Niños y niñas en la construcción de la Paz by Fundación PLAN

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

Presidente Ejecutiva Gabriela Bucher Balcázar Vicepresidente de Innovación y Conocimiento Eliana Restrepo Chebair Directora de Implementación Programática María Alejandra Montoya García Directora de Talento Humano Claudia Vásquez Durán Gerente Área Comunicaciones y Mercadeo Paola Enamorado Sánchez Gerente Área Financiera y Administrativa Claudia Patricia López Pérez Gerencia Área Gestión del Riesgo George Morales Silva Gerente de Proyectos Gabriela Luna Ávila Asesora Técnica Nacional Fanny Uribe Idárraga Coordinadora Área Comunicaciones Sandra Patricia Peña Rodríguez Profesional Especializada en Comunicación para la Educación Carolina Sitter Cortés Fotografía: Héctor Fabio Zamora Pabón Periódico El Tiempo Corrección de estilo Marcelo Rivas Quintero Diseño, diagramación e impresión Taller Creativo de Aleida Sánchez B. Ltda. www.tallercreativoaleida.com.co Bibiana Alturo Mendoza Zamara Zambrano Sánchez Íconos originales Freepik www.flaticon.com ISBN: 978-958-58805-6-6 Primera edición 500 ejemplares Septiembre de 2015 Bogotá, Colombia Editorial Fundación Plan

Reconocimientos y Agradecimientos Autoras Principales: Gabriela Luna Ávila – Gerente de Proyectos. Fanny Uribe Idárraga – Asesora Técnica Nacional. Revisión Técnica: Eliana Restrepo Chebair – Vicepresidente de Innovación y Conocimiento. Revisión y Aportes Equipos Técnicos de las Oficinas de Equipos técnicos de las oficinas de Plan en Bogotá y Cauca Valle del Cauca.

o d i n Conte 6 8 13

Este texto recoge los planteamientos contenidos en la “Propuesta de Lineamientos para el trabajo de la Fundación Plan en el contexto de Post-acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en Colombia”, y las memorias del taller de “Construcción de Convivencia y Aportes al Marco de la Paz en Colombia”, realizado en Bogotá los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2014. Participantes en el Taller Fundación Plan: Gabriela Bucher - Eliana Restrepo - Claudia Vásquez - María Alejandra Montoya - Amparo Arana - Fanny Uribe - Gabriela Luna - Nancy Bohórquez - Juan Pablo Garzón - Engels Cortés - Mariángela Villamil - Giulia Torricini - Rafael Cano - Maribel Riaño. Fundación Plan Unidades Programáticas: Martha Espinosa - James Martínez - Mario Vallejo. Plan International: Plan Suecia: Pia Stavas Meier - Anna Marie Haglund Heelas Elisabeth Kring.

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Plan International: Plan Ginebra: Anne-Sophie Lois. Invitados externos: Claudia Mejía - Sisma Mujer. Monseñor Héctor Fabio Henao - Secretariado Nacional de Pastoral Social. Marco Romero - Consultoría para los Desplazados y los Derechos Humanos (CODHES). Gabriel Arias Hernández - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Andrés Moya - Universidad de los Andes.

Presentación Introducción Niñez y conflicto armado en Colombia Contexto de país

Poblaciones indígenas y afrodescendientes

Población desplazada por el conflicto armado y el empobrecimiento

Situación de la infancia

Antecedentes del trabajo de Fundación Plan en atención a víctimas del conflicto armado y la construcción de paz Referentes conceptuales Contexto de los Diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para lograr un “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera” Las niñas y los niños en la construcción de la paz: el trabajo de Fundación Plan Principios para el trabajo con niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado en el marco de los Post-acuerdos 56 Programas para el trabajo con niñas, niños y adolescentes en el marco de los Post-acuerdos

Estrategias de trabajo en el marco de los Post-acuerdos

Bibliografía

Anexos 85

1. Antecedentes de los Procesos de Acuerdos de Paz en Colombia

2. Situación de las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado

128

Poblaciones indígenas y afrodescendientes

Niñas y niños reclutados por grupos armados

Niñez afectada por las minas antipersonales

Niñas y niños en situación de desplazamiento afectados por los desastres naturales (situaciones de emergencia) 93

96 114

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Bibliografía Consultada General

128

Páginas Web

132

Tabla 1 Acciones de Fundación Plan para la construcción de una Paz Territorial, Estable y Duradera Tabla 2 Acciones Desarrolladas por Fundación Plan

75 126

Ilustración 1 Contexto del país en el conflicto armado

Ilustración 2 Niñas y niños en el conflicto armado

Niñas y niños afectados por situaciones de refugio

Ilustración 3 Impacto psicosocial del conflicto armado

Violencia urbana y niñez

Violencia contra las mujeres

Ilustración 4 Línea de tiempo sobre el Marco Estratégico de Fundación Plan

Ilustración 5 Principios

Ilustración 6 Programas

Ilustración 7 Estrategias

3. Definición de términos para la comprensión del actual Proceso de Paz

4. Marco Legal Internacional, Regional y Nacional General a nivel internacional.

114

A nivel regional

118

A nivel particular - Principios Rectores del Desplazamiento

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A nivel nacional

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Otra normatividad

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5. Resumen de las principales acciones desarrolladas por Fundación Plan

n ó i c a t n Prese En este momento se cumplen tres años de diálogos de paz, que no sólo han implicado a los actores armados, sino que se han extendido a toda la nación, generando un diálogo que nos implica a todos y cada uno, invitando a la reflexión sobre la verdad, la confianza, el perdón, la reconciliación, la reparación y un intenso debate sobre la justicia. El reto fundamental es hacer efectivos estos conceptos en los territorios en los cuales se ha vivido el conflicto armado. Como sociedad nos encontramos frente a una gran oportunidad que puede concretarse con la esperada firma de un “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera”. La posibilidad de encontrarnos muy pronto en un escenario de postacuerdos, nos plantea retos como sociedad más allá de las obligaciones de las partes. Los avances interpelan el quehacer del Estado y exigen la participación activa de toda la ciudadanía para contribuir a la paz como derecho y deber. Es una oportunidad de pasar la página de la violencia y fundar una nueva sociedad más incluyente y justa.

Este cambio será real cuando podamos decir que en Colombia se generan oportunidades y se fortalecen las capacidades para que las comunidades en toda su diversidad contribuyan a la construcción de un nuevo país que resuelva sus conflictos a través del diálogo. Es por ello que la Fundación Plan considera vital compartir su experiencia de trabajo con las comunidades más vulnerables, particularmente con las niñas, los niños, adolescentes víctimas del conflicto armado y sus familias. En este contexto, hemos adelantado un proceso de reflexión a partir de los aprendizajes de los diferentes programas desarrollados por Fundación Plan y sus aliados a lo largo de 53 años de presencia en el territorio. En esta coyuntura, presentamos estas reflexiones con el fin de aportar al proceso, teniendo como eje central a la niñez y juventud.

Si queremos que la paz sea sostenible, será vital que consideremos e incluyamos a la niñez y juventud del país, quienes con su capacidad y entusiasmo como agentes de cambio, son los llamados a contribuir a las transformaciones profundas que necesitamos. Gabriela Bucher Balcázar Presidente Ejecutiva Fundación Plan.

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n ó i c c u Introd Colombia tiene uno de los conflictos armados más antiguos en el mundo, como consecuencia, entre otras, de las desigualdades, inequidades y la pobreza en la sociedad. Pese a que se han buscado salidas negociadas al conflicto, éstas no han logrado consolidarse por diversos factores. Dicha situación, junto con la cultura del narcotráfico1, ha generado que históricamente en la construcción de las relaciones sociales se naturalice la violencia y la indiferencia como mecanismo para afrontar los desencuentros de la vida diaria; exista una desconfianza permanente en el otro, la otra y lo que nos rodea; y que la desesperanza sea creciente frente al presente y lo que está por venir. Esto se acentúa en las poblaciones históricamente más discriminadas y excluidas: las y los niños, afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad funcional, sensorial y/o cognitiva, las mujeres y las personas con orientaciones sexuales diversas. Lo anterior como resultado del desconocimiento de sus derechos individuales, colectivos y/o prevalentes, por las condiciones de pobreza y pocas oportunidades de desarrollo y, finalmente, el contexto social y cultural. En el ámbito del conflicto armado2, las niñas y niños son víctimas de múltiples hechos victimizantes: el desplazamiento y reclutamiento

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Mucho se ha investigado y escrito sobre el tema, en el que un amplio sector de la sociedad colombiana cambió las costumbres culturales y con ellas la imposición de nuevas formas de comportamiento moral, no sólo en lo relativo al poco valor que cobró la vida, sino también el nuevo valor que surgió como sinónimo de felicidad, estatus y fin de la existencia: el dinero conseguido rápido y “fácil”, sin importar los medios para lograrlo. Ver anexo Situación de la Niñez Auto 251/2008.

forzado, la exposición a minas antipersonales, la violencia sexual, los crímenes individuales contra su integridad, la incorporación a los comercios ilícitos, y acciones delictivas de control social por parte de los grupos armados no estatales. Con ello se pone en riesgo su vida y supervivencia, y se están interrumpiendo sus procesos de educación y desarrollo3. Adicionalmente, las niñas y niños tienen afectaciones psicosociales, sufren hambre, desnutrición y desprotección, no cuentan con opciones de recreación ni participación. A esto se suman situaciones que afectan a sus familias y cuidadores: desintegración, desestructuración, debilitamiento de los lazos familiares, deterioro de sus capacidades y competencias de cuidado, protección y provisión. También, particularmente las niñas están más expuestas a situaciones de abuso y explotación sexual, al trabajo doméstico y al abandono escolar, en la medida en que terminan asumiendo el cuidado de los hermanos. Por ello, niñas, niños y adolescentes son las víctimas más indefensas y vulnerables del conflicto armado, especialmente en la población desplazada, lo que conlleva a que sufran pérdidas irreparables de etapas fundamentales en el proceso de crecimiento. Por ejemplo, en la construcción de vínculos sociales y afectivos, el desarrollo de sus capacidades, habilidades y potencialidades, el desarrollo de las bases para la comunicación, entre otros. Así mismo, usualmente las mujeres adoptan roles no tradicionales como consecuencia de los cambios y transformaciones durante los conflictos armados: quienes pierden a sus compañeros y deben asumir solas las prácticas de crianza,

La Resolución 1612 de 2005 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas caracteriza las siguientes imfracciones a la niñez en el marco de los conflictos armados: i) reclutamiento y utilización; ii) violencia sexual; iii) asesinato, mutilación y lesión; iv) ataques, ocupación de escuelas, hospitales, bienes civiles y amenazas a docentes.

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cuidado y sustento de sus hijas e hijos, por nombrar un caso paradigmático. De igual forma, en la guerra las mujeres y las niñas son las más afectadas por la violencia basada en los géneros, especialmente la violencia sexual utilizada como arma de guerra; la diseminación del VIH - SIDA, la ausencia de libertad de movimiento. Todas estas, “situaciones que dan cuenta de los problemas estructurales de discriminación que afectan a las mujeres y que se agravan por el conflicto armado”4. Además, este conflicto ha impuesto costos económicos y sociales enormes al país y su población, por lo cual cabe no sólo preguntarse cuánto cuesta resolverlo, sino también cuánto cuesta no hacerlo. En contextos de violencia y guerra se incrementan los niveles de aversión al riesgo, generando que la gente no quiera invertir, lo cual trae consecuencias en el aumento de los niveles de pobreza. Al respecto, un estudio de la Universidad de los Andes (CEDE) concluye: “El conflicto afecta la producción económica con la salida de firmas manufactureras del mercado, la caída en la inversión y la producción agrícola y el aumento del riesgo - país que reduce la inversión extranjera. Deteriora el capital humano de los colombianos a través de repercusiones sobre la salud, causada por la aspersión aérea con glifosato, y en cuanto a la salud mental, causada por el desplazamiento forzoso y la violencia a las que se ven expuestos los ciudadanos (…) El dividendo de alcanzar la paz sería una inmensa fuente de progreso y desarrollo económico. Con conflicto armado, el PIB departamental se duplica cada 18,5 años y sin conflicto armado, se duplicaría en 8,5 años Colombia ganaría una década de crecimiento”5. El estudio también manifiesta que un país en paz tendrá mayor desarrollo rural y oportunidades económicas. Será un territorio en el cual se respeten más los derechos humanos y en donde el incremento en el ritmo de desarrollo económico permitirá que muchos colombianos que por décadas han permanecido aislados puedan acceder y ser partícipes de un mayor bienestar social. Es así como, en este nuevo intento de cese del conflicto armado en el que el país se encuentra, liderado por el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, se hace pertinente insistir en alternativas que permitan fortalecer las relaciones y vínculos sociales y contribuir con más ahínco para que se logre el goce efectivo de los derechos humanos y la construcción de culturas de paz. En este caso, particularmente con las niñas, los niños, los adolescentes, jóvenes, mujeres y otros grupos excluidos, inmersos en contextos de conflicto armado.

construcción de la paz es una tarea que requiere de la responsabilidad del Estado, de la participación activa y solidaria de la sociedad y del compromiso de todas y todos como ciudadanos, se está en condiciones de comprender las necesidades sociales y las potencialidades regionales particulares en la etapa Post-acuerdo. Esta fase brinda la oportunidad de promover la participación activa de la mujer6 y los esfuerzos de reconstrucción de la sociedad civil, la reorganización de la Policía y las Fuerzas Armadas, la promoción de los derechos humanos, el acceso y control sobre los recursos (por ejemplo temas de tierra para las cabezas femeninas de un hogar) y la organización de comisiones de la verdad y de reconciliación7.

Para Fundación Plan esta coyuntura histórica genera retos, como contribuir a: ~~

Fortalecer las capacidades de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, familias y comunidades (especialmente aquellas víctimas del conflicto armado), y generar oportunidades para que incidan en el desarrollo de alternativas para la reconciliación8 y la generación de una paz estable y duradera.

Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos. En especial la protección integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil al exigir el cumplimiento de sus derechos y el establecimiento de mecanismos de cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Menguar las afectaciones e impacto del conflicto armado en la población, especialmente en las niñas y niños víctimas.

Aumentar la confianza, el sentido de pertenencia y la identidad con los entornos familiares, escolares, comunitarios, institucionales y sociales.

Fortalecer el trabajo de inclusión social, especialmente de las niñas, las mujeres9 y las personas con orientación sexual diversa, para eliminar progresivamente la discriminación, las violencias, el empobrecimiento y la falta de participación.

Una vez que se entiende el impacto político, económico, social y cultural que tienen las guerras sobre las niñas, los niños, las mujeres y hombres, y se comprende que la

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Intervención de Claudia Mejía – SISMA Mujer – Taller “Lineamientos de trabajo de Fundación Plan en el marco de los Postacuerdos” Diciembre 2014. Estudio “Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia. ¿Cómo construir un posconflicto sostenible? Septiembre de 2014. Notas de Política N. 17, septiembre 2014. Universidad de los Andes.

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Ver Anexo Marco Conceptual. PARTICIPACIÓN, en el cual se describen algunas experiencias de participación de las mujeres en la construcción de paz. Enfoques de género en situaciones de conflicto y post conflicto PNUD, s.f. Es necesario tener en cuenta que los procesos de perdón y reconciliación son optativos de las víctimas hacia sus victimarios y que en nombre de estos es necesario evitar revictimizarlos. Buena parte de la discriminación sobre la mujer ha sido posible por el ejercicio de las diferentes formas de violencia que utilizan los hombres contra ellas, lo que favorece que la estructura patriarcal desarrolle unas relaciones de dominación entre los géneros que son apoyadas muy bien por el militarismo y la guerra, como si se apoyaran y se necesitaran mutuamente. Cockburn, Cynthia (2007). From Where we stand: war, women´s activism and feminist analysis. Londres. Citada por Ivonne Wilches.

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Somos conscientes que con la firma de los Acuerdos de Paz no se resuelven en el corto plazo problemáticas que han estado presentes a lo largo de décadas de conflicto armado10, como son: la pobreza y la exclusión, las violencias, el narcotráfico, las fragmentaciones comunitarias y sociales ocasionadas por el control social, territorial y político por parte de los grupos armados no estatales, las estigmatizaciones a los defensores de derechos humanos, la delincuencia común, entre otros. Estas situaciones plantean retos humanitarios diferenciales en cuanto al impacto en la sociedad civil y la dificultad de hacer distinciones convencionales entre conflicto armado y violencia criminal. Por ello, la respuesta a todos estos retos implicará, sin lugar a dudas, un fortalecimiento de las capacidades de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, familias (especialmente aquellas víctimas del conflicto armado), comunidades, organizaciones de la sociedad civil y del Estado en todos sus órdenes (gubernamental, judicial, legislativo) y de los organismos de control. También, de una recomposición de las relaciones sociales que implique cambios culturales que aporten a procesos de cohesión social, recuperación de la confianza y credibilidad en la institucionalidad; lo que aunado a procesos de desarrollo económico contribuirá a la convivencia pacífica y la justicia social. En ese sentido, Fundación Plan ha venido trabajando en procesos relacionados con la construcción de paz11 y ahora se hace necesario alinearlos en el marco de la Justicia Transicional, visibilizando el rol activo que pueden desempeñar las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en esta construcción. Por ello, se considera pertinente plantear estas reflexiones, pues permiten orientar el quehacer en los diferentes programas que se adelantan en el marco del Plan Estratégico de País, desarrollado desde el enfoque de Desarrollo Comunitario Centrado en la Niñez, basado en derechos. Independientemente de lograrse la firma de los Acuerdos de Paz, estas orientaciones continúan siendo importantes por cuanto contribuyen a los esfuerzos que se realizan desde la sociedad civil y la cooperación internacional para la consecución de ésta12. Partimos de la base de que la paz es una apuesta necesaria en la vida cotidiana y que involucra aspectos relacionados con la historia, la cultura, el lenguaje, las experiencias, símbolos, ceremonias, sistemas, acciones, valores, e intereses compartidos de las comunidades.

Niñez

y conflicto armado en Colombia

Es de anotar que este Acuerdo sólo involucra a un actor armado, siendo necesario desarrollar procesos de cese al fuego y construcción de paz con otros de estos. Ver “Antecedentes del trabajo de Plan con poblaciones víctimas del conflicto armado interno”. Es importante tomar en cuenta que la situación coyuntural (conversaciones para poner fin al conflicto armado) no implica dejar de ver el contexto en general. Aunque se firmen Acuerdos entre el Estado y las FARC-EP u otros grupos, aun existirán niñas y niños sufriendo las desigualdades y con ello viviendo un estado “conflictivo”. Por ello, ésta es una oportunidad para fortalecer o ampliar la presencia a zonas marginales donde realmente las condiciones de vida mantienen esquemas de violencia.

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Contexto de país De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia tiene una población de 48.3 millones de habitantes y el 35.70% de ésta corresponde a personas de 0 a 18 años de edad (17.2 millones). La población femenina es mayoritaria, con 24.4 millones de mujeres (50.62%), frente a los 23.7 millones hombres (49.37%). Además, para el año 2014, el porcentaje de personas clasificadas como pobres con respecto al total de la población nacional alcanzó el 28.5%. Esto indica que la incidencia de la pobreza a nivel nacional disminuyó 2.1% respecto al 2013. Así mismo, el porcentaje de personas clasificadas en pobreza extrema con respecto a la población total nacional fue del 8.1%. Siguiendo esto, según el DANE, en el trimestre enero-marzo de 2015 el desempleo de las mujeres fue de 13.1% y el de los hombres de 7.4%. Mientras tanto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestra que los índices de pobreza de hombres y mujeres son muy similares. En Colombia, en 2013 el 31.3% de las personas por debajo de la línea de pobreza son mujeres, y cuando se mira al interior de los hogares se descubren formas específicas de pobreza femenina por discriminación de género en el mercado laboral y ocupación en trabajos no remunerados. Según la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), 1.971.645 de niñas, niños y adolescentes colombianos viven en condición de pobreza extrema13. Por su parte, la medición del Índice de la Pobreza Multidimensional (IPM)14 en el año 2014 arroja que el 21.9% de la población en Colombia es pobre. En las cabeceras municipales el porcentaje de personas en pobreza es de 15.4% y en el resto del país de 44.1%. Es decir que en el resto la pobreza es 2.9 veces mayor que en las cabeceras. Además, el porcentaje de pobreza por IPM en las regiones para 2014 fue: Región Pacífica (sin incluir al Valle del Cauca), 34.6%; Región Atlántica, 34.6%; Región Central, 28.1%; Antioquia,19.5%; Región Oriental, 18.0%; Valle del Cauca, 15.7%; y Bogotá, 5.4%.

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Informe Complementario al IV y V Informes Periódicos de la República de Colombia al Comité de Derechos del Niño. Alianza por la Niñez. Informe ejecutivo. Junio de 2014. El IPM es un índice desarrollado por Alkire y Foster (2011) en la Universidad de Oxford y fue adaptado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para el caso colombiano. El IPM incluye cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar; condiciones de la niñez y la juventud; salud; trabajo; acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda, las cuales son evaluadas a través de quince indicadores.

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Esta situación podría agravarse dado que el actual modelo de desarrollo en Colombia basa buena parte de su plan en la extracción de recursos naturales. Los megaproyectos a nivel minero y energético se concentran en particular en los territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes. Según el Informe de la Contraloría sobre Minería de 2013, hay cifras de un sindicato minero energético que dice “que el 80% de las violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) se presentan en municipios petroleros-mineros; el 87% del desplazamiento sale de estos municipios, 89% contra indígenas y 90% contra afrodescendientes se comenten en áreas minero-energéticas”15. A continuación se evidencian datos particulares de la población desplazada víctima del conflicto armado, en particular niñas y niños, una de las poblaciones priorizadas por Fundación Plan16.

Poblaciones indígenas y afrodescendientes

Los pueblos indígenas y afrodescendientes se encuentran en su mayoría en situaciones de pobreza y exclusión, siendo las poblaciones más vulneradas en el ejercicio de sus derechos. Dadas las características identificadas en estos pueblos, las situaciones de vulnerabilidad son crecientes, especialmente para quienes viven en zonas rurales, ya que la ubicación de sus asentamientos los ha vinculado con situaciones de conflicto armado. La pobreza limita la satisfacción de necesidades básicas, afectando con mayor fuerza a la población infantil perteneciente a las comunidades afrocolombianas e indígenas. Es ahí donde niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de reclutamiento forzado en sus territorios17. En el año 2014, 7.895 personas pertenecientes a diferentes grupos étnicos han sido desplazadas, de las cuales el 95.36% son indígenas18. Esto afecta de forma más específica a dichas poblaciones, pues muchos llegan a las ciudades desconociendo el idioma y el ritmo laboral; las niñas, niños e incluso los adultos no saben leer ni escribir19. Igualmente, debido a la violencia sexual y la violencia de género contra las niñas y mujeres indígenas, existen temores a la hora de salir de sus resguardos y realizar actividades fuera de él.

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Informe Complementario (2014). Para información sobre otro tipo de afectaciones, ver Anexo 2. Informe presentado al Comité de los Derechos del Niño por la Alianza por la Niñez. 1 de marzo de 2014. En http://rni.unidadvictimas.gov.co Consultado a 1 de julio de 2015. En http://www.agenciapandi.org/ninos-y-ninas-con-la-vida-desplazada/

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Por otro lado, en el país, 4.311.757 personas se auto-reconocieron como afrocolombianos, raizales y palenqueros; es decir, el 10.4% de la población total20. Así, las personas afrocolombianas conforman el segundo grupo étnico-cultural más numeroso en Colombia y la segunda población afrocolombiana más grande de América Latina, después de Brasil. En este orden, se tiene que el promedio nacional de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es del 27%, en la población indígena del 57%, y el de la población afrocolombiana llega al 66 %. La Corte Constitucional de Colombia, en su Auto 004 de 2009, destaca que: “El conflicto armado colombiano amenaza con el exterminio cultural o físico a numerosos pueblos indígenas del país”. Así mismo, el Auto 005 de 2009 resalta tres factores transversales que contribuyen a que la población afrodescendiente sea una de las más afectadas por el fenómeno del desplazamiento forzado: (i) una exclusión estructural que la coloca en situación de mayor marginación y vulnerabilidad; (ii) la existencia de procesos mineros y agrícolas en ciertas regiones que imponen fuertes tensiones sobre sus territorios ancestrales y que ha favorecido su despojo; (iii) la deficiente protección jurídica e institucional de los territorios colectivos, lo cual ha estimulado la presencia de actores armados que amenazan a la población para abandonar sus territorios.

Población desplazada por el conflicto armado y el empobrecimiento

La Comisión de Seguimiento de la Política Pública de Desplazamiento Forzado estimaba a 2011 la existencia de 5 millones de personas en situación de desplazamiento. Con relación a su situación afirmó que los niveles de pobreza pasaron del 50% al 97%, y los de indigencia del 23% al 80%, una vez ocurrido este hecho. Se tiene que sólo el 5% habita una vivienda y el 13% tiene ingresos superiores al salario mínimo legal; el 50% han reportado hambre física; y el 75% son menores de 25 años. En este sentido, algunos investigadores21 dan cuenta de que la población desplazada es más pesimista con relación a la capacidad de salir de la pobreza, lo cual restringe la posibilidad de tener una meta y un futuro mejor, generando una mayor desesperanza.

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Esto en referencia a la cifra total de población para el año del censo 2005. Intervención de Andrés Moya, investigador de la Universidad de Los Andes Taller “Lineamientos de trabajo de Fundación Plan en el marco de los Post-acuerdos” Diciembre 2014.

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Según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), el 84.11% del total de víctimas del conflicto armado corresponde a personas desplazadas22. De acuerdo al Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la UARIV, el registro oficial de víctimas entre 1996 y 2015 es de 7.558.854, de los cuales el 31.1% han sido menores de edad. La población desplazada en 2014 y lo que va corrido de 2015 es de 178.881 (84.853 mujeres y 83.565 hombres, 162 personas LGTBI y no informan 1.301). Así, Colombia ocupa el tercer lugar con población desplazada en el mundo, luego de Siria y Somalia. Entre el 2010 y 2013 los principales responsables de este desplazamiento fueron: en un 0.6% las fuerzas armadas gubernamentales; en 1.76% más de un actor armado; en 1.83% los paramilitares; en 12.16% las bandas criminales; en 33.70% los grupos guerrilleros; y en 50.49% actores no identificados. Los departamentos más afectados por este fenómeno son Caquetá, Chocó, Putumayo, Guaviare y Cauca23. Además, en un estudio realizado por Profamilia y la United States Agency for International Development (USAID), en 2011, en el que se entrevistaron 2.072 mujeres entre los 13 y 49 años de edad, se encontró que el 37% habían sido víctimas del desplazamiento por el conflicto armado, y las más afectadas eran las mujeres de la zona Central y la Costa Caribe. En la muestra estudiada cuatro de cada cinco mujeres habían vivido en más de un sitio en los últimos cinco años; tres de cada cinco provienen de zonas rurales y el 27% de ellas se abstiene de denunciar el desplazamiento24.

Situación de la infancia De acuerdo con cifras recientes de la UARIV sobre el reporte de hechos victimizantes por edad25, se tiene que 2.299.302 de niños (1.116.925 niñas y 1.182.377 niños) se registraron como víctimas del conflicto armado hasta el 2015. Los principales hechos victimizantes son en su orden: desplazamiento, amenaza, homicidio, actos terroristas y desaparición forzada. Así mismo, sólo entre 2010 y 2015 un total de 578.523 niñas y niños fueron víctimas directas del conflicto armado26.

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En http://rni.unidadvictimas.gov.co/ Base de datos consultada a corte 1 de julio 2015. En http://www.salahumanitaria.co/es/visuals/infograma-situaci%C3%B3n-humanitaria-en-colombia-primer-semestre-2014. Impacto del conflicto armado en el estado psicosocial de niños, niñas y adolescentes. OIM, UNICEF, Ministerio de Educación, ICBF. 2014. Procesos Digitales. P. 39. RNI - Red Nacional de Información. Fecha de corte: 01/05/2015 12:00:00 A.M. En http://rni.unidadvictimas.gov.co/ Consultado el 1 de junio del 2015. En http://www.salahumanitaria.co/es/visuals/infograma-situaci%C3%B3n-humanitaria-en-colombia-primer-semestre-2014.

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Niñas y niños desplazados por el conflicto armado Un total de 2.184.334 de niños (1.061.418 niñas y 1.122.916 niños) han sido desplazados en Colombia. Sólo entre enero y mayo de 2015, 1.374 niñas y niños han sido desplazados de su hogar por cuenta del conflicto armado. El 33.55% se encuentra entre los 0 y 6 años de edad, mientras que el 41.76% entre los 7 y 12. Los departamentos que registran mayor nivel de desplazamiento de niñas, niños y adolescentes son el Valle del Cauca, Antioquia, Cauca y Chocó27. Al respecto, en el Auto 251 de 2008 la Alta Corte señala que: (i) Los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento son las víctimas más débiles y vulnerables de la población desplazada. (ii) La política pública sobre desplazamiento forzado carece de un enfoque integral y de atención diferencial a los niños, niñas y adolescentes. (iii) Los niños y las niñas han sido invisibles a la respuesta del Estado. También menciona los riesgos específicos para las niñas, niños y adolescentes que son causa y consecuencia del desplazamiento: reclutamiento forzado, minas antipersonales, violencia sexual, crímenes individuales contra su integridad, incorporación a los comercios ilícitos y acciones delictivas de control social por parte de los grupos armados no estatales. Además, identifica ámbitos críticos para tener en cuenta en la atención: la etapa de emergencia, primera infancia, adolescencia, género, etnia y discapacidad; describe las afectaciones comunes: salud, educación, atención psicosocial, hambre y desnutrición, recreación, participación y desprotección física. Por último, los problemas que afectan a las familias y cuidadores de niñas, niños y adolescentes desplazados: desintegración, debilitamiento de los lazos familiares, deterioro de sus capacidades y competencias de cuidado, protección y provisión. En consecuencia, el desplazamiento afecta gravemente a las niñas, niños y adolescentes, pone en riesgo su vida y supervivencia, interrumpe procesos de educación y desarrollo, no se les tiene en cuenta ni se les consulta su opinión, quedan huérfanos o separados de sus familias.

Informe presentado al Comité de los Derechos del Niño por la Alianza por la Niñez. 1 de marzo de 2014.

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

Niñas y niños reclutados por grupos armados La vinculación de niñas y niños a los grupos armados ha sido una problemática constante en las zonas rurales, la periferia de las grandes ciudades y en las ciudades intermedias donde escasean las oportunidades de estudio y trabajo, situación que aprovechan estos grupos28. En el periodo 2010 a 2014 se registraron 614 niños víctimas del reclutamiento por parte de diferentes grupos armados29. Sin embargo, para 2008 el Ministerio de Defensa estimaba que el número de niños pertenecientes a grupos armados no estatales estaba en cerca de 8.000, pero dicha cifra podía ser entre 11.000 y 14.000 según fuentes no gubernamentales. Finalmente, se tiene que son múltiples las formas de esta vinculación a los grupos armados, no solamente como soldados sino también en el espionaje, el cobro de extorsiones, su participación en la producción de cocaína, como escudos humanos y, en el caso de las niñas, son explotadas sexualmente. El mayor riesgo de reclutamiento se encuentra entre los 12 y los 15 años de edad, y se presenta principalmente entre niñas y niños que cursan el quinto grado de básica primaria30. Es de anotar, que en el último Informe Defensorial sobre reclutamiento de niñas y niños31 se mencionan circunstancias específicas de riesgo o violencia contra niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados estatales (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) como por ejemplo las jornadas cívico militares; la instalación de guarniciones, centros de operaciones militares o estaciones de policía, contiguas a instituciones educativas, recreativas y/o culturales; violencia sexual y homicidio; y detenciones arbitrarias.

Violencia sexual de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado En el documento “El Rol del Clúster de Protección en un escenario de Post-acuerdo entre los grupos guerrilleros partes del conflicto y el Gobierno colombiano” (2015), se menciona que solo entre enero y septiembre de 2013 se reportaron 11.333 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en el país. Respecto a vulneraciones invisibilizadas, el mismo documento señala la explotación sexual por parte de los grupos armados en zonas urbanas y enclaves mineros, el enamoramiento

29 30

Aunque aparentemente algunos hayan ingresado de forma “voluntaria”, la Sentencia de Constitucionalidad C-240 de 2009 ha señalado que dicha voluntad se encuentra “viciada” ya que han sido las circunstancias individuales, familiares, sociales y económicas específicas, las que propiciaron su vinculación al grupo o estructura armada. Por ello no hay reclutamiento y uso voluntarios y se sobreentienden ilícitos y forzados. Informe Defensorial. Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Análisis de la política pública con enfoque étnico. Defensoría del Pueblo, Bogotá, marzo de 2014. RNI - Red Nacional de Información (2015). En http://rni.unidadvictimas.gov.co/ Consultado el 1 de junio del 2015. Clúster de Protección - Colombia: “El Rol del Clúster de Protección en un escenario de post-acuerdo entre los grupos guerrilleros partes del conflicto y el gobierno colombiano” 2015. Informe Defensorial. Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Análisis de la política pública con enfoque étnico. Defensoría del Pueblo, Bogotá, marzo de 2014.

de niñas para su utilización, la violencia sexual contra los hijos de líderes comunitarios, violencia sexual por parte de los miembros de la familia vinculados a grupos armados y la violencia contra personas de los sectores LGBTI32. Sobre este fenómeno, según el estudio exploratorio “Impacto del conflicto armado en el estado psicosocial de niños, niñas y adolescentes”, realizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 2013, con una muestra de 210 niños y adolescentes (entre 14 y 19 años) víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, las vulneraciones predominantes fueron la exposición de genitales (31.4%), obligar a tocar a adultos (26.2%), haber sido tocados por adultos (12.5%) y acceso carnal violento (23.4%). Todos ellos con una frecuencia de entre uno y dos eventos, los cuales ocurren antes del ingreso al grupo armado y durante su permanencia en él33. Así mismo, el estudio muestra que el 83% de las niñas son violadas.

Impacto psicosocial del conflicto armado Según el mismo estudio, quienes han estado expuestos directamente al conflicto armado o han sufrido algún hecho victimizante tienen un riesgo de depresión del 63.2%, ya que muestran una limitada capacidad de sentir alegría por la vida y de experimentar felicidad. También, un 68.3% presenta alteraciones de pensamiento, retraimiento (65.4%), ansiedad y depresión (64.9%). De igual manera, las niñas, niños y adolescentes transforman la manera en la que interpretan el medio que los rodea, incluyendo las actuaciones de las personas que hacen parte de su contexto, sus procesos de juicio moral desplazan su responsabilidad, hay una distorsión de las secuencias de los hechos y con frecuencia una atribución de culpa34. Las niñas y niños presentan afectaciones psicológicas producidas por el estrés tóxico saturando el eje HPA35, lo que compromete la capacidad de responder a demandas ambientales, y afectando la corteza prefrontal del cerebro, la cual regula todas las habilidades emocionales y cognitivas. Esto es más grave entre los niños de 0 a 5 años, quienes presentan dificultad en su control emocional, afectación de su visión y audición, distorsión en la capacidad del lenguaje, entre otros, generando un desarrollo inadecuado. Estas situaciones “afectan muchas destrezas como la empatía y la socialización. Lo anterior tiene explicaciones neurológicas: con presiones demasiado intensas, se pierden la elasticidad y siempre estamos en modo de batalla, y potencialmente violentas para el resto de la vida”36. En conclusión, todo esto se convierte en una semilla para la transmisión intergeneracional de la pobreza37. 34 35 32 33

36 37

Fundación Plan

Clúster de Protección – Colombia (2015). Impacto del conflicto (2014). P. 41. Impacto del conflicto (2014). P. 97-99. Las interacciones entre el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales constituyen el eje HPA, una parte importante del sistema neuroendocrino que controla las reacciones al estrés y regula muchos procesos corporales, incluyendo la digestión, el sistema inmunológico, el estado de ánimo y las emociones, la sexualidad y el almacenamiento y el gasto energético. Intervención Andrés Moya (2014). Intervención Andrés Moya (2014).

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

Contexto del país en el conflicto armado 48.2 millones de personas de las que el 35.7% Colombia tiene una población de

Niñas y niños en el conflicto armado Entre 1985 y 2014 fueron

31% Víctimas del

vinculados al conflicto armado

conflicto armado son niñas y niños

8.593 niñas y niños y adolescentes

están entre los 0 y los 18 años de edad.

8.1% 7.671.492

0 y 6 años de edad

Niñas y niños en situación de desplazamiento

Homicidio Atentados

Tipos de violencia sexual en el marco del conflicto

Homicidios

Violencia sexual

Eventos anteriores a 1985

tienen entre

2.184.334

Hechos victimizantes Desplazamiento Amenaza

314.233

en situación de desplazamiento

reclutadas son violadas

de la población se encuentra en pobreza extrema

Víctimas registradas por eventos sucedidos después de 1985

33.55% de los niños, niñas

83% de las niñas

30 25 20

84.1%

De las víctimas están en situación de desplazamiento

13%

De las personas tiene ingresos superiores al salario mínimo

66%

Promedio NBI en la población afrocolombiana

95.36%

De las personas en situación de desplazamiento son indígenas

24 14

5 0

Referencias:

Departamento Nacional de Estadística, DANE.

Informe Complementario al IV y V Informes Periódicos de la República de Colombia al Comité de Derechos del Niño. Alianza por la Niñez. Informe ejecutivo. Junio de 2014.

Clúster de Protección-Colombia: “El Rol del Clúster de Protección en un escenario de post-acuerdo entre los grupos guerrilleros partes del conflicto y el gobierno colombiano”, 2015.

Exposición de genitales

Tocamiento a adultos

RNI-Red Nacional de Información. Fecha de corte: 01/05/2015 12:00:00 a.m. Consultado el 1 de junio del 2015: http://rni. unidadvictimas.gov.co/

Haber sido tocados por adultos

Violación

RNI-Red Nacional de Información. Fecha de corte: 01/05/2015 12:00:00 a.m. Consultado el 2 de junio del 2015: http://rni. unidadvictimas.gov.co/ Fundación Plan

Otros

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

Impacto psicosocial del conflicto armado Los niñas y niños expuestos a hechos victimizantes tienen un riesgo de depresión del

63.2%

64.9% con mayor riesgo de sufrir ansiedad

65.5% retraimiento y baja capacidad de socialización

68.3% con riesgo de presentar alteraciones de pensamiento

Referencias: -

Impacto del conflicto armado en el estado psicosocial de niños, niñas y adolescentes. OIM, UNICEF, Ministerio de Educación, ICBF. 2014. P. 41.

Base de datos consultada a corte 01 julio 2015. http://rni.unidadvictimas.gov.co/

http://www.agenciapandi.org/ninos-y-ninas-con-la-vida-desplazada/ http://salahumanitaria.co/es/visuals/infograma-situaci%C3%B3n-humanitaria-en-colombia-primer-semestre-2014

Fundación Plan

s e t n e d Antece del trabajo de Fundación Plan en atención a víctimas del conflicto armado y la construcción de paz

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

Fundación Plan inició su trabajo con población víctima del desplazamiento forzado en el año

2003, con el programa: “Atención Integral a la Niñez en Situación de Desplazamiento”. Esto con el interés de contribuir al fortalecimiento y consolidación de la organización de las comunidades afectadas por el desplazamiento, para mejorar las condiciones de la niñez y las familias desplazadas y receptoras de atención, en tres áreas estratégicas: seguridad alimentaria, normalización psicosocial y generación de ingresos. Posteriormente, en el Plan Estratégico: “El Plan de los niños, las niñas y adolescentes colombianos (2007 - 2012), se diseñó un programa exclusivo para trabajar con hogares ubicados en asentamientos de población en situación de desplazamiento que hubieran superado la etapa de emergencia y se encontraran en período de transición hacia la estabilización socioeconómica. Igualmente a través de tres áreas estratégicas: desarrollo humano, construcción del tejido social productivo y fortalecimiento del tejido social comunitario e institucional, bajo un enfoque de restitución de derechos. Así mismo, en el marco del desarrollo del Plan Estratégico 2007 - 2012 y el de 2012 - 2017: “Derechos y Oportunidades para Niñas, Niños y Jóvenes en Colombia a través de la Innovación Social” se desarrollaron otras acciones que se resumen a continuación:

Incidencia en Política Pública:

complementarios a las acciones descritas anteriormente, se adelantaron procesos de incidencia en políticas públicas, planes, programas y presupuestos, de manera participativa y en asocio con otras organizaciones de la sociedad civil. Esto con el propósito de avanzar en la promoción, garantía, cumplimiento y restablecimiento de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias víctimas del desplazamiento forzado: enfatizando estrategias de investigación38 y comunicación.

Es así como se elaboró un Plan de Incidencia a nivel nacional para “Posicionar y hacer visible el impacto psicosocial particular y la vulneración de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en situación de desplazamiento, procurando fortalecer entornos sociales, políticos e institucionales dispuestos a promover y garantizar el goce efectivo de los derechos de esta población”39. En desarrollo del mismo se ejecutaron acciones tanto a nivel local como nacional.

Fundación Plan

En asocio con la academia y/o entidades expertas en desplazamiento forzado se elaboraron diferentes estudios e informes encaminados a visibilizar la situación de goce efectivo de derechos de las niñas y niños y su involucramiento en las políticas públicas en diferentes regiones del país, muy especialmente en las zonas donde opera Fundación Plan. Posicionar y hacer visible el impacto psicosocial particular y la vulneración de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en situación de desplazamiento, procurando fortalecer entornos sociales, políticos e institucionales dispuestos a promover y garantizar el goce efectivo de los derechos de esta población. Fundación Plan, 2007.

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

El trabajo con el poder judicial:

La Corte Constitucional: desde el espacio de la Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento de la Política Pública de Desplazamiento Forzado, iniciativa de sociedad civil de carácter autónomo que vela por los derechos de la población desplazada y realiza el seguimiento a las sentencias y autos expedidos por la Corte en materia de cumplimiento de derechos con la población desplazada, Fundación Plan ha contribuido a posicionar dentro los temas diferenciales, el de las niñas, niños y adolescentes. Para esto ha remitido a la Corte Constitucional diversos estudios y análisis40. En este contexto y dado el interés de los Magistrados de la Corte por los temas diferenciales, en el año 2007, Fundación Plan contribuyó en la preparación de la Audiencia Técnica en la cual participaron niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las ciudades de Bogotá, Sincelejo, Cartagena, Tumaco y Quibdó (existe un video que registra la audiencia). Igualmente entregó a la Corte un listado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de desplazamiento forzado, habitantes en las zonas de influencia de Fundación Plan y a quienes no se les había restituido sus derechos, sobre el cual la Corte ordenó al Gobierno su atención inmediata en un plazo de 15 días (Auto 251 de 2008). Una vez promulgado este Auto, se procedió a su socialización a través de talleres en las zonas de intervención, con servidoras y servidores públicos, para su conocimiento y cumplimiento. De igual manera con niñas y niños para propiciar su participación y monitoreo desde lenguajes artísticos, especialmente la música. Con este fin se elaboró la herramienta pedagógica: “Voces de un mundo posible e incluyente” - Guía para conversar sobre el Auto 251 con los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento interno por el conflicto armado. En este mismo proceso se presentó la Batería de Indicadores de goce efectivo de derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de desplazamiento forzado, elaborada en asocio con la Universidad Nacional de Colombia –Observatorio de la Infancia– y entregada a la Corte Constitucional, quien la remitió al Gobierno Nacional para ser tenida en cuenta. Se llevaron a cabo talleres regionales de socialización de los indicadores con 550 representantes de organizaciones de desplazados, ONG de cooperación internacional, con 160 servidoras y servidores públicos, y con 300 agentes de Pastoral Social. También se publicó una cartilla dirigida especialmente a personal de instituciones educativas: “Creciendo en Derechos –Las Políticas Públicas para la Niñez Desplazada”.

La Corte Constitucional cita los informes de Fundación Plan en la promulgación de diferentes Autos, entre ellos el 251 (Protección de los Derechos Fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado). También el Auto 045 (psicosocial, en la cual solicitó concepto a Fundación Plan). Además el Auto 092 (Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado).

Fundación Plan

Igualmente, en 2008 Fundación Plan es socia fundadora del Instituto de Estudios Humanitarios41, iniciativa que busca cerrar la brecha entre la investigación y la práctica en el campo humanitario, mejorando la asistencia humanitaria a través de la colaboración entre la Academia, las ONG y la Organización de Naciones Unidas (ONU). En la misma línea de privilegiar el trabajo en alianzas y asocios, vale la pena mencionar el apoyo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en su convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), relacionado con el Sistema de Protección a través del fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las instituciones desde una mirada diferencial; y el apoyo en la elaboración de los Lineamientos de Política Pública para la atención diferencial de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de desplazamiento forzado. Desde el espacio de sociedad civil y como integrantes de la Alianza por la Niñez Colombiana desde 2005, es de resaltar la más reciente participación (2013 - 2015) en la elaboración del Reporte Periódico Universal (UPR) en favor de los derechos de niñas y niños colombianos 2013; el Diagnóstico de la Normatividad y Políticas Públicas sobre el tema de Gestión del Riesgo de Desastres, Niñez y Desplazamiento forzado, abordando la doble afectación que tienen las niñas y los niños desplazados cuando son víctimas de eventos de desastres naturales; el Informe Complementario de País al IV y V Informe del Gobierno de Colombia al Comité de los Derechos del Niño, incluyendo temas y recomendaciones relativos a la situación de las niñas y niños afectados por el conflicto armado (el cual fue sustentado ante el Comité en Ginebra, comisión de la que hizo parte la Fundación Plan). Como complemento a esta gestión de incidencia, y por invitación de la Alianza por la Niñez, tuvimos la visita a Colombia de dos integrantes del Comité de los Derechos del Niño, quienes en abril de 2015, en diferentes eventos con niñas, niños y adolescentes, sociedad civil, Gobierno, agencias de Naciones Unidas, medios de comunicación, órganos de control y poder legislativo, socializaron las recomendaciones presentadas al Estado colombiano, en las que fueron incluidas las sugeridas por la Alianza. Así mismo, los temas de niñez y conflicto armado hicieron parte de la incidencia tanto en la elaboración del Plan de Desarrollo 2014 - 2017 como en las propuestas a candidatas y candidatos a la Presidencia, Gobernaciones y Alcaldías.

Visibilización: en cuanto al proceso de visibilización del impacto desproporcionado en niñas y niños del conflicto armado, y con el ánimo de recuperar la memoria del mismo, se adelantaron acciones de elaboración de cuentos de niñas y niños en situación de desplazamiento en Cartagena, Tumaco, Sincelejo y Quibdó. Fruto de ello está la publicación del libro: “Cuenta que te Cuenta, Oye que te Oye, Mira que te Mira” (2008).

En http://www.colombiassh.org

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

Atención Psicosocial:

desde el 2008 se desarrolló una estrategia de atención psicosocial para víctimas de trauma por el conflicto armado y desastres naturales. Con el propósito de contribuir a la superación del trauma y preparar a las víctimas del conflicto u otras situaciones de vulneración de derechos para enfrentarse al presente y proyectarse al futuro, se aportó a la consolidación de redes comunitarias y locales para el fortalecimiento de vínculos y la convivencia armónica de las familias en riesgo de violencia. Este proceso comenzó con las casas de Justicia de Cartagena, atendiendo víctimas de abuso sexual y maltrato; después se aplicó en el municipio de Suárez (Cauca), atendiendo a los sobrevivientes y a las familias de los mineros que murieron en el deslizamiento de la mina de oro. También se ha continuado durante varios años perfeccionando estas actividades: entre el 2010 y 2015, en convenios con el ICBF y otras organizaciones, se ha trabajado con casi 19.000 víctimas y familias afectadas y en alto nivel de vulnerabilidad. Otros avances y exploraciones desarrollados localmente se han orientado a procesos de atención psicosocial a niñas, niños, adolescentes desplazados por el conflicto armado y sus familias, basados en el movimiento del cuerpo, el arte (pintura, teatro, música) y el diálogo colectivo como mecanismos que contribuyen a mitigar los impactos emocionales en sus vidas: manejo del duelo, nuevos vínculos, reconstrucción de sus proyectos de vida, fortalecimiento del tejido social y de la organización comunitaria, y redes de apoyo. Así mismo se han fortalecido procesos de formación para la prevención de las violencias sexuales de niñas, niños y adolescentes en contextos de conflicto armado. Para ello se elaboró la “Guía para comprender la violencia sexual en niñas, niños y mujeres y desatar los poderes de la familia, la escuela y la comunidad” (2011), la cual se realizó en el proceso llevado a cabo en Chocó. Igualmente, desde el 2003, en el marco del programa “Como adolescente construyo vida, comunidad y país”, se fortaleció el trabajo desde enfoques de educación para la paz, comunicación para la paz y género. A través de proyectos como Jóvenes Constructores de Paz, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las Costas Pacífica y Caribe aprendieron a resolver de manera pacífica sus conflictos y a prevenir su vinculación en actos y hechos de violencia, facilitando que se conviertan en sujetos activos que aporten a la construcción de paz en el país. Otros proyectos en esta línea son Caja Mágica y Red Onda Joven, iniciativas de comunicación para la paz en las comunidades; y Camino del Amor, un programa de convivencia pacífica en las escuelas. Por otra parte, en el marco de la Estrategia para la Atención Integral a la Primera Infancia, “De Cero a Siempre” (dirigida a promover y garantizar el desarrollo de niñas y niños de 0 a 5 años de edad), se sensibilizó y fortaleció a las comunidades, maestros, servidoras y servidores públicos y familias frente a la primera infancia víctima de conflicto en los municipios de Jamundí, Cali, Buenos Aires y Puerto Tejada, con el fin de generar compromisos frente a los temas de paz y de Post-acuerdo. También se han promovido procesos de formación y

Fundación Plan

emprendimiento juvenil desde 2008, facilitando el acceso a una educación formal superior y apoyando iniciativas de emprendimiento, logrando que jóvenes desplazados y víctimas de otros hechos tengan mayores oportunidades de acceso a la independencia económica, mejoren sus condiciones de vida y oportunidades laborales, ocupando su tiempo libre y previniendo su vinculación a los grupos armados no estatales. En alianza con el Programa Mundial de Alimentos (desde 2013), Fundación Plan ha llevado a cabo acciones para la Atención en Seguridad Alimentaria a población víctima del conflicto armado y en situación de desplazamiento. Se viene realizando la entrega de alimentos y capacitaciones en albergues temporales y a familias en diversos municipios del país. Sumado a esto se ha impulsado la coordinación interinstitucional, especialmente con el sector salud, para garantizar su atención en salud, apoyo psicosocial y terapéutico. Además, desde el 2008 se han intensificado las acciones en procesos de fortalecimiento institucional en el nivel nacional y en todo el territorio, a través de formación de servidoras y servidores públicos, y la asistencia técnica al desarrollo de planes de mejoramiento institucional, desde un enfoque de derechos que mejoren la respuesta de atención. Como ejemplos, en Tumaco (Nariño), desde el 2010, se ha fortalecido más del 80% de servidoras y servidores públicos, para mejorar la respuesta de atención humanitaria, en especial la que se brinda a las niñas y niños víctimas del conflicto armado. Igualmente se desarrolló un proceso formativo con servidoras y servidores públicos de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) y del Centro Hospital Divino Niño; y en Cartagena en 2013 y 2014 se adelantaron diplomados relacionados con los temas de violencias sexuales. Se han realizado diversas campañas comunicativas con el fin de visibilizar, sensibilizar y crear mayor conciencia en la opinión pública sobre la problemática de la niñez víctima de la vulneración de sus derechos. Así mismo, la difusión de manera amplia de los derechos, las rutas de atención y las formas como pueden acceder a los servicios institucionales que ofrece el Estado para el restablecimiento de estos derechos. Una de estas campañas fue la llamada “La ruta es derecho” y la misma fue acogida y es presentada de manera permanente en el Centro Regional de Atención a Víctimas, ubicado en el municipio de Tumaco. Otra importante campaña fue la llamada “Hazme Visible” (2013), como iniciativa de Fundación Plan, la Registraduría Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ésta contó, para el caso del Norte del Cauca, con el apoyo del Comité Regional de Infancia y Adolescencia (CRIA), la Unidad de Víctimas y las administraciones municipales. Con la campaña se buscó garantizar el derecho a la identidad de la población, con énfasis especial en niñas y niños, y atender preferencialmente a diferentes grupos poblacionales en zonas de difícil acceso, población desplazada y víctima del conflicto armado. Las acciones de Registro Civil se han desarrollado en todas las zonas donde Fundación Plan tiene presencia.

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

A continuación se presenta una línea de tiempo, que en el marco de la implementación de los planes estratégicos de Fundación Plan, da cuenta del trabajo realizado a lo largo de los últimos años, conforme al desarrollo de los acontecimientos en el país en temas de conflicto armado y paz.

2003-2007

2003-2007 Trabajo Fundación Plan y socios

Contexto de país

Plan Estratégico Institucional 2003-2007

Trabajo Fundación Plan y socios

Contexto de país

Plan Estratégico Institucional 2003-2007 • 2004. Resolución 1539 de ONU condena

enérgicamente el reclutamiento y la utilización de niños soldados por las partes en conflictos armados, (…) actos de violencia sexual cometidos principalmente contra las niñas, (…) y todas las demás infracciones y abusos cometidos contra los niños afectados por conflictos armados.

• 2002 - 2010. Dos periodos presidenciales

de Álvaro Uribe Vélez Desarrollo de la política de seguridad.

• 2003. Inició el trabajo con población

víctima del desplazamiento forzado con énfasis en seguridad alimentaria, normalización psicosocial y generación de ingresos.

• 2003. Desarrollo de enfoques de

educación para la paz, comunicación para la paz y género con las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y las comunidades.

• 2003. 3.891.684 víctimas del conflicto armado registradas oficialmente (dato acumulado desde 1985).

• 2003. Proceso de desmovilización de

paramilitares de las AUC. Incremento del conflicto armado y el desplazamiento forzado. Se estiman 11.000 niñas y niños vinculados a diversos grupos armados.

• 2003. Implementación de las unidades móviles de atención humanitaria a población víctima del conflicto por el ICBF.

• 2004. La Corte Constitucional promulga la • 2005. Fundación Plan se integra a la

Alianza por la Niñez Colombiana, donde se promueve el surgimiento de la infancia y la adolescencia.

sentencia T-025 a favor de los derechos de la población desplazada.

• 2005. Resolución 1612 de ONU establece un

mecanismo de supervisión y presentación de informes en relación con los niños y los conflictos armados.

• 2005-2007 Conversaciones del gobierno de Alvaro Uribe con el ELN para la negociación y un acuerdo de paz.

• 2006. Aprobación de la Ley 1098: Código de la Infancia y la Adolescencia.

Fundación Plan

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

2007-2012 Trabajo Fundación Plan y socios

Contexto de país

Plan Estratégico Institucional 2007-2012 • 2007-2010.

Trabajo con población desplazada con énfasis en: desarrollo humano, construcción del tejido social productivo, y fortalecimiento del tejido social comunitario e institucional, bajo un enfoque de restitución de derechos.

2007. 5.735.798 víctimas del conflicto armado • 2007-2012. Trabajo de incidencia: Plan • registradas oficialmente (dato acumulado desde

•

de Incidencia de la Fundación Plan a nivel nacional para “Posicionar y hacer visible el impacto psicosocial y la vulneración de los derechos humanos de la niñez”. A partir 2007. Participación en la Comisión de Seguimiento de la Política Pública de Desplazamiento Forzado para la Incidencia ante la Corte Constitucional en materia de seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 y sus respectivos autos. Coordinación de la Mesa Transitoria de Sociedad Civil de seguimiento al Auto 251 (24 organizaciones).

• 2007. Participación de niñas y niños

víctimas de las zonas de intervención de Fundación Plan en la Audiencia Técnica con la Corte Constitucional.

• 2007-2008. Trabajo de investigación:

Impacto del desplazamiento en la niñez y la inclusión de este tema en las políticas públicas. Elaboración de la Batería de indicadores del goce efectivo de derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de desplazamiento forzado.

• 2008. Socios fundadores del Instituto de

1985).

• 2008. Resolución 1820 de ONU adopta

• • • •

medidas eficaces para prevenir los actos de violencia sexual como crimen de guerra, crimen de lesa humanidad o un acto constitutivo con respecto al genocidio, reconociendo el efecto que tiene la violencia sexual en los conflictos en el mantenimiento de la paz y la seguridad. Según Amnistía Internacional han muerto en Colombia 70.000 personas por el conflicto armado en los últimos 20 años. Amplia movilización social “Un millón de voces contra las FARC”. La Corte Constitucional emite el Auto 251 Protección de los Derechos Fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado (T-025 de 2004). Auto 292 para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres Desplazadas por el conflicto armado en el país (T-025 de 2004).

2007-2012 Trabajo Fundación Plan y socios

Contexto de país

Plan Estratégico Institucional 2007-2012 Apoyo a la ACNUR: “Lineamientos de Política Pública para la atención diferencial de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en situación de desplazamiento forzado”. Desarrollo de la estrategia de atención psicosocial para víctimas de trauma por el conflicto armado y desastres naturales. Recuperación de memoria con niñas y niños a través de la elaboración de cuentos. Programas de emprendimiento juvenil con jóvenes víctimas del desplazamiento.

• 2009. Resolución 1889 de ONU en •

• • 2009. Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica de garantes para la atención de población afectada por el conflicto armado.

•

• 2010-2015. Metodologías alternativas

•

de atención psicosocial basadas en el movimiento del cuerpo, el arte y el diálogo colectivo para mitigar los impactos emocionales.

• Al 2015. 19.000 víctimas atendidas por

trauma en el contexto del conflicto armado y las violencias sexuales e intrafamiliar.

• 2011. Procesos de formación para la

prevención de las violencias sexuales de niñas, niños y adolescentes en contextos de conflicto armado.

la que se exhorta a seguir fortaleciendo la participación de la mujer en los procesos de paz. Auto Nº 006 de 2009 Medidas de protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad afectadas por el desplazamiento forzado. (T-025 de 2004). Auto 004 del 26 de enero Protección de los derechos fundamentales de las personas y pueblos indígenas desplazados o en riesgo de desplazamiento. (T-025 de 2004). Auto 005 del 26 de enero Protección de los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas. (T-025 de 2004). Auto 007 del 26 de enero Medidas de coordinación interinstitucional (T-025 de 2004).

• 2010-2014. Primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos.

• 2011. Ley 1448

de Víctimas y Restitución de Tierras. Se crea la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Estudios Humanitarios.

Fundación Plan

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

2012-2017 Trabajo Fundación Plan y socios

Contexto de país

Plan Estratégico Institucional 2012-2017 • 2013. Acciones en seguridad alimentaria a población víctima del conflicto armado. Acciones comunicativas: Campaña: Hazme Visible para garantizar el registro de nacimiento a niñas, niños víctimas del conflicto armado y en zonas de difícil acceso.

• 2013-2014. Se inicia el trabajo con

garantes y titulares en temas de primera infancia víctima del conflicto armado.

• 2013-2015. Alianza por la Niñez

Colombiana: incidencia en: - Reporte Periódico Universal, IV y V Informe de Colombia al Comité de los Derechos del Niño.

• 2014. Elaboración estrategia “Niñas y niños, determinantes en la construcción de la paz territorial, estable y duradera”.

• 2014. Incidencia y participación en

reuniones técnicas con la UARIV para la elaboración del Protocolo de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes en la implementación de la Ley de Víctimas.

• 2015. Visita de dos relatores del Comité

de Derechos del Niño a Colombia para socializar las recomendaciones enviadas al gobierno de Colombia

• 2012. Inician diálogos de paz con las Fuerzas

Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FARC-EP en La Habana.

• 2013. Inician diálogos de conversación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

• 2014-2018. Segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos. Inicio del proceso de negociación del conflicto armado con las FARC-EP. Acto Legislativo Marco Jurídico para la Paz que estableció los instrumentos jurídicos de justicia transicional.

s e t n e r e Ref conceptuales

• 2014. Ley 1719 Acceso a la justicia de víctimas de violencia sexual, en especial la sucedida con ocasión del conflicto armado.

• 2015. 7.671.429 víctimas del conflicto armado registradas oficialmente (dato acumulado desde 1985).

• 2015. Encuentro de niñas y niños

Jugándole a la Paz para visibilizar la voz de niñas y niños en la construcción de los acuerdos de paz en La Habana.

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Dados los antecedentes y la experiencia del trabajo de Fundación Plan a nivel local y nacional, y el aprendizaje ganado con los diálogos interinstitucionales y las comunidades, asumimos los siguientes conceptos básicos claves para la comprensión y orientación de las acciones a implementar con las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias en el marco de un contexto de Post-acuerdos42. Para iniciar es importante aclarar que preferimos el término Post-acuerdos al de Postconflicto, por cuanto el conflicto es un rasgo inherente a la condición humana. Asumimos el conflicto43 como una construcción social, diferenciada de la violencia, que puede convertirse en un dinamizador fundante del cambio y la transformación de la sociedad, si cada ser humano antepone a cualquiera de sus manifestaciones de oposición, el respeto a la dignidad y el reconocimiento a la esencia humana del otro o la otra. Toda diferencia de pensamiento o desacuerdo abre una senda que puede ser recorrida, entre otras, por dos lógicas de pensamiento: la paz o la violencia. Dependiendo de los mecanismos que se empleen para recorrer esa senda se potencia y ejerce el poder como posibilidad de ser (paz) o como dominación y totalitarismo (violencia). Potenciar la resolución de los conflictos por la ruta de la paz coloca a todo ser humano en el reto de reconocer, transformar y superar sus propias ideas; de responsabilizarse por fortalecer los espacios de participación desde el disenso y el consenso; de criticar con argumentos y lucidez lo injusto; de inventar cada día una nueva razón para sentarse a dialogar con la diferencia, no obstante el miedo y la incertidumbre44. Asumimos también que la construcción de paz no inicia con los Post-acuerdos, ni termina luego de ellos. La construcción de paz en su concepto técnico se encuentra en disenso; sin embargo consideramos pertinente abordarlo como un proceso dinámico y continuo, en el que los individuos y la sociedad en su conjunto fortalecen su capacidad para generar un desarrollo social, cultural, económico y político sostenible, respetuoso de las diferencias y la diversidad. Es el conjunto de acciones (en el corto, medio y largo plazo) que permite a una sociedad prevenir, gestionar y resolver el conflicto –a través de sus propias capacidades -sin recurrir al uso de la violencia.

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Ver Marco Conceptual para la comprensión del actual proceso de negociación para la solución del conflicto (Anexo 3). Es de anotar que el trabajo específico de resolución de conflictos y culturas de paz se fortalece en la Fundación Plan a través de la implementación de proyectos como Jóvenes Constructores de Paz en 2003, el cual se extendió hasta 2010. Paz Joven. Cartilla 2. Potencial Resolución Pacífica de Conflictos. Jóvenes Constructores de Paz. Fundación Plan – CINDE – Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 2009.

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Es un camino para alcanzar la estabilidad estructural y su correspondiente nivel de Seguridad Humana45 y trabaja para eliminar las causas estructurales de los conflictos violentos, fortaleciendo a las sociedades y su convivencia pacífica46. En consecuencia, la paz no significa solamente la ausencia de guerra o de la violencia directa47. Además de la eliminación de éstas, es necesario que la paz incluya elementos que transformen las estructuras de la sociedad para convertirla en una más justa e inclusiva, y debe ir más allá, sustituyendo la cultura de violencia que se transmite en nuestras sociedades hacia la construcción de culturas de paz48. Éstas son entendidas como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados entre otros en: el respeto a la vida, el fin de la violencia, la promoción y práctica de la no violencia por medio de la educación y la comunicación para la paz, el diálogo y la cooperación. También sobre el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos, el respeto y fomento de la igualdad de derechos y oportunidades para niñas, niños, y personas adultas mujeres y hombres; el respeto y fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión, opinión e información; el respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. De allí la necesidad de fortalecer las acciones desde un enfoque basado en los derechos humanos, con el propósito de analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo49. Alineado a ello, se encuentra el trabajo de Fundación Plan a través del Desarrollo Comunitario Centrado en la Niñez. En el contexto de conflicto armado, tal como se ha evidenciado, las niñas, niños y adolescentes son las víctimas más indefensas y vulnerables, razón por la cual se hace prioritario centrar su atención en ellas y ellos. El Proceso de Paz necesariamente debe considerarlos como sujetos activos, y en consecuencia hacerlos partícipes de esa construcción en lo territorial.

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Concepto difundido a partir del Informe sobre Desarrollo Humano de 1994. PNUD. ‘Seguridad de las personas en sus vidas cotidianas, que se alcanza no mediante la defensa militar de las fronteras de un país, sino con la consecución del desarrollo humano, es decir, garantizando la capacidad de cada cual para ganarse la vida, satisfacer sus necesidades básicas, valerse por sí mismo y participar en la comunidad de forma libre y segura.’ En http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/204 Acorde con la definición propuesta por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. En http://iecah.org/web/ index.php?option=com_content&view=article&id=523&Itemid=25 Galtung determina tres tipos de violencia. La VIOLENCIA FÍSICA que se ejecuta contra el cuerpo humano, la VIOLENCIA ESTRUCTURAL, representada en la pobreza (privación de las necesidades básicas), la represión (privación de los derechos humanos) y la alienación (privación de las necesidades superiores), y la VIOLENCIA CULTURAL O SIMBÓLICA, representada en todas aquellas estructuras culturales que la legitiman tales como el machismo, la agresión a los recursos naturales y la tierra, la convicción del hombre como ser superior de la creación, la cultura armamentista, la xenofobia y el culto a la guerra, entre algunas de sus expresiones. 53/243. Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. 6 de octubre de 1999. ONU. En http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf

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Ésta tiene cuatro grandes pilares: sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (incluyendo la protección), elementos constitutivos o mecanismos de la llamada Justicia Transicional, que es un tránsito temporal de no confrontación que toma en cuenta la justicia.

La verdad es

el primer componente de los procesos de reconstrucción social luego de una guerra, una dictadura o un periodo de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. La búsqueda de la verdad es un ingrediente básico en los procesos de reconstrucción y Post-acuerdo. Ésta consiste en la investigación independiente de las violaciones de derechos humanos, el reconocimiento de las víctimas y la identificación de responsables. El derecho a la verdad es un derecho autónomo, estrechamente vinculado a la obligación y al deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos. Tiene una dimensión colectiva cuyo fin es preservar del olvido la memoria colectiva, y una dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el ámbito judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo50.

Es necesario que la verdad de cuenta dé las afectaciones diferenciales en el marco del conflicto armado en términos de desigualdad de género, etnia, ciclo vital y discapacidad, lo cual se logra si se prioriza el visibilizar las experiencias y afectaciones particulares de cada uno de estos grupos. Es así que para ayudar a las sociedades que han vivido graves situaciones de conflicto armado a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano, se han creado las Comisiones de la Verdad51. Éstas son organismos de investigación que buscan conocer las causas de la violencia, identificar a los elementos en conflicto, investigar los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes, aportando así a la reivindicación de la memoria de las víctimas, a la generación de una política de reparación del daño, e impedir que aquellos que participaron en las violaciones de los derechos humanos lo sigan haciendo.

La justicia es un elemento esencial para romper con un pasado de violencia y evitar que quienes han sido responsables de las violaciones puedan seguir controlando la situación. Si no hay una sanción judicial y moral sobre los crímenes del pasado, los antiguos líderes o represores pueden controlar la nueva situación. El derecho a la justicia implica el derecho inalienable a que no haya impunidad, y en consecuencia la responsabilidad del Estado de poner en marcha todo su aparato punitivo con el objeto de investigar, juzgar e imponer una sanción adecuada y proporcional a los autores y partícipes de los crímenes52.

Arias Hernández, Gabriel. Representación Judicial de las Victimas. Guía Institucional. Defensoría del Pueblo. Centro Internacional para la Justicia Transicional. Asdi. 2009. Las Comisiones De La Verdad en América Latina. Serie III. Impunidad y Verdad. Esteban Cuya. Nürnberger Menschenrechtszentrum. En http://www.derechos.org/koaga/iii/1/cuya.html. Consultado el 4 de junio de 2015. Arias (2009).

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Uno de los ámbitos más críticos en la justicia es la alta impunidad en materia de violencia sexual en contra de las mujeres adultas y niñas (98%), no sólo por la violación en sí sino por el tortuoso sistema condenatorio que duda profundamente de la palabra de las mujeres, aunado a que en el conflicto armado es muy difícil preservar la prueba. Entidades como SISMA Mujer han elaborado propuestas relativas a la necesidad de adecuar los protocolos de investigación y capacitar al personal en materia de delitos de violencia sexual cometidos contra las mujeres e igualmente elevarlos a la categoría de crimen de lesa humanidad53. Hay muchos actos que no se pueden reparar, porque nada puede reemplazar a las personas fallecidas o desaparecidas, ni borrar las experiencias vividas, el desarraigo o los años de sufrimiento, pero se deben establecer políticas que ayuden a las víctimas y sus familiares a enfrentar las consecuencias de esa violencia, apoyarlas en sus procesos y reconstruir las relaciones sociales. Por tanto, el derecho a la reparación es el conjunto de medidas y políticas orientadas a restituir los derechos y mejorar la situación de las víctimas, así como a promover reformas políticas que impidan la repetición de la violencia. Se dirige primero a las víctimas y sobrevivientes, pero también a las comunidades que han sido afectadas. Dado que la intención no es devolver a la víctima a su estado anterior sino mejorar las condiciones en que se encontraba, se habla de reparación transformadora, la cual debe considerar enfoques diferenciales por ciclo vital, etnia, discapacidad, género, y de orientaciones sexuales diversas. De manera particular, proveer condiciones dignas y de seguridad que ayuden a superar los obstáculos del acceso de las mujeres a la propiedad y las garantías para la inserción al mercado productivo. Por supuesto plantear mecanismos que garanticen el retorno no militarizado a los territorios por parte de las víctimas. De igual forma, considerar acciones en materia de atención psicosocial y la prevención de las violencias desde una perspectiva integral que incluya lo emocional, lo moral, lo físico y lo económico, para garantizar condiciones que permitan superar la exclusión, la pobreza y la discriminación54. Las medidas de reparación incluyen, entre otras, las garantías de no repetición, es decir medidas que aseguren que las víctimas no volverán a ser objeto de violaciones. Esto comprende reformas judiciales, institucionales y legales, cambios en los cuerpos de seguridad, promoción y respeto de los derechos humanos, lo cual contribuye a ganar confianza en las instituciones en el Estado.

Adicional a estos conceptos se encuentran los términos de perdón y reconciliación, que han empezado a generar un debate interesante debido a que son decisiones optativas y no es posible exigirlos a las víctimas, sopena de revictimizarlas55. En este sentido preferimos asumir el perdón como un proceso de sanación de sí mismo y la reconciliación como un proceso de sanación de la relación con el otro que dependerá del querer y sentir de cada quien. Esto debido a que aplicar el concepto de la reconciliación56 en sociedades y personas que han sufrido el impacto de la violencia es complejo, entre otras razones, porque la gente no puede reconciliarse con sus experiencias si éstas no son aceptadas y reconocidas como ciertas por los victimarios y la sociedad, con lo cual éstas se convierten en verdades colectivas. De allí la necesidad de avanzar con los procesos de verdad, justicia y reparación. También es importante tener en cuenta que en el marco de los diálogos se propone una lógica de inclusión e integración territorial basada en una nueva relación entre el Estado y las comunidades para construir conjuntamente la institucionalidad en el territorio. Esto es indispensable debido a que el conflicto ha afectado más a unos territorios que a otros, y porque el cambio no se logrará si no se articulan los esfuerzos y se moviliza a la población en esos territorios alrededor de la paz. En este sentido es vital tomar en consideración la perspectiva territorial, para comprender el territorio como escenario de relaciones sociales, un espacio que comparten todos los habitantes independientemente del uso que hacen del mismo y que trasciende la dimensión rural y urbana. Es importante para incorporar los vínculos, la dimensión subjetiva que entrama la cultura particular y las identidades de los colectivos afrocolombianos, raizales y palenqueros y las particularidades de los pueblos y comunidades indígenas. Así, el Acuerdo con las FARC-EP menciona el término de Paz Territorial, que hace referencia a la necesidad de que participen todos los ciudadanos y las comunidades en torno a su construcción, impactando positivamente los derechos de las víctimas y asegurando garantías para todos. Por último, y dado nuestro rol de corresponsables, es trascendental abordar el concepto de acción sin daño57, que parte de la premisa de que ninguna intervención externa realizada por diferentes actores humanitarios o de desarrollo –ya sean internacionales, nacionales, privados o públicos- está exenta de hacer daño a través de sus acciones. Por esto se busca posibilitar que las agencias tomen decisiones e impartan orientaciones adecuadas y que los trabajadores humanitarios y de desarrollo usen lo que han aprendido de forma tal que trabajen de manera más efectiva en situaciones complejas.

Intervención Claudia Mejía (2014). Intervención Claudia Mejía (2014).

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Ver Testimonio de Carmen Tulia Ortega, quien a sus 78 años pasa sus días en audiencias de Justicia y Paz exigiendo saber qué pasó con sus familiares. En http://www.elespectador.com/noticias/judicial/heroina-resistio-14-crimenes-articulo-52174 Verdad, Justicia y Reparación. Desafíos para la Democracia y la Convivencia Social. IIDH. Guía Didáctica 2006. El enfoque de la Acción sin daño. Acción sin daño y el enfoque de prácticas de paz. Universidad Nacional de Colombia y GTZ. Junio de 2008.

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De igual manera, se tiene la convicción que desde una posición consciente, responsable y alerta, tanto de las entidades oficiales como de la empresa privada y las ONG, es más factible apoyar procesos de construcción de paz y contribuir con diversas alternativas a rechazar la guerra. También es posible desarrollar habilidades para optimizar las capacidades locales, promover la autonomía y buscar que los recursos apoyen a las víctimas y no terminen contribuyendo a la continuidad del conflicto armado o a desarticular a las comunidades.

o t x e t n Co de los Diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para lograr un “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera”

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El proceso de diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC-EP para lograr un “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera” que se inició formalmente el 18 de Octubre de 2012, ha generado múltiples reacciones a nivel regional y nacional. Los avances interpelan el quehacer del Estado y exigen que la participación de la sociedad contribuya con la paz en su doble condición de derecho y de deber. La Mesa de Conversaciones58 se instaló en Oslo y su sede principal es en La Habana, Cuba. En las sesiones participan hasta 10 personas por delegación –Gobierno y FARCEP-, de los cuales hasta 5 son plenipotenciarios que llevan la vocería respectiva de cada delegación. Se reúnen en periodos que se denominan ‘ciclos de conversaciones’, cada uno con una duración de onces días, que se pueden abreviar o extender si hay situaciones coyunturales por atender. Con el fin de concretar los acuerdos que se van alcanzando se reúnen comisiones técnicas de redacción conformadas por 4 o 5 miembros de cada delegación. La Mesa cuenta con tres mecanismos de apoyo: comunicación con la sociedad, difusión, y de apoyo administrativo. Luego de la firma del Acuerdo Final se espera iniciar un diálogo en los territorios para discutir entre todos cómo desarrollar y poner en práctica lo que se ha acordado en La Habana. Las bases de la transición son los puntos que se están desarrollando en Cuba y que se acordaron en el 2012 en el Acuerdo General, los cuales se mencionan a continuación:

Reforma Rural Integral (RRI). Busca transformar las condiciones del campo y reversar

los efectos de la violencia fruto de la pobreza extrema, la falta de oportunidades, la debilidad de las instituciones, la presencia de los grupos armados, entre otros. Se trata de cerrar la brecha entre el mundo urbano y el mundo rural que ha sido el escenario del conflicto armado, mediante planes y programas que mejoren la vida de la población. Para ponerla en marcha se requiere no sólo de la planeación y ejecución que hagan las autoridades locales sino de la amplia participación de las comunidades en el monitoreo y seguimiento de los compromisos establecidos. Este primer acuerdo fue dado a conocer el 21 de junio de 2013 y se basa en cuatro pilares:

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Entérese del proceso de paz. Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Presidencia de la República. Junio de 2014.

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Acceso y uso de la tierra, el cual incluye un Fondo de Tierras de distribución gratuita, subsidios integrales, plan masivo de formalización, jurisdicción agraria, programas de reconversión, delimitación de la frontera agrícola y protección de áreas de especial interés ambiental, entre otros.

Planes Nacionales que logren la reducción de la pobreza y la eliminación de la pobreza extrema; que incluyan infraestructura, desarrollo social, productividad y formalización laboral.

Sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional que fortalezca los mercados locales y regionales y cree los consejos de seguridad alimentaria y nutricional en todos los niveles territoriales.

Programas especiales de desarrollo con enfoque territorial que reconstruyan las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza, garantizando los derechos y facilitando la reconciliación, para lo cual se construirán Planes de Acción para la Transformación Regional.

Participación política. Busca romper el vínculo política – armas, y reestablecer la regla social básica de que ninguna persona deba recurrir a las armas para promover sus ideas políticas y que nadie que promueva sus ideas políticas en democracia sea víctima de la violencia. Esa es la esencia de cualquier proceso de paz, facilitar la transformación de un grupo armado en un movimiento político en democracia, con garantías de seguridad, buscando la reconciliación. Este segundo acuerdo se dio a conocer el 8 de diciembre de 2013 y se construyó sobre tres pilares:

Nueva apertura democrática que promueva la inclusión política como mecanismo para consolidar la paz luego de la terminación del conflicto. Esto implica facilitar la creación de nuevos partidos políticos, la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en las regiones más golpeadas del conflicto, medidas especiales para promover el voto, en suma el fortalecimiento de la transparencia del sistema electoral. También se acordó poner en marcha medidas para la participación de la mujer y promover una cultura democrática de tolerancia en el debate político. Mayor participación ciudadana para consolidar la paz, en el espíritu de la Constitución de 1991, para lo cual se desarrollará una Ley de Garantías para las organizaciones y movimientos sociales, medidas para promover una cultura de tolerancia, no estigmatización y reconciliación; garantías para la protesta social; promoción de

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espacios en medios de comunicación institucionales, regionales y comunitarios; revisión de todo el sistema de participación ciudadana en los planes de desarrollo, especialmente los Consejos Territoriales de Planeación. También el fortalecimiento de la participación en la construcción de políticas públicas y el del control ciudadano a la gestión pública mediante la promoción de veedurías y observatorios de transparencia en todas las regiones.

Asegurar que se rompa el vínculo política y armas, idea fundamental del fin del conflicto. Para ello se acordó un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política en un marco de garantías de los derechos y libertades, así como la promoción de la discusión con amplia participación y la expedición de un Estatuto para la Oposición.

Solución al problema de las drogas ilícitas. Busca contribuir a sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera, para lo cual es necesario encontrar una solución definitiva a este problema, incluyendo los cultivos de uso ilícito, la producción y comercialización de drogas y su consumo. Este tercer acuerdo se dio a conocer el 16 de mayo de 2014 y se compone de tres pilares básicos:

Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo que busca trabajar con las comunidades para resolver el problema de los territorios y de los cultivos en una lógica de integración territorial e inclusión social. Así mismo se pondrán en marcha procesos de planeación participativa en torno a la solución al problema de los cultivos de uso ilícito y la superación de las condiciones de pobreza, planes de asistencia inmediata, erradicación manual de cultivos y un Programa de Desminado.

Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas que articule a las autoridades para prevenir el consumo y la creación del Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas, partiendo de reconocer que el consumo de estas drogas es un problema de salud pública.

Estrategia integral para reforzar y ampliar la lucha contra el crimen organizado a través de una política criminal contra los activos involucrados en el narcotráfico y lavado de activos.

De igual forma, ambos, Gobierno y FARC-EP, se comprometen a contribuir con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos, y poner en marcha un Programa de Desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectados por la ubicación de minas antipersonales y municiones sin explotar.

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Fin del conflicto. En este punto se discutirá entre otros, el cese al fuego y de hostilidades,

bilateral y definitivo, la dejación de armas, la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo con sus intereses. El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar con las FARC-EP. En forma paralela se intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad; en particular, contra cualquier organización responsable de homicidios, masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos. Además se revisarán y harán las reformas institucionales necesarias para hacer frente a los retos de construcción de la paz, se darán garantías de seguridad y se enfatizará al esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo.

Víctimas.

El Gobierno y las FARC-EP, reconociendo que las transformaciones de los derechos de las víctimas hacen parte fundamental de las garantías para la conquista de la paz y que la terminación del conflicto contribuirá a la satisfacción de esos derechos, acordaron que este punto estará enmarcado en 10 principios: el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos, el reconocimiento de responsabilidad, la satisfacción de los derechos de las víctimas, la participación de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad, la reparación a las víctimas, las garantías de protección y seguridad, las garantías de no repetición, la reconciliación, y el enfoque de derechos. La Mesa ha recibido delegaciones de víctimas y ha escuchado experiencias y lecciones aprendidas de comisiones de la verdad en otras partes del mundo. A lo largo de este ciclo también se instaló la subcomisión de género, que busca hacer recomendaciones a la Mesa que hagan posible un adecuado enfoque de género, particularmente con lo relacionado con las mujeres y la comunidad LGTBI.

Una vez firmado el Acuerdo Final, se acordó poner en marcha la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición59, parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz. La Comisión deberá cumplir tres objetivos fundamentales. En primer lugar, contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto. En segundo lugar, promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados; el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de todos quienes de manera directa o indirecta participaron en el conflicto como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición; y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese legado de violaciones e infracciones como algo que merece el rechazo de todos y que no se debe ni se puede repetir. Por último, promover la convivencia en los territorios. Para ello se trabajará en conseguir un ambiente de diálogo y generar espacios en los que las víctimas se vean dignificadas, se hagan reconocimientos individuales y colectivos de responsabilidad, y en general se consoliden el respeto y la confianza ciudadana en el otro. Con esto, enfatizar en la consecución de la cooperación y la solidaridad, la justicia social, la equidad de género, y una cultura democrática que cultive la tolerancia y nos libre de la indiferencia frente a los problemas de los demás. Así se sentarán las bases de la no repetición, la reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera. Por estas razones es también necesario entender la construcción de la verdad como una parte esencial de la construcción de la paz.

La inclusión de un enfoque de género en un proceso de paz como este no tiene antecedentes en ninguna parte, y marca un hito en la construcción de los acuerdos alcanzados y por alcanzar.

Implementación, verificación y refrendación. Este es el último de los puntos a discutir, que incluye temas como los mecanismos de implementación y verificación de los acuerdos, con especial énfasis en las regiones, las comisiones de seguimiento y verificación, los mecanismos de resolución de las diferencias con capacidad y poder de ejecución, conformados por representantes de las partes y de la sociedad, según el caso. También se tienen en cuenta el acompañamiento internacional, cronogramas, presupuesto, herramientas de difusión y comunicación, mecanismos de refrendación de los acuerdos.

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Comunicado conjunto #53. Informe conjunto de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC–EP. 4 de junio de 2015.

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s a ñ i n s La

y los niños en la construcción de la paz: el trabajo de Fundación Plan

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Como ya se ha mencionado, en el contexto actual que vive el país se hace pertinente contribuir con mayor fuerza en la reconstrucción de horizontes de vida individuales, familiares y colectivos y a la convivencia pacífica en comunidad. Esto es, aportando a la recomposición del tejido social que ha sido fragmentado por la guerra, avanzando así en la reconciliación, teniendo presente que la justicia es su esencia y que implica una nueva humanidad y un ajuste por los desequilibrios de poder. De esta manera es posible avanzar en la respuesta a las particularidades y expectativas de la población, tanto de la directamente afectada por las múltiples violencias surgidas del conflicto armado, como de la sociedad en general, que exige vivir en un ambiente pacífico, bajo la garantía de que la violencia, sus detonantes y reproductores sean erradicados o por lo menos llevados a niveles que no sean una amenaza para la paz. Es aquí que se hace vital contribuir a desarrollar nuevas ciudadanías civiles, éticas, políticas y sociales para, en cooperación con otras y otros, construir un nuevo orden social y avanzar en los procesos de democracia participativa. Esto implica la libertad de decidir con responsabilidad y la posibilidad de intervenir desde la igualdad de condiciones, las diferencias y la diversidad. Por ello, Fundación Plan considera vital incrementar su trabajo en las comunidades más vulnerables, particularmente con las niñas, los niños, los adolescentes víctimas del conflicto armado y sus familias, a través de su participación y el fortalecimiento de sus capacidades, relaciones y vínculos sociales, contribuyendo con más ahínco al logro del goce efectivo de los derechos humanos y la construcción de paz. Con miras a ello, se realizó una revisión del Marco Estratégico de acción actual, identificando los principios, programas y estrategias que se hace necesario fortalecer desde los territorios para afianzar el tejido social y restablecer la confianza como base fundamental de la construcción de la paz estable y duradera.

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Principios para el trabajo con niñas,

niños y adolescentes víctimas del conflicto armado en el marco de los Post-acuerdos

En línea con el enfoque de trabajo de Plan (Desarrollo Comunitario Centrado en la Niñez), a continuación señalamos los principios de carácter general a tener en cuenta en las acciones desarrolladas con las niñas, niños y adolescentes60, que contribuyan al logro de una sociedad en convivencia pacífica, con justicia social y reconciliada:

El enfoque de trabajo de Fundación Plan es el desarrollo comunitario centrado en la niñez61, abordando las injusticias y desequilibrios de poder en diferentes niveles de la sociedad, subyacentes a la pobreza infantil y la violencia. Esto, tomando como punto de partida los derechos de la infancia. El goce efectivo de los derechos tiene estrecha relación con la erradicación de las causas estructurales de la pobreza y la construcción de paz. La oportunidad que tiene Colombia con la firma de los Acuerdos de Paz, se debe aprovechar para reconocer los derechos prevalentes de las niñas, niños y adolescentes, y en consecuencia asumir con interés superior todas las acciones gubernamentales y sociales.

Las niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellas víctimas del conflicto armado, están en el centro de todos los procesos que contribuyan a la construcción de la paz.

Los procesos de atención integral a las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado, en el contexto de los Post-acuerdos, se desarrollan en el marco de la reparación transformadora y participativa.

Esto, entre otros aspectos, se logra poniendo en el centro de las acciones a las niñas, niños, y adolescentes. También reconociendo la importancia de trabajar en las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales, para lograr cambios duraderos en sus vidas.

El reconocimiento de la dignidad de las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado como sujetos históricos es la base de los procesos de reconciliación, inclusión y no discriminación, en el marco de la Justicia Transicional.

Procesos de atención integral a las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado: Reparación transformadora y participativa

La acción sin daño es el imperativo ético para la intervención con las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado.

La paz territorial, estable y duradera se construye con la participación activa de las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado, en ambientes seguros.

La igualdad de género contribuye al acceso, control y oportunidades más equitativas para las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado.

La inclusión y no discriminación de las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado contribuye al cambio social y a la convivencia pacífica.

Las niñas, niños y adolescentes, especialmente víctimas del conflicto armado, en el centro de los procesos de construcción de paz

Un enfoque centrado en la niñez no quiere decir que Fundación Plan sólo trabaje con las niñas y los niños o sólo con los temas que les afectan. La promoción de los derechos de la niñez involucra múltiples niveles: la familia, la escuela, las comunidades, las organizaciones sociales, organismos gubernamentales, agencias de cooperación internacional, la empresa privada, entre otros. Cada uno con funciones específicas y dentro de los límites establecidos. Los principios que se mencionan son extensivos a sus familias y comunidades.

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Además, construir y/o fortalecer entornos protectores para la niñez, en contextos sociales equitativos e incluyentes, que transformen las culturas de violencia en costumbres, valores y pautas de comportamiento que le apuesten a la convivencia pacífica.

En el marco de los Post-acuerdos se hace indispensable la protección integral a las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado, para que con carácter prevalente gocen de todos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Además, que en su condición de víctimas tengan derecho a la verdad, la justicia y la reparación transformadora y participativa individual o colectiva, tanto del orden material, moral o simbólico, hasta el restablecimiento de los derechos y la protección contra toda forma de violencia.

Promoviendo los Derechos de los Niños y las Niñas para Terminar con la Pobreza Infantil. Por un cambio duradero a través del Desarrollo Comunitario Centrado en la Niñez. Plan International. 2010.

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La dignidad de las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado: base para la reconciliación, inclusión y no discriminación Dado que las niñas, niños y adolescentes son las víctimas más indefensas, vulnerables y que mayores afectaciones padecen debido al conflicto armado, el trabajo debe partir del reconocimiento de su dignidad62 como sujetos históricos activos en el marco de la justicia transicional. En consecuencia, contribuir al ejercicio de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación transformadora participativa, y las garantías de no repetición.

La acción sin daño: imperativo ético en las intervenciones

Además es fundamental velar porque en cualquier proceso participativo con niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado se tenga en cuenta su seguridad, dado el deber de garantía del Estado para que la participación de las víctimas no constituya un riesgo o amenaza para su vida o integridad personal, familiar o comunitaria.

La igualdad de género contribuye al acceso, control y oportunidades para las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado

Cuidar que con las intervenciones externas no se haga daño ni se exacerben las violencias es un aporte para el logro de la paz, lo que implica partir de la comprensión del contexto del conflicto armado y las afectaciones particulares a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Así mismo, analizar los factores de división y de los orígenes de las tensiones en los territorios en los cuales se trabaja, los factores de cohesión y las capacidades locales para la paz; y monitorear su implementación (antes, durante y después) y los efectos sobre el contexto del conflicto.

El concepto de género está relacionado con las normas, expectativas y creencias sobre los roles y valores atribuidos a las niñas y los niños, cómo se construyen socialmente y no están determinadas biológicamente. En el contexto del conflicto armado, se incrementan las violencias sexuales y de género, especialmente contra mujeres, niñas y niños, derivadas de los estereotipos de género, de la discriminación y de las relaciones de poder desiguales entre los sexos. Por ello se debe velar por fomentar acciones para la prevención y eliminación de las prácticas sistemáticas y generalizadas de las violencias contra estos grupos poblacionales.

La participación de las niñas, niños y adolescentes en ambientes seguros contribuye a la paz territorial, estable y duradera

La inclusión y no discriminación de las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado contribuye al cambio social y a la convivencia pacífica

Es necesario que los procesos de participación con las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado se desarrollen tomando en cuenta el marco jurídico de la Convención Internacional de Derechos del Niño, la Ley 1098 del 2006, el Protocolo de Participación para la implementación de la Ley de Víctimas (Ley 1448) y la Justicia Transicional.

Promover entornos de inclusión social y de protección, así como desarrollar acciones de discriminación positiva para que las niñas, niños y adolescentes no sean discriminados por causa de su condición étnica, de género, creencia religiosa, discapacidad o por ser víctima del conflicto armado, contribuye a consolidar una sociedad justa equitativa y reconciliada, donde sean superadas barreras de divisiones sociales. Las acciones de discriminación positiva garantizan igualdad de derechos y el desarrollo pleno de su potencial.

Para Fundación Plan, el derecho a la participación de las niñas, niños y adolescentes víctimas es fundamental, dado que contribuye a la exigibilidad de los demás derechos, fortaleciendo sus capacidades de incidencia en los asuntos colectivos y públicos. Promover su participación en la construcción de paz es una manera de incluirles en la sociedad como ciudadanos activos y responsables; así mismo, contribuye a desarrollar sus capacidades para entablar relaciones, reconocer la diversidad y como agentes de transformación social en sus territorios, capaces de actuar por sí mismos y dotados de voluntad63.

Lo anterior potencia los procesos democráticos, aúna el tejido social y la recuperación de la confianza, no sólo desde una perspectiva nacional sino fundamentalmente en consideración de las dinámicas territoriales, propias de cada región (paz territorial).

La Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). Sentencia T-881/02 Corte Constitucional. ESTRATEGIA - HECHOS y DERECHOS. Participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Seis Claves. Diciembre de 2008, Bogotá, Colombia. Primera Edición.

Fundación Plan

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

Programas para el trabajo con niñas,

Principios

niños y adolescentes en el marco de los Post-acuerdos

La igualdad de género contribuye al acceso, control y oportunidades más equitativas.

La Fundación Plan propone desde su Marco Estratégico trabajar en cuatro programas, que considera fundamentales, para aportar a la construcción de paz, teniendo como centralidad a la niñez y sus familias. Estos son: Atención integral en el marco de la reparación transformadora y participativa.

Niñas, niños y adolescentes,

víctimas del conflicto armado en el centro de procesos constructores de paz.

El reconocimiento de la dignidad es la base de los procesos en el marco de la justicia transicional.

La paz territorial se construye con la participación activa de las niñas, niños y adolescentes.

La inclusión y no discriminación contribuye al cambio social y la convivencia pacífica.

Programa Cuidado y Protección Este programa tiene como objetivo “fortalecer y apoyar la creación de entornos protectores, incluyentes y seguros para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en igualdad de oportunidades, gocen de los derechos a una vida digna, saludable y libre de violencias”64. En un marco de Post-acuerdos el énfasis está en que las comunidades, especialmente las niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas del conflicto armado, vivan dignamente, se recuperen psicosocialmente de los impactos del conflicto armado y reconstruyan sus horizontes de vida y su estructura familiar en ambientes protectores, libres de prácticas sistemáticas y generalizadas de maltrato y violencias, incluidas las de género y sexuales. Por supuesto, que de manera particular los niños, adolescentes, jóvenes y hombres adultos participen aportando en la redefinición de la identidad masculina y la construcción de nuevas masculinidades, fortaleciendo su rol de cuidadores de vida, tradicionalmente asignado sólo a las mujeres. Por ello, un elemento importante a considerar en la reconstrucción del tejido social a nivel local será el rol de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas, debido a que en las guerras se acrecienta su aprendizaje histórico en el cuidado de la vida, no solamente porque son la mayoría de sobrevivientes sino por la reivindicación que hacen de sus derechos, de los de sus familiares, organizaciones y grupos. En este sentido, es necesario que el derecho a la verdad asegure la recuperación de la memoria histórica con una visión reparadora que parta de reconocer qué es víctima, pero que trascienda hacia el rol de agente transformador.

La acción sin daño es el imperativo ético para las intervenciones.

Fundación Plan

Marco Estratégico (2012 – 2017).

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

Igualmente que se identifiquen las experiencias de violencia sexual vivida por las mujeres en cualquier momento de su ciclo vital; el impacto diferenciado en las mujeres de la violencia generalizada del conflicto armado; las prácticas y las acciones de resistencia desarrolladas por ellas; y la responsabilidad de lo sucedido por parte del Estado y de los actores armados no estatales65.

Programa Educación y Desarrollo

También es clave que en el proceso de reparación integral a las víctimas se construyan espacios de confianza y seguridad donde éstas, especialmente las niñas, niños y adolescentes, puedan elaborar el dolor, el duelo, la rabia, el rencor frente a lo que ha vivido, así como espacios en los que se ayude a que los victimarios reconozcan su responsabilidad y le pongan rostro a cada una de las víctimas. Sobre todo cuando se ha anunciado recientemente la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, espacio en el que será importante incidir con metodologías específicas que promuevan la participación de las niñas y los niños de acuerdo a su ciclo vital.

Por ello, en un escenario de Post-acuerdos es fundamental centrarse desde el ámbito educativo en desnaturalizar las violencias que por tanto tiempo han llevado a que las personas en Colombia vivan, sientan, piensen y actúen en un contexto de guerra. Así, se deben generar escenarios de esperanza donde desde la primera infancia se aprenda a construir y vivir la paz.

En este sentido se hace pertinente trabajar con las niñas y niños que han vivido de manera indirecta el conflicto armado. Por ejemplo, con quienes han nacido fruto de violaciones sexuales por parte de actores armados o quienes lo han hecho cuando sus madres y padres ya han sido desplazados y podrían heredar el trauma de forma involuntaria. Las historias que siempre han escuchado hacen que el pasado tenga una carga, una marca solidaria, pudiendo incidir en que sienten, piensen y actúen de acuerdo a lo vivido por otros. Es importante centrarse, particularmente, en la generación de mecanismos para prevenir las violencias de género y, en especial, la violencia sexual (abuso sexual y explotación sexual infantil) por parte de actores involucrados en los procesos de reconstrucción y rehabilitación, a través de estrategias que incluyan la participación de hombres y jóvenes. También fortalecer procesos organizativos y participativos de mujeres y jóvenes con el fin de generar mecanismos de protección comunitaria que apunten a construir redes locales solidarias ante situaciones de violencia de género originadas en escenarios de Postacuerdos. De la misma forma, lograr que las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres que fueron sometidos a abusos de tipo sexual en el marco del conflicto armado, reciban la atención necesaria para la mitigación de las afectaciones y su recuperación física, psicológica y social. Esto con el fin de que puedan continuar en su proceso de desarrollo y en la construcción del horizonte de vida, así como incidir a nivel territorial para lograr tolerancia cero con las afectaciones a las mujeres en cualquier ciclo vital, con los delitos sexuales, y contribuir a la erradicación de la impunidad en estos casos.

El objetivo fijado en este programa es el de “Promover que niñas, niños, adolescentes y jóvenes aprendan, fortalezcan sus vínculos afectivos con otros y construyan sus proyectos de vida en ambientes y espacios educativos incluyentes y de convivencia pacífica”66.

A este propósito contribuyen el uso de metodologías de educación para la paz, que a través de la formación desde enfoques de desarrollo personal y el apoyo a iniciativas culturales, artísticas, deportivas, entre otros, promuevan la resolución pacífica de los conflictos, la reconciliación, la inclusión social y emocional. Éstas deberán estar basadas en el reconocimiento de las sensaciones y el manejo de las emociones, la promoción de la comprensión y el pensamiento crítico, el desarrollo del razonamiento y de los sentimientos; avanzando así en un proceso continuo y permanente, en donde las personas adquieran consciencia de paz, reflejada ésta en un estilo de vida, una postura ética y política (pedagogía de la paz). Lo anterior implica que los procesos educativos se enfoquen en la formación del sujeto político, donde la configuración de las identidades (autonomía y la autorregulación), la proyección comunitaria y el compromiso social y político adquieren una importancia vital. También en despertar el interés por el ámbito de lo público como espacio de deliberación y de discusión, lo que implica la formulación de diferentes tipos de problemas asociados con la convivencia, la democracia, la formación de la personalidad y el aprendizaje ciudadano67. Es necesario que estos dos énfasis se realicen desde la construcción de los roles de género, dado que los dos elementos han estado históricamente a favor de los hombres. En el espacio de la escuela, específicamente, es pertinente enfocarse en desarrollar proyectos pedagógicos contextualizados68 que promuevan la formación en derechos humanos, cuestionen y deconstruyan los estereotipos de género y las relaciones desiguales de poder. Además, que incluyan la educación en nuevas masculinidades, que tomen en cuenta el manejo de diversidad, la etno-educación, la interculturalidad y los valores que promueve el auto-reconocimiento. Todo esto ayuda a que niñas, niños y adolescentes sean personas más seguras de sí mismas y acepten las diferencias como parte de la convivencia entre seres diversos que gozan de los mismos derechos. 68 66 67

Intervención Claudia Mejía (2014).

Fundación Plan

Marco Estratégico (2012 – 2017). Luz Marina Lara y Ricardo Delgado. Investigadores, Facultad de Educación, Universidad Javeriana. Algunas experiencias que actualmente desarrollan docentes en contextos de alta conflictividad armada pueden encontrarse en: Palabra Maestra. Año 13. Número 34. Fundación Compartir. Noviembre de 2013. Bogotá, Colombia.

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

Así mismo, aportar en construir colectivamente la memoria histórica que implica el recordar, no para revictimizar insistiendo en el dolor producido por los hechos, sino para no repetir las acciones del pasado y reconocer las debilidades institucionales. Para generar nuevas condiciones donde no se repitan las violaciones, potenciando procesos de reflexión alrededor de la reparación colectiva, la memoria restaurativa, y la generación de caminos para el crecimiento. En este contexto, el mayor reto consiste en pensar la manera en que la educación puede contribuir, desde la memoria y las nuevas prácticas relacionales, a garantizar la “no repetición” de las dinámicas de violencia sociopolítica y evitar prácticas como, por ejemplo, la vinculación de niñas y niños a grupos armados. También, que se convierta en una generadora de nuevos roles individuales y sociales que coadyuven a la reconstrucción de la confianza y la legitimidad institucional. Por esta razón vale la pena incidir ante los garantes en aumentar la calidad educativa en zonas rurales y zonas marginadas de las ciudades en donde está presente el conflicto e implementar acciones afirmativas que permitan cerrar las brechas. Todo lo cual implica la existencia de: currículos pertinentes que de manera crítica den cuenta de la historia del país; recursos y metodologías apropiadas de enseñanza y aprendizaje; entornos de aprendizaje seguros, inclusivos y de apoyo; suficientes docentes con los conocimientos, competencias y actitudes necesarias para impartir una educación inclusiva de calidad; recursos para proporcionar o adaptar la educación a las distintas necesidades de las niñas y los niños, especialmente aquellos víctimas del conflicto armado; infraestructuras adecuadas, entre otros.

Programa para la Ciudadanía, la Movilización Social y la Incidencia En concordancia con el objetivo planteado en este programa, de “favorecer el reconocimiento de la participación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los distintos ámbitos sociales para el ejercicio de sus derechos, la transformación de su realidad y la construcción de redes de aprendizaje”69, en el escenario de Post-acuerdos es necesario insistir en que en la base de las culturas de paz está el goce efectivo de los derechos. Así, es prioritario construir desde la primera infancia una ciudadanía más solidaria y responsable, que comprenda y aporte a lo colectivo y que rompa la indiferencia. También promover el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos víctimas del conflicto armado, como sujetos de derechos con capacidades para interlocutar, reflexionar, proponer, transformar, pensar y actuar, y garantizar su participación efectiva, plena y significativa en torno a la construcción de paz y su reparación integral y transformadora. Claro está que esta participación debe promoverse a cualquier edad, en

Marco Estratégico (2012 – 2017).

Fundación Plan

condiciones de equidad, en ambientes favorables de modo autónomo, integral y continuo, con un impacto real y en los múltiples escenarios de construcción de paz. En este sentido es vital incentivar de manera especial la participación de las niñas y las jóvenes en la construcción de agendas locales y nacionales de paz, con el fin de construir propuestas que den respuesta a las causas estructurales que ha traído el conflicto armado en sus vidas. Así mismo, considerar su incidencia en el Protocolo de Participación en la implementación de la Ley de Víctimas, la participación en las Comisiones de Verdad y su inclusión en instancias decisorias e incidencia en los Planes de Desarrollo, Políticas Públicas, en los ámbitos local, regional y nacional. Es necesario, particularmente, abogar por que se cumplan los postulados de la Ley 1448 de 2011, donde el Estado se compromete a construir propuestas a partir de los intereses y necesidades de niñas, niños y adolescentes. De tal forma se busca que se les garantice información oportuna y eficaz, para lo cual se trabajará para que quienes toman las decisiones adquieran más destrezas para una inclusión real de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en función de su edad y madurez, en la consideración de todos los escenarios donde ellas y ellos se desenvuelven. Además, es fundamental fortalecer organizaciones comunitarias a través de la formación en habilidades sociales y generación de espacios de participación para la implementación de la Ley de Víctimas; la organización y movilización de la defensa y promoción de los derechos humanos, de prácticas contra las culturas de corrupción e impunidad, y propiciar entornos conducentes a que las reformas constitucionales hagan tránsito en los espacios territoriales y sociales en las localidades. Es clave el diseño de mecanismos de monitoreo de los acuerdos de negociación entre el Gobierno y los grupos armados no estatales. Igualmente el fortalecimiento de capacidades para incidir en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, planes de desarrollo, programas, proyectos, presupuestos, y leyes que contribuyan a la construcción de paz, teniendo como centralidad a la niñez. Para desarrollar todas estas actividades es necesario trabajar en coaliciones, alianzas, asocios con instituciones, organizaciones de sociedad civil, de cooperación tanto del nivel local, como nacional e internacional, iglesias, sector privado. En fin, todas aquellas que tengan objetivos similares en los temas de construcción de paz teniendo como centralidad a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. De esta manera se amplía la audiencia y se refuerza el poder político de las iniciativas que se promuevan. Así mismo, parte de la clave del éxito consiste en acompañar todas las acciones de incidencia con evidencias basadas en investigaciones y estrategias de comunicación que promuevan una pedagogía de la paz. También será central el trabajo para fortalecer la confianza entre los actores de la sociedad civil y los actores estatales, como mecanismo para generar mayor articulación y compromiso entre todos ellos para aportar a la justicia y la reconciliación. Para lograrlo se

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

deben generar condiciones en las que ninguna persona víctima del conflicto armado, o sus organizaciones, sea discriminada en el ejercicio de la participación en actividades públicas y privadas. A este fin se deberá disponer de todas las herramientas afirmativas e impulsar que el Estado responda en forma satisfactoria a sus necesidades concretas, específicas, singulares, de acuerdo con el ciclo vital, el género, las condiciones físicas y culturales. Finalmente, con el Estado se priorizará el fortalecimiento de espacios interinstitucionales para la elaboración, implementación y seguimiento de planes de acción territoriales, rutas y protocolos de atención. También de acuerdos de articulación, armonización y complementariedad para hacer efectiva la garantía de derechos a la reparación integral y transformadora a las víctimas del conflicto armado, especialmente de niñas, niños y adolescentes; así como el fortalecimiento de instancias de coordinación entre los diferentes sistemas (Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV), Gestión del Riesgo de Desastres, entre otros).

Programa Desarrollo Sostenible De acuerdo al Marco Estratégico, este programa se divide en dos sub-áreas: Seguridad económica y Gestión de riesgos ante desastres, cada una con un objetivo particular. La sub-área de Seguridad económica tiene como objetivo contribuir a que las y los jóvenes y mujeres adultas tengan mayor acceso a programas, servicios y oportunidades esenciales para su empleabilidad, desarrollo de emprendimientos y empoderamiento económico. Dado que el empleo y la generación de ingresos son fundamentales para lograr el crecimiento social, económico y la paz sostenible, se deben mitigar las consecuencias que ha traído el conflicto armado para las comunidades, teniendo en cuenta el impacto desproporcionado para cada grupo poblacional. Por ello es preciso partir del reconocimiento de las diversas manifestaciones que la violencia económica tiene en las y los jóvenes y mujeres, quienes históricamente son los grupos poblaciones que más sufren la desigualdad y vulnerabilidad en relación a sus derechos económicos. Entonces, en el escenario de Post-acuerdos es vital centrar la acción en desarrollar estrategias que incentiven su participación en el mercado laboral desde un enfoque de inclusión y equidad, a través de alternativas que permitan un mayor acceso a oportunidades laborales y productivas dignas y justas, minimizando así los obstáculos para la inserción al sistema económico, en especial, de las y los jóvenes y las mujeres. Igualmente adelantar procesos de fortalecimiento a las redes y asociaciones solidarias que a través de formas asociativas de ahorro o las actividades productivas puedan apoyar en la reconstrucción de tejido social y recuperar la esperanza.

Es importante tomar en consideración que en situaciones de conflicto armado o de empobrecimiento después de éste, las mujeres, y los jóvenes tienden a mantener su modo de vida y el de su familia trabajando en el sector informal. Es decir, su labor no es reconocida ni protegida social y legalmente, y están al margen de la comunidad establecida con respecto a la posesión de tierras y el acceso a recursos. Por ello hay que fortalecer a las familias, comunidades y garantes, para prevenir la explotación doméstica y laboral, por ejemplo a través de procesos formativos en derechos laborales. Teniendo en cuenta que el número de empleos que deben ser creados en escenarios posteriores a los conflictos es enorme70, es importante resaltar el rol fundamental que juega el sector empresarial en el marco del Post-acuerdo, no sólo ofreciendo alternativas para la generación de ingresos, sino con el desarrollo de acciones conjuntas con gremios, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes para posicionar el tema de reparación integral, reconciliación y construcción de paz. Por otro lado, la sub-área de Gestión de riesgos ante desastres tiene como objetivo contribuir a que comunidades e instituciones de la protección civil tengan mayores niveles de preparación ante desastres y mayores capacidades para responder a ellos, priorizando los derechos de la niñez y adolescencia en situaciones de emergencia. En una etapa Post-acuerdo es necesario seguir trabajando en salvar vidas, siguiendo los protocolos técnicos pertinentes e introduciendo con mayor fuerza los enfoques de género, derechos de la niñez y diferencial, porque las capacidades estatales y de la sociedad, especialmente en las regiones menos desarrolladas y más afectadas por el conflicto armado, siguen siendo limitadas. Es importante considerar que la gestión del riesgo es un trabajo de equipo y permite establecer relaciones fuertes y respetuosas entre comunidades e instituciones. De esa manera las personas se relacionan, se conocen, establecen relaciones de confianza y se facilita el relacionamiento futuro (gestión de conflicto). Esto, junto con que la concepción que la gestión de riesgos de desastres apunta al desarrollo económico y al bienestar de las personas, la hace vital en el apoyo a la paz social. Por otra parte, es necesario avanzar en acciones creativas que estimulen la sostenibilidad ambiental, especialmente alrededor del ordenamiento territorial, el hábitat y los sectores productivos en las comunidades en las que se interviene. Muchos de los riesgos de desastres provienen de errores ecológicos cometidos por el ser humano: las personas se ubican en lugares donde aumentan su exposición a determinadas amenazas, o realizan acciones contra el medio ambiente, creando nuevos peligros y vulnerabilidades o complejizando los ya existentes.

Fundación Plan

Tanto desmovilizados como personas en situación de desplazamiento, una vez que hayan regresado a sus comunidades de origen, o cuando se hayan integrado en la comunidad que los acoge, buscarán opciones para la generación de ingresos y trabajo.

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

Las personas desplazadas por el conflicto armado, dada su situación y pobreza, llegan a vivir en los cinturones de miseria de las grandes ciudades, donde se acentúan las condiciones de vulnerabilidad de las viviendas, escuelas, etc. En línea con ello, se debe fortalecer el trabajo en Educación en Emergencias (EeE), que permitirá garantizar la educación de calidad para las niñas y los niños, aun en situaciones de emergencia. Por último es necesario tomar en cuenta que la pobreza es no sólo una de las mayores fuentes de vulnerabilidad ante los desastres, sino también uno de los orígenes de muchos de los problemas sociales abordados por Plan. Por eso, además de salvar vidas es necesario avanzar en preservar y crear medios de vida para las comunidades, para reducir sus vulnerabilidades y fortalecer su resiliencia, por lo cual es necesaria la interacción entre la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y las acciones de generación de ingresos.

•

• Cuidadanía más solidaria y responsable

• Participación de niñas, niños,

adolescentes y jóvenes Protocolo de participación / Comisiones de la Verdad Fortalecimiento de Organizaciones de Base Comunitaria y Organizaciones de Sociedad Civil en mecanismos de monitoreo de los acuerdos Fortalecer la confianza Estado - Sociedad Articulación, coordinación y complementariedad de sistemas

•

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Educación y Desarrollo

•

Desarrollo Sostenible

horizontes de vida en ambientes protectores Construcción de masculinidades Espacios de confianza y seguridad Prevención violencias de género Mecanismos de protección

Cuidadanía y Movilización

• Recuperación psicosocial • Reconstrucción de

Cuidado y Protección

Programas • Desnaturalización de las • • • • • •

violencias Educación para la paz Procesos de reconciliación Formación del sujeto político e intereses por el ámbito de lo público Etno-educación Memoria histórica No repetición / calidad educativa

Estrategias de trabajo en el marco de los Post-acuerdos71

Las estrategias de trabajo desarrollan los Principios de acuerdo a los Programas implementados por Fundación Plan y consideran como eje transversal el enfoque de derechos y diferencial por ciclo vital, género, orientaciones sexuales diversas, etnia y discapacidad funcional, sensorial y/o cognitiva. Esto con miras a se generen procesos de inclusión y no discriminación que aporten a la construcción de una paz territorial, estable y duradera. Entre las estrategias de las organizaciones de la sociedad civil, los gremios y el Estado, priorizadas para el trabajo con niñas, niños, adolescentes y sus familias (especialmente aquellas víctimas del conflicto armado), se encuentran las relacionadas con el desarrollo de acciones educativas, asistencia técnica, incidencia y gestión del conocimiento.

Estrategias asociadas a Acciones Educativas Como Acciones Educativas se entienden todos los procesos dirigidos a ampliar los horizontes de sentido de las personas y colectivos, despertando el deseo de adquirir nuevos saberes, aprendizajes y experiencias, en el contexto de las oportunidades de construcción de paz que brindan las negociaciones del Gobierno Nacional con los grupos armados no estatales. Entre las categorías definidas en este punto se encuentran las referidas a: orientación, información y sensibilización; capacitación; formación y formación de formadores. Así:

~~ Orientación, Información, Sensibilización:

acciones desarrolladas con el propósito de difundir y comunicar, desde un enfoque de derechos y perspectiva diferencial y de igualdad de género, información general o elementos claves sobre temas relacionados con la visibilización del impacto del conflicto armado en las niñas, niños y adolescentes. También la prevalencia de sus derechos, su participación y aportes en la implementación de la Ley de Víctimas y construcción de paz. Bajo esta categoría se encuentra la elaboración de productos comunicativos impresos y audiovisuales para ser divulgados en medios masivos o alternativos de comunicación, así como encuentros presenciales (conferencias, charlas, voz a voz), movilizaciones, entre otros.

• Seguridad económica • Empleabilidad • Emprendimientos • Formas asociativas de ahorro

• Gestión de riesgos • •

de desastres Educación de emergencias Sostenibilidad ambiental

Parte de las estrategias aquí descritas hacen parte del documento “Estándares Plan Estratégico 2012 – 2017- Derechos y Oportunidades para Niñas, Niños y Jóvenes en Colombia a través de la Innovación Social”. Documento interno de Trabajo. Fundación Plan. 2013.

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

~~ Capacitación:

referida al desarrollo de habilidades, actitudes, conocimientos, prácticas sobre temas relacionados especialmente con aspectos técnicos como, por ejemplo, la educación financiera, generación de ingresos, legislación, capacitación técnica y vocacional. Se desarrollan a través de talleres, seminarios, foros, y se diferencia de la formación por su duración, dado que suele ser menor.

~~ Formación: entendida como un proceso intersubjetivo, emocional, afectivo y reflexivo,

basado en el diálogo de saberes, la articulación entre las teorías y las prácticas, el pensamiento crítico y la comprensión de los contextos sociales, históricos y políticos de las y los participantes. Fundación Plan considera que todo proceso de formación lleva implícito un proceso investigativo.

El objetivo de la formación consiste en despertar el deseo de adquirir nuevos saberes, aprendizajes y experiencias, logrando que las personas otorguen valor (re-signifiquen) a lo planteado desde afuera sobre la base de emociones, intereses y creencias. Los temas abordados enfatizan los relacionados con: derechos humanos, enfoque diferencial, étnico y de igualdad de género, construcción de culturas de paz, atención psicosocial, entre otros. Igualmente se utiliza la estrategia de formación a formadores para promover la diseminación, integración y multiplicación de los saberes y las prácticas. Como enfoque primordial para desarrollar los procesos formativos se utiliza el diálogo cultural o diálogo de saberes, en cuanto posibilita ir más allá de los propios límites tanto cognitivos como afectivos. Así, es precisamente en esta interrelación en donde se va dando el diálogo y la negociación que llevará a los acuerdos y compromisos específicos sobre los temas a tratar. En estos procesos se trabaja no sólo con el pensamiento sino con la emoción y la acción, por lo cual se privilegia la inclusión de metodologías alternativas como el teatro-foro o el eduentretenimiento.

Estrategias asociadas a la Asistencia Técnica Como Asistencia Técnica entendemos las acciones orientadas al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas, privadas o de organizaciones de la sociedad civil, que trabajan para la realización, restablecimiento de los derechos, rehabilitación, y en general por la implementación de medidas de reparación transformadora y participativa de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas del conflicto armado. En estas estrategias incluimos las categorías relacionadas con la formulación y/o implementación de planes de acción o mejoramiento; la transferencia de modelos o metodologías y la formulación y gestión de proyectos.

Fundación Plan

En el contexto de Post-acuerdos, particularmente, se busca el incremento de capacidades de instituciones con competencia en los temas de garantía y restablecimiento de derechos, reparación integral a las víctimas del conflicto armado y construcción de paz. En este sentido, muy especialmente las que integran los Sistemas de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de Bienestar Familiar y Gestión del Riesgo de Desastres, entre otras. Así mismo, mejorar las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil que tengan como objetivo principal los temas de construcción de paz centrados en la niñez, el monitoreo y seguimiento a lo acordado.

1. Formulación y/o implementación de planes de acción o mejoramiento.

La Asistencia Técnica está encaminada a acompañar o asesorar técnicamente la formulación y/o implementación de planes de acción, políticas públicas, programas, proyectos y presupuestos desde un enfoque de derechos y perspectiva diferencial y de igualdad de género. Sobre todo aquellos que garanticen la reparación integral y transformadora de las niñas, niños, adolescentes y sus familias víctimas del conflicto armado, así como la construcción de una paz estable y duradera.

2. Desarrollo y transferencia de modelos o metodologías.

Dirigida a compartir modelos, estrategias o metodologías relacionadas con procesos de reparación integral a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias víctimas del conflicto armado. También experiencias de construcción de paz, desarrolladas y probadas por Fundación Plan, que contribuyan a la cualificación de la acción comunitaria e institucional.

Éstas están relacionadas con los temas de restablecimiento de derechos, reconstrucción de la memoria, reconciliación, participación de las niñas y niños en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, reconstrucción de horizontes de vida, atención y recuperación psicosocial, prevención del abuso sexual, gobernanza, fortalecimiento del tejido social y recuperación de la confianza, protocolos y rutas de atención, incidencia en políticas públicas y planes de desarrollo, entre otros.

3. Formulación y gestión de proyectos –apoyo técnico y financiero.

Tiene como finalidad afianzar, desde un enfoque de derechos y perspectiva diferencial y de igualdad de género, la sostenibilidad de las organizaciones de sociedad civil, organizaciones de base comunitaria, organizaciones no gubernamentales, colectivos, grupos u organizaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, de mujeres y de víctimas del conflicto armado. Todas ellas encaminadas a desarrollar actividades relacionadas con la construcción de paz que promuevan la inclusión, la participación social, comunitaria, ciudadana y política de las y los adolescentes, los jóvenes y sus organizaciones sociales en espacios de toma de decisiones, a partir del fortalecimiento de sus capacidades de gestión, desarrollo y evaluación de proyectos.

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

Estrategias asociadas a la Incidencia Política

2. Promoción de espacios para la participación e incidencia política. El monitoreo

Plan define la incidencia política como un proceso participativo, intencionado, sistemático y dinámico que involucra esfuerzos coordinados de individuos y organizaciones para lograr el cambio y una mayor efectividad en las políticas públicas, la legislación, las estructuras y acciones Estatales, para la plena realización de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Entendemos además que para lograr estos cambios estructurales e institucionales es necesario transformar prácticas, ideas, valores y relaciones de poder que redundan en inequidades, discriminación, exclusión y otras vulneraciones de derechos.

3. Exigencia de rendición de cuentas de los actores estatales. Plan, en su enfoque

Además, Fundación Plan, en su enfoque de trabajo Desarrollo Comunitario Centrado en la Niñez, considera esta estrategia como prioritaria para “Abordar las injusticias y los desequilibrios de poder que subyacen en la pobreza, con el fin de realizar los cambios necesarios para mejorar la vida de las niñas, los niños, de sus familias y sus comunidades”. En el contexto de Post-acuerdos, los temas centrales están dirigidos a incidir en la visibilización del impacto del conflicto armado en las niñas, niños y adolescentes. Que sean considerados como prioritarios en los procesos de construcción de paz, en el diseño, implementación y evaluación –monitoreo- de políticas públicas, planes de desarrollo, programas y presupuestos (tanto a nivel local, regional y nacional), para que sus derechos sean garantizados y considerados como prevalentes. Igualmente para que su atención sea oportuna, integral y acorde a sus particularidades de edad, etnia, discapacidad, igualdad de género, orientaciones sexuales diversas, culturales, etc. En este sentido, se considera fundamental la articulación, armonización y complementariedad de las entidades que conforman los Sistemas de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Bienestar Familiar, Gestión del Riesgo de Desastres, entre otros, en la garantía de espacios seguros y protegidos de participación (incluyendo primera infancia). También y especialmente en los procesos del Protocolo de Participación de niñas y niños en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Como categorías resaltamos especialmente el trabajo colaborativo (asocios, alianzas, coaliciones); la generación de espacios donde se materialice la participación de niñas, niños, adolescentes víctimas del conflicto armado y sus familias, comunidades y organizaciones de la sociedad civil; y la exigencia en la rendición de cuentas de los actores estatales.

del cumplimiento de los derechos y de Acuerdos de Paz, especialmente los relativos al cumplimiento de derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado.

de trabajo, centra como una de sus acciones fundamentales el fortalecimiento de las capacidades del Estado para cumplir con sus obligaciones, al mismo tiempo que lo insta a rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos de la niñez. De hecho, muy especialmente, a rendir cuentas sobre la reparación integral y transformadora de los que son víctimas del conflicto armado, y en el avance en el cumplimiento de los Acuerdos logrados entre el Gobierno Nacional y los grupos armados no estatales.

Estrategias asociadas a la Gestión del Conocimiento Esta estrategia incluye acciones de monitoreo, evaluación, investigación e innovación. Busca implementar acciones encaminadas a la producción de información confiable, veraz, oportuna y comprobable de las actividades realizadas, de los resultados obtenidos a partir de los procesos en los que se inscriben y de los impactos que generan en las niñas, niños, adolescentes y sus familias, en sus comunidades y en las instituciones garantes. Así mismo, busca generar conocimiento reflexivo acerca de las prácticas de trabajo de Fundación Plan y de las metodologías empleadas para alcanzar los objetivos de cada uno de los programas ya descritos. Parte de este accionar implica construir los instrumentos y establecer las metodologías de línea de base, recolección de información y matrices de análisis de éste; definir los campos de monitoreo, evaluación e investigación; y promover la construcción colectiva de saberes. Además, definir las estrategias de socialización de las experiencias de trabajo y los resultados de las intervenciones, como también los hallazgos de las investigaciones realizadas; establecer alianzas con centros de investigación a nivel nacional e internacional; e incidir en la promoción del conocimiento a partir de la experiencia de Plan en Colombia, en relación con el trabajo sobre la niñez víctima del conflicto armado.

1. Trabajo colaborativo (asocios, alianzas, coaliciones).

Busca trabajar en coaliciones o alianzas para lograr mayor impacto en la promoción de los derechos de la niñez. Fundación Plan reconoce que para lograr posicionar los temas de garantía de derechos de la niñez, especialmente de las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado, y su contribución al logro de una paz estable y duradera, es necesario establecer alianzas con otras organizaciones de carácter nacional, internacional, públicas y privadas, que tengan objetivos similares.

Fundación Plan

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

Estrategias Estrategias Acciones Educativas

• Orientación, Información, Sencibilización • Capacitación • Formación

Tabla 1 Acciones de Fundación Plan para la construcción de una Paz Territorial, Estable y Duradera

Acciones específicas para la contribución a la construcción de una Paz Territorial, Estable y Duradera basadas en los principios, programas y estrategias desarrollados por Fundación Plan Medidas de reparación

Estrategias Asistencia Técnica

• Formación y/o implementación de planes • •

Estrategias Incidencia Política

Estrategias Gestión del Conocimiento

de acción o mejoramiento Desarrollo y transferencia de Modelos o Metodologías Formulación y gestión de proyectos de apoyo técnico – financiero

(individual y

• •

• Acciones de monitoreo, evaluación, investigación e innovación

Niñas, niños, adolescentes y

la Sociedad Civil

familias, especialmente víctimas

y Comunidades

del conflicto armado

especialmente víctimas

Restablecimiento de derechos

(Contribución en la garantía de derechos fundamentales en perspectiva transformadora, en especial al Derecho a la Participación como mecanismo agenciador de los demás derechos)

Estado

del conflicto armado

colectiva)

coaliciones Promoción de espacios Exigencias de participación de los actores estatales

Es necesario aclarar que las acciones mencionadas son un ejemplo y no corresponden al universo de las desarrolladas por Fundación Plan, dado que la determinación de unas u otras depende de los contextos territoriales, objetivos y características de las y los sujetos que participan en ellas.

Fundación Plan

y participativa

• Trabajo colaborativo (asocios, alianzas,

Finalmente, es importante enfatizar que estos Programas, Principios y Estrategias se entrecruzan con la finalidad de generar acciones que desde Fundación Plan desarrollamos en el marco de la justicia transicional, la reparación transformadora y participativa, y la protección integral teniendo como centralidad a las niñas, niños y adolescentes. A continuación se presenta la Tabla que resume estas acciones específicas para la construcción de una paz territorial, estable y duradera.

transformadora

Organizaciones de

Fortalecimiento de capacidades y generación de oportunidades para el ejercicio al Derecho a la Comunicación, donde las comunidades y en especial las víctimas, puedan expresarse libremente, difundir su pensamiento, recibir información veraz e imparcial, hacer parte de escenarios del diálogo equitativo. También la construcción y movilización colectiva que promuevan su participación gradual y la creación de sus propios medios de comunicación. Orientación, información y sensibilización para el acceso a las Rutas de Protección Integral a la Infancia y de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (salud, protección, educación, psicosocial, justicia, recreación, entre otros). Desarrollo de metodologías y mecanismos de participación e incidencia para influenciar Planes de Desarrollo, Políticas Públicas, Programas, Proyectos y Presupuestos relacionados con la atención y reparación de las víctimas y su participación en la construcción de paz.

Promoción de espacios para el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado como sujetos prevalentes de derechos con capacidades para participar en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y aportar a la construcción de paz. Sensibilización y formación que incluya acciones y materiales amigables sobre las Rutas de Atención, Reparación Integral a las Víctimas y Restablecimiento de Derechos de la Niñez.

Asistencia técnica para el diseño de mecanismos que promuevan la armonización, complementariedad y articulación institucional tanto en la formulación de las Políticas Públicas como en el desarrollo de programas, proyectos y presupuestos conducentes a la atención integral de niñas, niños y adolescentes víctimas, y la implementación de los Acuerdos de La Habana en lo que a niñez se refieran. Asistencia técnica en la implementación y monitoreo de los avances de la Ley de Víctimas en los niveles nacional y local, particularmente en lo referido a la transversalización de los enfoques de derechos, diferencial y de género y en la implementación de medidas de reparación integral a las víctimas y acciones que promuevan la superación de la vulnerabilidad y el goce efectivo de derechos.

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

(Contribución en la garantía de derechos fundamentales en perspectiva transformadora, en especial el Derecho a la Participación como mecanismo agenciador de los demás derechos)

Fundación Plan

reparación

la Sociedad Civil

familias, especialmente víctimas

y Comunidades

del conflicto armado

especialmente víctimas

Estado

Promoción de espacios para su participación e incidencia política: el monitoreo del cumplimiento de sus derechos y de los acuerdos de paz que les atañe; la rendición de cuentas; y la generación participativa de aprendizajes para la transformación de su realidad. Fortalecimiento de capacidades de las mujeres jóvenes gestantes y lactantes víctimas del conflicto armado y sus compañeros, para el acceso y el goce efectivo de su derecho a la salud, en especial sus derechos sexuales y reproductivos.

Fortalecimiento de capacidades y generación de oportunidades para el liderazgo y participación de las mujeres en procesos locales y nacionales de construcción de paz, con el fin de construir propuestas y dar respuestas a las causas estructurales que ha traído el conflicto armado en sus vidas.

transformadora y participativa (individual y

del conflicto armado

colectiva)

Restablecimiento de derechos

Medidas de

Organizaciones de Niñas, niños, adolescentes y

la Sociedad Civil

familias, especialmente víctimas

y Comunidades

del conflicto armado

especialmente víctimas del conflicto armado

colectiva)

Asistencia técnica a los equipos territoriales para la generación de estrategias de atención integral a niñas, niños y adolescentes, familias desplazadas por el conflicto armado en procesos de retorno y/o reubicación (teniendo en cuenta los Principios de Voluntariedad, en condiciones de Dignidad y de Seguridad). Acompañar a las entidades públicas para el desarrollo de jornadas para el reconocimiento de la identidad ciudadana y la pertenencia a una familia, grupo o sistema familiar de niñas, niños y adolescentes (especialmente desplazados, pertenecientes a minorías étnicas y con énfasis en zonas rurales y de difícil acceso) a través del registro civil y de acciones de reunificación familiar y de retorno a sus territorios.

Restablecimiento de derechos

(Contribución en la garantía de derechos fundamentales en perspectiva transformadora, en especial el derecho a la participación como mecanismo agenciador de los demás derechos)

Estado

Fortalecimiento de capacidades de las y los estudiantes y su participación en los organismos estudiantiles de gobernanza para la exigibilidad de su derecho a la educación de calidad, que promueva acciones de justicia y reconciliación, la rendición de cuentas por parte de los educadores y en los comités escolares. Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo habilidades para la vida, vocacionales y empoderamiento económico, especialmente de las mujeres mayores de 15 años de edad y Promoción de grupos de ahorro sostenible y auto gestionados con mujeres y varones jóvenes mayores de 15 años de edad y adultos víctimas del conflicto armado.

Fortalecimiento de procesos de incidencia para la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de Políticas Públicas, Planes de Desarrollo, Programas, Proyectos y Presupuestos relacionados con el cumplimiento de los Acuerdos de negociación entre el gobierno y los grupos al margen de la ley, en especial los relacionados con las niñas, niños y adolescentes.

Asistencia técnica para el fortalecimiento y la consolidación de las Mesas de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes, inscritas en los Consejos de Política Social, y en la implementación del Protocolo de Participación de niñas, niños y adolescentes para garantizar que su participación sea real y sus voces sean escuchadas.

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

Medidas de

Organizaciones de Niñas, niños, adolescentes y

la Sociedad Civil

familias, especialmente víctimas

y Comunidades

del conflicto armado

especialmente víctimas

reparación Estado

transformadora y participativa (individual y

del conflicto armado

colectiva)

Acciones específicas para la contribución a la construcción de una Paz Territorial, Estable y Duradera basadas en los principios, programas y estrategias desarrollados por Fundación Plan

Diseño e implementación

de programas de atención y recuperación psicosocial de los impactos del conflicto armado, la resiliencia y la reconstrucción de su estructura familiar en escenarios libres de todo tipo de violencias y maltrato.

Rehabilitación

(Restablecimiento de condiciones físicas y psicosociales de las víctimas y reconstrucción del tejido social)

Diseño e implementación de

metodologías para abordar los derechos sexuales y reproductivos con enfoques diferenciales y de género que permitan replantear las relaciones entre hombres y mujeres y por ciclos vitales en marcos de igualdad, autonomía y respeto.

Diseño e implementación de

metodologías de trabajo que permitan abordar los efectos del reclutamiento forzado y los efectos relacionados con la violencia sexual y de género, la anticoncepción forzada, los embarazos y abortos obligados, así como en casos de embarazos cuyo origen fue el abuso sexual por parte de actores armados.

Fundación Plan

Desarrollar metodologías que permitan la reconstrucción del tejido social con perspectiva de inclusión en el sentido de vincular a toda la población en los territorios (inclusive aquella que no se siente afectada por el conflicto). Promoción de

espacios dialógicos intergeneracionales e intergénero, que faciliten la creación de nuevas narrativas sobre las historias y afectaciones en el marco del conflicto armado que fortalezcan la resiliencia y relaciones de solidaridad y cooperación. Fortalecimiento de las

organizaciones para que consoliden su trabajo como redes de protección comunitaria -en articulación con el sistema de protección local-, generando espacios protectores para las niñas, niños y adolescentes, e implementando mecanismos de protección ante situaciones de violencia de género originadas en escenarios de postacuerdos.

Niñas, niños, adolescentes y

la Sociedad Civil

familias, especialmente víctimas

y Comunidades

del conflicto armado

especialmente víctimas

Promover espacios de reconocimiento público a las niñas, niños y adolescentes en su condición de víctimas y de su dignidad ante la comunidad (actos conmemorativos, homenajes públicos).

Incidencia para la

cualificación de los programas de atención psicosocial.

Diseño y transferencia

metodológica de experiencias de atención y recuperación psicosocial y de reconstrucción del tejido social y recuperación de la confianza.

Fortalecimiento de capacidades a la

comunidad educativa, especialmente a docentes y directivos, para promover prácticas pedagógicas de inclusión, reconstrucción del tejido social y construcción de paz. Lo anterior siendo sensibles al género, previniendo y respondiendo a todas las formas de violencia dentro y alrededor de las escuelas, y garantizando entornos de aprendizaje seguros (en línea con los marcos normativos educativos. Por ejemplo la Ley que crea la Cátedra de la Paz y la Ley que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar).

Satisfacción

(Restablecimiento de la dignidad de las víctimas y difusión de la verdad de lo sucedido)

Estado

del conflicto armado

colectiva)

Sensibilización sobre las

afectaciones que sufren las niñas y niños en el marco del conflicto armado desde una perspectiva de igualdad de género y diferencial.

Organizaciones de

Acompañamiento a las niñas, niñas, adolescentes víctimas en los escenarios en donde las sociedad, el Estado o los victimarios pidan perdón por las violaciones sufridas en el marco del conflicto armado, impulsando su realización en condiciones de seguridad y no re-victimización. Diseño de metodologías que faciliten a las niñas, niños y adolescentes reconstruir la memoria histórica a través de sus propios lenguajes de expresión (música, teatro, pintura). Producción de conocimiento, investigaciones y publicaciones sociales con la participación de todos los actores, especialmente de las niñas, niños y adolescentes víctimas para el reconocimiento de sus afectaciones en el marco del conflicto armado y la recuperación de la memoria histórica en sus territorios.

Generación de espacios como centros de escucha y grupos de conversación para la reconstrucción de la memoria histórica y la reconciliación: festivales intergeneracionales e intergéneros, identificando aspectos claves para la construcción de comunidades de paz y recogiendo de manera particular las voces de mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas con orientaciones sexuales diversas. Asistencia técnica a iniciativas de las organizaciones sociales dirigidas a construir procesos pedagógicos de memoria (museos de la memoria, grupos de apoyo colectivo, entre otras).

Incidencia para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, participen de manera segura y protegida en los procesos de verdad desde una perspectiva de igualdad de género y diferencial. Diseño y transferencia de metodologías que permitan recoger la voz de las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado en la construcción de monumentos públicos, en la perspectiva de Reparación y Reconciliación.

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

la Sociedad Civil

familias, especialmente víctimas

y Comunidades

del conflicto armado

especialmente víctimas

(Acciones afirmativas que contribuyan a que las víctimas no vuelvan a ser sujetos de violaciones de Derechos Humanos ni de infracciones del Derecho Internacional Humanitario)

Fundación Plan

reparación Estado

Formación en Derechos Humanos y desarrollo de sus capacidades y potenciales (afectivo, comunicativo, ético – moral, resolución pacífica de los conflictos, político) partiendo de sus intereses, particularidades y decisiones autónomas para la reconstrucción de sus horizontes de vida.

Desarrollo de metodologías en pedagogías para la paz que movilice voluntades y acciones de paz con enfoque de inclusión social (nuevo pacto social). Asistencia técnica a iniciativas de organizaciones sociales y de agentes comunitarios para la formación en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y promoción de los Derechos de las niñas, niños, adolescentes víctimas del conflicto armado, en el marco de la justicia transicional Incidencia con los medios de comunicación por contenidos y agendas informativas que reconozcan la identidad e incluyan todas las voces con lenguajes incluyentes y no violentos; igualmente estimular la sensibilidad frente a la construcción de culturas de paz que tengan como eje central a las niñas, niños y adolescentes.

transformadora y participativa (individual y

del conflicto armado

colectiva)

Garantías de no repetición

Medidas de

Organizaciones de Niñas, niños, adolescentes y

la Sociedad Civil

familias, especialmente víctimas

y Comunidades

del conflicto armado

especialmente víctimas del conflicto armado

colectiva)

Fortalecer las capacidades del Estado para que pueda prevenir y atender integralmente las vulneraciones a los derechos de protección de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto (derechos de protección contra el reclutamiento, la utilización y la violencia sexual). Asistencia técnica para la cualificación de política pública, programas y proyectos que atiendan niñas, niños y adolescentes desvinculados de los grupos armados no estatales desde enfoques diferenciales, de género y de derechos.

Garantías de no repetición

(Acciones afirmativas que contribuyan a que las víctimas no vuelvan a ser sujetos de violaciones de Derechos Humanos ni de infracciones del Derecho Internacional Humanitario)

Estado

Desarrollar la metodología de semilleros con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes y familias para trabajar alrededor de los derechos, la reconciliación, la equidad de género y la inclusión social, con el fin de impulsar comunidades constructoras de paz. Apoyo financiero al desarrollo de iniciativas culturales, artísticas, deportivas de desarrollo personal, comunitario, social como estrategia de prevención de la vinculación a grupos armados y de la violencia.

Asistencia técnica a las organizaciones de la sociedad civil, en especial las de las niñas, niños, adolescentes y mujeres en ejercicios de producción y difusión de conocimiento y el encuentro e intercambio de experiencias relacionadas con: a) el fortalecimiento del tejido social, b) la recuperación de la confianza en los ámbitos comunitarios, institucionales, sociales y políticos, c) la reconciliación y construcción de paz donde las voces de las niñas, niños y adolescentes han sido escuchadas, d) experiencias de retorno.

Incidencia ante garantes de derechos para la creación de mecanismos de protección y así mitigar los riesgos que tienen las jóvenes y mujeres lideresas en los procesos de construcción de paz.

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

Anexos

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

1. Antecedentes de los Procesos de Acuerdos de Paz en Colombia

Dado el contexto de conflicto armado, adelantar procesos de paz ha sido una búsqueda constante en el país. La historia reciente muestra que desde el gobierno de Belisario Betancur (1982 - 1986) se ha enfatizado esta búsqueda. Es así como bajo este gobierno se iniciaron conversaciones con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Movimiento 19 de Abril (M-19) y la Autodefensa Obrera (ADO). Como resultado de ello, se logró en 1984 un cese al fuego y la desmovilización de algunos miembros de las FARC-EP, a partir de lo cual se conformó el partido político Unión Patriótica (UP), integrado por excombatientes y miembros del Partido Comunista, la mayoría de los cuales fueron asesinados posteriormente. También hubo acercamientos con el M-19 pero la muerte de Iván Marino Ospina, miembro de su cúpula militar, terminó con las negociaciones. A partir de allí se recrudecieron las acciones de ese grupo, incluyendo los hechos de noviembre de 1985, cuando un comando del M-19 se tomó el Palacio de Justicia en Bogotá y con la respuesta de las Fuerzas Armadas se generaron múltiples desaparecidos y asesinatos, cuyos procesos judiciales hoy, luego de casi 30 años, siguen vigentes. Posteriormente, en el gobierno de Virgilio Barco (1986- 1990), entre enero de 1989 y marzo de 1990, se llevaron a cabo conversaciones con el M-19 que condujeron a la desmovilización y disolución de este grupo armado, que luego se convirtió en partido político. Sin embargo, apenas mes y medio después de haber entregado sus armas, Carlos Pizarro León Gómez, de 39 años, candidato a la Presidencia de Colombia por el M-19 fue acribillado1. Pizarro fue el tercer aspirante a la jefatura del Estado asesinado en ocho meses, luego de Luis Carlos

A mediodía del 27 de abril de 1990, una llamada anónima hecha a la emisora Radio Caracol se adjudicó el atentado en nombre de Los Extraditables comandados por Pablo Escobar Gaviria. Minutos después otra llamada similar hecha a Caracol Medellín desmintió esta afirmación.

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

Galán del Partido Liberal, el 18 de agosto y Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica, el 22 de marzo. Esta situación generó en la época, de nuevo, una profunda desesperanza nacional frente a la posibilidad de acabar con la violencia en el país. Bajo ese gobierno también se desarrolló el proceso con el Ejército Popular de Liberación (EPL), grupo con el que se firmó un acuerdo en mayo de 1990, logrando la desmovilización de buena parte de sus integrantes. Igualmente se activó una Consejería para la Paz que intentó acercamientos, sin éxito, con la llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), integrada por las FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia del EPL. Por último, se inició un proceso con el movimiento armado Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que culminó con un acuerdo en Ovejas (Sucre), en enero de 1991, cuando ya estaba en marcha el gobierno de César Gaviria. Adicionalmente, en la administración de César Gaviria Trujillo (1990 - 1994) se logró la desmovilización del proindigenista Movimiento Armado Quintín Lame. En mayo de 1991, cuando estaba en su recta final la Asamblea Nacional Constituyente para promulgar la nueva Constitución Política, el gobierno realizó una reunión con la CGSB en Cravo Norte (Arauca), en la que se acordó el inicio de conversaciones directas en Caracas (Venezuela), luego trasladadas a México. Cuando había cierta esperanza de éxito en estas negociaciones, el EPL secuestró al ex ministro Argelino Durán Quintero, quien falleció en cautiverio, siendo esta la razón del fin de las conversaciones en mayo de 1992. Durante el gobierno de Ernesto Samper (1994 - 1998) el proceso más destacado se intentó con el ELN y el EPL, en las llamadas conversaciones de Maguncia, en Alemania. Este diálogo fue posible gracias a la activa y directa participación de la sociedad civil. En julio de 1998 se firmó el acuerdo de Puerta del Cielo que contemplaba el desarrollo de una propuesta impulsada por la guerrilla para realizar una Convención Nacional. Dicho proceso no fue más allá de la formulación de buenas intenciones, pues no logró mayores avances. Luego, en el gobierno de Andrés Pastrana (1998 - 2002) se establecieron diálogos con la guerrilla de las FARC-EP en la zona de distensión, área de 42000 km2 conformada por cinco municipios de Meta y Caquetá, que fueron desmilitarizados. Este proceso se instaló formalmente el 7 de agosto de 19982. El mayor avance fue una agenda común denominada “Por el cambio hacia una nueva Colombia” que fue suscrita entre gobierno y las FARC-EP el 6 de mayo de 1999. Sin embargo, nuevos secuestros de políticos, militares y policías, numerosos asesinatos, actos terroristas y claras violaciones a las normas sobre protección de los derechos humanos sumieron en la sombra el proceso, que finalmente se rompió el 20 de febrero de 20023.

Durante la administración de Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó en dos periodos entre 2002 y 2010, el mayor proceso fue realizado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este fue enmarcado en las conversaciones del corregimiento de Ralito, municipio de Tierralta, del Departamento de Córdoba, y logró la desmovilización de varias estructuras paramilitares. Sin embargo, el proceso ha recibido permanentes cuestionamientos4 desde diversos estamentos nacionales e internacionales debido, entre otros aspectos, a la impunidad que generó, a lo poco que se informó a la opinión pública sobre lo acordado, y porque muchas estructuras de esas organizaciones no se desmovilizaron y aún siguen delinquiendo. Desde diciembre de 2005 hasta agosto de 2007 se generaron conversaciones con el ELN, quienes buscaban una negociación con el Gobierno colombiano para lograr la paz. En septiembre de 2005, el presidente Álvaro Uribe autorizó la salida de prisión del portavoz del grupo, Francisco Galán, con el fin de iniciar exploraciones formales en Cuba, con el acompañamiento de los países Noruega, España y Suiza. En junio de 2008, el ELN divulgó que no consideraba útil continuar los acercamientos con el Gobierno, por lo cual se cerraba la opción de una salida negociada al conflicto5. También se realizaron acercamientos con la guerrilla de las FARC-EP para un eventual proceso de paz; recientemente, en diferentes medios de comunicación se ha mostrado evidencia de los esfuerzos de dicho gobierno en lograr un acuerdo con el grupo insurgente6. En la actualidad, bajo el mandato del reelegido presidente Juan Manuel Santos 20102018, los delegados del Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP iniciaron un proceso de conversaciones que partió de la decisión mutua de poner fin al conflicto armado como condición esencial para la construcción de la paz en el país. Es así como entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012 en La Habana, Cuba, se realizaron encuentros exploratorios que concluyeron con la firma del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y duradera”7, que partió de reconocer que: “La construcción de paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos… El respeto por los derechos humanos en todo el territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse…

En el acto, realizado en San Vicente del Caguán, el presidente Pastrana se quedó esperando al jefe máximo de las FARC-EP, Manuel Marulanda, quien finalmente no llegó y su silla se quedó vacía. El proceso continuó con múltiples tropiezos generados por las acciones bélicas de los guerrilleros, quienes cometieron diversos atentados, secuestros y otros hechos que llevaron a varias congelaciones. Cuando los guerrilleros dinamitaron un puente por donde pasaba una ambulancia, hecho ocurrido en Antioquia, y una célula insurgente desvió un avión comercial, obligó a la tripulación a aterrizar en una carretera del departamento del Huila y secuestró al congresista Jorge Eduardo Géchem, quien se encontraba como pasajero.

Fundación Plan

7 5 6

Uno de los casos más sonados en la vida nacional fue la falsa desmovilización de la supuesta compañía de las FARCEP ‘Cacica La Gaitana’. Caso por el cual Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la Paz del gobierno Uribe, se autoexilió del país en enero del 2012, en las fechas en que fue requerido por los jueces. En http://www.elcolombiano.com/ BancoConocimiento/H/han_pasado_dos_anos_y_donde_esta_luis_carlos_restrepo/han_pasado_dos_anos_y_donde_esta_ luis_carlos_restrepo.asp Centro de Memoria Histórica. En http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/ En http://www.semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-el-enlace-secreto-entre-uribe-catatumbo/404988-3 Contó con la participación del Gobierno de la República de Cuba y del Gobierno de Noruega como garantes, y con el apoyo del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como facilitador de logística y acompañante.

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El desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente es garantía de paz y progreso… El desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías, permite crecer como país… Una Colombia en paz jugará un papel activo y soberano en la paz y el desarrollo regional y mundial… Es importante ampliar la democracia como condición para lograr bases sólidas de la paz.” Se acordó, entre otros, instalar una Mesa de Conversaciones8, con sede principal en La Habana, para desarrollar la agenda que incluye cinco temas básicos9: política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y fin del conflicto10. Igualmente se están explorando conversaciones con el ELN, razón por la cual se han generado encuentros no sólo entre el Gobierno y esta guerrilla, sino entre estos y las FARC-EP, con el objetivo de articular las agendas al finalizar las negociaciones. Ante esto se plantean al país desafíos globales11, tales como:

~~ La seguridad.

Tema particularmente importante entre la etapa de la firma del Acuerdo y su implementación, dada la necesidad que las FARC-EP identifiquen a sus excombatientes y se garantice por parte del Estado su protección; de que el Estado tome el control en los territorios y así evitar la continuidad de prácticas ilegales (extorsiones, secuestros, cultivos ilícitos, sicariato, minería ilegal) por parte de otros actores y organizaciones armadas que intimiden a la población.

~~ La confianza. Construir confianza entre los actores de la sociedad civil y los actores

estatales permitirá generar mayor coordinación entre éstos, evitando generar nuevos conflictos y responder, de esta manera, a las necesidades de las comunidades. Por ejemplo, la luchas por la territorialidad, la negociación sobre intereses que se superponen entre las comunidades mineras, las reservas indígenas ancestrales y las reservas forestales, entre otros.

8 9

10 11

~~ La redefinición del rol de los actores armados.

Colombia cuenta con el ejército más grande de la región, por lo cual es importante definir el nuevo rol que jugarían los militares en la sociedad. Además, el de las personas desmovilizadas, sus posibilidades de reincidencia, los procesos de reintegración a la vida civil y su relación con las víctimas.

~~ La brecha entre la institucionalidad local y la nacional. La apuesta es lograr

la sostenibilidad de la institucionalidad en lo local, a través de la definición e implementación de políticas públicas y planes de desarrollo desde la perspectiva de derechos y diferencial. También su armonización con los planes de desarrollo nacional en el marco de la construcción de paz, haciendo efectivos los principios de subsidiaridad y complementariedad entre los diferentes entes territoriales (local, regional y nacional).

~~ La Justicia Transicional. En el marco de este proceso surge la tensión de conciliar

justicia y paz, teniendo en cuenta las violaciones de derechos humanos, las infracciones al derecho internacional humanitario, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio, los cuales, de acuerdo a la normatividad internacional vigente y a las prácticas internacionales, no se pueden amnistiar ni indultar. En los tránsitos de consolidación de democracia y de defensa de derechos humanos las leyes de perdón y olvido no son procedentes.

~~ Las víctimas (sobrevivientes) como eje prioritario de atención.

Fortalecer procesos de atención psicosocial conducentes a la reconstrucción de sus proyectos de vida, trascendiendo su condición de víctimas a la de personas sujetos de derechos y de desarrollo. Esto implica desarrollar acciones orientadas a la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.

~~ La visibilización de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y su rol activo

en la construcción de paz. Partiendo del reconocimiento de las afectaciones del

conflicto armado en sus vidas y considerándolos sujetos de derechos activos en la recuperación del tejido social, la reconciliación y el desarrollo; por lo cual se hace necesario generar espacios para su participación protegida y segura.

Instalada públicamente en Oslo, Noruega, el 19 de octubre de 2012. Existe un sexto punto referido a la implementación, verificación y refrendación del Acuerdo. Para mayor información de lo que incluye cada uno de los temas y los acuerdos logrados, ver www.mesadeconversaciones.com.co Ver Marco Conceptual para la comprensión del actual proceso de negociación para la solución del conflicto. Intervenciones del equipo de la Fundación Plan e invitados externos (Monseñor Héctor Fabio Henao –Director, Secretariado Nacional de Pastoral Social-, y Gabriel Arias -Consultor Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.) en el marco del Taller “Lineamientos de trabajo de Fundación Plan en el marco de los Post-acuerdos”. Diciembre 2014.

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2. Situación de las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado

Poblaciones indígenas y afrodescendientes Según datos del último Censo Nacional de Población del año 2005, 1.392.623 personas se auto-reconocieron como indígenas, lo que corresponde al 3,36% de la población del país12. Esta es la tercera población étnica y cultural nacional, y se distribuye a lo largo del territorio nacional en 93 pueblos indígenas y 710 resguardos. Mientras el promedio nacional de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es del 27%, en el caso de la población indígena alcanza el 57%. También presenta una de las tasas de mortalidad infantil más altas de la región. Según datos de la UARIV, aproximadamente 146.670 de los desplazados internos en Colombia son indígenas. Sin embargo, se calcula que las cifras pueden ser mayores, teniendo en cuenta que muchos indígenas no tienen acceso al registro oficial, debido a la lejanía de sus tierras o porque no hablan español o no conocen el Sistema Nacional de Registro. Las cifras de víctimas de estos grupos para 2014 fueron: 79 indígenas asesinados, 6 desaparecidos, 7.529 forzados a desplazarse, 712 fueron amenazados y 169 fueron víctimas de atentados. Por otra parte, el 40% de la población afrocolombiana que se encuentra en extrema pobreza corresponde al rango de entre 0 y 15 años de edad. Se destaca que las mujeres afrocolombianas tienen una tasa de fecundidad apreciablemente mayor que la población en general; se registran tasas de jefatura femenina superiores entre los hogares con jefatura de jóvenes (12-39 años): el 22% mujeres en hogares afrocolombianos frente al 18,5% en hogares mestizos.

Esto en referencia a la cifra total de población para el año del censo 2005.

Fundación Plan

Estos mayores niveles de pobreza, su ubicación en áreas rurales remotas, los procesos históricos de despojo de tierras, otras afectaciones causadas por el conflicto armado y diversas brechas culturales e institucionales con la cultura occidental dominante en el país, aumentan la vulnerabilidad de estos grupos poblacionales y disminuyen su resiliencia ante los desastres. El Comité de Derechos del Niño expresó con gran preocupación “que los niños afrocolombianos y los niños indígenas sean especialmente vulnerables, ya que sus comunidades se ven afectadas a menudo por el conflicto armado”13.

Algunos datos relevantes de hechos victimizantes sobre las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado, reportados en el Informe presentado al Comité de los Derechos del Niño por la Alianza por la Niñez Colombiana, el 1 de marzo de 201414, son: Niñas y niños reclutados por grupos armados La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que entre el 2011 y 2013, se presentaron por lo menos 625 casos de niñas y niños reclutados por grupos armados no estatales. Sobre esto, el más reciente informe del Secretario General de la ONU sobre la Niñez y el Conflicto Armado en Colombia, menciona que el uso y reclutamiento de niñas y niños para la guerra es un fenómeno sistemático y generalizado, con al menos 300 casos reportados en 23 de los 32 departamentos del país durante el 2012. Según el boletín del ICBF, “Vulneración, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes”, durante el 2011, 282 niñas, niños y adolescentes se desvincularon de estos grupos. Además, las cifras de casos de desvinculación y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes atendidas por el ICBF desde 1999 hasta 2014 ascienden a 5.619; un número pequeño si se compara con el número de vinculados al conflicto por las

Comité de Derechos del Niño. Informe inicial presentado por Colombia en virtud del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. 2010. En Informe Defensorial (2014). Informe Complementario (2014).

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

guerrillas, paramilitares o bandas criminales. También se tiene que, de las niñas y niños desvinculados, el 73% no alcanza a cursar el primer año de bachillerato y el 17% de las niñas estaban embarazadas15.

Incluso, en algunas ocasiones se encuentran en medio del fuego cruzado entre los distintos actores armados, son ocupadas temporalmente por la fuerza pública y se convierten en las trincheras del combate17.

Otra estadística es que el 17% de las niñas y niños desvinculados son recuperados por la fuerza pública y el 83% se evaden del grupo armado. Aquí, el mayor número de desvinculaciones corresponde en su orden a las FARC-EP, seguidos en su momento por las Autodefensas, el ELN y las BACRIM.

Adicional a estas situaciones, existen otras formas específicas de violencia por muerte: niñas, niños y adolescentes asesinados por negarse a ingresar a las filas de un grupo armado ilegal; muertos a causa de ataques indiscriminados por los grupos armados contra la población civil; muertos en combate porque integran las filas de los grupos armados; muertos por fuego cruzado en combate entre los grupos armados ilegales y las fuerzas regulares del Estado; muertos a causa de ejecuciones extrajudiciales presentados como guerrilleros muertos en combate18.

La judicialización del delito ha sido muy pobre: según datos obtenidos en agosto de 2013, la justicia ordinaria profirió 47 fallos condenatorios, los cuales correspondieron a procesos en los que actuaron los miembros de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. De conformidad con los reportes de las Fiscalías Seccionales del país, a diciembre de 2012, la administración de justicia había adoptado 49 sentencias más de este orden. En total, son aproximadamente algo más de 100 las sentencias que la justicia ordinaria ha proferido sancionando este hecho ilícito desde su consagración normativa como delito. Esto es bastante sorprendente cuando se sabe que las historias de vida y los testimonios de más de 5.000 niñas o niños que se han desvinculado de los grupos armados no estatales, y que han sido atendidos hasta la fecha por el ICBF, serían base probatoria suficiente para tales investigaciones y juicios punitivos. Así mismo, el reclutamiento no siempre ha estado acompañado de hechos violentos: la propaganda política, el ofrecimiento de salarios, comida y protección o el uso de otros niños, son también estrategias para atraerlos.

Niñez afectada por minas antipersonales Colombia tiene el mayor número de nuevas víctimas civiles de minas terrestres por año en el mundo. La cifra total de éstas alcanza los 12.943, de los cuales 454 fueron niños, 239 niñas y 831 mujeres, de acuerdo con cifras oficiales del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas (PAICMA). Al menos el 65% de los municipios del país están bajo sospecha de contaminación por minas. Por ello, el gobierno ha puesto en marcha un marco jurídico y técnico que permite el desminado humanitario por organizaciones civiles en las zonas donde las condiciones de seguridad permiten este tipo de actividades16.

Niñas y niños en situación de desplazamiento afectados por los desastres naturales (situaciones de emergencia) Según el documento de “Análisis y Recomendaciones sobre la articulación entre la Ley 1448 de 2011 y la Ley 1098 de 2006”, se tiene que: “Una de las situaciones que se presenta en el país hace referencia al hecho que la población que se ve con mayor frecuencia afectada por los fenómenos de origen natural suele ser también la población víctima del conflicto armado, en especial la población en situación de desplazamiento forzado. Sin embargo, se ha identificado que no existe articulación y coordinación entre las diferentes legislaciones para el tema, así como en las acciones que se desarrollan para atención integral a las personas, en especial la infancia y la adolescencia, afectadas y/o víctimas de ambas problemáticas”19.

Niñas y niños afectados por situaciones de refugio Otra problemática asociada a la presión generada por el conflicto armado es la situación de refugio. De acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se calcula que hay 500.000 refugiados colombianos que viven en los países circundantes. El principal país receptor de éstos, para el 2010, era Ecuador (53.342 personas) y cerca del 70% eran mujeres, niñas y niños20.

Otras formas en las que se están viendo afectados las niñas, niños y adolescentes por MAP/MUSE consisten en que estos artefactos están instalados en las escuelas o en sus zonas aledañas (150 a 200 metros). 19 17

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Impacto del conflicto (2014). Propuesta - Estrategia de Incidencia del EHP 2014-2015. Clúster de Protección documento borrador de Lineamientos en los Post-Acuerdos.

Fundación Plan

Clúster de Protección (2015). Informe Defensorial (2014). P. 43. Análisis y recomendaciones sobre la articulación entre la Ley 1448 por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia. Alianza por la Niñez colombiana. 2015. Guglielmelli Whitem, Ana. ACNUR. Servicio de Evaluación y Desarrollo de Políticas. En los zapatos de los refugiados. Ofrecer protección y soluciones a los desplazados colombianos en Ecuador. 2011. P. 8.

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

Para esta población en situación de refugio se presentaban barreras de asequibilidad y accesibilidad a programas y servicios. Un ejemplo de ello es este testimonio: “A las niñas no me las querían recibir, parece que solo escuchar el acento a uno le niegan la posibilidad, me la pasé caminando solicitando cupo en varias escuelas y colegios, en todos me piden documentos apostillados en Colombia, en otros apenas uno dice que es colombiana dicen que no que después, que no está fulanita, entonces uno se cansa. La mayorcita no tenía el certificado ni notas, ella tiene 13 años y estaba estudiando allá en Colombia, pero acá no me la quieren matricular, yo le dije a la directora que nos tocó salir huyendo de un día para otro, por eso no tenemos ningún papel ni certificado de nacimiento… A una amiga le negaron el refugio y los niños no los tiene estudiando, porque lo mismo les piden los documentos apostillados y ella no se puede devolver a sacarlos por problemas que tiene, sería ponerse en mucho riesgo, por un papel, que además cuesta mucha plata, acá no entienden la situación de uno”21.

Violencia urbana y niñez El documento de Violencia Urbana trabajado en el Clúster de Protección plantea que las violaciones al derecho a la vida en contra de las niñas, niños y adolescentes se han incrementado en los últimos años. La violencia intrafamiliar contra ellas y ellos representó el 14,5% de los 12.173 casos ocurridos en el año 2012, y entre enero y septiembre de 2013 se han reportado 11.333 casos más22.

Violencia contra las mujeres

Estas prácticas de abuso, control y sometimiento, han silenciado muchas de las expresiones de la identidad y la personalidad. Los padres y madres, como medida de protección a sus hijas e hijos, especialmente adolescentes y jóvenes, regulan horarios y no les permiten vestirse o llevar accesorios como quisieran; las personas homosexuales se ocultan o desplazan de los territorios. Sin embargo, no existe suficiente información para documentar dichas graves violaciones. Según la encuesta de Oxfam, “Prevalencia sexual en contra de las mujeres en el conflicto armado colombiano”, aplicada en los 407 municipios en los que había presencia de fuerza pública, guerrilla, paramilitares u otros grupos armados, en el periodo entre 2001 y 2009 cerca de 500.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual (más de 54.000 cada año). Así, la incidencia de este delito en ese periodo fue de 17,58%, para un total de 489.687 mujeres, de las cuales solo el 18% denunciaron el hecho (Casa de la mujer, Oxfam y Ministery of Foreing Affairs, MDG 3 FUND, 2011)”23. Entonces, dado que muchas víctimas no denuncian los abusos por temor a represalias o debido a la limitada capacidad de las instituciones del Estado, la magnitud real de este problema sigue siendo desconocida. Además, de particular preocupación es la falta de un sistema adecuado para proteger a las víctimas. La violencia sexual y de género en el conflicto armado colombiano ha incluido prácticas como la violación, los abortos forzados, la esclavitud, la explotación sexual y la planificación familiar forzada, entre otros24. A ello se suma que “una gran proporción de los actos de violencia sexual son perpetrados por pandillas de delincuentes llamadas BACRIM. Puesto que el Gobierno no reconoce a estos grupos armados no estatales que surgieron tras el proceso de desmovilización como actores del conflicto armado, las víctimas de actos de violencia sexual cometidos por ellos deben enfrentar grandes obstáculos para acceder a los beneficios previstos en la Ley de indemnización a las víctimas (Ley 1448 de 2011)25.

En el contexto del conflicto armado colombiano es evidente la regulación de la sexualidad y de las expresiones de autonomía de las personas, reafirmando el machismo y aumentando la violencia contra las mujeres y el control sobre su cuerpo. El abuso sexual a las mujeres por parte de actores armados se convirtió en un arma de guerra utilizada como venganza y ofensa a la masculinidad, y la violación a los hombres como manera de feminización.

Huepa, Johanna. Derecho a la educación de niñas y niños colombianos/as en situación de refugio en Ecuador. P4. Instituto de Medicina Legal. Informe Forensis. 2013.

Fundación Plan

En http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisis2/ninezadolescenciayjuventud/ articulos/Huepa.pdf Propuesta - Estrategia (2014-2015). Informe Defensorial (2014). P. 33.

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3. Definición de términos para la

comprensión del actual Proceso de Paz

ACCIÓN SIN DAÑO . Es un enfoque ético promovido por Mary Anderson, directora del 26

proyecto Local Capacities for Peace Project (Capacidades Locales para la Paz), en el que se inicia una serie de reflexiones sobre los efectos de las intervenciones humanitarias en Asia y África. Introduce el tema desde la preocupación de diferentes agencias de la cooperación internacional por identificar los posibles perjuicios y deficiencias de sus intervenciones. A partir de estas reflexiones, se parte de la premisa de que ninguna intervención externa realizada por diferentes actores humanitarios o de desarrollo –ya sean internacionales o nacionales, públicos o privados- está exenta de hacer daño a través de sus acciones. Siempre que se trate de intervenir en los procesos y la vida de los “otros”, sobre todo en situaciones de conflictos, es posible ayudar a reducir las tensiones y a fortalecer las capacidades de las personas para retirarse del combate y buscar opciones pacíficas para resolver los problemas, pero también se puede ocasionar más daños a partir de la acción externa, tanto a personas como a comunidades.

A pesar de que las Agencias de Cooperación busquen a menudo ser neutrales o evitar tomar partido frente a las diferentes personas que participan, el impacto de su ayuda y acciones no son neutrales27. Por ello, el enfoque de Acción Sin Daño busca posibilitar que las agencias tomen decisiones e impartan orientaciones adecuadas y que los trabajadores humanitarios y de desarrollo usen lo que han aprendido en el pasado de forma tal que trabajen más efectivamente en situaciones complejas. De igual manera, se tiene la convicción de que, desde una posición consciente, responsable y alerta, tanto de las entidades oficiales como de la empresa privada y las Organizaciones

No Gubernamentales (ONG), es más factible apoyar procesos de construcción de paz y contribuir con diversas alternativas a rechazar la guerra. También, es posible desarrollar habilidades para optimizar las capacidades locales, promover la autonomía y buscar que los recursos apoyen a las víctimas y no terminen contribuyendo a la continuidad de la guerra o a desarticular a las comunidades.

COMISIONES DE LA VERDAD28.

Las Comisiones de la Verdad son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia, y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano. A través de ellas se busca conocer las causas de la violencia, identificar a los elementos en conflicto, investigar los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes. El trabajo de la Comisión de la Verdad permite identificar las estructuras del terror y sus ramificaciones en las diversas instancias de la sociedad, entre otros factores inmersos en esta problemática. Esta investigación abre la posibilidad de reivindicar la memoria de las víctimas, proponer una política de reparación del daño, e impedir que aquellos que participaron en las violaciones de los derechos humanos sigan cumpliendo con sus funciones públicas, burlando al Estado de Derecho.

COMUNICACIÓN PARA LA PAZ29.

La Comunicación para la Paz exige reconocer la importancia de desarrollar la capacidad de escuchar de manera efectiva si queremos convivir democrática y solidariamente. Más aun si tenemos en cuenta que como seres humanos estamos comprometidos con el mundo en que vivimos y que no hay escucha que no esté basada en el futuro de quien escucha. Para que la comunicación sea efectiva necesita que se compartan unos códigos comunes generados a través de dos elementos fundamentales: la confianza y la empatía, pues estos elementos hacen que la comunicación sea activa. Además la Comunicación para la

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El enfoque de la Acción (2008). Anderson, Mary B. Acción sin daño, Cómo la ayuda humanitaria puede apoyar la paz o la guerra. 2009.

Fundación Plan

Las Comisiones De La Verdad en América Latina. Suya. En http://www.derechos.org/koaga/iii/1/cuya.html. Consultado el 4 de junio de 2015. El Plan es Construir Paz. Fundación Plan. Documento interno de Trabajo. Febrero de 2011.

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

Paz plantea la búsqueda de un diálogo que permita o posibilite llegar a acuerdos. Para ello se necesita que las personas sean más activas y asertivas, por lo tanto hay que generar competencias, habilidades y procesos educativos, donde se logren aprehender habilidades y potencialidades que permitan ir resolviendo todo lo que nos hace diversos. Desde el lenguaje y la comunicación se juega un papel importante para la construcción de una cultura de paz. Factores como la escucha activa, el reconocimiento de las emociones, la conjugación del espacio, el texto y el contexto, las relaciones interpersonales, el respeto, la participación, la inclusión, la aceptación del otro u otra como legítimos interlocutores, entre otros, son aquellos que el comunicador para la paz no puede perder de vista. Finalmente, la Comunicación para la Paz tiende a re-significar las estructuras como unas formas nuevas de construir paz, también potencia las expresiones de la cultura que le dan la posibilidad de contar el mundo y sus realidades a través del arte, la música, el teatro, etc.

CONFLICTO.

El conflicto es una oportunidad de crecimiento y transformación. Todas las sociedades poseen sistemas para manejar, mitigar, resolver, mediar, conciliar las diferencias y las tensiones sin violencia.

Según John Paul Lederach30 existen tres niveles del conflicto. Conflicto Interno: se da cuando las personas tienen intereses y necesidades que no satisfacen al mismo tiempo. Conflicto Interpersonal: sucede cuando dos o más personas están ligadas por un objetivo común pero con intereses incompatibles. Conflicto Intergrupal: ocurre cuando dos o más grupos se integran por un objetivo común pero con intereses incompatibles. En estos tres niveles se observa, por un lado el reconocimiento de cada uno por el otro, y también que la identidad de cada persona se muestra como es desde sus necesidades e intereses.

CONSTRUCCIÓN DE PAZ31.

Conjunto de acciones (en el corto, medio y largo plazo) que permiten a una sociedad prevenir, gestionar y resolver el conflicto -a través de sus propias capacidades- sin recurrir al uso de la violencia. Es un camino para alcanzar la estabilidad estructural y su correspondiente nivel de Seguridad Humana32 y trabaja para eliminar las causas estructurales de los conflictos violentos y fortalecer las sociedades y su convivencia pacífica.

CULTURAS DE PAZ33. Una Cultura de Paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en:

a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. b) El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política de los Estados, y de no injerencia en los asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de éstos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. c) El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. d) El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos. e) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras. f) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo. g) El respeto y fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. h) El respeto y fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión, opinión e información. i) La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las naciones. Por supuesto, todo esto animado por un entorno nacional e internacional que favorezca la paz.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ. El Plan de acción de la 44ª Conferencia Internacional de Educación, sobre educación para la paz, la democracia y los derechos humanos plantea que:

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Lederach, J. (2008). La imaginación moral. El arte y el alma de construir la paz. Bogotá: Grupo Editorial Norma. Acorde con la definición propuesta por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. En http://iecah.org/web/ index.php?option=com_content&view=article&id=523&Itemid=25 Concepto difundido a partir del Informe sobre Desarrollo Humano de 1994. PNUD. En http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/ mostrar/204

“La educación ha de fomentar la capacidad de apreciar el valor de la libertad y las aptitudes que permitan responder a sus retos, esto supone que se prepare a los ciudadanos para que sepan manejar situaciones difíciles e inciertas, prepararlos para la autonomía

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53/243. Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. 6 de octubre de 1999. ONU.

NIÑAS Y NIÑOS: Determinantes en la Construcción de la Paz Territorial, Estable y Duradera

y la posibilidad individual, esta última ha de estar ligada al reconocimiento del valor del compromiso cívico, de la asociación con los demás para resolver los problemas y trabajar por una comunidad justa, pacífica y democrática”34. Educar para la paz es plantear y promover entre la gente la convicción de que es necesario un cambio del sistema para resolver los conflictos existentes, así como conseguir un compromiso por parte de las mismas personas para trabajar por la abolición o reducción de las diferentes manifestaciones de violencia. La educación para la paz persigue objetivos a largo plazo, pues pretende transformar la cultura basada en la violencia por la cultura de paz a nivel de toda la humanidad. Para que ello se logre es necesario contar con conocimientos, actitudes y prácticas que permitan construir nuevas formas de convivencia social basadas en la solidaridad, la justicia y el respeto al ambiente. Por ello es de vital importancia el trabajo con educadores para la paz. Esta es una concepción holística que incluye, entre otros, la educación en los derechos humanos, el desarrollo y el medio ambiente, la prevención y resolución pacífica de los conflictos, la seguridad humana35, la reconciliación y los estudios de género.

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS. El enfoque basado en los derechos humanos es

un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano, que desde el punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos, y desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y protección de estos derechos. Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo36. En este sentido el Proceso de Paz debe satisfacer necesariamente los derechos de las víctimas, comenzando por la medida más efectiva de protección y no repetición: poner fin al conflicto armado. Pero también, en un sentido más amplio, busca garantizar por igual los derechos constitucionales de los colombianos en todo el territorio a través de instituciones fuertes, no sólo entendidas como entidades sino como el conjunto de prácticas y normas que regulan la vida pública, y que son indispensables para la creación de condiciones de cooperación y convivencia.

ENFOQUE TERRITORIAL.

Enfoque que comprende el territorio como el espacio que comparten todos los habitantes, independientemente del uso que hacen del mismo y que trasciende lo rural al incorporar los vínculos que éste mantiene con lo urbano. El territorio es concebido como el resultado de la puesta en común de conocimientos, de lenguas y

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Capitulo II Numeral 7. Ginebra. 1994. Término acuñado por el Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1994). La seguridad humana está centrada en el ser humano. Se preocupa por la forma en que la gente vive, la construcción de la sociedad y las oportunidades sociales, la libertad con que puede ejercer diversas opciones, el grado de acceso al mercado y a las oportunidades sociales y la vida en conflicto o en paz. La seguridad humana significa que la gente puede ejercer esas opciones en forma segura y libre y que puede tener relativa confianza en que las oportunidades que tienen hoy no desaparecerán totalmente mañana. En http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf

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sentimientos de identidad, que permiten a los hombres y mujeres que viven en él descubrir las razones y ventajas de su vecindad física para elaborar, activamente, su identidad colectiva (Rullani, 1998; citado en Delgado Serrano, 2004)37. Así, todo desarrollo territorial necesita de un fuerte apoyo institucional que asegure que la nueva riqueza será distribuida en forma justa entre cada actor. En el marco de los diálogos, se propone una lógica de inclusión e integración territorial basada en una nueva alianza entre el Estado y las comunidades para construir conjuntamente institucionalidad en el territorio, siendo esto indispensable debido a que el conflicto ha afectado más a unos territorios que a otros. Por supuesto, porque el cambio no se logrará si no se articulan los esfuerzos y se moviliza a la población en esos territorios alrededor de la paz. El Acuerdo menciona el término de Paz Territorial, con el cual se refiere a la necesidad de que participen todos los ciudadanos y las comunidades en torno a su construcción, impactando positivamente los derechos de las víctimas y asegurando garantías para todos.

EMPODERAMIENTO.

El empoderamiento de las comunidades, especialmente de las niñas, niños, jóvenes y mujeres, es crucial en los procesos de construcción de paz. El poder puede definirse como la capacidad de modelar la vida y el medio ambiente de uno mismo. La falta de éste es una de las principales barreras que impiden que las niñas y las mujeres ejerzan sus derechos y salgan de los ciclos de pobreza. El empoderamiento basado en género en contextos de Post-Acuerdo, implica construir los activos de las niñas (sociales, económicos, políticos y personales), fortaleciendo sus habilidades para tomar decisiones sobre sus mecanismos de resiliencia. También se debe promover el liderazgo y la participación activa en los escenarios de negociación y de construcción de una convivencia pacífica, desarrollando sus capacidades, su sentido de auto-estima y auto-valoración, así como la confianza en su propia capacidad. De esta forma, la percepción tradicional de ver a las poblaciones vulnerables en situaciones de conflicto y post-conflicto es la de ser víctimas de la guerra. Sin embargo, a través de estrategias de empoderamiento las niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres, adquieren un rol activo en dichas situaciones, re-significando sus aportes a la construcción de paz.

JUSTICIA TRANSICIONAL38.

Hace referencia a los procesos a través de los cuales se realizan transformaciones radicales de un orden social y político, bien sea por el paso de un régimen dictatorial a uno democrático, bien por la finalización de un conflicto interno armado y la consecución de la paz. Esto, especialmente, cuando se trata de transiciones negociadas, cuando el objetivo es dejar atrás un conflicto armado y reconstruir el tejido social.

En http://www.javeriana.edu.co/ear/m_des_rur/documents/PredayAlbanesi2005Ponencia-Argentina.pdf ¿Justicia Transicional sin transición?. Verdad, justicia y reparación para Colombia. Centro de Estudios de Derechos, Justicia y Sociedad. Dejusticia. 2006.

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Dicha transformación implica la difícil tarea de lograr un equilibrio entre las exigencias de justicia y paz, es decir entre los derechos de las víctimas del conflicto y las condiciones impuestas por los actores armados para desmovilizarse. Por ello resulta necesario flexibilizar, aunque no anular, ciertos requerimientos de justicia en pro de la consecución de la paz. En este sentido, todas las estrategias de justicia transicional implican necesariamente el sacrificio de algunos de los valores en tensión, por lo que cada sociedad debe diseñar su propia fórmula para enfrentar los problemas de verdad, justicia y reparación, pues las relaciones de fuerza son distintas y las posibilidades de compromiso diversas.

MEMORIA HISTÓRICA39.

Es un concepto ideológico e historiográfico de desarrollo relativamente reciente, que puede atribuirse en su formulación más común a Pierre Nora40, y que viene a designar el esfuerzo consciente de los grupos humanos por entroncar con su pasado, sea éste real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto. En el país contamos con el Centro de Memoria Histórica41, adscrito al Departamento de Prosperidad Social, cuya misión es contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto. También, enfatizar el deber de memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de paz, democratización y reconciliación. Entre sus Objetivos Estratégicos se cuentan:

Comprensión social del conflicto armado: contribuir al esclarecimiento de los hechos,

los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia. Además, interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, para ayudar en la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no repetición.

Esfera pública de la memoria: consolidar el papel de la memoria como derecho en

la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, propiciando las garantías y condiciones para que las diversas manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del conflicto armado.

Condiciones para la construcción de la paz: aportar a la dignificación de las víctimas, el

esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos y la convivencia del país, a través de la reparación simbólica de las víctimas y la implementación de mecanismos no judiciales de contribución a la verdad de la población desmovilizada y otros actores.

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En http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_hist%C3%B3rica Referencias al autor en http://www.labacion.com.ar/788817-no-hay-que-confundir-memoria-con-historia-dijo-pierre-nora En http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica

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Legado testimonial y documental. Museo Nacional de la Memoria y Archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica: diseñar, construir y entregar al país el Museo

de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos. Conformar y poner al servicio de las víctimas y la sociedad el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica como herramienta de contribución al derecho a la verdad y a la no impunidad.

PARTICIPACIÓN. Son varias las condiciones para que un Proceso de Paz sea eficaz.

Una de ellas es la participación de la sociedad civil, la cual es clave para que los Acuerdos de Paz no se conviertan solo en una negociación entre las élites militares o insurgentes que han dominado el conflicto armado. También importante es la participación de las víctimas, especialmente las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para lograr que las medidas sean satisfactorias. El proceso de recuperación no ocurre solo a través del ‘objeto’, por ejemplo una indemnización o un monumento, sino del proceso de participación y adecuación a las necesidades y expectativas de las víctimas: que sean tenidas en cuenta, sobre todo con respecto a las formas de reparación colectiva.

En la actualidad existe un “Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado” expedido por la Unidad Administrativa Especial para la Atención Integral a las Víctimas. Según el mismo, para las víctimas42 su objetivo consiste en generar el marco en el cual se garantice la participación efectiva de éstas en la planeación, ejecución y control de las políticas públicas. Esto dentro del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, del artículo 159 de la Ley 1448 de 2011. Así mismo, garantizar a las víctimas su influencia en los espacios de participación ciudadana local, regional y nacional. Es de resaltar que en lo que se conoce, es la primera experiencia de este tipo en participación de ellas y ellos en la implementación de leyes expedidas en el marco del conflicto armado y procesos de paz. El protocolo contempla consideraciones relacionadas con metodologías acordes al enfoque diferencial, las garantías de protección, seguridad y canales de viabilización de sus propuestas.

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES. Es importante mencionar el rol que las mujeres

han tenido históricamente en la construcción de paz, lo que ha implicado para ellas la construcción y adopción de una posición política, que muchas veces se nutre de sus experiencias en el ámbito privado y doméstico. Generalmente, los hombres no incluyen en los acuerdos los aspectos sociales que causan la desigualdad de los géneros, ni tienen en cuenta las afectaciones que la guerra genera en la vida familiar, doméstica y privada.

Aquellas personas que han sufrido un daño con ocasión del conflicto armado interno, de acuerdo al artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, y a la Sentencia C – 052 de 2012 de la Corte Constitucional.

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Algunas mujeres notables que han liderado procesos de paz:

Mairead Corrigan-Maguire (Irlanda). Activista y cofundadora, junto con Betty

Williams, de Gente por la Paz, una organización que buscó soluciones pacíficas al conflicto armado norirlandés. En 1976 recibió, junto con Williams, el Premio Nobel de Paz. Corrigan inició su activismo a favor de la paz cuando los tres hijos de su hermana murieron el 10 de agosto de 1976, atropellados por el carro de un fugitivo del IRA. Betty Williams, ex IRA, fue testigo del accidente e inició la recolección de 6.000 firmas pidiendo una solución pacífica al conflicto armado norirlandés. Corrigan se unió al trabajo de Williams, fundando el movimiento Mujeres por la Paz, que posteriormente se transformó en Movimiento por la Paz de Irlanda del Norte. Ambas consiguieron reunir en las calles de la ciudad de Belfast a más de 35.000 personas pidiendo una solución pacífica al conflicto, consiguiendo reunir tanto a católicos como a protestantes.

Rigoberta Menchú (Guatemala). Indígena maya-k’iche, activista de los derechos humanos, en especial de los pueblos indígenas de Hispanoamérica. Varios miembros de su familia, incluida su madre, fueron torturados y asesinados por los militares o por la policía paralela de los «escuadrones de la muerte». Lideró una campaña pacífica de denuncia del régimen guatemalteco y de la sistemática violación de los derechos humanos de que eran objeto los campesinos indígenas, sin otra ideología que el cristianismo revolucionario de la “Teología de la liberación”. En 1992 fue reconocida con el Premio Nobel de Paz, coincidiendo con la celebración oficial del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, a la que Rigoberta se había opuesto por ignorar las dimensiones trágicas que aquel hecho tuvo para los indios americanos. Su posición le permitió actuar como mediadora en el Proceso de Paz entre el gobierno y la guerrilla en su país, iniciado en los años siguientes. Shirin Ebadi (Irán). Abogada y activista por los derechos humanos. En 1975 fue la primera

mujer iraní en acceder a la presidencia de un tribunal. Después de la Revolución Islámica de 1979, se prohibió el ejercicio de la función de juez a las mujeres, por lo que todas las juezas iraníes fueron apartadas del cargo y destinadas a trabajos administrativos. Ebadí fue designada como Secretaria del mismo tribunal que anteriormente presidía. Protestó por ello y obtuvo una promoción como consejera en el Ministerio de Justicia. Insatisfecha, solicitó permiso para una jubilación anticipada que le fue concedida. Milita por los derechos humanos y la democracia. En 2003 fue la primera iraní y la primera mujer musulmana en recibir el Premio Nobel de Paz, en razón de “sus esfuerzos por la democracia y los derechos humanos”, reconociendo su atención particular a la “lucha por los derechos de mujeres y niños”.

Wangari Maathai (Kenya). Activista política y ecologista. Fue la primera mujer en

África Central y Oriental en obtener un doctorado. En 1977 fundó el Movimiento Cinturón Verde, responsable de la plantación de más de 30 millones de árboles por todo el país, para evitar la erosión y mejorar la calidad de vida de las mujeres. En 2004 recibió el Premio Nobel de Paz por sus contribuciones al desarrollo sostenible, a la democracia y a la paz.

Leymah Gbowee (Liberia). Activista de los derechos de las mujeres y la paz, organizó

el movimiento cristiano y musulmán “Women of Liberia Mass Action for Peace”, que puso fin a la Segunda Guerra Civil Liberiana en 2003. Esto condujo a la elección de Ellen Jonhson Sirleaf como la primera mujer presidente de una nación africana. En 2011, ella y Sirleaf recibieron el Premio Nobel de Paz.

Aung San Suu Kyi (Myanmar). Política y activista contra la dictadura militar. En 1991 le fue concedido el Premio Nobel de Paz pero la Junta Militar birmana no la dejó salir del país y tuvo que esperar a junio de 2012 para poder recogerlo. Participó en el “Segundo combate en pro de la independencia nacional”. Este se inspiró en el ejemplo pacífico de Gandhi y en su fe budista, que le llevó a propugnar una “revolución del espíritu que se manifiesta mediante el reconocimiento de la necesidad del diálogo y la compasión por los más humildes”. Malala Yousafzai (Pakistán). Bloguera, estudiante y activista de los derechos civiles,

en especial de las niñas en el valle del río Swat, donde el régimen talibán les ha prohibido la asistencia a la escuela. Ganadora del Premio Nobel de Paz en 2014, es la persona más joven en recibir ese galardón en cualquier categoría.

PACICULTURA43. El Observatorio para la Paz en Colombia, en el marco de sus acciones

de educación, propone el enfoque de la “Pacicultura”, desde el cual se reconoce la cultura como la gran legitimadora, tanto de la violencia como de la paz. La Pacicultura entiende la violencia cultural como daño, riesgo y amenaza en tanto nutre, reproduce y legitima prácticas, creencias y valores, relaciones individuales y colectivas. En cambio, la paz como cultura, como factor primordial que protege porque se orienta al cuidado y respeto de la vida en todas sus formas; además de prevenir, superar, sanar, preservar, transformar, potenciar recursos y potencialidades en hábitos, prácticas, creencias y valores.

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Clase 3 Pacicultura y Emergencias de Paz. Módulo 1 Enfoque pacicultor de la Educación en Emergencias y cultura de paz. Observatorio para la Paz.

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La Pacicultura tiene como propósito último el cambio de mentalidad. O mejor, hacer de la paz cultural mentalidad, paradigma de comprensión de la realidad, pedagogía de transformación de la misma. Para que así sea, se impone romper con viejos hábitos, esquemas, prejuicios y modos de pensar, para ir abriéndose hacia una nueva forma de pensar. Al trabajar por este cambio, se orienta a que desde una mirada cultural nueva se deslegitime y rechace la violencia, y se potencie la paz en todas sus formas y dimensiones. Así como la violencia cultural es la que legitima o justifica toda forma de violencia, la paz cultural legitima y justifica la paz en todas sus formas.

PERDÓN47. Existen diferentes definiciones para el perdón. Éste puede ser definido como

PAZ44. Proponemos la aproximación de Johan Galtung referida a que el concepto de la

Así mismo, no significa justificar los comportamientos negativos, negar o reprimir la rabia ni el dolor aparentando que todo está bien, cuando en realidad hay disgusto y molestia; cambiar los comportamientos ni las actitudes con los agresores; tampoco es reconciliarse con el otro, proceso que es posterior. El perdón es un proceso de sanación de sí mismo, y la reconciliación un proceso de sanación de la relación con el otro. El perdón permite reconstruir al otro en mí y la relación que establezco con él, de tal forma que el pacto social roto por la agresión se redefina y permita establecer una nueva alianza.

Paz no significa solamente la ausencia de guerra o de la violencia directa45. Además de la eliminación de éstas, es necesario que la paz incluya elementos que transformen las estructuras de la sociedad para convertirla en una más justa e inclusiva y debe ir más allá, hacia la construcción de una nueva cultura, sustituyendo la de violencia que se transmite en nuestras sociedades. En este sentido, Galtung define la paz como la ausencia de todo tipo de violencia, incluyendo la violencia estructural. Es decir que se define como el disfrute de justicia social; esto es lo que llama Paz Positiva.

Sin embargo, existen otros conceptos que definen la paz como la presencia de atributos, no como la negación o ausencia de algo. Por ejemplo, Adam Curle propone la paz como “La situación, orden o estado de cosas caracterizado por un alto grado de Justicia y una expresión mínima de violencia”; y Betty Reardon como “Un orden social, o un conjunto de relaciones humanas en la cual la justicia puede conseguirse sin violencia”46. Igualmente encontramos el concepto de Paz Holística, definición integral que implica la paz interna o interior, la paz externa y la paz con el ambiente. La paz interna significa la ausencia o fin del conflicto dentro del mismo ser, que es trabajada principalmente por moralistas, filósofos, y promovida por las religiones en general. Está bien expresada en los términos SATYAGRAHA –firmeza de la verdad- y AHIMSA –camino de la no violencia–, que son tan significativos en el movimiento promovido por Gandhi. Se habla de paz externa cuando finaliza el conflicto entre individuos, más propia del estudio del Derecho y los juristas y que se vincula a una visión de Occidente. Ésta se asimila al término de PAX ROMANA. Finalmente la paz con el ambiente, cuyas connotaciones se amplían al manejo equilibrado de los recursos naturales, la moderación del consumo y el respeto por cualquier forma de vida y su entorno.

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Benavidez de Pérez, Amanda. Cátedra Guillermo Gaviria. Módulo ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS EN EDUCACIÓN PARA LA PAZ. Galtung determina tres tipos de violencia. La VIOLENCIA FÍSICA que se ejecuta contra el cuerpo humano, la VIOLENCIA ESTRUCTURAL, representada en la pobreza (privación de las necesidades básicas), la represión (privación de los derechos humanos) y la alienación (privación de las necesidades superiores), y la VIOLENCIA CULTURAL O SIMBÓLICA, representada en todas aquellas estructuras culturales que la legitiman tales como el machismo, la agresión a los recursos naturales y la tierra, la convicción del hombre como ser superior de la creación, la cultura armamentista, la xenofobia y el culto a la guerra, entre algunas de sus expresiones. 53/243. Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. 6 de octubre de 1999. ONU.

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una decisión, cuando vemos más allá de los límites de la personalidad del otro; una actitud que supone estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de las propias percepciones, comprendiendo que son opciones y no hechos objetivos.También, un proceso que exige cambiar las percepciones una y otra vez; una forma de vida que convierte a las personas víctimas de las circunstancias en poderosos y amorosos co-creadores de la realidad. El perdón no está en lo que se hace sino en la manera en cómo se percibe a las personas y las circunstancias.

PROCESO DE PAZ48. Es un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia,

así como para implementarlo mediante negociaciones que pueden requerir la “mediación de terceros”. Con esta definición inicial se destaca la idea de que un “proceso” no es un momento puntual, sino un conjunto de fases o etapas alargadas en el tiempo, en las que intervienen todos los actores afectados. Es un esfuerzo colectivo para alcanzar acuerdos que permitirán acabar con la situación anterior, dominada por la violencia y el enfrentamiento armado, para dar paso mediante el diálogo y el consenso a pactos que pongan fin a la violencia física. Mediante la implementación de los pactos, iniciar una nueva etapa de progreso y desarrollo que permita superar igualmente las violencias estructurales que propiciaron el surgimiento del conflicto.

PROCESOS DE DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN (DDR)49. Tras

la firma de un Acuerdo de Paz, lo habitual es poner en marcha un proceso de desarme, desmovilización y reintegración de los excombatientes (DDR), en un esfuerzo para la normalización de la vida de las personas que durante años han empuñado las armas. Este requiere de una profunda planificación, la participación de la sociedad civil y, en muchos casos, de organismos internacionales.

Casarjian, Robin. PERDONAR. Ediciones Urano S.A. 1998. En ESCUELAS DE PERDÓN Y RECONCILIACION ES.PE.RE. Teoría y Método. Fundación para la Reconciliación. Leonel Narváez. 2005. Introducción a los procesos de paz. QUADERNS DE CONSTRUCCIÓ DE PAU Nº 12. Escola de cultura de Pau. VicençFisas. Febrero de 2010 Introducción al Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de excombatientes. QUADERNS DE CONSTRUCCIÓ DE PAU Nº 12. Escola de cultura de Pau. VicençFisas. Noviembre de 2011. P. 5-6.

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Para Naciones Unidas, el DDR es un proceso que contribuye a la seguridad y estabilidad en contextos de recuperación posbélica, a través de la eliminación de las armas en manos de los combatientes de las estructuras militares y ayudándoles a estos a reintegrarse social y económicamente en la sociedad, buscándoles modos de vida civiles. Para este organismo, el DDR es parte de la aproximación multidimensional de la construcción de la paz Post-acuerdo y la reconstrucción social, y puede contribuir a construir seguridad. Los objetivos del DDR son: contribuir a la seguridad y la estabilidad, facilitar la reintegración de los excombatientes a la vida civil, devolver la confianza a las partes enfrentadas, prevenir o mitigar futuras violencias, contribuir a la reconciliación, liberar recursos humanos y económicos para la reconstrucción y el desarrollo.

~~ Desarme: recogida, documentación, control y eliminación de armas pequeñas, ligeras

Al Proceso de reintegración pueden acceder, de manera voluntaria, las personas desmovilizadas que hayan sido certificadas como tales por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA). El Estado colombiano les da beneficios jurídicos por los delitos políticos y conexos a las personas desmovilizadas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), siempre y cuando no vuelvan a delinquir después de su desmovilización. Cada participante en el roceso de reintegración se compromete a desarrollar por lo menos 80 horas de acciones de Servicio Social, que son fundamentales para generar espacios de reconciliación.

PROCESOS DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN51.

~~ Derecho a la verdad: se erige como la facultad inalienable de las víctimas a saber

y a recordar. En otros términos, el derecho a conocer los hechos sucedidos y las circunstancias que movieron a los victimarios a la comisión de crímenes. Es un derecho autónomo, estrechamente vinculado a la obligación y al deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos. Tiene una dimensión colectiva cuyo fin es preservar del olvido la memoria colectiva, y una dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el ámbito judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo52.

y pesadas, municiones y explosivos de combatientes. Es una etapa que necesita de observadores militares, proporcionados a veces por la comunidad internacional (Naciones Unidas, países amigos, etc.).

~~ Desmovilización: liberación oficial y controlada que se da a combatientes activos de

las fuerzas armadas u otros grupos armados. La primera etapa de la desmovilización puede extenderse desde el acantonamiento de los combatientes en centros temporales, hasta la concentración de tropas en campamentos habilitados para ello (lugares de acantonamiento, campamentos, zonas de concentración o cuarteles).

La verdad es el primer componente de los procesos de reconstrucción social luego de una guerra, una dictadura o un periodo de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. La búsqueda de ésta es un ingrediente básico en los procesos de reconstrucción y Post-acuerdos. La verdad consiste en la investigación independiente de las violaciones de derechos humanos, el reconocimiento de las víctimas y la identificación de responsables.

~~ Reintegración: proceso por el que los excombatientes adquieren la condición de

civiles y obtienen un empleo sostenible e ingresos regulares. Es esencialmente un proceso social y económico que se produce en primer lugar en las comunidades. La reintegración es una etapa que suele durar tres años, en cuanto a la asistencia oficial.

Colombia tiene experiencia en estos procesos y cuenta con una Agencia de Reintegración (ACR)50, entidad adscrita a la Presidencia de la República, encargada de coordinar, asesorar y ejecutar -con otras entidades públicas y privadas- la Ruta de Reintegración de las personas desmovilizadas de los grupos armados no estatales. Adicionalmente, la ACR diseña, implementa y evalúa la Política de Estado dirigida a la reintegración social y económica de las personas o grupos insurgentes que se desmovilicen voluntariamente, de manera individual o colectiva. La reintegración es una oferta de seis años y medio que el Estado colombiano, a través de la ACR, ofrece a las personas desmovilizadas de los grupos armados no estatales que quieren reintegrarse a la vida social y económica, buscando desarrollar habilidades y competencias ciudadanas entre las personas desmovilizadas y sus entornos. Al mismo tiempo, se propone abrir espacios para la convivencia y acciones de reconciliación, y fomentar la corresponsabilidad de los actores externos.

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A veces es una víctima más de la violencia, pues la mentira se vuelve algo normal porque garantiza la impunidad de los victimarios. Pero la verdad no mira sólo lo sucedido, también tiene un efecto en la prevención. Para prevenir la violencia, la verdad debe ser asimilada por toda la sociedad y convertirse en una forma de memoria colectiva.

~~ Derecho a la justicia: para la víctima implica el derecho inalienable a que no haya

impunidad, y en consecuencia la responsabilidad del Estado de poner en marcha todo su aparato punitivo con el objeto de investigar, juzgar e imponer una sanción, adecuada y proporcional, a los autores y partícipes de los crímenes53.

53 51

Verdad, justicia y reparación (2006). P. 22 - 25. Arias (2009). Arias (2009).

En http://www.reintegracion.gov.co/es

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A pesar de que la búsqueda de justicia es un anhelo universal, en los periodos de transición la lucha por ésta sobre las violaciones de derechos humanos está sujeta a múltiples dificultades, como la presión de los victimarios para no ser juzgados, o los acuerdos de las élites políticas para impedir la investigación judicial. La justicia es un elemento esencial para romper con un pasado de violencia y evitar que quienes han sido responsables de las violaciones puedan seguir controlando la situación. Si no hay una sanción judicial y moral sobre los crímenes del pasado los antiguos líderes o represores pueden controlar la nueva situación. Además de la investigación judicial hay otras formas como la justicia restaurativa, basada en la mediación y en las maneras de reparación del daño. Estas formas complementarias de justicia se dan en el ámbito local, como en el caso de las comunidades indígenas.

~~ Derecho a la reparación:

es el conjunto de medidas y políticas orientadas a restituir los derechos y mejorar la situación de las víctimas, así como a promover reformas políticas que impidan la repetición de la violencia. Se dirige primero a las víctimas y sobrevivientes, pero también a las comunidades que han sido afectadas. Las medidas de reparación incluyen diferentes acciones, entre otras:

•

La restitución que busca reestablecer la situación previa de las víctimas. Incluye el restablecimiento de derechos, el retorno a su lugar de residencia, la devolución de bienes y empleo.

•

La indemnización se refiere a la compensación monetaria por daños y perjuicios. Incluye tanto el daño material, como el físico y moral.

•

La rehabilitación, que incluye medidas tales como como la atención médica y psicológica, así como servicios legales y sociales que ayuden a las víctimas a readaptarse a la sociedad.

•

Las medidas de satisfacción se refieren a la verificación de los hechos y conocimiento público de la verdad, la restauración de derechos y actos de desagravio, las sanciones contra perpetradores, la conmemoración y tributo a las víctimas.

•

Las garantías de no repetición incluyen medidas que aseguren que las víctimas no volverán a ser objeto de violaciones. Esto comprende reformas judiciales, institucionales y legales, cambios en los cuerpos de seguridad, promoción y respeto de los derechos humanos.

PROTECCIÓN INTEGRAL. Se entiende por protección integral de las niñas, niños y adolescentes, el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. Se materializa a través de la formulación e implementación de políticas y programas que busquen el reconocimiento, la prevención de amenazas, la garantía de los 44 Derechos de los Niños, el restablecimiento de estos, y la asignación de recursos suficientes para ello. (Artículo 7. Ley de Infancia y Adolescencia). RECONCILIACIÓN54. La reconciliación implica reconstruir relaciones que se rompieron.

Aplicar este concepto en sociedades y personas que han sufrido el impacto de la violencia es complejo. El primer obstáculo es que la gente no puede reconciliarse con sus experiencias si estas no son aceptadas y reconocidas como ciertas por los victimarios y la sociedad, con lo cual estas se convierten en verdades colectivas. De allí la necesidad de avanzar con los procesos de verdad, justicia y reparación. A nivel general se podría considerar la noción de reconciliación como un proceso global e incluyente a través del cual una sociedad pasa de un conflicto violento a un futuro compartido. Aquí es fundamental propiciar espacios de discusión en el nivel territorial para deliberar alrededor de propósitos comunes y recuperar las reglas básicas de respeto y cooperación, aportando así a los espacios de reconciliación.

REINSERCIÓN.

Asistencia ofrecida a los excombatientes durante la desmovilización, previa al proceso de reintegración. Se trata de una forma de asistencia transicional para cubrir las necesidades básicas de éstos y sus familias, y que puede incluir prestaciones para la seguridad, alimentos, ropa, servicios médicos, educación a corto plazo, formación, empleo y herramientas.

SOBREVIVIENTE.

Algunas víctimas prefieren considerarse como sobrevivientes, poniendo énfasis en su capacidad de resistencia y recuperación. En este sentido se entienden como agentes de cambio que facilitan el desarrollo armónico y transformador del grupo a través de diversas representaciones de lo vivido, dotando así de nuevos sentidos la vida de quienes hacen parte del conflicto, construyéndose una relación de “ayudar y ser ayudado”.

VÍCTIMAS55.

Habitualmente se habla de víctimas directas e indirectas. Las víctimas directas son las que han padecido la violencia, por ejemplo la persona que fue torturada o desaparecida. Las indirectas son aquellas que por sus lazos familiares o sociales, sufren también las consecuencias.

54 55

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Verdad, justicia y reparación (2006). P. 22 – 25. Verdad, justicia y reparación (2006). P. 22 – 25.

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Es importante tener en cuenta los derechos y el respeto hacia las víctimas para evitar lo que se llama victimización secundaria. Esta ocurre cuando la víctima es de nuevo golpeada en su integridad psicológica y emocional, en su dignidad, cuando no se respeta su sufrimiento, se la maltrata, se la utiliza políticamente o se la estigmatiza.

Exigen un cese bilateral al fuego y a las hostilidades, con el propósito de prevenir nuevos hechos que victimicen a la población colombiana.

Que todos los sectores del país entiendan que la paz no se puede construir desde el odio y el rencor.

Es urgente el desminado y la desvinculación de manera inmediata de las niñas y niños que hacen parte de los grupos armados.

Reconocer la diversidad sexual, pero además que la comunidad LGTBI ha sido violentada y desconocida tanto por el Estado como por los grupos armados, pero además por parte de la sociedad. Es necesario que haya un reconocimiento jurídico de sus derechos.

El Estado sigue sin atender la sistemática violación de derechos humanos de los hombres y mujeres recluidos en las cárceles colombianas.

Hacen un llamado urgente para que se considere la violencia sexual como un delito de lesa humanidad en el marco del conflicto armado y que se garantice a las víctimas de este flagelo acompañamiento psicológico y social, pero sobre todo justicia.

El Estado colombiano y los grupos armados tienen una deuda con las personas migradas y exiliadas y demandan un protocolo para la reparación y el retorno digno y con garantías.

En el marco de las conversaciones en La Habana, víctima es: “Toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario”56. Esa definición comprende igualmente “a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización”. Los integrantes de la fuerza pública y sus familiares, así como los integrantes de los grupos de la guerrilla y sus familiares, pueden entonces ser víctimas si sufrieron daños o menoscabo sustancial de sus derechos como consecuencia de violaciones manifiestas a los derechos humanos o al DIH. Algunos de los llamados que han hecho las víctimas, autodenominadas sobrevivientes, a las partes han sido:

Sólo escuchando y respetando a las víctimas se puede construir la verdad, un camino para la consecución de la paz.

La justicia, la tolerancia y la convivencia pacífica son el único camino para construir una paz estable y duradera, para lograr un país donde se garantice y se proteja la existencia digna de todos sus habitantes en condiciones de justicia social; uno en el que se promueva la educación integral, con énfasis en pedagogía para la paz, salud y saneamiento básico de toda la población. Todo esto debe tener en cuenta un enfoque territorial, así como especial respeto por los derechos de las mujeres y niños y, en general, de los civiles en el escenario del conflicto armado.

La verdad, el reconocimiento de responsabilidades, resarcimiento de derechos y garantías de no repetición, son la base de la reconciliación para llegar al perdón.

Exigen a las partes que por ningún motivo se levanten de la mesa y que finalmente se pueda concretar un pacto de lealtades para sacar el proceso de paz adelante.

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Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas del 16 de diciembre de 2005 sobre “principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario”.

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2001 La Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia y las formas conexas de intolerancia (Durban). Plan de Acción y Declaración

4. Marco Legal Internacional, Regional y Nacional

General a nivel internacional 1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos 1965 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés)

1966 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 1966 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 1979 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés. Un protocolo facultativo)

2005 Resolución 1612 de ONU, establece un mecanismo de supervisión y presentación de informes en relación con los niños y los conflictos armados

2006 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (un protocolo facultativo)

2006

2007 Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Convención sobre los Derechos del Niño (1989) La Convención sobre los Derechos del Niño (entró en vigor en 1990) les extiende explícitamente a los niños, a través de diversos instrumentos legales, la protección a la que tienen derecho los adultos. Por ejemplo, los Estados Miembros acuerdan salvaguardar los debidos procesos judiciales con respecto a los niños y los protegen de ser afectados por los conflictos armados. Cuatro principios generales se derivan de esta convención:

1. La no discriminación (Artículo 2): los Estados Miembros deben asegurar que todos

los niños dentro de su jurisdicción disfruten de sus derechos. El mensaje esencial es la igualdad de oportunidades: a las niñas se les debe conceder las mismas oportunidades que a los niños.

1989 Convención sobre los Derechos del Niño 1992 Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas

1995 Plataforma de Acción de Beijing 2000

Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados (que establece los 18 años como la edad mínima para el reclutamiento obligatorio y exige a los Estados que hagan todo lo posible para evitar que individuos menores de 18 años participen directamente en las hostilidades)

2. Los mejores intereses del niño (Artículo 3): estos deben ser consideraciones primordiales en todas las decisiones de estado que los afectan.

3. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo (Artículo 6): el artículo del derecho a la vida incluye formulaciones con respecto al derecho de supervivencia y al desarrollo.

4. Las opiniones del niño (Artículo 12): enuncia que los niños deben ser libres de tener

opciones en todos los temas que los afectan y que a dichas opiniones se les debe dar su debida importancia “de acuerdo con la edad y madurez del niño”57.

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Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desaparicipones forzadas

En www.unicef.rg www.unhchr.ch

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Resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la mujer, la paz y la seguridad58 El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado siete resoluciones: 1325 (2000); 1820 (2008); 1888 (2009); 1889 (2009); 1960 (2010); 2106 (2013); y 2122 (2013), las cuales instan al mantenimiento de la paz y ofrecen un marco para la aplicación y el seguimiento de la agenda relativa a las mujeres, la paz y la seguridad. Las bases para la labor en materia de género y mantenimiento de la paz se sientan en la Resolución 1325 (adoptada el 31 de octubre de 2000) y prevé la participación de las mujeres en la toma de decisiones para la prevención, resolución de los conflictos armados y construcción de una paz durable y positiva. Así mismo, promueve el cese de la impunidad para los delitos basados en la discriminación de género perpetrados contra las mujeres en contextos de conflicto armado, fundamentado esto en el principio de justicia y reparación. Como complemento de esta resolución, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1889 (adoptada el 5 de Octubre de 2009) en la que se exhorta a seguir fortaleciendo la participación de la mujer en los Procesos de Paz y a elaborar un conjunto de indicadores para vigilar la aplicación de la resolución. Igualmente urge a los Estados Miembros, los órganos de la ONU, los donantes y la sociedad civil a garantizar la protección de las mujeres, que juegan un papel relevante en situaciones posteriores a un conflicto, en lo que respecta a la planificación y al financiamiento. Posteriormente, la Resolución 1820 (adoptada el 19 de junio de 2008 por el Consejo de Seguridad de la ONU) expone la necesidad de adoptar medidas eficaces para prevenir los actos de violencia sexual, los cuales explicita como crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o un acto constitutivo con respecto al genocidio, reconociendo el efecto que tiene la violencia sexual en los conflictos en el mantenimiento de la paz y la seguridad. Por ello llama a los Estados Miembros para que cumplan con su obligación de enjuiciar a las personas responsables de tales actos, y garanticen que todas las víctimas de la violencia sexual, particularmente las mujeres y las niñas, disfruten en plena igualdad de la protección de la ley y del acceso a la justicia. Finalmente, subraya la importancia de poner fin a la impunidad por esos actos como parte de un enfoque amplio para alcanzar la paz sostenible, la justicia, la verdad y la reconciliación nacional. De manera complementaria, la Resolución 1888 (2009) establece que en los mandatos de las operaciones de mantenimiento de la paz se incluyan disposiciones concretas para proteger a las mujeres y los niños de la violencia sexual en los conflictos armados, y se solicita al Secretario General que nombre a un representante especial para la violencia sexual en los conflictos armados (Oficina del Representante Especial del Secretario General para la violencia sexual en los conflictos).

En http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/women/wps.shtml

Más recientemente, se aprobó la Resolución 1960 (2010) que se basa en el Programa Mujeres, Paz y Seguridad sobre la violencia sexual, y lo profundiza y la Resolución 2106 (2013), que reitera que todos los Estados Miembros y las entidades de las Naciones Unidas deben hacer más para implementar los mandatos anteriores y combatir la impunidad de la violencia sexual relacionada con el conflicto. Además reafirma la importancia de la igualdad de género y el empoderamiento político, social y económico de las mujeres en los esfuerzos para prevenir la violencia sexual en los conflictos armados y las situaciones posteriores a los conflictos. Por último, se encuentra la Resolución 2122 (2013), que subraya la importancia de la rendición de cuentas sobre la aplicación de la Resolución 1325, y la trascendencia de la participación de las mujeres en todas las fases de la prevención de conflictos, resolución y recuperación.

Declaración de la Protección de la Mujer y del Niño en Emergencias y Conflictos Armados (1974) Prohíbe ataques o bombardeos a la población civil, ocasionando sufrimiento, especialmente a mujeres y niños, a quienes se les identifica como los miembros más vulnerables de la población (Artículo 1). Además tipifica todas las formas de represión como actos criminales, inclusive el trato cruel e inhumano de mujeres y niños, el encarcelamiento, la tortura, tiroteos, arrestos masivos, castigos colectivos, destrucción de viviendas y desalojamientos forzados (Artículo 5)59.

Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW (1979)) Esta convención (entró en vigor en 1981) garantiza a la mujer derechos iguales a los de los hombres en diversas esferas de su vida, incluyendo educación, empleo, cuidado de salud, participación política, nacionalidad y matrimonio. La convención también comprende la protección de la mujer contra abusos contra los cuales los hombres ya son en gran medida protegidos. Sin embargo, no las protege específicamente contra violación, abusos de su pareja, u otros abusos sufridos principalmente por la mujer.

La Declaración de Viena (1993) La declaración reconoce que los derechos humanos de mujeres y niñas son parte inalienable de los derechos universales humanos y aboga por la eliminación de la violencia basada en género. Reconoce la importancia de los esfuerzos en conjunto para eliminar la violencia contra la mujer, tanto en su vida pública como privada, y confirma que la violación de los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado constituye una violación de los principios fundamentales de los derechos humanos internacionales y de la ley humanitaria60.

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En http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/women/wps.shtml En http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/women/wps.shtml

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Declaración de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993) Asevera que la violencia contra la mujer está presente en todas las sociedades, que atraviesa niveles de ingreso, clase y cultura, y reconoce que la violencia contra ellas por protagonistas privados constituye una violación de los derechos humanos. La Declaración reafirma que la violencia contra la mujer es una manifestación de poderes históricamente desiguales en las relaciones entre hombres y mujeres y esto es uno de los mecanismos críticos por los cuales las mujeres han sido forzadas a un estatus de subordinación61.

La Plataforma de Beijing para la Acción (1995) La Plataforma identifica la violencia contra la mujer como un obstáculo en el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. Incluye un enfoque para combatir la violencia contra la mujer como uno de sus própositos estratégicos y promueve el estatus de la mujer en los países afectados por la guerra62.

A nivel regional 1948 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 1969 Convención Americana sobre Derechos Humanos 1988 Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Protocolo de San Salvador 1994 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Convención de Belém do Pará 1999 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 2002 Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos

A nivel particular - Principios Rectores del Desplazamiento Contempla 29 principios relativos a los derechos y garantías de protección y atención debidas a las personas víctimas del desplazamiento. Son además un reflejo de la construcción normativa internacional en torno a los derechos humanos y del DIH. En relación con la protección y atención debidas a las niñas, niños y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado, estos principios señalan los siguientes criterios:

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En http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/women/wps.shtml En www.un.org www.unifem.org

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En el Principio 4.2 se establece que desplazados internos como los niños, especialmente los menores no acompañados y las madres con hijos pequeños, tendrán derecho a la protección y asistencia requerida por su condición, y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales. El Principio 11.2, por su parte, indica que independiente de que se haya o no limitado su libertad, los desplazados internos serán protegidos, en particular, contra la esclavitud o cualquier forma contemporánea de ésta, como la entrega en matrimonio a título oneroso, la explotación sexual o el trabajo forzado de los niños. Igualmente, el Principio 13.1 establece que los niños desplazados no serán alistados en ningún caso ni se les permitirá o pedirá que participen en las hostilidades. En relación con el derecho a la reunificación familiar, el Principio 17.3 manifiesta que las familias separadas por desplazamientos serán reunidas con la mayor rapidez posible. Se adoptarán todas las medidas adecuadas para acelerar la reunificación, particularmente en los casos de aquellas con niños. Sobre el derecho a la educación, el Principio 23 establece que para dar efecto a este derecho las autoridades competentes se asegurarán de que los desplazados internos, en particular los niños, reciban una educación gratuita y obligatoria a nivel primario. La educación respetará su identidad cultural, su idioma y su religión. Adicionalmente, este Principio señala que se harán esfuerzos especiales por conseguir la plena e igual participación de mujeres y niñas en los programas educativos. También, tan pronto como las condiciones lo permitan, los servicios educativos y de formación se pondrán a disposición de los desplazados internos, en particular de los adolescentes y de las mujeres. Esto con independencia de que vivan o no en campamentos o albergues.

Convención Internacional de los Derechos del Niño En términos generales, todo el articulado de la convención es aplicable a las niñas, niños y adolescentes en condición de desplazamiento. Sin embargo, toma particular relevancia el contenido de los artículos 38 y 39, que dicen a la letra: Artículo 38 “1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño. 2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades. (…) 4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.”

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Artículo 39 “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.”

A nivel nacional Ley 12 de 1991: Colombia ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, convirtiéndose en uno de los primeros Estados en incorporarlo a su legislación. Ley 1098 de 2006: Código de la Infancia y la Adolescencia, que tiene por finalidad garantizar a las niñas, a los niños y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. Esta ley, a diferencia del anterior Código del Menor –Decreto 2737 de 1989-, hace un mayor énfasis en el concepto de protección integral a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. En relación con aquellos en desplazamiento, esta norma trae mención expresa al tema en el Artículo 20 cuando señala que serán protegidos contra las guerras, los conflictos armados, el reclutamiento ilícito y el desplazamiento forzado. De igual forma, el Artículo 41 señala como obligaciones del Estado su protección contra desplazamientos arbitrarios que los alejen de su hogar o lugar de residencia y contra la vinculación y el reclutamiento en grupos armados no estatales.

Estado de cosas inconstitucional La Corte Constitucional en la Sentencia 025 de 2004 plantea que en Colombia existe un “estado de cosas inconstitucional” y que la atención a las personas desplazadas no es oportuna, diferencial e integral. En diferentes autos ordena al Gobierno la atención diferenciada. A partir de esta declaración el país se moviliza hacia la expedición de la legislación que contribuya a la superación de dicho estado. Es así como se expide en 2011, la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. El Título VII de la Ley está dedicado a las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado que han sufrido desplazamiento, desaparición o reclutamiento forzado, violencia sexual, secuestro, muerte de uno o de ambos padres, o lesiones por causa de minas antipersonales, municiones sin explotar o artefactos explosivos improvisados, entre otras.

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Esto supone que se les reconozcan prioritariamente el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral. Así mismo, la Ley reconoce a las niñas, niños y adolescentes los siguientes derechos: civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, con carácter de preferente; como víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación; derecho al restablecimiento de derechos; a la protección contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, malos tratos o explotación; a ser protegidos contra las guerras y los conflictos armados, y contra el reclutamiento y utilización por parte de GAOML (Ley 1098); a no ser víctimas del delito de reclutamiento ilícito (Código Penal).; a no ser víctimas de la violencia política (Ley de Orden Público). Es importante tener en cuenta que la reparación de las niñas, niños y adolescentes contempla medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en dimensiones de orden individual, colectiva, material, moral y simbólica. Todo lo cual será asumido por el Estado en su conjunto, a través de las entidades competentes, en particular las que integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Así mismo, el Gobierno Nacional deberá garantizar los medios para la efectiva participación en esta reparación, y garantizará procesos de construcción de convivencia y de restauración de las relaciones de confianza. El ICBF diseñará las directrices de una Política de Reconciliación para que sean adoptadas por el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Artículo 187). Para ello, el Decreto 4802 de diciembre de 2011, creó la estructura de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la cual está adscrita al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación. Ésta tiene por objetivo coordinar el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas y la ejecución e implementación de la Política Pública de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las mismas. Entre sus objetivos están: Coordinar la relación nación-territorio, para efectos de atención y reparación de las víctimas en los términos de la Ley 1448 de 2011, para lo cual participará en los Comités Territoriales de Justicia Transicional. Implementar los mecanismos y estrategias para la efectiva participación de las víctimas con enfoque diferencial, en el diseño de los planes, programas y proyectos de atención, asistencia y reparación. Apoyar la implementación de los mecanismos necesarios para la rehabilitación comunitaria y social de las víctimas e implementar y administrar el Registro Único de Víctimas, garantizando la integridad de la información.

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Este nuevo Marco Jurídico para las Victimas se aplicará a quienes individual o colectivamente sufrieran daños a partir del 1 de enero de 1985, excepto para restitución de tierras (1991). La ocurrencia de los hechos debió darse en el marco de conflicto armado interno.

Ley 1719 del 18 de junio de 2014: por la cual el Congreso de Colombia adopta medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado.

Otra normatividad

Auto 251 de 2008

Ley 387 de 1997

Referido a la protección de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes desplazados por el conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T – 025 de 2004 de la Corte Constitucional.

El marco normativo del desplazamiento forzado no trae referencias expresas al tema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de desplazamiento. No obstante, los siguientes artículos tocan tangencialmente el tema, así: El artículo 2 establece que la interpretación y aplicación de la Ley 387 se orientará, entre otros, por el principio que señala que la familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental a la reunificación familiar. El artículo 10 menciona entre los objetivos del Plan Nacional brindar atención especial a los niños y mujeres, preferencialmente a las viudas, mujeres cabeza de familia y huérfanos. El artículo 17, por su parte, al hablar de la consolidación y estabilización socio-económica, señala que todas las medidas adoptadas deberán permitir el acceso directo de la población desplazada a la oferta social del Gobierno, en particular a los programas relacionados con la atención social en salud, educación, vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las personas de la tercera edad. El artículo 19 indica que dentro de las instituciones con responsabilidad en la atención integral de la población desplazada por la violencia se encuentra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta institución deberá adoptar, entre otras medidas, la prelación en sus programas a la atención de los niños lactantes, a los menores de edad -especialmente los huérfanos- y a los grupos familiares, vinculándolos al proyecto de asistencia social familiar y comunitaria en las zonas de asentamiento de los desplazados. CONPES 3673 de 2010 (Documento Consejo Nacional de Política Económica y Social). “Política de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes por parte de los grupos armados organizados al margen de la Ley y de los grupos delictivos organizados”. Acto Legislativo – Marco Jurídico para la Paz o Marco Legal para la Paz – 14 de junio de 2012. Por medio del cual se establecieron los instrumentos jurídicos de la Justicia Transicional en el marco del Artículo 22 de la Constitución Política, con el fin de adelantar las negociaciones con las FARC-EP.

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Reconoce a las niñas, niños y adolescentes desplazados por el conflicto armado, como sujetos de protección constitucional imperativa y obligatoria, conforme a la Constitución Política de 1991. En el Artículo 44 que dispone los derechos fundamentales de los niños; en el Artículo 45 que consagra el derecho a la protección y a la formación integral de los adolescentes; más lo pertinente a las obligaciones internacionales sobre protección de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. En este Auto se indica que más del 50% de la población desplazada por el conflicto armado es menor de edad. Una alta cifra que se explica por la misma dinámica del conflicto armado colombiano, en el que las víctimas sobrevivientes son mayoritariamente mujeres y niños. Pero también por los riesgos especiales en los que se encuentran las niñas y los niños, convirtiéndolos fácilmente en víctimas de crímenes contra su vida e integridad física, de reclutamiento forzado, de minas antipersonales, de comercios ilícitos, y violencia sexual sobre todo en las niñas y adolescentes, entre otros. También indica la Corte que los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento son afectados diferencialmente del conjunto de la población desplazada, por riesgos graves como maltrato, violencia, explotación, la trata, la mendicidad, comercio ilícito, pandillas. Además, problemas de desnutrición y hambre, salud, educación, recreación, participación y organización, y el ejercicio de sus derechos como víctimas.

Auto 092 de 2008 El Auto tiene como propósito la protección de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado en el país. Identificó diez riesgos de género en el marco del conflicto armado colombiano. Es decir, diez factores de vulnerabilidad específicos a los que están expuestas las mujeres por causa de su condición de mujeres, que no son compartidos por los hombres, y que explican en su conjunto el impacto desproporcionado del desplazamiento forzoso sobre ellas.

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Estos riesgos son: el riesgo de violencia, explotación o abuso sexual en el marco del conflicto armado; (ii) el riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores armados no estatales; (iii) el riesgo de reclutamiento forzado de sus hijas e hijos por los grupos armados no estatales, o de otro tipo de amenazas contra ellos, que se hace más grave cuando la mujer es cabeza de familia; (iv) los riesgos derivados del contacto o de las relaciones familiares o personales -voluntarias, accidentales o presuntas- con los integrantes de alguno de los grupos armados no estatales que operan en el país o con miembros de la Fuerza Pública, principalmente por señalamientos o retaliaciones efectuados a posteriori por los bandos enemigos; (v) los riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado; (vi) el riesgo de persecución y asesinato por las estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado de las personas que implementan los grupos armados no estatales en extensas áreas del territorio nacional; (vii) el riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social; (viii) el riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados no estatales, dada su posición histórica ante la propiedad -especialmente las propiedades inmuebles rurales; (ix) los riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y (x) el riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el proceso de desplazamiento.

Ley 1448 de 2011: Ley de Atención y Reparación a Víctimas y de Restitución de Tierras. No sólo busca restituir el derecho a la propiedad, uso y disfrute de la tierra de miles de personas desplazadas y despojadas, sino que además impone el reto de construir una política pública con enfoque diferencial, y particularmente de garantizar el acceso de las mujeres a la reparación integral y la restitución de sus bienes. Así también, la generación de normas especiales para garantizar la restitución de tierras a mujeres, y avanzar en el reconocimiento y goce efectivo del derecho de las mujeres a la propiedad de la tierra.

Otros Autos. Auto 006 de 2009. Medidas de protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad afectadas por el desplazamiento forzado. Auto 004 del 26 de enero de 2009. Protección de los derechos fundamentales de las personas y pueblos indígenas desplazados o en riesgo de desplazamiento. Auto 005 del 26 de enero de 2009. Protección de los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas. Auto 007 del 26 de enero de 2009. Medidas de coordinación interinstitucional.

La Corte ordenó al Gobierno crear 13 programas específicos para colmar los vacíos existentes en la política pública para la atención del desplazamiento forzado desde la perspectiva de las mujeres, de manera tal que se contrarresten efectivamente los riesgos de género en el conflicto armado y las facetas de género del desplazamiento forzado. También estableció dos presunciones constitucionales que amparan a las mujeres desplazadas: (i) que el desplazamiento forzado en las mujeres constituye una situación de vulneración acentuada, lo que obliga a una protección inmediata de sus derechos por parte de las autoridades. (ii) La prórroga automática de la ayuda humanitaria de emergencia a favor de las mujeres desplazadas, hasta lograr condiciones de autosuficiencia integral, dignidad y estabilidad socioeconómica. Además, impartió órdenes individuales de protección concreta para 600 mujeres desplazadas en el país.

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5. Resumen de las principales acciones desarrolladas por Fundación Plan

A continuación se resumen y complementan las acciones de incidencia de Fundación Plan en procesos de atención a la población víctima del conflicto armado, así como los relativos a la construcción de paz en el contexto de conflicto armado que vive el país.

Tabla 2 Acciones Desarrolladas por Fundación Plan

A nivel nacional Corte Constitucional: Otras acciones de incidencia.

~~Otros Informes y estudios entregados a la Corte Constitucional: • Análisis del Plan de Gobierno Nacional con relación a la inclusión del tema de • •

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desplazamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (en asocio con Universidad Nacional – Observatorio de la Infancia) 2007. Aproximación a la situación de los derechos de los niñas y las niños en las ciudades de Sincelejo, Cartagena, Quibdó y Tumaco – (en asocio con Universidad Nacional – Observatorio de la Infancia) 2007. Situación de los derechos de la niñez y adolescencia en comunidades desplazadas habitantes de los municipios de Medellín, San Onofre, Montería, Florencia, Cúcuta, Pereira, Buenaventura, El Charco y Samaniego. Realizado en asocio con Universidad Nacional (IEPRI – Observatorio de Infancia)- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado – CODHES (uno de los primeros estudios en la que participaron niñas y niños por ciclo vital) 2008. Publicación de cartilla “Desde la Escuela: Caminando Juntos – Herramientas de trabajo Pedagógico con Niñas, Niños y Adolescentes víctimas del Desplazamiento forzado” 2008.

Fundación Plan

A nivel nacional La Corte Constitucional cita la audiencia técnica con niñas, niños y los informes de Fundación Plan en la promulgación de diferentes autos. Entre ellos el 251 (Protección de los Derechos Fundamentales de las niñas, niños y adolescentes desplazados por el conflicto armado) – Auto 045 (psicosocial, en la cual solicitó concepto a Fundación Plan) – Auto 092 (Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado). En representación de la Comisión de Seguimiento de la Política Pública de Desplazamiento Forzado, ejercimos la coordinación de la Mesa transitoria de Sociedad Civil de Seguimiento al Auto 251 (24 organizaciones). Se elaboraron documentos con análisis críticos frente al Plan de Gobierno: “Mis Derechos Primero” y se realizaron diálogos técnicos con las diferentes instancias del Sistema Nacional de Atención a los Desplazados – SNAIPD.

Convenio ICBF - ACNUR - Sistema de Protección - fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las instituciones desde una mirada diferencial – Talleres Regionales para el apoyo en la elaboración de los Lineamientos de Política Pública para la atención diferencial de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en situación de desplazamiento forzado.

Encuentro Nacional de niñas y niños “Jugándole a la Paz” El acuerdo general de la mesa de conversaciones de La Habana, establece diversos mecanismos de participación para la sociedad civil, dentro de los que se encuentran los escenarios de participación. La Unidad de Víctimas, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Fundación Plan promovieron un espacio de reflexión y de construcción de propuestas e iniciativas para la construcción de paz en los entornos en los que se desarrollan: 65 niñas y niños participaron en un diálogo con representantes de estas instituciones, en donde preguntaron y elaboraron propuestas de construcción de paz en los cinco ejes propuestos para la negociación (junio 2015).

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