OPINIÓN ZONA CERO
“4T”, SIN NOTICIAS
DE LOS DESAPARECIDOS DEL EPR ZÓSIMO CAMACHO
E
l próximo 25 de mayo se cumplirán 13 años de la desaparición forzada de los activistas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Ha pasado año y medio de la administración de Andrés Manuel López Obrador y, como con los gobiernos anteriores, no avanzan las indagatorias. La más reciente edición de El Insurgente, el órgano de difusión y análisis del Ejército Popular Revolucionario (EPR), fustiga al gobierno morenista. El decano movimiento armado mexicano le señala al presidente que ya es corresponsable de ese delito de lesa humanidad. Le advierte que, al igual que los familiares de los desaparecidos, la organización no estará nunca conforme con su política de: “perdón, sí; olvido, no”. De hecho, le recrimina que esta posición es la causante de que ahora, bajo esta administración, no se sepa aún del paradero de estos activistas ni de los autores intelectuales y materiales de tales crímenes cometidos en el sexenio de Felipe Calderón. La desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya constituye probablemente el mayor golpe propinado por el Estado a la estructura del EPR en más de 50 años. A los 8 días de la desaparición forzada de los activistas, ocurridas en el contexto de las movilizaciones pacíficas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la guerrilla denunció el crimen y reivindicó a los activistas como sus militantes. Para los órganos de inteligencia civiles y militares, Gabriel Alberto es hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, es decir, del máximo líder del EPR y que en una segunda identidad se conoce como Francisco Cerezo Quiroz. El propio Ga-
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18 de mayo de 2020
briel Alberto era parte de la Comandancia General del movimiento armado. Para aquel 25 de mayo de 2007 el entonces presidente Felipe Calderón había desatado la carnicería de su fingida “guerra” contra el narcotráfico. El gobernador de Oaxaca era Ulises Ruiz. Lo cierto es que el nivel de inteligencia requerida para llegar hasta un dirigente del EPR como Gabriel Alberto no está al alcance de un gobernador. Ni de cualquier agencia de inteligencia. El EPR acusa principalmente al Ejército Mexicano de la detención de sus militantes, pero involucra a otras instancias en la tortura y desaparición, como la entonces Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía de Oaxaca. En distintos comunicados ha señalado que Gabriel Alberto y Edmundo fueron desaparecidos entre las 20:00 y las 22:00 horas de ese viernes 25 de mayo de 2007. Lo que pudo acreditar la Comisión de Mediación (Comed, integrada en su momento para buscar a los activistas e intermediar entre el gobierno federal y el EPR) fue que la misma noche de las desapariciones y en el mismo hotel El Árbol, donde se hospedaban Gabriel Alberto y Edmundo, tuvo lugar un sorprendente operativo militar con apoyo policiaco. El Ejército aceptó que el jefe del Estado Mayor de la Sección Segunda (inteligencia militar) envió un escuadrón de fusileros de la Octava Región Militar, compuesto por 37 soldados de tropa, un oficial y un mayor de infantería. Inmediatamente acordonaron el hotel. Las calles aledañas fueron tomadas de manera coordinada por elementos de tres corporaciones policiacas estatales que acudieron en apoyo: la Ministerial, la de Seguridad Pública Estatal y
