ZONA CERO “4T”, SIN NOTICIAS DE LOS DESAPARECIDOS DEL EPR Zósimo

“4T”, SIN NOTICIAS

DE LOS DESAPARECIDOS DEL EPR

ZÓSIMO CAMACHO

El próximo 25 de mayo se cumplirán 13 años de la desaparición forzada de los activistas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Ha pasado año y medio de la administración de Andrés Manuel López Obrador y, como con los gobiernos anteriores, no avanzan las indagatorias.

La más reciente edición de El Insurgente, el órgano de difusión y análisis del Ejército Popular Revolucionario (EPR), fustiga al gobierno morenista. El decano movimiento armado mexicano le señala al presidente que ya es corresponsable de ese delito de lesa humanidad. Le advierte que, al igual que los familiares de los desaparecidos, la organización no estará nunca conforme con su política de: “perdón, sí; olvido, no”. De hecho, le recrimina que esta posición es la causante de que ahora, bajo esta administración, no se sepa aún del paradero de estos activistas ni de los autores intelectuales y materiales de tales crímenes cometidos en el sexenio de Felipe Calderón.

La desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya constituye probablemente el mayor golpe propinado por el Estado a la estructura del EPR en más de 50 años. A los 8 días de la desaparición forzada de los activistas, ocurridas en el contexto de las movilizaciones pacíficas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la guerrilla denunció el crimen y reivindicó a los activistas como sus militantes.

Para los órganos de inteligencia civiles y militares, Gabriel Alberto es hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, es decir, del máximo líder del EPR y que en una segunda identidad se conoce como Francisco Cerezo Quiroz. El propio Gabriel Alberto era parte de la Comandancia General del movimiento armado.

Para aquel 25 de mayo de 2007 el entonces presidente Felipe Calderón había desatado la carnicería de su fingida “guerra” contra el narcotráfico. El gobernador de Oaxaca era Ulises Ruiz. Lo cierto es que el nivel de inteligencia requerida para llegar hasta un dirigente del EPR como Gabriel Alberto no está al alcance de un gobernador. Ni de cualquier agencia de inteligencia.

El EPR acusa principalmente al Ejército Mexicano de la detención de sus militantes, pero involucra a otras instancias en la tortura y desaparición, como la entonces Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía de Oaxaca. En distintos comunicados ha señalado que Gabriel Alberto y Edmundo fueron desaparecidos entre las 20:00 y las 22:00 horas de ese viernes 25 de mayo de 2007.

Lo que pudo acreditar la Comisión de Mediación (Comed, integrada en su momento para buscar a los activistas e intermediar entre el gobierno federal y el EPR) fue que la misma noche de las desapariciones y en el mismo hotel El Árbol, donde se hospedaban Gabriel Alberto y Edmundo, tuvo lugar un sorprendente operativo militar con apoyo policiaco.

El Ejército aceptó que el jefe del Estado Mayor de la Sección Segunda (inteligencia militar) envió un escuadrón de fusileros de la Octava Región Militar, compuesto por 37 soldados de tropa, un oficial y un mayor de infantería. Inmediatamente acordonaron el hotel.

Las calles aledañas fueron tomadas de manera coordinada por elementos de tres corporaciones policiacas estatales que acudieron en apoyo: la Ministerial, la de Seguridad Pública Estatal y

la Municipal. ido, que nunca se fue. Las de Edmundo y Gabriel

Ofi cialmente no se detuvo a nadie; que se trató resultaron las primeras de una nueva oleada de desade una confusión y una falsa alarma. El periodista pariciones forzadas cometidas contra luchadores soEmiliano Ruiz Parra, en Los hijos de la ira. Las víctimas ciales, activistas, estudiantes, ambientalistas, indígenas. de la alternancia mexicana (Océano, 2015), ofrece una Andrés Manuel López Obrador tiene la oporsíntesis de las versiones de los hechos y un esmerado tunidad de desmarcarse de sus antecesores en este perfi l biográfi co de los guerrilleros desaparecidos. tema. Es claro que hay resistencias de sectores im

En distintos comunicados, el EPR aclaró que portantes del aparato militar, incólume sexenio tras sus militantes realizaban al interior de la APPO un sexenio; y de otros actores de las catacumbas del trabajo político pacífi co, principalmente de redacviejo Estado mexicano, activos hoy y con capacición de análisis que distribuían entre el movimiento. dades de desestabilizar su gobierno. Pero una pre

Lo cierto es que el operativo contra Gabriel tendida “cuarta transformación” no podría dejar Alberto y Edmundo no pudo ocurrir sin el conoen la oscuridad a las personas desaparecidas y en la cimiento del presidente en aquel momento, Calimpunidad a los perpetradores. derón, y sus entonces funcionarios: Guillermo Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional; Reyes Amaya, guerrilleros, activistas, trabajadores, Francisco Ramírez Acuña, secretario de Goberhermanos, hijos, padres… no pueden seguir denación; Genaro García Luna, secretario de Segusaparecidos por razones políticas. Es momento de ridad Pública; Eduardo que con ellos y los esMedina-Mora Icaza, procurador general de la El operativo contra Gabriel Alberto tudiantes de Ayotzinapa el gobierno actual República, y Guillermo Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya empiece a poner fi n al Valdés Castellanos, dino pudo ocurrir sin el conocimiento de Estado criminal. rector del Centro de Investigación y Seguridad Calderón, Galván y García Luna Fragmentos Nacional, entre otros.

El manto de impuEste jueves 14 la nidad para los responsables abarca ya 3 sexenios. Coordinadora Regional de Autoridades CoEn el editorial de la edición más reciente de El munitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Insurgente, el EPR señala: “Instancias jurídicas, de Guerrero, solicitó al Congreso de ese estaorganismos no gubernamentales defensores de do que dictamine, discuta y apruebe la reforma los derechos humanos y personalidades del área constitucional presentada desde el 17 de dichan concluido en diferentes momentos que la desiembre de 2019. La CRAC-PC es un sistema de aparición de Edmundo y Gabriel la cometieron seguridad y justicia indígena construido por los agentes del Estado […] ¿Por qué no actúan en pueblos Mepha’a, Na’Savi, Nahua, Nn’anncue consecuencias las [actuales] autoridades corresy Afromexicano. Está presente en 28 municipipondientes? Porque desde el Estado se procura os y 173 comunidades de la entidad. El objetivo garantizar la impunidad a los perpetradores de la de la iniciativa es que algunas de las actividades desaparición forzada por motivaciones políticas” que realizan legítimamente las autoridades (https://bit.ly/3cyLVDD). comunitarias no caigan en el vacío jurídico…

Incluso, el movimiento armado considera que El exhorto de la CRAC-PC no es el único. tampoco está en camino de saberse el paradero La Comisión Nacional de los Derechos Hude los 43 normalistas de Ayotzinapa. Que lo que manos también apoya el proyecto de reformas se prepara es una exculpación del Ejército y una a la Constitución estatal en materia de derechos responsabilidad que sólo alcanzará al narcotráfi co indígenas. Se busca “respetar, reconocer y ary funcionarios policiacos menores. monizar los derechos a la libre determinación,

Las desapariciones de los guerrilleros fueron un autonomía y autogobierno de los Pueblos origiduro recordatorio de que la Guerra Sucia no se había narios de México”.