Contralínea 680 by Miguel Minero

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 10 al 16 de febrero de 2020

Año 18 • Número 680 • $30

CONTENIDO

PORTADA

INICIATIVA DE MONREAL PARA LEGISLAR DERECHO AL OLVIDO ATENTA CONTRA EL DERECHO HUMANO A SABER Por iniciativa del senador Monreal, el Congreso podría legislar el mal llamado derecho al olvido en medios digitales, que atenta contra el derecho humano a la información. Éste obligaría a medios de comunicación, youtubers e internautas a eliminar sus contenidos en internet si personas físicas o morales se sienten agraviadas

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 18, número 680, del 10 al 16 de febrero de 2020– es una publicación semanal editada por Difusión de Información, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, CP 04100, Ciudad de México; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com. mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certiﬁcado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 16651626. Impresa por Difusión de Información S.A de C.V., Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 7 de febrero de 2020. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reﬂejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Difusión de Información S.A de C.V.

OPINIÓN 6

ZONA CERO DE VIOLACIONES SEXUALES A CORRUPCIÓN, LAS ACUSACIONES CONTRA MAGISTRADOS QUE QUIEREN SER RATIFICADOS Zósimo Camacho

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN PANDEMIA: RUTA CRÍTICA DE MÉXICO INCLUYE FUERZA PÚBLICA PARA CONTENER BROTES DE VIOLENCIA Nancy Flores

CONTRAPODER DRESSER, SILVA-HERZOG Y AGUAYO: LOS ARTÍCULOS DE LA CRÍTICA Álvaro Cepeda Neri ARTÍCULOS

SECUELAS DEL VIEJO RÉGIMEN: EL CASO DE JOEL MENDIETA JIMÉNEZ Adrián Ramírez

14 Circulación certiﬁcada por Romay Hermida y Cía, SC, folio: 00010-RHY

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EL GENERAL JUAN M BANDERAS Y EL ZAPATISMO EN SINALOA Norberto Soto Sánchez

LOS FANTASMAS DE LA MIGRACIÓN MUNDIAL Mario Muñoz Lozano/Prensa Latina

CONTENIDO

DIRECTOR Miguel Badillo oﬁciodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Y EDICIÓN WEB Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx EDICIÓN IMPRESA Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx COORDINADOR DE CONTENIDO DIGITAL Héctor Badillo hector@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx

EDITORIALISTAS Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa WEB Hugo Sadh ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx

INVESTIGACIÓN

PORTADA Iniciativa de Monreal para legislar derecho al olvido atenta contra el derecho humano a saber Marcial Yangali

SOCIEDAD Denuncian nepotismo e inﬂuyentismo en el Inapesca Érika Ramírez

ESPECIALES 38

CONTRALUZ Crece el EZLN, a 26 años del levantamiento José Luis Santillán Imagen de portada: GRACIELA LÓPEZ/ CUARTOSCURO

ANÁLISIS

INTERNACIONAL Bolivia: liberación de exportaciones y retorno al neoliberalismo Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag)

INTERNACIONAL Chile y la crónica de un estallido anunciado Lucía Converti/Celag

INTERNACIONAL Uruguay: las urgencias del gobierno electo Pablo Álvarez/Celag

MISCELÁNEO

EX LIBRIS Fernand Braudel: El creador histórico del Mediterráneo Intercontinental Álvaro Cepeda Neri

REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9191 VENTA DE LIBROS 5554-9192 Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF

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OPINIÓN ZONA CERO

DE VIOLACIONES SEXUALES A CORRUPCIÓN LAS ACUSACIONES CONTRA MAGISTRADOS QUE QUIEREN SER RATIFICADOS ZÓSIMO CAMACHO

esde mediados de enero, el pleno del Cortés, a la Cuarta Sala Civil; Rosa Laura SánConsejo de la Judicatura de la Ciudad chez Flores, a la Segunda Sala de Justicia para de México inició el procedimiento para Adolescentes; Manuel Horacio Cavazos López, ratificar en el cargo –por 6 años más– a ocho ma- a la Segunda Sala Especializada en la Ejecución gistrados. La ley dispone que cualquier persona de Sanciones Penales; Héctor Jiménez López, a la puede emitir una opinión sobre estos servidores Cuarta Sala Penal; Rosalba Guerrero Rodríguez, a la Quinta Sala Civil; Jorge Guerrero Meléndez, públicos que apoye o rechace tales ratificaciones. Estos procesos, sin embargo, generalmente se a la Segunda Sala Especializada en Ejecución de llevan casi en sigilo. Solamente los muy enterados Sanciones Penales, y Patricia Gudiño Rodríguez, se percatan del inicio de los procesos de ratifica- a la Primera Sala Familiar. En el “Aviso” el Consejo de la Judicatura, como ción y de la posibilidad que tiene el púbico en general de defender o impugnar el trabajo de los órgano colegiado, solicita formalmente “[…] la opinión de las y los lievaluados. tigantes y público en En los próximos El trabajo de los magistrados debe general, sobre el desemdías concluirá el proceso para ratificar a estar sujeto a una revisión seria. Que en peño que les merezca la los ocho. El periodo en esta oportunidad los legisladores real- actuación en el ejercicio de sus funciones de las y que cualquier ciudada- mente evalúen perﬁles y trayectorias los magistrados del Trino puede manifestarse bunal Superior de Justien contra de esta ratificación pasó, como siempre, casi en secreto… cia de la Ciudad de México […] sujetos al proceso hasta que llegó a la Cámara de Diputados local, de ratificación en el cargo aludido en el Congreso donde se ventilaron acusaciones contra algunos de estad Ciudad […]”. El público en general y los litigantes sólo contade estos magistrados que van del nepotismo y coron con 3 días (quienes se dieron cuenta de la purrupción a la agresión sexual. El pasado 15 de enero se publicó en el Boletín blicación del “Aviso”) para emitir la opinión. Como Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México un siempre, esta parte del proceso pasó inadvertida. “Aviso” mediante el cual el Consejo de la Judi- Pero durante las comparecencias de los magistracatura local da cuenta de que ocho magistrados dos ante el Congreso, la situación ya no fue tan del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de tersa. Advertidas de los procesos, organizaciones México (TSJCM) se encuentran en proceso de sociales y ciudadanos lograron hacerse escuchar. Entre quienes fueron recibidos por los legislaser ratificados: Josefina Rosey González, adscrita a la Séptima Sala Civil; Juan Arturo Saavedra dores el miércoles, se encontraba Manuel Horacio

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ZONA CERO

años en el Hospital Español. La supuesta negligencia tiene detenido un proceso que inició hace más de 10 años. Rosa Laura Sánchez Flores se vio envuelta en una polémica cuando sentenció a 5 años de prisión a jóvenes menores de edad secuestradores, violadores y feminicidas. Aunque quedó demostrada claramente la culpabilidad de los involucrados, los justificó diciendo que el cerebro de estos jóvenes no terminaba aún de desarrollarse y todavía no tenían conciencia clara de lo que hicieron. Por su parte, sobre Rosalba Guerrero Rodríguez pesan acusaciones de nepotismo por supuestamen-

GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO

Cavazos López, sobre quien pesan acusaciones de agresiones sexuales contra sus propias hijas. Fue escuchado con respeto por los legisladores y le dijeron que ellos no podían determinar la inocencia o culpabilidad del funcionario. Pero el Poder Legislativo emitió un punto de acuerdo por el que exhortan a la Fiscalía General de la Ciudad de México a brindar medidas de protección en favor de las menores y atender la denuncia contra Cavazos por las supuestas agresiones sexuales. La carpeta de investigación del caso “cuenta con pruebas periciales médicas, valoraciones sicológicas, declaraciones de las niñas ante el Ministerio Público y sicólogos especializados y audios en los que las menores narran a la madre las presuntas agresiones y cuya judicialización ha sido lenta hasta el momento”, se lee en el punto de acuerdo. Entre los que fueron recibidos el jueves, tocaba el turno a Héctor Jiménez López. Se trata de la autoridad judicial que determinó suspender la prisión preventiva dictada contra Juan Carlos García Sánchez y liberarlo. García estaba preso por haber intentado asesinar a su esposa, Abril Pérez Sagaón, el 4 de enero de 2019. Finalmente, Abril fue asesinada el 25 de noviembre pasado y hoy Juan Carlos está prófugo. Jiménez López envió una carta en la que declinaba asistir a responder las preguntas de los legisladores. El proceso seguirá, aunque todo indica que no será ratificado. Son los casos más graves, es decir, las acusaciones más serias que pesan sobre quienes quieren seguir en el Poder Judicial de la Ciudad de México y en los cargos con mejores retribuciones económicas. Pero sobre los demás magistrados hay también percepciones ciudadanas negativas. En su caso, a Josefina Rosey González se le reprocha demora injustificada para resolver una apelación en un juicio por el supuesto asesinato de una persona de 90

OPINIÓN

te tener contratados a familiares en la Quinta Sala Civil. A Jorge Guerrero Meléndez se le acusa de abuso sicológico contra proyectistas del Tribunal. Y Patricia Gudiño ha sido rechazada por pretender reincorporar la alienación parental en le marco legal de la Ciudad de México. Como puede verse, el trabajo de todos los magistrados debe estar sujeto a una revisión seria. Que en esta oportunidad los legisladores realmente evalúen perfiles, trayectorias y labores. El Poder Judicial necesita una fuerte sacudida. Es necesario empezar cuanto antes. No debe perderse ninguna coyuntura.

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

PANDEMIA: RUTA CRÍTICA DE MÉXICO INCLUYE FUERZA PÚBLICA PARA CONTENER BROTES DE VIOLENCIA NANCY FLORES

rimera de dos partes. El 30 de enero pasado, establecidas por la ley, y de acuerdo con las responluego de que la Organización Mundial de la sabilidades de los tres órdenes de gobierno”. Aunque este Plan no lo detalla, esas “situacioSalud declaró a la epidemia del coronavirus 2019-nCoV como emergencia de salud pública de nes originadas por la pandemia” que deberán coninterés internacional, el gobierno de México puso tener las fuerzas del orden son, principalmente, los en marcha el Plan de Preparación y Respuesta, de brotes de violencia en torno a hospitales, centros de salud, clínicas públicas y privadas saturadas, acuerdo con la Secretaría de Salud. De declararse la pandemia en el país (cuando por la desesperación de las personas enfermas o se llegue a un escenario similar al que enfrenta con familiares (principalmente menores de edad) actualmente China), el gobierno federal recurrirá con el padecimiento; también en torno a farmaal uso de la fuerza pública para contener a la po- cias, tiendas departamentales, de abarrotes y mercados desabastecidos; blación, se desprende ferreterías donde ya no del Plan Nacional para Si se declara la fase de pandemia, el se cuente con mascarila Preparación y Respuesta ante la Intensi- objetivo principal de la respuesta será llas con filtro (sustituficación de la Influenza proteger la salud de la población. Se tos de los cubrebocas); e incluso centrales de Estacional o ante una trataría de una emergencia autobuses, puertos y aePandemia de Influenropuertos, de acuerdo za, vigente desde agosto con los documentos derivados del Escudo Centide 2018 y aplicable al nuevo coronavirus. En su apartado “Seguridad”, el Plan indica nela (un simulacro de pandemia que se realizó en que “todas las entidades responsables de mantener 2006) y la Agenda Nacional de Riesgos 2018, que el orden social y la seguridad pública deben estar establecía a las pandemias como una de las 10 mapreparadas ante los retos que enfrentarían en el es- yores amenazas a la seguridad nacional de México. El Plan vigente cuenta con cuatro fases –trancenario de una pandemia de influenza y conocer los protocolos establecidos por el gobierno, tanto a sición interpandémica, alerta, pandemia, y transición– recomendadas por la propia Organización nivel local como nacional”. Agrega que “la fuerza pública debe enfrentar Mundial de la Salud, y detalla que para que se todas aquellas situaciones originadas por la pande- declare la pandemia (tercera fase) “debe surgir un mia, pero también debe continuar realizando su nuevo subtipo de virus de la influenza, debe infeclabor diaria. Es fundamental que las instituciones tar a los humanos y causar enfermedad grave, y actúen siempre en el marco de las jurisdicciones debe transmitirse fácilmente y en forma sostenida

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AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

(continuar sin interrupción) entre los seres humanos”. Algo que ya está probado sucede con el coronavirus 2019-nCoV, de origen chino y presente en otros 24 países (al 5 de febrero de 2020). El Comité Nacional para la Seguridad en Salud es el órgano encargado de emitir las declaratorias de las fases de acuerdo con lo establecido por la OMS y las evaluaciones de riesgo realizadas. Para ello es muy importante el actuar de las autoridades en las primeras 72 horas que siguen a la sospecha de la introducción al país del virus pandémico. Esta “será crucial”, indica textualmente el Plan. Si se declara la fase de pandemia, el documento que marca los principales lineamientos que regirán el comportamiento de las autoridades mexicanas apunta que el principal objetivo de la respuesta será proteger la salud de la población; no obstante, reconoce que se trataría de “una emergencia de salud pública y el Sistema Nacional de Salud será uno de los sectores con mayor impacto, debido al aumento excesivo en la demanda de atención por parte de la población y al ausentismo laboral, tanto en las áreas médicas como en las administrativas”. En ese punto se advierte que también es vital cuidar la salud animal: “las actividades del sector animal consistirán principalmente en llevar a cabo la vigilancia epidemiológica en aves domésticas y silvestres, con el objetivo de mantener un monitoreo de cepas circulantes y actualizar el mapa geográﬁco

OPINIÓN

Tabla 4. Acciones recomendadas de acuerdo al SAS.

ACTIVIDADES RECOMENDADAS

SIN RIESGO No hay emergencia sanitaria

FAMILIAS

Implementar medidas básicas de cuidado de la salud e higiene.

NEGOCIOS, EMPRESAS INSTITUCIONALES GUBERNAMENTALES

Elaborar y promover el Plan local de preparación y respuesta. Nombrar a un coordinador del Plan. Realizar campañas de promoción a la salud. Identificar personal y procesos claves. Establecer vías

MEDIO Se detectan casos localizados. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y aplicar el estornudo de etiqueta. Mantenerse alerta e informado respecto a las recomendaciones de las autoridades. Aislarse voluntariamente si se está enfermo. Se activa el Plan local de respuesta. Las personas cuya actividad principal sea la interacción con grupos de personas (meseros, cocineros, cajeros, choferes de transporte público, médicos y enfermeras) deben extremar las medidas de higiene personal de acuerdo a las recomendaciones

RIESGO ELEVADO Hay brotes epidémicos en algunas localidades.

ALERTA Hay casos en diferentes ciudades o entidades federativas

PANDEMIA Se emplean todas las medidas disponibles para mitigar el impacto.

POST PANDEMIA

Conocer e identificar los síntomas. Acudir al médico de ser necesario. Evitar el contacto con personas enfermas. Limpieza constante de manos. Mantenerse informado.

Limitar las salidas del domicilio. Limpieza constante de manos. Mantenerse informado.

Evitar salir de casa, sólo para lo indispensable, visitas al médico y provisiones. Mantenerse informado.

Seguir las indicaciones que establezca la autoridad para el reinicio de actividades. Mantener las medidas de higiene recomendadas.

Campaña permanente para que las personas enfermas se abstengan de ir a trabajar. Se restringen las actividades con grupos numerosos y se limita la capacidad de los espacios de atención al público y lugares de reunión. Se promueve el

Suspensión escalonada de actividades. Solo laboran las áreas de actividad prioritaria. Actividades económicas que promueven aglomeraciones humanas (cines, teatros, espectáculos, eventos deportivos,

Se suspende la actividad económica no esencial.

Seguir las indicaciones que establezca la autoridad para el reinicio de actividades. Mantener las medidas de higiene recomendadas.

Suspensión de labores en todos los niveles.

Seguir las indicaciones que establezca la autoridad para el reinicio de actividades. Mantener las medidas de higiene recomendadas.

de comunicación para casos de emergencia.

ESCUELAS

Revisar los Lineamientos para prevenir la influenza en el entorno escolar. Fomentar las medidas preventivas dentro de la escuela, incluyendo las medidas de higiene personal: lavado de manos y estornudo de etiqueta y limpieza profunda de las instalaciones escolares.

de la autoridad. Ante la sospecha de cualquier padecimiento respiratorio se activarán los números de emergencia e información de la Secretaria de Salud.

Se activa el Plan local de respuesta y los Lineamientos para prevenir la influenza en el entorno escolar, con la instalación de filtros escolares para identificar niños enfermos. Horario normal. Se reforzarán las medidas de higiene, limpieza profunda del mobiliario, equipo escolar y salón de clases de manera semanal de acuerdo con los Manuales de Control Sanitario correspondiente.

trabajo desde casa en los casos que esto es posible. Se restringen los horarios de los giros comerciales y se garantiza el uso y la disponibilidad suficiente y permanente de equipo de protección personal para trabajadores del sector salud y de protección civil

Se suspenden actividades en el nivel básico. Medidas de limpieza, higiene y protección personal al máximo. Campañas permanentes para que los enfermos se queden en casa. Referencia de casos sospechosos a Centros de Salud para su diagnóstico.

religiosos, etc.) se suspenden. En casos específicos podrán realizarse a puerta cerrada sin asistencia del público

Suspensión de labores en todos los niveles.

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

Respecto de los negocios privados y empresas de poblaciones aviarias; lo anterior permitirá desarrollar bases de datos para captura, análisis y di- públicas, establece que “se suspende la actividad fusión de la información. Este monitoreo incluirá económica no esencial”, y de las escuelas, “susla vigilancia en puntos de entrada al país para la pensión de labores en todos los niveles”. Para la infraestructura urbana indica que “se detección de introducción de aves que procedan de zonas de riesgo de IAAP [Influenza Aviar de Alta restringe el transporte público y privado. Únicamente funcionan a toda su capacidad los servicios Patogenicidad]”. También refiere que, pese a la crisis, será fun- de emergencia, protección civil, seguridad y sadamental la continuidad del funcionamiento de la lud. Los servicios de seguridad pública se mantieeconomía, por lo cual indica que “el sector econó- nen en alerta”. En cuanto a las actividades sociales, éstas se mico no sólo se centrará en la búsqueda de fondos para la adquisición de recursos de todas las ins- suspenden de forma generalizada pero desde tancias federales responsables del mantenimiento una fase anterior, llamada alerta de pandemia. Y económico y social del país, sino que también se previo a ésta, en la fase de riesgo elevado (que es centrará en mantener las actividades económicas cuando hay brotes epidémicos en algunos lugaque permiten el ingreso económico al país, deri- res) quedan suspendidos los actos masivos al aire vado del comercio, tipos de cambio y divisas, entre libre. El Plan también indica que, una vez que se está otras. Será también responsable del monitoreo y evaluación de los impactos económicos de la pan- en la fase pandémica, “tanto el Comité Nacional demia, lo que le permitirá emitir consejos sobre los para la Seguridad en Salud como los comités estatales para la seguriprobables impactos ecodad en salud deberán nómicos y esfuerzos de Declarada la fase de pandemia, el permanecer en sesiocontención”. Otro punto fun- Comité Nacional para la Seguridad en nes permanentes para damental se refiere a Salud y los comités estatales deberán activar en su totalidad los mecanismos de los servicios básicos. permanecer en sesión permanente respuesta en todas las Al respecto, indica que instituciones de todos “las instituciones deben asegurar su funcionamiento antes, durante y des- los niveles, principalmente el de vigilancia epidepués de la pandemia de influenza, sobre todo en miológica para búsqueda intencionada de casos”. A nivel federal, se llevarán a cabo sesiones dialos servicios básicos a la población: agricultura y comida, agua potable, energía eléctrica, gasolina, rias de los comités, se difundirá información para transportes, telecomunicaciones, servicio postal. la población; se analizará y difundirá de forma Las dependencias y empresas que proveen servi- permanente la situación epidemiológica de la encios esenciales, tales como alimentos, agua, servi- fermedad; además, el gobierno federal debe dicios de salud, energía y telecomunicaciones, tienen rigir y encausar acciones de intervención para la una responsabilidad particular de prepararse y prevención y limitación de daños; emitir alertas planear para el mantenimiento de sus operaciones epidemiológicas para la intensificación de las acciones contempladas en el plan. durante una pandemia”. Aunado a todas las actividades implementadas por el Sector Salud, es necesario que el resto Acciones para contener de los sectores implementen las estrategias dela transmisión sarrolladas, a fin de asegurar la continuidad del En el apartado de medidas para mitigar el funcionamiento económico y social del país. Diimpacto de la pandemia, el Plan establece que chas actividades estarán definidas en la Estrategia las familias deberán “evitar salir de casa, sólo Operativa Multisectorial, por lo cual en esta línea para lo indispensable, visitas al médico y provi- de acción solo se hace referencia a los objetivos principales de cada uno de los grupos. siones”.

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CONTRAPODER

OPINIÓN

DRESSER, SILVA-HERZOG Y AGUAYO

LOSARTÍCULOSDELACRÍTICA ÁLVARO CEPEDA NERI

eguimos en el tono de que “la prensa es demo- haya ordenado (la secretaria de la Función Pública cracia”, consecuentes también con la opinión es su empleada y subordinada, que todo lo hace con de un ensayo periodístico de Teodoro León la “bendición” de López Obrador), la absolución Gross (aparecido en el periódico El País, el 28 de o perdón de la corrupción al todavía director de la diciembre de 2019) y más cuando nos damos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que mislectura de otras tres aportaciones en esa línea. Una teriosamente haya librado que el otro de la barbade Denise Dresser, con su artículo “Auto-sabotaje”. coa, Santiago Nieto, no lo haya investigado, lo que La que nos presenta Jesús Silva-Herzog: “La trampa equivale al sospechosismo de Creel. Y que no logramos del clericalismo”. Y la que nos regala Sergio Agua- explicarnos la justiﬁcación que, por el momento, exyo: “La barbacoa”. Publicados en Reforma, el 23 de culpó al exdelamadridista, exsalinista, exzedillista y diciembre del 2019 y el 1 de enero de 2020 y que ahora lopezobradorista, para permanecer en el premerecen recomendarse para su lectura, buscándolos supuesto y la impunidad. Así que es muy acertado decir que los tres artíen: www.reforma.com/blogs de cada uno de ellos. Son un ejemplo del trabajo excelentemente fundamen- culos periodísticos hacen honor a la premisa de que tado en la información para su respetiva crítica, en la prensa es democracia. Todo lo contrario del populismo. Y por el que le la que estos periodistas llegan ataques desde Bohan abordado tres temas que seguirán sienLa prensa es democracia. En el ejer- livia por lo del hermano do puntos de partida cicio periodístico se vierten críticamente Evo Morales. En esos artículos están contempara enfrentar la actualas posturas del contrapoder que tanto pladas, críticamente, las lidad política del lopezonecesitamos los mexicanos posturas de contrapoder bradorismo. que tanto necesitamos Dresser se enfoca en los mexicanos para sela actuación sospechosamente encubridora de la funcionaria Irma Erén- guir capoteando los abusos del poder presidencial, dira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función en palabras y hechos, contra las libertades de prensa. Y es que el defender a Bartlett, contra los hechos Pública, al absolver al señor Manuel Bartlett Díaz, lo que resulta equivalente a un autosabotaje a la exhibidos por investigaciones periodísticas, los coloca Cuarta Transformación. Silva-Herzog aborda el contra libertades duramente conquistadas; las que clericalismo que cuestiona al Estado laico, en virtud mostraron a un millonario que pasó por el ojo de la del “rosario” de elogios, invocaciones y recomen- aguja morenista. Y que el hecho de invocar religiodaciones evangelistas –y, por ende, religiosas– de samente –evangelistas o no– ataques para eliminar López Obrador. Y la propuesta de una legisladora el Estado laico demandando el ﬁnal de la conquisde que termine la separación de las iglesias y el Es- ta juarista, inevitablemente es otro autosabotaje a la Cuarta Transformación, que se dice republicana. tado-gobierno. En cuanto a Sergio Aguayo, nos presenta el menú Denisse Dresser, Jesús Silva-Herzoz y Sergio Agualopezobradorista con base en barbacoa con Bartlett, yo son tres periodistas que están demostrando que la para celebrar que el inquilino de Palacio Nacional prensa es democracia, señor presidente.

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OPINIÓN ARTÍCULO

SECUELAS DEL VIEJO RÉGIMEN EL CASO DE JOEL MENDIETA JIMÉNEZ ADRIÁN RAMÍREZ/PRESIDENTE DE LA LIGA MEXICANA DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

oel Mendieta Jiménez fue entregado por unos hombres –de los cuales jamás sabrá quiénes eran– a unos policías –que jamás se identificaron–, para culparlo de secuestro. Le arrancaron una confesión a golpes, descargas eléctricas en zonas íntimas y presión sicológica. Se trataron de violaciones graves a la integridad personal, en las que la autoridad no aceptó prueba alguna de descargo. Se violaron sus derechos humanos y su derecho al debido proceso. El modelo de justicia inquisitivo prejuzga y sanciona sin conocer la verdad.

Antecedentes El 21 de septiembre de 2011, en la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), se recibe una llamada telefónica de forma anónima, de parte de una persona del sexo masculino, quien informa que en el municipio de Tultitlán, Estado de México, en la calle Tulipán, 9, colonia Santa Clara, desde hacía 15 días habían sacado a una persona encadenada. Y que un día antes de la supuesta denuncia había ingresado una camioneta tipo Windstar, color café, rentada recientemente. Y que “se han observado movimientos raros”.

Detención ilegal Del informe de la Procuraduría y de la puesta a disposición del 29 de septiembre de 2011, se desprende el parte emitido por los policías federa-

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les Alejandro Barajas Gomez, Pedro Hernández Cruz y Luis Manuel García Jiménez, quienes refieren lo siguiente: “... se implementaron vigilancias fijas en el domicilio, observando una persona del sexo masculino con las siguientes características: 1.60 centímetros de estatura, cabello corto, bigote recortado, tez morena, mismo que salió y entró en varias ocasiones con bolsas, al parecer alimentos, botellas de líquidos a simple vista agua y refresco, cabe señalar que este comportamiento fue observado en varias ocasiones, derivado de las vigilancias realizadas, motivo por lo cual los suscritos, en compañía del grupo táctico de la policía federal, decidimos acercarnos a al domicilio en mención, atendiendo dos personas, las cuales se asomaron. “En relación a la segunda persona, que salió corriendo por el lado izquierdo de los techos de los inmuebles aledaños… el Suboficial Hernandez Cruz Pedro tuvo que utilizar la fuerza legal necesaria para asegurar a quien se sabe responde al nombre de Joel Mendieta Jiménez.” En realiadad, a Joel lo de tienen en un lugar distinto del domicilio mencionado, sin ningún tipo de orden de aprehensión y sin que se le explique el motivo por el cual es detenido. Señala Joel: “Cuando apenas comenzaba a comer, me abordaron dos personas vestidas de civil, una de cada lado y me apuntan con una pistola y me dicen que me suba a un carro que exactamente en ese momento se iba acercando y prácticamente queda frente de mí, era como un Jetta color arena”.

ARTÍCULO

OPINIÓN

Lo suben a un automóvil que no tenía ningún Álvarez Martínez del 29 de septiembre de 2011. “Las principales lesiones con la que el señor Joel tipo de rótulos de la policía o de alguna otra corporación. “Uno abre la puerta de atrás y se mete, Mendieta Jiménez presenta son: Equimosis rojiza otro se sube junto a mí. Yo quedo en medio, en la en ambos párpados superiores; equimosis vinosa parte de atrás. Enfrente iba el piloto y un copiloto. en párpado inferior derecho; equimosis vinosa, así Empieza avanzar el vehículo. Primero lo que hi- como aumento de volumen en párpado inferior cieron fue agacharme y me comienzan a golpear izquierdo; equimosis rojiza de tres centímetros de con la mano así en la nuca, y en la espalda, sentía longitud en párpado inferior izquierdo; equimosis vinosa de dos centímetros de longitud, en cara lalos golpes en la cabeza…”. Es entregado a unos policías sin ningún oficio teral izquierda de cuello; equimosis rojo vinosa de o sustento legal. “Llegamos a la esquina, me bajan 3 por 2 centímetros, en región medial del cuello; y me ponen en el piso. Cuando me ponen boca equimosis rojiza de 4 por 3 centímetros, en región abajo, me dicen que ponga las manos hacia atrás. temporal izquierda; dos equimosis rojizas de 4 por 3 Me imaginé que me iban a poner las esposas. Se y 3 por 1 centímetro, en cara lateral de hombro deacercan a mí dos policías, esos sí eran policías por- recho; dos equimosis rojo vinosas de 4 por 2 y 2 por que estaban uniformados, encapuchados y con 1 centímetro, en región supraclavicular izquierda; sus cascos. Y cada uno me da una patada”. Lo cuatro equimosis rojizas de 3 de por 1 centímetro golpean en la cara y directamente en los ojos. La y una de 2 por 1 centímetro, en cuadrante superior derecho del abdomen; dos equimosis rojizas de 2 tortura inicia. Joel es introducido a una camioneta tipo Van, por 1 centímetro cada una, en un cuadrante superior izquierdo de abdodode le aplican desmen; excoriación de 1 acargas eléctricas. Él Fueron violaciones graves a la intecentímetro de diámetro les pregunta que de qué se trata. Sólo le respon- gridad personal y a los derechos hu- en rodilla derecha; dos den con una orden: que manos. También, al debido proceso. La excoriaciones de 2 centímetros de longitud cada se calle. Lo apean del sociedad tiene derecho a saber una, en cara posterior vehículo y lo meten a tercio medio de muslo una casa. izquierdo; excoriación de 4 centímetros de longitud, en tercio medio de muslo izquierdo. Retención ilegal Es retenido en una especie de bodega, en las instalaciones de la PGR ubicadas en Camarones, actual alcaldía de Azcapotzalco. Es torturado física y sicológicamente. Escucha los gritos de dolor de quienes torturan en lugares contiguos. Desnudo y golpeado, le hace “rendir” su declaración. Ese 29 de septiembre le obligan a firmar una “confesión”. Es internado en el Centro Federal de Readaptación Social 1, “Altiplano¨, ubicado en Almoloya de Juárez, México.

Derecho a una defensa adecuada Joel expone, en reiteradas oportunidades, ante la juez de la causa, que había sido víctima de tortura. Señaló que las declaraciones le fueron arrancadas bajo tortura. La propia Procuraduría certifican las lesiones, luego de un peritaje a cargo de la doctora Alejandra

Propuesta de reparación integral Derivado de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, como de los principios de convencionalidad y control difuso, el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar el daño por violación a derechos humanos. Joel Mendieta Jiménez tiene el derecho a la verdad y la justicia de la investigación de los hechos relacionados con la tortura que fue denunciada ante la CNDH y ante la fiscalía de combate a la corrupción para dar una justa investigación a la violación de sus derechos. Es necesario, además, que se sancione a los responsables. También es necesario que la sociedad conozca la verdad de los hechos que se investigan y de las personas que efectuaron la conducta antijurídica.

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OPINIÓN ARTÍCULO

EL GENERAL JUAN M BANDERAS Y EL ZAPATISMO EN SINALOA NORBERTO SOTO SÁNCHEZ/PRENSA LATINA

l general Juan M Banderas nace el 24 de Legislativo y Judicial en el estado, el cual buscó junio de 1872 muy cerca de Culiacán, Si- la destitución del gobernador de, Celso Gaxiola naloa, en un poblado llamado Tepuche, a Rojo. Estos acontecimientos hicieron visible el unos 20 minutos al norte de la capital sinaloense. descontento de muchos dirigentes maderistas de En su entidad natal tuvo una participación Sinaloa en relación con los tratados de Ciudad destacada en el conﬂicto armado de 1910 que Juárez, en los cuales quedaba estipulado en dos derrocó a Porfirio Díaz. Posterior a la caída de la de sus puntos que: “...las fuerzas revolucionadictadura y al pacto de Ciudad Juárez acordado rias iban a ser desmovilizadas, tan pronto como entre Madero y representantes de Díaz el 21 de fuera posible y las fuerzas federales iban a ser el mayo de 1911, Madero expide los nombramien- único ejército en México...”, así como que “... Los policías, jueces y tos de generales brilegisladores estatales, gadieres del Ejército El general Banderas contaba con un que habían sido nomLibertador de la República Mexicana en amplio apoyo de los sectores popula- brados o ‘electos’ duel Estado de Sinaloa res y de las facciones revolucionarias, rante el gobierno de Díaz conservarían sus a los generales revolu- pero no de los grupos moderados cargos”, tal como lo cionarios Juan Banderefiere Friedrich Katz ras, Ramón Iturbe y Justo Tirado, por la participación destacada que en su libro Life and times of Pancho Villa (Vida y tiempos de Pancho Villa). habían tenido durante el conﬂicto. No obstante el carácter conservador que esEl general Banderas contaba con un amplio apoyo de los sectores populares y de las fac- taba asumiendo Madero, el liderazgo de Bandeciones revolucionarias en el estado, mas no así ras durante la entonces reciente lucha armada de algunos grupos moderados del maderismo, le dieron la posibilidad de contar con el apoyo encabezados por el ingeniero Manuel Bonilla, popular para ocupar el cargo de gobernador y con los resabios porfiristas del estado que se interino, posterior a la subsecuente renuncia de Celso Gaxiola debido a la presión popular. Esto identificaban con el grupo de “los científicos”. En el contexto del triunfo revolucionario de a pesar de la oposición de Francisco I Madero y, 1911, en Sinaloa también se generó un movi- de manera general, del gobierno federal. El 2 de agosto de 1911, por gestiones de miento popular que exigía la sustitución de los restos de la estructura porfirista que aún se en- Bonilla, el gobierno federal nombra a Ramón contraban en posiciones dentro de los Poderes F Iturbe jefe de armas del Estado de Sinaloa,

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MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

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con el objetivo de quitarle a Banderas el liderazgo de los cuerpos rurales, en un claro esfuerzo por convertir al primero en un instrumento del gobierno federal contra Banderas. No obstante, dicho nombramiento no es del agrado de los jefes, oficiales y tropas de los cuerpos rurales del Estado, pues estos continuaron reconociendo a Banderas como su jefe. El general de Tepuche intentó mantener comunicación con Madero, demostrando a éste voluntad conciliativa y manifestando constantemente que tanto él como los jefes revolucionarios locales lucharon por el ideario del Plan de San Luis; sin embargo, para Madero esta no fue una declaración de su agrado, pues para él ya no eran vigentes los puntos del Plan de San Luis sino aquellos establecidos en el Pacto de Ciudad Juárez. A pesar de esta situación, Banderas fue nombrado gobernador interino de Sinaloa el 7 de

agosto de 1911. Saúl Alarcón, historiador sinaloense, quien ha llevado a cabo un gran trabajo de investigación en torno a la figura del general Banderas, en su libro En la línea de fuego: Juan M Banderas en la Revolución, menciona que éste, en tanto gobernador, ha sido el único que ha defendido, de manera exitosa, la soberanía de Sinaloa ya que resistió la injerencia en los asuntos estatales del gobierno del presidente interino Francisco León de la Barra así como de sus ministros y rechazó, de manera firme, las imposiciones antidemocráticas que pretendió Madero. Durante la breve gestión gubernamental del general Banderas, se logra garantizar la efectividad del sufragio a través del desarrollo tranquilo y legal de las primeras elecciones tanto para gobernador como para magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a la caída de la dictadura porfirista. En dichas elecciones resulta

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triunfante el coronel y profesor José Rentería, lo conservadora en la que podemos ubicar a Felipe cual significó la derrota electoral de la oligarquía Riveros, Macario Gaxiola y Rafael Buelna, los porfirista-redista la cual fue aliada de los made- cuales estaban más identificados con el sonorenristas moderados en el Estado, liderados, como se José María Maytonera, y que tenía objetivos se mencionó, por el ingeniero Manuel Bonilla. de corte meramente político; y por otro lado. un Estas diferencias políticas que tuvo con Madero, sector más radical encabezado por los generales así como el desacuerdo tajante de Banderas con Banderas y Bachomo, más cercanos a los idealos Tratados de Ciudad Juárez, aunado a la opo- rios de Villa y Zapata, con objetivos políticos, sición que sostuvo a la injerencia del gobierno sociales y agrarios. Banderas, al salir de su segunda estadía en federal en la política estatal, motivaron a Madero para que, una vez en la Presidencia de la prisión, solicita a Carranza su incorporación República, en diciembre de 1911, encarcelara al ejército conservando su grado militar. Desde al general Banderas. A raíz de esto, en febrero octubre de 1917 y hasta su muerte, el 10 de fede 1912, Banderas y sus más fieles seguidores se brero de 1918, fue comandante de una columna del Ejército Nacional. Sus ideas revolucionarias adhieren al Plan de Ayala. Entre 1914 y 1915, el general Zapata le ex- lo motivaron a establecer contacto nuevamentiende a Banderas el nombramiento de jefe de te con los zapatistas a fin de reincorporarse con Operaciones Militares del Ejército Libertador ellos, sin embargo la muerte lo alcanzó primero en el Distrito Federal, mientras que en el Es- a manos del Coronel Miguel A Peralta, quien lo tado de Puebla se le reconoció con el grado de asesinó después de una discusión en una calle de la Ciudad de México. general de Brigada, Es posible que la asy en el estado de HiExisitió un zapatismo en Sinaloa, cendencia indígena del dalgo fue ascendido a general de División, como también un magonismo y un vi- General Banderas protodo ello a razón de llismo. Y estos personajes coincidieron bablemente sea Tahue o Acaxee, especulación su destacada actividad en demandas de tierra y libertad que sostiene en base a militar. Posteriormenlos territorios que ocute, y por diferencias en la concepción de la estrategia militar con la paron dichas naciones indígenas en el pasado y organización zapatista para la guerra contra las a la ubicación que tiene el pueblo de Tepuche, fuerzas constitucionalistas, Banderas se incorpo- Culiacán, Sinaloa, lugar de origen del general. Así, podemos decir que existió un zapatismo ra al cuerpo de la División del Norte del Ejército Convencionista, a las órdenes del general Fran- en Sinaloa, como también magonismo y villismo. Ahí están las figuras de Fernando Palomacisco Villa. En enero de 1916 después de varias derrotas rez y del general Felipe Bachomo para sostener que sufrieron los convencionistas durante 1915 dicha afirmación. Lo importante de estas figuen Sonora y al norte de Sinaloa –lapso de tiem- ras, lo que las une, el carácter que les permite po en el que combate junto a Bachomo– des- ser identificados como grandes personajes “a la moralizado, considera que ya no era posible el izquierda” dentro del amplio espectro de facciotriunfo de la causa convencionista, a razón de las nes revolucionarias en Sinaloa, es que ellos coinderrotas del villismo en Sonora y del reconoci- cidieron en referentes ideológicos de justicia, miento que algunos países latinoamericanos da- tierra y libertad que guiaron un actuar revoluban al gobierno de Carranza, por lo que, frente cionario congruente. Referentes ideológicos que a la oferta de indulto de parte del gobierno ca- son un punto de encuentro entre estos personajes de la Revolución Mexicana. Concepciones rrancista, decide rendirse en Movas, Sonora. Podría decirse que en Sinaloa existieron que fueron la guía de una praxis revolucionados tendencias que apoyaron al gobierno de ria que asumieron dirigentes político/militares la Convención: por un lado una relativamente como el general Juan M Banderas.

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LOS FANTASMAS DE LA MIGRACIÓN MUNDIAL MARIO MUÑOZ LOZANO/PRENSA LATINA

a Habana, Cuba. Poco se sabe de las identidades de los 30 mil 510 migrantes fallecidos registrados por el Proyecto Migrantes Desaparecidos en los últimos 5 años, según datos revelados recientemente por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Solo hay información sobre la edad y el género de una cada cuatro víctimas: se conoce que casi 1 mil 600 eran niños, 1 mil 700 mujeres y cerca de 5 mil hombres. Apenas se cuenta con el país de origen de menos de la mitad de los muertos entre 2014 y 2018. En el caso de muchas personas, sus restos fueron recuperados días, semanas o meses después de su deceso en las rutas, en muchas ocasiones fue imposible para las autoridades determinar las causas del deceso. Los cuerpos de muchos otros no son descubiertos o recuperados. En el Mediterráneo, diversos informes de sobrevivientes de naufragios indican que, siendo cautelosos en el manejo de las cifras, unas 11 mil 500 vidas se han perdido en alta mar en los últimos 5 años, y los restos de esas personas nunca han sido encontrados. El Proyecto Migrantes Desaparecidos (MMP, por su sigla en inglés) es una iniciativa conjunta del Centro de Análisis de Datos de Migración Global (GMDAC) y la División de Medios y Comunicaciones de la OIM, que recibe información de una amplia variedad de fuentes, algunas no oficiales. El MMP cuenta los migrantes muertos en las fronteras externas de los Estados o en el proceso de migración hacia un destino internacional, independientemente de su estado legal. Solo regis-

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tra a aquellos migrantes que mueren durante su viaje a un país diferente de su país de residencia. OIM señaló que estas cifras son estimaciones mínimas, teniendo en cuenta la falta de fuentes oficiales de información y la ausencia de detalles sobre la mayor parte de los fallecimientos en esos viajes, muchos de ellos en alta mar o en zonas selváticas remotas. Los datos advierten que entre enero de 2014 y diciembre de 2018 se registraron más de 19 mil decesos y desapariciones por ahogamiento en el Mar Mediterráneo, en el Río Grande, en la Bahía de Bengala, sobre todo, además de en muchas otras rutas marítimas. Otras 3 mil 800 personas fallecieron por las duras condiciones naturales en su ruta migratoria o diversas enfermedades combinadas con la falta de acceso a medicamentos. La ruta central del Mediterráneo “entre el norte de África e Italia” sigue siendo el itinerario más mortífero de esa región. Según el MMP, en 2019 una de cada 33 personas perdió la vida tratando de cruzar esa ruta. El director del Centro de Análisis de Datos de la OIM, Frank Laczko, lamentó que “los restos de las personas perdidas en el mar este año nunca se encontrarán, como miles de otras perdidas en el Mediterráneo. Cada año que continúan estas muertes significa que más familias viven en el limbo, sin saber si un pariente está vivo o muerto”. Advirtió que “si vienes de un país de altos ingresos se harán esfuerzos para encontrar e identificar tu cuerpo si desapareces. Lo mismo no se aplica si eres un migrante indocumentado”.

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Al menos 800 personas perdieron la vida cruzando desiertos, ríos y territorios remotos en diferentes rutas migratorias de las Américas en 2019, convirtiendo a ese año en uno de los más fatales que se hayan registrado por el MMP. Los datos oficiales de los gobiernos y también informes periodísticos y de organizaciones no gubernamentales, indican que esta constituye la cifra más elevada de muertes documentadas en la región desde que la OIM empezó con el registro hace 6 años. Sobre el tema, el director del GMDAC dijo que “estas cifras constituyen un triste recordatorio de que la falta de opciones para una movilidad segura y legal lleva a las personas hacia caminos más invisibles y arriesgados, poniéndolas en grave peligro”. “La pérdida de vidas humanas nunca debe naturalizarse ni tolerarse como un riesgo asumido de la migración irregular”, añadió la fuente. Al menos 2 mil 959 personas perdieron la vida mientras migraban en las Américas en los últimos 5 años, de las que más del 60 por ciento, al menos 1 mil 871, perdieron sus vidas en la frontera entre México y Estados Unidos. Más de mil fallecimientos fueron registrados en el resto de América Latina y el Caribe entre 2014 y 2018, aunque la dificultad en cuanto a obtener informes confiables implica que la cifra real de muertes de migrantes es probablemente mucho mayor. El año pasado el mayor número de víctimas mortales se registró en la frontera entre Estados Unidos y México, donde se documentaron 497 muertes. De ellas, 171 corresponden a personas que intentaron atravesar el desierto. Las principales causas de los decesos que

se registran en el banco de datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos hacen referencia a las arriesgadas condiciones naturales y de transporte que los migrantes deben enfrentar cuando viajan de forma irregular. El director del Centro de Análisis de Datos de la OIM recordó que “la migración irregular plantea riesgos muy significativos para quienes emprenden tales viajes, y se necesitan con urgencia vías legales seguras de modo tal que menos personas se vean obligadas a recurrir a dicha opción”. Estas cifras, apenas sin rostros, son fantasmas

VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

Entre las rutas más peligrosas

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que narran la dimensión mundial de uno de los principales desafíos que enfrenta la Humanidad, que aparece a diario en la mesa de los políticos, de los decisores nacionales y de los grandes eventos internacionales, sin que aparezcan soluciones para desterrar el mal. Son números que cuentan la odisea de miles de personas que huyen de sus países, se marchan de sus casas, abandonan a sus familias en busca de mejoras económicas, de alejarse de las guerras o de los problemas medioambientales que también se han convertido en causa de la migración en el mundo.

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INICIATIVA DE MONREAL

PARA LEGISLAR DERECHO AL OLVIDO ATENTA CONTRA EL DERECHO HUMANO A SABER

10 de febrero de 2020

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Por iniciativa del senador Monreal, el Congreso podría legislar el mal llamado “derecho al olvido” en medios digitales, que atenta contra el derecho humano a la información. Éste obligaría a medios, youtubers e internautas a eliminar contenidos MARCIAL YANGALI

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l 24 de enero pasado, el legislador Ricardo Monreal Ávila –líder de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional– anunció como prioridad del Senado la discusión de la iniciativa para legislar el llamado “derecho al olvido”, que permitiría la eliminación de contenidos en medios digitales –incluidos los periodísticos– sobre crímenes ya juzgados, cuando los responsables hayan cumplido condena, o no juzgados, cuando el delito prescribió. Una ley de la que el propio Monreal podrá hacer uso, pues su iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares señala textualmente que los datos personales digitalizados son “aquellos que se encuentran en medios electrónicos, plataformas digitales, buscadores de internet y demás medios digitales, incluyendo textos, comentarios, interacciones, ubicaciones, contenido multimedia, antecedentes penales cuando la condena haya sido cumplida o el delito hubiere prescrito, y demás información”. Respecto del Estado nunca tiene que haber un

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derecho al olvido, asegura Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica. “Como ciudadanos siempre tenemos que saber qué es lo que hicieron los que nos precedieron en el gobierno […], quiénes estuvieron involucrados en corrupción, quiénes ayudaron a perpetuar un estado de ilegalidad y de impunidad. Respecto de ellos jamás debería de haber un ‘derecho al olvido’ porque eso es una construcción histórica, democrática y ayuda al imaginario ciudadano a que no se nos olvide de dónde venimos”. En entrevista, la diputada federal Marcela Torres Peimbert explica que “en el caso de servidores públicos el derecho que debe primar es el de los ciudadanos de saber exactamente quién es esa persona. Vamos a poner el caso [del exgobernador Javier] Duarte: saber quién es, si se vuelve a postular saber cuál ha sido su historia pública, es un derecho público que se antepone al derecho privado”.

La secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción se manifiesta “totalmente en contra” de que se legisle este tema. “Creo que en un país como México, que no tiene un sistema anticorrupción consolidado, que no tiene un combate a la corrupción claro [...], no podemos hablar de un ‘derecho al olvido’ porque sería perpetuar la impunidad”. La diputada añade que no cree siquiera que se trate de un derecho: “Es solamente una violación al derecho humano de información y al derecho humano de libertad de expresión. Creo que están violando dos derechos en aras de un ‘derecho’ que es totalmente inconstitucional”.

El ‘derecho al olvido’ no es un derecho. Es en realidad una violación al derecho humano de información y de libertad de expresión

Falso derecho

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Rechazo a la iniciativa Integrantes de organizaciones que defienden el derecho humano a saber y la libertad de expre-

ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO

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Monreal. Eliminar de la red atecedentes de políticos, empresarios y personas en posición de poder

sión critican la iniciativa de Monreal, porque atenta contra el derecho de las personas a ser informadas y podría permitir la censura de los medios de comunicación. Agneris Sampieri, abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), explica en entrevista que la propuesta tendrá incluso afectaciones globales: “Aquí lo que se está previendo es la eliminación inmediata de todas las bases de datos y los respaldos que pudieran existir. Entonces se está previendo la eliminación de información a nivel global. Y es algo que ni Europa se ha atrevido a hacer: hubo un caso contra Google, y el Tribunal Europeo resolvió que no tenía facultades extraterritoriales y que el ‘derecho al olvido’ únicamente iba a tener efectos a nivel europeo. Y los efectos que tendría la iniciativa de Monreal son extraterritoriales”. En la reforma propuesta a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Par-

ticulares se puede leer: “la cancelación abarcará la eliminación y la supresión de todos los contenidos que se encuentren en medios electrónicos, plataformas digitales, buscadores de internet y demás medios digitales incluyendo textos, comentarios, interacciones, ubicaciones, contenido multimedia, antecedentes penales y demás información”. La R3D señaló que la iniciativa faculta la supresión de información de interés público, “mediante una interpretación errada y maliciosa del derecho a la privacidad y la protección de los datos personales; en concreto, del derecho de cancelación”, mismo que es parte de los llamados “derechos ARCO” – acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos–, establecidos en el Artículo 16 de la Constitución Política mexicana. “[La iniciativa] en primera instancia te dice que está protegiendo un derecho humano, pero en realidad en ningún momento considera las afectaciones a

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la libertad de expresión o a los terceros interesados”, señala Agneris Sampieri, quien sostiene que este cambio legislativo tiene otros intereses detrás. Vladimir Cortés, oficial del Programa de Derechos Digitales de la organización internacional Artículo 19, coincide al señalar que “sí es legítimo el ejercicio de los derechos ARCO, pero tiene que pensarse siempre las salvaguardas en materia de libertad de expresión y a partir de una prueba de interés público”. Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas, señala en entrevista que el tema es delicado: “por una parte personas particulares podrían verse afectadas por contenidos en internet que podrían afectar su patrimonio, su honor, su vida [...]. Pero hay poderes fácticos que obviamente están muy contentos con la eliminación de sus contenidos. “Aquí en México no sólo la propuesta no cumple con los estándares internacionales en la materia”, sino que, observa, en casos como el de la sentencia contra el académico Sergio Aguayo –por un juicio de daño moral interpuesto por el político Humberto Moreira– “no necesariamente podemos contar con imparcialidad y con la suficiente capacitación en la materia por parte de los jueces. En este momento, como se está discutiendo esa propuesta, no es lo ideal: creo que nos falta mucho debate y es importante que el Congreso lo reconozca y revise el tema”. Para Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México, “la tendencia tendría que ser a garantizar el derecho a la memoria histórica y no al contrario”. Consultado sobre el tema, el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez, explica que “ningún derecho humano o fundamental es absoluto. En algún caso el contenido esencial de esos derechos tiene que ceder frente al otro ante los casos particulares. Por eso digo que, en caso de colisión de derechos entre el derecho a la libertad de expresión frente al derecho a la protección de los datos personales, se tendrá que ir resolviendo caso por caso”. El funcionario aclara que “no es lo mismo atender a la protección de los datos personales de los

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Agneris Sampieri

servidores públicos, por ejemplo, que a la protección de los datos personales de un ciudadano de a pie. Tenemos que ponderar por eso caso por caso, al momento de emitir nuestras decisiones”.

La trampa de emular el sistema europeo La figura de “derecho al olvido” vio la luz jurídicamente en 2014, cuando el Tribunal Europeo resolvió la desindexación de un periódico a partir de una demanda realizada por Mario Costeja contra el buscador Google. La abogada Agneris Sampieri cuenta que “la información del periódico catalán, La Vanguardia, cumplía con toda la legalidad y estaba en el marco de lo que protege la libertad de expresión. En 2014 resuelven que no le iban a pedir ninguna responsabilidad al periódico. No obstante, a quién sí le iban

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Vladimir Cortés

a imputar responsabilidad por tratamiento de datos personales era a Google, por haber indexado, es decir haber puesto en sus resultados de búsqueda, ese enlace con información de que ya no era relevante ni de interés público. Y por lo tanto le ordenaron a Google la desindexación de esa información del señor Costeja”. Posteriormente, esto que se conoce como “derecho al olvido”, sería legislado en el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (más conocido como GDPR, por su sigla en inglés). Uno de los efectos, explica Sampieri, es que se le da más poder a los “gigantes digitales” –tal como son denominados en la propia iniciativa suscrita por el senador Monreal– “para decidir qué sí y qué no tiene que permanecer en línea”. “[En el informe de transparencia de Google] todo está anonimizado para que no se pueda identificar de quién se habla, pero Google ha decidido

remover enlaces en los que se está hablando de personajes públicos, de figuras públicas, de políticos, que están relacionados con actos de corrupción o crimen organizado. Deciden desindexarlos porque consideran que efectivamente había un tratamiento de datos personales, que más allá de su nombre eran direcciones. [...] Esto es bastante problemático porque ahora tenemos a estos ‘gigantes tecnológicos’ haciendo el papel de policías sobre la libertad de expresión”, explica la abogada. Además, Sampieri hace énfasis en que la iniciativa no toma en cuenta que América Latina y Europa no tienen el mismo contexto social, económico, político ni jurídico. “México, y en general América Latina, es un caldo de cultivo para actos autoritarios, actos de corrupción y actos de crimen organizado principalmente de actores políticos. Y muchas veces son estas personas, con estas capacidades y con este perfil, las que deciden este supuesto ‘derecho al olvido’ para limpiar una imagen pública que quieren preservar, o ciertas situaciones que quieren acallar”. “Aquí les encanta citar la sentencia del caso Costeja, les encanta citar el marco normativo europeo, pero pasan por alto que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos la libertad de expresión está especialmente protegida y está considerada un pilar fundamental para la democracia”, señala. Vladimir Cortés –de Artículo 19– explica que “[el sistema interamericano] reviste la libertad de expresión de un sistema de protección que hace mucho más difícil que se puedan remover ciertos contenidos o restringir el acceso a cierta información, ya sea en el espacio físico o en el espacio digital. Establece, por ejemplo, salvaguardas para que no existan mecanismos de censura previa o de censura indirecta que bien podría representar el ‘derecho al olvido’. De entrada, todos los discursos están protegidos como parte de este debate robusto de una sociedad democrática, plural y abierta, en el que también se acepten discursos chocantes, perturbadores, ofensivos”. “Existen excepciones y desde luego la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Pero todas las restricciones tienen que cumplir con una serie de requisitos: ser necesarios, perseguir un fin legítimo y ser proporcionales. No puede justificarse la falta de acceso a un cierto contenido, simplemente

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Censurar miles de archivos, objetivo

porque no me gusta o porque están hablando mal de mí”, agrega. Por su parte, Agneris Sampieri recuerda que también existen otros mecanismos que pueden ser implementados cuando se exceda el ejercicio de la libertad de expresión. “Son el derecho de réplica, la rectificación de las notas y si se está poniendo en riesgo la vida de una persona, pueden acudir a los medios, y antes de amenazar, explicar el por qué y los medios de comunicación harán un ejercicio”.

Todos podemos ser “responsables digitales” En la iniciativa del senador Ricardo Monreal se propone la figura de “responsable digital” y se define de la siguiente manera: “Persona física o moral de carácter privado que lleva a cabo el tratamiento de datos personales digitalizados a través de los me-

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dios electrónicos, plataformas digitales, buscadores de internet y demás medios digitales”. Y aunque en la exposición de motivos, la iniciativa parece ser dirigida a los “gigantes tecnológicos@, lo cierto es que en la definición de responsable digital entra tanto un usuario de Facebook, un pequeño medio independiente, un portal nacional de noticias o un motor de búsqueda usado a nivel mundial. La abogada Sampieri explica que “cada vez que alguien comente un nombre personal en Facebook, Facebook puede hacer este papel de policía. Empezar a censurar cada vez que alguien mencione ‘Moreira’ o ‘Monreal’, por ejemplo. Facebook va a poder hacer esta labor de policía porque quiere evitar una multa que tiene sustento en una iniciativa que, de fondo, está permeando directamente en la libertad de expresión de las personas”, advierte la abogada de R3D.

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Para Vladimir Cortés, “convertir a un medio de comunicación en un ‘responsable digital’ puede ejercer una mayor presión de la que de por sí ya tienen. En un contexto tan precario y tan difícil como es el ejercer periodismo en México, es imponer una carga que puede convertirse en un efecto inhibidor para los medios de comunicación”. “En el decir: como yo no quiero tener ningún tipo de sanción o responsabilidad por parte del Estado por este tratamiento de datos personales o por la responsabilidad digital que me están atribuyendo, pues me limito en las publicaciones que haga. Me limito en hablar de determinados temas, deter-

minados personajes o figuras”, advierte el abogado de Artículo 19. La reforma propuesta establece que el “responsable digital tendrá la obligación de realizar las operaciones necesarias para cancelar de manera inmediata y definitiva los datos personales digitalizados que hayan sido objeto de la solicitud del titular, así como de las copias de seguridad y demás respaldos existentes”. De infringirse la Ley de forma reiterada, la iniciativa también estipula que se podrán imponer multas de entre 100 a 320 mil Unidades de Medida y Actualización vigentes (en 2020 equivale a un

CASO FORTUNA, EL PRECEDENTE MEXICANO En 2016, 2 años después del “caso Costeja”, un Tribunal en México dejó sin efecto la resolución del Inai, en favor de Carlos Sánchez de la Peña, que ordenaba a Google la remoción de enlaces con el nombre de este empresario, y en los que se incluía una nota de la revista Fortuna titulada: “Fraude en Estrella Blanca alcanza Vamos México”. A pesar de tener gran repercusión en la discusión hoy retomada, el “caso Fortuna” no fue considerado en el planteamiento de la iniciativa propuesta por Monreal. La revista fue representada por R3D, y Agneris Sampieri nos cuenta más detalles: “El Ifai [hoy Inai] decidió que Google tenía responsabilidad jurídica en el territorio mexicano y que tenía que hacer una cancelación de los datos personales [del empresario]. El caso escaló a sede administrativa, a los juzgados, donde se advierte que no se estaba tomando en cuenta una parte interesada: la revista Fortuna. El caso solo era entre el particular y Google. Pero una de las personas jurídicas que se iba a ver afectada era la revista ya que uno de los enlaces que se pretendía remover era de ella”. “Y esto es bastante importante: cuando se habla de ‘derecho al olvido’ no se toma en consideración a las terceras interesadas. Y son quienes generan la información y quienes van a verse afectadas con la remoción de estos enlaces ya que esto puede trascender a afectaciones económicas, por dejar de tener interacción con las personas que acuden a sus páginas, y hasta de otro tipo más significativo: esta información se está dando a conocer por

algo y se le está privando también a quienes tenemos a esa información, que es la sociedad en general”. “En el caso Fortuna se llevó a cabo esta defensa y se resolvió que en primer lugar no la estaban considerando, porque no la llamaron a juicio, y en segundo lugar que estaban afectando la libertad de expresión de la revista. Por lo tanto, la sentencia de primera instancia resolvió que el Inai, tenía que sacar una nueva resolución en la cual se tomara a consideración esto. Y como el caso no se siguió litigando se quedó en una sentencia favorable para la revista Fortuna y para su derecho a la libertad de expresión”. Este caso, local y no resuelto del otro lado del Atlántico, es un precedente que enriquece la discusión actual, a propósito de la iniciativa en el senado. Otro referente a tomarse en cuenta es el “Principio de restricción mínima posible del flujo de información por internet” reconocido en la tesis 2014515 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en 2017. “Se reconoce que en el orden jurídico nacional y en el derecho internacional de los derechos humanos, existe el principio relativo a que el flujo de información por Internet debe restringirse lo mínimo posible, esto es, en circunstancias excepcionales y limitadas, previstas en la ley, para proteger otros derechos humanos”, señala a manera de conclusión la tesis, tras reconocer que internet ha pasado a ser un medio fundamental para que las personas ejerzan su derecho a la libertad de opinión y de expresión.

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EMPRESAS “AMENAZAN” MEDIOS PARA BAJAR NOTAS zante. Pretende parecer un tono conciliador, pero al final es: si no lo haces atente a las consecuencias. No precisamente busca generar algún tipo de entendimiento”, explica el oficial del Programa de Derechos Digitales de la organización internacional Artículo 19. Tanto él como Agneris Sampieri recomiendan como primer paso “no entrar en pánico, mantener la calma” y a continuación contactar algún abogado u organización de la sociedad civil, tal como Artículo 19 o R3D, para recibir asesoría específica sobre la solicitud recibida. Vladimir aconseja también: “Ser precavidos y cuidadosos: no responder automáticamente y confiarse en que al ser una nota periodística y al ser información que es pública, no tienen por qué eliminar ninguna información.

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En el mundo existen páginas en internet que te ofrecen “borrar tu pasado en internet” a cambio de un pago que varía dependiendo de qué tan personaje público eres. Pero poco se sabe sobre el tipo de contenido que ha sido removido y qué medios de comunicación han terminado accediendo a las solicitudes que hacen estas empresas, como lo es Eliminalia. La hipótesis de Vladimir Cortés, quien se encuentra haciendo en Artículo 19 un trabajo de documentación al respecto, es que muchos medios bajan sus notas al no contar con asesoría legal y no querer meterse en problemas. Son pocos los casos que han atendido, pero intuye que son muchos más los que acceden a las demandas sin preguntar. “Creo que son cuidadosos, pero sí es un tono súper amena-

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Habría que revisar caso por caso y justo desde Artículo 19 queremos es generar guías para medios de comunicación. Un ABC si llegan a recibir un tipo de caso”. En eliminalia.com se puede encontrar algunas descripciones de los servicios que ofrece con 100 por ciento de “éxito de olvido”: “Creemos que la mejor manera de garantizar el resultado es limpiando el contenido ‘desde la raíz’, es decir, borrar los datos que se almacenan en la propia página web o medio de comunicación dónde se ha publicado. Los buscadores solo indexan la información que publican las páginas web donde se almacena y no solo de los buscadores”. “Olvídate de esas compañías online que te cobran poco, garantizando el resultado por teléfono… a diferencia de ellas, Eliminalia te garantiza por escrito y bajo contrato los resultados”. Para Agneris Sampieri, el “derecho al olvido”, en la práctica no es para todos, es un derecho con “cierta posición social. Son derechos de personas a las que les interesa pagar para que no se sepa algo de ellas”. Vladimir Cortés explica que básicamente lo que hacen “es utilizar la protección de datos personales, ya sea desde el sistema europeo o en el caso de la legislación mexicana, para hacer estas solicitudes”. De manera que la reforma propuesta por Monreal también podría ser una herramienta de uso potencial para estas empresas, sobre todo si tenemos en cuenta que ambos pretenden tener injerencia en todos “los respaldos electrónicos existentes”.

GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO

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Julio Cesar Bonilla Gutiétrrez,

rango entre 8 mil 688 pesos a 27 millones 801 mil 600 pesos). Y equipara los “datos sensibles” con los “datos personales digitalizados”, al señalar que en infracciones cometidas en su tratamiento, de cualquiera de estos, las sanciones podrán incrementarse “hasta por dos veces”.

El peligro de los conceptos “vagos y ambiguos” Si bien Carmen Quijano Decanini –integrante del Comité Jurídico de la Asociación Mexicana de Internet y coordinadora de la Comisión de Transparencia y Protección de Datos de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados– considera que “el derecho al olvido” debe incluirse en la legislación mexicana, advierte que a la iniciativa presentada por Monreal le falta “técnica jurídica”.

“Como está redactada ahorita, en mi opinión, sí permitiría violentar el derecho al acceso a la información y a la libertad de expresión. [...] De esta forma, como se está queriendo regular, sí podría tomarse como pretexto al ‘derecho a la cancelación de los datos’ para bajar contenido que sea relevante para la colectividad y para que la gente pueda hacer valer sus derechos”, explica. La propuesta presentada por Ricardo Monreal señala: “Para que proceda la cancelación de datos personales digitalizados deberá configurarse, al menos, una de las circunstancias siguientes: a) que la información sea innecesaria en relación con los fines para los cuales fue recogida o proporcionada; b) que los datos personales digitalizados hayan sido tratados ilícitamente; c) que la información sea inexacta, y d) que la información sea obsoleta o irrelevante”. La abogada Agneris Sampieri advierte que este tipo de criterios son “peligrosos”: “No podemos

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INVESTIGACIÓN PORTADA

Consorcios y políticos, por eliminar informaión

permitir que en la legislación existan términos tan vagos, amplios y ambiguos. Y más en temas de libertad de expresión, que es de naturaleza dual: en el ámbito individual y en el ámbito social o colectivo. ¿Cómo puedes determinar colectivamente que determinada información es obsoleta? Tú no puedes meterte en la cabeza de las personas y de buenas a primeras decir que esa información es obsoleta”. Es competencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) resolver caso por caso las demandas en la materia a partir del análisis e interpretación de leyes. Y de aprobarse la iniciativa, este instituto también estará encargado de asesorar a los titulares de los derechos ARCO sobre los alcances y los medios legales que disponen para su defensa. Para Vladimir Cortés de Artículo 19, la preocupación es que el ejercicio se vuelve “discrecional” cuando la redacción de la ley es “tan vaga y am-

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plia”. “Es como decir: qué es necesario y cuándo se convierte en algo innecesario. No hay un margen y en un caso en el que está involucrado una persona por el caso Odebrecht, o lo que sea, (puede argumentar que) ya es ‘innecesario’ porque está afectando mi imagen personal o está afectando mi reputación. Por lo tanto, solicito que se eliminen tal nota o me saquen completamente de tal investigación periodística”. Respecto a la información “inexacta”, Vladimir Cortés argumenta que ya existe el derecho a la rectificación. “Tú puedes decirle al tratador de datos personales: no soy José Ramón, soy Joselito. Porque tienes ya el derecho de rectificar el dato personal”. Para el abogado de Artículo 19, incluso cuando un delito ya ha prescrito puede seguir siendo “relevante” si la persona “continúa siendo una figura pública inmersa en discusiones de distinta índole, pues es pertinente poner sobre la mesa informa-

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ción que haya podido salir recientemente, aunque el delito ya haya prescrito”. De tal manera que la relevancia, la obsolescencia y los otros criterios propuestos pueden tener múltiples interpretaciones.

Reinserción social, ¿punto a favor o pretexto? El “derecho al olvido” aplicado a personas que ya han cumplido una condena, es quizá uno de los puntos más polémicos de esta propuesta. Si bien para algunos puede ser un buen mecanismo para contrarrestar el estigma social hacia las personas que acaban de salir de la cárcel, otros lo ven como un argumento doble moral que no brinda verdaderas herramientas para una reinserción social. La iniciativa que suscribe Monreal señala que “la cancelación de los datos disponibles en internet se amplía a los antecedentes penales del titular, siempre que la condena haya sido cumplida o el delito haya prescrito. Ello como un elemento para contribuir a la efectiva reinserción social de quienes han incurrido en la violación de normas penales”. Elsa Bibiana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del Info, explica que un aspecto positivo de ejercer el “derecho al olvido” implicará un procedimiento para eliminar la información que se divulgó de una persona “acusándola de algo de lo que después resultó que era inocente”. Pero en el caso de probarse la culpabilidad la situación cambia: “Allí habría que analizar qué es lo que tendría que eliminarse, si realmente se eliminaría algo, porque se supone que tú fuiste parte de un proceso y que sí tuviste una condena. Y si ya la purgaste, ¿hasta dónde sí se puede eliminar ese tema? Porque tú ya pagaste con cumplir los años de cárcel, con la sanción que te hayan impuesto. Ya socialmente te reintegraste y no quisieras que eso te siguiera estigmatizando”, reﬂexiona la comisionada. Vladimir Cortés cree que hay alternativas que no necesitan “de grandes reformas y todo un cor-

pus jurídico”. En su opinión, el mismo Estado debería empezar por actualizar sus bases de datos y así desindexar el nombre del buscador. “Es más bien como la responsabilidad que debería tener el Estado para generar sus propios mecanismos, quizás un protocolo o un reglamento interno para sus bases de datos: en lugar de que aparezca (primero), simplemente vas modificando los optimizadores de búsqueda. Hay una serie de alternativas menos lesivas que permitirían justamente eso”, señala. Agneris Sampieri de R3D reconoce que este punto puede ser el más delicado. “En un primer momento yo creo que cumplir una condena es suficiente para que una persona pueda hacer su vida con normalidad. El problema es de aquellas personas que deciden no abrirle paso al mundo una vez que ya saben que cumplió una condena. O sea, en un primer momento el error es social: estamos discriminando y estamos viendo feo a las personas que ya cumplieron con una condena”. “Pero en un segundo término vale hacer una valoración puntual de quién queremos saber o no saber. La reinserción social y cumplimiento de una condena, poco me va a interesar si se trata de un político como [Javier] Duarte. Ya cumpliste con tu pena y ya quieres que se borre todo lo que habría de ti, alrededor de esas investigaciones... Pues no: a nivel social, a nivel de interés público nos importa saber qué es lo que hicieron ciertas personas”, comenta. La abogada de R3D también cree que sustentar la iniciativa argumentando la reinserción social “es jugar un doble discurso: Quieren utilizar el lenguaje de forma en que parezca que están defendiendo los derechos de los más vulnerables, pero no están prestando atención al problema real. ¿Realmente te importa reinsertar socialmente a las personas? Has programas públicos o campañas para que se desacelere la discriminación. [...] Quieres eliminar todo lo que se dice de la persona, pero realmente no le estás asegurando que una vez que estén afuera puedan conseguir un trabajo”.

La iniciativa que suscribe Monreal señala que ‘la cancelación de los datos disponibles en internet se amplía a los antecedentes penales del titular’

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INVESTIGACIÃ&#x201C;N SOCIEDAD

DENUNCIAN

NEPOTISMO E INFLUYENTISMO EN EL INAPESCA

10 de febrero de 2020

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En el Inapesca han desobedecido los lineamientos del presidente López Obrador: afectados denuncian ante la Secretaría de la Función Pública y la Presidencia de la República que en la dependencia hay nepotismo e influyentismo ÉRIKA RAMÍREZ

rabajadores del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) denunciaron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Presidencia de la República presuntas prácticas de nepotismo e influyentismo al interior de ese organismo, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa, ahora Sader). Los hechos tocan las esferas directivas de la institución y serían solapados por su director general, Pablo Roberto Arenas Fuentes. Las copias de las denuncias refieren que la subdirectora Elizabeth González Ávalos mantiene en la nómina a su hija Grecia Astrid Hernández González, con un salario mensual de 38 mil 280 pesos. Para conocer su versión de estos hechos, Contralínea contactó al área de comunicación social, sin recibir respuesta. Grecia Hernández aparece en la Balanza de Comprobación al 31 de marzo de 2019, bajo el número de cuenta 2112-2019. La denuncia ante la Función Pública señala que ésta “jamás ha tenido presencia física en las oficinas del Inapesca”. Aunque el documento no define ni el cargo ni servicio que

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Información de la Plataforma Nacional de Transparencia muestra el curriculum vitae de González Ávalos donde se aprecia que realizó estudios en ingeniería bioquímica industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), de 1988 a 1991. Otra carta envidada a la Presidencia de la República el 30 de octubre de 2019, vincula a David Aburto Perdomo como expareja de González Ávalos y como prestador de servicios de honorarios, bajo el número de cuenta 2112-2019-AUPD4601, en el que percibe 29 mil 644 pesos mensuales del Inapesca. Además de esta serie de acusaciones, llevadas ante la SFP y la presidencia de la República, trabajadores de la dependencia indican que los bienes del Inapesca, como los vehículos, son utilizados para viajes personales de los funcionarios del primer círculo, como lo hacían en administraciones anteriores. Además de que hay un abandono institucional en los temas de investigación relevantes, como el relacionado con el Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica (BIPO) Doctor Jorge Carranza Fraser, que ha operado con irregularidades desde su adquisición, en 2013, y ha revelado la Auditoría

Examen profesional de Rita Ayón, realizado 4 meses después de que asumiera el cargo

ocupa, sí se refiere a su remuneración. En la denuncia, entregada a la SFP –encabezada por Irma Eréndira Sandoval– también se menciona que la otra hija de González Ávalos, Ingrid Hernández González, formó parte de la nómina del institucional. Fuentes consultadas aseguran que nunca se presentó a las oficinas del Inapesca.

Otras irregularidades Además de las acusaciones por nepotismo, por parte de la subdirectora de Integración, Elizabeth González Ávalos, la denuncia recibida el 16 de agosto de 2019 en la Secretaría Técnica de la SFP indica que la funcionaria no cuenta con título profesional y ostenta el título de ingeniera en los documentos oficiales que ha firmado. 34

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Director del Inapesca, de gira de trabajo acpmpañdo de se esposa

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Superior de la Federación (Contralínea https://bit.ly/ 2FU6kV0 ), en el reporte 2018-1-08RJL-19-03352019, hecho a la gestión financiera del Inapesca. En su momento, y tras evidenciarse irregularidades en la compra, Enrique Martínez y Martínez, promovió la renuncia del entonces director general del Inapesca, Raúl Adán Romo Trujillo. La crisis provocada por las inconsistencias en la licitación de los servicios del BIPO, también generó el despido de quien ocupara el cargo como titular del Órgano Interno de Control de la Sagarpa, Juan Salvador Esquer. Dentro de las acusaciones también se señala que el secretario particular del director de Inapesca, Emilio Muñoz Rivero Medina, no tiene título profesional y asienta su firma en documentación oficial con el grado de licenciatura. Como se muestra en el oficio RJL/INAPESCA/DG/SP/003/2015, del que tiene copia Contralínea. Acusa, también, a la directora general adjunta de Administración, Rita Ayón Rodríguez, quien recibió el cargo en mayo de 2015 y se tituló cuatro meses después. Datos del Inapesca indican que Ayón Rodríguez

Instrucción presidencial contra el influyentismo y la corrupción en le gobierno federal

es Licenciada en Ciencias de la Computación, egresada de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. “La formación académica recibida y el desempeño profesional le han permitido construir un proyecto caracterizado por la ética, la responsabilidad, el respeto a la diferencia que conduce a un trato digno hacia los demás”, indica. En el ámbito académico se desempeñó como directora Administrativa y Académica del Instituto Tecnológico de Cholula y del Instituto BUSPEC, en San Pedro Cholula, Puebla; en el Ámbito Profesional ha sido Directora de Administración, Coordinadora Administrativa, Jefe de la Unidad de Programa Especiales, Jefe de la Unidad de Organización y Sistemas, Jefe del Departamento de Informática, todos éstos los desempeñó en la Secretaría de

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Desarrollo Social. El dictamen de examen profesional, en poder de Contralínea, indica que la funcionaria presentó este trámite académico el 31 de agosto de 2015. Entre los integrantes del jurado se encontraron Apolonio Ata Pérez, presidente; José Luis Hernández Ameca y como secretario, José Esteban Torres León. El veredicto: “aprobado por unanimidad”.

Mandato presidencial

Subdirectora, con carrera trunca

El pasado 13 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador giró un memorándum con la instrucción “clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras del antiguo régimen”. El titular del Ejecutivo fue enfático: “Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir con el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. En consecuencia, les reitero: no acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus ‘recomendados’”. El documento –dirigido a los secretarios del gobierno mexicano, directores de empresas u organismos paraestatales, y servidores públicos en ge-

LA DIRECCIÓN DEL INAPESCA Pablo Roberto Arenas Fuentes, actual director del Inapesca, es uno de los funcionarios heredados de la administración de Enrique Peña Nieto. Ocupó el mismo cargo desde el 16 de enero de 2015, con los secretarios de Agricultura Baltazar Hinojosa, José Calzada y Enrique Martínez. El currículum expuesto en la página institucional muestra al funcionario con una trayectoria mayor a 30 años “en evaluación y administración de pesquerías y en general en conservación de recursos naturales,

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dinámica de poblaciones con enfoques analíticos, coordinación de investigación, desarrollo sustentable y políticas en pesquerías industriales y ribereñas”, entre otras. Arenas Fuentes fue ratificado por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, el 10 de diciembre de 2018. En su discurso, el funcionario de la primera línea del gabinete presidencial subrayó que la pesca, la acuacultura y la maricultura jugarán son papel fundamental en esta admi-

nistración. Una de las acusaciones, hechas por las fuentes cercanas a la investigación, es que el director general del Inapesca viaja a las giras institucionales (nacionales e internacionales) acompañado de su esposa. Muestra de ello, es la imagen que compartió Carlos García de Alba, embajador de México en Italia y ante Albania,Malta y San Marino). El diplomático mexicano subió a la red social Twitter el 18 de noviembre de 2019. En el tuit se lee: “Tuve placer recibir en @EmbaMexIta a DG

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neral– ordena: “ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie. Y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en las oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada”. El presidente señala que: “de no cumplirse con esta recomendación, se podría caer en actos de deshonestidad o en la esfera del derecho penal”. El pasado 18 de noviembre, el presidente López Obrador reiteró que en su administración se acabó el “bandidaje oficial”, con el que hace referencia a los actos de corrupción e influyentismo que fueron evidenciados en administraciones pasadas. El Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal, emitido el 5 de febrero de 2019 en el Diario Oficial de la Federación indica, en su artículo 18: “existe conflicto de intereses cuando las personas servidoras públicas se encuentran impedidas de cumplir con el principio de imparcialidad, en el desempeño de su empleo cargo o comisión, en virtud de que sostienen intereses particulares que interfieren en la atención o resolución de un asunto, en términos de lo previsto en el artículo 21 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo”. Considera prioritaria “la construcción de una nueva ética pública, la recuperación de la confianza de la sociedad, en sus autoridades y el compromiso con la excelencia por parte de las personas servidoras públicas”.

@INAPESCAmx #SADER @ GobiernoMX Pablo Arenas @DrPabloAF México tiene reto crecer producción pesquera y consumo con políticas y prácticas sustentables, donde los intercambios con Italia pueden ser trascendentales”. En la imagen, el diplomático, el funcionario federal y su cónyuge. Se consultó con servidores públicos respecto de este tipo de prácticas, y comentaron que viajar con familiares en las giras de trabajo no es violatorio de la ley, siempre y cuando no se utilicen los recursos públicos para sufragar los gastos del funcionario y

Denuncia ante la SFP

su acompañante, situación que no es fácil de reconocer, pues los viáticos son presentados sin especificar quién los consumió o si fueron compartidos con alguien más. Es decir, la habitación de un hotel puede estar a nombre del funcionario, pero ser ocupada por él y su pareja sentimental, por ejemplo. Otras manifestaciones en contra de Arenas Fuentes se han colgado en una gran manta, al interior de las instalaciones del Inapesca. En ellas se lee: “Dr. Pablo Arenas, exigimos soluciones a la diversa problemática que padece nuestra institución y

demandamos la participación real de los investigadores en la definición, planeación, ejecución y difusión de la investigación pesquera y acuícola de México”. Desde noviembre de 2019, Contralínea solicitó entrevista con el director general del Inapesca para hablar del tema y de las supuestas irregularidades de sus colaboradores, a través de la unidad de Comunicación Social de la Sader. También entregó copia de la denuncia para conocer la respuesta de los involucrados. Al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

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CRECE EL EZLN A 26 AÑOS DEL LEVANTAMIENTO JOSÉ LUIS SANTILLÁN/TEXTO Y FOTOGRAFÍAS

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l Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) concluyó la celebración del 26 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido. Las actividades del “Combo por la Vida” iniciaron desde el 7 de diciembre y consistieron en la segunda edición del Festival del Cine Puy Ta Cuxlejaltic, realizado en el nuevo caracol de Tulan Kaw. Posteriormente, del 16 al 20 de diciembre se realizó el primer Festival de Danza Báilate otro mundo, cuyas sedes fueron los caracoles zapatistas de Tulan Kaw y Jacinto Canek. El 21 y 22 de diciembre fue celebrada la Cuarta Asamblea

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Nacional del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno, y el 23 y 24 el Foro en Defensa del Territorio y de la Madre Tierra. Estas actividades en el nuevo caracol Jacinto Canek, en plena ciudad de San Cristóbal de las Casas. Y, finalmente, del 26 al 29 de diciembre se realizó el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan en el Semillero “Huellas del Caminar de la Comandanta Ramona”, en Caracol Torbellino de Nuestras Palabras, de la zona Tzots-Choj, con una asistencia de aproximadamente 5 mil mujeres de los cinco continentes. Con estas actividades el EZLN celebró pasar de cinco caracoles a 12, con sus Juntas de Buen Gobier-

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no, después de 15 años de trabajo político y organizativo. Además, con los cuatro nuevos municipios autónomos ahora suman 31 Mares y 43 Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista. “Sí, estamos dispuestos a desaparecer como propuesta de un nuevo mundo”, advirtio el subcomandante insurgente Moisés ante los megaproyectos que impulsa el gobienro federal en territorios indígenas. Y le preguntan: “¿Están dispuestos los malos gobiernos a tratar de destruirnos al costo que sea, a golpearnos, encarcelarnos, desaparecernos y asesinarnos?”

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BOLIVIA

LIBERACIÓN DE EXPORTACIONES Y RETORNO AL NEOLIBERALISMO La liberación de exportaciones decretada por el gobierno de facto, a pedido de la agroindustria cruceña, generará inflación y desabastecimiento. Una administración que el pueblo no eligió avanza en cambiar la política económica y de relaciones exteriores

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l 28 de enero de 2020 se ha firmado el decreto supremo para la liberación de exportaciones por parte del gobierno de facto en Bolivia. Ésta es una de las primeras medidas en el nuevo rumbo económico que quiere imprimir el neoliberalismo boliviano. Ello deja en evidencia cuáles fueron los grandes intereses que estuvieron detrás del quiebre institucional, en tanto esta medida parece una devolución de favores por el apoyo que brindó al golpe el sector agroindustrial del Oriente. El gobierno de facto debe pagar la factura de ese supuesto apoyo económico y político, liberando las exportaciones de los commodities que produce la agroindustria cruceña. En estos más de 60 días el gobierno ha hecho ya cuatro anuncios sucesivos de la decisión de implantar la liberación de exportaciones, pero la medida no se llevó a cabo; luego de tres postergaciones el ministro del rubro lo acaba de decretar el 28 de enero 2020. Revisemos qué está en juego y por qué la desregulación de las exportaciones es el primer gran objetivo para restablecer los viejos poderes económicos.

Alimentos: centralidad de la política económica de Evo Morales Uno de los ejes centrales de la política económica del gobierno de Evo Morales fue el control de la inflación, en particular la inflación de alimentos. La baja inflación cumplió dos grandes objetivos: (i) garantizar estabilidad macroeconómica y (ii) garantizar redistribución del ingreso nacional por medio de aumentos del ingreso real de la población más pobre que, históricamente, fue excluida de todo beneficio estatal. A su vez la estabilidad del precio en los alimentos está ligada a un objetivo central de la política económica de Morales, que

fue precautelar la “seguridad alimentaria con soberanía”, cumpliendo así con la Constitución Política del Estado promulgada en 2009 y que consagra en su artículo 16 [1] que el Estado garantiza el derecho a la alimentación de toda la población boliviana. Se entiende, así, que no sólo se trata de que la población acceda a los alimentos [2], sino que este acceso no se convierta en un mecanismo de dependencia que la someta a designios de economías externas; se busca que el pueblo pueda ver garantizado su derecho alimentario sin depender directamente, en lo posible, de lo que decidan otros gobiernos del mundo. Lograr soberanía como componente central de la seguridad alimentaria se convirtió en la centralidad de la política económica, dada la historia de sumisión que el país andino había vivido gracias a la destrucción de su capacidad productiva, producto de las “ayudas” al desarrollo de Estados Unidos por medio de la donación de trigo desde la década de 1950. Estas donaciones crearon una gran dependencia alimentaria al llamado “pan de batalla”, elaborado en su mayor parte con harina de trigo estadunidense. Analistas bolivianos se han referido a este tema afirmando que “Bolivia se convirtió entonces en un país trigo-adicto” [3]. Cuando en octubre de 1982 comenzó a gobernar Bolivia la Unión Democrática y Popular (UDP), conformada por partidos de izquierda que instalaron un gobierno progresista, Ronald Reagan suspendió la donación de harina de trigo y, como resultado la escasez casi absoluta del pan de batalla, colapsó la economía popular y fue difícil para la UDP –por esa y otras razones– continuar gobernando. Así se explica que el impacto de la inflación del precio de los alimentos en la economía popular fue, para el gobierno de Evo Morales, tan o más importante que su impacto económico en la estabilidad. Uno

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de los mecanismos que se implementaron para lograr el control de la inflación de precios de alimentos fue la regulación de exportaciones. Este esfuerzo por garantizar la soberanía alimentaria se vio reconocido mundialmente en la premiación que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigle en inglés) hizo a Bolivia en 2015 por la reducción del hambre [4].

El esfuerzo por garantizar la soberanía alimentaria se Regulación de las exportaciones vio reconocido La implantación del mecanismo de remundialmente, gulación de exportaciones no fue parte del incluso por la plan de gobierno que se inició en 2006. FAO. Hoy todos Surgió inicialmente como una medida de emergencia en 2008 debido a la amenaza estos logros van de elevación de precios de los alimentos. para atrás Hasta ese momento el sector agroindustrial boliviano, principalmente localizado

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en Santa Cruz, vendía un 70 por ciento de la producción en el mercado interno. No obstante, en su momento decidió exportar la mayor parte de los productos alimentarios de la agroindustria, y rápidamente el mercado interno se desabasteció al grado de llevar al borde del colapso a la economía popular. Bolivia revivía así la crisis de 1982, cuando Reagan suspendió las donaciones de trigo. Productos como el aceite comestible, el azúcar, el arroz, el maíz (alimento principal de la avicultura) y otros, como la carne roja y el pollo, comenzaron a desaparecer de los mercados, principalmente del Occidente del país, mientras los agroindustriales exportaban la mayor parte de éstos. Así, el accionar de los empresarios agroindustriales de Santa Cruz, con marcada intencionalidad política, fue la base para la reacción gubernamental de regulación de exportaciones, precedida de una

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El gobierno de facto de Bolivia,

cortísima etapa de prohibición de exportaciones alimenticias, una medida política que buscó presionar la economía de las empresas y quebrar las alianzas internas del por entonces oligopolio. En la práctica, Bolivia era un país esclavo de la clase empresarial, pues la maximización de la ganancia privada en la exportación afectaba directamente la capacidad del mercado interno para proveer bienes y servicios. La población estaba presa de la pura racionalidad capitalista, en la que la ganancia estaba garantizada a cualquier costo, inclusive el desabastecimiento del mercado interno. [5] Así, el gobierno de Morales decidió permitir la exportación parcial de los productos agroindustriales a efectos de cuidar el adecuado abastecimiento del mercado interno, siempre que el precio de exportación

de los productos alimenticios fuese mayor que el precio en el mercado interno. Durante los últimos 10 años el mecanismo fue perfeccionándose hasta garantizar abastecimiento en el mercado interno y, a la vez, permitir la rápida exportación de los excedentes. Se creó el “certificado de abastecimiento interno a precio justo” que recibían las industrias y que las habilitaba para exportar una vez que el Estado verificase que cumplían con el abastecimiento al mercado interno de una parte de su producción al precio previamente acordado entre el gobierno y los agroindustriales, denominado “precio justo”. Además, el gobierno monitoreaba el número de hectáreas plantadas en el país en cada ciclo de producción agrícola para calcular el rendimiento por hectárea ponderado por cada tipo de producción o rendimiento animal según la

encabezado por Jaeanine Añez

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tecnología empleada. En base a los costos de producción se discutía el denominado “precio justo” que adicionaba a los costos de producción, generalmente, un 15 por ciento por concepto de utilidades empresariales de la agroindustria. La puja entre el gobierno y productores estaba en la definición de una ganancia que se alejara de una estructura oligopólica y, al mismo tiempo, garantizara el buen funcionamiento de la iniciativa privada. El proceso de cálculo del precio justo de cada alimento, implicó que el Estado debía verificar y ajustar los precios de todos los insumos necesarios para la producción, desde semillas para agricultura, alimentos del ganado, combustible, etcétera, pasando por los demás costos de producción. Con ello el gobierno adquirió conocimiento sobre cómo se forman los precios en la economía para un número importante de la producción boliviana. De esta forma, la regulación de las exportaciones se convirtió en un espacio de concertación de precios de la mayor parte de los insumos en toda la cadena productiva de los alimentos básicos agroindustriales. Por ejemplo, para concertar el precio final del kilo de pollo, se debía dejar acordado el precio del quintal de maíz considerando la ganancia razonable de los productores de maíz y esto, a su vez, suponía que se había acordado el precio de las semillas a través de la operadora de mercado de alimentos del gobierno, la Empresa de Apoyo a la Producción de Aimentos (Emapa). Este procedimiento garantizaba que el precio justo en el mercado interno de estos alimentos no fuera establecido unilateralmente por el gobierno –lo que generaría la aparición de mercados negros de los productos, algo que nunca sucedió en los 14 años– y que se tomaran en cuenta los costos de producción de los agroindustriales y pequeños productores. La construcción de consensos en tor-

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Aspectos de un merado en el barrio paceño de Villa Fátima. Indígenas, los princip

no a los parámetros técnicos fue tan difícil de lograr que, una vez acordados –y para no retroceder en lo avanzado y consolidar los acuerdos– fueron plasmados en leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ejemplos de ello son la Ley del Complejo Productivo del Azúcar y la Ley del Complejo Productivo de la Leche.

Resultados de la regulación de exportaciones Las críticas a la regulación de exportaciones por parte del sector agroindustrial de Santa Cruz no se hicieron esperar, y desde el primer momento se orientó a señalar que sería la “tumba” de la agroindustria exportadora boliviana debido a que la venta de productos en mercado interno a precio

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nas, los principales vendedores

regulado, aunque sea basado en un acuerdo, no era “incentivo” para la producción agroindustrial y que se avecinaba una gran disminución de la producción de aceite de soya, azúcar, arroz, maíz, etcétera. Contrariamente a lo vaticinado por los exportadores agroindustriales de Santa Cruz, la producción de esos alimentos fue mejorando enormemente y también su exportación (ver gráfico 1). Este gráfico, cuya fuente es un instituto privado financiado por el empresariado agroindustrial, en sus propias palabras reconoce que en los diez años señalados (en los que estaba vigente de la regulación de exportaciones) las exportaciones de soya se incrementaron. Sin embargo, a pesar de los resultados conseguidos durante los 10 años de vigen-

cia de la regulación de exportaciones, la agroindustria de Santa Cruz ha demandado al gobierno de facto su total y plena liberación, a efectos de poder aprovechar para sí los buenos precios que tienen los commodities en el mercado internacional. Al liberarse las exportaciones de estos alimentos, la primera reacción de los empresarios será aprovechar cualquier buen precio externo para exportar toda su producción y se desabastecerá el mercado interno, haciendo depender la alimentación de los bolivianos de la capacidad de importación que se hará a precios de mercado internacional. Pero, por otro lado, al no funcionar el mecanismo de concertación de precios que era una rutina para fijar conjuntamente los precios justos del mercado interno, los precios de todos los insumos se desregularán, lo que –sumado a la escasez– traerá un descontrol total del precio de algunos alimentos básicos, con el consiguiente descontrol de la inflación. El sólo anuncio de la decisión gubernamental de suspender el control de exportaciones e implantar la liberación plena de las exportaciones de productos agroindustriales ha tenido reacciones adversas en los más diversos sectores de la sociedad, debido a que se considera que el control de exportaciones en estos 12 años impidió el desabastecimiento y subida de precios de los alimentos. El control de exportaciones funcionó como un mecanismo efectivo de traslación de riqueza desde las élites exportadoras hacia la población que consume alimentos en el mercado doméstico. El posible impacto es el desabastecimiento de alimentos en el mercado interno y la consiguiente subida de precios, que constituirán un atentado contra la economía popular y contra la seguridad y soberanía alimentarias que se había estado construyendo desde 2006. Por otro lado, queda claro que para que la liberación de exportaciones sea adecua-

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Militares, siempre tras las acciones de los civiles del gobierno de facto

damente utilizada por la agroindustria de Santa Cruz, debe ir acompañada por medidas de ajuste del tipo de cambio, lo que resultará en adicionales impactos negativos en el funcionamiento del modelo económico que se había instalado en el país.

Notas [1] Constitución Política del Estado, Titulo II Derechos fundamentales y garantías Capítulo Segundo, Derechos Fundamentales. Artículo 16. I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación, II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. [2] Según la FAO, los componentes del concepto de Seguridad Alimentaria

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son 1) la disponibilidad física de los alimentos; la seguridad alimentaria aborda la parte correspondiente a la “oferta” dentro del tema de seguridad alimentaria y es función del nivel de producción de alimentos, los niveles de las existencias y el comercio neto. 2) el acceso económico y físico a los alimentos. Una oferta adecuada de alimentos a nivel nacional o internacional en sí no garantiza la seguridad alimentaria a nivel de los hogares. 3) La utilización de los alimentos que es la forma en la que el cuerpo aprovecha los diversos nutrientes presentes en los alimentos y 4) La estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores. [3] La especialista en comercio exterior María Luisa Ramos, refiere lo siguiente: “Desde sus inicios, el 90 por ciento del total de la ayuda alimen-

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ción y la Agricultura (FAO) , con sede en Roma, premió hoy a Bolivia, Costa Rica y República Dominicana por reducir el hambre en los últimos 25 años, de acuerdo a los compromisos internacionales” 7 de junio de 2015. “El informe, publicado el pasado 27 de mayo, reveló que Bolivia disminuyó el porcentaje de hambre del 38 por ciento de 1990-1992 al 15.9 por ciento en la proyección para 2014-2016 y las personas con desnutrición bajaron de 2.6 millones a 1.8 millones en los últimos 25 años”. [5] La regulación de exportaciones se realizó también considerando que la agroindustria exportadora recibe una subvención pública a través del precio del Diesel que usa como combustible. La subvención de diésel le costaba al estado 490.9 millones de dólares en 2011, el 12.6 por cidento del diésel subvencionado se entregaba a la agroindustria.

Las políticas económicas del gobierno de facto tendrán repercusiones en el tipo de cambio. Además, generarán concentración de la riqueza

PEDRO ANZA/CUARTOSCURO

taria que llega a Bolivia proviene del programa PL-480 y está compuesta por trigo y harina de trigo. La ayuda alimentaria norteamericana disminuye en gobiernos que no favorecen los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos. Esta disminuyó durante el gobierno del general Juan José Tórrez (1970-1971) que era de tendencia izquierdista. En cambio en los gobiernos que sí tenían una orientación favorable a los Estados Unidos, tuvieron un gran apoyo, tal es el caso del Gobierno dictatorial del General Hugo Banzer (1971-1978) y del Dr. Víctor Paz Estenssoro (1985-1987), quien inició la entrega del país mediante la privatización de las empresas más grandes”. María Luisa Ramos Urzagaste: La ayuda alimentaria y la política estadounidense en Bolivia. Ecoacción- Fobomade. [4] Por Roma/EFE: “La Organización de Naciones Unidas para la Alimenta-

Evo Morales, presidente depuesto

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CHILE

Y LA CRÓNICA DE UN ESTALLIDO ANUNCIADO Un análisis no economicista de la situación material de la población en Chile permite entender que las condiciones para el estallido social estaban dadas. Profunda desigualdad e incertidumbre generalizada

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LUCÍA CONVERTI, ECONIMISTA POR LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA/CELAG

10 de febrero de 2020

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xisten dos formas de encarar un análisis sobre las condiciones socioeconómicas de Chile. Una desde la óptica economicista, por la que se mide la evolución del el producto internno bruto (PIB), el PIB per cápita y la caída de la pobreza medida por ingresos. Y otra que incorpora una mirada del bienestar de la población, las condiciones laborales, la posibilidad de acceso a la educación, los niveles de seguridad social y la desigualdad entre iguales. Desde la primera óptica es imposible entender el estallido social en el que vive Chile desde octubre del año pasado, cuando el gobierno de Sebastián Piñera aumentó 30 pesos chilenos el precio del transporte público. Desde la segunda, el estallido estaba anunciado. En este informe se intentará profundizar en aquellos aspectos sobre la realidad social chilena que permitan echar luz sobre las razones por las cuales el pueblo reclama un cambio constitucional urgente.

Mercantilización de la vida Como es bien sabido, las movilizaciones por la educación pública, el movimiento contra las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y los reclamos por un sistema de salud universal [1] vienen haciendo eco sobre los distintos gobiernos que han asumido desde 1990. Estos gobiernos adoptaron una política economicista y focalizada para mejorar las condiciones sociales de la población y, sin embargo, estos parches no pudieron enmendar las premisas de una Carta Magna instaurada durante la dictadura militar cuyo resultado fue que el 45 por ciento de la población quedara bajo la línea de la pobreza. Este aspecto de la vida en Chile condiciona todas las decisiones de su población; no se parte de un piso mínimo de

seguridad social, hay que ganárselo. Considerando este punto, puede distinguirse entre la pobreza medida por ingresos, que fue de 8.6 por ciento en 2017, menor en comparación a 2015, y la pobreza multidimensional que fue en 2017 de 20.7 por ciento [2] y mantuvo su nivel comparado con 2015.

Inseguridad laboral En el país modelo del neoliberalismo se aplicaron todas las medidas posibles de flexibilización laboral (salvo la de flexibilización de la jornada laboral, que quedó pendiente ante el estallido). Como es sabido, entre otras cosas estas medidas permiten a los empleadores tener un nivel de rotación de personal alto que vaya adaptándose a sus necesidades de acuerdo con la temporada, el nivel de actividad, etcétera, para poder reducir los costos laborales. Por supuesto, aquello que es beneficioso para el empleador, generalmente no lo es para el empleado. La rotación laboral en Chile es alta, sobre todo en empleos de baja productividad, que son los que más necesitan de personal, como los servicios. Este aspecto genera grandes niveles de inestabilidad social, donde cada cierto período las personas quedan desempleadas (6.9 por ciento), o con un empleo que no alcanza a cubrir la jornada mensual. La tasa combinada de desocupación y tiempo parcial involuntario es de 16.6 por ciento [3] y, aun así, los niveles de informalidad se mantienen en 30 por ciento [4], acompañando la reducción de posibilidades de alcanzar un mejor salario. En este sentido, si se hace un zoom sobre las diferentes condiciones sociales en la población, la desocupación en el decil más bajo aumentó, entre 2015 y 2017, de 25.8 por ciento a 29 por ciento mostrando un foco de pobreza estructural.

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Estas condiciones son consistentes con que el 50 por ciento de los asalariados de más de 30 horas cobra el salario mínimo (390 dólares) [5], que el ingreso medio mensual de los ocupados sea de 743.79 dólares [6] y el PIB per cápita de 15 mil 924 dólares [7] pierdan sentido como una forma de mirar las condiciones de la población.

La desigualdad en Chile es alta históricamente. Desigualdad Los supuestos Existen dos respuestas repetidas al avances del ré- dato de que Chile es uno de los países gimen neoliberal más desiguales del mundo. El primero es que siempre fue desigual (como si esa no son tales. justificación permitiera reducir el peso El país es tan del problema) y la segunda es que está disminuyendo. Sin embargo, los datos de desigual como desigualdad a largo plazo muestran que, hace 170 años efectivamente, la desigualdad en Chile

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es alta históricamente, pero también que ésta logró reducirse en determinados períodos, como durante el gobierno de la Unidad Popular, que aumentó por arriba de la media durante la dictadura militar

y que la disminución de los últimos tiempos logró estar por debajo de la media histórica (0.53) de Chile, pero no que el país sea menos desigual que hace 170 años [8]. Otro dato a considerar es que la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) de Chile para 2017 arrojó un coeficiente de Gini superior al de la encuesta 2015, mostrando un cambio de tendencia que podría profundizarse si se considera el estancamiento en el crecimiento de los últimos años y el aumento del desempleo. En 2015 el 10 por ciento más rico lo era por 33.9 veces más que el decil más bajo, mientras en 2017 lo era 39.1 veces más. Asimismo, los datos se ponen más interesantes y explicativos cuanto más se profundiza. Según el estudio Desiguales, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para 2015 el 5 por ciento más rico se quedaba con el 51.5 por ciento de los ingresos del país, el 1 por ciento con un 33 por ciento y el 0.1 por ciento con 19.5 por ciento.

Rebeldía contra la desigualdad

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Represión del régimen

Comentarios finales

Notas

Durante los últimos 20 años Chile tuvo un crecimiento medio a nivel regional [9], tiene de los PIB per cápita más altos de la región, la desocupación y la pobreza en niveles bajos, y sin embargo como hemos podido ver, estos indicadores reflejan parcialmente las condiciones de vida en Chile. Los indicadores macro parecen describir a una porción menor de la sociedad, dueña de los grupos económicos y de la elite chilena que se apropia del crecimiento. Mientras la mayoría de la población recibe el derrame, a veces mediado por el Estado y a veces no, que permite que los indicadores estandarizados para medir las condiciones sociales mejoren sin medir la presión de la olla.

[1] https://www.celag.org/servicios-sociales-chile-garantia-de-desigualdad/ [2] Datos de la encuesta Casen 2015 y 2017. [3] Ine septiembre, octubre, noviembre de 2019 [4] Encuesta Nacional de Empleo, Instituto Nacional de Estadísticas-Chile. Septiembre-noviembre 2019. [5] Ley 21112 a tipo de cambio oficial. [6] Instituto Nacional de Estadísticas 2018. [7] Cifra del Banco Mundial para 2018. [8] Desiguales, Programa de las Naciones Unidas para el Desaerrollo. Gráfico de desigualdad del ingreso personal (Gini) en Chile en el largo plazo (1850-2009) [9] https://www.celag.org/latinoamerica-dos-decadas-de-crecimiento-economico/

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URUGUAY

LAS URGENCIAS DEL GOBIERNO ELECTO En un anteproyecto de ley de “consideración urgente”, no explicitado en campaña, el gobierno electo de Uruguay pretende transformar radicalmente innumerables avances en materia de derechos y garantías. Es un retroceso en todo un abanico de materias que va de la educación a la economía y las finanzas

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PABLO ÁLVAREZ, POLITÓLOGO POR ÑA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA, URUGUAY/CELAG

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l presidente electo, Luis Lacalle Pou, compartió hace una semana por redes sociales el anteproyecto de una Ley de Urgencia que fue anunciada durante la campaña electoral y de la que hasta ahora no se conocía su contenido. La primera pregunta a realizarse es por qué una ley tan importante no fue presentada durante la campaña electoral; a la luz del actual anteproyecto la respuesta parece reafirmar lo que podía suponerse: el contenido de la misma presenta aspectos críticos que podrían haber incidido directamente sobre el resultado electoral, por lo que hay que reconocer la acertada estrategia de la coalición de derechas de esconder el proyecto. Lo segundo que se hace inevitable es considerar cuánto de lo que esta Ley de Urgente Consideración (LUC) presentada, tal como se la conoce, es realmente urgente. Para ello tenemos que conocer qué implica un carácter de urgencia. Una LUC es un instrumento privativo del Poder Ejecutivo tal como se señala en los artículos 160 y 168, numeral 7, de la Constitución de la República. Dicha declaración de urgente consideración establece que el proyecto enviado al Poder Legislativo debe ser tratado en un plazo acotado de tiempo (no más de 90 días) y que, de no ser rechazada o que no se apruebe un proyecto sustitutivo, se da por aprobado el proyecto enviado inicialmente. Por lo tanto, este instrumento no sólo acota considerablemente el tiempo de análisis legislativo y social del proyecto sino que el tiempo corre a favor del proyecto original, de forma que el no acuerdo al interior del Legislativo consagra la posición del Poder Ejecutivo. Esto nos obliga a pensar entonces cuáles son los temas que, efectivamente, ameritan un recorte drástico del tiempo de análisis y por tanto de tiempo democrático como para que sea usado el instrumento de urgente consideración.

El anteproyecto El anteproyecto difundido consta de 457 artículos, organizado en 10 secciones que responden cada una de ellas a grandes áreas temáticas: seguridad pública, inteligencia, educación, economía y empresas públicas, eficiencia del estado, sector agropecuario, relaciones laborales y seguridad social, desarrollo social y salud, emergencia en vivienda y otras disposiciones (libre circulación, portablidad numérica y adecuación de la Ley de Medios). Es evidente que el gobierno electo considera urgente estos artículos; lo que no es tan evidente es que la mayoría de ellos no necesiten un tratamiento de urgente consideración, aún intentando pensar en con la lógica del futuro gobierno. Una ley tan amplia en contenidos y tan extensa en el número de artículos choca frontalmente con las limitaciones de tiempo que dicho instrumento impone. Lo que lleva, sin duda, a presumir que el futuro gobierno pretende resolver de esta forma no solamente el debate con la futura oposición sino también las disidencias que se puedan expresar al interior de la propia coalición de derechas, que ya ha comenzado a visibilizar fisuras. El análisis del anteproyecto amerita un estudio detenido de cada capítulo y de cada artículo, pero es notorio el “espíritu” general, si es que las leyes lo tienen.

Neoliberalismo del siglo XXI El contenido general del anteproyecto es una adecuación de la agenda de los partidos tradicionales de derecha durante la década de 1990, durante la primera generación de reformas en el marco del Consenso de Washington [1]. Las bases principales son políticas de seguridad basadas en el aumento de penas y en la flexibilización de la responsabilidad de los funcionarios de seguridad ante el uso

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de la violencia, así como la criminalización de la protesta social; pero el anteproyecto también promueve la liberalización en materia económica, achicamiento del Estado, desregulación laboral, fortalecimiento de los empleadores frente a los trabajadores, y atención a diferentes demandas de grandes empresas y sectores económicos.

Se exime de responsabilidad Para el delito y la protesta, penal a policías más dureza y militares en En materia de represión se proponen delitos que incrementos de pena para el delito de viocometan en el lación, entre otros, así como la modificación respecto del tratamiento de los delitos conuevo modo metidos por las personas menores de edad. de entender Extiende para la legítima defensa aquello que se consideran “dependencias de la la ‘legítima casa”: balcones, azoteas, garajes, barbacoas, defensa’ etcétera y la extiende también a estableci-

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mientos que realicen actividad agraria. Asimismo, se exime de responsabilidad penal a policías y militares en caso de delitos que puedan haberse cometido dentro de este

nuevo modo de entender la “legítima defensa”; esto es, se pretende legalizar el “gatillo fácil”. En lo que refiere a la preparación para la represión social se declaran ilegítimos los piquetes y se faculta el uso de la fuerza para su disolución; se habilita la detención por “apariencia delictiva”, reafirmando la estigmatización social, se agrega al Código Penal el “agravio a la autoridad policial”, que comprende la obstaculización, el menosprecio, la ofensa, el agravio, entro otros, que pueden dar lugar de 3 a 12 meses de prisión. Por otra parte, restringe el derecho de huelga y habilita al Poder Ejecutivo a imponer restricciones a dichas medidas. Cabe recordar que la vulneración del del derecho de huelga es algo que ya había sido parte de la agenda de la década de 1990 cuando el Partido Nacional gobernó por última vez. Es claramente un signo ideológico del nuevo gobierno. Por último, se incorpora la habilitación del derribo de aviones, algo que el futuro presidente ha estado insistiendo desde hace

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bastante tiempo y que el anteproyecto deja en su poder la última orden para realizarlo.

Educación El capítulo de educación es uno de los más extensos, pero no todos sus artículos son sustantivos. Uno de los aspectos más relevantes tiene que ver con la concentración en órganos unipersonales la dirección de los subsistemas educativos (Primaria, Secundaria y Técnica) que hasta ahora eran dirigidos por consejos colectivos de tres miembros; junto a ello propone la eliminación de la participación de los docentes electos por sus pares en dichos consejos. Los consejos desconcentrados pasarían a ser direcciones generales. Otro cambio tiene que ver con una modificación a la Ley Orgánica de la Universidad en cuanto a la validación de títulos extranje-

ros, pasando esto a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, así como la eliminación de la Universidad de la República de algunos ámbitos como el referido a la educación no formal. Esto se debe entender en un sentido más general, que apunta a fortalecer el papel del Ministerio de Educación y Cultura en materia educativa, contrariando una larga tradición autonomista del sistema de educación público en el país.

Inclusión Financiera, guiño a Un Solo Uruguay Desde 2018, los 23 de enero el movimiento denominado Un Solo Uruguay [2] –que reúne fundamentalmente a sectores vinculados a la actividad agropecuaria– realiza un acto público. Si bien su primer actividad contó con todo el apoyo de los grandes

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Se propone el fin del monopolio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland en tratamiento del petróleo

medios de comunicación, incluida su transmisión en vivo para volverlo una megamovilización contra el gobierno, la participación real no fue tan importante y año a año ha disminuido. Entre los tantos reclamos que han esgrimido, uno de ellos fue el intento de derogar la Ley de Inclusión Financiera. El anteproyecto presentado por la coalición de derechas incorpora varias de estas demandas y es una de las razones por las que se puede interpretar que la LUC se haya publicado 2 días antes de dicho acto, para dar señales y recoger aplausos [3]. Muchos artículos de la LUC se vinculan a los reclamos que Un Solo Uruguay viene realizando desde hace años. En esta materia algunos de los aspectos más relevantes tiene que ver con la habilitación al pago de salarios en efectivo y ya no por tarjeta bancaria, lo cual expone al trabajador a una negociación frente al patrón que lo vuelve a colocar frente a las estrategias de evasión históricas por parte de los empleadores. También se habilita a que el Estado pague a sus proveedores en efectivo –otra medida reclamada por los sectores del poder económico concentrado–, lo que implica un retroceso en materia transparencia [4].

Achicar y desmonopolizar el Estado Se propone también el fin del monopolio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) en lo referente a la “gestión de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados”. Esta es otra clara señal de aquella primer ola neoliberal que quedó inconclusa, entre otras cosas porque el pueblo uruguayo votó por más del 70 por ciento la defensa de sus empresas públicas. El Partido Nacional –y en particular el sector del presidente electo– ha sido históricamente abanderado de las propuestas liberales de desmantelamiento de empresas públicas. Sin embargo, sectores del Partido Colorado

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no lo han sido tanto. Puede que este sea uno de los tantos posibles frentes internos de la coalición. También se propone crear el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, asumiendo potestades que hoy están dentro del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente. En cuanto al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), los cambios propuestos en la LUC eliminan lo referido a “implementar,

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enfrentar la pobreza era “la esperanza”. Otro aspecto significativo de la LUC es lo que concierne a las modificaciones sobre el Instituto Nacional de Colonización (INC). Los cambios propuestos a la normativa vigente habilitan que se puedan asignar tierras del Instituto a personas que no vivan en dichas tierras, algo que contradice la idea central de la normativa, que es justamente asegurar la posibilidad del afincamiento rural y combatir el despoblamiento del medio rural. No se puede olvidar que quien será secretario de la Presidencia del gobierno electo –Álvaro Delgado– ha estando utilizando tierras de dicho instituto sin cumplir con varios de los requisitos, entre ellos el de residir en ellas y su no explotación [5]. Por otra parte se desafectan 150 mil hectáreas (el INC cuenta actualmente con 610 mil hectáreas) que hoy están en manos del Estado, que pasarán a ser mercantilizadas, favoreciendo el proceso de concentración de la tierra. Otros artículos planteados tienden a volver a la opacidad el régimen de propiedad de tierras.

El próximo gobierno tendrá a su favor toda la agenda de medios hegemónicos. El gran aparato propagandístico estará con él sin condiciones

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Los medios son amigos

ejecutar y coordinar Programas de Atención a la Emergencia Social, mediante la cobertura de necesidades básicas a quienes se hallan en situación de indigencia y de extrema pobreza”. El Mides ha sido uno de los grandes frentes de crítica de la coalición de derechas hacia las políticas progresistas implementadas por el Frente Amplio, y debe recordarse que en el documento de acuerdos de la coalición, la política planteada por

El próximo gobierno tendrá a su favor toda la agenda de los medios hegemónicos de comunicación, por lo que era obvio que se incorporaran en la LUC modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). El artículo 457 del anteproyecto de LUC, que es el último artículo planteado, establece la derogación de ocho disposiciones de la Ley de SCA. Esos artículos son los que han sido declarado inconstitucionales. Estas derogaciones van claramente dirigidas a favorecer a las grandes empresas de comunicación. Por ejemplo, se deroga la imposibilidad de que las empresas que presten servicios de comunicación no puedan incorporarse al mercado de servicios de telecomunicación. Medidas similares en otros países han generado un aumento en la desigualdad

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de acceso a los diferentes servicios de comunicación. Otro de los artículos derogados establecía la preferencia de los servicios públicos por sobre los privados a la hora de asignar canales radioeléctricos, ubicaciones de estaciones y otras infraestructuras necesarias. Se deroga también la obligatoriedad de que las empresas operadoras de cable incluyan a la Televisión Nacional en sus paquetes de canales.

Comentarios finales y urgentes La cantidad de artículos y temas que la LUC contempla sin duda extiende los conflictos a varios frentes. Sin duda, los aspectos centrales que pueden generar mayor rechazo social son los que están dirigidos a cercenar derechos laborales y desregulación, y los

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que preparan los dispositivos represivos para combatir la protesta social. Incorpora también este anteproyecto medidas destinadas a satisfacer demandas de las grandes empresas de telecomunicación, como la portabilidad numérica. Si bien ya se habla de la posibilidad de iniciar el proceso de referendum, esa estrategia no sólo debe esperar formalmente la aprobación de LUC sino que supone un debate de la estrategia general dentro del espacio político y social. También el Frente Amplio, como único partido de oposición a partir del 1 de marzo, tendrá que valorar el tipo de oposición que ejercerá, y eso será sin duda parte del proceso de valoración y autocrítica en el que el Frente Amplio entrará luego de pasadas las elecciones departamentales y municipales de mayo. Queda claro que las derechas no escati-

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marán medidas o recursos para favorecer a aquellos que forman parte de sus bases sociales, económicas e ideológicas. Todo parece indicar que tendremos un gobierno que televisará el minuto a minuto del presidente, y que su agenda será también la de los medios. ¿Se reducirá el tiempo extremadamente generoso que actualmente los medios destinan a las noticias policiales? No obstante, dentro de las propias filas de la coalición las cosas no serán tan fáciles y es de esperarse que luego de pasada la votación de la LUC, así como la preparación y envío de la Ley de Presupuesto después de julio, la interna de la coalición de derechas tienda a fragmentarse y debilitar al gobierno, como históricamente ha pasado en los anteriores gobiernos coaligados de los partidos tradicionales. El primer paso del próximo gobierno ha dejado un claro mensaje de lo que espera: no confía en su propia agenda para sostener el histórico crecimiento del salario y los avances en derechos de los últimos años, y ha sentado las bases para contentar a sus aliados estratégicos y organizar la represión.

interpretación dada por los organismos financieros internacionales a la nueva etapa del nuevo capitalismo globalizador.” Caetano, Gerardo, “Introducción general. Marco histórico y cambio político en dos décadas de democracia. De la transición democrática al gobierno de izquierda”, en G Caetano (comp.) 20 años de democracia. Uruguay 1985-2005:miradas múltiples. Taurus, Montevideo, 2005. Páginas 19-48. [2] https://www.celag.org/la-derecha-uruguaya-si-existe/ [3] “Muchos se preguntarán a qué venimos a Durazno... qué íbamos a reclamar si todavía no había asumido. La respuesta es clara… no venimos a reclamar nada al nuevo gobierno”. http://unsolouruguay. uy/proclamas/ [4] https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/1/ martin-vallcorba-sobre-cambios-en-la-obligatoriedad-ﬁnanciera-va-a-contrapelo-de-lo-que-esta-haciendo-todo-el-mundo/ [5] https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/12/ el-senador-alvaro-delgado-entrego-un-predio-de-colonizacion-que-usufructuaba/

El próximo gobierno no sólo avanza en las contrarreformas. Prepara tambien la represión. Sabe que habrá descontento popular

Notas

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[1] “Los resultados comiciales [de 1989] impulsaron así una nueva agenda reformista de corte netamente liberal, dominada por temas como la reducción del déficit fiscal como camino prioritario para abatir la inflación, una fuerte apertura de la economía, la desregulación del mercado laboral, la reforma del Estado a través del instrumento de las privatizaciones, el otorgamiento de mayores espacios para la iniciativa privada y para que el mercado se convirtiera en el gran asignador de costos y beneficios, etcétera. En realidad se trataba de la llegada al Uruguay de las reformas de primera generación del llamado Consenso de Washington, inherentes a la

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MISCELÁNEO

EX LIBRIS

FERNAND BRAUDEL EL CREADOR HISTÓRICO DEL MEDITERRÁNEO INTERCONTINENTAL ÁLVARO CEPEDA NERI

El Mar Mediterráneo es puente marítimo entre Europa y África, continentes entrelazados por sus historias. Navegado por griegos, italianos, egipcios, africanos, españoles, franceses, turcos... “Durante siglos, toda la historia de Europa pasó por el Mediterráneo... un espacio de guerras, naufragios, piratas y esclavos, pero también se alza como el mar de nuestra cultura, desde el aceite de oliva hasta el ágora de Atenas... donde se pierde Ulises volviendo a casa... en las que buscan un destino los cuatro narradores de El Cuarteto de Alejandría, de Lawrence Durrell”. Escribe Guillermo Altares, en el suplemento cultural Babelia (del periódico El País, 13 de abril de 2019), informando de los nueve libros sobre ese Mediterráneo y la circunstancia geográfica que lo rodea. Un reino al sol. Los normandos en Sicilia; y El Mediterráneo, de JJ Norwich. Palermo es mi ciudad, de Simonetta Agnello. El sobrino del emperador; La moneda de Akragas, y El carrusel de las confusiones de Andrea Camilleri. La novela de la costa azul, de Giüseppe Scaffia. Y Breviario mediterráneo, de Predag Mavic. Libros que navegan ese mar de historias y su famosa Costa Azul, sobre las que nos da una probada Daniel Verdu, en su entrevista a Giuseppe Scaraffia, contando de sus turistas, como Thomas Mann, Cocteau, Nietzsche, Setan Zweog, Fitzgerald, Chéjovj, Camus, Malaparte, etcétera. II. Y claro, el libro del británico John Julius: El Mediterráneo. Un mar de encuentros y conflictos entre civilizaciones. Y el de David

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Abulafia: El gran mar. Una historia humana por el Instituto Mora y la UNAM, en del Mediterráneo... “la obra global de re- 1993, por el que sabemos que durante ferencia sobre ese viejo mar. El ensayo la Segunda Guerra Mundial, Braudel de este profesor británico experto en el pasó 5 años en prisión donde escribió su: Mediterráneo se prolonga hasta nuestros Mediterráneo; asombrando al mundo intedías... y del interminable conflicto israe- lectual, a los historiadores y... ¡cómo con lí-palestino”. Los dos libros son deudores su asombrosa memoria lo redactó tras –nos dice– de El Mediterráneo y el mundo haber acumulado todo lo que investigó mediterráneo de Felipe II, la obra maestra de previamente! Toda su obra son cátedras, Fernand Braudel (1902-1985), a lo que navegando en su Mediterráneo y desemesta nota quiere llegar, para alcanzar las barcando en todas las costas del mundo orillas de sus dos tomos. En su prólogo con su sabiduría histórica que es, como escribe Maurice Aymard en El a la edición española, menciona itinerario intelectual de Braudel, Braudel a Orfila Reynal, “un historiador inmortal entonces director del para consultarlo y enFCE; a Jesús Silva HerAutor: Fernand Braudel. contrar siempre otros zog, Alfonso Reyes, Traducción de Mario Monteforte Mediterráneos”. Así Torres Bodet, Arnaiz que tenemos Braudel y Freg. A sus alumnos: y Wenceslao Roces Título: El Mediterráneo y el mundo para siempre. En sus González Casanova, mediterráneo en la época de Felipe II páginas encontramos De la Torre Villar. Y Editorial: Fondo de Cultura navíos para emprender confiesa: “Por otra parEconómica viajes históricos y explite El Mediterráneo no data carnos cómo ha sobrevivido de 1949, año de su publicael capitalismo. Y es que “la histoción, ni tampoco de 1947, año en que se defendió, como tesis, en La ria lo es de los grandes acontecimientos, Sorbona”. También publicó: El Medite- la historia de la coyuntura y de las crisis y, rráneo, el espacio y la historia. Esclarecedores finalmente, la historia masiva y estructutextos de explicación del capitalismo, en ral que evoluciona lentamente a lo largo tres tomos magníficos: Civilización mate- de amplios períodos”. Así que ésta es una rial, economía y capitalismo, siglos XV-XVIII obra magistral donde Braudel volcó toda (traducción de Néstor Míguez.-Alian- su preparación, investigaciones, reflexioza editorial). Y, La dinámica del capitalismo nes y “perspectiva histórica” para pene(FCE), con traducción de Rafael Tusón trar civilizaciones de todos los continentes, y darnos un examen de “la historia Calatayud. III. También está, de varios autores: (que) es el cuento de nunca acabar”, para Primeras Jornadas Braudelianas, editado rehacerla con su guía.

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 10 al 16 de febrero de 2020

Año 18 • Número 680 • $30

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INTERNACIONAL Chile y la crónica de un estallido anunciado Lucía Converti/Celag

INTERNACIONAL Uruguay: las urgencias del gobierno electo Pablo Álvarez/Celag

EX LIBRIS Fernand Braudel: El creador histórico del Mediterráneo Intercontinental Álvaro

INTERNACIONAL Bolivia: liberación de exportaciones y retorno al neoliberalismo Centro

CONTRALUZ Crece el EZLN, a 26 años del levantamiento José Luis Santillán

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ZONA CERO DE VIOLACIONES SEXUALES A CORRUPCIÓN, LAS ACUSACIONES CONTRA MAGISTRADOS QUE QUIEREN SER RATIFICADOS

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PORTADA Iniciativa de Monreal para legislar derecho al olvido atenta contra el derecho

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humano a saber Marcial Yangali