio. Así como en la sociedad hay zapateros, médicos, profesores, así también hay hombres encargados de una tarea; garantizar la libertad y defender la sociedad. He aquí el Gobierno: un servicio. No hay tal soberanía. Otro error de la Revolución Francesa. Previó algo teóricamente respecto a la reglamentación económica del trabajo. Pero nada reguló prácticamente. La Revolución no pudo entender todo; pero debió comprender que el indivi225

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duo no se desarrolla sin cierta base económica. Hablar de libertad y no reconocer el derecho del hombre a contar con los medios económicos y necesarios de vida, es condenar al hombre a la esclavitud real, después de indicarle el horizonte de la libertad. De todos modos, los principios fundamentales del siglo XVIII quedaron incorporados a nuestras conciencias. Nosotros tal vez no veamos a la humanidad organizada. Lo que hoy existe no es organización sino caos humano. El hombre no nació para vivir en perpetua intranquilidad, sin saber a que hora le van a caer escombros ni en que momento será consumido por las bombas. El hombre nació para otra cosa: para vivir. Me pregunto si hay corrientes en la filosofía contemporánea que nos permita prever con toda circunspección el rumbo posible de la humanidad. Veo que los principales sistemas de filosofía contemporánea, el bergsonismo, la fenomenología, el mismo vitalismo de Hans Driesch, reconocen la fuerza espiritual, la energía mental, la conciencia moral, columnas de la dignidad del individuo humano. Descartes fue el verdadero libertador del pensamiento humano, y el que puso de relieve el valor de lo íntimo individual: “Yo pienso, luego existo”. De esto dedujo toda su filosofía. Esta fue la base de su filosofia: estudiar el “yo” cosa positiva. No hay filosofía espiritualista seria, si no se parte del dato inmediato del “yo”, positivo, que es al mismo tiempo sentimiento, ideal, libertad. La filosofía espiritualista y positiva, junto con el reconocimiento del “yo”, reconoce el poder de la voluntad creadora. No hay más que estimular la voluntad creadora para poderlo todo. Los hombres de 1806 y de 1807 que rechazaron las invasiones inglesas, son ejemplos de la importancia heroica de la voluntad creadora. La comunidad no tiene ni “yo” ni voluntad. Es el individuo quien lo transforma, regenera, corrompe, sumerge todo. La conquista española fue la voluntad omnipotente del conquistador. Otro dato del pensamiento contemporáneo, espiritualista, individualista, es el anhelo de ideal, el ansia de ideal. En estos días me ha impresionado la lectura de un discurso de un diputado francés, de tendencia centrista y religiosa, quien acusó a León Blum, con sobrada razón, de timidez. Blum según el orador, no modificó el fondo de la sociedad capitalista en la cual el hombre se subordina a la producción y la sociedad capitalista en la cual el hombre se subordina a la especulación. Blum solo atendió a la superficie de las cosas. Nada hizo por el fondo. Y los aplausos estallaron en la izquierda, en la derecha y en el centro cuando el diputado acusador terminó su oración. Lo lógico es que la especulación se subordine a la 226

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producción y la producción al hombre. He aquí la humanidad anhelosa de Ideal, del triunfo de la dignidad del espíritu. El hombre no es para la materia ni para la economía. Por consiguiente, si queremos que este hombre se exprese, asegurémosle todas las condiciones políticas y económicas, éticas y jurídicas, que le permitan ser, afirmarse, enriquecer la vida. Creo que toda concepción filosófica, o política, que no reconozca esto, está condenada al fracaso. Es menester de que el territorio geográfico en que viven las naciones se organice en forma tal que permita la expresión del yo espiritual y estético, de la voluntad libre y creadora. El ejemplo de Rusia es elocuente. Al leer su constitución uno no puede menos de quedar asombrado ante la generosidad de los principios. Sin embargo, el hombre vive allí sistemáticamente o en avasallamiento o en sobresalto. El malestar será menos cuando dejemos que el hombre desarrolle su voluntad, sometiéndola al ideal que a cada cual atrae. El tiempo actual es de disciplina. El hombre actual quiere vivir tranquilo y vivir trabajando, dispuesto a aceptar las disciplinas racionales. Volvamos un poco a las ideas de Platón: regeneremos al hombre con la educación. Pero como siempre habrá incendiarios y anormales, es menester organizar sistemas de procedimiento penal, rápidos y eficaces que garanticen la disciplina y el orden. El orden no ha de ser el desorden inmovilizado, sino la armonía de la justicia y de los legítimos equilibrios humanos. Que el mundo se ennoblezca por la acción ética de individuos realmente libres, dentro del marco de la disciplina racional y atraídos por el ideal, tal el afán político que late en la profundidad de la conciencia humana. Y, creo haber demostrado que la política no es ciencia autónoma ni principalmente de observación y experiencia. La política es un capítulo de la filosofía y esta da un sentido a los resultados de la experiencia y la observación.

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Constitución de la República del Ecuador (2008)1 PREÁMBULO NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, APELANDO a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, COMO HEREDEROS de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, Y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, Decidimos construir Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades; Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana —sueño de Bolívar y Alfaro—, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra; y, En ejercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí, nos damos la presente: TÍTULO I ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO CAPÍTULO PRIMERO Principios fundamentales Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. 229

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Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Art. 2.- La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la ley, son los símbolos de la Patria. El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso. Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo. Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión. La capital del Ecuador es Quito. El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártida. Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. CAPÍTULO SEGUNDO Ciudadanas y ciudadanos Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. 230

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La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad. TÍTULO II DERECHOS CAPÍTULO SEGUNDO Derechos del buen vivir SECCIÓN PRIMERA Agua y alimentación Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suﬁcientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. SECCIÓN SEGUNDA Ambiente sano Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modiﬁcados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 231

SECCIÓN TERCERA Comunicación e información Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: 1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, veriﬁcada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas.No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley.En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con ﬁnes informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, así como el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación. SECCIÓN CUARTA Cultura y ciencia Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia o no a una o varias comunidades culturales y aexpresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley con sujeción a los principios constitucionales. Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. SECCIÓN QUINTA Educación Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y al cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 233

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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensines. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. Art. 29.- El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender a su propia legua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. SECCIÓN SEXTA Hábitat y vivienda Art. 30.- Toda persona tiene derecho a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. SECCIÓN SÉPTIMA Salud Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eﬁciencia, eﬁcacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.

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SECCIÓN OCTAVA Trabajo y seguridad social Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eﬁciencia, subsidiaridad, suﬁciencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo. C APÍTULO CUARTO Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible. Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural. 3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación. 4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos. 5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. 6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. 7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se 235

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encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley. 8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. 10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas. 13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto. 14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas. 15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización. 16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado. 17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos. 18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales. 236

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19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen. 20. La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley. 21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres. Art. 58.- Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. Art. 59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las políticas y estrategias para su progreso y sus formas de administración asociativa, a partir del conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la ley. Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su conformación. Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial. CAPÍTULO QUINTO Derechos de participación Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 1. Elegir y ser elegidos. 2. Participar en los asuntos de interés público. 3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 4. Ser consultados. 5. Fiscalizar los actos del poder público. 6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular. 7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional.

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Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten. Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable. Art. 62.- Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad con las siguientes disposiciones: 1. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. 2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad. Art. 63.- Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tienen derecho a elegir a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, representantes nacionales y de la circunscripción del exterior; y podrán ser elegidos para cualquier cargo. Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al voto siempre que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años. Art. 64.- El goce de los derechos políticos se suspenderá, además de los casos que determine la ley, por las razones siguientes: 1. Interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta. 2. Sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista. Art. 65.- El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas a las elecciones pluripersonales se respetará su participación alternada y secuencial. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados. CAPÍTULO NOVENO Responsabilidades Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. 2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. 3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 238

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7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17.

Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de bienes y servicios. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley. Ejercer la profesión u oﬁcio con sujeción a la ética. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes públicos. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos establecidos por la ley. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente.

TÍTULO IV PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER CAPÍTULO PRIMERO Participación en democracia SECCIÓN PRIMERA Principios de la participación Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planiﬁcación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.

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SECCIÓN SEGUNDA Organización colectiva Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de Gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas. Art. 97.- Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y solución de conﬂictos, en los casos que permita la ley; actuar por delegación de la autoridad competente, con asunción de la debida responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados; formular propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir. Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de participación social. Art. 98.- Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Art. 99.- La acción ciudadana se ejercerá en forma individual o en representación de la colectividad, cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de su afectación; será presentada ante autoridad competente de acuerdo con la ley. El ejercicio de esta acción no impedirá las demás acciones garantizadas en la Constitución y la ley. SECCIÓN TERCERA Participación en los diferentes niveles de Gobierno Art. 100.- En todos los niveles de Gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de Gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: 1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. 2. Mejorar la calidad de la inversión pública y deﬁnir agendas de desarrollo. 3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social. 5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.

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Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía. Art. 101.- Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados serán públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará una representante o un representante ciudadano en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en su debate y en la toma de decisiones. Art. 102.- Las ecuatorianas y ecuatorianos, incluidos aquellos domiciliados en el exterior, en forma individual o colectiva, podrán presentar sus propuestas y proyectos a todos los niveles de Gobierno, a través de los mecanismos previstos en la Constitución y la ley. SECCIÓN CUARTA Democracia directa Art. 103.- La iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano con competencia normativa. Deberá contar con el respaldo de un número no inferior al cero punto veinte y cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente. Quienes propongan la iniciativa popular participarán, mediante representantes, en el debate del proyecto en el órgano correspondiente, que tendrá un plazo de ciento ochenta días para tratar la propuesta; si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia. Cuando se trate de un proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la República podrá enmendar el proyecto pero no vetarlo totalmente. Para la presentación de propuestas de reforma constitucional se requerirá el respaldo de un número no inferior al uno por ciento de las personas inscritas en el registro electoral. En el caso de que la Función Legislativa no trate la propuesta en el plazo de un año, los proponentes podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular, sin necesidad de presentar el ocho por ciento de respaldo de los inscritos en el registro electoral. Mientras se tramite una propuesta ciudadana de reforma constitucional no podrá presentarse otra. Art. 104.- El organismo electoral correspondiente convocará a consulta popular por disposición de la Presidenta o Presidente de la República, de la máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados o de la iniciativa ciudadana. La Presidenta o Presidente de la República dispondrá al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular sobre los asuntos que estime convenientes. Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las tres cuartas partes de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción. La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto. Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de personas inscritas en el registro electoral; cuando 241

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sea de carácter local el respaldo será de un número no inferior al diez por ciento del correspondiente registro electoral. Cuando la consulta sea solicitada por ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, para asuntos de su interés y relacionados con el Estado ecuatoriano, requerirá el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la circunscripción especial. Las consultas populares que soliciten los gobiernos autónomos descentralizados o la ciudadanía no podrán referirse a asuntos relativos a tributos o a la organización político administrativa del país, salvo lo dispuesto en la Constitución. En todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. Art. 105.- Las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular. La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada. Durante el periodo de gestión de una autoridad podrá realizarse solo un proceso de revocatoria del mandato. La solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al diez por ciento de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para el caso de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá el respaldo de un número no inferior al quince por ciento de inscritos en el registro electoral. Art. 106.- El Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca la decisión de la Presidenta o Presidente de la República o de los gobiernos autónomos descentralizados, o acepte la solicitud presentada por la ciudadanía, convocará en el plazo de quince días a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, que deberá efectuarse en los siguientes sesenta días. Para la aprobación de un asunto propuesto a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, se requerirá la mayoría absoluta de los votos válidos, salvo la revocatoria de la Presidenta o Presidente de la República en cuyo caso se requerirá la mayoría absoluta de los sufragantes. El pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. En el caso de revocatoria del mandato la autoridad cuestionada será cesada de su cargo y será reemplazada por quien corresponda de acuerdo con la Constitución. Art. 107.- Los gastos que demande la realización de los procesos electorales que se convoquen por disposición de los gobiernos autónomos descentralizados se imputarán al presupuesto del correspondiente nivel de Gobierno; los que se convoquen por disposición de la Presidenta o Presidente de la República o por solicitud de la ciudadanía se imputarán al Presupuesto General del Estado.

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SECCIÓN QUINTA Organizaciones políticas Art. 108.- Los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias. Su organización, estructura y funcionamiento serán democráticos y garantizarán la alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus directivas. Seleccionarán a sus directivas y candidaturas mediante procesos electorales internos o elecciones primarias. Art. 109.- Los partidos políticos serán de carácter nacional, se regirán por sus principios y estatutos, propondrán un programa de Gobierno y mantendrán el registro de sus afiliados. Los movimientos políticos podrán corresponder a cualquier nivel de Gobierno o a la circunscripción del exterior. La ley establecerá los requisitos y condiciones de organización, permanencia y accionar democrático de los movimientos políticos, así como los incentivos para que conformen alianzas. Los partidos políticos deberán presentar su declaración de principios ideológicos, programa de Gobierno que establezca las acciones básicas que se proponen realizar, estatuto, símbolos, siglas, emblemas, distintivos, nómina de la directiva. Los partidos deberán contar con una organización nacional, que comprenderá al menos al cincuenta por ciento de las provincias del país, dos de las cuales deberán corresponder a las tres de mayor población. El registro de afiliados no podrá ser menor al uno punto cinco por ciento del registro electoral utilizado en el último proceso electoral. Los movimientos políticos deberán presentar una declaración de principios, programa de Gobierno, símbolos, siglas, emblemas, distintivos y registro de adherentes o simpatizantes, en número no inferior al uno punto cinco por ciento del registro electoral utilizado en el último proceso electoral. Art. 110.- Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes, y en la medida en que cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control. El movimiento político que en dos elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos el cinco por ciento de votos válidos a nivel nacional, adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las mismas obligaciones que los partidos políticos. Art. 111.- Se reconoce el derecho de los partidos y movimientos políticos registrados en el Consejo Nacional Electoral a la oposición política en todos los niveles de Gobierno. SECCIÓN SEXTA Representación política Art. 112.- Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes, simpatizantes o personas no afiliadas como candidatas de elección popular. Los movimientos políticos requerirán el respaldo de personas inscritas en el registro electoral 243

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de la correspondiente jurisdicción en un número no inferior al uno punto cinco por ciento. Al solicitar la inscripción quienes postulen su candidatura presentarán su programa de Gobierno o sus propuestas. Art. 113.- No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular: 1. Quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado, como personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales. 2. Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado. 3. Quienes adeuden pensiones alimenticias. 4. Las juezas y jueces de la Función Judicial, del Tribunal Contencioso Electoral, y los miembros de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, salvo que hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha señalada para la elección. 5. Los miembros del servicio exterior que cumplan funciones fuera del país no podrán ser candidatas ni candidatos en representación de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, salvo que hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha señalada para la elección. 6. Las servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y remoción, y los de periodo ﬁjo, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de su candidatura. Las demás servidoras o servidores públicos y los docentes, podrán candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones, y de ser elegidos, mientras ejerzan sus funciones. El ejercicio del cargo de quienes sean elegidos para integrar las juntas parroquiales no será incompatible con el desempeño de sus funciones como servidoras o servidores públicos, o docentes. 7. Quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto. 8. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo. Art. 114.- Las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan. Art. 115.- El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. Los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias. Se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental, en todos los niveles de Gobierno, para la campaña electoral. La ley establecerá sanciones para quienes incumplan estas disposiciones y determinará el límite y los mecanismos de control de la propaganda y el gasto electoral.

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Art. 116.- Para las elecciones pluripersonales, la ley establecerá un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres; y determinará las circunscripciones electorales dentro y fuera del país. Art. 117.- Se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones. En caso de que la declaratoria de inconstitucionalidad de una disposición afecte el normal desarrollo del proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral propondrá a la Función Legislativa un proyecto de ley para que ésta lo considere en un plazo no mayor de treinta días; de no tratarlo, entrará en vigencia por el ministerio de la ley. (CAPÍTULO TERECERO Función Ejecutiva) SECCIÓN SEGUNDA Consejos Nacionales de Igualdad Art. 156.- Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus ﬁnes se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de Gobierno. Art. 157.- Los consejos nacionales de igualdad se integrarán de forma paritaria, por representantes de la sociedad civil y del Estado, y estarán presididos por quien represente a la Función Ejecutiva. La estructura, funcionamiento y forma de integración de sus miembros se regulará de acuerdo con los principios de alternabilidad, participación democrática, inclusión y pluralismo. (CAPÍTULO CUARTO Función Judicial y justicia indígena) SECCIÓN SEGUNDA Justicia indígena Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conﬂictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de cons245

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titucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. CAPÍTULO QUINTO Función de Transparencia y Control Social SECCIÓN PRIMERA Naturaleza y funciones Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer ﬁscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación. La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción. La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, ﬁnanciera, presupuestaria y organizativa. SECCIÓN SEGUNDA Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Art. 207.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones. El Consejo se integrará por siete consejeras o consejeros principales y siete suplentes. Los miembros principales elegirán de entre ellos a la Presidenta o Presidente, quien será su representante legal, por un tiempo que se extenderá a la mitad de su período. La selección de las consejeras y los consejeros se realizará de entre los postulantes que propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía. El proceso de selección será organizado por el Consejo Nacional Electoral, que conducirá el concurso público de oposición y méritos correspondiente, con postulación, veeduría y derecho, a impugnación ciudadana de acuerdo con la ley. Art. 208.- Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley: 1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. 246

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Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social. 3. Instar a las demás entidades de la Función para que actúen de forma obligatoria sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo. 4. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción. 5. Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan. 6. Actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones. Cuando en sentencia se determine que en la comisión del delito existió apropiación indebida de recursos, la autoridad competente procederá al decomiso de los bienes del patrimonio personal del sentenciado. 7. Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción. 8. Solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos. Las personas e instituciones colaborarán con el Consejo y quienes se nieguen a hacerlo serán sancionados de acuerdo con la ley. 9. Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales. 10. Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por la Presidenta o Presidente de la República, luego del proceso de impugnación y veeduría ciudadana correspondiente. 11. Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar el proceso de selección correspondiente. 12. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección correspondiente. Art. 209.- Para cumplir sus funciones de designación el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social organizará comisiones ciudadanas de selección, que serán las encargadas de llevar a cabo, en los casos que corresponda, el concurso público de oposición y méritos con postulación, veeduría y derecho a impugnación ciudadana. Las comisiones ciudadanas de selección se integrarán por una delegada o delegado por cada Función del Estado e igual número de representantes por las organizaciones sociales y la ciudadanía, escogidos en sorteo público de entre quienes se postulen y cumplan con los requisitos que determinen el Consejo y la ley. Las candidatas y candidatos serán sometidos a escrutinio público

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CAPÍTULO SEXTO Función Electoral Art. 217.- La Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. La Función Electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos tendrán sede en Quito, jurisdicción nacional, autonomías administrativa, financiera y organizativa, y personalidad jurídica propia. Se regirán por principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad. TÍTULO VI RÉGIMEN DE DESARROLLO CAPÍTULO PRIMERO Principios generales Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución. 2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. 3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión del poder público. 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.

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Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial. 6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado. 7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural. Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento. 4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos. 5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley. 6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles. 2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental. CAPÍTULO SEGUNDO Planificación participativa para el desarrollo Art. 279.- El sistema nacional descentralizado de planificación participativa organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un Consejo Nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles de Gobierno, con participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará. Este consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por la Presidenta o Presidente de la República. Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos por sus máximos representantes e integrados de acuerdo con la ley. Los consejos ciudadanos serán instancias de deliberación y generación de lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán el desarrollo nacional.

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La utopía republicana

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. CAPÍTULO QUINTO Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. CAPÍTULO SEXTO Trabajo y producción SECCIÓN PRIMERA Formas de organización de la producción y su gestión Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional. Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social.

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SECCIÓN SEGUNDA Tipos de propiedad Art. 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental. S ECCIÓN TERCERA Formas de trabajo y su retribución Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley. SECCIÓN CUARTA Democratización de los factores de producción Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para lo cual le corresponderá: 1. Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a ellos. 2. Desarrollar políticas especíﬁcas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras, en el acceso a los factores de producción. 3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías orientados a los procesos de producción. 4. Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética, generar empleo y valor agregado. 5. Promover los servicios ﬁnancieros públicos y la democratización del crédito. Tomado del REGISTRO OFICIAL 449, 20 de octubre de 2008

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Este libro se termin贸 de imprimir en septiembre de 2011 en la imprenta V&M Gr谩ficas. Quito, Ecuador