ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 3 al 9 de febrero de 2020
Año 18 • Número 679 • $30
CONTENIDO
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PORTADA
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741 REFORMAS A 136 ARTÍCULOS UNA CONSTITUCIÓN REBASADA Con 741 cambios mediante 243 decretos, la Carta Magna mexicana ya no es un proyecto coherente de país. La “cuarta transformación” se apresta a iniciar un proceso por otras decenas de modificaciones, pero los temas de fondo están ausentes
CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 18, número 679, del 3 al 9 de febrero de 2020– es una publicación semanal editada por Difusión de Información, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, CP 04100, Ciudad de México; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com. mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 16651626. Impresa por Difusión de Información S.A de C.V., Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 31 de enero de 2020. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Difusión de Información S.A de C.V.
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AGENDA DE LA CORRUPCIÓN RITZ CARLTON OFRECIÓ 1 EURO POR 51% DEL ASTILLERO DE HIJOS DE J BARRERAS Nancy Flores
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DEFENSOR DEL PERIODISTA ABUSANDO DEL PODER, JAVIER CORRAL SE COMPORTA COMO NARCO CONTRA LA PRENSA Álvaro Cepeda Neri ARTÍCULOS
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EL SEXENIO DE CALDERÓN PISOTEÓ AL ESTADO DE DERECHO Martín Esparza
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NATURALEZA, TRABAJO, HUMANIDAD Guillermo Castro Herrera/Prensa Latina
CONTENIDO
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DIRECTOR Miguel Badillo oficiodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Y EDICIÓN WEB Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx EDICIÓN IMPRESA Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx COORDINADOR DE CONTENIDO DIGITAL Héctor Badillo hector@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx
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EDITORIALISTAS Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa WEB Hugo Sadh ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx
INVESTIGACIÓN
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PORTADA 741 reformas a 136 artículos. Una Constitución rebasada Zósimo Camacho
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SOCIEDAD Narcocultura, el reto en la lucha de AMLO contra el narcotráfico José Réyez
ANÁLISIS
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INTERNACIONAL Las Embajadas y la injerencia de Estados Unidos en América Latina Silvina Romano, Arantxa Tirado, Tamara Lajtman y Aníbal García Fernández/Celag
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Imagen de portada: DEMIAN CHÁVEZ/ CUARTOSCURO
INTERNACIONAL Paraguay: un statu quo agónico pero resistente Marcos Pérez Talia/Celag
ESPECIALES 46
ENTREVISTA La lucha por la igualdad, el epicentro del progresismo en América Latina: García Linera Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica
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CONTRALUZ Sin vivienda digna, indígenas desplazados en la Ciudad de México Nayeli Escalona
MISCELÁNEO
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EX LIBRIS Julio César: el primer populista que derrotó a la República Romana Álvaro Cepeda Neri
REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9191 VENTA DE LIBROS 5554-9192 Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF
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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN
RITZ CARLTON OFRECIÓ A PEMEX 1 EURO POR 51% DEL ASTILLERO HIJOS DE J BARRERAS NANCY FLORES
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n medio de la fuerte crisis que enfrenta el astillero español Hijos de J Barreras, del que Petróleos Mexicanos (Pemex) posee 51 por ciento, la trasnacional Ritz Carlton buscó negociar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la “compra” de esas acciones por tan sólo 1 euro, equivalente a 20.59 pesos. La cifra parecería un error pero no lo es. De ella ha dado cuenta el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en la conferencia de prensa del 29 de enero en Palacio Nacional: “En un principio estaban queriendo negociar con nosotros a razón de 1 euro por todas las acciones de Pemex, argumentando el tema de la pérdida de la empresa”. Y es que Hijos de J Barreras enfrenta una pérdida patrimonial estimada en 50 millones de euros, producto de la crisis que ha arrastrado desde hace más de 1 década y de la falta de una administración eficaz para rescatar a la que es la principal empresa de Vigo, España. Aunado al tema de la presunta corrupción que Pemex descubrió y por la cual habría cesado a José García Costas de la dirección del astillero a fines de septiembre de 2019. Consultado por Contralínea sobre el tema, el ingeniero Romero Oropeza aseguró: “Nuestra posición siempre ha sido clara en ese sentido: ¿qué pide Pemex? No más, pero tampoco menos del valor de las acciones y lo que se invirtió en las acciones y la devolución de los 8 millones de euros de las garantías” de los contratos firmados con Ritz Carlton. Y es que entre 2017 y 2018, el astillero español firmó cuatro contratos para la construcción de buques, de los cuales uno fue el del crucero de lujo Azora, para esa trasnacional (mismo que no se ha terminado y arrastra sobrecostos). Derivado de estas contrataciones, Hijos de J Barreras cubrió una ga-
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rantía por 16 millones de euros, de los cuales Pemex pagó el 50 por ciento. Por ello, la condición de la petrolera mexicana es recuperar lo invertido. Sólo así se retirará de ese negocio para que el astillero continúe con una nueva administración, afirmó el director general. Como Contralínea lo informó, en diciembre pasado ya se hablaba de que la trasnacional Ritz asumiría el control del astillero, pero a inicios de este año se reveló que aún no había acuerdo con Pemex, por lo que aumentó la incertidumbre entre las subcontratistas españolas, pues son 32 las empresas acreedoras del astillero. Ahora Romero Oropeza confirmó que hasta ahí, es decir hasta el planteamiento de las condiciones mínimas de recuperación del capital, está la negociación. Y agregó: “esperemos que en estos días podamos hacer la operación con Ritz Carlton o definir ya el proceso de quiebra”. El director de la petrolera mexicana, de hecho, indicó que hay dos caminos para Hijos de J Barreras, dadas las pérdidas por 50 millones de euros: “Una, que se declare en quiebra el negocio; y la otra, la que estamos negociando en estos momentos con Ritz Carlton”. Esto es que Pemex no teme a la declaración de quiebra, pues la instrucción del gobierno de López Obrador ha sido no perder más por esa pésima inversión que negoció el gobierno de Felipe Calderón y concretó la administración de Enrique Peña, durante la cuestionada gestión de Emilio Lozoya Austin, actualmente prófugo de la justicia. La posibilidad de vender las acciones a Ritz Carlton depende de la evaluación que haga la trasnacional, cuyos directivos –de acuerdo con el ingeniero Romero Oropeza– están “preocupados, porque tienen un contrato, tienen que recibir un crucero que
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN
no se ha terminado y están interesados en que esto se haga: si se va a quiebra ellos se meterían en un problema; y están interesados en comprar por lo menos las acciones que corresponden a Pemex”.
La turbia historia de Pemex en HJB La inversión en Hijos de J Barreras nunca fue un buen negocio para Pemex: en 2014, la petrolera rescató de la quiebra a esa empresa, a pesar de que aquí en México enfrentaba presiones financieras. Al respecto, el ingeniero Romero Oropeza criticó que “Pemex, a partir de que compró la mayoría de las acciones [en abril de 2014], nunca se involucró en el negocio: compró y dejó en manos de los anteriores propietarios todas las decisiones de la empresa, nunca hubo una participación de Pemex, no participó en su administración”. Sin decir sus nombres, indicó que las otras administraciones –de Lozoya Austin, José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño Medina– nunca se preocuparon por enviar personal de la petrolera a supervisar los intereses de México. Por ello, los españoles “hacían lo que querían y llegamos al punto de intervenir la administración de los astilleros”, una vez que el gobierno de López Obrador tomó el control de Pemex. La historia de la participación de la empresa estatal en el astillero se remonta al gobierno de Calderón, cuando el ya fallecido Juan Camilo Mouriño era secretario de Energía y prometió a la industria
OPINIÓN
española rescatarla de la crisis. Sin embargo, fue hasta el sexenio de Peña cuando se concretó la adquisición de acciones: entre abril a noviembre de 2013, el Consejo de Administración de PMI Comercio internacional, a propuesta del director general Emilio Lozoya Austin, aprobó la compra de acciones en el astillero español. De acuerdo con Pemex, la compra se dio “en un escenario en donde estaba por iniciar proceso de quiebra”. Fue entre noviembre y diciembre de 2013 cuando PMI celebró un contrato de inversión con el que adquirió el 51 por ciento de las acciones de dicho astillero; “sin embargo, PMI no participó en su administración, quedó en los demás accionistas, quienes no sólo tomaron las decisiones importantes, sino el control de la empresa”, señala el informe que Pemex presentó en la conferencia. Para febrero de 2014, PMI contrató al astillero para la construcción de una de las dos unidades habitacionales flotantes (floteles) que adquirió en España, para dar servicio al personal de Pemex Exploración y Producción que trabaja en instalaciones costa afuera. “El flotel nunca ha sido utilizado a su máxima capacidad, costó 145 millones de euros y no se ha podido vender porque el avalúo arroja cantidades menores”. De acuerdo con la ruta del tiempo que hizo Pemex, desde entonces el astillero no construyó ninguna otra embarcación y en 2016 registró pérdidas de 5.5 millones de euros. Esperemos que ahora en esta nueva administración se logre recuperar algo de lo mucho que ha perdido el erario de Pemex en beneficio sólo de España.
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OPINIÓN DEFENSOR DEL PERIODISTA
ABUSANDO DEL PODER, JAVIER CORRAL
SE COMPORTA COMO NARCO CONTRA LA PRENSA ÁLVARO CEPEDA NERI
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ontado en su caciquismo chihuahuense, un periodista que en cumplimiento de su deber lo Javier Corral Jurado (consentido en un fotografiaba practicando su deporte, en horas que noticiero para autojustificarse y donde le debería estar trabajando. Corral no ha podido reechan porras, gratuitas o pagadas: es decir, la publi- solver los problemas de la entidad y la criminalidad cidad disfrazada de información), por enésima vez lo ha rebasado, a tal grado que los mexicanos que ha mostrado de lo que es capaz un cacique que am- habitan ese territorio sobreviven a esa barbarie que biciona ser candidato presidencial. Resulta que cus- en su incapacidad ha permitido el desgobernador, y todiado por sus guardaespaldas y armado de palos que genera una violencia mayor. Eso sí, no deja de y pelota, el desgobernador se puso a practicar sus ti- arremeter contra la prensa y utiliza un noticiero de ros de golf en un deportivo público, y un reportero la capital del país para autoelogiarse y que la locule tomó fotografías, lo que provocó una más de sus tora lo cubra de elogios por su desempeño; aunque rabiosas furias y dando gritos desesperados, ordenó éste sea el de un cacique que abusa del poder. Los policías de Corral, además, arremetieron a sus empistolados: “¡Chéquenme a este cabrón, es con otros periodistas a del narco”, como lo requienes les arrebataron portaron Jesús Estrada y Rubén Villalpando en Lo que ordenó y ejecutaron sus guar- sus teléfonos y no se los La Jornada (1 de diciem- daespaldas merece más que una queja regresaron, como lo informó el director de La bre de 2019). ante la CNDH; es necesario presentar Opción de Chihuahua. Éste Corral Jurado tiene formalmente una denuncia penal dijo, además, que ante a la entidad en la peor las denuncias de varios de las inseguridades, ciudadanos sobre Copero colérico ordenó detener al reportero Gabriel Venzor Fabián del dia- rral jugando golf a sus anchas, decidió enviar al rio La Opción de Chihuahua, que se edita en la capital reportero Gabriel Venzor para cubrir el asunto. Y de ese estado, y a quien los guaruras de Corral se le furioso por ser fotografiado en esa acción, Corral fueron encima como bestias, le arrebataron su ce- reaccionó acusándolo de narco, a sabiendas de que lular, le torcieron los brazos y lo retuvieron por más es un periodista. Encima, éste externó que el jefe de de una hora, al modo arbitrario del abuso del poder escoltas de Corral, se le acercó y le dio un mensaje que ha ejercido este desgobernador. Al otro día de amenazante: “¡Dile a tu jefe que ya le baje de huevos, los vómitos de Corral, toda la información de los que se deje de mamadas!”. Esto retrata a Corral como un déspota solamedios acusaba endemoniados encuentros entre los delincuentes de los cárteles del narcotráfico que mente interesado en hacer cumplir sus excesos con cargo al uso arbitrario del poder, mientras no tienen a Chihuahua en un baño de sangre. Pero el desgobernador estaba jugando golf y garantiza ni el mínimo de seguridad a los mexiordenándole a sus policías que aprehendieran a canos de ese territorio. Y es que es terrible lo que
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OPINIÓN
ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO
DEFENSOR DEL PERIODISTA
sufren allá, mientras Corral juega golf. Pero éste enfurece porque la prensa informa que practica esta actividad recreativa, en horas cuando debería estar concentrado en administrar y gobernar con eficacia. Esto nos demuestra que es tal la impunidad en general de delincuentes y funcionarios contra la población en general, que no escapan a los ataques que cualquier patán como Corral les endereza. Así que una y otra vez embiste a la prensa con hechos y amenazas, como que sabe que la información y la crítica lo exhiben. Y por eso, narcos y politiquillos convertidos en funcionarios, no han dejado de agredir y hasta matar a reporteros. Lo que padeció el periodista de La Opción de Chihuahua Gabriel Venzor es una muestra más de la intolerancia infame de ese desgobernador. Lo que ordenó y ejecutaron sus guardaespaldas merece más que simplemente iniciar una queja ante la CNDH, es necesario hacer
formalmente una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, para hacer todo lo posible y sentar ante un tribunal al desgobernador. Basta ya de recomendaciones por violación de derechos. Es necesario deslindar responsabilidades, para sentar un precedente contra los funcionarios que abusan a sabiendas de que gozan de impunidad. Corral fue capaz de insultar al reportero, llamándolo narco y soltar a sus policías para que lo detuvieran, le quitaran su teléfono y borraran lo que había captado fotográficamente. Fue una agresión y una difamación, por lo que la CNDH y sobre todo la FGR deben conocer de una denuncia penal contra Javier Corral y sus guardaespaldas, quienes arremetieron agresivamente contra el periodista. Y contra la prensa, al estilo de los caciques que tienen el terror del poder para cometer sus ataques, a sabiendas de que la impunidad vigente los ampara para ser otros delincuentes.
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OPINIÓN ARTÍCULO
EL SEXENIO DE CALDERÓN
PISOTEÓ EL ESTADO DE DERECHO MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
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Como se mencionó en pasadas entregas, los ercera parte. El juicio de la historia es y seguirá siendo implacable con aquellos que cuerpos de seguridad en manos de personajes desde el poder cometen toda serie de in- como el expolicía hoy procesado en las cortes estajusticias que repercuten de manera negativa en la dunidenses, fueron puestos al servicio de poderosos sociedad en su conjunto; tal es el caso del sexenio cárteles y empleados no para dar seguridad a midel expresidente Felipe Calderón Hinojosa, plaga- llones de mexicanos, sino para reprimir a los trabado de abusos de autoridad y violación sistemática al jadores electricistas que fueron sacados a punta de metralleta de sus centros de trabajo tras el sorpresiestado de derecho. Cual broma de mal gusto, la ambición del ex- vo decreto de extinción de la empresa pública Luz mandatario por retornar al poder le llevó a bautizar y Fuerza del Centro, el 11 de octubre del 2009. De con el nombre de “México Libre” a la organiza- la noche a la mañana y sin mediar juicio alguno, ción política con la que pretende fundar un nuevo fueron lanzados a la calle 44 mil trabajadores afipartido político. Intención dinamitada tras la cap- liados al SME. Misma suerte corrieron los sindicalizados de tura en Estados Unidos de Genaro García Luna, su Mexicana de Aviación, secretario de Seguridad a quienes las autoridaPública Federal que El SME, por impulsar una demanda des laborales violaron consolidó la narcopolítica de juicio político que lleve a la cárcel a de manera sistemática en México. Al paso de los años, quienes permitieron narcogobiernos y sus derechos. El narcogobierno de Calderón ha quedado demostra- desmantelaron el aparto productivo impuso de manera verdo que la gestión de gonzante sus políticas Calderón resultó una de la peores en la cadena de gobiernos neoliberales, públicas en contra de la nación con el respaldo de tanto del PRI como del PAN. Los costos económi- la clase política en su conjunto. Tanto miembros cos y sociales fueron muy altos y no sólo dejaron del Poder Legislativo como del Judicial, actuaron más de 70 mil muertos por su fallida guerra contra en complicidad con el frívolo, corrupto e irresponel narcotráfico, así como otros 30 mil desaparecidos sable expresidente para solaparle todos sus latroe innumerables viudas y huérfanos por todo el te- cinios. Lo mismo senadores que diputados, gobernarritorio nacional. En su sexenio se perdieron miles de empleos, dores que alcaldes, jueces y ministros de la Cortanto por su incapacidad para hacer crecer a la eco- te, consintieron a Calderón pisotear el Estado de nomía, como por sus decisiones autoritarias ejerci- Derecho; no debemos olvidar que el Congreso das contra la clase trabajadora, reflejadas en las avaló los Contratos de Servicios Múltiples con que agresiones al Sindicato Mexicano de Electricistas Pemex abrió las puertas de forma legalizada a los y al de los trabajadores de Mexicana de Aviación, inversionistas privados, tanto nacionales como internacionales, para la exploración y explotación del entre otras organizaciones.
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ARTÍCULO OPINIÓN
sobre todo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se transformaron en serviles lacayos del autoritario gobernante. El narcogobierno de Calderón Hinojosa obtuvo la complicidad de los integrantes del alto tribunal para hacer añicos al Estado de Derecho y desacatar sentencias como la emitida por los magistrados de un Tribunal de Circuito, que en septiembre de 2012 ordenó al mandatario asumirse como patrón sustituto de los trabajadores despedidos de Luz y Fuerza, en la figura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Lejos de reconvenir al entonces presidente a acatar la ley, los ministros de la Corte guardaron silencio y permitieron que Calderón se abanicara con la Constitución y mandara al archivo muerto al Estado de Derecho. Meses más tarde, en enero de 2013 –ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto--, los ministros fallaron en contra de la resolución de los magistrados del colegiado, eximiendo de toda responsabilidad al expresidente. Ahora que personajes como Genaro García Luna se derrumban junto con la corrupción y los abusos de poder de gobiernos como el de Calderón, es necesario hacer un balance de los sexenios neoliberales de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para que respondan por sus innumerables latrocinios. Por esta razón, el SME convoca al pueblo de México para que a una sola voz se impulse una demanda de juicio político que lleve ante la justicia y a la cárcel a aquellos que trastocaron el sentido del Estado para permitir la existencia de narcogobiernos, que además de sumir al país en un atraso económico al desmantelar el aparato productivo y el sector energético del país, en favor de las empresas trasnacionales, dejó ensangrentada a la nación entera, golpeando además de una manera ruin y cobarde a la clase trabajadora. FERNANDO CARRANZA GARCIA/CUARTOSCURO
petróleo que ya se venía dando desde el sexenio de Vicente Fox. Pemex Exploración y Producción (PEP) se convirtió, gracias a Calderón, en un simple administrador al servicio de las trasnacionales; con esta apertura puede decirse que se entreabrió la puerta a lo que más tarde sería la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, que desnacionalizó el sector energético del país. En mayo de 2012, a unos meses de concluir su periodo, Petróleos Mexicanos se negó a atender solicitudes de transparencia referentes al otorgamiento de estos contratos, aun cuando PEP reconoció en algunos comunicados haber suscrito desde 2003 contratos con empresas argentinas como Techint y su subsidiaria Tecnopetrol, por un valor de 1 mil 35 millones de dólares para la explotación del bloque Misión de la Cuenca de Burgos, ubicada en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También en ese año trascendieron otros contratos con la firma española Repsol, que invirtió 2 mil 437 millones de dólares supuestamente con el fin de incrementar las reservas de gas y petróleo en favor de México, cuando únicamente fueron estas empresas extranjeras las beneficiadas con la explotación de hidrocarburos. Calderón replicó la falsa y absurda tesis invocada por Fox para abrir las puertas de la inversión privada en Pemex, en el sentido de que la paraestatal—hoy empresa productiva del Estado--, requería capital privado para subsistir, cuando en esos gobiernos se dieron los excedentes petroleros que reportaron a las finanzas públicas ingresos extras por un billón de pesos. Así como los miembros del Poder Legislativo legalizaron la privatización de Pemex a través de los Contratos de Servicios Múltiples, sin tomar parecer al país, también los integrantes del Poder Judicial,
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OPINIÓN ARTÍCULO
NATURALEZA, TRABAJO, HUMANIDAD GUILLERMO CASTRO HERRERA, ENSAYISTA, INVESTIGADOR Y AMBIENTALISTA PANAMEÑO/ PRENSA LATINA
El objeto que considerar es en primer término la producción material. Individuos que producen en sociedad, o sea la producción de los individuos socialmente determinada: este es naturalmente el punto de partida. Karl Marx, Grundrisse, 1857
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l pensar marxista ha tenido una limitada participación en el desarrollo del moderno ambientalismo latinoamericano. Existen múltiples razones para ello. En nuestra América, el desarrollo del ambientalismo adquirió un carácter sostenido a partir de la década de 1980. En su primer momento, lo hizo a partir de diversos intentos de someter a crítica la teoría del desarrollo imperante en nuestra región desde la década de 1950, en la perspectiva de lo que, a fines de esa década, vendría a ser conocido como desarrollo sostenible. [1] El énfasis productivista de aquella teoría del desarrollo –en la que el crecimiento sostenido abriría paso a la justicia social, materias primas y combustibles y convivencia democrática– tuvo importantes puntos de convergencia con el comunismo soviético. Ello contribuyó a que el marxismo latinoamericano tendiera a cuestionar los métodos –antes que los fines– de aquella modalidad de desarrollo del capitalismo en nuestra región, que financiaba la inversión estatal en el sector industrial con los ingresos provenientes de la exportación de alimentos, materias primas y combustibles. El deterioro y derrumbe del socialismo burocrático en la Unión Soviética y Europa Oriental puso en crisis el abordaje de los problemas del desarrollo. Dicha crisis dejó en evidencia, también, que el marxismo correspondiente a aquel socialismo no
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había otorgado verdadera relevancia al impacto ambiental generado por el desarrollo del capitalismo a escala planetaria. [2] A comienzos del siglo XXI, el marxismo latinoamericano pasó a mostrar signos de innovación en el plano de lo ambiental, a partir de dos factores. Uno de ellos el desarrollo de un nuevo pensamiento ambiental latinoamericano, promovido por autores como Enrique Leff y Víctor Toledo, que a su vez facilitó la formación de nuevos ámbitos de producción y debate en campos como la historia y la ecología ambientales, y la economía ecológica. El otro fue la producción de autores como el español Manuel Sacristán y los estadunidenses Immanuel Wallerstein, James O’Connor y John Bellamy Foster, sobre todo a partir de su libro La Ecología de Marx, publicado en su país en el año 2000 y en España en 2004. En el Foster demuestra la existencia en Marx de un pensamiento que hoy llamaríamos ecológico, organizado en torno al trabajo como medio de relación entre los seres humanos entre sí, y con su entorno natural. Con ello Foster contribuyó a insertar el marxismo –tanto en el debate ambiental como en aquel sobre la vigencia contemporánea del propio Marx– enriqueciendo la perspectiva abierta por Sacristán con su ensayo “Algunos atisbos político-ecológicos de Marx”, de 1984. [3] En esa doble perspectiva, podríamos decir hoy que el problema medular no consiste tanto en que exista, o no, una “ecología de Marx” sino en la capacidad del marxismo para facilitar un abordaje integral de todas las dimensiones del desarrollo de la especie humana. Así, por ejemplo, ubicar los “atisbos ecológicos” a que se refería Sacristán dentro de la obra general
ARTÍCULO
OPINIÓN
Estas observaciones facilitan la tarea de disde Marx [4] permitirá comprobar que ésta ofrece el marco de referencia más adecuado para incorpo- tinguir entre el ambiente y el entorno natural, en rar y valorar la gran diversidad de planteamientos cuanto el primero es resultado de las intervencioque ha generado y genera la formación de la di- nes humanas en los sistemas naturales, mediante mensión ambiental de la crisis del capital a escala procesos de trabajo socialmente organizados. La mundial. El puntal mayor de ese marco de referen- historicidad de los ambientes está estrechamente vinculada, así, a las formas históricas de organizacia fue planteado ya en 1846: “Conocemos sólo una ciencia, la ciencia de la ción social del trabajo, y a los propósitos que dicha historia. Se puede enfocar la historia desde dos án- organización persigue, sea la de valores de uso, sea gulos, se puede dividirla en historia de la naturaleza la de valores de cambio. Así, frente al postulado e historia de los hombres. Sin embargo, las dos son de que el trabajo es la fuente de toda la riqueza, inseparables: mientras existan los hombres, la histo- Marx señala en 1875 que: “El trabajo no es la fuente de toda riqueza. La ria de la naturaleza y la historia de los hombres se naturaleza es la fuente de los valores de uso (¡que condicionan mutuamente.” [5] En su desarrollo ulterior, ese planteamiento re- son los que verdaderamente integran la riqueza alza el papel del trabajo como medio orgánico de material!), ni más ni menos que el trabajo, que relación entre la especie humana y su entorno na- no es más que la manifestación de una fuerza natural. Así, en 1867, Marx plantea en el tomo I de El tural, de la fuerza de trabajo del hombre. […] En Capital que el trabajo “es, en primer lugar, un pro- la medida en que el hombre se sitúa de antemaceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en no como propietario frente a la naturaleza, primera fuente de todos que el hombre media, los medios y objetos regula y controla su meEl trabajo no es la fuente de toda ride trabajo, y la trata tabolismo con la naturaleza” y, al dominar “la queza. Es la naturaleza la fuente de los como posesión suya, naturaleza exterior a él valores de uso, que son los que real- su trabajo se convierte en fuente de valores y transformarla, trans- mente integran la riqueza material de uso, y, por tanto, en forma a la vez su propia fuente de riqueza.” naturaleza”. Y añade enseguida: Antonio Gramsci, sesenta años después, abordó “Los burgueses tienen razones muy fundadas este proceso de autoformación de nuestra humanidad mediante el trabajo enfatizando su socialidad. para atribuir al trabajo una fuerza creadora sobrenatural; pues precisamente del hecho de que El individuo, dijo: “[…] no entra en relación con los demás hom- el trabajo está condicionado por la naturaleza se bres por yuxtaposición, sino orgánicamente, esto es, deduce que el hombre, que no dispone de más en la medida en que entra a formar parte de orga- propiedad que su fuerza de trabajo, tiene que ser, nismos que van desde los más sencillos a los más necesariamente, en todo estado social y de civilicomplejos. Del mismo modo, el hombre no entra zación, esclavo de otros hombres, quienes se han en relación con la naturaleza simplemente por el adueñado de las condiciones materiales de trabahecho de que también él es naturaleza, sino activa- jo. Y no podrá trabajar, ni, por consiguiente, vivir, mente, por medio del trabajo y de la técnica. Más más que con su permiso.” [7] La conclusión política no puede ser más senciaún: estas relaciones no son mecánicas. Son activas y conscientes, es decir, corresponden a un grado lla: únicamente cuando sea superada la apropiamayor o menor de la inteligencia que de ellos tie- ción privada del producto social será posible para ne el hombre singular. Por esto se puede decir que los humanos mantener una relación tan armónica todos se cambian a sí mismos, se modifican en la con la naturaleza como las que mantengan entre medida en que cambian y modifican todo el com- sí en su vida social. Visto así, el desarrollo sosteplejo de relaciones de que son el centro de anuda- nible, por el que vale la pena luchar, es el de la especie que somos. miento.” [6]
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INVESTIGACIÓN PORTADA
741 REFORMAS A 136 ARTÍCULOS
UNA CONSTITUCIÓN REBASADA
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PORTADA INVESTIGACIÓN
Con 741 cambios mediante 243 decretos, la Carta Magna mexicana ya no es un proyecto coherente de país. La “cuarta transformación” se apresta a iniciar un proceso por otras decenas de modificaciones, pero sin los temas de fondo ZÓSIMO CAMACHO
DEMIAN CHÁVEZ/CUARTOSCURO
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a ley suprema de la nación –la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos– ha sido reformada en 741 ocasiones. Suman 243 decretos para modificar los 136 Artículos que contiene. Rebasada y contradictoria, será sometida a otras decenas de modificaciones en este mismo 2020, cuando cumple 103 años de haber sido promulgada. Y es que la mayoría de los cambios fueron realizados durante el periodo neoliberal, con gobiernos contrarios ideológicamente al proyecto de país que surgió de la Revolución Mexicana y que dio origen a un texto constitucional con énfasis en la justicia social. Dos tercios del total de las reformas, o el 66.66 por ciento, ocurrió precisamente entre 1982 y 2018. Se trata de un total de 494 modificaciones que incluyó aspectos torales como el de la educación, la tenencia de la tierra, los recursos del subsuelo, las condiciones de trabajo, los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, el Poder Judicial y el propio control de la constitucionalidad, entre otros.
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INVESTIGACIÓN PORTADA
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y a más de un año de haber asumido la titularidad del Poder Ejecutivo, se han realizado 34 modificaciones mediante tres decretos. La última de ellas, en materia de consulta popular y revocación del mandato. En el discurso, el presidente de la República ha dado por erradicado el periodo neoliberal, pero en la agenda política no se encuentran aún propuestas de modificaciones a la Ley suprema que, por ejemplo, protejan la posesión de la tierra de las comunidades indígenas. De acuerdo con datos del Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria de la Cámara de Diputados, la mayoría de las 494 reformas neoliberales ocurrieron en el periodo de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Fue el sexenio del “Pacto por México” entre los entonces partidos dominantes
del sistema político mexicano: Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). Concretó el mayor número de reformas en toda la historia de la Constitución. Se modificaron 155 artículos. Por su parte, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) logró apuntarse 110 reformas; el de Ernesto Zedillo (1994-2000), 77; el de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), 55, y el de Vicente Fox Quesada (20002006), 31. Previo al periodo neoliberal, del gobierno de Álvaro Obregón (1920-1924) al de José López Portillo (1976-1982) se concretaron 213 cambios constitucionales. El constitucionalista Mario Enríquez Carbajal considera que el texto constitucional se fue modifi-
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Dos tercios del total de las reformas realizadas a la Constitución mexicana ocurrieron durante el periodo neoliberal de 1982-2018
Durante el sexenio pasado, en el marco de Pacto por México, la mayor cantidad de reformas a la Constitución en toda su historia
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Justicia Social, la esencia de la Carta Magna surgida de la Revolución Mexicana
cando “en función de ciertos intereses que rompieron con las aspiraciones sociales; como el principio de no reelección, que se eliminó a partir de la reforma constitucional de 2014”. Con todo, señalan especialistas en derecho constitucional, es el texto vigente y debe seguirse reformando hasta que la esencia de la ley suprema de los mexicanos vuelva a ser un proyecto de país coherente; necesariamente distinto al del 5 de febrero de 1917, cuando se promulgó, pero heredera del espíritu de justicia social. “La Constitución está vigente hasta que haya un nuevo Constituyente originario que cree un nuevo texto, que se den las causas, los sucesos, los motivos; puede ser un movimiento revolucionario u otro acontecimiento que dé como consecuencia la emisión de un nuevo texto constitucional”, explica Enríquez Carvajal, doctor en derecho constitucional electoral. Pero la opción formal, crear una nueva Consti-
tución mediante la convocatoria a un nuevo Congreso Constituyente, hoy es imposible en la práctica, señalan expertos consultados por Contralínea. “En la realidad los partidos políticos ni siquiera se ponen de acuerdo en cosas menores que son relativamente sencillas, como el nombramiento de ciertos funcionarios, el nombramiento de jueces y magistrados. Habría que pensar en las dificultades reales de algo tan complejo como redactar una nueva Constitución”, advierte el doctor en derecho constitucional y doctor en ciencia política Miguel Covián Andrade. Explica que la llegada de un nuevo gobierno que se asume transformador debería propiciar una serie de modificaciones que, sin necesidad de convocar a un nuevo Constituyente para redactar toda una Carta Magna, sí implique un nuevo texto constitucional. Y es que la Independencia tuvo sus Sentimientos de la Nación; la Reforma, su Constitución de
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1857, y la Revolución, su Constitución de 1917. Una pretendida “cuarta transformación” tendría que dejar su impronta en la llamada ley de leyes.
Las reformas que hacen falta Abogado constitucionalista y politólogo, Miguel Covián Andrade considera necesario emprender una serie de reformas a la Constitución en dos sentidos. La primera es de orden técnico. La segunda es de contenido. “Sí son necesarios muchos cambios de distinta naturaleza y desde hace mucho tiempo. Se necesita una reordenación temática de la Constitución. Se necesita darle una revisión formal técnica para reacomodar los capítulos, las distintas partes y temas que regula de manera mucho más sistemática y ordenada”, señala para referirse a los cambios de orden técnico. Autor de Teoría constitucional; La teoría del rombo. Ingeniería constitucional del sistema político democrático; La Constitución Mexicana del siglo XXI (proyecto de constitución) y Fundamentos teóricos del control de la constitucionalidad, entre una veintena de libros, expone dos tipos
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Reforma energética, para el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos
Intentos de privatizar educación pública
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de problemas técnicos de la Carta Magna. El capítulo inicial de la Constitución, que ahora se llama “Derechos Humanos”, se establecen los derechos fundamentales de los gobernados; pero los derechos laborales aparecen hasta el Artículo 123. Es decir, casi 100 artículos después. Además, “hay Artículos sumamente extensos, como el 41 que habla de los partidos políticos, del INE [Instituto Nacional Electoral], de las elecciones […] de la forma de gobierno, de las entidades federativas. Poco a poco se le han hecho muchas adiciones a ese artículo. Ahora es uno de los artículos más extensos de la Constitución y contiene aspectos que son verdaderamente excesivos para un texto constitucional”. Ese mismo Artículo 41 establece cómo debe realizarse la distribución de tiempos, en los periodos de precampaña y campaña política, en los medios de comunicación. Incluso regula cómo se
distribuyen esos tiempos en minutos y en segundos entre los partidos políticos y los candidatos. A decir de Covián Andrade, catedrático de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde hace 38 años, la Constitución contiene “aspectos normativos que corresponden más bien a los reglamentos y no a un texto constitucional”. Por ello, observa que “un primer aspecto de la Constitución, a 103 años, es que tiene un desorden temático, un desorden normativo y una sobrecarga normativa, porque tiene una gran cantidad de aspectos regulados en el texto que no corresponden a un texto constitucional sino que deberían estar en leyes, reglamentos, es decir, en cuerpos normativos menores”. Con respecto de los cambios “de fondo” o de contenido a la Constitución, señala que el presente
gobierno ya ha realizado algunos “importantes”, como la creación de la Guardia Nacional, el de un nuevo sistema educativo regulado en el propio texto constitucional y la incorporación de la revocación de mandato. Sin embargo, considera “fundamental” que en este gobierno se realicen reformas para corregir malas regulaciones o abiertas omisiones. Uno de los temas es el del referéndum. Con la reforma impulsada en el Congreso de la Unión por el partido del presidente –el Movimiento Regeneración Nacional (Morena)– el año pasado, se cuenta ya con figuras de la democracia participativa o indirecta, como la iniciativa popular, las consultas populares y la revocación del mandato. No se explica la ausencia de la figura del referéndum en estas reformas, con lo que se dejó pasar un momento oportuno. “El referéndum –explica Covián Andrade– es un mecanismo para que los ciudadanos legitimen con su voto determinadas decisiones que tomen los poderes públicos, particularmente el Legislativo: por ejemplo, leyes que emite el Congreso de la Unión que por su naturaleza que además de ser aprobadas jurídicamente tengan que
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Guardia Nacional, una reforma de fondo al texto constitucional
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Democracia indirecta, reforma incompleta
se legitimadas mediante el voto popular por la mayoría de los ciudadanos”. El constitucionalista explica que incluso esta figura debería instaurarse para las reformas que se realizan a la Constitución. No solamente ese tipo de referéndum que se llama legislativo, sino también el referéndum para los casos de reformas a la Constitución. “Hay materias que son esenciales en nuestra Constitución, como pueden ser los derechos fundamentales, la forma de gobierno, el control de la constitucionalidad, el control de la legitimidad en el uso de poder y varios más que perfectamente podrían ser materia de un referéndum constitucional.” Explica que cuando se trata de reformas en temas fundamentales de la Constitución no sólo debería aprobarse con lo que ya dispone el Artículo 135: contar con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso de la Unión
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y la posterior aprobación de las legislaturas de los Congresos estatales. También, adicionalmente, que ese proyecto de reforma fuera sometido a referéndum: a la voluntad de los ciudadanos para que legitimaran el cambio. Señala el constitucionalista y politólogo que este mecanismo de reformas a la Constitución, que pasa por el referéndum, ya está presente en la “inmensa mayoría de las Constituciones europeas y en muchas sudamericanas”. Otro tema de fondo expuesto por Covián Andrade tiene que ver con la modificación al procedimiento mediante el cual se aprueban los tratados internacionales. Hoy se les ha querido dar el mismo rango que la propia Constitución y superior a las leyes. Pero las leyes son aprobadas mediante un mecanismo más estricto que los tratados, así como las reformas al texto constitucional. Y es que los tratados internacionales sólo son firmados por el presidente y aprobados por el Se-
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nado. Explica el constitucionalista: “Ese es un gran problema, porque un tratado internacional ni es ley, porque no pasa por ambas cámaras, ni tampoco tiene nivel constitucional”. Es decir, un tratado se aprueba mediante un procedimiento más sencillo que el que debe seguirse para crear una ley. “Y si tú quieres aplicar un tratado por encima de una ley, estás violentado la Constitución, porque la Constitución señala claramente que las leyes están vigentes hasta que no se modifiquen mediante el propio procedimiento legislativo. Entonces tú no puedes aplicar un tratado internacional por encima de una ley por la sencilla razón de que no es ley, no pasa por ambas cámaras, mucho menos es parte de la Constitución, porque no pasa por el procedimiento de reforma constitucional para ser aprobado e incorporado a nuestro sistema
jurídico”. Por ello, Covián Andrade, investigador adscrito al Sistema Nacional de Investigadores, apunta que un cambio constitucional profundo que debería impulsar el gobierno actual es que los tratados internacionales tengan que ser aprobados por ambas Cámaras. Y cuando un tratado comprometiera el cambio de una ley, primero se modifique dicha ley mediante el procedimiento respectivo. Otro de los cambios constitucionales, que el especialista señala para un gobierno que se pretende de transformación y de cambio, es el del control de la constitucionalidad. En 2020 se están cumpliendo también 25 años de la reforma constitucional impulsada por Ernesto Zedillo que cambió la estructura de la Suprema Corte de la Justicia de la
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Un tratado se aprueba mediante un proceso más sencillo que el que debe seguirse para crear una ley. Sin embargo, se le hadado mayor jerarquía
Tratados internacionales no deben estar por encima de las leyes federales y nacionales, sean económicos o de derechos humanos
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Señala que una reforma necesaria es al Poder Judicial. Pero no solamente en los aspectos de carácter administrativo como hoy se está proponiendo: “que se eviten malos manejos, que no haya redes de nepotismo en el Poder Judicial”. Reconoce que son asuntos importantes pero, a su parecer, ese Poder requiere de una reforma de carácter estructural. Para Covián Andrade los cambios constitucionales propuestos deberán venir acompañados con cambios profundos en materia económica y social para que sí se pueda señalar que México se encuentra en un nuevo periodo histórico o transformación equiparable a las de la Independencia, la Reforma y la Revolución.
Las incoherencias El constitucionalista Mario Martínez Carbajal, profesor investigador adscrito a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, advierte que hay disposicones políticas fundamentales en la Constitución que no se pueden modificar: como la obsevancia de los derechos humanos, la división de
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Nación, creó nuevos órganos como el Consejo de la Judicatura, modificó el número de ministros –de 21 pasó a 11– e incorporó nuevos recursos y medios de control de la constitucionalidad. El especialista se refiere a las figuras de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, que considera necesarias pero que aún son insuficientes. Para Miguel Covián –con los grados académicos de cinco licenciaturas, tres maestrías y dos doctorados–, entre los mecanismos de protección de la Constitución que faltan cuenta el de “cuestión de constitucionalidad”, por el que la Suprema Corte, en este caso como Tribunal Constitucional, verifique en un juicio, en un tribunal de legalidad, si una ley es contraria a la Constitución. “Ahí mismo pueden pedirle a la Suprema Corte que verifique si es así. La Suprema Corte emite una opinión vinculante y de eso depende que esa ley se pueda aplicar o que ya nunca se pueda aplicar ni en ese juicio ni en ningún otro. Eso facilitaría mucho el trabajo de los tribunales comunes, de los tribunales ordinarios.”
Poder Judicial. aplazada reforma profunda
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Los Sentimientos de la Nación, inicio de una tradición jurídica en busca de la igualdad y la justicia social
poderes, la forma de gobierno. Por ello considera que no todos los asuntos pueden someterse consulta popular, como podría interpretarse en las modificaciones recientemente aprobadas. “Si mediante la consulta popular se va a modificar lo que se le antoje al Ejecutivo, obviamente estaría trastocando el orden constitucional. Por eso el artículo 35 de la consulta popular dice que si se va a someter un tema a consulta, tiene que ser verificado primero por la Corte, para verificar su Constitucionalidad. “No puede, por ejemplo, proponerse que ya no haya derechos humanos. Eso no se mueve, porque esas son decisiones políticas fundamentales. Está en la escencia del propio texto contitucional; otro caso es el de la division de poderes, por ejemplo.” Martínez Carbajal, por su parte, señala que en a Constitución tienen que reunirse las aspiraciones de la sociedad y del país. Critica que muchas de las reformas realizadas durante los sexenios pasados
hayan sido encaminadas a violentar los derechos sociales que se consagraban en el texto original. “Tenemos el ejemplo de las reformas laborales y de la propia reforma electoral, que modificó y que violó algunos prinicipios. Es decir se han presentado algunos visos de inconstitucionalidad, violaciones a derechos por reformas realizadas.” Otra incoherencia que observa Martínez Carbajal en el propio texto constitucional es el de los gobiernos de coalición. “El texto constitucional, por un lado, nos marca una forma de gobierno. Y por el otro, en el artículo 89 fracción XVII nos marca una facultad del Ejecutivo para un gobierno de coalición. Parecería que estamos en un parlamentarismo y no en un presidencialismo. “Es decir, sí han estado realizándose diversas modificaciones al texto constitucional que han estado desviando el modelo de país que originalmente se había establecido. No se ajustan ciertas disposiciones frente a otras.”
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NARCOCULTURA
EL RETO EN LA LUCHA DE AMLO CONTRA EL NARCOTRÁFICO 24
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La veneración de figuras como la Santa Muerte, Jesús Malverde, el Angelito Negro y San Nazario revela que la narcocultura es un recurso de emancipación popular, que legitima las acciones del crimen. Es hoy una de los retos más difícles para el gobierno en el combate al narcotráfico JOSÉ RÉYEZ
PEDRO ANZA/CUARTOSCURO
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as devociones a figuras como la Santa Muerte, Jesús Malverde, el Angelito Negro y San Nazario alcanzan no sólo a aquellos que están involucrados en el crimen organizado, en especial en el narcotráfico, sino a sectores sociales más amplios, generalmente expuestos a violencias y que se encuentran vulnerables frente al colapso del Estado, las religiones y la familia, sostienen estudiosos de la llamada narcocultura. A diferencia de otras formas de “catolicismo popular”, el sincretismo en la religiosidad de los narcotraficantes que tiene lugar en México expone el mundo de la violencia, el crimen y la marginación de los creyentes, donde el culto de supuestos santos y devociones populares es una respuesta a estos conflictos sociales, sostiene José Carlos G Aguiar, doctor en ciencias sociales por la Universidad de Ámsterdam, Holanda. El académico refiere que el estudio de las devociones populares vinculadas con el crimen permite colocar el debate sobre la narcocultura en el contexto de “la emancipación y la dominación social”.
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Uno de los objetivos del gobierno federal es acabar con la apología del crimen organizado. Principalmente, de la que se presenta en series de televisión Anel Gómez San Luis, doctora en psicología y salud por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), apunta en entrevista que las figuras de santos que forman parte de la narcocultura –a quienes se encomiendan los narcotraficantes, sobre todo los más jóvenes, como Jesús Marverde o la Santa Muerte–, les da identidad, porque “sienten que están perteneciendo a un grupo diferente a otros grupos de la sociedad”. Ambas figuras, sin embargo, no son reconocidas por la Iglesia Católica ni alguna otra religión. “Construyen su identidad al sentir que forman parte de un grupo y justifican sus acciones a través de considerar a sus héroes representados en la Santa Muerte y otros santos, sobre todo en la clase baja, aunque también ha impactado en clases media y alta en el consumo y adicción de drogas porque, aunque estas viven en forma diferente eso no significa que no haya adicciones”, refiere la investigadora. Gómez San Luis agrega que en la frontera Norte ha realizado trabajo de campo entre jóvenes, a quienes ha cuestionado sobre narcotráfico y sus creencias: “hemos observado que construyen sus ideas, significados y representaciones basándose en lo que ven en la televisión, las narcoseries, canciones o narcomúsica y que constituyen la narcocultura, que se constituye como una cultura en la que los jóvenes se puedan significar”. Advierte que existe un riesgo muy importante porque la imagen que tienen ellos del narcotraficante está idealizada, dejando de lado las circunstancias de peligro que implican, en la que construyen una idea del narcotraficante de peligro y 26
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riesgo, vida fácil, mujeres, lujos. A través de entrevistas con jóvenes de universidades, explica, algunos de ellos han aceptado que han vendido drogas en contextos que ellos consideran seguros, y afirman que lo hacen porque se inspiran en las narcoseries, reflejo de cómo los medios de comunicación que difunden la narcocultura repercute en ellos. “La parte más cruda se observa entre jóvenes de las clases bajas de la sociedad, incluso autoridades cuando pactan con los narcotraficantes o se coluden, están participando de alguna forma. Cuando el narcotraficante es de clase baja los demás hacen juicios morales de que no les gusta trabajar. Es ambivalente, por un lado se les admira y por otro se les juzga”, plantea la investigadora.
AMLO frente a la narcocultura Uno de los objetivos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es acabar con la apología al crimen organizado, en particular la que se hace en televisión y en series de plataformas de streaming. No obstante, Anel Gómez San Luis, especialista en farmacodependencias y situaciones críticas asociadas por la Universidad Salesiana, señala que el planteamiento del presidente de pretender alejar a los jóvenes del crimen organizado mediante becas escolares o de capacitación laboral difícilmente va a resultar, porque se trata de un fenómeno social. El planteamiento de López Obrador “es reduccionista: trata de revertir procesos sociales, porque si bien la beca puede ayudar a que los jóvenes persistan en el estudio, eso no significa que va a cambiar su representación respecto al narcotráfico y la narcocultura”, indica la investigadora. Sin embargo, acota que en la nueva Estrategia Nacional contra las Drogas hay una parte importante dedicada a la educación como herramienta que sí puede ayudar a revertir estos procesos e impedir a que sigan desarrollándose, para lo cual se requerirá por lo menos una generación o más. Para la especialista, si bien revertir el fenómeno de la narcocultura es difícil porque ha sido un proceso largo de aprendizaje social, no es imposible: se puede desaprender. “Lamentablemente
ARTEMIO GUERRA BAZ/CUARTOSCURO
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Culto a la muerte
hay intereses económicos multimillonarios que hacen difícil realizar labores verdaderas de prevención”. Al respecto, la doctora Gómez San Luis observa que, por esos mismos intereses, “los tratamientos de rehabilitación están más enfocados a que el individuo en forma personal adquiera habilidades para evitar caer en el narcotráfico y consumo de drogas”. Es decir, la responsabilidad está recayendo en la persona cuando el fenómeno es social, y se debe corregir de manera colectiva. La narcocultura ha sido estudiada como el repertorio simbólico del “pueblo criminal” que retrata la vida cotidiana de los narcotraficantes. Sus expresiones son entendidas como un registro fidedigno de la vida de los traficantes, con una estética transgresora que presenta el exceso y la ostentación como formas de dominación, apunta el catedrático José Carlos G Aguiar en su análisis
¿A quién le piden los narcos? Emancipación y justicia en la narcocultura en México. Agrega que en el contexto de impunidad, corrupción y violencia expansiva que caracteriza a México se individualizan formas de emancipación social y avance económico, expresado como consumo de bienes materiales, sin importar la forma de acceso. Destaca que el surgimiento de devociones populares, rituales de limpia y sanación, así como distintas formas de empoderamiento espiritual para traficantes, más que mostrar el poder del mundo del narcotráfico, dejan de manifiesto la vulnerabilidad y el miedo de los actores criminales. En altares y “catedrales” de “narcocultos”, los traficantes aparecen como seres vulnerables en búsqueda de protección, situación que permite entender los mecanismos culturales que los cri-
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CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO
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La “Santa” que no distingue a pobres de ricos ni a buenos de malos
minales utilizan para investirse de poder e impunidad. Es un registro fidedigno de la vida de los traficantes. Aunque es una cultura “mediada” que circula en diferentes formatos, incluyendo películas, obras literarias, telenovelas y la industria musical, en donde la narcocultura es valorada como un registro real, veraz, de los riesgos, la violencia y la corrupción que los traficantes enfrentan, considera el análisis. En el documento, el catedrático indica que las expresiones culturales del narcotráfico tienen un carácter biográfico, ya que se habla desde el punto de vista de los traficantes. Entre los temas predilectos se encuentran el dinero, las drogas, el tráfico, la violencia, las armas, los lujos, la ostentación, el sexo y la corrupción de las autoridades. Sin embargo, Carlos Aguiar sostiene que aunque la narrativa de la narcocultura puede incluir múltiples voces y situaciones, en general se 28
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habla menos o poco de las víctimas, el dolor o el trauma social de la muerte y criminalidad del narcotráfico. “Como referentes culturales, los cuernos de chivo, las camionetas Hummer, la joyería despampanante, las atractivas mujeres, son indicadores de la “identidad” del narcotráfico. En la exhibición de armas y violencia se encuentra la representación del criminal como un sujeto exitoso, liberado, que ha alcanzado una movilidad social considerable”, añade el estudio. También considera que la narcocultura es el discurso que permite entender la criminalidad como una forma legítima de vida, donde la ilegalidad es un mecanismo de emancipación social. El crimen organizado se configura en un campo social legítimo para obtener éxito, poder e impunidad, reclamando una especie de soberanía sobre los territorios y las vidas de sus habitantes.
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El narcotráfico como cambio social Aunque la narcocultura ha ganado un amplio gusto popular, como la música o las series televisadas, también se encuentran registros oscuros, abominables, que no son vistos ni aceptados. Prácticas como la adoración del diablo en la ciudad de Pachuca, el uso ritual de sacrificios humanos y la antropofagia con los Templarios no cuentan con legitimidad social, indica el doctor José Carlos G Aguiar, profesor titular en la Universidad de Leiden, Países Bajos. “En los procesos de legitimación social de actores violentos o criminales, la cultura se ha estudiado como un recurso clave para ganar legitimidad entre la población. Formas de acción comunicativa, como la producción de mensajes o símbolos que apelan a una identidad social o grupal, pueden ser recursos para ganar simpatía, detentar autoridad y así gobernar sobre poblaciones”, enfatiza. Explica que las devociones populares vinculadas con el mundo criminal en México tienen la función de legitimar la presencia y función del capo y de su organización. “Una vez reconocidos como actores reguladores de la seguridad y protección física, los actores criminales hacen uso de recursos simbólicos como lo son santos y cultos; con estas imágenes y prácticas se definen y circulan nociones de protección y justicia social”. En las oraciones y ofrendas a la Santa Muerte y el Angelito Negro se encuentran las biografías de los devotos, las preocupaciones de jóvenes que viven entre el orden de las instituciones y el orden de los criminales. La protección de un santo es útil para dar sentido a sucesos diarios imprevisibles, como la muerte o la desaparición. “Curiosamente, los eventos traumáticos que los narcos viven son muchas veces los mismos de la
En todo proceso de legitimación juega un papel preponderante la producción de símbolos. Busca generar simpatía e identidad grupal y social sociedad en su conjunto”. Concluye que amplios sectores sociales en México se sienten presos de la violencia cotidiana de grupos criminales y el Estado, atrapados en la incertidumbre que la criminalidad genera y la impotencia ante la falta de justicia, donde “la narcocultura funciona como un recurso para la emancipación social, y además nutre la soberanía de actores criminales”.
IVAN STEPHENS/CUARTOSCURO
“Puede sonar contradictorio o perverso, pero la criminalidad en México es un mecanismo para generar cambio social: libera al individuo de los mecanismos de control social y el orden de la ley. El mundo del tráfico de drogas y sus referentes simbólicos, están inscritos en contextos más amplios que ordenan y dan sentido a los sistemas de violencia y muerte en México”, agrega.
Normallizar y defender acciones contrarias a la ley
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En la “Catedral de la Santa Muerte 333” (número que se refiere a los tres poderes a los que está dedicada la catedral: los de Dios, la Santa Muerte y Satanás), ubicado en el mercado Sonorita de Pachuca, Hidalgo, funciona como un santuario donde los devotos se reúnen, expresan sus necesidades y piden una respuesta a una situación, un milagro, apunta en su investigación Carlos Aguiar, investigador adscrito al Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. Añade que otros devotos acuden para hacerse “trabajos de protección” de las envidias, la violencia, la enfermedad, el miedo o la muerte, rituales de limpieza y curación, o a pedir asistencia para entierros. Pero también la Santa Muerte es muy conocida por sus supuestos milagros en cuestiones de relaciones y amor. Este tipo de creencias apuntan que la Santa Muerte trae el bien, el amor, la vida, la salud o una novia, pero también el mal, la enfermedad, la desesperación y la destrucción. Su feminidad la faculta para el cuidado de los otros y la atención de los enfermos, de los vulnerables: es la madre amorosa. Según el análisis, vendedores ambulantes, sicarios, adictos, madres solteras con hijos desahuciados o estrés económico, trabajadores sexuales, transexuales, migrantes, parejas del mismo sexo, narcotraficantes, muchos jóvenes en busca de trabajo o de una salvación, y que son devotos a esta figura, creen en la justicia que emana de la mano de la Santa Muerte, de
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CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO
EL CULTO A TRES DE LAS FIGURAS EMBLEMÁTICAS
su poder de acción y protección. Añade que los devotos piden a la Santa Muerte cosas que no se atreverían a pedirle a los santos reconocidos por la Iglesia Católica, pues creen que es poderosa porque tiene en sus manos la herramienta que corta el hilo de la vida, hace la verdad evidente y ejerce justicia, administra la línea entre la vida y la muerte, puede finalizar de golpe la vida de los enemigos, o justo salvar la de los seres más queridos. “Ella es el ángel de la muerte que recolecta las almas para conducirlas al más allá. Ella es también una fuente de justicia, porque con su mano da a cada devoto lo que le corresponde y no lo que le pide. La capacidad de justicia de la Santa Muerte está relacionada con la fe del devoto, con su paciencia, disciplina y veneración incondicional, pura, honesta.” Alrededor de la veneración de esa imagen se aglutinan co-
lectivos sociales con conflictos de visibilidad y legitimidad, donde desempleados, minorías sexuales, criminales, policías y militares, devotos y no creyentes son todos explícitamente bienvenidos a los altares o templos erigidos para su devoción, explica el profesor visitante en la Universidad Libre de Berlín (2012, 2013) y del Colegio de México (2015).
El Angelito Negro En la misma catedral de la Santa Muerte hay imágenes especializadas en la criminalidad, como un altar a Jesús Malverde, visto como protector de los traficantes de drogas, pero también el poder del mal, y la capilla al “Angelito Negro”, así como San Nazario, que son impensables en contextos religiosos institucionales. En el inframundo que representa la capilla del Angelito Negro
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y el poder de las imágenes de Satanás se hace visible la estética del mal, por donde circulan los malos deseos y energías. Pareciera como si el visitante hubiera bajado al infierno, apunta el académico. Dice que en estos altares, que son más bien unas vitrinas de cristal, se encuentran dos imágenes del Angelito Negro. La más grande representa a un ranchero de tez negra, vestido con traje y botas de texano y soga en mano. Aunque dos enormes cuernos crecen de su frente, signos inequívocos del diablo, el angelito lleva puesto un sombrero de ranchero. La imagen representa el arquetipo del narcotraficante rural del México de la década de 1970 hasta 1990, cuando los capos del narco eran hombres del campo, que cultivaban ellos mismos las plantas, y estaban en contacto con la naturaleza. El angelito vestido de ranchero está sentado en un trono; es un “chingón”. La capilla fue construida en 2012 para venerar al Angelito Negro, “el patrón” Satanás. En la capilla la gente reza y hace peticiones, y se realizan “trabajos” espirituales y espiritistas. El Angelito Negro es muy socorrido por narcotraficantes que vienen a pedir protección de sus enemigos, o antes de realizar operaciones de alto riesgo.
San Nazario José Carlos G Aguiar indica que ningún otro “jefe” en la historia del crimen organizado en México ha hecho uso de recursos culturales de manera tan notoria como Na-
zario Moreno González, el primer líder del que se tenga registro que haya escrito libros e ideado devociones religiosas, a fin de ganar control y legitimidad sobre territorios y poblaciones en Michoacán. Nazario desarrolló un sistema cultural original para recolectar recursos, ejercer violencia y obtener apoyo popular e impunidad. Entre su producción cultural se encuentran dos libros de su autoría, el decálogo de los Caballeros Templarios y un culto religioso alrededor de su persona. Nazario Moreno encontró inspiración en la figura histórica de los caballeros medievales que lucharon durante las Cruzadas en el siglo XII para formular su propia respuesta al desorden y la violencia impuestos por los Zetas. Desde la aparición de la Familia Michoacna en 2006, el grupo criminal tenía como propósito restablecer “el orden” que el cártel del Golfo, los Zetas y el cártel de Sinaloa habían roto. Pero el proyecto “moral” de justicia “divina” de la Familia fue interrumpido en diciembre de 2010, cuando el Chayo fue reportado muerto en la “guerra contra las drogas” comandada por Felipe Calderón. Luego del anuncio de la muerte de Nazario, la Familia parecía desvanecerse como organización, pero al mismo tiempo se consolida un mito. Un rumor corría por la Tierra Caliente y los valles de Michoacán de que Nazario estaba todavía vivo. Pero Nazario ya no era el mismo. La gente decía haber visto el espíritu de Nazario en apariciones, vestido de blanco como un Cristo
reluciente y haciendo milagros. Inspirado de nueva cuenta en los Caballeros Templarios, Nazario se hizo representar a sí mismo por medio de figuras religiosas, vistiendo la túnica franciscana y una armadura medieval, realizando milagros y rituales. Al convertirse en un icono religioso, Nazario es el primer “santo” secular del narcotráfico; es el primer jefe de un cártel u organización criminal que se hace presentar a sí mismo como santo y protector de los miembros de su propio grupo. En 2010 aparece un segundo libro atribuido a Nazario, titulado Me dicen el más loco, donde el autor muestra su motivación filosófica y espiritual para incorporarse al crimen organizado. El código y el santo protector dan muestra del surgimiento de un nuevo grupo, la Orden de los Caballeros Templarios, que tuvo su auge entre 2010 y 2014. Nazario esperaba que los miembros de su organización criminal se convirtieran a la religión que él mismo había fundado. Nazario y los Templarios hicieron uso de la violencia de una manera tan estridente como los Zetas. Es decir, Nazario es al mismo tiempo la causa de la violencia y también se presenta como la solución a ella. Pero en marzo del 2014 la Marina anunció sorpresivamente que había acribillado a Nazario, y el cadáver fue exhibido como prueba forense incuestionable de su muerte, a fin de hacer evidente que en esta ocasión se trataba de la “verdadera” y “última” muerte de Nazario.
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ANÁLISIS INTERNACIONAL
LAS EMBAJADAS Y LA INJERENCIA DE ESTADOS UNIDOS EN AMÉRICA LATINA Es necesario entender rol de las embajadas de Estados Unidos en la región y su vinculación con los golpes de Estado. Abundantes los casos de operaciones encubiertas para deponer a mandatarios electos democráticamente, en muchas ocasiones los estadunidenses ya ni se molestan en no dejar rastro
DAVID MANRIQUE
SILVINA ROMANO, DOCTORA EN CIENCIA POLÍTICA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOVA, ARGENTINA/ARANTXA TIRADO, DOCTORA EN RELACIONES INTERNACIONALES E INTEGRACIÓN EUROPEA POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA/TAMARA LAJTMAN, MAESTRA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, UNAM Y ANÍBAL GARCÍA FERNÁNDEZ, MAESTRO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS POR LA UNAM/CELAG
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INTERNACIONAL ANÁLISIS
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l golpe de Estado en Bolivia contra el gobierno del Movimiento al Socialismo (Mas) ha vuelto a poner en agenda el debate sobre el papel de las embajadas, a propósito del asilo político que varios funcionarios bolivianos solicitaron al gobierno de México. Considerando el contexto histórico y político, estos hechos invitan también a revisar el rol de las embajadas de Estados Unidos en la región y su vinculación con los golpes de Estado como parte de operativos encubiertos. A raíz de una visita de cortesía de diplomáticos españoles a la Embajada de México en La Paz se produjo la denuncia del gobierno de facto sobre la supuesta injerencia y vulneración a las leyes bolivianas, ante la sospecha de una posible ayuda de las autoridades españolas para facilitar el traslado de los asilados a México –en un contexto de hostigamiento sistemático y de negación a otorgar el salvoconducto a los asilados–. Entre los asilados está Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia y fuertemente implicado en el proceso de cambio en el país. Su labor de denuncia de la injerencia estadunidense en Bolivia [1] lo ha puesto en la mira de Estados Unidos desde hace años [2].
¿Qué rol cumplen (deberían cumplir) las embajadas? Una embajada es la sede de la representación diplomática de un Estado acreditante en otro Estado receptor. Pero el término “embajada” también designa el cargo del embajador, a la plantilla de empleados a cargo del embajador, a la residencia de quien representa a dicho Estado acreditante e, incluso, a los mensajes que se envían entre jefes de Estado [3]. En esencia, se trata de una misión diplomática permanente que representa los intereses del Estado acreditante en el territorio de otro Estado receptor. No obstante, las sedes de las em-
bajadas tienen un estatus extraterritorial al aplicar entre sus paredes las leyes del Estado de origen. Legalmente, las embajadas son una especie de “enclave” territorial extranjero en territorio de la nación que alberga la embajada. A pesar de ello, su actividad y la de su personal diplomático en el Estado receptor está regulada por distintos convenios internacionales. El principal es el Convenio sobre Relaciones Diplomáticas, firmado en Viena el 18 de abril de 1961, también llamado Convención de Viena. Uno de los derechos que reconoce la legislación internacional es la inviolabilidad de las embajadas. En este sentido, el Convenio de Viena es claro en su artículo 22.1 cuando establece: “Los locales de la misión son inviolables. Los Agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del Jefe de la misión” (ver también artículos 22.2. y 22.3.). La inviolabilidad se extiende, asimismo, a los agentes diplomáticos en el artículo 29: “La persona del Agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad”. Un dicho bastante conocido en América Latina y el Caribe es que “en Estados Unidos no ha habido golpes de Estado porque allí no hay embajadas de Estados Unidos”. Es una frase que sintetiza el rol activo de embajadas estadunidenses en golpes de Estado (blandos, convencionales, etcétera) en la región.
La Embajada de Estados Unidos y el golpe en Paraguay Uno de los casos paradigmáticos de desestabilización del gobierno paraguayo y antesala del golpe que se procesaría 2 años
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Antes del golpe de Estado en Honduras, el embajador de EU se reunió con empresarios y congresistas opositores hondureños. Les dio su ‘apoyo’
después contra Fernando Lugo, fue el juicio político contra el entonces ministro de Defensa general Luis Bareiro Spaini en 2010, en el que la Embajada estuvo directamente involucrada: El 19 de febrero de 2010 se realizó un almuerzo organizado por la embajadora Liliana Ayalde al que concurrieron altos funcionarios del gobierno paraguayo y generales del Ejército estadunidense. En la ocasión, se habló de “la pésima gestión administrativa del presidente Fernando Lugo que lo hace merecedor de un urgente e innegociable juicio político” [4]. A raíz de lo ocurrido, Bareiro Spaini envió una carta a la embajadora Ayalde (22 de febrero de 2010), con copia al Comando Sur y al Pentágono, pidiendo explicaciones [5]. La “osadía” del ministro fue motivo para que la Cámara de Diputados aprobara una “declaración de censura”. En agosto de 2010, tras la no aprobación del presupuesto militar, Bareiro Spaini puso su cargo a disposición. Es fundamental tener en cuenta que Bareiro Spaini defendía una alianza militar
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regional en el ámbito de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) como alternativa frente a los acuerdos de defensa y seguridad con Estados Unidos y Colombia. Ejemplo de ello fue el rechazo en 2009 a la entrada de 500 militares estadunidenses para el operativo Nuevos Horizontes programado para 2010.
La Embajada de Estados Unidos y el golpe en Honduras Antes del golpe de Estado en Honduras el embajador Hugo Llorens tuvo reuniones con congresistas hondureños, miembros del sistema de justicia, empresarios y el entonces presidente Manuel Zalaya en torno al llamado a consulta popular –postulado por el gobierno– para convocar una Asamblea Constituyente (dicha consulta había de hacerse en el marco de elecciones presidenciales en noviembre de 2009). Fue este llamado a consulta lo que desencadenó el golpe de Estado. De hecho, el mismo embajador declaró ante la prensa: “…Uno no puede violar la Constitución para crear una Constitución, porque sería como vivir en la ley de la jungla” [6]. En un cable de Wikileaks se menciona una llamada entre Elvin Santos (quien fue vicepresidente y viejo conocido del embajador, pues estudiaron juntos) con Vilma Morales, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, quien ve una “polarización en el país”. El comentario del embajador posiciona a Roberto Micheletti por encima de Santos en el conocimiento del país y su vínculo con la élite política. Según el embajador, Micheletti comentó que Zelaya cumpliría su mandato, “ni un día menos, ni un día más”. Morales dejó claro que “ella era amiga de Estados Unidos y que continuaría desempeñando ese papel” [7]. Ante la consulta para una Asamblea Constituyente, Llorens se reunió en la em-
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bajada con el presidente Zelaya, Roberto Micheletti, Elvin Santos y Porfirio Lobo Sosa. También asistió el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez. En dicha reunión se le planteó a Zelaya la anulación de la consulta [8]. En otro cable de Wikileaks se menciona una llamada entre el embajador Llorens y la fiscal general, Leonida Rosa Bautista, el 29 de septiembre de 2008. Se discutió el apoyo de Estados Unidos al Ministerio Público hondureño, destacando su buen desempeño. La relación de la fiscal con el embajador era fluida [9].
La Embajada de Estados Unidos y el golpe en Brasil Existen diversas fuentes que dan cuenta del vínculo del sector público-privado esta-
dunidense con el impeachment a Dilma Rousseff y el desarrollo de la causa judicial del Lava Jato, que implicó el encarcelamiento de Lula da Silva y la imposibilidad de presentarse a elecciones. En torno al rol de la Embajada de Estados Unidos y acciones diplomáticas concretas de apoyo al golpe a Rousseff destaca, en primer lugar la casual presencia de Liliana Ayalde como embajadora de Estados Unidos en Brasil [10], pero también la figura de Michel Temer como informante de la embajada estadunidense y el viaje del opositor Aloysio Nunes a Estados Unidos al día siguiente del golpe a Rousseff. La embajadora de Estados Unidos en Brasil, Liliana Ayalde, había sido embajadora en Paraguay durante la preparación del golpe de Estado a Fernando Lugo (2012), golpe que mantiene características
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similares al de Brasil, tras la fachada de juicios políticos. Michel Temer (vicepresidente durante el gGobierno de Rousseff) fue uno de los protagonistas del impeachment y asumió como presidente, luego de que la mandataria fuese destituida de su cargo. Este rol no es casual. Desde hacía años Temer se desempeñaba como uno de los informantes privilegiados de la Embajada de Estados Unidos en el país, brindando información clave. En una de sus reuniones con miembros de la Embajada afirmaba que el triunfo de Lula había generado una gran esperanza en el pueblo brasileño, pero que su gestión era decepcionante. Advertía que Lula tenía una visión muy estrecha y que ponía demasiada atención en programas de seguridad social que no generarían desarrollo económico alguno; temía por este giro a la izquierda. También acusaba al PT de corrupción y fraude electoral –cargos similares a los que se utilizaron como pilar del golpe a Dilma–, además de sugerir quitar del poder al PT [11]. Al día siguiente del impeachment en la Cámara de Diputados, el senador Aloysio Nunes, del PSDB (principal partido opositor) y una de las figuras clave en el impeachment que se haría en el Senado, fue a Estados Unidos por 3 días. Nunes apoyó con su presencia las primeras manifestaciones en Sao Paulo contra el resultado a favor de Dilma Rousseff en las urnas, acusando al PT de fraude. En su viaje, autorizado por Michel Temer (una especie de “visita oficial” por entonces) se reunión con Bob Corker y Ben Cardin del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. También se hizo un tiempo para ver al exembajador de Estados Unidos en Brasil, Thomas Shannon, y comer con el lobby del grupo empresarial Albright Stonebridge, dirigido por la exsecretaria de Estado de Bill Clinton, Madeleine Albright y por Carlos Gutiérrez, exsecretario de Comercio de George Bush
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y expresidente del Consejo de Administración de Kellogg [12].
La Embajada de Estados Unidos y los golpes en Venezuela Las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Venezuela y de Estados Unidos han sido conflictivas desde el triunfo de la Revolución Bolivariana. Esto ha provocado la ruptura de relaciones entre ambos países en varios momentos [13], con lo cual la respectiva representación diplomática se ha mantenido al mínimo y, desde 2010, no ha habido intercambio de embajadores. Esto significa que los planes golpistas de Estados Unidos se coordinaron y ejecutaron directamente desde Washington [14]. Aun así, destacan algunos momentos de la
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dó, se produjo un episodio inaudito de injerencia y vulneración de la soberanía nacional que compete a las embajadas, aunque en territorio estadunidense. La Embajada de Venezuela en Washington fue hostigada durante semanas y finalmente allanada por la policía estadunidense [16] para entregársela a los representantes de Juan Guaidó.
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La Embajada de Estados Unidos y el golpe en Bolivia
injerencia in situ con participación de las embajadas: Tras las denuncias de Hugo Chávez de los bombardeos estadunidenses sobre población civil afgana en octubre de 2001, la entonces embajadora estadunidense en Caracas, Donna Hrinak, fue llamada a consulta desde Washington y regresó con un mensaje desafiante y amenazador contra el presidente Chávez. Se rompieron las relaciones hasta marzo de 2002, cuando llegó a Caracas el nuevo embajador, Charles Shapiro, con experiencia en el Chile de Allende y en la Centroamérica de la década de 1980 [15]. En abril de 2002 Chávez sufrió un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. Durante el último intento de golpe de Estado iniciado en enero de 2019 contra Nicolás Maduro, liderado por Juan Guai-
La Embajada ha sido históricamente activa (injerencista) en la vida política boliviana, siendo el momento culmine el intento de golpe cívico-prefectural de en 2008, que derivó en expulsión del embajador Philip Goldberg [17]. Destacan, por ejemplo, vínculos de la embajada con miembros del Comité Pro Santa Cruz como Rubén Costas y Branko Marinkovic [18]. En la coyuntura del 21F se han denunciado reuniones entre el entonces encargado de Negocios de la Embajada, Peter Brennan, y el director de Inteligencia durante el gobierno del MIR, Carlos Valverde (detenido por narcotráfico y quien lanza por primera vez las denuncias que se articulan en el llamado “Caso Zapata”) [19]. En noviembre de 2017, poco antes de concluir sus funciones en Bolivia, Brennan se reunió con Carlos Mesa. Según ambos, se trató de una visita de “cortesía”, para la presentación de nuevos funcionarios de la Embajada. El canciller boliviano, Fernando Huanacuni, denunció que el encuentro rompía con los lineamientos de la Convención de Viena, que determina que la despedida o presentación de funcionarios debe hacerse en la Cancillería [20]. Consumado el golpe, Erick Foronda Prieto, periodista boliviano que trabajó durante más de 20 años en la oficina de
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prensa de la Embajada en La Paz, pasó a ocupar el cargo de secretario privado de la presidenta de facto, Jeanine Añez. El tipo de actividades realizadas desde la Embajada coincide con los mecanismos e incluso los objetivos de los operativos encubiertos, comúnmente asociados al espionaje en el marco de la Guerra Fría. Como se lee en los primeros documentos que dieron forma a la institucionalización de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), estos operativos implican…
Las Embajadas de Estados Unidos y operativos encubiertos Las acciones enumeradas, realizadas en el marco de las embajadas estadunidenses en América Latina y el Caribe, no
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sólo pueden ser comprendidas como actos de espionaje, sino como operativos encubiertos. A inicios de la Guerra Fría, en el contexto de conformación del Estado de Seguridad Nacional en Estados Unidos [21] se organizó el aparato de inteligencia y se definió (entre otras cuestiones) el propósito y alcance de las operaciones encubiertas. Actualmente, se advierten al menos cuatro tipos de acciones encubiertas: acciones políticas, acciones económicas, propaganda y acciones paramilitares [22]. El modo en que operan diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en procesos de desestabilización política y económica que, en algunos casos, como los mencionados, terminan en golpes de Estado, podría ser considerada parte de operativos encubiertos, en particular en el tipo de operativo centrado en acciones
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Notas [1] Fue coordinador de dos obras clave sobre el tema: Bolivialeaks http://biblioteca. clacso.edu.ar/clacso/se/20160721111214/ BoliviaLeaks.pdfy Un siglo de intervención de EE.UU. en Bolivia https://www. consuladodebolivia.com.ar/2017/05/30/ descarga-los-6-tomos-del-libro-siglo-intervencion-ee-uu-bolivia/ [2] https://www.state.gov/reports/2016-country-reports-on-human-rights-practices/bolivia/ y https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/bolivia/ [3] https://dle.rae.es/?w=embajada [4] https://idl-reporteros.pe/paraguay-el-obispo-y-sus-tiburones/3/ [5] http://www.apublica.org/wp-content/ uploads/2012/11/IMG_2396.jpg [6] https://www.laprensa.hn/honduras/530687-97/uno-no-puede-violar-la-constitucion-llorens [7] https://wikileaks.org/plusd/cables/08TEGUCIGALPA886_a.html [8] http://www.radiolaprimerisima.com/ noticias/general/56010/hugo-llorens-detras-del-golpe-de-estado-en-honduras/ [9] https://wikileaks.org/plusd/cables/08TEGUCIGALPA910_a.html [10] http://www.brasilwire.com/empire/ [11] https://wikileaks.org/plusd/cables/ 06SAOPAULO30_a.html#efmAJZAKWAKfAK-ARrASHAS1ATbCf0Cf9CgLCgZDOLDOVDWDDX7EGjEHl [12] https://theintercept.com/2016/04/18/after-vote-to-remove-brazils-president-key-opposition-figure-holds-meetings-in-washington/ [13] https://www.semana.com/mundo/ articulo/nicolas-maduro-expulsa-al-embajador-de-estados-unidos-en-venezuela/568210 [14] https://www.diariolasamericas.com/
america-latina/informe-otalvora-eeuu-reune-washington-los-partidos-que-apoyan-guaido-n4189721 [15] https://www.aporrea.org/tiburon/ a138970.html [16] https://www.democracynow.org/ es/2019/5/14/titulares/police_raid_activists_occupying_venezuelan_embassy_in_dc [17] http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/ se/20160721111214/BoliviaLeaks.pdf [18] http://wl.1-s.es/cable/2008/03/08LAPAZ693.html [19] https://www.telesurtv.net/bloggers/ Entrevista-a-Juan-Ramon-Quintana-ministro-de-la-Presidencia-de-Bolivia-20160726-0006.html [20] http://www.la-razon.com/nacional/Brennan-Mesa-interrogantes-relacionamiento-Bolivia-EEUU_0_2820317975.html [21]Wills, G (2010) Bomb power. The modern presidency and the national security state. New York: Penguin Books. [22] Stempel, J (2007) “Covert Action and Diplomacy” International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 20:1, 122-135.
Las acciones de las embajadas estadunidenses en América Latina y el Caribe son, más allá de espionaje, operativos encubiertos ilegaes
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políticas (que implica actividades variadas que van desde apoyo financiero a grupos opositores hasta la creación de grupos insurgentes).
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PARAGUAY UN STATU QUO AGÓNICO PERO RESISTENTE Un paso ineludible para el fortalecimiento democrático en Paraguay es convencer a ciertos sectores de que si de verdad se quiere cambiar el sistema, hay que dejar de bailar al compás del Partido Colorado. El sistema agoniza y la democracia paraguaya necesita nuevos aires
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MARCOS PÉREZ TALIA, ABOGADO Y DOCENTE UNIVERSITARIO; MAESTRO EN CIENCIA POLÍTICA POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA/CELAG
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a democracia en Paraguay no goza de buena salud. Cualquiera de las tantas mediciones sobre calidad de la democracia en la región podría corroborar que la paraguaya no se sitúa en lugares recomendables. Si bien estos índices de medición de democracia son problemáticos desde una óptica teórica y metodológica pueden, sin embargo, servir como llamados de atención de que algo está pasando en Paraguay. Los datos de Cultura Política tampoco muestran un panorama más positivo. Según el último informe del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por su en inglés, 2018), en Paraguay el apoyo a la democracia cayó de 60.6 por ciento en 2008 a 48.6 por ciento en 2016/17. A modo de comparación, en el mismo periodo (2016/17) el apoyo a la democracia en Argentina se situó en 77.2 por ciento. La confianza en los partidos políticos también decreció a niveles muy bajos. La satisfacción con la democracia es otro indicador que llama la atención en Paraguay. Los datos muestran muy poca satisfacción con la democracia antes de la llegada de Fernando Lugo y el Partido Liberal al poder (la primera alternancia por vía democrática en casi 200 años de vida independiente). El año 2010, coincidente con la mitad de mandato de Lugo, es el único periodo de tiempo en que la satisfacción es superior a la insatisfacción. Luego decrece nuevamente la satisfacción, llegando a posiciones muy bajas en el último año de mandato de Horacio Cartes. La paradoja del caso es que en las elecciones presidenciales de 2018 volvió a triunfar el Partido Colorado, de la mano de Mario Abdo Benítez, hijo de un alto jerarca de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989). Salvo el interregno del 2008-2013 en que gobernó la oposición, el Partido Colorado gobierna el
país desde 1947 (casi 70 años) con niveles muy altos de apoyo electoral. Sin perjuicio de los errores que pudo haber cometido la oposición (sobre todo durante el gobierno 2008-2013 que acabó con la destitución de Lugo), pareciera que el electorado paraguayo –si bien no está conforme con la gestión política– no atribuye al partido gobernante desde hace 70 años los males que aquejan a la democracia. Al menos no en exclusividad. Por ello, en seis de las siete elecciones en tiempos democráticos triunfó el Partido Colorado, aunque en las últimas elecciones de 2018 hubo un tufo importante a fraude electoral que la Justicia Electoral no esclareció adecuadamente. En agosto de 2018 inició su mandato el colorado Mario Abdo Benítez. Su partido fue, como en toda la era democrática, el más votado en Diputados, Senado y parlamentarios del Parlasur; a ello se suma el hecho de que triunfaron en 13 de las 17 gobernaciones del país. Al menos hasta 2023 Paraguay seguirá siendo, como expresó la investigadora argentina Mariana Fassi, “un estado colorado perfecto”. Pero a diferencia de otros tiempos la ciudadanía parece estar mostrando síntomas de menor tolerancia hacia el statu quo. Es cierto que las últimas elecciones presidenciales de 2018 mostraron más continuidades que cambios. Sin embargo, es incuestionable que, al margen de los canales institucionales de la política, están ocurriendo ciertos fenómenos que hacen pensar que algo podría cambiar en el futuro. La revuelta estudiantil “UNA [Universidad Nacional de Asunción] no te calles”; el freno ciudadano a la enmienda para incorporar la reelección de Cartes; la inesperada caída de poderosos de la Justicia como Oscar González Daher o Javier Díaz Verón; la renuncia a sus bancas de José María Ibáñez y Jorge Oviedo Matto; o, más recientemente, la pérdida de investidura de los poderosos senadores Víctor Bogado y Dionisio
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sorprenda, era un secreto a voces: el Partido Colorado financió campañas de algunos sectores de la oposición para, entre otras cosas, evitar la unidad. Este es sólo un ejemplo de tantos a lo largo de estos 30 años de democracia. También al interior del Partido Liberal el coloradismo tiene aliados importantes. El Partido Colorado tiene esa “virtud” de ser poder y oposición al mismo tiempo; una fuerza centrípeta que atrae hacia su eje de acción a las demás fuerzas políticas nacionales. Tantas décadas en el poder, con tantos grupos económicos que financian su estructura y permanencia, le convirtieron en el actor central de la política paraguaya. Es, sin dudas, el que mejor sabe jugar las partidas y, sobre todo, el que comprendió – luego de tantas crisis– que el poder debe ser conservado a cualquier precio. Parte de esa estrategia pasa por cooptar a sectores de la oposición.
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El Partido Colorado tiene la ‘virtud’ de ser poder y oposición al mismo tiempo; una fuerza que atrae a su eje a las demás fuerzas políticas
Amarilla son signos de que, al margen de la operacionalización política tradicional, pueden también llevarse a cabo cambios importantes. En julio de 2019 el propio presidente Abdo Benítez estuvo a horas de ser destituido por juicio político, producto de un acuerdo secreto y dañino para los intereses nacionales suscrito con Brasil en torno a la represa hidroeléctrica de Itaipú. Fue salvado in extremis por la facción de Horacio Cartes, su rival interno colorado, aunque la legitimidad del presidente y la aprobación de la ciudadanía hacia su gobierno cayeron estrepitosamente. Ahora bien, las (re)lecturas de los trabajos clásicos de Robert Dahl nos recuerdan que para una buena democracia no sólo es importante el gobierno sino también la oposición. En las últimas semanas un sector de la izquierda paraguaya proyectó un lamentable episodio que, aunque todavía
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Durante estos tiempos convulsos del gobierno de Mario Abdo, dos actores políticos de la oposición intentaron marcar la agenda política, fijando posiciones críticas frente a la débil gestión gubernamental actual y, en general, en contra del mismo “sistema”. Uno de ellos es Paraguayo Cubas, un polémico senador recientemente expulsado de su banca por un supuesto uso indebido de influencias. Payo Cubas, como se le conoce, es un político independiente que con sus declaraciones agresivas y autoritarias se ganó el odio de las clases más acomodadas y la simpatía de los más desfavorecidos. El otro actor opositor que aún se mantiene vigente es el liberal Efraín Alegre. En 2013 perdió las presidenciales frente al colorado Horacio Cartes, luego de la división de la coalición gobernante (liberales más la izquierda) por motivo del juicio político a
Fernando Lugo en 2012. La alianza de partidos que lideró Alegre en 2013 intentó hasta último momento pactar con el sector de Mario Ferreiro (exintendente de Asunción y líder de un sector de la izquierda más urbana) a fin de acortar distancias con Cartes. Pareciera que el escándalo que sacude actualmente al sector político de Mario Ferreiro, producto de la financiación oculta que recibieron de Cartes, explicaría el infructuoso acuerdo opositor, lo cual facilitó en cierta medida el retorno del coloradismo al poder. En 2018 Efraín Alegre volvió a liderar la fórmula opositora, esta vez con todos los sectores de izquierda, aunque nuevamente no le alcanzó para hacerse con el poder. La unión de las dos facciones del Partido Colorado (lideradas por Cartes y Mario Abdo), la inédita actuación de los medios de comunicación hegemónicos que no pararon de
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publicar encuestas groseramente equivocadas (que daban como ganador a Mario Abdo por más de 20 por ciento), y las bocas de urnas del día de las elecciones que aseguraban el triunfo abrumador del “candidato que siempre estuvo arriba en las encuestas” favorecieron de buena manera un nuevo triunfo del coloradismo. Sin embargo, los sorprendentes 3 puntos de diferencia que arrojó el resultado final lejos estuvieron del escenario “estadísticamente irreversible” y del “triunfo arrollador” que los medios de comunicación montaron en los meses previos. A ello habría que sumar las serias denuncias de fraude con posterioridad a las elecciones, producto de unas filtraciones de audios a un alto funcionario electoral. A diferencia de 2013, en que Efraín Alegre fue derrotado sin reparos ni dudas, en 2018 un manto de incertidumbre rodeó a las
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elecciones. De alguna forma, eso le significó un (nuevo) balón de oxígeno político entendiendo que el casi 43 por ciento de votos que obtuvo necesitaba cierta conducción y representación mirando hacia adelante; o al menos una parte importante de ese porcentaje, máxime cuando todavía no se vislumbran en la oposición nuevos actores de recambio. Durante la campaña del 2018 tuvo mucha repercusión la propuesta de Alegre de reducir drásticamente el costo de la luz a partir de una nueva política energética en torno a las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá. A pesar de su derrota presidencial, siguió insistiendo con dicha propuesta energética, llegando incluso a lanzar un libro colectivo desde el Partido Liberal. La continua presencia de Efraín Alegre en los medios de comunicación producto de “su batalla energética” le valió inmediatamente la apertura
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campaña en busca de articular consensos en la mayor cantidad de candidaturas municipales, a fin de evitar sus clásicas sangrientas primarias. El rol inmediato y necesario de Efraín Alegre, de Fernando Lugo, de los partidos opositores, e incluso de Payo Cubas, se circunscribe en la construcción de un espacio opositor estable en donde pueda confluir esa masa heterogénea y –en ciertos casos– poco cohesionada llamada “oposición”. Evitando caer en el error histórico de discutir nombres, es necesario primeramente articular demandas y ampliar interlocutores válidos de la sociedad. Un paso ineludible es convencer a ciertos sectores de que si de verdad se quiere cambiar el sistema, hay que dejar de bailar al compás del Partido Colorado. El sistema agoniza y la democracia paraguaya necesita nuevos aires. Hay que convencerse de que la lucha merece la pena.
El sistema agoniza y la democracia pararaguaya necesita nuevos aires. La lucha merece la pena. El desafío pasa por la elección de 2020
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de frentes de guerra en la misma oposición. Sin embargo, parece claro que faltando aún más de tres años para las siguientes presidenciales no tiene sentido discutir una eventual (nueva) candidatura de Efraín Alegre ni de ningún otro opositor, tal como sugieren algunos críticos a su gestión. Falta mucho por edificar, mucha tela por cortar y la política paraguaya no deja de dar sorpresas, de tanto en tanto. El desafío a corto plazo de la oposición (especialmente del Partido Liberal) pasa por las elecciones municipales de noviembre de 2020 que, en cierta medida, sirven de termómetro de la política nacional. Los objetivos no son otros que evitar una aplanadora colorada triunfal, retener la mayor cantidad de municipios que se encuentran en manos de la oposición y, de ser posible, intentar arrebatar al Partido Colorado municipios donde actualmente gobierna. El actual Directorio del Partido Liberal prosigue su
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ESPECIALES
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ENTREVISTA
ESPECIALES
La Lucha por
La iguaLdad, eL epicentro
deL en
progresismo
américa Latina:
garcía Linera
Lo que está en disputa en América Latina no es tanto la “democracia” como forma de gobierno, señala el exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, depuesto junto con todo el gobierno del presidente Evo Morales por un golpe de Estado. Lo que está en disputa, explica, es el significante de lo democrático: como modo de construcción ampliada de igualdades sociales sustantivas o como modo de sujeción de las desigualdades sociales
CENTRO ESTRATÉGICO LATINOAMERICANO DE GEOPOLÍTICA (CELAG)
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ENTREVISTA
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mpecemos hablando de un elemento central de la política: la democracia. ¿Cuál crees que es su estado de salud en la actual América Latina en disputa? —América Latina es el escenario de intensa disputa por lo que va a entenderse y defenderse como democracia. Por una parte están las fuerzas conservadoras, neoliberales y neofascistas, para quienes democracia es y tiene que ser el endurecimiento de los roles, los lugares y las fronteras entre los que mandan, por sus destrezas políticas, y los que obedecen, por su hábito de sumisión; entre los que tienen méritos, conocimientos y son exitosos, y los que son ignorantes y por ello atrasados; entre los que tienen riqueza por sus elevadas competencias, y los pobres que son los fracasados. Para ellos la democracia es sólo un mecanismo de selección rutinaria de los más fuertes, competitivos y astutos para contener y disciplinar a los perde-
No es extraño que, en momentos de emergencia, el discurso neoliberal transite de manera normal al discurso fascistoide. Es parte de su esencia dores. Por eso no es extraño que en momentos de emergencia el discurso neoliberal transite de manera normal al discurso fascistoide, porque es sólo una exacerbación en momentos de excepción. Frente a ellos, está una manera plebeya de entender, practicar y defender la democracia como un continuo movimiento de ampliación de derechos, comenzando por los derechos políticos a participar en la toma de decisiones de la vida en común, culminando en la ampliación del derecho a participar en el disfrute de los bienes económicos de una sociedad, de la riqueza colectiva, de los bienes colectivos y de la propiedad. Democracia como estrategias de contención de la plebe o democracia como igualdad plebeya son las dos narrativas prácticas de lo democrático que se están disputando en el territorio latinoamericano de una manera tal que ninguna logra consolidarse de manera duradera, en medio de avances y retrocesos simultáneos. La democracia de igualdad retroce-
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de en Brasil, pero logra triunfar en México; logra una gran victoria en Argentina, pero cede frente al neofascismo en Bolivia. “A inicios del siglo XXI vino toda una década de una gran oleada de ampliación sustantiva de la democracia que llevó a que la mayor parte de los países latinoamericanos tuviera una sociedad movilizada expandiendo democracia y eligiendo gobiernos progresistas que fueron institucionalizando esos logros. Sin embargo, se trató de una oleada temporal que no logró consolidarse estructuralmente, ya sea por límites y luchas internas como por asedios externos, que dio paso a un reflujo de estas experiencias y a una contraoleada conservadora. Esta última tampoco logró ocupar todo el espacio continental ni articular un horizonte de expectativas de largo aliento, dando lugar a un escenario complejo de una simultaneidad coetánea de oleadas progresistas y restauradoras, de democratizaciones y desdemocratizaciones. Lo paradójico de este escenario es que tanto la ampliación de derechos como la contrainsurgencia social –de hecho, procesos antagónicos– se hacen a nombre de la “democracia”; es como si la palabra desempeñara el rol de un imperativo de verdad, del que nadie puede desprenderse, pero al que todos quisieran darle su propia definición. Por ello lo que está en disputa no es tanto la “democracia” como forma de gobierno sino el significante de lo democrático: como modo de construcción ampliada de igualdades sociales sustantivas o como modo de sujeción de las desigualdades sociales. Y esa batalla por la significación de lo democrático, que tiene a su vez una función performativa de la realidad material del mundo, tiene como escenario a América Latina; una geografía social convulsa, intensa y en muchos aspectos vanguardista. De cierto modo, de lo que pase en América Latina va a depender lo que se entenderá por democracia en el mundo a futuro. —Está claro que para las clases populares la lucha por la democracia y la importancia de los actos electorales sólo cobran sentido si son el modo para lograr la igualdad, la ampliación de derechos, la satisfacción de necesidades. Por eso a medida que las distintas fracciones populares concurren
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en cohesión creciente, la democracia de igualdad gana terreno y legitimidad en nuestras sociedades. E inversamente, a medida que las elites adineradas y privilegiadas logran fragmentar y desmoralizar a los sectores populares, la democracia de contención adquiere preponderancia con su apego a los rituales electorales como único contenido de lo democrático.Y ambas maneras de entender la democracia hoy se disputan en cada rincón del continente, sin una clara supremacía de una sobre la otra, en un tipo de escurridizo y geográficamente cambiante “equilibrio catastrófico”. —¿Pueden convivir el racismo (más estructural) con la democracia en América Latina? ¿Hay solución frente a esa pulsión de odio hacia los sectores populares que se observa en Bolivia, pero también fuertemente en países como Brasil, Perú o Argentina? —Toda sociedad está conformada por personas que tienen más dinero que otras; que poseen
propiedades inmuebles, una o varias, mientras que otras no; o familias cuyos miembros, de dos o más generaciones, han alcanzado profesionalizarse en tanto que otras familias sólo lograron terminar el bachillerato o menos. Pues bien, esas familias que poseen muchas propiedades, mucho dinero, muchos recursos, aunque no se conozcan entre sí, tienen afinidades en su preocupación por defender sus riquezas, por rodearse de personas que piensen más o menos parecido y que sus hijos se emparenten con otros jóvenes que ayuden a preservar o aumentar sus posesiones. Esta convergencia de intereses objetivos y expectativas subjetivas de conglomerados sociales es una clase social.Y lo mismo sucederá con quienes no tienen ninguna propiedad inmueble o muy bajos ingresos monetarios; o entre quienes tienen pequeñas propiedades inmuebles o empresariales. Cada una de estos conglomerados es una clase social o una fracción de clase. Sin embargo, en socie-
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dades poscolonizadas, las diferencias étnicas –ya sea idiomáticas, culturales o somáticas con las que inicialmente se identificaba visiblemente la ubicación de la clase colonizadora o de la clase o clases colonizadas– con el tiempo se constituyen en bienes igualmente monopolizables que demarca distinciones con efecto material en una economía de valoraciones y devaluaciones, según se exhiba alguno de los polos. Esto hace de la etnicidad un recurso, un activo, un “capital” en el caso de exhibir la etnicidad dominante; o una devaluación de su condición social, en el caso de que se exhiba la etnicidad dominada. Esto significa que en sociedades poscoloniales, la etnicidad es un componente objetivo más de la condición de clase social, y es usado para establecer estrategias de contención, devaluación o ascenso social. Pero también en las sociedades poscolonizadoras –y en momentos de una intensificación de los flujos migratorios de países pobres a países más ricos– la etnicidad va a ser usada para regular el acceso a derechos de reconocimiento y de ciudadanía. De ahí que, en general en el mundo, la etnicidad sea una estrategia discursiva performativa de reubicación subalternizada de clase, un modo de forzar permanentemente fronteras imaginadas y visualizadas de clase con efecto de construcción material de clase social. Por ello todo proceso de construcción de igualdad social necesariamente requiere desmontar el capital étnico, diluir las fronteras étnicas que “naturalizan” las desigualdades. Toda democracia de igualdad no sólo debe mejorar los ingresos de las clases populares sino que obligatoriamente debe suprimir las barreras discursivas e imaginadas de los “lugares” de las clases sociales. Pero, a la vez, toda democracia de contención ha de revitalizar y exacerbar esas diferencias étnicas precisamente para blindar los privilegios de los pocos ante el ascenso y el derecho de los muchos.Toda igualdad vuelve porosa, difusa y flexible los lugares de clase, los oficios de clase, las fronteras étnicas de clase. Y esto erosiona muchos privilegios de clase. Y es contra ello que las clases que se ven afectadas por sus privilegios, antiguas clases altas y medias, buscarán oponer resistencia, utilizar la fuerza y, por
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sobre todo, reforzar las distinciones étnicas. Se trata de una manera emocional y corporal de oponerse a la igualdad y, por ello, tanto más rencorosa y brutal. Es el momento de paroxismo político de las clases privilegiadas que las lleva a diluir sus diferencias con las formas fascistizadas del poder estatal y a revelar la impostura que se halla detrás de cualquier democracia de contención. De una u otra manera la etnicidad es, por tanto, un campo de batalla de la propia democracia a la que ningún país del mundo escapa. Las políticas de inmigración implementadas por los países del Norte son, sin lugar a dudas, políticas racistas que subalternizan y limitan derechos, planetariamente a países, o nacionalmente a las clases laboriosas migrantes. “El hecho de que el racismo nuevamente haya despertado en el mundo –y, particularmente, en algunos países del continente– es una señal de la gravedad y radicalidad que están alcanzado las luchas por la igualdad y contra la igualdad. Y, de he-
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cho, es previsible una intensificación de las luchas por las fronteras étnicas como estrategia de defensa de privilegios de clase. En el fondo, todo racismo es un método contrainsurgente de la igualdad, es decir, de la democracia.” —¿Cuáles son los principales desafíos que tienen las fuerzas del espectro progresista en la región, considerando el contexto global de avance de la hegemonía neoliberal y la radicalización de las fuerzas conservadoras? —En términos generales, construir expansivamente fuerza social, fuerza política movilizada y fuerza ideológico-cultural, tanto para la lucha de resistencia contra las ofensivas neoliberales como para la lucha por el poder estatal; pero también para la defensa de sus logros y su profundización. Se dice fácil en un párrafo, pero en realidad es la acción humana más compleja y trabajosa del mundo. Las personas, los colectivos y las sociedades pueden atravesar décadas y hasta siglos en esta
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búsqueda de esa fuerza social y no logarlo. Pero es sólo ese horizonte lo que le da dignidad histórica a las clases plebeyas y a la historia humana; y al final, en algún lado, algún momento, todos los sufrimientos, las derrotas y los abusos soportados pueden hallar un repentino desagravio que le devuelve al pueblo la libertad de construir él mismo su destino. De manera comprimida, fuerza social significa capacidad de unir, de articular las fracciones, los fragmentos, las divisiones y los faccionalismos internos de las clases populares. Por definición, la experiencia de la subalternidad es la experiencia de la desunión, y entonces los esfuerzos para que la gente humilde halle en sus compañeros de destino más afinidades que diferencias y busque soluciones a su problemas de manera más colectiva que individual, es la formación de un cuerpo social cada vez más extenso en el que sus integrantes amarran su devenir en el devenir de los demás. Fuerza política es la capacidad de que esa articulación de acciones y expectativas populares asuma la voluntad de gobernar, la convicción practica de dirigir el país como un recurso inevitable para darle validez material y legal a sus requerimientos.Y fuerza ideológico-cultural es la capacidad de lograr el consentimiento activo de los movilizados, de los neutrales e incluso de los que observan los acontecimientos, de que lo que se propone, se hace, se dice y su búsqueda será beneficiosa para toda la sociedad, o al menos para la mayor parte de ella. Nunca hay victorias populares prácticas, ni políticas ni económicas, si previamente una parte importante de la sociedad, comenzando por el propio pueblo, no está convencida de la legitimidad de esos objetivos. “De manera más precisa y particular en el caso de los gobiernos progresistas de América Latina, hay tres tareas fundamentales para defender y profundizar lo logrado. La primera es seguir ganando de manera multiforme y en todos los terrenos posibles las batallas de las ideas legítimas de la sociedad, el monopolio de las ideas fuerza y la dirección del sentido común predominante en torno al cual las personas organizan su vida diaria y sus expectativas de futuro inmediato. Es en la dirección de los componentes del sentido común donde al final se dirimen las lógicas factuales del poder de
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toda nación. Nunca olvidar que si las tareas de los gobiernos progresistas se van cumpliendo gradualmente, las condiciones de vida de las clases laboriosas van mejorando y, al hacerlo, las expectativas sociales de los sectores populares también se van modificando; es decir, el curso del sentido común va transformándose. El espacio de expectativas de las clases populares con ingresos bajos ha de ser distinto a las expectativas emergentes de cuando tiene ingresos medios; y si los gobiernos no saben comprender esta mutación de campos de expectativa social, mantendrán un discurso y unas enunciaciones válidas para una determinada composición de lo popular, pero inorgánica y anacrónica para la nueva composición de las clases populares. Y, al final, si sólo las fuerzas conservadoras logran entender esta modificación de narrativas sociales, convertirán el logro de relativo bienestar popular en un arma confrontada con los que fueron sus impulsores, los gobiernos progresistas.
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“La segunda, dar muestras palpables, convincentes y duraderas de que la búsqueda de modelos económicos alternativos al neoliberalismo ayuda a reducir las desigualdades sociales y generan mayor bienestar a las clases mayoritarias que el que se tenía anteriormente. Los sacrificios que todas las luchas por la igualdad suponen no pueden ser indefinidos; la superioridad moral de los ideales tiene que venir acompañada de modos palpables de conquista de espacios de bienestar que reafirmen la convicción de que, aunque es largo el camino emprendido, es mejor que el anterior abandonado. El posneoliberalismo no puede ser sólo un discurso contestatario: tiene que ser una manera de reorganizar el uso de los bienes comunes, de producir y redistribuir la riqueza de tal manera que se vaya creando mayor igualdad y mejoras a las clases plebeyas. “La tercera, mantener modos de movilización social capaces de defender los logros, los
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derechos ampliados que conllevan los procesos progresistas. Todo proceso progresista en favor de la igualdad que triunfa políticamente supone distintas maneras de movilización social, de autoorganización pública de las clases plebeyas. Su transformación en poder de Estado no debe significar la disolución, ni la burocratización ni el debilitamiento de las formas de organización social sino una transformación, adecuada a las nuevas circunstancias, para ser poder social y a la vez poder estatal. Es en esta dualidad, que a la vez es una tensión política, donde radica la clave de la defensa y la expansión de las experiencias progresistas. Sólo poder social sin poder estatal deja en manos de las clases adineradas el monopolio y los recursos estatales que serán utilizados para desmontar, más pronto que tarde, el poder social logrado por las clases populares. Pero, a la vez, sólo poder estatal sin poder social que lo acompañe siempre convierte la fuerza y la lucha social en meros engranajes administrativos del Estado, Y sus intenciones y decisiones, por muy favorables que sean en favor del pueblo, no sólo serán decisiones tomadas por los que monopolizan el poder del Estado, sino que la defensa o el fin de esas medidas recaerá en las propias estructuras coercitivas del Estado y ya no en la propia sociedad.Y al final, en este caso la duración del progresismo dependerá del humor de las fuerzas coercitivas del Estado, siempre susceptibles al soborno de los poderes fácticos internos y externos, y al encuadramiento con las emisiones discursivas de las clases altas enemistadas con la igualdad. Quien, al final, defenderá sus logros ante las múltiples amenazas necesariamente tiene que ser la propia sociedad organizada, las distintas maneras orgánicas que las propias clases populares, por territorio, oficio o afinidad, han creado a lo largo de las luchas contra el neoliberalismo. La fuerza social que triunfa y sostiene las experiencias progresistas no puede ser solamente administradora del Estado. Es un hecho de igualdad que los sectores plebeyos puedan ocupar la gestión estatal, pero a la vez es una necesidad imprescindible del propio triunfo popular mantener la vitalidad de la fuerza social por fuera del Estado. Estar en el Estado
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y estar simultáneamente fuera del Estado es una contradicción. Pero en el cabalgar esta contradicción radica la clave de la continuidad y defensa de la experiencia progresista de la democracia como construcción de igualdad.” —Tomando la experiencia de la primera década del siglo XXI, ¿qué mecanismos de integración regional sería necesario reactivar o fortalecer prioritariamente en el contexto actual y qué rol podrían asumir los gobiernos de México y Argentina en este proceso? —La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) son dos organismos continentales que emergieron en el momento de mayor autodeterminación continental en toda su historia, desde las guerras de independencia del siglo XIX. Este acto de autodignificación continental que rompía el oprobioso vasallaje de gobiernos al dinero y los mandatos de Estados Unidos no requirió
La Unasur y la Celac son dos organismos continentales que emergieron en el momento de mayor autodeterminación de la región en toda su historia unanimidad de creencias políticas de los gobiernos latinoamericanos. Si bien ambas organizaciones nacieron en momentos de una mayoría de gobiernos progresistas en el continente, esto no suponía ninguna homogeneidad ideológica ni mucho menos. Los gobiernos progresistas tenían posturas ideológicas bastantes diversas e incluso varios países importantes, como Colombia o México, estaban gobernados por presidentes claramente conservadores. Sin embargo, más allá de esta pluralidad ideológica, primó en todos ellos una fuerza moral de que los latinoamericanos podemos debatir y definir nuestros asuntos de interés sin tutelajes ni padrinazgos.Y con sólo esa postura se comenzó a escribir una historia continental de nuevo tipo al margen de controles coloniales y sumisiones voluntarias. Fue una década de oro de la dignidad latinoamericana. Ello no significa que hayamos logrado la unidad continental económica. Ese es un largo camino marcado por infinidad de dificultades
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y retos que apenas se comenzaron a vislumbrar. Pero lo invalorable de las experiencias de Unasur y Celac es que los objetivos a buscar como pueblos latinoamericanos, los diseños a construir para la unidad, las dificultades a superar, los comenzamos a debatir entre latinoamericanos. Por primera vez en 100 años no había ningún estadunidense simulando hablar castellano queriendo enseñarnos lo que deberíamos hacer. Y es que, en definitiva, somos otro Continente, desplegamos otras culturas, tenemos otras necesidades radicalmente distintas a la de ellos.Y si bien en algún momento hay que pensar en una unidad de todas las Américas, para que esa unidad no sea un nuevo vasallaje se requiere previamente un largo camino de unidad económica, política y cultural de los latinoamericanos. Hoy Celac y Unasur están congelados. De hecho, esos organismos son vistos como una ofensa a Estados Unidos, cuando en realidad lo único que se hizo es tener el derecho a hablar sólo entre latinoamericanos. Su revitalización es una obligación de dignidad y de necesidad material continental, porque necesitamos un espacio común para buscar entre latinoamericanos las maneras de colaborarnos para hacer frente al caos económico planetario que amenaza con arrasar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Solos, cada país por su cuenta, somos irrelevantes para el mundo. Juntos, somos una potencia a ser tomada en cuenta. Pero ello va a requerir no sólo un mayor número de países con gobiernos progresistas sino, además, que Brasil, la mayor economía continental, cambie de rumbo político. Su densidad territorial, geográfica y demográfica curva el espacio-tiempo continental y mundial, y su presencia activa es decisiva. En tanto, hay que desplegar articulaciones geográficamente discontinuas para avanzar en acuerdos comerciales y productivos frente a la recesión económica mundial, para elaborar agendas temáticas comunes, etc. Pero lo que no necesita otra correlación de fuerzas estatal es la articulación continental territorialmente continua de los pueblos, de las organizaciones populares que luchan por una patria digna y por la igualdad. Es el escenario de la sociedad civil en lucha el lugar donde hay que desarrollar mayores esfuerzos para ir construyendo una plataforma de
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debates y acción colectiva en defensa de los derechos de los pueblos. —¿Por qué tuvo éxito este último intento de golpe de Estado en Bolivia? ¿Qué circunstancias y actores lo posibilitaron y que no estuvieron presentes cuando lo intentaron en 2008? —Tanto el golpe de estado de 2008 como el de 2019 tuvieron como base social movilizada a la clase media tradicional; en el primer caso, reacia a los procesos de igualdad y participación social anunciados, y en el segundo caso en rechazo a los procesos de igualdad y participación social ya alcanzados. Con una diferencia: en el 2019 la rebelión de las clases medias tradicionales tuvo una presencia territorial extendida a todas las principales ciudades de Bolivia; ya no era una movilización regional circunscrita a las regiones del Oriente,
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como el 2008; esta vez ocupó las principales ciudades de los nueve departamentos. Pese a ello, las organizaciones sociales populares también lograron movilizar sectores campesinos, obreros y vecinales a nivel nacional, conteniendo y gradualmente debilitando a las fuerzas reaccionarias. Pero la diferencia decisiva que modificó drásticamente la correlación de fuerzas fue la inclinación de la Policía y luego las Fuerzas Armadas hacia el golpe de Estado. Al final esto fue lo que definió la victoria de los restauradores. El 2008, tanto la Policía como las Fuerzas Armadas al igual que ahora mostraron una sospechosa inoperatividad para defender las instituciones estatales. Pero entonces al menos se mantuvieron “neutrales” en esta disputa social y sólo salieron cuando la victoria popular ya estaba alcanzada. El 2019, en cambio, en momentos
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en que la capacidad de movilización de las fuerzas conservadoras declinaba y no lograban victimizarse pese a reiteradas provocaciones para ser reprimidos, los pronunciamientos de la Policía y luego de las Fuerzas Armadas, desconociendo el orden constitucional y colocando las armas del lado de los golpistas, definió el escenario a su favor. Desde ese momento la posibilidad de aplacar el golpe de Estado pasaba por que las fuerzas obreras, campesinas y populares se enfrenten a las instituciones armadas con la inminencia de cientos de muertes en los sectores populares.Y esa fue la decisión que no tomamos ni hubiéramos tomado en ninguna circunstancia. —Llevas mucho tiempo conceptualizando y analizando a las “clases medias de origen popular”, una clase social surgida a la luz de las políticas sociales y económicas de corte progresista en Bolivia. ¿Cómo analiza su comportamiento político, en el sentido amplio de la palabra, y particularmente frente al golpe de Estado? ¿Y qué acciones debería tomar un gobierno progresista para atraer hacia sí a este sector? —Si un gobierno progresista va cumpliendo sus metas ha de mejorar las condiciones de vida de los sectores más humildes y pobres de la sociedad. Este es como un termómetro del cumplimiento de la regla de la democracia de igualdad. Mayor participación social en las decisiones estatales, distribución de la riqueza, reducción de las desigualdades, satisfacción de necesidades humanas y ampliación de derechos son los parámetros desde donde se evalúan las acciones de los gobiernos progresistas. En Bolivia, para sólo fijarnos en términos de capacidad adquisitiva, en 13 años de gobierno progresista, un 30 por ciento de la población pobre y extremadamente pobre logró pasar a ser una población de ingresos medios. La mayor parte sigue siendo obrera, campesina, asalariada, pero con derechos ampliados e ingresos notablemente aumentados (entre un 300 y un 500 por ciento). De ellos, una parte importante, además de mejorar su ingreso, ha logrado su ascenso social calificando o modificando su oficio: de obrero a obrero calificado; de campesino a transportista o pequeño productor urbano; de vendedor a profe-
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sional o propietario de una casa rentada o negocio, etcétera. Es decir, han modificado su condición de clase pasando a ser nueva clase media de origen popular e indígena. Se trata de una clase media que no reniega de su identidad indígena porque es ella, y fue la lucha por su reivindicación social la que le ha llevado a ese raudo ascenso social; pero además porque son las redes sociales étnicas, los vínculos de paisanaje, el apellido del ayllu, las capilaridades del parentesco las que objetivamente le brindan el espacio social del éxito de su oficio, la continuidad de sus ingresos, la ampliación y modernización de sus negocios. De hecho, su vínculo con el Estado, que controla el 38 por ciento del producto interno bruto (PIB) y es el mayor contratador de obras y oficios, lo logra gatillando la cohesión e identidad colectiva sindical e indígena, por lo que la preservación de su identidad es también un activo de sus emprendimientos económicos. Pero a la vez se trata también de una clase social nueva, es decir,
En Bolivia, durante el gobierno de Evo Morales, grandes sectores modificaron su condición y pasaron a ser nueva clase media de origen popular e indígena que aún no ha sedimentado una cultura propia sólida resultante de su nueva condición social. No ha producido todavía sus propios prestigios en torno a los cuales las competencias interclasistas se reconocen, ni ha forjado sus propios especialistas de formación de opinión pública. Por ello, a pesar de ser tan numerosa como la clase media tradicional surgida de la revolución de 1952, con sus apellidos notables y profesionalización de segunda generación, la nueva clase media también está expuesta a los procesos de clasificación, distinción y formación de opinión irradiados por la clase media tradicional. Y entonces su misma cualidad social está en transición. Muchas veces intenta imitar las poses, las actitudes y los prejuicios de las clases medias tradicionales. Pero se trata de prejuicios coloniales esgrimidos precisamente para impedir que gente como ellos, provenientes del mundo popular indígena, entre o sea aceptada por integrantes plenos de la clase media. Pero la opción de renegar de su
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propio origen para arañar un blanquemiento social tampoco es una apuesta rentable, porque la eficacia de sus actividades laborales y la mejora de sus ingresos económicos se deben, precisamente, a la vigencia de redes étnicas y a la afirmación de su identidad colectiva en su relacionamiento laboral con el Estado. Esta ambivalencia del ser social de la nueva clase media de origen popular se ha reflejado nítidamente en su comportamiento electoral y ante el golpe de Estado. Una parte notable ha seguido votando por Evo, lo que le ha permitido una importante votación en las ciudades, y no ha salido a las movilizaciones convocadas por las fuerzas reaccionarias. Los protagonistas de las marchas y bloqueos urbanos han sido fundamentalmente estudiantes de las universidades privadas y profesores universitarios de las públicas, en tanto que los estudiantes de las universidades públicas, con excepción de Sucre y Potosí –donde prevaleció el tema regional más que el de clase–, tuvieron una diminuta participación. Una parte de la nueva clase media seguramente ha votado a candidatos opositores (bajamos del 61 al 47.5 por ciento de preferencia electoral), pero es probable que una parte de esos 14 puntos perdidos se deba a que nuestra propuesta discursiva, elaborada fundamentalmente para interpelar a los sectores populares bajos, no le haya significado una respuesta ni una identificación emotiva a las expectativas de la nueva clase media. ”Las tareas que se desprenden de todo ello son varias. La primera, los proyectos progresistas tienen que tener la capacidad de ampliar y modificar sus construcciones discursivas de tal manera que sobre la base irrenunciable de la convocatoria al núcleo duro popular, humilde y pobre, también deben tomar en cuenta las nuevas expectativas y disponibilidades de los sectores medios de origen indígena-popular emergentes de las propias transformaciones igualitarias impulsadas por los gobiernos progresistas. No puede darse la paradoja de que las nuevas clases medias resultantes de las políticas implementadas por los gobiernos progresistas sean las que luego se coloquen al frente para oponérseles. No es cierto que hay una “enajenación” que hace que las nuevas clases
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medias se vuelvan contra los proyectos populares. Lo más probable es que los proyectos populares no comprendan las características de las transformaciones sociales que ellos mismos han creado y tiendan a mantener el discurso anquilosado en una realidad social inicial de la que partieron, pero que ahora está modificada precisamente por el éxito de las políticas sociales implementadas. La democracia de igualdad, si es un proceso duradero, ha de promover una transformación de movilidad y ascenso social de las clases sociales plebeyas del país; entonces, el bloque de poder inicial que dio lugar al proceso progresista o revolucionario con el tiempo debe transformarse en otro bloque de poder, ampliando discursos y propuestas en correspondencia a los desplazamientos estructurales de las clases sociales del país. “En segundo lugar, los gobiernos progresistas deben extremar esfuerzos para impedir el encostramiento clasista o repliegue sobre sí de las viejas
clases medias tradicionales frente al ascenso de nuevas clases medias. El encuevamiento resentido de las clases medias siempre ha sido el mejor caldo de cultivo de las salidas fascistoides que le prodigan argumentos morales y racistas al pánico que viven ante el declive de sus privilegios de pequeña clase media. Sin negociar un sólo milímetro los procesos de igualación social, de mejoras del bienestar popular y de la ampliación de las clases medias, los gobiernos progresistas deben crear vasos comunicantes con esos sectores para facilitarles reconocimientos y mecanismos flexibles de ligera movilidad social ascendente. Se debe comprender que las sociedades tienen una dualidad en sus formas de reconocimiento y representación: son a la vez colectivas, sindicales, corporativas, como también individuadas. Y ambas deben tener modos eficientes de ser convocadas por el Estado. ”En tercer lugar, una amplia política educativa y persuasiva en todos los terrenos de la vida diaria
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de desracializacion de las relaciones sociales. Todo proceso de igualdad social tiene un costo inevitable: la devaluación de los privilegios de las clases tradicionales. No hay otro camino posible de implementar una democracia de igualdad en favor de las clases laboriosas. Pero lo que sí se puede hacer es atemperar y fragmentar las resistencias a estos momentos de justicia histórica.” —¿Cuáles serían los principales retrocesos que sufriría Bolivia bajo un gobierno electo conservador? ¿Cómo es la Bolivia que pretenden construir las propuestas de derecha (tanto las más radicales como aquellas que se autoproclaman “moderadas”? —Las fuerzas conservadoras tienen un objetivo que las justifica y las impulsa moralmente: detener la igualdad, contener a las clases plebeyas vistas como “salvajes”, ”criminales” o ”marcianas”. El triunfo de la restauración será el triunfo de la desigualdad y la injusticia histórica convertida en Estado y narrativa oficial. Y ello pasará inevitablemente, como ya sucedió antes, por una nueva concentración de la riqueza social mediante la privatización de los recursos y empresas estatales; un achicamiento de las políticas redistributivas que beneficiaban a los más pobres y una parálisis a los procesos de movilidad social ascendente, comenzando por impedir a los sectores populares el acceso a contrataciones estatales, anular el derecho de los sindicatos y organizaciones sociales a decidir gubernamentalmente sobre los asuntos nacionales, terminando en un acelerado deterioro del acceso a una salud, educación y trabajo dignos por parte de las clases populares. Es la receta neoliberal conocida en el mundo entero y que en Bolivia ya fracasó y volverá a fracasar en corto tiempo. Y es que los restauradores no son portadores de un nuevo proyecto de economía Estado y social capaz de provocar esperanzas irradiantes y adhesiones esperanzadoras. Su proyecto es un recalentado del viejo neoliberalismo, azuzado por el revanchismo y el odio de clase. Eso mueve pasiones temporalmente, no construye sociedades de manera duradera. —El lawfare (judicialización de la política) es un fenómeno creciente en el mundo, y particular-
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mente en la región latinoamericana. En el caso de Bolivia, ha aparecido con alta intensidad en estas semanas tras el golpe. ¿Cómo incidirá esta situación en los próximos comicios y de cara a la institucionalidad democrática en los próximos años en Bolivia? —Desde el golpe de Estado en Bolivia se detiene al abogado que defiende a un inculpado. Se encarcela a los familiares que buscan ropa del hijo o del hermano enjuiciado. Se asesina a bala a humildes pobladores y los responsables tienen inmunidad institucional. Hoy, a 2 meses de los más de 29 asesinatos a bala y 400 heridos, no existe ni una sola causa de investigación abierta. Pero para las secretarias y familiares de exministros hay decenas de fiscales abriéndoles causas penales. La justicia ha devenido una oficina operativa del Ministerio de Gobierno que distribuye acusaciones según la ideología que profesan las personas. Nuevamente ser socialista, comunista o indianista es un delito
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fragrante que amerita un linchamiento mediático y una detención preventiva. El lenguaje de la venganza se ha apoderado del Estado. Si informas objetivamente eres ya un sospechoso de sedición por estar “abusando” de la libertad de información. Si fuiste miembro del anterior gobierno, el gobierno golpista ha garantizado “cazarte” y ganas no le faltan de pedirte que andes con tu “testamento bajo el brazo”, como solían hacer sus amigos militares en tiempos de la dictadura. El derecho ya es sólo la furia vengativa de los golpistas. No les importa ni siquiera similar equilibrio, pues las armas y las tanquetas están prestas a silenciar en cualquier momento a los inquietos y descontentos. Si han estado dispuestos a asesinar impunemente, no tienen ningún reparo moral en encarcelar ilegalmente. Por ello, el utilizar la “justicia” como arma electoral para chantajear a la sociedad, coaccionar a candidatos y atemorizar a electores va a ser una rutina en las siguientes semanas. La maquinaria de un fraude
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electoral en favor de las fuerzas políticas de la derecha restauradora está en marcha. Por ahora no hay ninguna garantía de elecciones libres y transparentes. De ahí la importancia de una movilización internacional de carácter institucional e inmediata para exigir un proceso electoral limpio en el que ningún elector se sienta intimidado al momento de opinar y a emitir su voto. Cuantas más instituciones de carácter institucional vigilen todos los pasos y mecanismos del proceso electoral mejor para acercarnos a unas elecciones libres. —Tras el quiebre de la institucionalidad en Bolivia, ¿cuáles cree que son los principales desafíos para el progresismo en general y para el Mas en particular, tanto en lo político como en lo electoral? —Comprender que toda trasformación en favor de la igualad social inevitablemente afectará a un segmento de la sociedad que impulsará un contraproceso social en favor de la desigualdad. Comprender que toda victoria política es, en primer y en último lugar, una victoria ideológico-cultural. Cualquier descuido en ello abrirá fisuras peligrosas en la legitimidad gubernamental. El poder es un convencimiento tácito entre los que tienen el poder, pero también con los que no lo tienen. Comprender que el poder estatal es una sustancia social que atraviesa a todas las personas y es constantemente monopolizada en instituciones. Si unos no lo tienen, este no se disuelve ni desaparece; se reconcentra en la decisión y acción de otras personas a través de las mismas u otras instituciones. Comprender que las victorias progresistas siempre se han debido a una combinación de luchas sociales por fuera del Estado y luchas sociales dentro de las instituciones del Estado. Los logros democráticos de igualdad también han de defenderse sólo con fuerza social institucional desde el Estado y con fuerza de movilización social por fuera del Estado. Comprender que sólo una permanente y fluida retroalimentación deliberativa entre dirigentes de organizaciones sociales y los asociados de base garantiza una sana inclusión del pueblo en la administración del Estado, pero también una fuerte capacidad de movilización por fuera del Estado. Comprender que las derrotas tienen que convertirse en el laboratorio de las futuras victorias.
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INDÍGENAS DESPLAZADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO NAYELI ESCALONA, TEXTO Y FOTOGRAFIAS
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n sus “negocios” al pie de la carretera Picacho Ajusco, viven 11 familias índigenas originarias de Uruapan, Michoacán. Los “locales” son, en realidad, menos que chozas: cuatro pilares de madera con techos y paredes de lamina –en el mejor de los casos– y plástico. Como centenas de indígenas, son desplazados de la pobreza y la violencia. Ellos decidieron dejar su pueblo natal para venir a la Ciudad de México a trabajar, así que instalaron sus “talleres” de carpintería en forma clandestina. A 10 años de su llegada a la urbe, actualmente rentan el pequeño espacio donde trabajan, venden y viven: sin agua potable ni drenaje ni piso de cemento. Pero la pobreza en la que
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viven estas 11 familias indígenas, dicen, es mejor que la que padecían en su pueblo. Según la Encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Ciudad de México hay 8 millones 918 mil 653 habitantes, de los cuales 785 mil se consideran indígenas. De ellos, sólo 76 mil 69 cuenta con vivienda particular, refiere en sus Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2015, la más reciente medición con la que se cuenta. Juan, de 26 años y perteneciente a una de las familias originarias del
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pueblo purépecha –todas conservan su lengua nativa–, desde los 16 años decidió emigrar con su familia [integrada por seis personas] para trabajar en la Ciudad. En entrevista con Contralínea, comenta que en su negocio-hogar no cuentan con los servicios necesarios: “Aquí rellenamos tambos para tener agua, estamos colgados de la luz, no hay baño y vamos a otro lugar. Lo bueno es que hay espacio para cocinar con leña y, el frío de las noches, ese lo resistimos con el fuego. Además, ahí tenemos un colchón para dormir”. Datos de Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de Mé-
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xico, 2015, arrojaron que las viviendas indígenas de la capital sufren de carencias por acceso a los servicios básicos de vivienda, sus características principales son: piso de tierra, falta de disponibilidad de agua entubada, drenaje y electricidad, y cocina con leña o carbón. La familia de Juan inicia el día a las 7 de la mañana –“cuando el gallo canta”–para abrir su negocio: sólo levantan una lona y por las noches, para volver a su hogar, la cierran atorándola con hilos y rocas. Se resguardan en techos de lamina con estructuras de madera recubiertas de lonas recicladas, su piso es de tierra, y en algunas partes hay pedazos de al-
fombra raídos para que los muebles que confeccionan no se maltraten. Aquí nada saben del derecho humano a la vivienda, a pesar de que el Programa Actualizado de Derechos Humanos de la Ciudad de México establece: “el derecho de todas las personas a tener un hogar, una comunidad seguros en donde vivir en paz y dignidad. La realización de este derecho requiere del cumplimiento de varios factores: seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios e infraestructura, ubicación adecuada, condiciones de habitabilidad, que la vivienda sea accesible y asequible por todas las personas sin
CONTRALUZ
ESPECIALES
discriminación y que su mantenimiento entrañe gastos soportables, que sea culturalmente adecuada”. El Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa de 2018 realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social considera que la población indígena conforma una de las brechas de cumplimiento, ya que “el 79.1 por ciento de la población indígena presenta un rezago de vivienda frente al 44.7 por ciento reportado a nivel nacional”. Para Juan, las autoridades están alejadas de su familia y de su comunidad: “el gobierno no nos da nada, no tenemos seguro social, ni ningún apoyo. Pero así estamos bien”.
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MISCELÁNEO
EX LIBRIS
JULIO CÉSAR EL PRIMER POPULISTA QUE DERROTÓ A LA REPÚBLICA ROMANA ÁLVARO CEPEDA NERI
I.
El Diccionario de Ciencia Política (Dieter Nohlen y Rainer-Olaf Schultze, editoriales Porrúa y el Colegio de Veracruz) define el Cesarismo como: “designación para la variante de la monocracia, en la cual el soberano (o gobernante), deja nominalmente al pueblo la capacidad de disponer del poder estatal, pero se autodeclara como legitimado para ejercerlo en su nombre a largo plazo o por episodios”. Este populismo cesarista se apoya en el militarismo y el aparato burocrático, que reaparece como “bonapartismo”, por el César Napoleón Bonaparte. Es una democracia totalitaria: Tocqueville y Max Weber. Consultar al respecto: de Carlos Guarnieri, “Cesarismo”, ensayo en el Diccionario de Política de Norberto Bobbio y Nicola Matteucci (Siglo XXI). Cesarismo, en la Historia de Roma de Theodor Mommsem, Enciclopedia de las Instituciones Políticas. Y Juan Ontza, coordinador del Diccionario: La Política; ediciones Mensajero, define: “Régimen según el cual la soberanía corresponde en teoría al pueblo que la transmite por aclamación, plebiscito (o electoralmente, agrego) a una única persona que lo ejerce dictatorialmente y, en principio, se mantienen los organismos de representación popular, pero con escaso peso político (legislativo y judicial)”. Carlos Marx en: El 18 brumario de Luis Bonaparte dice: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la Historia Universal se producen,
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pueblo para congraciarse con él, para como si dijéramos, dos veces. Pero se hacer nacer ese populismo cesarista olvidó de agregar: una vez como trageque lo entronizó para la destrucción dia y otra como farsa”. republicana que le valió la conspiración II. Lo anterior como introducción para asesinarlo en el recinto del Senado al texto: Julio César, el rey sin corona de Romano. Álvaro Marcos, que repasa el militarisIII. En este renacimiento de ese mo de Julio César, el desmantelamiento Cesarismo populista es indispensable, de la República en Roma y la inaugual menos, darse a la lectura-estudio del ración de la época de los emperadores ensayo motivo de esta nota, donde se (Suetonio: Vidas de los Césares; editorial repasa el camino recorrido por Julio Cátedra, traducción: Vicente Picón). César para entronizarse, una vez que Es una breve y certera síntesis sobre ese cruzó la “raya” entre el republicanismo destructor de la República de Roma y el imperio: el río Rubicón, para entrar que ya mostraba sus inclinaciones militarmente a rechazar la corona políticas populistas y dictatoriales, de laureles como muestra como senador y luego cónhipócrita de no querer ser cosul, con cuyo homicidio Autor: Álvaro Marcos ronado rey, porque prefería en Los Idus de Marzo, se Título: Julio César, el rey sin ser dictador. En Julio César, remató al republicanismo corona el rey sin corona, su autor nos y abortaron los Calígulas, Editorial: Gredos-RBA ofrece un acercamiento Nerones y aquellos que ineditores México, histórico de quien, con su tegraron el cesarismo de la 2019 lema: “Vini, vidi, vici” –“llegué, antigüedad; y tal vez el primevi, vencí”–, la espada y sus militares, ro de los populistas, si atendemos se abrió paso al poder, inaugurando la la biografía de Suetonio, resumiendo época de los Césares-emperadores que cómo Julio César fue evolucionando al hundieron a la Roma que había llevado cesarismo y gustaba de recitar: “Pues, la democracia-republicana de Atenas, a si hay que violar un derecho, se violará mejores y mayores consecuencias; intepara obtener el reino: en los demás rrumpiendo la evolución y las reformas casos, hay que practicar la virtud”. pacíficas y permitiendo una era de locos, “Veían que se encaminaba al trastorno asesinos y parricidas en el trono sin code la república... se le notaba un ánimo rona, que no pudo ocupar. Su lectura es tiránico... y destruir toda autoridad y necesaria para explicarnos el populismo trastornar completamente la Repúblicesarista que regresa y atenta contra las ca” (Plutarco, Vidas paralelas: Alejandro instituciones, así haya que “violar un y Julio César, editorial Edaf, 2013). Se derecho”. concretó a lisonjear y obsequiar al
ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 3 al 9 de febrero de 2020
Año 18 • Número 679 • $30