Contralínea 678 by Miguel Minero

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 27 de enero al 2 de febrero de 2020

Año 18 • Número 678 • $30

CONTENIDO

PORTADA

ALARMA POR DESAPARICIONES Y FOSAS CLANDESTINAS EN GUERRERO

De las 356 acciones urgentes emitidas para México por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, unas 200 –56 por ciento– son por crímenes de este tipo ocurridos en Guerrero

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 18, número 677, del 27 de enero al 2 de febrero de 2020– es una publicación semanal editada por Difusión de Información, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, CP 04100, Ciudad de México; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@ contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00102. Número de certiﬁcado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Difusión de Información S.A de C.V., Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 24 de enero de 2020. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reﬂejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Difusión de Información S.A de C.V.

OPINIÓN 6

OFICIO DE PAPEL EN 2019 SE DEJARON DE PAGAR IMPUESTOS POR 947 MIL MILLONES Miguel Badillo

ZONA CERO EL CORONAVIRUS Y LA INDEFENSIÓN DE MÉXICO ANTE UNA PANDEMIA Zósimo Camacho

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN PEMEX Y EL CONFLICTO CON ESPAÑA POR EL ASTILLERO VIGUÉS HIJOS DE J BARRERAS Nancy Flores

CONTRAPODER LA GUILLOTINA ANTICORRUPCIÓN AL CUELLO CALDERONISTA Álvaro Cepeda Neri ARTÍCULOS

Circulación certiﬁcada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

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ALGUNAS UNIVERSIDADES TIENEN “DUEÑO” Norberto Soto Sánchez

RUSIA Y EL COMPLICADO POLÍGONO LIBIO Antonio Rondón/Prensa Latina

CONTENIDO

DIRECTOR Miguel Badillo oﬁciodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Y EDICIÓN WEB Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx EDICIÓN IMPRESA Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx COORDINADOR DE CONTENIDO DIGITAL Héctor Badillo hector@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx

EDITORIALISTAS Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa WEB Hugo Sadh ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx

INVESTIGACIÓN

PORTADA Alarma por desapariciones y fosas clandestinas en Guerrero Aseneth Hernández

SOCIEDAD Liberación de archivos de espionaje, represión y Guerra Sucia, promesa incumplida Zósimo Camacho

RENDICIÓN DE CUENTAS Carretera Toluca-Naucalpan, del Grupo Higa, entre el despojo y la violencia Érika Ramírez Imagen de portada: OMAR MARTÍNEZ/ CUARTOSCURO

ANÁLISIS

INTERNACIONAL Iniciativa “América Crece”: América Latina para Estados Unidos Aníbal García Fernández/Celag

INTERNACIONAL Brasil: el primer año de gobierno de Bolsonaro Amílcar Salas Oroño y Camila Vollenweider

INTERNACIONAL La “Curva de Elefante” y la clase media Álvaro García Linera

MISCELÁNEO

EX LIBRIS El problema-enfrentamiento político de ayer y ahora: Esparta contra Atenas Álvaro

Cepeda Neri

REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9191 VENTA DE LIBROS 5554-9192 Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF

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OPINIÓN OFICIO DE PAPEL

EN 2019 SE DEJARON DE PAGAR IMPUESTOS POR 947 MIL MILLONES MIGUEL BADILLO

ombatir la corrupción en todo el gobierno federal es una orden salida de Palacio Nacional y se ha insistido en ella desde el 1 de diciembre de 2018, pero, como era de esperarse, está costando mucho trabajo cumplir ese esfuerzo en diferentes áreas de la administración pública, debido a las pesadas estructuras creadas desde hace muchos años para desviar recursos públicos. En este esfuerzo histórico de limpiar de corrupción a los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Judicial y Legislativo), encabezado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, hay fuertes resistencias, como ha sido evidente en los últimos días en el sector salud, en donde directores generales y administradores de instituciones médicas, coludidos con laboratorios, farmacéuticas e intermediarios, han saqueado dinero público destinado a la salud de millones de mexicanos. Otra área sensible en donde desde hace varios sexenios hay mafias enquistadas de burócratas dedicadas a sobornar, chantajear y sustraer recursos, es el Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y responsable de la recaudación de impuestos, ahora dirigido por la nueva jefa Raquel Buenrostro Sánchez, mujer de todas las confianzas del presidente y exoficial mayor de Hacienda, quien ha empezado una limpia de viejos funcionarios y de algunos otros que fueron contratados por su antecesora Margarita Ríos-Farjat, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues resulta que en esa sensible área del go-

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bierno federal y de la cual López Obrador se ha pronunciado en repetidas ocasiones por su porosidad para que grandes contribuyentes evadan el pago de impuestos por miles de millones de pesos, y a otros el SAT les ha devuelto cuantiosas cantidades de dinero que nunca pagaron, se ha descubierto un modus operandi para desfalcar a la institución mediante el uso de cuentas de orden (una especie de doble contabilidad que lleva la institución al más puro estilo del famoso mafioso Al’ Capone), en donde algunos funcionarios se han dado a la tarea de cancelarlas para borrar las huellas de la corrupción. Los expertos en la materia nos explican que mientras en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto (2018) hubo cancelación de créditos fiscales por un escandaloso monto de 730 mil 122 millones 69 mil 58 pesos, en el primer año de López Obrador, es decir 2019, la cifra de bajas por el traspaso de créditos fiscales a “cuentas de orden” por insolvencia del deudor ascendió en todo el país a 947 mil 65 millones de pesos; es decir, las bajas por motivos diferentes al pago de impuestos se incrementó el año pasado en 30 por ciento con relación a 2018. De acuerdo con la información obtenida por la Administración Desconcentrada de Recaudación, empleados del SAT han iniciado la cancelación de registros en “cuentas de orden” correspondiente a 2019 (1 de diciembre de 2018 a noviembre de 2019), a fin de que la nueva jefa del SAT, Raquel Buenrostro, no descubra el enorme desfalco al fisco que anualmente se ejecuta y del cual son beneficiados compañías, empresarios y algunos

OFICIO DE PAPEL

OPINIÓN

empleados que reciben sobornos a cambio de des- revisar la documentación comprobatoria que justifique la no recuperación de 730 mil 122.1 millones aparecer dichos registros. Algunos de los estados de la República con las de pesos en el ejercicio de 2018, porque puede ser cantidades de mayor importe cancelado fueron la motivo de actos graves de corrupción y se está a Ciudad de México, con 56 mil 121 millones 853 tiempo de que el gobierno de López Obrador recumil 656 pesos; Jalisco, con 40 mil 465 millones 938 pere parte de ese dinero evadido. De esa cifra escandalosa correspondió a la Ciumil 105 pesos; Veracruz con 10 mil 387 millones dad de México, 213 mil 229 millones de pesos; a 761 mil 951 pesos. En toda esta información contable correspon- Nuevo León, 61 mil 814.9 millones; a Jalisco, 89 diente al registro de operaciones que resultan atí- mil 495.7 millones, y a Tabasco, con 20 mil 881.6 picas por la alteración de la naturaleza que debe millones. Otra relación de contribuyentes por condonade observar el registro de operaciones de acuerdo con la Ley de Ingresos, está la relación de contribu- ción de créditos en las cuentas 950150 y 950245, yentes que se les hizo reducción en las multas por ascendió a 1 mil 84.9 millones de pesos. En la relación de los contribuyentes en las cuenimportes mayores a 900 mil pesos (clave 950246 retas de orden 950150, “Condonación de Multas”, y ducción de multas por contribuyente), sin descontar que a algunos de ellos les redujeron varias multas, la cuenta 950161, “Condonación Parcial”, asciende y cuya cifra alcanzó los 4 mil 850 millones 495 mil a un total de 10 mil 71.6 millones de pesos. En estas cuentas hay situaciones atípicas por las cantidades 129 pesos. En el listado de contribuyentes que les efec- millonarias no cobradas, pues varias cancelaciones corresponden a un solo tuaron reducciones contribuyente y se reamillonarias en créditos En el esfuerzo histórico de limpiar de lizaron en un solo día, fiscales en la Ciudad de por lo que es urgente México 2, se condona- corrupción los tres Poderes hay fuertes resistencias. Hay maﬁ as enquistadas revisar la comprobación ron 5 mil 731 millones y justificación que guar316 mil 289 pesos sólo dedicadas a sobornar y chantajear dan los expedientes. a dos contribuyentes. Otra cifra consideLa condonación de multas en la que se observa que lo registrado no rable de evasión corresponde a la cancelación de corresponde a impuestos como renta, IVA u ho- créditos por insolvencia en Michoacán, al alcanzar norarios, se condonaron impuestos por 2 mil 115 la cifra de 12 mil 684.3 millones de pesos. También está la relación de contribuyentes que millones 412 mil 440 pesos, por lo que debieron efectuaron pagos de impuestos en el extranjero, al aplicarse multas. Por ejemplo, en el estado de Quintana Roo se otorgarles el “acreditamiento de otros estímulos” condonó el 28 de febrero de 2018, último año del por 37 mil 162 millones 208 mil 350 pesos. Aquí gobierno de Peña, a un solo contribuyente 72 ope- también es relevante revisar los expedientes de cada raciones. Otro registro que llama la atención a los causante para verificar la autenticidad de la docuespecialistas es en el estado de Coahuila, única en- mentación justificativa y comprobatoria, pues en tidad que utilizó la cuenta 950084, “Condonación muchos casos esto ha sido inventado por los caude Multas y Recargos”, en el ejercicio fiscal 2018, santes mayores para obtener beneficios y evadir el fisco en México. por 19.9 millones. El presidente López Obrador incentivó la moSegún los expertos fiscalistas y auditores, en el registro de control de cuentas de orden hay mon- dificación de leyes y reglamentos para cancelar los tos muy importantes que se dieron de baja por perdones fiscales, como se hacía impunemente en “Cancelación de Créditos Fiscales por Insolvencia” el pasado con los gobiernos priistas y panistas, pero (860015), y otros fueron cancelados por motivos al interior del SAT aún hay fuertes resistencias de diferentes al pago, clave 960020. Aquí los expertos funcionarios intermedios para seguir con ese jugoso fiscalistas y auditores advierten que es indispensable negocio de la elusión y evasión fiscal.

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OPINIÓN ZONA CERO

EL CORONAVIRUS Y LA INDEFENSIÓN DE MÉXICO ANTE UNA PANDEMIA ZÓSIMO CAMACHO

ocumentos del otrora Centro Nacional zaron el desmantelamiento del sistema de salud de Investigación y Seguridad Nacional público y promovieron los negocios de los pode(Cisen) –hoy Centro Nacional de Inteli- rosos laboratorios; además, favorecieron un intergencia– han dado cuenta de la amenaza que signi- mediarismo privado (o coyotaje) que hoy chantajea ficaría para México la aparición de una pandemia. y se resiste a soltar la mina de oro que le significan Tales expedientes –de uso cerrado– reconocen la las enfermedades que padecen los más vulneracasi nula capacidad de respuesta del sistema de sa- bles del país. En la Agenda Nacional de Riesgos de 2015 se lud mexicano ante un escenario en el que tuviera que enfrentar la demanda de atención de miles pueden leer los escenarios de riesgo que podrían (o incluso millones) de personas atacadas por una rebasar la capacidad de respuesta del sistema de salud y colapsar a la nación. El segundo de estos enfermedad contagiosa y potencialmente mortal. Al menos desde 2005, la Agenda Nacional de escenarios es el que nos interesa ahora: “Aparición Riesgos ha advertido año con año de esta amena- de un virus de mayor contagio y letalidad que sea capaz de transmitirse za que se cierne sobre con facilidad entre los el Estado mexicano. Sin que haya pandemia alguna, en los seres humanos”. También la temática se El documento, de ha incluido dentro del hospitales “no hay camas”. ¿Qué pasará compendio de literatu- con decenas o cientos de miles de con- carácter reservado, reconoce que ante una ra con que se preparan tagiados del coronavirus 2019-nCoV? situación de este tipo los analistas y agentes habrá una: “Limitada de seguridad nacional del país. En el tomo 8 de la colección Lecturas de capacidad de respuesta gubernamental (salud, seinteligencia, de la Escuela de Inteligencia para la guridad pública y Fuerzas Armadas o del personal Seguridad Nacional (Esisen), se ubica de manera de áreas estratégicas) ante un contagio masivo”. Además, destaca la “falta de coordinación endestacada la posible aparición de pandemias entre los riesgos de índole social que corre México. tre dependencias e insuficiencia de controles saniOtros riesgos son de índole económico, geopolíti- tarios y de salud (sistemas de detección temprana) para prevenir y evitar la extensión de enfermedaco y criminal. Sin embargo, las advertencias del órgano de des transmisibles”. Los analistas del entonces Cisen justifican su inteligencia civil y seguridad nacional nunca se tradujeron –durante los regímenes pasados– en preocupación con otras observaciones: el Estado una política de Estado encaminada a enfrentar mexicano tiene un “limitado control en aeropueresta amenaza. Por el contrario, los gobiernos de tos y puertos para detectar y atender eventos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto profundi- alta patogenicidad”; existe una “debilidad estruc-

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ZONA CERO

puting and Statistics, Lancaster Medical School (Reino Unido); Derek AT Cummings, del Department of Biology and Emerging Pathogens Institute, University of Florida (Gainesville, Estados Unidos), y Antonia Ho, del Medical Research Council-University of Glasgow Centre for Virus Research (Glasgow, Reino Unido), señala la seriedad de la posible pandemia en marcha. Titulado Novel coronavirus 2019-nCoV: early estimation of epidemiological parameters and epidemic predictions, el documento emitido este 24 de enero estima que sólo el 5.1 por ciento de las infecciones en Wuhan están identificadas. Es decir, los casos

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tural de las finanzas del sistema de salud pública”, y se cuenta con una “limitada capacidad para investigar enfermedades infecto-contagiosas”. Sin que haya pandemia alguna, las clínicas y unidades de salud no se dan abasto para atender las enfermedades crónico-degenerativas que ya padece la población mexicana. “No hay camas”, es una frase común para negar el servicio médico en hospitales públicos desde hace varios años. ¿Qué pasará si el país tiene que enfrentar la demanda de cientos de miles enfermos por contagio? En documentos de seguridad nacional se señalan escenarios en los que miles de personas enfermas y no enfermas se agolpan entorno a los hospitales demandando atención para sí mismas o para sus familiares. Las Fuerzas Armadas (¿ahora también la Guardia Nacional?) tendrían que hacerse del control del sistema sanitario. Tal amenaza, por supuesto, no es privativa de México. Es mundial y aparece en las agendas de seguridad de casi todos los países. Los científicos saben que algún día ocurrirá, aunque no se sabe cuándo. La pandemia más mortífera de este tipo ocurrida en el pasado reciente tuvo lugar entre 1918 y 1920. Mató a 40 millones de personas en todo el mundo. Sólo en España cobró 8 millones de vidas. Se trató de un brote de influenza por el virus A, del subtipo H1N1. Hoy la amenaza del Coronavirus 2019-nCoV –surgido en Wuhan, China, en diciembre pasado– es seria. No sabemos aún si se trata de una enfermedad que generará alta mortandad. Lo que sí ya se está comprobando es su alta capacidad de transmisión, mayor que la del SARS de 2009 y que la del MERS de 2012. Un informe elaborado por los científicos Jonathan M Read, Jessica RE Bridgen y Chris P Jewell, del Centre for Health Informatics, Com-

OPINIÓN

son muchos más de los que señalan las cifras oficiales. “Nuestro trabajo sugiere que un número reproductivo básico para este brote de 2019-nCoV es mayor en comparación con otros coronavirus emergentes, lo que sugiere que la contención o el control de este patógeno puede ser sustancialmente más difícil.” No se refiere al informe a la letalidad. Esperemos que con las inminentes mutaciones este virus no se convierta en uno de los que teme la comunidad científica y para el que el país estaría prácticamente indefenso.

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

PEMEX Y EL CONFLICTO CON ESPAÑA POR EL ASTILLERO VIGUÉS HIJOS DE J BARRERAS NANCY FLORES

El ordenamiento del que habla el presidente se etróleos Mexicanos (Pemex) aún no logra resolver el conflicto laboral en el astillero es- da en medio de una severa crisis que estalló por el pañol Hijos de J Barreras, del que posee el incumplimiento en la construcción del crucero de 51 por ciento de acciones. Aunque en diciembre lujo Azora, para Ritz Carlton, del cual se derivó pasado se hablaba de un acuerdo entre la empresa una pugna interna por el control del astillero más mexicana y la trasnacional Ritz Carlton para ce- importante de la región, una profundización de su der el control a esta última, y con ello también las endeudamiento y hasta un paro de labores, que lo deudas, lo cierto es que el asunto permanece en la colocan en ruta de la quiebra. Pero así como Pemex detuvo todo el flujo de incertidumbre. A menos de 10 días de que finalice el plazo combustibles por los ductos cuando el gobierno de para el preconcurso de acreedores (que desde el 4 López Obrador decidió frenar de tajo el multimide octubre de 2019 se fijó para el próximo 2 de fe- llonario robo, también canceló las operaciones del brero), trabajadores de la Confederación Intersin- astillero vigués para investigar posibles actos de corrupción y cancelar los dical Gallega salieron a abusos, sin importar que las calles de Vigo el paEstán cambiando también en Pemex esto pueda generar un sado 23 de enero para los procedimientos y los servidores pú- conflicto entre México y exigir justicia laboral. Medios como Euro- blicos. Había quienes en PMI Comercio España, pues se habrían perdido ya unos 1 mil pa Press y La Voz de Ga- Internaconal tenían más de 30 años empleos en las empresas licia refieren que antes subcontratistas. de la fecha fatal, Hijos Y es que tal como lo apuntó el presidente de J Barreras debería presentar una propuesta de reestructuración global y de refinanciamiento de su López Obrador al describir su participación como deuda multimillonaria, que al parecer aún no tiene. desventajosa, desde el 26 de noviembre de 2013 Consultado por Contralínea sobre este tema, el –cuando se realizó la compra de las 510 acciones pasado 22 de enero en la conferencia mañanera el del astillero–, Pemex fue marginada de las decisiopresidente Andrés Manuel López Obrador asegu- nes a pesar de que había rescatado a la empresa de la quiebra, porque así lo aceptó la administraró que sí está enterado de esa crisis en lo general. Al respecto, dijo: “una de las cosas que here- ción de Emilio Lozoya Austin, actualmente prófudamos fue este astillero en España, en condiciones go de la justicia. Fue gracias a los contratos para construir dos también muy desventajosas para Pemex: a pesar de tener mayoría [de acciones], la decisión la to- floteles como el astillero salió de su crisis económaban los otros socios, y todo esto se está orde- mica. En febrero de 2014 inició la construcción de las dos unidades flotantes de alojamiento para nando ya y no hay influyentismo que valga”.

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AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

trabajadores de las plataformas marinas en los astilleros Navantía y Barreras, localizados en las ciudades de Ferrol y Vigo (en Galicia, España). Hijos de J Barreras es una de las inversiones más importantes de la petrolera en el extranjero, que involucró su esquema de inversiones trianguladas a través del Grupo PMI. De allí la importancia de que se transparente el tema. Veremos cómo se resuelve este conflicto que involucra a los dos países, pero también a la cruzada anticorrupción lanzada por el actual gobierno mexicano.

Acuerdos en el Consejo Hasta ahora nada de esto se ha ventilado en las versiones públicas de las actas del Consejo de Administración de Pemex. Lo único que se reveló recientemente [el 15 de agosto del año pasado] fue la transferencia de las unidades habitacionales flotantes denominadas Reforma Pemex y Cerro

OPINIÓN

de la Pez. En el acuerdo CA-103/2019, el Consejo autoriza continuar la transferencia de los dos floteles, como parte de la reorganización corporativa de Pemex; también, modificaciones al contrato 428224804 de servicios de alimentación y hotelería para la unidad Reforma Pemex. Los consejeros también acordaron que la filial privada PMI Norteamérica, SA de CV, sea la que administre y opere ambas unidades. Finalmente un tema a destacar derivado de la declaración del presidente López Obrador el pasado 22 de enero es el de la limpia al interior de PMI Comercio Internacional, cabeza del Grupo PMI. “Están cambiando también en Pemex los procedimientos y también los servidores públicos, había servidores públicos en Pemex [PMI Comercio] Internacional que llevaban 30 años y ya llevaban mucho tiempo; y ya se renovó la dirección de Pemex Internacional”, indicó el mandatario. Así las cosas en la petrolera.

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OPINIÓN CONTRAPODER

LA GUILLOTINA ANTICORRUPCIÓN

AL CUELLO CALDERONISTA ÁLVARO CEPEDA NERI

a metáfora de que la corrupción se barre de arriba hacia abajo (con el símil de una escalera) no retrata muy bien esa acción. Debe decirse que, en el sistema presidencialista a la mexicana, la corrupción se barre de atrás hacia adelante. De los sexenios de Peña, Calderón, Fox, Zedillo y, al menos, desde Salinas, hasta el sexenio lopezobradorista, tal y como está sucediendo con el proceso penal a la destinataria de la desafortunada frase: “No te preocupes, Rosario”, que en flaco favor le dedicó Peña (el de las pelucas para dizque no ser descubierto en sus giras con su modelo). Ahora está en turno el sexenio calderonista, con García Luna, quien fuera funcionario con Fox y Calderón en el sistema de seguridad. Este personaje es sospechoso de haber introducido, al amparo de la narcopolítica, drogas de nuestro país al vecino del norte; y ha sido ya encarcelado, al estilo del Chapo Guzmán, al otro lado del río Bravo y los tramos del muro de Trump. Falta un corrupto de Zedillo: ¿acaso, él mismo por el fraude del Fobaproa? Y faltaría, también, un salinista... ¿Salinas mismo? Estas incógnitas están en el aire. Pero por lo pronto es García Luna la ficha que ha movido Santiago Nieto, aprovechando que los estadunidenses le echaron el guante al calderonista que ha puesto en jaque-mate al partido que Calderón está integrando, ya que la guillotina anticorrupción puede hacer caer la cabeza de García Luna. No he publicado el Ex Libris “Daniel Arasse, La guillotina y la figuración del terror”, editorial Labor, con traducción de Carmen Clavijo Ledesma; con la nota sobre el último verdugo, quien ajustició a 395 franceses, en casi 50 años (publicada en Reforma del 6 de febrero de 2003). Éste es un terrible instrumento conocido como “la santa guillotina”, cuyo nombre proviene del cirujano francés Joseph Ignace Guillotin, diputado en la Asamblea Nacional, que la recomendó para su uso en las ejecuciones

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en sustitución de los métodos tradicionales, a fin de evitar sufrimientos inútiles al condenado. Él insistió y pidió al secretario de la Academia de Cirugía, el doctor Antoine Louis, que diseñara una máquina basada en las ya existentes utilizadas con ligeras variantes en otros países europeos como Italia, Alemania, Inglaterra. Traigo esta ficha a propósito de que cuando un delincuente es sentenciado, ya no le cortan la cabeza como sanción, pero se sigue usando la expresión: “le cortaron la cabeza”. En la antesala de la ejecución tenemos a Rosario Robles y ahora a Genaro García Luna. Ella está acusada de omisión por el enriquecimiento ilegal de varios de sus colaboradores. A él por la inmensa fortuna que posee, así como la de su esposa y otros familiares; y por haber protegido a los cárteles de las drogas en las narices del propio Calderón, quien ya no sabe cómo deslindarse de las acusaciones para no arrastrar a su naciente partido a la misma guillotina, tras haber desertado del PAN o casi traicionado al instituto que, con una impugnada elección versus López Obrador, lo hizo presidente de la República. Después, Calderón ayudó a Peña a conseguir la “silla embrujada”; y éste, supuestamente, amarró al PRI y al PAN para que, por fin, López Obrador lograra la Presidencia con el primer objetivo de combatir la corrupción. García Luna ha caído y será juzgado por delitos cometidos a la luz del código penal federal estadunidense. Tal vez allá purgará, al menos, 40 años, lo cual frustra la extradición a nuestro país. Y si es que antes no pacta algún tipo de trato con la justicia de allá, entregando información de diversos personajes a cambio de canonjías. También, tal vez, será compañero del Chapo Guzmán en una de esas cárceles de altísima seguridad; o tal vez no. Pero lo que es seguro es que presenciaremos su juicio y casi la guillotina cayendo sobre la cabeza del partido calderonista. Así que asistiremos a recordar al doctor Guillotin.

OPINIÓN ARTÍCULO

ALGUNAS UNIVERSIDADES TIENEN “DUEÑO” NORBERTO SOTO SÁNCHEZ/PRENSA LATINA

l 26 de noviembre pasado Esteban Moc- detallada, en la cual señaló que el trabajo de las tezuma, secretario de Educación Pública, universidades puede llevarse a cabo con el monto estuvo en Sinaloa para izar la bandera presupuestal establecido siempre y cuando optiblanca de la alfabetización, pero también para micen sus labores. Para ello hizo la oferta a la UAS impartir la conferencia Nuevo Acuerdo Educati- de llevar a cabo una revisión a través de una covo. En dicho evento fue cuestionado por algunos misión de expertos para analizar las posibilidades de los asistentes, entre los cuales se encontraba de incrementar labores institucionales sin la neceJosé Carlos Aceves Tamayo, secretario general del sidad de que el gobierno federal les otorgue más Sindicato Único de los Trabajadores de la Univer- recursos. Finalizó invitando al gobierno del estado sidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sección acadé- a unirse a dicho esfuerzo financiando el estudio… Después de la respuesta, un silencio se apoderó micos, mismo que de manera concreta increpó al secretario en torno al tema del presupuesto del go- del foro. Es importante destacar que la UAS carga con bierno federal para las universidades públicas. La respuesta de Moctezuma fue amplia, pero lo que un déficit de 1 mil 772 millones 212 mil pesos. Y su rector, Juan Eulogio más destaca para el Guerra Liera, hasta el caso y la ocasión –pues Algunas [universidades] tienen duepasado mes de enero además el evento se realizó en las instala- ño, en donde una persona está ligada contaba con un salario ciones de la UAS– fue durante décadas; hay varias en el país. integrado con bonos por un total de 183 la clara referencia que Otras tienen una casta dorada... mil pesos mensuales… éste hizo a universidaPero la UAS, en “sintodes que “tienen duenía” con las medidas de austeridad del gobierno ño”: “…Algunas otras [universidades] tienen due- federal, redujo el salario de Guerra a 104 mil 311 ño, en donde una persona está ligada a la uni- pesos [2]. versidad durante décadas; hay varias en el país… Otras tienen una clase dorada de servidores pú- A veces esos “dueños” blicos, de funcionarios que lo tienen todo y gastan emprenden “demandas todo y todo lo paga la universidad, no es el caso de mordaza” para callar voces la UAS…” [1]. Por supuesto, prevalece lo que se afirma imEl 5 de noviembre pasado, la doctora María plícitamente sobre lo que se niega literalmente… Teresa Guerra Ochoa (Tere Guerra), quien es acPero el asunto no terminó en la alusión “in- tivista en defensa de los derechos humanos, profedirecta” que el secretario de Estado realizó, pues sora jubilada de la UAS y columnista de medios algunos insistieron en el tema del presupuesto periodísticos sinaloenses como El Debate y Línea orillando a Moctezuma a dar una respuesta más Directa, convocó a una protesta a las afueras del

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OPINIÓN

CARLOS SICAIROS/CUARTOSCUR

ARTÍCULO

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en la capital de dicha entidad [3]. El objetivo de la manifestación fue la defensa de la libertad de expresión y el rechazo a los métodos coercitivos como “demandas mordaza” que emplean personajes políticos como Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien es exrector de la UAS así como fundador y presidente actual del Partido Sinaloense (Pas). En junio de 2010 los profesores de la UAS Carlos Karam Quiñones, Ana Luz Ruelas Mojardín, María Teresa Guerra Ochoa y Felipe de Jesús Martínez Escalera, entre otros, interpusieron una demanda frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa en contra el exrector Melesio Cuén por enriquecimiento ilícito. Dicha demanda estuvo respaldada por documentos que fueron presentados ante el Ministerio Público, los cuales eran relativos a 32 bienes inmuebles pertenecientes a Cuén y su familia, propiedades que, a decir de los demandantes, no podían haber sido

adquiridos lícitamente con sus ingresos como funcionario universitario en el periodo que va de junio de 1997 a junio de 2005 cuando fue director de bienes de la universidad, así como de junio de 2005 a junio de 2009 cuando fue rector. Ya desde 2010 la doctora Tere Guerra realizó labores periodísticas que evidenciaban los excesos que han cometido Melesio Cuén, su familia y su grupo político con tal de mantener el control administrativo de la máxima casa de estudios de Sinaloa. Ante esto, Melesio Cuén en 2016 interpuso una demanda en tribunales federales en contra de la doctora Tere Guerra por supuesta difamación y daño moral que le había causado a razón de la loable labor periodística que la doctora ha realizado durante aproximadamente una década, trabajo a través del cual ha evidenciando la corrupción y la manipulación que Cuén y el Pas llevan a cabo con la estructura institucional de la

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UAS. Dicha demanda no procedió frente a las instancias mencionadas y fue turnada al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, teniendo la primera audiencia el día 5 de noviembre del presente, con lo que se da apenas por iniciado nuevamente el proceso legal. Cuén Ojeda no asistió a esta primera audiencia, justificando su ausencia “por cuestiones de salud”. La convocatoria de Tere Guerra tuvo eco y se realizó una manifestación en defensa de la libertad de expresión y contra demandas mordaza, evento que estuvo nutrido por la presencia de un amplio grupo de estudiantes, trabajadores universitarios –jubilados y en activo–, colectivos feministas y en defensa de los derechos humanos, dejando, con ello, un importante precedente para la defensa de la libertad de expresión en el estado de Sinaloa y evidenciando el descontento popular contra el Pas y su dirigencia por el clima antidemocrático que han impuesto en la casa rosalina desde al menos hace una década y media.

Cuén Ojeda responde a acusaciones El 11 de noviembre el periodista Alejandro Siqueiros publica, en su columna Observatorio del diario sinaloense El Noroeste [4], la respuesta de Melesio Cuén frente a los señalamientos de aplicar medidas para limitar la libertad de expresión que algunos periodistas han hecho en su contra a raíz de la demanda por daño moral que emprendió contra Guerra. De la respuesta de Cuén extraemos lo siguiente: —¿Estarías dispuesto, si así lo considera proponer el juez de la causa, a una avenencia mediada por el Poder Judicial para la no agresión mutua? (pregunta Siqueiros a Cuén). —Yo sí. Habría que preguntarle a ella si está dispuesta. Siempre y cuando se siente la promesa de que si van hablar mal de mí, que lo hagan presentando las pruebas de lo que dicen. A mí no me molesta que me critiquen; me molesta que me difamen o que denigren a cualquier otra persona nomás por gusto, sin soportar con evidencias lo que acusan… No se trata de ninguna amenaza contra la libertad de expresión. Por defender la libertad de expresión mía y de los demás estaría

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dispuesto inclusive a dar mi vida… Ya ves, ya no quiero confrontarme; quiero entenderlos y que me entiendan. No tiene caso gastar mis energías en pleitos.

Pero cae en contradicciones Contrario a la actitud aparentemente conciliativa que Melesio Cuén pretende proyectar en dicha entrevista, existe una queja que se hizo llegar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con folio 43643/2019, donde se acusa a Cuén, dirigentes pasistas y directivos de la UAS de establecer una situación de acoso, hostigamiento y agresiones que orilló a un extrabajador y su esposa a abandonar el estado de Sinaloa para salvaguardar su integridad física y sicológica. Todo ello a razón de las denuncias públicas que hicieron en contra del cuenismo y de la demanda que interpusieron frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje Especial 1 de la Local de Culiacán, Sinaloa, por un despido injustificado, la cual cuenta con expediente 4-24/2018.

Las llamadas de Cuén Ojeda y el vicerrector Díaz Quinteros Nuevamente el canal de YouTube Regeneración Universidad Autónoma de Sinaloa filtra dos llamadas telefónicas. La primera, entre un extrabajador universitario y el vicerrector de la Unidad Regional Sur de la UAS, el doctor Miguel Ángel Díaz Quinteros; y la segunda, entre el mismo extrabajador y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la UAS y presidente estatal del Pas. Sobre estos videos dejaremos enlaces al final del texto. La primera conversación gira en torno a la descripción de una situación de hostigamiento laboral que estableció el dirigente pasista y director de la unidad académica Psicología, Mazatlán, Maurilio Hernández Martínez, en contra del extrabajador universitario por negarse a seguir cooperando con el activismo pasista. En el audio puede apreciarse que Díaz Quinteros sugiere armar un expediente de pruebas, pues los directivos de la unidad académica, con su estilo característico, llevarán a cabo agresiones, levantarán

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infundios y calumnias contra el extrabajador. autonormativa que la comunidad universitaria De igual forma el Vicerrector da la instrucción de la UAS consiguió a lo largo de su historia con de acudir al “maestro”, quien de acuerdo a la sangre. Autonomía jamás equivale, como las audescripción del material es Cuén Ojeda, para la toridades de la UAS pretenden hacer creer a la resolución del problema. De esto lo que se infiere opinión pública, a un régimen de arbitrariedad e inmediatamente es que la dinámica partidista del impunidad. El esquema normativo interno de la Pas impone situaciones y, en particular, el exrec- Universidad Autónoma de Sinaloa ha sido viotor y actual presidente del Pas es una instancia lentado por sus propias autoridades una y otra ineludible en la asignación de puestos laborales vez: un entorno institucional que se caracteriza por un despiadado canibalismo político (donde y en la resolución de conﬂictos dentro la UAS. En la segunda conversación puede escucharse lo que menos importa es la tan alabada “calidad la voz de Melesio Cuén preguntando de manera educativa”) y que es categóricamente ajeno a la incisiva al extrabajador: “¿Qué pasó? ¿Qué hay dinámica académica propia de un entorno unide nuevo?”, a lo que éste responde: “Tuvimos versitario, posibilita todo tipo de arbitrariedades que regresar a El Fuerte, pues se dieron una serie y abusos laborales gracias a la relación que la de incidentes que imposibilitaron nuestra perma- UAS guarda con el Pas y en la cual es prioridad nencia allá en Mazatlán”. Posteriormente Cuén la agenda política de este último. Con todas estas situaciones que hemos desreclama, con evidente molestia: “Supe que has publicado unas cosas referentes a mi persona…”. crito y todas las pruebas que hemos presentaLos administradores del canal de YouTube do, ¿qué podríamos afirmar que prevalece en la UAS: la transdicen que la primera llamaparencia o la da ocurrió a inicios de 2018, El esquema normativo de la UAS ha corrupción; la mientras que la segunda en marzo del mismo año. Sobre sido violentado una y otra vez por sus autonomía o la este último video, mencionan propias autoridades, en un entorno arbitrariedad? Que nuestro que recibieron dicha llamada institucional de canibalismo político lector juzgue. de Cuén con el objetivo de disuadirlos de entablar una demanda contra la Universidad. Cuén Ojeda se Referencias: despide invitando al extrabajador a “platicar”. Sin embargo, lo único que recibieron su esposa [1] “Hay universidades que tienen dueño asevera y él después de eso fueron amenazas, agresiones Esteban Moctezuma Barragán” https://www. y difamación de parte de dirigentes pasistas y dinoroeste.com.mx/publicaciones/view/hay-universidarectivos de la UAS. Por otro lado, sostienen que des-que-tienen-dueno-asevera-esteban-moctezuma-bala recopilación de pruebas que emprendieron rragan-1180387 fue en una tesitura defensiva, frente a la situa- [2] “Universidades adeudan 16 mil millones de ción de confrontación que era inminente. Finalpesos. Un rector ganaba 183 mil pesos menmente, la descripción del video menciona: “Si la suales” https://www.eluniversal.com.mx/estados/ universidad-partido no existiera, si todo lo que universidades-adeudan-16-mil-mdp-un-rector-ganase plantea sobre la relación Pas-UAS fuese menba-183-mil-pesos-mensuales tira o simples refritos como dice Cuén... ¿de qué [3] “Convoca Tere Guerra a protesta contra inmanera explica la serie de llamadas entre autotentos por limitar la libertad de expresión” ridades universitarias de primer nivel publicadas https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/ por nosotros?”. convoca-tere-guerra-a-protesta-contra-intentos-por-limitar-la-libertad-de-expresion-1178496 [4] “Caso Cuén-Guerra: réplica al ex Rector” ht¿Autonomía o arbitrariedad? tps://www.noroeste.com.mx/publicaciones/opinion/ caso-cuen-guerra-replica-al-ex-rector-110979 La autonomía hace referencia a una facultad

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RUSIA Y EL COMPLICADO POLÍGONO LIBIO ANTONIO RONDÓN/PRENSA LATINA

oscú, Rusia. El conflicto en Libia pasó bración del foro de Berlín, al cual, por insistenpor la plataforma de negociaciones en cia de Rusia, fueron invitados el primer ministro Berlín para dar a la solución de esa del Gobierno de Conciliación Nacional, Faraz crisis una dimensión internacional, tanto por las Al Sarraj, y el jefe del llamado Ejército Nacional partes involucradas como por los temas relacio- Libio, general Falij Haftar. Aunque Haftar abandonó Moscú sin firmar nados con la nación norafricana. Libia se convierte en un verdadero polígo- un acuerdo de cese de hostilidades, solicitó tiemno de confrontación de intereses geopolíticos y po para consultar con las tribus que lo apoyan en económicos que involucran no solo a la decena la confrontación. En Berlín, aunque la mayoría de naciones participantes en la reciente confe- del tiempo estuvieron ausentes Haftar y Al Sarraj, se aprobaron varencia internacional rios acuerdos, incluido de Berlín, sino a otros Libia es hoy un verdadero polígono el refuerzo y cumplijugadores que esta vez miento del embargo prefirieron quedar al de confrontación de intereses geopolíticos y económicos que involucran una de armas impuesto a margen. Libia y se aprobó un El encuentro en la decena de países de tres Continentes plan para la solución capital alemana reudel conflicto en la renió allí al presidente ruso, Vladimir Putin, y a su similar turco, Re- ferida nación. Además, se creó un comité para el monitoreo cep Tayyip Erdogan, autores de una iniciativa lanzada desde Estambul para llamar a las partes de la puesta en práctica de lo pactado en la caenfrentadas en Libia a poner fin a los enfrenta- pital alemana y se llamó a las partes enfrentadas al desarme o, de lo contrario, a su integración mientos armados. Como afirmó el propio Putin en su momen- paulatina en los órganos de seguridad del estado to, la convocatoria de Estambul dio paso a una libio, aunque muchos dudan sobre su existencia. De igual forma, se crea un mecanismo para reunión en Moscú con auspicio de los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de Turquía y el restablecimiento económico de Libia, algo en Rusia, para mediar en negociaciones sobre una lo que pudieran estar interesados países como la tregua entre las partes enfrentadas en el país no- propia Alemania y China, con ausencia de una delegación de alto nivel en el foro, pero involurafricano. Ello creó condiciones favorables para la cele- crada en proyectos económicos, afirma expertos.

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A ello se suma una declaración final de 55 puntos adoptada al finalizar la conferencia, donde se habla, entre otras cosas, de la creación de un comité militar, al cual cada parte enfrentada aportaría cinco delegados. El comité militar se encargaría de cooperar con la ONU para garantizar una tregua estable en Libia y para permitir un intercambio de opiniones entre los confrontados que lleve al fin del derramamiento de sangre, la recuperación de la vida pacífica y la creación de un estado de derecho. La reunión de Putin y Erdogan en el marco del foro, estiman expertos, fue uno de los episodios de la conferencia más directamente relacionados con el tema de la confrontación y ello no parece ser casual, pues Libia aparece como un polígono político, donde confluyen muchos

intereses. El diario Vzgliad (Vistazo) estima que la conferencia de Berlín dio un pequeño paso para resolver el problema libio, pero un paso gigante en su aspecto internacional para mostrar un crecimiento del mundo multipolar y una época posestadunidense. Los ataques de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) contra Libia, en 2011, se realizaron con total liderazgo de Washington y luego de una manipulación de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El asesinato de Mohamed Ghadafi, también lo auspició la Casa Blanca. Sin embargo, ahora la solución a un conflicto que es consecuencia directa de la situación de inestabilidad creada en el país norafricano por los ataques de la OTAN, se resuelve de forma colectiva, en un esquema donde el país norteño parece ser un participante más. Por otro lado, detrás de cada parte enfren-

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tada existen factores más allá de quienes parti- país que podría aumentar su presencia en el cipan en los combates directamente. Por cierto, mercado petrolero y recuperar su producción de de acuerdo con el diario Nezavisimaya Gazeta, las 1.8 millones de barriles diarios, como antes de fuerzas de Haftar se hicieron del puerto Zutin, 2011. De hecho, Libia, con reservas petroleras de por donde salen exportaciones petroleras. Nezavisimaya Gazeta señala, incluso, que el 41 mil 500 millones de barriles, las mayores de general libio ordenó congelar los suministros de África, y de un billón 505 mil millones de metros las terminales petroleras del este, lo cual redujo cúbicos (puesto 22 en el orbe) podría ser punto la producción petrolera diaria en 800 mil barri- de partida de ductos, a través del Mediterráneo, les, para dejar la producción total en 1.3 millo- a Europa, estiman especialistas. Por cierto, en el mercado energético europeo, nes y ello provocaría pérdidas por 55 millones de a donde Rusia envía cerca de 100 mil millones dólares diarios. Aunque el ENL domina muchos campos pe- de metros cúbicos anuales y abren nuevas vías troleros, el dinero de las ventas llega a la National como el Torrente Turco y el inconcluso TorrenOil Corporation (NOC), con sede en Trípoli, de te Norte 2, además de la vía ucraniana, entran a ahí el interés de Haftar de controlar la principal competir otros actores. Turquía ya puso en funcionamiento el gaciudad libia, opinan expertos. Tales procesos ponen en condiciones difíciles soducto transcaucásico Tanad, que por ahora todos los esfuerzos dirigidos a lograr el fin total viene de Azerbaiyán, mientras Israel prepara un yacimiento de gas que llevará ese combustible de las acciones bélicas. hasta Egipto, con preMedios de prensa tensiones de alcanzar rusos destacan que el Además del extremista movimiento a Europa. Gobierno de ConciliaEl propio Egipto ción Nacional tiene el Estado Islámico, otras fuerzas activas en Siria paracen trasladarse ahora a la nacuenta ahora con un apoyo directo de Turyacimiento en el Mequía, Arabia Saudi- ción norafricana. Ahí está la disputa diterráneo que tamta, Egipto y Emiratos bién puede sumarse a Árabes Unidos, mientras recibe ayuda militar estadounidense, por la competencia por el mercado europeo. Las referidas circunstancias parecen pesar encima de prohibiciones contenidas en el citado sobre decisiones que se buscan para poner fin al embargo. Nezavisimaya Gazeta afirma que a Trípoli conflicto libio. Pero también existen otras mencionadas por llegaron viejos, pero funcionales sistemas antiaéreos norteamericanos MINI-23 Hawk y AN/ el presidente ruso como la explosión del tráfiMPQ-64 Sentinel, capaces de destruir aviones co de personas a Europa, que produjo el caos surgido, tras el asesinato del líder libio y la atode combate y drones del ENL. Al mismo tiempo, Catar parece respaldar a mización del conflicto, y la aparición allí de prelas fuerzas de Haftar, mientras que en las me- ocupantes focos de grupos terroristas. Además del extremista movimiento Estado diaciones, Ankara pone a Moscú como la parte capaz de convencer a las fuerzas del general de Islámico, otras fuerzas activas en Siria parecen sentarse a negociar, aunque Rusia aclara que trasladarse ahora a la nación norafricana, como lo denunció recientemente el ministro interino mantiene el diálogo con todas las partes. ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov. De esa forma, Libia aparece como un políEl vector energético gono, donde confluyen intereses internos de las Publicaciones rusas comentan que la solu- partes enfrentadas, regionales y geopolíticas que ción del conflicto en Libia en toda su extensión, le dan una dimensión internacional a la solución permitiría un acomodo de la economía de ese de ese conflicto armado.

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ALARMA POR DESAPARICIONES

Y FOSAS CLANDESTINAS EN GUERRERO

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De las 356 acciones urgentes emitidas para México por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, unas 200 –56 por ciento– son por crímenes de este tipo ocurridos en Guerrero ASENETH HERNÁNDEZ

CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO

n Guerrero no sólo han desaparecio 43 normalistas rurales de Ayotzinapa: a nivel nacional, la entidad ocupa el noveno lugar, con 2 mil 938 casos de las 61 mil 637 víctimas al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas y el Informe de fosas clandestinas, elaborados por la Secretaría de Gobernación (Segob). Sin embargo, defensores de derechos humanos y representantes de colectivos de familiares de desaparecidos aseguran que ésa sólo es una cifra aproximada, pues hay muchos crímenes de este tipo que no se denuncian principalmente por tres razones: miedo de los familiares o víctimas indirectas, impunidad y revictimización. Durante mucho tiempo, la desaparición forzada en Guerrero se convirtió en una práctica regular y sistemática, dice a Contralínea el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez. Agrega que ahora el fenómeno es distinto, porque mientras en los años de la mal llamada Guerra Sucia “fue una práctica

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del Estado mexicano para acabar con la disidencia política, hoy tenemos una conjugación del fenómeno” donde no se puede negar que en algunos casos hay participación de autoridades, pero no en todos. Lo que es un hecho es la crisis de derechos humanos que vive la entidad que desde octubre de 2015 gobierna Héctor Astudillo: de las 356 acciones urgentes emitidas para México por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas –entre 2012 y abril de 2019–, unas 200 –es decir, el 56 por ciento– son por crímenes de este tipo ocurridos en Guerrero. Aunado a ello, el Informe de fosas clandestinas revela que de las 3 mil 631 que han sido localizadas en el país, 331 se encontraron en territorio guerrerense. Javier Manzano Salazar, diputado federal por

ese estado, señala en entrevista que el fenómeno de las desapariciones se ha incrementado en Guerrero: “había lugares que vivían en un clima pacífico y ahora llega la gente en la noche y se encierra porque ya se da hasta en los municipios más pequeños”. De acuerdo con los datos oficiales, la lista de incidencia la encabezan Atoyac de Álvarez, Iguala de la Independencia –donde también ocurrió la desaparición de los 43 normalistas–, Acapulco de Álvarez, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo y Cocula. Para el legislador no cabe duda de que se trata de una problemática que se ha generalizado, puesto que las personas que desaparecen ya no son únicamente luchadores sociales o políticos, como ocurría en la Guerra Sucia, sino los ciudadanos en general.

JESÚS GUERRERO/CUARTOSCURO

Las personas que desaparecen ya no son únicamente luchadores sociales o políticos, como en la Guerra Sucia, sino ciudadanos en general

Indolencia de autoridades ante las súplicas

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Familias, en el desamparo

El rostro de las víctimas Los 2 mil 938 desaparecidos son, en relaidad, 2 mil 938 tragedias familiares. Una de ellas es la de la familia de Josué Molina Rodríguez, originario de Guerrero y quien soñaba con ser, algún día, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo recuerda María Guadalupe Rodríguez Narciso, su madre e integrante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Chilpancingo. Licenciado en derecho, Josué estudió en la Universidad Autónoma de Guerrero y ejercía su profesión en el Tribunal Superior de Justicia, ubicado en el municipio de Chilpancingo. Su pasión era transformar autos, relata su mamá a Contralínea. “Tenía una organización de bochos (volkswagen) con los concursaba. Se ganó premios”. Está casado

y tiene tres hijos, dos niños y una niña. Siempre iba a dejar y recoger a su esposa al tecnológico en el que ella estudiaba. Era un hombre alegre, “no tenía obstáculos para hacer cualquier actividad que le enseñaran”, afirma María Guadalupe Rodríguez. Además de ser abogado, Josué sabe herrería, carpintería, electricidad y hacía trabajos de aluminio, pues su papá, Atanasio Molina, les enseñó a él y a su hermano a trabajar desde que eran niños. El joven entusiasta, aguerrido y perseverante cumplió 36 años el 30 de noviembre del año pasado. Sin embargo, “le truncaron” su proyecto de vida el 4 de junio de 2014 cuando desapareció. Fue visto por última vez en la Escuela Secundaria Técnica número 30, General Lázaro Cárdenas, alrededor de las 16:50 horas. De acuerdo con María Rodríguez, su hijo recibió una llamada de

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una persona que laboraba en dicha institución y lo citó ahí. Desde entonces se desconoce dónde está. Cuando llegó fue privado de su libertad. Lo secuestraron en su carro, un Jetta negro, y al poco tiempo retiraron dinero de su cuenta del banco Banamex. Según las investigaciones que realizó María, en conjunto con las instituciones de procuración de justicia del estado, “hubo una persona que vio cuando se lo llevaron tres hombres con armas y dio aviso al Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero”. “Ese mensaje llegó a Seguridad Pública y a todas las policías, hasta al Ejército y nadie lo auxilió, nadie hizo nada por él”, denuncia doña María Guadalupe. Además, tiempo después de la desaparición, el automóvil de su hijo “anduvo circulando en la ciudad de Chilpancingo”.

Impunidad garantizada Integrantes de organismos de derechos humanos, colectivos de familiares de desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil del estado denuncian que las instituciones de procuración de justicia no activan los protocolos legales establecidos en la ley, ni realizan las investigaciones necesarias cuando hay una denuncia por la desaparición de una persona. En entrevista, Manuel Olivares –director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón– señala que todas las desapariciones ocurridas en Guerrero “siguen el mismo rumbo en el aspecto de derecho a la verdad y acceso a la justicia”, que es el camino a la impunidad. Esto se debe a que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, como los ministerios públicos, no aplican los “protocolos de búsqueda ni hacen investigaciones al respecto”. Tampoco abren carpeta de investigación, advierte el defensor. Coincide Julio Mata, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), pues la organización ha identificado varios momentos en los que las autoridades no hacen el trabajo que les corresponde. El primero, dice a Contralínea, es cuando los 26

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Madres, buscando y tocando puertas en todo el país

familiares acuden al Ministerio Público a denunciar, ya que en muchos de los casos no quieren levantarla hasta que se cumplan 24, 48 o hasta 72 horas. Además, los clasifican como ausentes, “que se fueron de parranda o con el novio o la novia”. Ese patrón lo vivió la madre de Josué. Como difícil, describe el momento en el que presentó la denuncia por la desaparición de su hijo en el Ministerio, porque lo primero que les dijeron fue que tal vez no estaba desaparecido y sólo se había ido con una mujer. Les pidieron que esperaran 72 horas para presentar el caso. Sin embargo, María Guadalupe no aceptó esperar 3 días: la familia denunció a las 24 horas en la Fiscalía General del Estado de Guerrero, pero no se investigó. Acudió entonces a la estatal Fiscalía de Desaparición Forzada: ahí solamente enviaron oficios a las instituciones públicas para ver si estaba detenido o tuvo algún accidente, pero nada

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CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO

“Me corrieron en el Ministerio Público, me gritaron: “usted no nos deja trabajar. Nada más está aquí sobre nosotros”. Yo llevaba la investigación, no eran ellos, no es el Ministerio Público el que sale a recabar información, a buscar. Es la familia quien investiga, es la que se convierte en investigadora”. Todas las personas que han sido localizadas, principalmente sin vida, han implicado la labor de búsqueda de los familiares y los colectivos y no de las autoridades porque éstas no hacen su trabajo, observa el director del Centro Morelos, Manuel Olivares.

más, dice la señora Rodríguez Narciso que desde entonces busca a Josué. “No hay ningún caso que tenga algún avance sustancioso, lo que regularmente se encuentra cuando se revisa el expediente son los oficios que gira el Ministerio a hospitales, centros de reclusión, centros de alcohólicos anónimos”, subraya Manuel Olivares. En el caso de Josué, remitieron la denuncia a la Fiscalía de Delitos Graves, donde también tuvo muchos obstáculos porque no hicieron nada, a pesar de que María Guadalupe llevó toda la información que había recabado de la última llamada y del aviso al C4. Al igual que muchas madres y familiares de personas desaparecidas, ella empezó a realizar sus propias investigaciones para dar con el paradero de su hijo. La información que obtuvo la llevó a dicha Fiscalía “para que la hicieran legal”.

Familiares: búsqueda incansable que los vuelve expertos La madre de Josué y el colectivo al que pertenece son los que han realizado las búsquedas de sus desaparecidos. Han tenido que utilizar sus propios recursos para investigar, pagar para entrar a algunos lugares. “Nosotros sondeamos los lugares y a veces tenemos que pagar para entrar. En Guerrero todos los lugares tienen dueño y aunque sepamos que hay cuerpos, no puedes entrar tan fácil porque ya no sales. Todo es bajo el peculio de las familias”, afirma doña María Guadalupe Rodríguez. Añade que cuando se enteran de algún lugar en el que hay fosas o cuerpos abandonados es cuando piden el apoyo del Ministerio Público. Sin embargo, la mayoría de las veces no acuden a auxiliarlos. “No andan con nosotros acompañándonos para buscar los lugares donde hay fosas, donde hay gente viva. No hacen el trabajo que deben de hacer. Nosotros seguimos andando solos, únicamente cuando hay operativos viene la policía. Nosotros exponemos la vida”, indica. Un ejemplo de la ineficacia de las autoridades es un operativo que se realizó en 2015 en una barranca de Chichihualco, en la que había más de 70 cuerpos atorados entre las ramas del cerro y se podían identificar con sólo verlos por la ropa que traían, pero el día que los encontraron no pudieron extraerlos porque no llevaban al grupo de rescate. El lugar no fue resguardado por las autoridades, por lo que al otro día los restos humanos

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El pais, sembrado de fosas clandestinas

estaban quemados y no quedaron evidencias. María Guadalupe Rodríguez asegura ese lugar lo localizó un joven que buscaba a su hermano: arriesgó su vida durante muchos meses y cuando lo encontró, no pudo recuperar su cuerpo completo por la negligencia de las autoridades. Sólo le entregaron los pies. Para familiares y colectivos el método que ha funcionado para encontrar a algunos de sus desaparecidos es pagar informantes en los pueblos. Éstos los contactan con personas del crimen organizado que saben de lugares en los que hay cuerpos o personas privadas de la libertad. María tuvo que vender las propiedades que tenía para pagar por información que le diera alguna pista sobre el lugar en el que podría estar Josué, pero en 6 años no ha logrado tener un avance sustancial. Incluso la extorsionaron. 28

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Sin embargo, las búsquedas del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Chilpancingo sí han sido eficaces: han encontrado a algunos de sus desaparecidos, la mayoría sin vida. En el más reciente rastreo que se realizó, en octubre de 2019, rescataron a un adolescente con vida y ocho cuerpos. Por ello, el director del Centro Morelos destaca que de junio de 2018 a junio de 2019 lograron la identificación y entrega de ocho personas desaparecidas en Chilapa. El peritaje lo realizó el Equipo Argentino de Antropología Forense. La madre de Josué destaca que el gobierno no proporciona ninguna estrategia para rescatar a las personas con vida, a pesar de que en repetidas ocasiones les han comentado sobre la existencia de lugares en la sierra en los que tienen a las personas trabajando.

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“Yo me enteré de una denuncia que se presentó y la persona decía que en un lugar de la sierra había gente armada y personas recluidas. Ese día conectaron un dron y vieron a los encapuchados con armas largas. ¿Acaso le dieron seguimiento? No.” María Guadalupe menciona que hay lugares a los que no se puede entrar por tierra porque hay halcones vigilando las carreteras y mientras los que buscan entran por una zona, los delincuentes salen por otra y esconden a las personas. Para ella hay operativos que se tienen que hacer por aire, con helicópteros y otras tecnologías, como los drones. “Ellos tienen todo para saber dónde están los vivos, los muertos. Tienen toda la tecnología, pero nadie quiere hacer nada”. El secretario ejecutivo de la Afadem, Julio Mata, explica que la razón principal bajo la cual se excusan las autoridades para no proceder con las investigaciones ni brindar el acompañamiento necesario es la falta de recursos económicos. A veces les piden dinero a las víctimas indirectas para la gasolina o que los trasladen en sus vehículos, asegura.

brían llegado tan lejos. “Las madres no nos podemos quedar calladas cuando sabemos que se pueden llevar a la demás familia, ha sido un terror”, comenta María Guadalupe Rodríguez. Ella mantiene la esperanza en encontrar a su hijo, ya que con el cambio de gobierno los familiares de desaparecidos han sido recibidos por el subsecretario Encinas y los ha acompañado en algunos operativos. La mamá de Josué ha participado en todas las campañas de rastreo organizadas por la Brigada Nacional de Búsqueda. “No sabemos dónde están nuestros hijos y la verdad es un desgaste emocional muy fuerte este martirio que nos tocó vivir, y no podemos estar callados. Siempre vamos a estar protestando y exigiendo justicia. A veces no tengo cordura, no tengo palabras para gritar mi angustia”.

La mujer está delante de todas las luchas; es el elemento más importante en todo el proceso. Están ahí, al frente, a pesar del desgaste emocional

Mujeres suelen encabezar las búsquedas Más del 90 por ciento de las personas que participan en las actividades de búsqueda y localización de desaparecidos y desaparecidas son mujeres, aseguran los representantes de la Afadem y del Centro de Derechos Humanos Morelos. “La mujer está delante de todas estas luchas, es el elemento más importante dentro de las búsquedas. Son mujeres las que salen a buscar por esa relación filial que tienen con el desaparecido o la desaparecida. Están ahí, al frente, en pie de lucha”, opina Julio Mata. Por su parte, Manuel Olivares señala que sin los esfuerzos que han realizado las mujeres para buscar a sus desaparecidos y desaparecidas no ha-

Revictimización, incriminación y miedo Entrevistados por separado, los defensores Julio Mata y Manuel Olivares coinciden en que la revictimización es el principal instrumento que utiliza el personal de las instituciones de procuración de justicia cuando una víctima indirecta acude a denunciar la desaparición de su familiar o conocido. En el caso de la desaparición de Josué Molina intentaron culpar a su esposa del crimen y le atribuyeron una declaración que ella no hizo. María Guadalupe Rodríguez recuerda que cuando se enteró de eso se presentó en el Ministerio Público “llorando y gritando” para exigir que las autoridades encargadas del caso cambiaran la investigación. En otros casos intentan encontrar algún nexo con grupos del crimen organizado y narcotráfico, aunque no tengan ningún dato que los vincule. De acuerdo con Julio Mata, en los expedientes asignan un apartado en el que ponen “cuestiones de narcomenudeo narcotráfico o disputa de territorio”.

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“Criminalizan a los denunciantes y a la víctima sin tener ningún tipo de elemento y luego no hay una investigación real sobre el paradero de los desaparecidos”, señala el defensor e integrante de la Afadem. Mientras tanto, en el Centro Morelos han identificado que las autoridades del municipio de Chilapa de Álvarez violan el derecho de acceso a la justicia de las víctimas indirectas que pertenecen a comunidades indígenas, porque no se les atiende a menos que vayan acompañados de un intérprete.

Colusión de autoridades María Guadalupe Rodríguez logró identificar a las personas que se llevaron a Josué en 2014 gracias a la última persona que contactó a su hijo y a que las autoridades ministeriales revisaron las llamadas que ésta realizó. “Está ordenada la presentación de esas personas en el Ministerio, pero aquí [en Chilpancingo] nunca lo hicieron porque están involucrados con los policías”. El diputado federal Javier Manzano señala que hay ministerios públicos de Guerrero que tienen relación con la delincuencia organizada, así como funcionarios involucrados con narcotraficantes. Es una situación muy preocupante, sobre todo si las instituciones encargadas de impartir justicia “están embarradas hasta las chanclas de lodo”. El defensor Julio Mata observa que los actos de colusión van más allá de vínculos, pues la Afadem ha identificado la existencia de personas que estuvieron en el Ejército y ahora entrenan a grupos de la delincuencia organizada. Lo mismo, asegura, pasa con policías estatales. “Para una desaparición se necesitan muchos recursos económicos, materiales y personal, por lo que los perpetradores no se pueden mover en el territorio nacional si no es con la anuencia del Estado mexicano”, indica. Por ello, Mata considera que la desaparición forzada es un delito de Estado por acción u omisión. Los integrantes del Centro de Derechos Humanos Morelos también han notado el crecimiento de violencia en los municipios guerrerenses. En los 23 años que han dado acompañamiento a las víctimas se nota claramente la evolución: la delincuencia organizada empezó controlando la di30

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rección de seguridad pública en Chilapa, siguió la dirección de obras públicas hasta que empezaron a elegir a los candidatos a la presidencia municipal y por último a imponerlos, explica Manuel Olivares. Para el defensor, “la corrupción juega un papel importante en el incumplimiento del derecho a la justicia porque es la que ha generado este manto de impunidad a todos los grupos de la delincuencia organizada. Hemos visto que éstos han penetrado en todo el tejido de las instituciones gubernamentales y policiacas en todos los niveles: federal, estatal y municipal”.

¿Qué sucede después de una desaparición? La familia de Josué Molina Rodríguez se dividió después de su desaparición, ya que recibían

“Los vamos a encontrar; los vamos a abrazr y volveremos a estar felices”

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JOSÉ I. HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO

constantes amenazas para que dejaran de investigar. Por miedo, su esposa se fue de Guerrero después de que terminó su carrera, pero sus tres hijos no quisieron irse. Se quedaron a vivir con sus abuelos durante un tiempo. La vida para la mamá de Josué cambió radicalmente, pues empezó a ir todos los días a las diferentes fiscalías en las que se movió el caso. Al poco tiempo se quedó sin trabajo y el resto de su familia se alejó por temor a represalias. “Antes nuestra familia estaba unida, incluso festejábamos los cumpleaños de los niños. Todos trabajábamos, todos teníamos dinerito, todos nos apoyábamos para una fiesta, para un cumpleaños, y después de eso hemos tratado de vivir igual pero ya no sentimos lo mismo. Yo siempre tengo que estar fuerte, porque siento que si me derribó, toda mi familia también”, describe María Guadalupe Rodríguez.

Además, reconoce que la desaparición de Josué ha provocado daños en la salud mental y emocional de sus nietos. A uno de ellos, explica, lo llevan periódicamente al psicólogo porque perdió las ganas de vivir. Otro de los hijos de Josué se volvió muy rebelde y siempre decía que iba a asesinar a los secuestradores de su papá cuando fuera más grande. También se la pasaba dibujando armas y si pedía juguetes, eran pistolas. Tuvieron que mandarlo con su mamá para que se sintiera mejor. Intentaron llevarlo con psicólogos, pero él no quería ir y no hablaba con ellos. “Su mamá los tiene en un colegio religioso, donde escuchan misa, tienen sus clases, después entran a catecismo, todo el día les hablan de Dios y mi niño ha mejorado mucho”, añade. A pesar de todas estas situaciones, María Guadalupe Rodríguez continúa con las labores de búsqueda de su hijo y siempre se la pasa con el Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Chilpancingo. Considera que gracias a la unión de los familiares que lo integran han logrado avances importantes, como tener reuniones con Alejandro Encinas. “Siempre nos hace falta una persona, una persona muy importante, muy valiosa. Siempre va a estar presente en nuestro corazón en donde estemos”, destaca. Por último, la señora María Guadalupe Rodríguez le dedica unas palabras a Josué: “Quiero decirle a mi hijo que, mientras viva, no me cansaré de buscarlo, yo no perderé la fe y lo buscaré hasta el fin del mundo. Si por eso me voy a quedar pobre o me voy a quedar sin nada, no me importa. “Yo pondré todo mi empeño hasta encontrarlo. Lo amo y lo amaré toda mi vida. Sus hijos estarán bien porque todos estamos al pendiente de ellos, tanto mi otro hijo como mi nuera, como la madre de ellos y mi esposo. Lo vamos a encontrar, lo vamos a abrazar y vamos a volver a estar felices. Eso lo tengo muy seguro”. Para este trabajo, Contralínea solicitó por más de 1 mes conocer las versiones del gobierno de Guerrero, así como de la estatal Fiscalía de Desaparición Forzada. Sus áreas de atención a prensa aseguraron que sí concederían entrevistas, sin embargo, al cierre de esta edición aún no fijaban fecha para las mismas.

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LIBERACIÓN DE ARCHIVOS DE ESPIONAJE

REPRESIÓN Y GUERRA SUCIA, PROMESA INCUMPLIDA 32

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Se complica la apertura total de los archivos del Cisen, la DFS y otras agencias de inteligencia que cometieron violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. A pesar del decreto de López Obrador para supuestamente liberar esos documentos, el Archivo General de la Nación los cierra aún más ZÓSIMO CAMACHO

ARCHIVO CONTRALÍNEA

ace un año, durante los primeros días de enero de 2019, fueron echados del Archivo General de la Nación (AGN) los elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que controlaron, de manera ilegal por 17 años, los fondos documentales generados por ese centro y por las demás policías políticas del viejo régimen. Pero hasta el día de hoy, poco ha cambiado para historiadores, investigadores sociales y periodistas que buscan acceder a los documentos que dan cuenta de uno de los periodos más sangrientos de la historia mexicana moderna. Apenas habían transcurrido unas semanas desde que Andrés Manuel López Obrador asumiera la titularidad del Poder Ejecutivo federal cuando, en la euforia, el presidente de la República y los nuevos funcionarios dieron por concluido un periodo oscuro en la historia de México. Prometieron transparentar la vida política del país y, en específico en lo referente al AGN, poner a disposición del público todos los documentos que dan

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los muros de la antigua penitenciaría de Lecumberri, el Palacio Negro de triste memoria, sede del Archivo desde 1976. En entrevista con Contralínea, Ruiz Abreu explica cómo al asumir la dirección del Archivo encontró un área vedada para las propias autoridades del AGN. “Al llegar en diciembre de 2018 aquí, me di cuenta de que había una puerta sereta. Quise entrar y me dijeron que no. Había nueve personas: personal del Cisen que cuidaba y controlaba todos estos documentos. El Archivo [General de la Nación], el director en sí, no tenía acceso a ese lugar y, menos, a los documentos”. Tuvo que hablar con el presidente López Obrador y con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que le dejaran asumir el control total de todos los archivos. “Les dije que yo no iba a permitir, si yo iba a estar encargado del Archivo, que esto siguiera. Él [el presidente] dijo que él también tomaba esa idea y la instrucción fue retirarlos de aquí. Entonces se retiraron en enero [de 2019] las nueve personas. Me dieron la llave de la puerta secreta. Ellos incluso nos

ARCHIVO CONTRALÍNEA

cuenta de la persecución criminal contra la disidencia política. Fueron retirados los elementos del Cisen enquistados en el Archivo más grande de América Latina pero los documentos siguen sin ponerse a disposición del público. Incluso hoy apenas están disponibles 455 versiones públicas de un total de 3 mil que ya se habían elaborado, es decir el 15.16 por ciento del total. Y el AGN ha puesto en manos de un órgano autónomo de la administración pública –el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)– la decisión de liberar los documentos en su totalidad o testar (censurar) los datos considerados “sensibles”. Hoy el director general del AGN es el historiador Carlos Enrique Ruiz Abreu, un antiguo usuario frecuente de los fondos documentales resguardados en la institución. Licenciado, maestro y doctor en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es autor de 28 libros; la mayoría de ellos escrita con información descubierta, consultada e interpretada dentro de

Hasta el sexenio pasado, los investigadores podían acceder a los documentos originales

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El AGN se lava las manos con el Inai

enseñaron cómo estaban los documentos y las diferentes etapas que abarcaba la documentación.” En consonancia con el discurso del presidente de la República, se pronuncia por la apertura de todos los fondos documentales. “Las tareas que tenemos hacia adelante son las de la apertura de los archivos, una apertura total. Yo como historiador tengo la convicción de que tenemos que abrir los archivos”. Desde el 27 de febrero de 2019, el titular del Poder Ejecutivo firmó un decreto en el que se ordena la apertura de los archivos secretos custodiados en el AGN. Paradójicamente, hoy se encuentran menos documentos disponibles y la apertura no ha sido automática, aun cuando el presidente hubiera anunciado entonces que los documentos podrían

consultarse “en una semana”. Carlos Ruiz rechaza que se deba a una falta de voluntad del gobierno. Hay menos archivos disponibles porque se están reelaborando expedientes con documentos que anteriormente no se habían considerado. Y los documentos que llegan ahora procedentes de distintos fondos deben cumplir con un proceso de entrega que ya estipula la nueva Ley General de Archivos. Habla de “años” para tener toda la documentación abierta. “No es culpa de nosotros ni es por burocratismo, sino simplemente por cómo está el acervo.” Señala que ahora no se trata de que las dependencias vayan a depositar los documentos al AGN sin ningún tipo de organización. “Se va a tardar

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algún tiempo, algunos años, porque yo no voy a permitir que lleguen aquí los documentos como llegaron los del Cisen en su momento […]. Yo tengo que aprobar el catálogo de disposición documental con todas las de la ley para que vengan ordenados. Yo no debería estar ordenando ningún archivo. No es la tarea. […] Si tú no me entregas la documentación bajo estas normas archivísticas, no ingresa”. Insiste en que las demoras se deben también a que los archivos de los fondos documentales del Cisen, de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) fueron recibidas en el sexenio de Vicente Fox “sin ninguna organización o con la organización que les dieron en su momento ‘x’ secretarías; y ahora nos enfrentamos a este problema de que yo abro el archivo y tú llegas a pedirme un documento y no te lo puedo dar, o te lo doy a medias o en cachitos, porque así lo tenían organizado ellos”. —¿Se podrán consultar fichas originales? –se le pregunta. —No. Se da una versión pública. Nosotros tenemos que ser cuidadosos ahí en ese punto porque muchos de estos expedientes contienen datos sensibles. Y tenemos que, incluso, estar pendientes de lo que dice la Ley General de Transparencia. La entrevista de Contralínea con Ruiz Abreu se realizó antes de que el AGN solicitara al Inai que emitiera una declaratoria de interés público para la información de la DFS y la DGIPS. El jueves pasado (16 de enero) el Archivo solicitó al organismo autónomo la declaratoria con el objetivo de posibilitar la consulta íntegra de los documentos señalados. El asunto es que tal declaratoria no era necesaria para abrir los archivos. Y ahora sólo se ha generado la posibilidad de que el Inai se pronuncie porque sólo se entreguen versiones públicas censuradas. El historiador Alfredo Ávila Rueda es uno de los mayores especialistas en archivos históricos del país. Doctor en historia, investigador titular y definitivo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ha escrito una decena de libros, el más reciente Camino de Padilla. México y Manuel de Mier y Terán en 1832 (Tamaulipas, Secretaría 36

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Antiguas celdas de Lecumberri, luego galeras de depósito de los archivos

de Cultura/Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 2016). Señala que la Ley General de Archivos, aprobada en diciembre de 2018, prevé en su artículo 36 que todos los artículos que están en el archivo histórico, “por el sólo hecho de estar en el archivo histórico, ya son fuentes de acceso público”. Por lo tanto, tales fondos ya no deben ser resguardados en secreto ni clasificados ni restringida su consulta. “De manera que, en principio, esto que acaba de hacer el Archivo General de la Nación, de pedirle al Inai que declare que estos documentos se pueden consultar por ser de interés público, me parece que es una medida no necesaria”. Con líneas de investigación en historia moderna y contemporánea, Ávila Rueda abunda en que los fondos de la DFS, de la DGIPS y del propio Cisen son documentos que ya están en un archivo histórico. “La ley es clara. Lo que está en un ar-

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chivo histórico ya se puede consultar sin importar si contiene datos personales, sensibles o no, o de cualquier otro tipo”. Reconoce que tanto el presidente de la República como el director del AGN han mostrado la intención de dar a conocer todos los documentos; “pero también es verdad que en los hechos esto no se está viendo. En los hechos, de pronto los colegas llegan al Archivo y se encuentran con la noticia de que está cerrado un fondo hasta nuevo aviso, o se exige que se recurra al procedimiento de transparencia para consultar documentos que hace 10 años uno podía ir a consultar directamente al AGN como como cualquier investigador que consulta documentos de la época colonial o del siglo XIX”. El doctor en estudios políticos y sociales Valeriano Ramírez Medina considera que los archivos no serán abiertos nunca en su totalidad. Señala

que incluso pedir al Inai que determine si se deben liberar completamente o no es una manera de lavarse las manos y justificar por qué no se cumplirá una de las promesas del presidente. “No se abrirán los archivos de las policías políticas. No creo que lo hagan por las implicaciones que tienen aún instituciones como la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría [ahora Fiscalía] General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y, entre otras instituciones, los gobiernos locales que estuvieron involucrados en toda la ola de represión.” Politólogo y sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Ramírez Medina es un investigador registrado también ante el AGN y es visitante asiduo del mismo. Explica que actualmente ya se vive un clima de censura en el Archivo. “Se vuelve más complejo el asunto. Dicen que sí dejan abrir los archivos pero bajo determinadas circunstancias; que sí se puede investigar a determinados personajes pero ellos deciden si se les señala o si se les nombra. De hecho, existe una coerción donde te dicen: ‘Bueno, esa información no te la puedo dar’. Cuando yo empecé a ir al Archivo, te daban las cajas y tú revisabas. Ahora ellos te dicen: ‘Este es el documento que pediste, aquí lo tienes’.” Estudioso de los movimienos sociales, Valeriano Ramírez aporta un ejemplo. El académico ha investigado la participación del general Mario Arturo Acosta Chaparro en la represión de la sierra de Atoyac contra las comunidades que apoyaron a Lucio Cabañas. Aunque es sabido el papel del militar en la Guerra Sucia duramte la década de 1970, muy poca información le ha sido entregada en el AGN de este tema. En cambio, hay información más profusa de la patrticpación del general en el narcotráfico, un asunto por el que sí fue juzgado. “Acosta Chaparro tuvo una actitud criminal, represiva, de violencia extrema y, luego, de complicidad. Es un personaje importante. Te dan [en el AGN] solamente la última parte de su vinculación con el narcotráfico donde sí lo acusaron. Pero la parte de la lucha contra Lucio Cabañas, la represión en la sierra de Atoyac, no aparece.” Además, explica que cuando se consultaban directamente los documentos “en la caja encon-

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El AGN, el acervo documental más grande de América Latina

trabas cosas interesantes. Pero ahora si no tienes la ficha y la referencia, pues no te van a dar nada”. Valeriano Ramírez señala que aun con el nuevo gobierno y una pretendida “cuarta transformación”, las razones políticas siguen impidiendo la liberación de los archivos secretos. Considera que todavía la Presidencia de la República podría vulnerar su propia seguridad interna, “porque estamos hablando de crímenes perpetrados por gente del Ejército, la Marina y la Policía. El doctor Alfredo Avila expone tres tipos de factores que juegan en contrario a la apertura de los documentos hoy. El primero no es de índole político, sino profesional. “Por la experiencia que yo he tenido, los archivistas son personas muy interesadas en conservar los documentos pero poco interesadas en darlos a conocer”. Observa esta tendencia entre los encargados de los archivos desde 2016. El segundo tiene que ver con el “temor” que pro38

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voca a los funcionarios ser acusados de vioar la ley por entregar información sensible. “La propia gente del Archivo tiene miedo de dar información y que luego pueda repercutir en su contra si alguna persona se siente ofendida o cree que se vulneró su derecho de protección de datos personales”. En este sentido podrìa inscribirse la peteción del AGN al Inai de que emita la declaratoria que lo exima de reclamos. El tercero sí es de carácter político y es, a decir, de Ávila Rueda, el más probable. “Debo decir que muchos de mis colegas consideran que es una posible razón de este cierre, de este no querer ser tan transparentes”. Se refiere a que aún hoy están enquiastados en las esferas gubernamentales personajes que participaron en los hechos a los que se refieren los documentos. “Aunque tengamos un gobierno electo democráticamente, un gobierno que además tiene un discurso de izquierda, también tenemos que reconocer que en

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este gobierno hay muchos políticos que son aquellos que estuvieron en las décadas de 1970 y 1980, precisamente encargados en esas unidades de inteligencia, de policía o en secretarías de Estado.” Carlos Ruiz Abreu, director del AGN, cree que los archivos de la DFS, la DGPI y ell Cisen están completos. Lo anterior a pesar de que estuvieron bajo control del propio Cisen durante 17 años y no en manos de los trabajadores del AGN. “Yo creo que la mayoría están completos. Ellos [los funcionarios del Cisen] no tuvieron la tarea de investigar sobre un personaje o de leerlos para sacar información que no les conviniera. No creo que fue la tarea de ellos. Era resguardo.” Prefiere dejar atrás la discusión sobre el tiempo en que estuvo el Cisen a cargo de los documentos, al margen de la ley y con sólo un “acuerdo presidencial”. Considera suficiciente el asidero legal mediante el cual los agentes de seguridad nacional controlaron todos los archivos de las policías políticas. “Me interesa tanto el archivo del Cisen como me interesa el también todos los fondos documentales y todos los demás archivos. Yo incluso le estoy dando

la misma prioridad que tienen los demás. No llegué aquí para organizar ese archivo sino para organizar todos los fondos documentales, que son muchísimos. Es la tarea que tenemos que hacer.” El doctor Alfredo Avila, por su parte, recalca que los archivos históricos no pueden estar sujetos a censura. Los investigadores deben tener acceso a toda la documentación. Y son ellos los que deben decidir, con base en su quehacer y su ética profesional, qué revelan y qué no. “La Ley General de Archivos obliga a todos los archivos históricos a proporcionar el acceso irrestricto a sus documentos. Es como si uno fuera a la biblioteca y de pronto en la biblioteca a uno le dijeran: ‘Te voy a dar este libro pero le voy a arrancar tales páginas porque tú no las puedes consultar, pues puedes hacer mal uso de esas páginas. La responsabilidad del uso de los datos personales es de la persona que está haciendo la investigación. “Tenemos que conocer todo tal cual está en los archivos y tener el criterio ético, académico y profesional para decidir qué se publica y qué no, pero la información tiene que estar disponible.”

Al micrófono, el historiador Carlos Enrique Ruiz Abreu, director del AGN. Observa el presidente Lopez Obrador

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CARRETERA TOLUCA-NAUCALPAN

GRUPO HIGA, ENTRE EL DESPOJO Y LA VIOLENCIA

27 de enero de 2020

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Desde 2007, cuando era gobernador del Estado de México y hasta sus últimos días como presidente de la República, Peña Nieto promovió la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan, a cargo de Autovan-Teya, filial del Grupo Higa. Despojo y violencia contra la comunidad otomí Francisco Xochicuahutla ÉRIKA RAMÍREZ

SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO

a presencia de una notificadora del Quinto Juzgado de Distrito –de nombre Lesly Garay– en uno de los tramos donde se desarrolla la autopista privada Toluca-Naucalpan, en la comunidad otomí de Francisco Xochicuahutla, Lerma, Estado de México, provocó que hombres encapuchados detuvieran su andar. La funcionaria del Poder Judicial llevaba consigo uno de los resolutivos de un amparo promovido para detener la obra… “No hay paso, es propiedad privada”, le gritaron. La tensión crecía entre los comuneros otomíes que la acompañan. Ella trataba de calmar los ánimos mientras se aproximaba a los trabajadores de la obra. Ocultos en pasamontañas y sudadera con capucha, caminaban envalentonados con las manos en los bolsillos. “Vengo de un Juzgado de Distrito donde hay un juicio de amparo, vengo a hacer una inspección. Únicamente voy a tomar algunas fotos para que se constate en el expediente…”, alcanzaba a explicar en voz alta la notificadora.

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Uno de los hombres, que no se identificó, le respondía: “la situación, señorita, es que usted no puede pasar porque es propiedad privada…” Otro le decía: “de la institución donde viene no puede pasar, es una obra privada”. El video, del que tiene copia Contralínea, ahora consta como evidencia de la problemática que hay en esta comunidad indígena, a la

A la comunidad no se le consultó, de manera previa, si admitía o no la obra, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT que no se le preguntó de manera previa sobre si admitían o no la obra, tal como lo indica el Convenio 169 de la OIT [OIT] sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que en su artículo 6 cita que los gobiernos deberán: “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. La autopista privada Toluca-Naucalpan es desarrollada por una de las constructoras favoritas del expresidente y exgoberador mexiquense Enrique Peña Nieto: Autovan-Teya. Dicha constructora es filial del Grupo Higa, propiedad de Hinojosa Cantú. Grupo Higa fue la misma compañía que financió la construcción de la casa blanca, expropiedad de la exesposa de Peña, Angélica Rivera. El grupo también fue señalado de ser el constructor de la casa en Malinalco, Estado de México, del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. En el caso de la carretera, dicho proyecto ha generado división y violencia en la comunidad, desde más de una década de años; sin que haya 42

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autoridad alguna que pueda poner un alto a la construcción que tiene como objetivo principal conectar al Estado de México con una de las zonas de mayor plusvalía en la capital del país: Santa Fe. No obstante el temor que genera el grupo de poder detrás de esta obra, comuneros indígenas –acompañados por organizaciones de la sociedad civil–se mantienen en resistencia en defensa de su territorio. El conflicto ha merecido la Recomendación 56 /2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y, en ese mismo año, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó la instrumentación “urgente” de medidas cautelares para los habitantes de la población, amedrentada y en resistencia por la defensa de su bosque. Además, el reclamo de los comuneros ha llegado al Poder Legislativo y promovido diversos puntos de acuerdo, en distintos periodos. En tanto, la constructora continúa con su trazo en uno de los tramos perteneciente al bosque otomí, considerado como un Santuario de Agua. Secuelas de la defensa ambiental Tras 12 años de resistencia, el tejido social ha quedado descompuesto, pero las partes saben que tienen un propósito común: la defensa de una de las áreas naturales del país. Jaime Vargas González, integrante del Concejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla, es uno de los pobladores que han padecido las “consecuencias” por la defensa de su territorio; su activismo, dice en entrevista, provocó el despido de su fuente de trabajo, como médico pediatra en el Sistema de Salud Pública del Estado de México. Vargas González comenta que desde la llegada de Peña Nieto al frente del Ejecutivo estatal, en 2005, el gobierno puso “sus ojos en nuestras tierras, en esta riqueza que simboliza un santuario del agua”. Relata que ese mismo año comenzaron a planear el proyecto y en diciembre de 2007 a realizar estudios de topografía y mecánica de suelo, sin autorización del pueblo. “Nosotros decimos que hemos sido presa de todas las fases o métodos que utiliza el gobierno para poder infiltrarse en una comunidad y sa-

ARTEMIO GUERRA BAZ/CUARTOSCURO

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Destrucción ambiental

quear las tierras, las pertenencias de las comunidades indígenas; la primera fase, la compra de las autoridades…Ellos decían que no y después nos enteramos que sí les habían girado oficios donde les avisaban que iban a hacer estudios de topografía y mecánica de suelo”, expone. El médico pediatra indica que con estas acciones, la gente de la comunidad se molestó porque trazaron una brecha y “derribaron muchos árboles sin permiso de nadie, nadie sabía nada. El 25 de febrero de 2008, la gente se molesta, les exige a los delegados tener una información y se hace la asamblea general en donde ya se encuentra personal de la constructora, personal de la Secretaría de Gobernación e informan que viene este proyecto carretero”. Es a partir de entonces que los pobladores han recurrido a todas

las instancias locales, nacionales e internacionales para exigir la clausura de la obra.

La defensa En 2016, la defensa del bosque otomí se dio por diversos frentes, ya con Enrique Peña Nieto al frente del Ejecutivo nacional. Nada ha detenido el trazo. Ese año, organizaciones de la sociedad civil expusieron al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, un compendio de más de 68 fichas que evidenciaban problemas de derechos humanos con empresas en los que se describen los abusos por parte de las empresas y el Estado; así como “la falta de acceso a remediación para las víctimas”.

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THALÍA FERNÁNDEZ/CUARTOSCURO

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Despojo operado por grupos de golpeadores

En la ficha correspondiente indica que la autopista afecta comunidades indígenas, pertenecientes al pueblo otomí de la región entre la Ciudad de México y Toluca. En el presente caso únicamente nos referiremos a las personas afectadas en San Francisco Xochicuautla. De acuerdo con el censo de localidades indígenas realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, realizado en 2010 en San Francisco Xochicuautla había 3 mil 613 personas, de las cuales 1 mil 338 de ellas son indígenas. Estos datos no son adecuados por un lado, porque el criterio de pertenencia que utilizan es el idioma, lo cual no es acorde con el criterio de autoadscripción; por otro lado, han pasado 6 años desde la realización del censo. 44

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Las recomendaciones Para Estéfani González Zavala vivir en su comunidad se ha convertido en una tensión y amenaza constante. La presencia de hombres encapuchados y ajenos a su localidad, dice, ha despertado la inseguridad entre los habitantes. Además, ha presenciado diversos momentos en que los confrontamientos, entre trabajadores de la obra y pobladores, ha generado miedo y acoso contra ella y su familia. En uno de los pasajes, en donde pretendían documentar la situación en la zona, relata: “llegó un grupo como de 15 o 20 golpeadores en una camioneta. Luego, luego, llegaron a agredir, incluso al maquinista, nos sorprendió porque lo bajaron, lo golpearon y lo echaron en una camioneta… ya

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no supimos de él ni del otro muchacho que iba resguardando, ya no supimos de ellos”. En la relatoría que comprende la recomendación 56/2016 de la CNDH, señala: “El 7 de octubre de 2014, los trabajadores de la Empresa 2, acompañados y resguardados por policías de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México (Seguridad Ciudadana), talaron una gran cantidad de árboles sin exhibir el permiso correspondiente, por lo que habitantes de la comunidad indígena de Xochicuautla y la Concepción solicitaron detener tales trabajos, exhibiendo para ello copia de la sentencia definitiva de 15 de mayo de 2014 dictada en el Juicio Agrario 1”. También, documenta que el 15 de julio y 11 de agosto de 2015, el organismo solicitó a la Secretaría General de Gobierno del Estado de México la adopción y prórroga de medidas cautelares, respectivamente, para que “gire sus instrucciones a quien corresponda para que en los trabajos del proyecto denominado Autopista Toluca-Naucalpan, que se encuentra realizando la empresa concesionaria en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, ubicada en el municipio de Lerma, Estado de México, los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana de esa entidad federativa o cualquier otra corporación de seguridad, se abstengan de causar actos que puedan afectar la integridad física o pongan en riesgo la vida de las personas indígenas y la de los defensores de derechos humanos que los representan”. El documento está dirigido a los entonces secretarios de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán y el gobernador estatal, Eruviel Ávila Villegas. Mientras el conflicto escalaba en la localidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigía la instrumentación de medidas cautelares para los habitantes de este municipio mexiquense. La CIDH, a través del documento…, estimó que el “requisito de gravedad” se encuentra cumplido, “en vista de las supuestas amenazas, hostigamientos y actos de violencia en contra de los miembros de la comunidad Otomí- Mexica de San Francisco Xochicuautla. Especialmente, “la

información aportada sugiere que la situación de riesgo se está presentando como una retaliación, debido a su oposición a la construcción de un proyecto vial en parte del territorio indígena. Del conjunto de situaciones intimidantes alegadas, se reportaron presuntos actos de violencia y amenazas perpetradas por parte de autoridades estatales y particulares contra los miembros de la

La CNDH había exhortado al gobierno del estado de abstenerse de ‘causar actos que puedan afectar la integridad física de los pobladores’ comunidad”. Citlalli Hernández, responsable de la línea de conflictividad por tierra y territorio en Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) comenta que en 2016 hubo un incidente muy fuerte cuando la carretera intentó avanzar, pues “ya había varios amparos que la comunidad indígena había presentado a nombre del Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla. Los amparos protegían los sitios ceremoniales y los sitios sagrados, particularmente. Con ese amparo, la empresa violó la ley en ese momento”. La defensora de derechos humanos comenta: “nosotros tuvimos una participación de acompañamiento en el proceso de diálogo que estableció la comunidad con gobierno del estado, el gobierno federal y con la participación de la empresa para buscar la construcción de una propuesta que respetara el derecho de la comunidad a su identidad, a su territorio y que les permitiera fortalecer sus condiciones como comunidad indígena”. En esta, como en la mayoría de las comunidades indígenas del país, la pobreza es la principal condición social que se acentúa en este municipio. Datos de la entonces Secretaría de Desarrollo Social indican que su índice de marginación es medio, con una población de 3 mil 613 habitantes.

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INICIATIVA “AMÉRICA CRECE” AMÉRICA LATINA PARA ESTADOS UNIDOS La “Iniciativa América Crece” es una vía más de expansión de la economía estadunidense en el Continente, en medio de la disputa geopolítica que mantiene con China.

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ANÍBAL GARCÍA FERNÁNDEZ, MAESTRO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO/CELAG

27 de enero de 2020

INTERNACIONAL ANÁLISIS

l 16 de diciembre de 2019, la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA, por su sigla en inglés) publicó la convocatoria para proyectos de infraestructura digital en América Latina y El Caribe, incluyendo la instalación de cable de fibra óptica, comunicaciones satelitales, conectividad y banda ancha, automatización de servicios públicos entre otros objetivos [1]. Esto se inscribe en el marco de la “Iniciativa América Crece”, que agrupa proyectos de energía e infraestructura con el sello de la actual gestión republicana. Ahora se suman proyectos en comunicaciones, ciberseguridad, servicios digitales, modernización de puertos, carreteras, aeropuertos y transportes, sobre todo de mercancías [2]. Este impulso se inscribe en el America First de Donald Trump: la expansión de la economía estadunidense en un continente en disputa con otras potencias, como China y Rusia, destacando la competencia con China en aspectos comerciales, telecomunicaciones y de infraestructura. La Iniciativa América Crece es responsabilidad de varias agencias y departamentos del gobierno estadunidense como los Departamentos de Estado, del Tesoro, de Comercio y de Energía. Además, están la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), la USTDA y la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC, por su sigla en inglés), que cambió su nombre a Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC, por si sigla en inglés) [3]. Desde 2018 se anunció una reestructuración de USAID y OPIC con la Ley BUILD [4]. Uno de los aspectos más relevantes es el que se refiere a nuevos marcos regulatorios y estructuras de adquisiciones y compras gubernamentales abiertos, transparentes y de fácil consulta vía internet. México es el mejor ejemplo, donde la USAID ha financiado la adopción del Estándar de Datos de Con-

tratación Abiertos (OCDS, por sus siglas en inglés) [5]. Vale destacar que la creación y expansión de estos marcos regulatorios forman parte de las estrategias del gobierno estadunidense para garantizar estabilidad o certidumbre a sus principales empresas privadas que, si bien trascienden a la administración actual, se inscriben en un giro importante dado por el Gobierno de Trump. Desde su llegada al Ejecutivo, Trump recortó el presupuesto en asistencia para el desarrollo (especialmente el que corría por la vía bilateral). La asistencia es una forma de inversión (aunque no se presente así a nivel de discurso oficial) y, como tal, genera endeudamiento y atadura a determinadas condiciones para recibirla. En la actual gestión, se propicia la inversión de modo más directo vía sector privado y corporaciones empresariales (como la OPIC), a tono con el tipo de objetivos y retórica republicana, pero que de igual modo garantiza el acceso a mercados y el endeudamiento por parte de países receptores [6].

América Crece (o la expansión de Estados Unidos en América Latina) La Iniciativa América Crece incluye a la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, excepto a Venezuela, Cuba y Nicaragua que están fuera por motivos políticos, geopolíticos y que, además, cuentan con sanciones económicas que tienen por objetivo deponer a los actuales gobiernos. El caso de México es de vital importancia. El nuevo Tmec (Tratado de Liber Comercio México, Estados Unidos y Candá) incorpora nuevos aspectos en materia laboral, energética y apertura de sectores estratégicos que comenzaron gradualmente desde la década de 1990 (y que, debido a las reformas estructurales de 2012, sectores como telecomunicaciones e hidrocarburos, adquirieron mayor relevancia). Precisamen-

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ANÁLISIS INTERNACIONAL

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Varios proyectos comienzan a materializarse, como el Tren transpeninsular, proyecto de larga data y uno de los principales objetivos de EU en México

te, uno de los planes para el sector privado estadunidense se encuentra en la guía Grandes Proyectos de Infraestructura en México publicada por la USTDA en 2014 [7]. Hacia 2019 varios proyectos comienzan a materializarse en materia energética y faltan otros como el proyecto del tren transpeninsular, proyecto de larga data que ha sido uno de los principales objetivos de Estados Unidos en México desde el siglo XIX (Tratado McLane-Ocampo). Por último, el Plan de Desarrollo para Centroamérica propuesto por Andrés Manuel López Obrador, contará con recursos de Estados Unidos y también de la Unión Europea [8]. En el Caribe, como hemos informado [9], una de las grandes apuestas es en energía. Para 2020 está pensada la creación de la Terminal de Gas Natural Licuado y de la Planta de Energía en República Dominicana [10]. Este es uno de los rubros en disputa con China, país que también tiene proyectos de infraestructura energética en esa región. El único proyecto subregional es para los países del Triángulo Norte de Centroamérica, donde se planea el desarrollo de infraes-

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tructura en comunicaciones, transportes y energía. En Honduras, uno de los proyectos energéticos ya construidos fue la planta geotérmica de Platanares. Dicha planta fue construida por la empresa estadunidense Ormat Technologies y Electricidad Cortes. Actualmente suministra energía a 100 mil hogares [11] y fue uno de los proyectos que contó con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)/USTDA. En Guatemala los proyectos ya anunciados fueron la construcción de vivienda social y un parque industrial; un plan de interconexión eléctrica y la construcción de un tramo carretero que sería privado [12]. El proyecto de interconexión eléctrica no es nuevo, viene desde hace años como parte del proyecto “Mesoamérica”. En Panamá uno de los acuerdos entre la USTDA y el gobierno es para la capacitación de altos funcionarios para el análisis de costos en la adquisición de infraestructura. La iniciativa se encuentra en 11 países más [13]. Entre los proyectos de infraestructura más importantes que se encuentran actualmente en Panamá y que podrían entrar en la iniciativa de fomento a inversiones están el metro de Panamá, el Puerto de Contenedores de Colón y Puerto de Transbordo Corozal. En el caso de Perú, al igual que Panamá, está por firmar acuerdos energéticos. Con Perú está en evaluación un Memorandum de Entendimiento [14]. Con Panamá se avanzó también en un proyecto energético para que el país se convierta en un punto de conexión energética y genere más electricidad con gas natural licuado proveniente de Estados Unidos [15]. En ambos casos se desconocen aún el tipo de acuerdo y las condiciones para financiar estos proyectos que en el pasado fueron vía endeudamiento y modificaciones en las leyes para permitir la entrada de capital estadunidense. En Brasil los proyectos son en energía e infraestructura de transporte de mercan-

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cías, sobre todo en carreteras, aeropuertos, puertos e infraestructura ferroviaria. Desde 2016, después del golpe de Estado a Dilma Rousseff, el proceso de privatizaciones y liberalización de licitaciones a empresas privadas nacionales y extranjeras es parte de un proceso anhelado por el sector privado estadunidense y que forma parte de la Iniciativa América Crece. En este caso, se incluyó también el sector financiero y tienen en la mira la reestructuración del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el principal Agente de Desarrollo en Brasil) [16].

China en América Latina y el Caribe (o el freno para el America First) En los últimos años, varios países de América Latina y el Caribe se han aso-

ciado comercialmente con mayor solidez con China, que ya es el principal socio comercial de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Además, es el segundo socio comercial de México y Colombia (aliado incondicional de Estados Unidos), que ya comenzó a estrechar relaciones con China [17]. Las principales inversiones chinas son en infraestructura, energía, manufactura, innovación tecnológica, agricultura y tecnología de la información [18]. En total, el comercio de enero a noviembre de 2019 de la región con el país asiático, fue de 286 mil 830 millones de dólares [19]. Esta expansión de la presencia comercial y de inversiones chinas, puede ser leída en el marco de una guerra con Estados Unidos que va más allá de lo económico, alcanzando aspectos geopolíticos. Es evidente la disputa por recursos estratégicos

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y espacios para el capital en áreas como energía e infraestructura de puertos, carreteras y aeropuertos, tres formas mediante las cuales se mueven mercancías. Menos visible es la importancia de las denominadas “tierras raras” en esta disputa. En este rubro Estados Unidos tiene una alta dependencia de China (80 por ciento) [20].

Perspectiva y prospectiva hacia 2020 La presencia china en la región se ha incrementado notablemente desde que comenzó el siglo XXI mediante préstamos a gobiernos latinoamericanos, de inversiones y empresas. Ello implica la creación de empleos y de valor. Este es uno de los rubros fundamentales, pues la transferencia de valor de América Latina y el Caribe no ha dejado de fluir, ahora, con más importan-

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cia hacia China, aspecto que Estados Unidos pretende modificar a su favor. A la creación de la Iniciativa América Crece se suman tratados de libre comercio con varios países (siendo el más importante el Tmec) articulados con estrategias militares como la Iniciativa Mérida, el Plan Paz Colombia, la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI, por su sigla en inglés), la Alianza del Pacífico y la Iniciativa de Seguridad para El Caribe. Por último, la Iniciativa América Crece pretende colocar las exportaciones de gas en la región. La reforma energética de 2012 en México abrió el camino para la exportación y conexión de gas con Centroamérica. A su vez, Colombia, Ecuador, Perú y Chile entran en esa estrategia a través de la infraestructura de energía eléctrica. El golpe de Estado en Bolivia puede inscribirse en esta disputa por recursos (re-

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Notas [1] https://ustda.gov/news/press-releases/2019/ustda-announces-call-digital-infrastructure-project-proposals-latin-america [2] https://www.usaid.gov/sites/default/files/ documents/1861/USAID_DCCP_Fact_ Sheet_080719f.pdf [3] https://www.state.gov/growth-in-the-americas/ [4] https://www.usaid.gov/news-information/ press-releases/oct-3-2018-administrator-green-statement-creation-usidfc [5] https://www.state.gov/reports/2019-investment-climate-statements/mexico/ [6] https://www.celag.org/del-soft-power-alamerica-first-eeuu-la-asistencia/ [7] https://ustda.gov/sites/default/files/pdf/ program/regions/lac/mexicoresourceguide/ MexicoResouceGuide.pdf [8] https://www.celag.org/la-union-europea-enla-disputa-por-america-latina-y-el-caribe/ [9] https://www.celag.org/reordenamiento-estrategico-en-el-caribe/ [10] https://ustda.gov/sites/default/files/RFPDR%20LNG%20TERMINAL-%20 Annex%201-%20FINAL.pdf [11] https://ustda.gov/news/success-stories/ success-honduras-platanares-geothermal-power-plant [12] https://forbescentroamerica. com/2019/12/19/america-crece-estos-son-los-4-proyectos-de-inversion-que-bus-

ca-desarrollar-guatemala/ [13] https://ustda.gov/news/press-releases/2019/ustda-panama-launch-life-cycle-cost-analysis-training [14] https://www.americaeconomia.com/ neg-industrias/eeuu-esta-cerca-de-firmar-un-acuerdo-con-lima-para-contrarrestar-influencia [15] https://www.eleconomistaamerica.com/ energia-eAm/noticias/9337889/08/18/ GNL-ariete-de-expansion-energetica-deEEUU-en-America-Central-con-Panama-dealiado.html [16] https://ustda.gov/sites/default/files/pdf/ program/regions/lac/brazilresourceguide/ BrazilResourceGuide.pdf [17] https://www.celag.org/mexico-y-colombiaen-la-disputa-entre-eeuu-y-china/ [18] https://www.celag.org/china-america-latina-segun-eeuu/ [19] https://www.perfil.com/noticias/internacional/china-pisa-fuerte-en-america-latina-y-compite-con-eeuu.phtml [20] https://www.celag.org/los-recursos-estrategicos-de-latinoamerica-en-la-guerra-china-eeuu/

A la Iniciativa América Crece se suman tratados de libre comercio articulados con estrategias militares, como la Iniciatva Mérida y el Plan Paz Colombia

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servas de gas y litio) y habrá que ver cómo se inscribe en esta iniciativa. El yacimiento de Vaca Muerta en la Patagonia argentina, así como el control de las reservas de hidrocarburos del Pre-sal en Brasil, terminan por completar un mapa conocido por intereses públicos y privados estadunidenses de larga data en el continente y que se exacerban en la lucha con otras potencias. Venezuela sigue siendo el espacio en disputa en este escenario (con alianzas cada vez más estrechas con China y Rusia).

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BRASIL

EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE BOLSONARO A 12 meses de haber asumido la Presidencia, Jair Bolsonaro ha dejado al país con menos democracia, más militarización y más neoliberalismo. Y todo apunta a más violencia, menos derechos sociales y mayor desigualdad económica

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AMÍLCAR SALAS OROÑO, DOCTOR EN CIENCIAS SOCIALES POR LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA/CAMILA VOLLENWEIDER, MAESTRA EN SOCIOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA, ESPAÑA/CELAG

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on la misma actitud y tesitura con las que construyó su personaje público, Jair Bolsonaro –en un entrevista de fin de año frente al Palacio de la Alvorada– volvió a la carga: ante la consulta de un reportero acerca de la investigación del Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro sobre el senador Flavio Bolsonaro –uno de sus hijos– el presidente, visiblemente alterado por la pregunta y en su coherente insanía, respondió: “Usted tiene una cara de homosexual terrible. No por eso te estoy acusando de ser homosexual, si bien no es delito ser homosexual” [1]. Un Bolsonaro de fin de año igual al de siempre. Ni el ejercicio de la investidura moderó sus dichos; más bien todo lo contrario: respuestas agresivas, dislates o abiertas mentiras, como cuando afirmó en la última rueda de prensa presidencial de hace unos días que “estamos terminando el 2019 sin ninguna denuncia de corrupción”. Un hecho más que inexacto, siendo que durante el 2019 fueron ganando profundidad procesal, cobertura periodística y conocimiento público las investigaciones que, partiendo de las rachadinhas (“mordidas salariales” a empleados) vinculadas a Flavio Bolsonaro, han evidenciado toda una red de contactos que vincula a otros familiares, como el propio Jair, con integrantes de las “milicias” (grupos parapoliciales de Río de Janeiro dedicados a actividades delictivas, entre las cuales debe anotarse el asesinato de Marielle Franco) y otros políticos locales. Así va quedando clara la “red de corrupción” que compromete seriamente al “clan Bolsonaro” [2]. Y no ha sido la única denuncia. También debe mencionarse aquella que pesa sobre el ministro de Turismo –y las candidaturas “fachada” para la captación de dineros públicos– o el caso del gobernador de Roraima, del mismo espacio político del presidente, cuyo proceso en curso puede llegar a ser muy importante para comprender todo el mecanismo fraudulento que se organizó de cara a las elecciones del 2018.

Aunque Bolsonaro diga lo contrario, la corrupción es parte de su gobierno. Es que el presidente brasileño actúa como si estuviera en campaña electoral; de hecho, es uno de los raros casos en los que un mandatario, a menos de cumplirse un año, ya ha planteado que se postulará para la reelección. Y eso que tiene pocos logros para exhibir: vía libre para la industria de los agrotóxicos, alineamiento de la política exterior con las posiciones estadunidenses, graves denuncias de violencia de género en todo el territorio, profundización del desequilibrio fiscal federativo –agudizando descalabros presupuestarios en algunos estados–, ampliación de las fronteras del desmonte de la Amazonia, empoderamiento de las “milicias” parapoliciales, entre otros éxitos. Todos estos ítems de la gestión podrían resumirse –como balance del año de gobierno de Jair Bolsonaro– en más militarización, menos democracia y más neoliberalismo.

Más militarización Hay dos cuestiones envolviendo la “militarización” del gobierno Bolsonaro. Por un lado, la incorporación efectiva (numérica) de militares en las esferas de la administración estatal. Y aquí no se trata tan sólo del presidente o el vicepresidente de la República y los ocho ministros que integran hoy el gabinete: hay más de 2 mil 500 militares repartidos en puestos de gestión y asesoramiento [3]. Sólo en la Secretaría de Seguridad Institucional hay 1 mil 61 militares, y en la Vicepresidencia, de los tres que había en alto escalón, se pasó a 65. Uno de los ministerios que casi dobló en número la participación de las Fuerzas Armadas en niveles de decisión es el de Justicia (de 16 a 28) donde, según una disposición interna, todos los jueves los militares deben presentarse con su uniforma respectivo [4]. Es un ministerio clave por muchas razones, pero también por el hecho de ser el encargado de la Seguridad Pública, ámbito en el

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Observar la ‘militarización de las escuelas’ promovida por Bolsonaro es un indicador de la dirección hacia donde quiere llevar su proyecto político

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cual ya desde el interinato de Michel Temer la presencia de los militares viene ganando espacio. En algunos casos, como Medio Ambiente –donde el número de militares en lugares de mando ascendió a 12– hasta podría parecer más razonable el incremento, habida cuenta de que la “defensa de la Amazonia” siempre fue un aspecto central de la propia formación profesional brasileña de los militares (más allá del penoso rol observado en medio de la crisis de incendios forestales de 2019). Pero donde la actuación parece ser una verdadera intromisión preocupante es en el propio ámbito educativo. En un país como Brasil, con su rica contribución a la formas pedagógicas latinoamericanas –ya desde la década de 1930– observar la “militarización de las escuelas” promovida por Bolsonaro es un indicador de la dirección hacia donde quiere llevar su proyecto político. Si bien el Programa Nacional de Escuelas Civico-Militares del Ministerio de Educación está pautado para comenzar su desarrollo durante el 2020 –concentrándose la mayoría de los establecimientos en la región Norte del país– ya durante el 2019 hubo varios estados y municipios que han permitido esta incorporación a la gestión educativa. Y no se trata tan sólo de gobiernos estaduales afines ideológicamente a Bolsonaro, como puede ser el de Goiás, donde ya hay más de 60 establecimientos cogestionados con los militares y donde, en ciertas escuelas, los “códigos de conducta” consideran como infracción leve el porte de “marcos de anteojos de colores esdrújulos” o “uñas fuera del padrón”, así como tener cabellos teñidos de “forma extravagante” [5]. También hay escuelas cogestionadas en Bahía, entre otros estados, donde Rui Costa –gobernador del Partido dos Trabalhadores– también asumió esta pauta, vaya a saber con qué intereses, mereciendo la crítica de buena parte de su militancia local. En principio, la delimitación de funciones supuestamente está clara: los profesores

civiles asumen la cuestión pedagógica y los militares la gestión del establecimiento. Pero las fronteras se confunden y así lo han denunciado varias organizaciones de defensa de los derechos de niños y adolescentes. Es que parte del interés bolsonarista está en “desideologizar” la escuela –siguiendo la propuesta del movimiento reaccionario “Escola sem partido”– llevando la institución para el lado militar: desideologizar militarizando. Se trata de un desdoblamiento de esa buscada “militarización” más profunda de la sociedad, donde se compatibilizan (y esto es bien frecuente en las palabras públicas de Bolsonaro) la portación de armas y el ciudadano, las jerarquías sociales y el orden. De allí la empatía y conveniencia práctica en el sostenimiento de las “milicias” [6], como complemento del aumento de las Fuerzas Armadas en el aparato estatal. Así, a los militares cargos y funciones. A las policías (de diversas jurisdicciones y grado, de cuyo ámbito se componen buena parte de las “milicias”, ya sea en retiro o en actividad), el ignominioso indulto navideño [7] dado hace unas semanas por parte del presidente, que afecta a miembros de las fuerzas policiales condenados por homicidios, marcando un precedente muy negativo para próximos meses.

Menos democracia Si ya era difícil caracterizar el funcionamiento del presidencialismo brasileño antes de Bolsonaro, más cuesta tratar de clasificar lo sucedido en el 2019. Los tres Poderes Públicos del Estado presionándose mutuamente, con muy pocos puntos de equilibrio. El Congreso modificando y dilatando durante el 2019 los principales proyectos enviados por el Poder Ejecutivo (uso de armas de fuego, reforma de las jubilaciones y “paquete antidelictivo” [8]) y rechazando el 30 por ciento de sus vetos [9], un promedio muy alto para un primer año de mandato presidencial. El Poder Judicial reorganizando la agenda política

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e instalando pautas sobre el funcionamiento del Poder Ejecutivo (como los impactos que tuvo, por ejemplo, la salida de Lula a partir de una nueva jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal o las definiciones acerca de los alcances y funciones del Consejo de Control de Actividades Financieras –COAF–). El Poder Ejecutivo, utilizando todas las posibilidades comunicacionales a su disposición para desprestigiar públicamente a los otros dos poderes, banalizando sus funciones y criticando a sus integrantes (trabajo realizado en coro por el “clan Bolsonaro”, sobre todo con Carlos y Eduardo). El mismo Jair, desde mediados del segundo semestre del 2019, ha insistido en varias oportunidades con la necesidad no sólo de reducir el número de parlamentarios del Congreso Nacional sino también modificar los perfiles de los miembros de la Corte Suprema, propuestas que seguramente seguirán siendo levantadas durante el 2020.

La consecuencia de estos choques cruzados: una dinámica institucional cada vez entrecortada, nada previsible, funcional al argumento “antisistema” de Bolsonaro, donde una “excepcionalidad institucional” se vuelva plausible. No es casual que tanto Eduardo Bolsonaro (actual diputado federal) como el ministro de Economía, Paulo Guedes, hicieran alusión, en diferentes momentos, a que se podría dar un “AI 5” si es que hubiera condiciones para ello (el Acta institucional 5 es un acta de la última dictadura militar brasileña dictada en 1968 que recrudeció el régimen iniciado en 1964, intensificando la represión, cerrando el Congreso y suspendiendo definitivamente todo habeas corpus y cualquier garantía civil, entre otros aspectos). Que fuera mencionado por dos figuras claves del gobierno, debería encender ciertas alarmas. Este contexto institucional también es funcional para una notoria regresión en términos de derechos adquiridos[x], una

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De consolidarse el pretendido ‘excepcionalismo presidencial’, el panorama democrático será poco auspicioso por todo el tiempo que dure este gobierno

cierta trayectoria de retroceso en normas y garantías, muchas de rango constitucional, que había comenzado bajo el interinato de Michel Temer (periodo en el que también empezó a descaracterizarse el propio sistema político). Derechos indígenas cercenados, de salud, de educación, de acceso a la cultura y derechos humanos en general han merecido un trabajo inusitado durante el 2019 –si se compara con los primeros años de otros mandatos presidenciales desde la vuelta a la democracia en la década de 1980– por parte del Ministerio Federal de los Derechos del Ciudadano (PFDC), con pedidos de información, recomendación y solicitudes a diversas áreas del gobierno y, sobre todo, acciones frente al Supremo Tribunal Federal sobre la constitucionalidad de los decretos y otras medidas dictadas por el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la insistencia bolsonarista (fue uno de los primeros decretos presidenciales de su gestión) para ampliar las hipótesis de registro, portación y comercialización de las armas de fuego en el país ya mostraba el choque por venir entre gobierno y derechos, sobre todo en un ámbito sensible como lo es la seguridad pública. De allí en adelante, la degradación ha ido muy rápido respecto de muchas otras protecciones, con algunos matices logrados –sobre todo en lo relativo al nuevo Código Penal– precisamente gracias a esa misma confusión e impugnación (institucional) cruzada entre los poderes. De consolidarse el pretendido “excepcionalismo presidencial” y/o la tendencia regresiva en materia de derechos del primer año del gobierno Bolsonaro, el panorama democrático será en adelante poco auspicioso.

Más neoliberalismo El de Bolsonaro es un gobierno de profundización neoliberal, habida cuenta de que algunos elementos substantivos de la actual orientación macroeconómica –privatización, reducción del Estado, extranjerización– fue-

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ron ya instalados por Michel Temer y por los reordenamientos que los grandes sectores económicos compusieron desde entonces. En pocas semanas de comenzado el nuevo mandato ya habían sido extintos más 27 mil 500 cargos efectivos en el Estado federal, bajo el pretexto de “evitar contrataciones innecesarias y el desperdicio de recursos” [11]. Para el caso, el Ministerio de Salud y el de Educación fueron, como era de esperarse, los más afectados. La degradación del rango de Ministerio a Secretaría de Trabajo –ahora dependiente del Ministerio de Economía– explica también que ahora cuente con un 32 por ciento menos de su presupuesto [12], perdiendo sobre todo organismos de fiscalización laboral, lo que facilita –y Paulo Guedes, el ministro de Economía, ha sido muy enfático en este punto– la ﬂexibilización de las contrataciones laborales que, en un período todavía de estancamiento económico, distorsiona aún más la pujas distributivas entre

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neoliberal de Paulo Guedes. Por ejemplo, la agresiva política del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, de recortar recursos y personal del IBAMA (sigla en portugués del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Renovables), perdiendo buena parte de la capacidad de control medioambienteal que, junto a las condonaciones de deudas para determinadas formas de desmonte ilegal, trajeron efectos casi inmediatos: el desbarajuste de los incendios provocados en la Amazonia [14] puso a Brasil en otro lugar para los inversores, a contramano de sus intenciones.

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Conclusión: panorama incierto, intensiﬁcación de las disputas

trabajadores y empresarios. Pero el achicamiento del Estado durante el 2019 no se quedó allí: se privatizaron cinco importantes empresas estatales (TAG, BR Distribuidora, Stratura Asfaltos, BB Turismo y Logigas) y se ha anunciado un ambicioso plan para vender definitivamente a privados (algunos casos ya se ha avanzado) 17 empresas estatales en 2020, entre las cuales se encuentran Correios, Eletrobras, Telebras y la Casa da Moeda [13]. Si bien el ritmo privatizador se pensó más acelerado, los bajos precios ofrecidos para algunas empresas (por ejemplo, subsidiarias de Petrobrás), que supuestamente serían parte de un importante ciclo de inversiones –que no ocurrió– enfriaron bastante los propios pronósticos del área económica en materia de otras privatizaciones. Con un crecimiento económico bajo en 2019 (alrededor del 1 por ciento) la insistencia en los cortes presupuestarios tuvieron consecuencias inesperadas para la propia agenda

Más allá de estos tres retrocesos mencionados (más militarización, menos democracia, más neoliberalismo) hubo también otros datos sobre la escena política brasileña durante 2019: descontento y malhumor social, y desafección política. Por diversas razones los respaldos ciudadanos a Bolsonaro han mermado durante todo el año. Tanto figuras públicas inﬂuyentes en la opinión pública (profesionales, intelectuales o youtubers) como representantes políticos y población en general, este 2019 ha sido testigo de un desgranamiento progresivo de su coalición vencedora del 2018, y así lo reﬂejan los sondeos de opinión: en la última medición, tan sólo un 29 por ciento considera a su gobierno óptimo, mientras que casi el 40 por ciento lo encuentran malo o pésimo [15]. La convocatoria que tuvieron durante el año las movilizaciones organizadas por los apoyadores de Bolsonaro –para reivindicar puntualmente alguna posición del presidente o en respaldo a alguna de sus propuestas– ha sido muy escasa. Esto tiene que ver también con las características (episódicas) de su coalición electoral. De allí que parte de su actual estrategia sea, precisamente, conformar una

Más militarización, menos democracia y más neoliberalismo resultan en descontento y malhumor social y desafección política

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escena política donde la “militarización”/ menos democracia/más neoliberalismo” le permitan construir un nuevo sujeto político –de hecho se ha ido del partido con el cual llegó a la Presidencia (Partido Social Liberal), proponiendo uno nuevo para el 2020, “Alianza pelo Brasil”– que permita compactar ese casi 1/3 (o menos) de la población que lo sigue sin reparos, y no perder capacidad de movilización social –un elemento que es constitutivo de su tipo de liderazgo político–. Del otro lado, desde las oposiciones al gobierno de Bolsonaro, el panorama se va aclarando cada vez más, aunque a un ritmo que debería tomar más impulso. Este 2019 estuvo marcado, sobre todo en la primera parte del año, por las multitudinarias protestas de los estudiantes universitarios, que salieron en diferentes momentos por cuestiones distintas: por los recortes presupuestarios, por la demora en la elección de los rectores o frente a ciertos dichos de los dos ministros de Educación. El mi-

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nistro inicial, Ricardo Vélez Rodríguez, dijo que la población brasileña estaba “incapacitada para ir a la universidad”, que era una cuestión de una “elite intelectual” [16]; su sucesor y actual ministro, Abraham Weintraub, no se quedó atrás: según él, el gobierno debía quitarle el presupuesto “a aquellas universidades que generaran “balburdia” (desorden) [17]. También los sindicatos pusieron su protagonismo en las calles durante 2019 –por reclamos puntuales como la reforma jubilatoria o en la huelga general de junio [18]– lo que, sumado a ciertas convocatorias específicas, como el desastre medioambiental del Amazonas, potenciaron las críticas y el malestar frente al gobierno, estimulando una “onda antibolsonarista” en la sociedad que, si bien no es permanente y mucho menos hegemónica, ensancha la fuerza social de los sectores contrarios al gobierno. Recitales musicales transformados en actos políticos e hinchadas de futbol “antifascistas” [19] son

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también parte de ese cuadro social opositor “desde abajo” al que le falta todavía trasladarse “hacia arriba”. En ese sentido, tal como se comentaba en un artículo anterior [20], cada vez se vuelve más necesaria una articulación sostenida entre las principales fuerzas políticas progresistas del país con representación parlamentaria, con gestión estadual o municipal, o por lo menos con partes de algunas –Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Democratico Trabalhista (PDT), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Partido Comunista do Brasil (PCdoB)– y una conﬂuencia de este bloque con aquellas oposiciones que, no siendo progresistas, mantienen un perspectiva de defensa del carácter democrático del sistema institucional. El primer año de gestión de Bolsonaro ha mostrado inequívocamente la dirección hacia dónde llevará su gobierno. Este segundo año de mandato que ahora comienza quizás encuentre esa conjunción opositora –sobre todo frente a las elecciones municipales de octubre de este 2020– para revertir ese rumbo.

Notas [1] https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/12/20/entidades-de-jornalistas-protestam-contra-ataque-de-bolsonaro-a-reporteres. ghtml [2] https://politica.estadao.com.br/noticias/ geral,bolsonaro-diz-que-governo-termina-2019-sem-qualquer-denuncia-de-corrupcao,70003135975 [3] https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/10/bolsonaro-amplia-presenca-de-militares-em-30-orgaos-federais.shtml [4] https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/governo-bolsonaro-coloca-2-500-militares-em-postos-de-cheﬁa-de-orgaos-federais/ [5] https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2019/11/como-funcionam-as-escolas-que-serao-militarizadas-com-ﬁnanciamento-do-governo-bolsonaro/

[6] https://elpais.com/internacional/2018/11/09/actualidad/1541792913_305509.html [7] https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/12/23/bolsonaro-assina-indulto-de-natal-com-perdao-da-pena-de-policiais-condenados-por-crimes-culposos.ghtml [8] https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/12/25/interna_politica,1110442/ jair-bolsonaro-sanciona-projeto-anticrime-de-moro-com-25-vetos.shtml [9] https://brpolitico.com.br/noticias/bolsonaro-tem-30-de-vetos-derrubados-pelo-congresso/ [10] https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2019/04/em-100-dias-bolsonaro-destroi-direitos-e-e-governo-mais-entreguista-da-historia/ [11] https://www.cartacapital.com.br/politica/ governo-federal-extingue-275-mil-cargos-efetivos/ [12] https://www.sindsep-pe.com.br/noticias-detalhe/governo-bolsonaro-promove-o-desmonte-do-que-sobrou-do-ministerio-do-trabalho/9439#.XgtHkxdKiL9 [13] https://especiais.gazetadopovo.com.br/politica/ painel-das-privatizacoes/?ref=veja-tambem [14] https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/12/salles-muda-politica-ambiental-do-brasil-e-provoca-desmonte.shtml [15] https://g1.globo.com/jornal-nacional/ noticia/2019/12/20/ibope-divulga-pesquisa-de-avaliacao-do-governo-bolsonaro.ghtml [16] https://www.cartacapital.com.br/educacao/ em-2019-estudantes-foram-as-ruas-contra-a-politica-de-bolsonaro/ [17] https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,mec-cortara-verba-de-universidade-por-balburdia-e-ja-mira-unb-uﬀ-e-ufba,70002809579 [18] https://revistaforum.com.br/global/midia-internacional-destaca-primeira-greve-geral-contra-bolsonaro/ [19] https://brasil.elpais.com/esportes/2019-12-25/torcidas-antifascistas-se-multiplicam-nas-arquibancadas-do-futebol-brasileiro. html?ssm=whatsapp [20] https://www.celag.org/pueden-recomponerse-las-fuerzas-progresistas-en-brasil/

El panorama se va aclarando cada vez más. Movimientos sociales y partidos progresistas articulan una conjunción opositora

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LA “CURVA DE ELEFANTE” Y LA CLASE MEDIA Más que una querella por los bienes no adquiridos, la rebelión de la clase media tradicional es un rencor encolerizado por lo que considera un desorden moral del mundo. El odio es el lenguaje de una clase envilecida que no duda en calificar como “salvajes” al cholaje que la está desplazando

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ÁLVARO GARCÍA LINERA, EXVICEPRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

27 de octubre 28 enero dede2020 2019

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homas Piketty en su último libro, Ideología y Capital [1], retoma una gráfica de Milanovic [2] para representar las desigualdades en el mundo en las últimas décadas. Lo notable de esa curva que mide los ingresos de la población es que toma la forma de una “curva de elefante”. Los primeros deciles, que abarca a las personas del planeta más pobres, han experimentado un crecimiento porcentual notable de su capacidad adquisitiva. Los deciles intermedios, es decir los “sectores medios” han tenido un aumento, pero moderado, en tanto que el decil superior, especialmente el 1 por ciento más rico, ha experimentado un crecimiento exponencial de sus ingresos, tomando la forma de una pronunciada trompa. Salvando las diferencias históricas y numéricas es posible también representar la distribución de los ingresos en Bolivia desde 2006 y hasta 2018 como una “curva de elefante” moderada. Según el boliviano Instituto Naciona de Estadísitica (INE), entre 2006 y 2018 el 33 por ciento de los bolivianos anteriormente pobres alcanzaron ingresos medios (entre 5 y 50 dólares por día), pasando de 3.3 a 7 millones. El salario mínimo del país, recibido por la mayoría de los asalariados, subió de 440 bolivianos a 2 mil 122 boliviannos (de 55 a 303 dólares, es decir, 550 por ciento) [3]. Como señala el Banco Mundial, Bolivia fue la nación que más favoreció en la última década –con distintas políticas redistributivas– los ingresos del 40 por ciento de la población vulnerable, en promedio 11 por ciento anual [4]; por lo que está claro que la primera parte de la curva de Piketty está verificada. Las clases altas, por su parte, después de la nacionalización de los hidrocarburos, electricidad agua y telecomunicaciones, han tenido también un notable crecimiento de sus ingresos. La rentabilidad anual de la banca ha saltado de 21 a 208 millones

anuales. Los productores mineros privados y la agroindustria han pasado de exportar 794 y 160 millones de dólares en 2006, a 4 mil 1 y 434 en el 2018. Por su parte, el monto global de la ganancia registrada del sector empresarial ha pasado de 6 mil 700 el 2005 a 29 mil 800 millones el 2018, un 440 por ciento más. Ello verifica la trompa de la curva, pero con una diferencia respecto a lo que sucedió nivel mundial: una reducción drástica de la desigualdad entre el 10 por ciento más rico con respecto al 10 por ciento más pobre que se redujo de 128 veces a 46 [5], fruto de las cargas impositivas a las empresas (Goverment Take gasífero del 80 por ciento, bancario del 50 por ciento y minero del 35/40 por ciento), por lo que debemos hablar de una trompa de elefante recortada o moderada. Lo que falta ahora es saber qué pasó con el sector medio de la sociedad.

Las clases medias tradicionales Se trata de un sector social muy diverso en oficios y propiedad formado después de la revolución de 1952 con los retazos de la vieja oligarquía derrotada, aunque cohesionada en torno al reciclado sentido común de un mundo racializado en su orden y lógica de funcionamiento. Son profesionales de segunda generación, cuperos, oficinistas, oficiales uniformados, intermediarios comerciales del Estado, pequeños empresarios ocasionales, exlatifundistas, propietarios de inmuebles alquilados, políticos de oficio, etcétera. A primera vista han tenido un incremento en sus ingresos y en el valor de sus bienes inmuebles. La tasa de crecimiento de la economía en 14 años, en promedio 5 por ciento anual, ha favorecido en general a toda la sociedad. Pero mientras las clases plebeyas tuvieron un incremento de sus ingresos en al menos un 11 por ciento cada

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Toda sociedad moderna tiene mecanismos formales e informales de regulación de influencias sociales sobre las decisiones estatales

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año, los asalariados más pobres lo hicieron en un 500 por ciento en 13 años. En el caso de los salarios altos, el presidente Evo estableció como remuneración máxima el salario presidencial, que se redujo de 45 mil bilivianos a 15 mil; y en 13 años sólo subió a 22 mil, es decir, un 46 por ciento. Ello llevó a que los ingresos de los profesionales con cargos más altos tengan que apretarse como acordeón por debajo del techo presidencial. Así, mientras la economía nominalmente pasaba de 9 mil 500 a 41 mil millones de dólares (un aumento del 430 por ciento), las clases medias profesionales sólo lograban un incremento del 80 por ciento del salario promedio básico. Para las nuevas clases medias populares ascendentes era una gran conquista de igualdad, pero para las tradicionales posiblemente un agravio, tanto mayor si el sinfín de ONG formadas para combatir la pobreza y dar trabajo bien remunerado a numeroso consultores de “apellido”, quedaban anacrónicas y sin financiamiento externo por ser un país que en una década pasó de ser una sociedad de desarrollo humano bajo a medio y, finalmente, alto [6]. Los propietarios de bienes inmuebles tampoco sufrieron una depreciación de sus propiedades, ni mucho menos una expropiación; pero el riguroso control de la inﬂación que ejerció el gobierno (alrededor del 5.4 por ciento, en promedio, en los últimos 13 años) y la gigantesca política de fomento a la construcción de viviendas –a través cientos de miles viviendas estatales donadas y la obligatoriedad de crédito bancario a la construcción de vivienda a una tasa de interés del 6 por ciento– llevó a una amplia oferta que atemperó el aumento de los precios de las viviendas en un tope no mayor al 80 por ciento en toda una década. De esta manera, las clases medias tradicionales tuvieron un incremento moderado de sus ingresos, porcentualmente mucho

menor que el de las clases populares y las clases altas, lo que completa la parte baja de la curva de elefante de las desigualdades nacionales. Si a ello sumamos que, en este mismo tiempo, a los 3 millones de personas de “ingresos medios” que ya existían el 2005 se agregaron otros 3.7 millones resulta que, de un día al otro, para un puesto laboral donde había tres ofertantes, ahora habrá seis, llevando a una devaluación de facto del 50 por ciento de las oportunidades de la clase media tradicional. Esta “devaluación” de la condición social de la clase media se vuelve tanto más visible si ampliamos la forma de medir los bienes de las clases sociales a otros componentes más allá de los ingresos monetarios y el patrimonio, como el capital social, cultural y simbólico. De hecho, esta es una de las primeras críticas que se hace a las 1 mi 200 páginas del libro de Piketty. Por cuestiones de espacio sólo nos detendremos en las redes de inﬂuencia sobre el Estado y el capital étnico. Toda sociedad moderna tiene mecanismos formales e informales de regulación de inﬂuencias sociales sobre las decisiones estatales. Ya sea para debatir leyes, defender intereses sectoriales, ampliación de derechos, acceso a información relevante, puestos laborales, contratación de obras, créditos, etcétera, los partidos pero también los lobbys profesionales, los estudios de abogados, las redes familiares funcionan como herramientas de incidencia sobre acciones estatales. En el caso de Bolivia, hasta hace 14 años los “apellidos notables”, los vínculos familiares, los círculos de promoción estudiantil, las fraternidades y las amistades de residencia gatillaban una economía de favores en el aparato estatal. Se trataba de ofrecimientos y privilegios tanto más naturalizados si estaban validados por la evidencia de la etnicidad legitima desindianizada. Un apellido siempre

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ha sido un certificado de “honorabilidad” y, a falta de ello, el paso por determinados colegios, universidades privadas, lugares de esparcimiento o pertenencia a una logia desempeñaban el resorte de parcial blanqueamiento social. Ya sea en gobiernos militares o neoliberales siempre había una lógica implícita de los privilegios estatales y de los lugares preestablecidos, social y geográficamente, que las personas debían ocupar. Eran espacios de clase y de etnicidad; y en la redundancia asociada de esas dos clasificaciones radicaba la fuerza incontrastable de los roles sociales. Por eso cuando el “proceso de cambio” introduce otros mecanismos colectivos de intermediación eficiente hacia el Estado, las certezas seculares del mundo de la clase media tradicional se conmocionan y escandalizan. La alcurnia, la blanquitud y la

logia, incluidas su retórica y su estética, son expulsadas por el vínculo sindical y colectivo. Las grandes decisiones de inversión, las medidas públicas importantes y las leyes relevantes ya no se resuelven en el tennis club con gente de sweaters blancos, sino en atestadas sedes sindicales frente a manojos de hojas de coca. La liturgia colectiva sustituye la ilusión del mérito: el 80 por ciento de los alcaldes han sido elegidos por los sindicatos; el 55 por ciento de los asambleístas nacionales y el 85 por ciento de los departamentales provienen de alguna organización social. Los puestos laborales en la administración pública, las contrataciones de obras pequeñas, la propia atención ministerial requiere el aval de algún sindicato urbano o rural. Hasta la “servidumbre doméstica”, vieja herencia colonial del sometimiento de las mujeres indígenas, ahora impone derechos laborales y de trato dignos. Los

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indios “están alzados”, y la indianitud anteriormente arrojada como estigma o veto al reconocimiento ahora es un plus que se exhibe para decir quién tiene el poder y es capaz de ser atendido en los ministerios. En todo ello hay una inversión de la polaridad del capital étnico: del indio discriminado se pasa al indio empoderado que indirectamente ha de llevar a que la blanquitud de apellido, piel, vestimenta, lenguaje o pose pierda su antiguo valor. Si antes podía ser enarbolada para dar lugar a una economía de equivalencias con dinero o prácticos reconocimientos estatales, ahora no valen nada o, peor aún, tienen un valor negativo. De esta forma también un componente del capital total de las clases medias tradicionales ha de verse abruptamente depreciado, incidiendo en su menor retención de la masa de los bienes sociales disponibles.

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Ante esta hecatombe del viejo orden en el que los seculares blasones de piel se desploman, las fronteras geográficas del lugar de las clases sociales se desdibujan y los colores y olores del entorno se ponen caóticos; como si la naturaleza enloqueciera. La plebe anteriormente arrinconada a las villas y anillos periféricos invade los barrios de las “clases bien”, comprando y alquilando domicilios vecinos. Las universidades se llenan de hijos de obreros y campesinos. Los exclusivos shoppings se vulgarizan con las familias populares que traen sus costumbres de cargar su comida en aguayo y meterse a los jardines de los prados. Y las oficinas, antes llenas de traje, corbata y falda tubo, ahora están atravesados por ponchos, chamarras y polleras. Para la clase media es el declive del individuo frene al colectivo, del “buen gusto” frente al cholaje que lo envuelve todo y en

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todas partes. Hasta las clases altas, más hábiles en entender el nuevo relato social, se agrupan también como gremio y se vuelven diestras en las puestas en escena corporativas. Al fin y al cabo ellos son gente de negocio y no tanto especialista del simulacro del tener o saber. Pero la clase media tradicional no. La apariencia siempre ha sido un estilo de clase, pero ahora no le da réditos. Otras apariencias más cobrizas, otros hábitos e incluso otros lenguajes ahora desplazan lo que siempre consideró un derecho hereditario. Y antes que racionalizar el hecho histórico prefiere ahogarse en las emociones de una decadencia social inconsulta. El resultado será un estado de resentimiento de clase que será irradiado hasta sus hijos y nietos. Por eso su consigna preferida en las calles es “resistencia”. Se trata de resistir la caída del viejo mundo estamental que prefiere encostrarse y exacerbarse antes que diluirse. El fascismo y el racismo de esta clase media se presenta como el feroz estallido de una clase resentida con la historia y la igualdad. Así, más que una querella por los bienes no adquiridos, la rebelión de la clase media tradicional es un rencor encolerizado por lo que considera un desorden moral del mundo, de los lugares que la gente debiera ocupar y de la distribución de reconocimientos que por tradición les debiera llegar. Por eso el odio es el lenguaje de una clase envilecida que no duda en calificar como “salvajes” al cholaje que la está desplazando. De ahí que, si antes se escandalizaba por la retardación de justicia ante la violencia intrafamiliar de un diputado oficialista, ahora le parece justificable que paramilitares escupan y apaleen a mujeres indígenas que vienen desde sus comunidades a “invadir” con su suciedad la ciudad. Si antes denunciaban en todos los foros del mundo la “masacre” de Chapariña, donde fuerzas policíacas detuvieron una marcha sin provocar muertos,

no dudan en pasar la página sin el menor atisbo de preocupación por las 33 muertes a bala en los días del pasado noviembre. Aseguran que eran terroristas y se lo merecían. Si antes pontificaban en sendos editoriales el antidemocrático desconocimiento del voto popular del referéndum del 2015, ahora les resulta lo más democráticamente saludable que una golpista posesionada por un general y un partido que solo obtuvo el 4.5 por ciento del electorado en las últimas elecciones, gobierne por cerca un año asesinando pobladores humildes, amenazando periodistas, persiguiendo con una jauría de fiscales a quien se atreva a criticar los argumentos de la “pacificación”. Y es que al final no se puede ganar impunemente la lucha contra la desigualdad. Siempre tendrá un costo social y moral para los menos; pero te lo cobrarán. Esta es también una de las preocupaciones de Piketty en su libro, pues está dando lugar a un surgimiento de un tipo de populismo de derechas y de fascismo asentado en la insatisfacción de estos sectores mundiales medios con nulo o bajo crecimiento de sus ingresos. Y, en el caso de Bolivia, a un tipo de neofascismo con envoltura religiosa.

En el mundo, se está dando lugar al surgimiento de un populismo de derecha y de un fascismo asentado en la insatisfacción de los sectores medios

Notas [1] Piketty, Thomas, Capital e Ideología. Paidós, Argentina, 2019. [2] Milanovic, Branco, Desigualdades Mundiales: Un nuevo enfoque para la era de la globalización, Fondo de Cultura Económica, México, 2017, [3] Informe del Presidente Evo Morales Ayma ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, 6 de Agosto de 2019. [4] Word Bank Group, Piecing Together Poverty Puzzle, 2018, [5] Informe del Presidente, op. cit. [6] PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2019.

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EL PROBLEMA-ENFRENTAMIENTO POLÍTICO DE AYER Y AHORA ESPARTA CONTRA ATENAS ÁLVARO CEPEDA NERI

Están en vigor varias corrientes políticas de la autocracia, con su versión más actual: los populismos, magnificando la parte de los pueblos que apoyan incondicionalmente a su dirigente. Con su origen histórico en Atenas, las democracias contemporáneas vuelven a enfrentarse –ya no militarmente– con las Espartas, combatiendo en el moderno Peloponeso comercial de los capitalismos del liberalismo económico y sus ismos. China es la nueva Esparta confrontándose con los populismos democráticos y el degradado presidencialismo estadunidense; mientras Europa aborta la separación de Gran Bretaña, acosada por partidos-victorias de derecha populista que se repiten en Brasil; seudoizquierdistas, como en México y excesos espartanos en Venezuela. Así, padecemos las consecuencias del alumbramiento de nuevas Atenas y Espartas. Esos choques generan nuevos Césares que se apoderan del Estado Soy Yo; y apoyados en el pueblo se asumen como sus líderes, alegando representar a la sociedad en general. Y con mayor fuerza renace la “insociable-sociabilidad” de la humanidad que transita a una sociedad cerrada para, en nombre de algún populismo, conducir a mayorías y minorías como un todo, suprimiendo libertades, reduciendo derechos y desdibujando la separación y división de poderes, para que un partido (Esparta-China) o un individuo (como Esparta-Rusia o Es-

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el pueblo... para oponerse al despotismo parta-Trump), se autonombre el único contrario a la democracia”. poder y abuse de él. III. “Hace 2 mil 500 años, dos ciuII. Es obligado analizar la historia dades-estados griegas, Atenas y Esparta, de Esparta-Atenas, como el magistral antiguas aliadas contra el poderoso imensayo escrito por Marcos Jaén Sánchez y Juan Carlos Moreno, con apéndices de perio persa y abanderas de dos sistemas antagónicos –la democracia y la oligarLuis García; que en 120 páginas nos da quía o autocracia–, protagonizaron una una excelente concepción de ese munescalada de hostilidades que terminó en do, para alumbrar y recrear el nuestro un conflicto armado durante 27 años: con las nuevas Espartas midiendo fuerzas con las Atenas debilitadas por los po- la guerra del Peloponeso”. Hoy, semejantes conflictos se están presentando pulismos de izquierda, centro y derecha porque abusando de las elecciones, las que con elecciones entronizaron a sus oleadas de populismos han rebasado césares y prolongaron su estancia como las playas de las democracias, buscando presidentes-dictadores a semejanza de inundarlas para su hundimiento. los Putin, los Maduro, los Trump, los Ya las están desdibujando Bolsonaros, los López Obrador, para convertirlas en semietcétera. Con el populismo dictaduras que hagan en todas sus versiones como Autor: Marci Jaén Sánchez renacer a Espartas trasfondo, Esparta contra y Juan Carlos Moreno tragándose a las AteAtenas explica el mundo Título: Esparta contra Atenas nas. Los autores de político actual, atrapado de Jerome Kohn) este libro lograron acen los populismos que Editorial: Gredos y RBA tualizar aquella historia dicen salvar a sus seguidoEditores México, 2019 para recordarnos cómo las res, mientras desmantelan las militarizaciones, así sea con conquistas del liberalismo político el pretexto de combatir la insegurial que no diferencian del neoliberalismo dad interna, externa o ambas, reviven ni del liberalismo económico. Cultural e lo que fue Esparta: “un campamento históricamente es importante enterarse de esa guerra donde Esparta derrota a la militar perpetuo (donde) los miembros de la guardia real de élite, ocupaban los gloriosa Atenas, para lo cual hay que ir máximos cargos militares… Atenas era al libro de Tucídides: Historia de la Guerra lo completamente opuesto... un sistema del Peloponeso, donde los bárbaros de ese basado en gobiernos democráticos con populismo dictatorial se impusieron a la la isonomía o igualdad ante la ley y la democracia de Atenas, y “como buenos participación de los ciudadanos en el políticos los atenienses, lograron un gobierno”. equilibrio moderado entre dirigentes y

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 27 de enero al 2 de febrero de 2020

Año 18 • Número 678 • $30

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