Califato de Pierola

EL CALIFATO DE PIÉROLA 1895-1899

ALEJANDRO SALINAS SÁNCHEZ

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Fondo Editorial

Universidad Nacional Mayor de San Marcos SHRA

Alejandro Salinas Sánchez

El califato de Piérola 1895-1899

Seminario de Historia Rural Andina Fondo Editorial UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

ISBN: 978-9972-231-71-1 Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.° 2012-02928

Primera edición Lima – Marzo 2012

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El califato de Piérola 1895-1899 Alejandro Marcelo Salinas Sánchez

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Fondo Editorial-UNMSM

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1ª edición Seminario de Historia Rural Andina – Universidad Nacional Mayor de San Marcos Tiraje 50 ejemplares

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin permiso del autor

La universidad es lo que publica

Centro de Producción Fondo Editorial UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Calle Germán Amézaga s/n. Pabellón de la Biblioteca Central 4.º piso – Ciudad Universitaria Lima – Perú Correo electrónico: fondoedit@unmsm.edu.pe http: //www.unmsm.edu.pe/fondoeditorial/ Directora: Emma Patricia Victorio Cánovas Seminario de Historia Rural Andina Jr. Andahuaylas 348 Telf. (51-1) 619-7000 anexo 6158, Lima 1 Correo electrónico: shra@unmsm.edu.pe http: //www.unmsm.edu.pe/shrural/ Corrección de estilo: Yolanda Sosa Gómez Diagramación y diseño de carátula: Sara Castro García Carátula: Nicolás de Piérola. La Ilustración Española y Americana, 1880.

Contracarátula: Medalla Nicolás de Piérola. Casa de Moneda de Lima, 1898.

Escaneo: Juan Zárate Cuadrado

Lima-Perú El Fondo Editorial de la UNMSM es una entidad sin fines de lucro, cuyos textos son empleados como materiales de enseñanza.

“No olvidemos las finanzas, caballo de batalla de Piérola y sus conmilitones (…) “!A nadie se debe!” y los inscritos en las listas pasivas no reciben sino la tercera parte de sus haberes (…)“!Se administra con economía!” y se crea nuevas oficinas y nuevos cargos para los amigos o los deudos (…)“!Se da ejemplo de honradez!” y se encarpeta la denuncia de fraudes fiscales por la suma de doce millones de soles (…)“!Reina el bienestar general!” y los artículos de primera necesidad encarecen extraordinariamente (…) Solo en Lima florece un bienestar simulado y restringido”.

Manuel González Prada, 1898

Introducción Durante el cuatrienio 1895-1899, el Califa Nicolás de Piérola, aliado con sus antiguos rivales civilistas, condujo varias reformas socio-económicas y políticas, que sentaron las bases del renovado empoderamiento oligárquico. El círculo demócrata, popularmente conocido como pierolista, estaba compuesto por una generación de “notables” y tecnócratas1, que redefinieron los conceptos de Estado y Nación bajo la sombra de la guerra perdida, la crítica a las pugnas entre facciones militares y la condena de la historia republicana. Conviene especificar que este proceso estaba inserto en la corriente modernizadora latinoamericana de fines del siglo XIX, caracterizada por concentrar la riqueza en grupos aburguesados a expensas de una baja redistribución de recursos entre las clases populares. Por ese motivo, el califato debió recurrir a la represión de huelgas urbanas y asonadas rurales, mientras al mismo tiempo ejercía el control de la institución parlamentaria, todo ello con el propósito de contener las protestas de los opositores.

La figura carismática del Califa se había forjado a lo largo de dos decenios (1874-1894) de conspiraciones y revoluciones frustradas. En el curso de esos años, fue ganándose el afecto generoso y la entusiasta identificación de los pueblos con sus

Durante estos años fue conformándose una suerte de inteligentzia oligárquica, que basada en principios tomados del liberalismo y positivismo científico propugnaba la modernización del país. Los civilistas, que lograrían hegemonizar el gobierno bajo la presidencia de Eduardo López de Romaña (1899-1903), deseaban convertir el Perú en un símil europeo, es decir, una nación ordenada, próspera y culta, según los cánones occidentales. Contreras y Cueto 2007, p. 192.

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acciones2. Ciertamente, el entorno personal de Piérola estuvo vinculado a lo místico y religioso desde temprana edad. Su formación en el Seminario de Santo Toribio, donde obtuvo la protección de influyentes sacerdotes, y sus primeros escritos en defensa del Página | 8

fuero eclesiástico lo acercaron al conservadorismo herreriano. Esta posición ideológica se forja en medio de la amenaza liberal, y explica por qué la propaganda periodística ejercitada por el joven Piérola en El Católico. El Progreso Católico, El Cosmos y El Tiempo, estuvo encaminada a cuestionar las reformas iniciadas en 1855 y sancionadas en la Constitución de 1857. Actuó entonces como un auténtico católico “modelo” decimonónico, y a partir de dicha experiencia definirá su posterior conducta política apartándola del autoritarismo militar y el civilismo guanero3.

La carrera política de Piérola comienza en 1869, cuando el Presidente José Balta lo designa Ministro de Hacienda. Quiso entonces ordenar la caja fiscal liberándola de los empréstitos de los consignatarios mediante el Contrato Dreyfus, calificado como “el Dos de Mayo de nuestra hacienda pública”4. Sin embargo, los resultados no fueron satisfactorios, debido a los desatinos financieros del gobierno de José Balta y la situación ventajosa en que fue colocado Dreyfus, convertido en nuevo consignatario y tirano de la fiscalidad republicana. El civilismo, liderado por Manuel Pardo, se hizo cargo del país en bancarrota, y se propuso liquidar la imagen pública de Piérola achacándole responsabilidad penal en los corruptos negociados del fenecido régimen. Éste defendió su gestión hacendaria en el Senado, logrando que fuesen rechazados los cargos presentados en contra suya por la Cámara de Diputados. Poco después viaja a Chile, donde se reclama perseguido político e inicia una prolongada y constante campaña revolucionaria, la cual culmina con su ascenso al mando supremo de la Nación en diciembre de 1879.

En ese contexto, la dictadura pierolista (1879-1881) surgió como movimiento “regenerador” ante el desgobierno y ocupación de Tarapacá por los invasores chilenos. Apoyado por sectores descontentos del Ejército y las masas Al respecto, Jorge Basadre en un estudio comparativo de las personalidades de Manuel Pardo y Nicolás de Pierola, recuerda que el poeta José Santos Chocano había dicho que el Califa no tenía partidarios, sino fanáticos, al extremo de que por él se hacían matar muchos. Basadre 1992, p. 88.

3 Klaiber 1996, p. 114.

4 El Negociado Dreyfus … 1870, p. XXX. 2

urbanas y rurales, impuso un liderazgo cuyas medidas gubernativas fueron opacadas por sus innegables desaciertos militares y financieros. Finalizado el conflicto, sus desavenencias con Miguel Iglesias y Andrés A. Cáceres, crearon un ambiente de beligerancia, que sus seguidores, aglutinados en el Partido Demócrata, aprovecharon para sellar pactos electorales y de gobierno con los civilistas. No obstante, en el frente partidario interno, la proximidad de Piérola con sus antiguos enemigos oligárquicos abrió espacios para potenciales líderes populistas, que podían disputarle la preferencia del pueblo. Dos de ellos, Guillermo Billinghurst y Augusto Durand, terminarían situándose a la izquierda del Califa y apartándose finalmente del pierolismo.

Después del caos surgido con la guerra civil de 1894-1895, el califato emerge en un contexto de discurso favorable a la inversión extranjera como factor de recuperación nacional5. Aunque la Declaración de Principios del Partido Demócrata de 1889 promovía las industrias nacionales y la capitalización local mediante cajas de ahorros y cooperativas6, la política económica del Califa también estimuló las exportaciones sentando las bases para el posterior boom de los commodities mineros y agrícolas, y el consecuente desarrollo del comercio y la banca. En cuanto al aspecto político del califato, tanto la organización partidaria que lo sostenía como la conducción carismática de su caudillo, no permitieron consolidar la condición ciudadana de las clases populares. Esto se produjo, porque más allá de la reforma electoral y los discursos regeneradores del Califa, el liderazgo paternalista con rasgos autoritarios continuó subordinando la iniciativa colectiva. Por entonces, Piérola estaba convencido de que los partidos políticos eran la panacea para la solución de la crisis social y política del país. Sin embargo, la propia experiencia demócrata comprobó que la flamante partidocracia reproducía los métodos viciosos de las viejas camarillas de mediados del siglo XIX. Los intereses de grupo, las rencillas personales, los vetos infames, la imposición del caudillo y otras maniobras subsistieron en los actos de gobierno y las En el decenio de 1870, Piérola había apelado al capital extranjero, específicamente francés, para contrarrestar a los civilistas oligarcas constituido como grupo de poder, cuyas principales rentas provenían del guano. Trazegnies 1992, p. 214. Sin duda, En las décadas de 1860 y 1870 las riquezas guaneras permitieron el surgimiento sucesivo de tres influyentes lobbys: el de los consignatarios, el de Augusto Dreyfus y el de Henry Meiggs. Los dos primeros ejercieron mayor poder político a través de Manuel Pardo y Nicolás de Piérola respectivamente, mientras el último tuvo influencia mediante la labor parlamentaria de José Silva Santisteban y Francisco García Calderón. Salinas 2007, p. 4.

6 Declaración de Principios… 1912, pp. 48-50.

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campañas eleccionarias ocurridas durante el califato. No en vano, las crónicas periodísticas y los airados reclamos de los disidentes pusieron de manifiesto el carácter elitista de la alianza gobernante.

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Este trabajo analizará tres aspectos fundamentales del califato pierolista: a) los puntos de encuentro y divergencias entre las prácticas populistas y el discurso modernizador; b) los conflictos de intereses surgidos entre la oligarquía limeña y los grupos populares urbanos y provincianos; y c) la política tributaria y manejo hacendario y sus efectos sobre la redistribución de la riqueza y carestía de la vida. En la medida que esta investigación aborda un hecho histórico complejo, construiremos nuestro marco metodológico recogiendo los conceptos y técnicas de la historia económica y la historia política. Además, la perspectiva histórica asumida relaciona una visión sincrónica, que estudia la interdependencia entre Estado, gobierno y sociedad urbana y rural en el período 1895-1899, con otra diacrónica que lo sitúa en el devenir decimonónico y lo revela como parte de un continuo proceso de renovación de patrones ideológicos y políticos. Por lo demás, las hipótesis de trabajo recogerán los aportes metodológicos de la historiografía latinoamericana, subrayando aquellos conceptos adecuados para plantearnos comparaciones con experiencias históricas similares acaecidas en la misma coyuntura de finales del siglo XIX. La historiografía nacional ha dividido sus opiniones sobre el significado del califato y la controvertida figura histórica de Nicolás de Piérola. Los historiadores y literatos más destacados del siglo XX, como Jorge Basadre, José de la Riva Agüero y Víctor Andrés Belaúnde, dedican gran parte de sus reflexiones a dichos temas. Entre los trabajos circunscritos a la vida y actividad política del Califa, podemos citar la biografía apologética de Alberto Ulloa (1949), el estudio histórico de Jorge Dulanto (1947), y los ensayos lapidarios de Manuel González Prada (1898), entre otros. En la presente investigación examinaremos aquellas acciones financieras o políticas dispuestas por Piérola durante sus gestiones ministerial, dictatorial y presidencial, y los efectos que éstas tuvieron en el devenir republicano del último cuarto del siglo XIX. En ese contexto, resulta inadecuado justificar los desaciertos del Califa invocando argumentos contrafácticos, o asumiendo una posición “neutral” frente a los hechos históricos.

Piérola no fue el único culpable del desastre decimonónico nacional, pero su liderazgo

caudillista y vanidoso carácter, reconocido y tolerado por sus propios partidarios7, lo llevaron a imponer criterios personales en medidas de naturaleza institucional. Esa sobreestimación de sus capacidades se hizo patente en el manejo de la crisis financiera, la penosa defensa de Lima ante el ataque chileno y el debilitamiento del Partido Demócrata, causado por las frustraciones y desencantos provenientes de la alianza con el civilismo de la posguerra.

El poeta José Santos Chocano registró esta manía narcisista del Califa, que lo empujaba a promover su imagen personal, mostrándose siempre “elegante en los movimientos [y] atildado en el traje”. Por ello, cuidaba cada detalle de su apariencia, “desde el mechón rizado de cabellos blancos (…) hasta los tacones aperillados en que hacía reposar él la desenvoltura de su armonioso ritmo [y] el vestido era para él una preocupación académica, desde la corbata de plastrón hecho en piqué blanco, luciendo en el prendedor un camafeo, hasta la caída correcta de las rayas verticales del pantalón bien planchado, sobre el calzado sin puntera de negra y espejante cabritilla”. Chocano 1940, p. 109.

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Capítulo I Del seminarista al ministro del guano Hacia mediados del siglo XIX, las aulas del Convictorio de San Carlos y del Seminario de Santo Toribio estaban agitadas por el debate ideológico entre liberales y conservadores. Apegado a sus tradiciones religiosas, el Ministro de Hacienda, Nicolás Fernández de Piérola y Flores, matricula a su primogénito, José Nicolás Baltazar, en el seminario toribiano para que siguiese la carrera eclesiástica. En dicho centro de formación religiosa, y bajo la influencia de las ideas herrerianas, alcanza grandes reconocimientos e integra una pléyade conservadora de prelados y políticos, en la cual destacaban además algunos estudiantes del convictorio carolino. Dicho grupo será identificado por sus adversarios como partido ultramontano8. Muchos de ellos, como Pedro José Calderón y Evaristo Gómez Sánchez, accedieron a puestos públicos durante el gobierno de Juan Antonio Pezet9. El propio Piérola, desde las páginas de El Tiempo, devino en publicista del citado régimen. Sin embargo, su fase de empoderamiento político se inicia con el régimen del caudillo militar, José Balta. En esa coyuntura, gracias

En el semanario La Ilustración, publicado por los estudiantes carolinos entre abril y diciembre de 1853, colaboraron jóvenes conservadores como Pedro José Calderón, Daniel Ruzo y Evaristo Gómez Sánchez.

Holguín 1994, p. 136.

9 Entre los conservadores carolinos podemos mencionar a Felipe Masías, Daniel Ruzo, Octavio Tudela, Manuel A. Barinaga y Manuel Santos Pasapera. “La Opinión Nacional”, en La Opinión Nacional, 27 de marzo de 1875. Estos dos últimos fueron funcionarios de Estado durante la dictadura pierolista.

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a sus operaciones financieras, aglutina en torno suyo a los sectores opositores al civilismo, pugna que atravesará todo el decenio de 1870.

1.1 Seminarista y periodista Entre 1853 y 1861, la vida académica de Nicolás de Piérola estuvo íntimamente vinculada al Seminario Conciliar de Santo Toribio de Lima. Este espacio académico había sido reabierto en abril de 1847, gracias a los trabajos previos del arzobispo Francisco Javier de Luna Pizarro, quien donó 64,398 pesos y su Manuel Teodoro del Valle.

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valiosa biblioteca al seminario. Posteriormente, para ampliarlo compra la llamada Casa de las Bulas y otros dos claustros abandonados del convento de San Francisco. Igualmente, en 1855, poco antes de fallecer reúne sacerdotes cultivados y virtuosos para dejarlos a cargo de la enseñanza de los jóvenes internos. El primer rector de este remozado centro religioso

fue Pedro Pablo Rodríguez10, y entre sus docentes se distinguían los sacerdotes Manuel Teodoro del Valle11 y Ambrosio Huerta12, quienes ejercerían el rectorado más adelante.

En enero de 1853, el joven Piérola ingresa al citado seminario por iniciativa de su padre, quien mediante carta remitida al rector Rodríguez exaltaba la marcada inclinación por la carrera eclesiástica del futuro novicio, así como sus méritos en cuanto a “competencia, legitimidad, estudios preliminares, buena vida y costumbres” 13.

Aunque esa personalidad virtuosa no lo hacía poseedor innato de la vocación sacerdotal, sus devotos padres estaban convencidos de que debía perfeccionarse en un centro religioso. Por lo demás, debido a sus modestos recursos, el único camino de El canónigo Pedro Pablo Rodríguez fue también Rector de la Universidad de San Marcos entre 1852 y 1854.

En 1839, con el propósito de proveer a los estudiantes de un manual con lecciones teológicas escribió el folleto Breve Compendio de Teología Moral, estractado de los autores con más concepto y dispuesto para el uso e instrucción de los pretendientes de los Sagrados Órdenes. Dicho texto, reeditado en 1856, abordaba asuntos religiosos generales, los actos humanos y sacramentos. Saranyana 2008, p. 650.

11 Manuel Teodoro del Valle fue obispo de Huánuco entre 1866 y 1888. En 1866, ofició el bautismo de Adán Jesús Isaías, hijo de Nicolás de Piérola. Al año siguiente, organizó la Sociedad Católica Peruana “como grupo de presión capaz de defender la religión y la iglesia de los ataques que estaba recibiendo del partido liberal”.

García Jordán, Pilar. “A propósito de “Derechos inalienables”, religión…”, en Boletín Americanista 1985, p. 128.

12 Ambrosio Huerta fue profesor y rector del Seminario Santo Toribio, y obispo en las diócesis de Puno (1865-1874) y Arequipa (1880-1887). Durante la segunda mitad del siglo XIX fue considerado uno de los mejores oradores y pensadores del clero peruano. Klaiber 1996, p. 102.

13 Dulanto 1947, p. 17.

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asegurarle buena educación era destinándolo al sacerdocio14. En estos años juveniles, Piérola se forja intelectualmente en la escuela escolástica y tradicionalista de monseñor Ambrosio Huerta y Bartolomé Herrera, y rápidamente pasa de alumno a maestro15.

El plan de estudios del seminario toribiano comprendía cursos de Religión, Página | 15 Historia Sagrada, Matemáticas, Geografía, Física, Latín, Francés e Inglés. Había dos cursos de Filosofía y cuatro de Teología, y también se dictaban clases de Derecho Constitucional, Natural, Civil y Católico. De acuerdo con su estructura académica, este seminario se dividía en tres facultades: Artes, Derecho y Teología16. Asimismo, se daba primacía al estudio de las ciencias sobre las letras, y dentro de éstas a los estudios teológicos y eclesiásticos. De esta época, han quedado registros del buen rendimiento de Piérola en los cursos de Cálculo, Planos, Geometría, Trigonometría, Mecánica, Física, Meteorología, Astronomía, Óptica, Psicología del Pensamiento y de la Lógica, Ética, Política, Geografía moderna, antigua y sagrada, Fundamentos de la Religión, Lugares Teológicos, Filosofía, Derecho Civil Patrio y Derecho Canónico. Sin embargo, los seminaristas no tenían acceso a los conocimientos de Historia, Literatura y Gramática, considerados básicos entonces para la formación de los futuros intelectuales o dignatarios17.

Estas omisiones académicas no le impidieron sobresalir en el examen público de 1854, con una disertación referida a cuestiones filosóficas y psicológicas. Ésta fue elogiada por Bartolomé Herrera, el cual en su condición de jurado lo felicitó y dispuso que le fuese otorgada una medalla de oro. La influencia de Herrera sobre los seminaristas se hizo más visible a partir de 1855, cuando funda el periódico El Católico para combatir las ideas liberales18, y en cuyas páginas Piérola aprendería las

Bartolomé Herrera.

Chirinos 1966, p. 55.

Pacheco 1981, p. 3.

16 Vargas Ugarte 1969, p. 88.

17 Ulloa 1981, p. 81.

18 El Católico se autodefinía como periódico religioso, filosófico, histórico y literario. En su primer número se comprometió a “sostener la causa santa del catolicismo, contra los furiosos ataques de que hoy es el blanco (…) La lucha es de principios, queremos afrontar a la irreligión los absurdos de que adolece, pretendemos vindicar a la Iglesia Católica de que le prodigan tal vez por hijos desnaturalizados”. “Nuestra conducta”, en El Católico, 5 de mayo de 1855.

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primeras lecciones de periodismo19. El ambiente doctrinario en que se estaba formando recogía fundamentos de las teorías de Juan Devoti20 y José de Maistre21, coincidentes en privilegiar la autoridad del Papa sobre los poderes temporales. En los años siguientes amplía Página | 16

su perspectiva filosófica con lecturas de Georges-Louis Leclerc (Conde de Buffon), Víctor Cousin, Immanuel Kant y Gottfried Leibniz. No es extraño suponer los animados debates sostenidos entre Piérola y los demás seminaristas acerca de la libertad y fatalidad, del orden natural y sobrenatural, y sobre las cuestiones del alma desarrolladas por Jacobo Bossuet22.

Estas meditaciones espirituales eran armonizadas con las pasiones políticas cotidianas, pues según su biógrafo Alberto Ulloa, mientras estudiaba se mantenía al tanto de los movimientos revolucionarios contra Castilla. Por ello, guardaba en los bolsillos “clandestinamente los panfletos desafiantes y duros de Hipólito Sánchez”23, que eran contrarios al caudillo tarapaqueño por incumplir el programa revolucionario de 1854 y exaltaban el fervor cívico de Arequipa. Ciertamente, los rumores de conspiraciones y revueltas durante 1857 estremecieron los salones toribianos, cuya proximidad ideológica con las demandas del caudillo aristocrático Manuel Ignacio de Vivanco era fácilmente comprensible. Dicho movimiento se insertaba en un contexto de rivalidad entre la idiosincrasia religiosa sureña y el liberalismo limeño, que había

Según González Prada, los primeros ensayos del seminarista Piérola fueron publicados, bajo el seudónimo de Lucas Fernández, en un “periodiquillo, fundado, redactado y fomentado por clérigos”.

González Prada 1969, p. 48.

20 En su trabajo Instituciones Canónicas, el prelado italiano Juan Devoti (1744-1820) defiende la autonomía de la Iglesia respecto del poder temporal, señalando que sus funciones “eran enteramente distintas de las que corresponden a la potestad civil, y así cada cual ejerce un imperio propio y absoluto de las cosas que a cada uno pertenecen (…) El uno tiene por objeto las cosas civiles, y la felicidad temporal de los hombres; el otro las cosas sagradas y la bienaventuranza eterna de los mismos”. Devoti 1830, p. 3.

21 El conde Joseph de Maistre (1753-1821) fue un monarquista francés partidario de la restauración borbónica. Escribió Las veladas de S. Petersburgo o diálogos sobre el gobierno temporal de la Providencia, en donde a manera de diálogo platónico trata de la naturaleza del gobierno humano y la autoridad papal. Berlin 2008, p. 122.

22 Dulanto 1947, p. 22.

23 El abogado, astrónomo y matemático arequipeño, Hipólito Sánchez, junto con Toribio Pacheco y Benito Bonifaz, fueron los ideólogos de la frustrada revolución arequipeña de 1857. Desde junio de dicho año, Sánchez recogió el clamor popular en varios boletines de combate titulados “Vencer o morir”. Basadre 2000, tomo IV, pp. 866-867. En esos documentos, defendía la resistencia colectiva de los arequipeños y criticaba los despilfarros ocurridos durante el “gobierno de la moralidad” de Castilla, advirtiendo que en tiempos de Echenique pudo verse “esos caudales impulsando la industria y derramando abundancia en las ciudades”. Basadre 1939, p. 272.

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dado rango constitucional a varios principios intolerables para los conservadores 24.

Dada su condición colegial, Piérola se vio obligado a dejar de lado las simpatías políticas, y ocuparse de labores filantrópicas. Por ello, intervino en la organización de la sociedad juvenil denominada Hermandad de Caridad de San Luis Gonzaga, destinada a la asistencia de niños desvalidos. Allí cumplió las funciones de secretario del director, Ambrosio Huerta, alcanzando a fundar el Colegio de Caridad de San Luis el 19 de marzo de 1857. Los informes sobre manejos económicos de este colegio fueron publicados regularmente en El Católico. La muerte de sus padres en 1858 lo hizo desistir de tomar los votos sacerdotales, y con la ayuda de las familias Tristán, Villena e Iturbide, asume la manutención y asistencia de sus hermanos. Respetado y apreciado por los maestros toribianos, obtiene el nombramiento de profesor sustituto de la cátedra de Filosofía. Comparte esta actividad con la publicación de artículos en la revista La Razón del Seminario, y la redacción de discursos que son leídos en reuniones con Ambrosio Huerta25.

En 1859 el gobierno de Ramón Castilla refuerza la labor educativa del seminario asignándole 12,000 pesos para obras de reedificación. Existían entonces 220 alumnos matriculados, una población escolar considerable en aquella época, pero los ambientes del seminario podían recibir hasta 500 alumnos. El 18 de diciembre de 1859 se realizaron los exámenes en el remozado local. La ceremonia estuvo presidida por el deán y vicario general, Lucas Pellicer, acompañado de Bartolomé Herrera, el futuro arzobispo limeño Manuel Bandini y el rector del Convictorio de San Carlos, Juan Gualberto Valdivia. Entre los profesores descollaban Pedro José Calderón, Luciano Benjamín Cisneros, Simón Paredes, Agustín de la Rosa Toro, Celso Bambarén y otros26. Mientras tanto, Piérola estudiaba Derecho Canónico, esforzándose por continuar su carrera eclesiástica. A partir de 1860, por orden del vicario general, Pedro de Benavente, todos los clérigos Agustín de la Rosa Toro.

debían aprobar el curso de Teología Moral, cuya enseñanza fue

Armas 1998, p. 96.

Dulanto 1947, pp. 23-24.

26 Vargas Ugarte 1969, pp. 85-86.

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encargada al cura de la parroquia de Santa Ana, Luis Guzmán. Durante todos estos años, Ambrosio Huerta le dio constante y afectuoso apoyo, supervisando sus estudios e influyendo en sus ideas y carácter27. Entre quienes fueron condiscípulos o Página | 18

coincidieron en algunos cursos con el futuro caudillo, puede mencionarse a Benjamín Boza, Pedro José Calderón, Pedro Gallagher, Agustín Obin, Federico Panizo, Santiago Távara, Manuel Tovar y Felipe Varela. La vida de muchos de ellos se entrecruzará en acciones políticas posteriores. Condiscípulo suyo fue también Manuel González Prada28, aunque éste por su carácter discreto y desconfiado se mantuvo distante del audaz y extrovertido Piérola29.

En febrero de 1861, opta por retirarse del seminario para contraer matrimonio con su prima Jesús Iturbide Villena y afrontar la responsabilidad familiar que ello implicaba. Para Ulloa, esta repentina secularización estuvo condicionada por su temperamento sensual, exhibicionismo, gustos refinados y afición por los rangos y dignidades, preferencias que lo alejaban de la vida monacal. A pesar de este distanciamiento, mantuvo vínculos con la revista clerical El Progreso Católico, a través de la cual expresaba sus preocupaciones en materias religiosas30. El apresamiento del expresidente Rufino Echenique por mandato del gobierno de Castilla31, lo impulsa a escribir el texto “Memoria sobre la soberanía política”32, que lee el 28 de julio de 1861 ante su círculo amical, y publica después en folleto. Allí, Piérola analiza los fundamentos de la autoridad y el ejercicio legítimo de la misma. Comienza situando el origen del conflicto entre los señoríos individuales en el nacimiento de la vida en sociedad, y Ulloa 1981, pp. 85-86.

Manuel González Prada estudió entre 1857 y 1860 en el Seminario Santo Toribio. En medio de la ofensiva liberal de 1856, sus padres decidieron matricularlo contra su voluntad en dicho centro de estudios, temerosos de que fuese ganado por las prédicas liberales, que ya lo habían atraído durante su estancia en Chile. Sánchez 1986, p. 36.

29 Leiva 1993, p. 15.

30 En el tomo I de dicha revista, Piérola publicó el artículo “El segundo mandamiento”, en el cual narraba el castigo divino sufrido por un perjuro. Basadre 1992, p. 84.

31 El 24 de marzo de 1861, arribó al Callao el vapor “Bolivia” procedente de Chile, conduciendo de incógnito a Rufino Echenique. Enterado el presidente Ramón Castilla, que éste venía con la intención de liderar un movimiento revolucionario ordenó su captura y encarcelamiento. Según Echenique, su regreso a Lima estuvo motivado por el deseo de someterse a juicio de residencia, en el cual demostraría las injusticias del gobierno contra él y los revolucionarios. Echenique 1952, tomo II, p. 246.

32 En opinión de Alberto Ulloa, este ensayo estaba dominado por la escolástica y el dogmatismo. Allí Piérola recurrió a conceptos de la Filosofía, Teología, Metafísica y Política, para obviar en la soberanía el principio de representación y reemplazarlo por el “extravagante derecho a obedecer”. Ulloa 1981, p. 104.

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señala que la necesidad de fijar los límites de dichos dominios fue resuelta mediante las regulaciones del derecho. En este punto asume el principio aristotélico de que en toda sociedad unos mandan y otros obedecen. Sin embargo, lo más importante era precisar en quien residía la soberanía. Las teorías filosóficas no ayudaban mucho a dilucidar este tema, pues se perdían en argumentos abstractos y metafísicos sin darse cuenta que la sociedad era la base de la soberanía, siendo imposible concebirla sin ésta 33. Por eso, distorsionaron la noción de la misma convirtiéndola en cuestión de derecho constitucional cuando correspondía al derecho social. Piérola distinguió en la soberanía un elemento divino inmutable y otro humano, el cual generaba la acción y progreso.

Los teóricos tenían una visión parcial de esta dualidad, por ello, afirmaban la primacía divina mediante la idea del derecho de los reyes, o la concedían al hombre, a través de la soberanía absoluta de los pueblos.

A juicio suyo, la soberanía implicaba: 1) la supremacía de existencia, que justificaba la supremacía de acción, denominada mando, 2) una idea de relación entre dos términos separados y que variaba junto con ellos, y 3) el sentido de obligación. En ese contexto, el ejercicio de la soberanía residía en aquellos capaces de encaminar a los asociados a su fin, es decir, en quienes “se hallan obligados a satisfacer el derecho, que los miembros de una sociedad tienen de ser mandados”34. En el curso de la historia, ésta había sido ejercida por intermedio de una relación de dominio natural en el caso de la familia, o en virtud al consentimiento tácito de los miembros de una sociedad. Al respecto, advierte que no debe confundirse el derecho de mandar con el derecho de ser obedecido, pues la soberanía puede revestir multitud de formas según el carácter de cada sociedad, mas la diferencia solo radicaba en la forma de ejercitarse. Esto permitía el manejo del Estado por distintos grupos de personas, siempre que éstos fuesen los más capacitados para detentar la dirección social, y respeten los principios constitucionales garantes del carácter obligatorio de la soberanía35.

Piérola 1861, pp. 9-10.

Este texto recoge las ideas de Bartolomé Herrera, quien vinculando soberanía y obediencia criticaba la noción de soberanía popular, pues “suponiéndola emanada del pueblo, cada enemigo de Dios, quiero decir del sosiego público, ha podido invocar el nombre del pueblo para derrocar al gobierno y el poder de las leyes”. Herrera 1846, p. 13.

35 Piérola 1861, pp. 18-25.

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En mayo de 1862, funda y dirige El Cosmos, cuyo propósito era suplir “la necesidad de un periódico religioso”, ante el vacío dejado por la desaparición de El Progreso Católico. Fueron colaboradores de este periódico, Manuel Pancorbo, Manuel Página | 20

Tovar y Ricardo Rossel. La inquietud principal de Piérola consistía en combatir la idea del progreso entendida como ruptura con lo existente; “anatematizando todo lo que no era su obra (…) la religión, por eso, como nada, es su enemigo jurado, su barrera”.

Progresar desechando lo existente –agregaba– conmovería las bases estables de la humanidad, por lo tanto ofreció a sus lectores ocuparse de contener los extravíos y alucinaciones del siglo, sobre todo para que la gente valorase la religión en su sentido filosófico. Al mismo tiempo, dejaba abiertas las páginas de El Cosmos al debate de asuntos políticos, científicos y de artes, con el propósito de conservar la salud social del país36.

En el segundo número de este periódico, alertó del peligro que se cernía sobre la Patria americana ante la formación de ejércitos y escuadras europeas, dispuestas a invadirla para someterla e imponerle leyes. Expresaba además el espíritu regenerador inherente que tendría la guerra defensiva, pues traía consigo la urgencia de examinar la constitución social del país. En esa coyuntura, miraba con desconfianza el liderazgo liberal basado en “un partido compuesto de uno que otro corifeo” acompañado por la multitud leal de siempre, empecinado en marginar del movimiento patriótico a los que juzgaba retrógrados. De igual manera, los acusaba de aprovechar la coyuntura pre-bélica para promocionar sus teorías y principios, estampadas en una Constitución “de la que el buen sentido nacional protestó”, mientras se apoderaban “de la tribuna y de la prensa [y] se han sentado en el bufete del ministro o se han encaramado en el tabladillo electoral”. Frente a ellos se encontraban “unos pocos que se afanan por el funesto influjo de tan odiosas enseñanzas, y la gran mayoría de la Nación que en su silencio las reprueba (…) pero que no toma parte activa en la lucha”.

Ese partido deseaba apartar al pueblo del liberalismo, y previniéndolo “contra sus enseñanzas, imprimirle una dirección y un movimiento opuesto enteramente”37.

Esta campaña sería censurada por los editores de El Comercio, calificando a Piérola de “semi-ultramontano, semi-conservador exageradísimo y de mala ley”, 36 37

“El Cosmos”, en El Cosmos, 24 de mayo de 1862.

“El Cosmos”, en El Cosmos, 3 de junio de 1862.

mientras tildaba al partido conservador de “polilla funesta de América” y cuna de los Santanas, Miramones y Almontes38. Estos adjetivos fueron rechazados en una exposición, que acusaba a los “demócratas” (liberales) de vincular la defensa de la América con “la realización de la democracia”, colocándolas en igual categoría cuando tenían objetivos independientes. Desde la perspectiva pierolista, la democracia de los liberales encubría lo que él llamaba “rojismo”. Similar polémica sostuvo con La América, rechazando el epíteto de abogado de la monarquía con que era atacado, pues en ninguna de las ediciones de El Cosmos había sostenido esa posición39. Seguidamente reiteraba sus denuncias contra la dolorosa y dañina experiencia del liberalismo peruano. No obstante, evitó desatar una disputa periodística que exacerbara las luchas intestinas, porque dividir la Patria ante la amenaza externa era un crimen enorme. Para despojarse de toda aureola monárquica reafirmaba su fe republicana, aunque insistía en desconocer el papel de los liberales que se consideraban apóstoles del progreso, argumento invocado para “crearlo todo a su antojo y como a su capricho conviene”. La República –decía– no debía estar en manos de quienes distorsionaban la realidad con sus utopías40.

Más tarde, protestó contra la marginación de la Iglesia de los asuntos cotidianos invocando el pretexto de que el reino cristiano no era terrenal. De ello se desprendía el cuestionamiento a la soberanía temporal del Papa, al cobro de diezmos y primicias y la circulación de diarios religiosos interesados en la política, con lo cual las enseñanzas cristianas solo tendrían vigencia en los santuarios41. En su dogmática visión, los planes liberales intentaban abrir un abismo entre la religión y la vida incentivando entre los católicos el olvido de los principios morales. De ese modo, cuando algún El Comercio identificaba la propaganda conservadora pierolista con la ideología monarquista del expresidente mexicano, Antonio López de Santa Anna, autodenominado Su Alteza Serenísima, y los generales Miguel Miramón y Juan Almonte, opositores a las reformas liberales de Benito Juárez.

39 “El Cosmos”, en El Cosmos, 14 de junio de 1862.

40 “El Cosmos”, en El Cosmos, 25 de junio de 1862. Este antiliberalismo de Piérola coincidía con las ideas expuestas años antes por diversos colaboradores de El Católico. En uno de esos artículos, se decía “que si hoy se agita convulsa más de una sociedad, si más de un trono se bambolea, si la corrupción avanza haciendo rápidos progresos, si no hay institución que no claudique al otro día que se la viera nacer, si los gobiernos están desprestigiados y si la anarquía existe en el corazón de los pueblos, solo es debido al influjo del liberalismo (…) solo existe verdadera libertad, allí en donde son acatados los principios de la religión y de la moral; que solo es realmente libre el ciudadano virtuoso, el hombre íntegro y honrado, que siguiendo los impulsos de su delicada conciencia, se muestra intolerante con el vicio y el error”. “El liberalismo de algunos SS. Diputados”, en El Católico, 6 de octubre de 1855.

41 “El Cosmos”, en El Cosmos, 30 de junio de 1862.

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religioso reprobara las reformas radicales, sería descalificado aduciendo que sus observaciones sobre cosas temporales eran inaceptables. Esta actitud lo desconcertaba, porque los liberales pregonaban “una religión formada por el progreso (…), de un evangelio por ellos interpretado y por ellos expuesto”. En resumen, los sacerdotes y doctores iban a ser reemplazados por “los obreros del porvenir y de la libertad”42.

Desde mediados de 1862, la crisis fiscal llamó su atención, porque en el Perú el tesoro público sostenía al Estado y los individuos, pues “todos o casi todos viven del gobierno”. La designación de Pedro Gálvez como Ministro de Hacienda había generado expectativa, y aun cuando no se conocían sus planes confiaba en que éste comprendería que “los grandes proyectos financieros no consisten sino en la legal y económica inversión de las rentas públicas”43. En este campo centra su enfoque en el problema monetario, considerado entonces “la cuestión capital y Nicolás de Piérola, 1863.

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única” de la economía nacional. Con cierta ironía contemplaba cómo los académicos producían numerosos artículos y se enfrascaban en conversaciones estériles, mientras el público de manera pragmática combatía la aprobación de un proyecto de empréstito contrario a sus demandas. Por su parte, el gobierno creaba incertidumbre entre los comerciantes y consumidores con

sus falsos anuncios sobre la próxima firma de un decreto de conversión monetaria. Piérola se oponía a la devaluación del “cuatro” boliviano (medio peso) a tres reales, en tanto afectaba los derechos adquiridos de los tenedores y el compromiso de indemnización ofrecido por el gobierno, que había autorizado la circulación del feble y era responsable de conservar su valor nominal. Tampoco admitía la propuesta de reducir la ley monetaria al extremo de que fuese “incapaz de acomodarse a ningún sistema numérico del mundo”44.

En cambio, elogiaba el previsto establecimiento de una Caja de Ahorros y Monte de piedad por algunos miembros de la Bolsa Comercial de Lima para auxiliar a las clases trabajadoras. En teoría, las operaciones de imposición y préstamo de dinero a bajo interés aumentarían y conservarían la riqueza individual. Por tanto, “nada más útil para el

“El Cosmos”, en El Cosmos, 9 de julio de 1862.

“El Cosmos”, en El Cosmos, 12 de julio de 1862.

44 “El Cosmos”, en El Cosmos, 25 de julio de 1862.

42 43

pobre y el rico que instituciones de esta especie, que cría y fomenta capitales dándole a todos ventajas verdaderas, sin causar gravamen fuerte a ninguno”45. Hacia noviembre de 1862, apenas finalizado el gobierno de Castilla, exige investigarlo “con calma, pero sin condescendencia” por la prórroga de las consignaciones, manifestando que éstas no producían beneficio económico alguno y convenía reemplazarlas por el sistema de administración fiscal. En esa coyuntura, alcanza la categoría de “elector” en la parroquia de Santa Ana, y constata con asombro la corrupción de los procesos eleccionarios, vicio que achaca a la herencia colonial superviviente en hombres e instituciones. Simultáneamente marca distancia de aquellos grupos conservadores empecinados en la defensa del absolutismo. En lo personal, asociado con José Huerta dirige la empresa editorial Huerta y Cía., integra el jurado de “Lugares Teológicos” en el Seminario de Santo Toribio, y reafirma su compromiso de mantener El Cosmos al servicio de las ideas religiosas46.

Más tarde, en julio de 1864, inaugura una nueva etapa en su labor pluma en medio de la beligerancia patriótica originada por la pretendida intervención del gobierno español en el arreglo del incidente de Talambo47. Dicho acto colonialista y el inminente ataque de la escuadra española al Callao lesionaban la honra nacional, por lo que interpretando el clamor popular, Piérola demandó firmeza de actitud al presidente Juan Antonio Pezet.

José Gregorio Paz Soldán.

periodística publicando el periódico El Tiempo. Allí lucirá nuevamente su polémica

De otro lado, expresó su descontento con la gestión del Ministro de Relaciones Exteriores, Juan Antonio Ribeyro, y las ambiciones políticas de los hermanos Paz Soldán48. Mientras seguía atentamente las negociaciones con el almirante español Luis “Revista interior. La Quincena”, en El Cosmos, 28 de agosto de 1862.

Dulanto 1947, p. 34.

47 En agosto de 1863, una pelea entre peones peruanos y vascos de la hacienda de Talambo (La Libertad) terminó con la muerte de uno de estos últimos. Los españoles convirtieron este asunto judicial en materia de reclamación diplomática, utilizándolo para imponer la presencia del comisario regio Eusebio Salazar y Mazarredo, con la consecuente mengua de la soberanía nacional. El rechazo del susodicho título y de otras exigencias provocaron la ocupación de las islas Chincha por la escuadra española, y la posterior guerra que culminaría con el combate del 2 de mayo de 1866.

48 El recelo de Piérola contra esta connotada familia de liberales provenía probablemente de la posición asumida por el Fiscal José Gregorio Paz Soldán, en el conflicto sostenido en 1861 entre gobierno y Arzobispado por la resistencia de este último a someter el seminario a la tutela de la Universidad San Marcos. En su dictamen del 23 de octubre de 1861, Paz Soldán rechazó las pretensiones del Arzobispo, 45 46

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Pinzón, analiza diversos temas económicos, como la obra del ferrocarril Lima-Jauja, la ley de pesos y medidas, el guano, la moneda y empréstitos. En estos últimos puntos, propuso la expulsión del feble boliviano, la derogatoria de la ley monetaria del Página | 24

14/II/1863, y el gasto reproductivo de los préstamos contraídos. Además exigía abolir las consignaciones, porque se prestaban a negociados, tal como había sucedido con la de España entregada a Julián Zaracondegui, a pesar de que ofreció menores ventajas que José Antonio García y García. Este hecho no era la excepción, sino la regla, pues los favoritos y recomendados de importantes funcionarios estatales obtenían contratos aun incumpliendo requisitos fijados en los remates. Por ese motivo, el periódico satírico La Zamacueca refiriéndose a la “yaga gangrenosa de las consignaciones”, hacía notar que en veinte años de exportaciones del guano, el país carecía de dinero, mientras los guaneros “nadaban” en plata49.

A comienzos del segundo semestre de 1864, contagiado del furor suscitado por la ocupación española de las islas Chincha, Piérola critica la actitud pusilánime de las autoridades gubernativas. En varias ediciones de El Tiempo desaprueba “la parsimonia indigna y la culpable espera del gobierno”, y presiona al Legislativo para que, autorizando el uso de las armas, se arrancara la inmediata devolución de las citadas islas guaneras. Finalmente, el 29 de julio de 1864 lanzó una advertencia premonitoria: “si el ministerio persiste en su política de tolerancia, la revolución es indefectible”50.

Conforme iba acentuándose los reclamos incendiarios, el presidente Pezet intentaba atenuarlos informando a la opinión pública acerca de los trámites diplomáticos y aprestos bélicos. Para reforzar dicho cometido, subvenciona al periódico pierolista a fin de que actuase como vocero oficioso. Hubo rumores maliciosos sobre este repentino cambio, pero Piérola estaba persuadido de que debía contribuir a la estabilidad del

José Sebastián de Goyeneche, que negaba al Estado el “derecho de tuición” sobre los establecimientos educativos. Agregaba que el gobierno poseía la facultad de “organizar y reglamentar la instrucción pública”, a fin de evitar abusos como los ocurridos en el Colegio de San Carlos, donde “se había introducido el abuso de enseñar doctrinas contrarias a la independencia y soberanía de la Nación, a las regalías del Patronato, a la jurisdicción de los tribunales, y hasta negar al Congreso el poder de legislar”.

Paz Soldán, José Gregorio. “Dictamen del Ministerio Fiscal”, en La Revista de Lima, tomo IV, 1861, p. 374.

49 Dulanto 1947, p. 37.

50 Idem 1947, pp. 38-39.

régimen51. Por eso, contrariando la voz mayoritaria de la prensa limeña, saluda el Tratado Vivanco-Pareja, firmado el 27/I/1865, al cual califica de decoroso. En los días posteriores sostuvo que dicho acuerdo viabilizaba la redención de las islas Chincha disipando el fantasma de la guerra. Demostrando lealtad al gobierno, respalda el Manifiesto de Pezet (3/II/1865), y tolera la prisión de Castilla (6/II/1865). A finales de febrero, explica su novedoso punto de vista a través de varios artículos titulados “La cuestión española y la política interior”52.

Más allá de esta asistencia periodística, Piérola sostenía fuertes discrepancias con el gobierno en cuanto al manejo hacendario. El empréstito de 40 millones de soles, negociado en Londres por los comisionados José Sevilla y Manuel Pardo, fue el blanco de sus impugnaciones, pues arrojaba una pérdida nominal del 42% por diversos conceptos: a) 25% a causa de la emisión al 80%, b) 12% por obra de la conversión de bonos al 90.7%, c) 1.5% en pago de comisiones a Pardo y Sevilla, y d) 3.5% por gastos diversos. Por lo demás, con ese dinero serían amortizados los préstamos tomados por Pezet desde abril de 1864. En dicha operación calculaba una mengua adicional del 25% debido a la diferencia de valores entre los pesos y vales. En consecuencia, el daño fiscal excedía el 65%. A criterio suyo, el proyecto de empréstito de Pedro Telmo Larrañaga era superior, pues dejaba un saldo disponible de 37 millones de soles53, es decir, 19 millones más que el Sevilla-Pardo, cuyo rendimiento bordeaba los 18 millones de soles.

En marzo de 1865, sorprendido por el movimiento revolucionario de Mariano Ignacio Prado, abre campaña contra los rebeldes acusándolos de paralizar el fomento de la riqueza y conducir al país a un arriesgado escenario bélico. Enfrentado con los diarios El Describiendo el polarizado ambiente del país durante el segundo semestre de 1864, el presidente Pezet decía: “Grande, activo, insólito, fue el calor de las gentes en todo aquel periodo memorable: crujía la imprenta, formábanse clubs, multiplicábanse las juntas populares, peroraban los tribunos, agitábanse las turbas, ardían los ánimos, se conmovían los pueblos (…)Las lenguas de la calumnia se desataron contra el gobierno; todos los ciudadanos que participaban de la autoridad ejecutiva eran llamados traidores á la patria; las Cámaras legislativas resonaban con las mas odiosas acusaciones; el pueblo era públicamente instigado á tomar por si, como soberano, la reparación del honor nacional que se decía sacrificado por mi; y nada, en fin, se omitía de cuanto podía concitar á la desobediencia y al desorden, despojando así al poder público del primer elemento de fuerza que le era indispensable para resistir al enemigo común”.

Pezet 1867, p. 27.

52 Ulloa 1981, p. 107.

53 El proyecto Larrañaga consistía en negociar un empréstito £ 10´000,000 al tipo del 80%, el cual podía dejar un saldo líquido de 38’375,000 soles, descontando los gastos de conversión y comisiones. “Gran Proyecto del Sr. Larrañaga”, en El Comercio, 26 de setiembre de 1864.

51

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Comercio y El Mercurio, y atada su suerte a la del agónico régimen, El Tiempo dejó de circular a mediados de 1865.

Meses después, encontramos a Piérola dedicado al negocio de impresiones, Página | 26 y la venta de revistas extranjeras como El Ateneo. En su taller se imprimen los Anales de

la Sociedad Amigos de las Letras y diversos trabajos de la Cámara de Diputados, recibidos gracias a la recomendación de Bernardo Roca Boloña y Rufino Echenique. En mayo de 1866, como integrante de la Sociedad de Conductores de Heridos, colabora en la curación de los defensores del Callao, y comparte experiencias con Demetrio Olavegoya, Enrique Bustamante Salazar, Luciano Benjamín Cisneros y Ricardo Aranda.

En esta época de su vida, el ex-presidente Echenique lo acoge en su entorno familiar, tramitándole igualmente la representación de firmas neoyorquinas y de la Casa Lanman y Kemp, proveedora esta última de medicinas y drogas que revende a las farmacias y hospitales limeños. El éxito comercial refina su personalidad, cada vez más lejana del ascetismo religioso aprendido en el seminario. Así, en los albores de 1868 era un ciudadano sin apuros económicos, que repartía el tiempo libre entre aficiones literarias, actividades académicas en la Universidad de San Marcos, o compromisos filantrópicos, como la organización de colectas para los damnificados del terremoto ocurrido entonces en Arequipa54.

1.2 El Ministerio de Hacienda y Dreyfus El escenario previo a la designación de Nicolás de Piérola como Ministro de Hacienda estuvo marcado por el sino de la bancarrota. En agosto de 1868, apenas inaugurado el gobierno de José Balta, la caja fiscal languidecía. El ministro Francisco García Calderón, privado de recursos para costear la millonaria obra del ferrocarril Mollendo-Arequipa contratada meses antes, propuso financiarla mediante un empréstito de 50 millones de soles. A principios de octubre, responde la interpelación puesta en su contra por el diputado Manuel Cisneros, e insiste en recurrir al crédito estatal para ejecutar las líneas de Huacho, Arequipa, Jauja y otras, prometiendo invertir gradualmente el empréstito a medida que fuese requerido por los contratistas. El citado ministro deseaba concluir los 54

Dulanto 1947, pp. 49-51.

ferrocarriles con la esperanza de que franquearan nuevas rutas a las industrias. Poco después cambia de parecer, presintiendo los nefastos efectos que tendría endeudar al Estado para favorecer megaproyectos viales de dudoso rendimiento. Convertido en partidario de la austeridad fiscal, concurre a la Cámara de Diputados el 18 de noviembre de 1868, y expone su trabajo titulado Plan de Hacienda55. En ese texto, estudia las causas históricas del creciente déficit que por efecto del desbalance entre ingresos y egresos estatales, tasados en 48’330,000 soles y 67’283,000 soles respectivamente, calculó en 18’953,000 soles para el bienio 1869-1870. El 36% (7’000,000 soles) del mismo correspondía a deudas vencidas del ferrocarril arequipeño.

Para cubrir esas obligaciones, el gobierno solo disponía de un lote de bonos reservados del empréstito de 1865 valorizados en £ 628,800 o 3’144,000 soles, monto equivalente al 16.5% del déficit vigente.

En tales circunstancias, García Calderón descarta la emisión de un nuevo empréstito, y contempla dos mecanismos para solucionar este problema: la reforma tributaria a largo plazo, y la continuidad de los “adelantos” recibidos de los consignatarios del guano. Aunque esto último parecía más factible, el ministro anhelaba reforzar el erario estableciendo un mejor sistema de impuestos y “librar al país del trastorno en que se vería si el guano llega a faltar”, generando al mismo tiempo conciencia entre los ciudadanos de que la contribución era “legítima fuente” de sostenimiento económico en todo Estado. Esta propuesta afectó los intereses del empresario Henry Meiggs, quien a través de su agente, Francisco de Paula Suárez, buscaba la cancelación de sus trabajos. El presidente Pedro Diez Canseco había contratado la línea Mollendo-Arequipa por el exagerado precio de doce millones de soles, pero de dicho monto pagó solo cinco millones comprometiendo a su sucesor, José Balta, a invertir los siete millones de soles restantes56. García Calderón pretendía transferir esta línea a empresarios particulares, incluyendo en ese negocio la “Contrato Dreyfus – Antecedentes – Origen de la autorización”, en El Comercio, 12 de setiembre de 1869.

Cuenta Rufino Echenique que el general Diez Canseco, antes de dejar la presidencia de la República, comprometió a quien sería su sucesor, José Balta, para “llevar adelante el contrato que había hecho del ferrocarril de Mollendo a Arequipa...”. Según Echenique este “contrato leonino, mal calculado, oneroso para el fisco y fecundo en males, abrió la puerta a especulaciones inmorales que enriquecieron súbitamente a muchos con gravamen del Tesoro (...) cosas estas todas que nadie deja de conocer...”.

Echenique 1952, tomo II, p. 289.

55 56

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adjudicación del capital estatal invertido “con las más favorables condiciones”57, pues llevarlo a su término evitaría la nivelación del Presupuesto de la República.

Entre tanto, el Congreso asumió el encargo de señalar las cláusulas más apropiadas Página | 28 para concertar un nuevo empréstito. La primera respuesta vino de la Comisión Auxiliar de

Hacienda de la Cámara de Diputados, la cual mediante dictamen del 10/XII/1868, suscrito por Juan Peña, Antonio Bentín, Santiago Carranza y Foción Mariátegui, sugirió constituir un fondo mediante la venta del lote de 3’301,200 soles (£ 628,800) en bonos reservados de 1865, y el levantamiento de dos empréstitos, uno interno por 3’000,000 soles con hipoteca sobre las rentas libres de aduanas, y otro externo ascendente a 20’000,000 soles amortizable con los ingresos del guano. Ese mismo día, el dictamen en minoría del diputado Ambrosio Becerril, prefería autorizar la recepción de préstamos mensuales de los consignatarios por 600 o 700 mil soles durante veintisiete meses a partir de octubre de 1868. En compensación, los prestamistas gozarían de un tipo de cambio de cinco soles por libra esterlina, el aumento de 2% en los intereses por adelantos impagos y la prórroga de sus contratos hasta dos años más contados desde la fecha de vencimiento de los vigentes, excepto el de Alemania con el fin de ensayar en ese mercado un nuevo sistema de venta del guano.

El dictamen en mayoría suscitó desconfianza en la prensa, y los comisionados fueron acusados de tergiversar los supuestos beneficios del empréstito mintiendo sobre la cotización real de los bonos reservados, el stock de fertilizante disponible en los mercados europeos y el monto de las comisiones bancarias. En el fondo lo que se estaba cuestionando era la política financiera nacional y el sistema de consignaciones, porque mantenía la práctica de valorar nuestro crédito externo por la cantidad de guano poseído e hipotecado, sin que los recursos generales de industria y comercio que formaban la verdadera riqueza de una nación, sirvieran para respaldar la solidez de las emisiones. Por lo demás esta operación aumentaba la deuda externa de 40 a 59 millones de soles situando el servicio anual de sus intereses en cerca de 10 millones de soles, suma similar a dos tercios del producto neto del guano. El El 11/XII/1868, el ministro Francisco García Calderón informó al Senado que de los £ 2’133,300 sobrantes del empréstito de 1865, el gobierno había tomado 150 mil mensuales hasta completar cinco millones de pesos para cancelar el ferrocarril de Arequipa, y £ 250,000 para el de Lima-Huacho. El resto debía utilizarse en el ferrocarril de Jauja cuando el Congreso lo autorizara. Diario de los Debates del Congreso. Cámara de Senadores 1868, p. 501.

57

22/XII/1868, haciendo caso omiso a las observaciones de García Calderón, la Comisión Auxiliar de Hacienda aprueba un proyecto de empréstito por dos millones de soles, con interés anual de 5% y tipo de cambio de 40 peniques por sol (1 libra esterlina = 6 soles) dando en garantía los productos libres del guano, sin señalar que política sería adoptada para no afectar los contratos vigentes con los consignatarios. Este acto motivó la renuncia del ministro, quien siendo partidario del proyecto Becerril, acusó a los diputados oficialistas de haber convencido al presidente Balta sobre las supuestas ventajas del préstamo externo basado en la consignación directa del guano con capitalistas extranjeros, rechazando cualquier trato con sus homólogos nacionales.

Mientras se discutía este nuevo proyecto surgió el plan de Fernando Palacios para introducir el sistema de venta directa mediante la licitación de dos millones de toneladas de guano en el Perú o Europa, con lo cual se desterraban de paso las desdeñadas prórrogas de las consignaciones. No hay certeza de que Palacios consiguió el apoyo del gobierno, pero es probable que hubiese influenciado en la decisión del Senado contraria a seguir aprobando los adelantos como mecanismo principal de financiamiento del Presupuesto Nacional58. Sin embargo, lo más interesante de este hecho es que, según la versión del propio Palacios, la propuesta original que él entregó personalmente al presidente Balta a fines de 1868, sufrió un año después burdas modificaciones por el entonces Ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, quien introdujo cláusulas poco favorables al fisco.

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Basadre 2000, tomo V, p. 1,309.

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PROYECTO DE FERNANDO PALACIOS PARA VENTA DIRECTA DEL GUANO Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL MINISTRO N I C O L Á S D E P I É R O L A – 18 6 8 59 Proyecto de Fernando Palacios

Modificaciones introducidas por el Ministro Nicolás de Piérola

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1. El Estado costeaba el embarque del guano, 1. El Estado costeaba el embarque del guano, y pero su traslado a Europa corría por cuenta y también pagaba las pérdidas de hasta 4%, que riesgo del comprador. sufriesen los cargamentos durante su travesía a Europa por efectos de la humedad.

2. La casa compradora abonaría 40 y 60 pesos respectivamente por cada tonelada recibida a bordo de los buques o entregada en los lugares de venta, comprometiéndose a mejorar estos precios.

2. El Contrato Dreyfus estableció precios fijos de 36.5 y 60 pesos respectivamente, por cada tonelada recibida en los buques o entregada en los lugares de venta.

3. El precio base de la tonelada de guano sería de 3. El Contrato Dreyfus estableció un precio fijo por tonelada £ 12.10, pudiendo afectarse o beneficiarse el de guano, lo cual permitía que el comprador se beneficiara comprador con las alzas y bajas. con las alzas, mas no se afectase con las bajas.

4. El Estado no recibiría anticipos por el producto 4. El Contrato Dreyfus concedió anticipos con neto del guano, salvo casos excepcionales. intereses onerosos.

El debate acerca del déficit fiscal se intensifica durante la gestión del Ministro interino de Hacienda, José Antonio Barrenechea, quien debido a su renuencia a evaluar los proyectos de consolidación de la deuda interna, fue censurado por el Congreso dando paso a una seria crisis en sus relaciones con el Ejecutivo. Este problema sería resuelto con el ascenso fortuito de Nicolás de Piérola al Ministerio de Hacienda, gracias a la intercesión de Rufino Echenique. De Nicolás de Piérola, 1869.

acuerdo con un relato aparecido en el diario La Prensa en 1913, el veterano general era muy amigo del presidente Balta, desde los tiempos de la batalla de La Palma (1855), cuando pelearon juntos contra Ramón Castilla. Esa mutua confianza explica por qué fue consultado sobre el candidato más idóneo para el mencionado ministerio.

Echenique presentó personalmente a Piérola en Palacio de Gobierno, y aunque el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Gálvez, jurista y ex-decano de la Facultad

“Carta de Fernando Palacios dirigida al diputado José María Gonzáles el 16-VII-1870”, en El Nacional, 9 de setiembre de 1870.

59

de Jurisprudencia de San Marcos, subestimó las aptitudes del joven ministro, éste supo ganarse el aprecio presidencial60.

A pesar de los afanes de ciertos congresistas, el sistema de ferrocarriles fiscales no logró ejecutarse durante el primer semestre de 1869. Desde el primer día, Página | 31 el ministro Piérola concentró sus esfuerzos en hallar una fórmula financiera distinta a las conocidas para subsanar el déficit fiscal. Algunos diputados sugirieron poner en práctica el proyecto presentado en diciembre de 1868 por su colega, Pedro Bernales, consistente en tomar préstamo de los consignatarios bajo condiciones negociables61.

Luego de largos debates, el Congreso autoriza al Ejecutivo para obtener “los fondos necesarios a fin de salvar el déficit que resulte en el Presupuesto”, disposición que el 26/I/1869 se convirtió en ley. Con esa norma, Piérola adquiere la llave de las finanzas públicas, y mientras define cómo introducir el nuevo sistema de venta del guano aplica reformas en las aduanas, cajas fiscales y administración hacendaria.

Existen diversas versiones en torno a la autoría del Contrato Dreyfus62.

Oficialmente, el 5/VII/1869 los comisionados Toribio Sanz y Juan Martín Echenique lo suscribieron ad referéndum en París con la Casa Dreyfus hermanos. Con ello finalizaba el sistema de las consignaciones y concedía a ésta el monopolio de la venta del guano en los mercados europeos. Este acuerdo alivió los apuros del ministro Piérola, imposibilitado de convencer a las casas europeas de que tomasen a firme alguna

Los consignatarios y sus voceros periodísticos cuestionaron este nombramiento, burlándose de la formación religiosa del ministro y advirtiendo de que era peligroso dejar la economía en manos de un novato. Un artículo publicado en El Comercio del 7/I/1869, bajo el título de “Los Amigos del Presidente”, insinuaba que detrás de Piérola se escondía la acción de un partido neocatólico influyente sobre el presidente Balta. Dulanto 1947, pp. 60-61.

61 El 9/I/1869, en discurso leído ante la Cámara de Diputados, el ministro Piérola reconocía la necesidad de contraer empréstitos. De esa manera, justificó haber recibido adelanto de 4 millones de soles del consignatario Valdeavellano y Cia. en mayo de 1869. Dulanto 1947, p. 66. Sin embargo, el 17/I/1908, en carta enviada a La Prensa, negó que fuese autor del discurso registrado como suyo en el Diario de Debates de 1869, alegando que era “enteramente apócrifo; porque expresa conceptos absolutamente opuestos a los míos, produciéndome grandísima sorpresa al conocerlo ahora solamente”. En este artículo, Piérola manifestaba su aversión por los empréstitos. Ulloa 1981, p. 133.

62 Generalmente se atribuye la autoría del Contrato Dreyfus al ministro Piérola y al comisionado, Juan Martín Echenique. No obstante, el francés Philippe de Rougemont, señala que fue Luis Benjamín Cisneros, cónsul peruano en Havre, quien trajo a Lima el proyecto de contrato negociado con Dreyfus, lo cual motivó la renuncia del ministro García Calderón. Rougemont 1883, p. 12. Similar versión ofreció Manuel Atanasio Fuentes en 1881. Fuentes 1881, p. XI. 60

cantidad de bonos peruanos63, más aún cuando los papeles peruanos de 1862 y 1865 mostraban una cotización muy inestable. En el curso de estas negociaciones comenzó a notarse la manipulación de Dreyfus quien, según el corresponsal londinense de El Página | 32

Comercio, estaba “en guerra abierta con los consignatarios”, y dudaba en facilitar fondos al gobierno, pues sabía que “los agentes no tienen facultad para concederle ninguna de las consignaciones que están por terminar”, negocio imprescindible para fortalecer en Lima sus raíces políticas y mercantiles”64.

El 18 de agosto fueron conocidas en Lima las cláusulas del Contrato Dreyfus en medio de un ambiente tenso y expectante fabricado por los consignatarios, principales interesados en que la operación fracasara65. Este negocio que cambiaría radicalmente el rumbo de la economía peruana en las siguientes décadas comprendió dos operaciones diversas, pero relacionadas entre sí: la primera, de compra y venta de dos millones de tonelada de guano, incluyendo las que estaban aún en poder de los consignatarios, a la terminación de sus contratos; y la segunda, de empréstito, o sea, de adelantos que serían garantizados por el guano comprado. El contrato de compra y venta se ajustó de la siguiente manera: Dreyfus hermanos pagaría 36.50 soles por cada tonelada de guano recibida en las guaneras, a bordo de los buques fletados por ellos; 35.50 soles por cada una de las obtenidas de los actuales consignatarios; 60 soles por aquellas tomadas en los mercados europeos, libres de todo gravamen (cláusula 5ª). Estos precios se abonarían en una cuenta abierta al gobierno peruano un año después de entregado el cargamento; o inmediatamente después de hecha la venta (cláusula 9ª), si fuese el guano almacenado por los consignatarios y que entonces se vendía a £ 12.10 (cláusula 12ª). Las cotizaciones posteriores por debajo de este precio no perjudicarían al comprador, porque en ese caso el gobierno debía reducirlo proporcionalmente. De igual forma, el Estado tenía derecho a reclamarle el 50% de cualquier sobreprecio (cláusula

Tulio. “Empréstito Sanz-Echenique en Europa”, en El Comercio, 28 de julio de 1,869.

“El Empréstito peruano”, en El Comercio, 2 de julio de 1869.

65 El 5/VIII/1869 arribaron al Callao Juan Martín Echenique y Augusto Dreyfus trayendo el Contrato Dreyfus. De inmediato la cuestión política quedó de lado y los asuntos públicos se redujeron a una “disputa entre negociadores peruanos y negociadores extranjeros para apoderarse del manejo de los recursos del fisco”. Dávalos y Lissón 1919, tomo IV, p. 274. En tales disputas los consignatarios emplearon todo el poder de su dinero para obtener sin éxito, del general Echenique o de sus hijos Juan Martín y Pío, una copia del citado contrato. Echenique 1952, p. 297.

63 64

14ª)66. A su vez, el empréstito respaldado con las futuras rentas del guano fue pactado en estas condiciones: Dreyfus hermanos atendería la deuda de 1865 (cláusula 25ª inc.

1º), amortizando, conforme los contratos vigentes, los créditos de los consignatarios contra el Estado (cláusula 25ª inc. 2º); y adelantarían al gobierno la suma de 2’400,000 soles, y sucesivamente mensualidades de 700,000 soles al tipo de cambio de 36 ½ peniques por peso hasta completar 20 millones de soles (cláusula 25ª inc.3º)67, el prestamista deduciría ½ % por comisión de giro, mientras efectuase los anticipos y abriría cuenta corriente al gobierno con interés de 5% anual, o el que pagaba el Banco de Inglaterra cuando éste sobrepasara el indicado porcentaje (cláusula 25ª inc. 4º).

El contrato detalló también la forma en que los consignatarios cederían el negocio del guano a Dreyfus Hermanos, quien tendría facultad para revisar las cuentas de las operaciones realizadas, pero se obligaba a entregar reportes quincenales sobre el producto neto de sus ventas. La casa francesa obtendría una prima de 4% mientras subsistiesen los contratos de consignación, a cambio de que dicho premio no excediese el 5% sobre las anticipaciones ya referidas (cláusula 31ª). Otras cláusulas reglamentaron el manejo del guano oscuro de calidad inferior y el humedecido, estipulando la vigencia indefinida del contrato en caso de que el gobierno resultara deudor en la liquidación final. Finalmente el gobierno hipotecaba las rentas nacionales para satisfacer los adelantos en caso se presentaran dificultades en la exportación y comercio de la venta del guano (cláusula 32).

66

Colección de los documentos…, pp. 14-24.

Según cálculos realizados en setiembre de 1870 por las comisiones de Hacienda y Justicia de la Cámara de Diputados, entre junio 1865 y mayo 1869 los consignatarios otorgaron ocho empréstitos al Estado por 36’762,000 pesos, y su costo por comisiones y cambio llegó a 10’591,064. El Contrato Dreyfus, en cambio, daría 44’687,500 pesos a un costo de 3’488,460 por concepto de las utilidades de dicha casa francesa. Basadre 2000, tomo V. p. 1319. Asimismo, desde 1840 a 1868 los consignatarios exportaron 7 millones de toneladas de guano que produjeron más de 218 millones de soles, mientras que Dreyfus con sólo el 28.5% (2 millones de toneladas) de dicha cantidad entregaría 74 millones de soles, es decir una diferencia a favor del fisco de 12 millones de soles (18.8%) sobre lo que hubiese rendido ese guano en manos de los consignatarios (62 millones de soles). Rodríguez 1895, p. 304.

67

Página | 33

Los comisionados Sanz y Echenique alcanzaron un rotundo éxito con la firma del Contrato Dreyfus68, pues días antes habían fracasado sus gestiones para levantar un empréstito en Europa, debido a la campaña de desprestigio del crédito

Página | 34

peruano emprendida por agentes de los consignatarios en los círculos financieros parisino y londinense, según denunció entonces el diario francés La Patrie. Por estas razones, la mejor Augusto Dreyfus.

oferta de empréstito recogida en Londres cotizaba los bonos en

70%, es decir que una emisión nominal de £ 12’000,000 rendía efectivamente £ 8’400,000, debiendo descontarse el 6% adicional por comisión bancaria y otros gastos, con lo cual el producto líquido quedaba reducido a £ 7’680,000. ¿Cómo y quiénes facilitaron en Lima la suscripción del Contrato Dreyfus? El general Echenique en sus Memorias ofrece datos de primera mano sobre la forma en que este asunto, cuyos efectos marcaron al país durante el resto del siglo XIX, fue decidido por un pequeño grupo de amigos y allegados del gobierno de Balta. Aprobado el contrato (17/VIII/1869), los consignatarios solicitaron la nulidad del mismo ante la Corte Suprema, amparándose en las figuras jurídicas de despojo y violación de la ley de 1849, que daba preferencia a los hijos del país en la venta del guano. El presidente Balta temiendo una resolución desfavorable, recurrió a Echenique, a la sazón Presidente del Senado, pidiéndole influenciar sobre el supremo magistrado Blas Alzamora, antiguo ministro suyo en 1855, para conseguir un voto favorable al Contrato Dreyfus. Como el fallo de la Corte Suprema (26/XI/1869) ordenaba al gobierno rehacer el contrato incorporando a los consignatarios, el presidente Balta desacató esta sentencia señalando que habiendo dado el Congreso la autorización para firmar el impugnado acuerdo, solo éste podía corregirlo.

El receso del Congreso hasta julio de 1870, dio tiempo a los bandos en pugna para consumar pactos que pudiesen asegurar, según sus preferencias, la votación Los comisionados Sanz y Echenique creyeron que el Contrato liquidaría las continuas operaciones (consignaciones) que devoraron al fisco en los últimos años “el tercio o casi el cuarto de sus ingresos más seguros y mejores”. Carta a Piérola, París, 7 julio 1869, cit. por Bonilla 1974, p. 84. ¿Fue ésta una apreciación juiciosa o la expresión entusiasta de quienes estaban motivados por la promesa del gobierno de cobrar un premio de ½ % cuando se consumase el negocio? Rodríguez 1895, p. 303. Es importante destacar que a partir de este contrato los derroteros de Dreyfus, Piérola y Echenique se entrecruzaron a tal punto, que los dos últimos se convirtieron en los brazos políticos del financista francés en el Perú.

68

favorable por la conformidad o nulidad del contrato, utilizándose incluso “ilícitos y corruptores medios” para comprar voluntades. La estrategia empleada por el gobierno consistía en ganar las mesas, es decir, la elección del presidente y secretarios de las cámaras, para que estos designasen parlamentarios oficialistas en las comisiones encargadas de examinar el negocio. En este punto, Echenique suspicazmente acusa al presidente Balta de haber ordenado a sus congresistas la aprobación del contrato, solo cuando tuvo certeza de que él no postularía a la Presidencia de la República, lo cual dejaba libre el camino para la candidatura de su hermano Juan Francisco. Los hermanos Balta recelaban de las aspiraciones del mencionado general y de sus conexiones con Dreyfus, quien estaría pronto a ayudarlo “con sus caudales y con la influencia que le daba el negocio [del guano]”. Este desenlace lo hubiese conducido a una alianza con los consignatarios, comprometiéndose a desahuciar el Contrato Dreyfus bajo palabra de que sostendrían la elección de su fraternal delfín.

Apenas conocidas las cláusulas del Contrato Dreyfus, la opinión pública puso interés en determinar cuál era el margen de utilidades cedido por el gobierno a la casa francesa y cuánto le costaría al fisco el empréstito suscrito con ella, así como las consecuencias de ambas operaciones sobre el resto de actividades económicas del país.

Surge así una guerra de papel, que tuvo por escenario las páginas de los diarios limeños y provinciales, así como algunos de París y Londres, y en la cual se mezclaron el análisis documentado y riguroso, con las calumnias, sátiras y letrillas de toda laya 69. El sector crítico al Contrato Dreyfus estuvo liderado por El Comercio y El Nacional, principales diarios limeños cuyos editoriales recogían las recusaciones legales y financieras hechas por los consignatarios. Los apologistas de esta operación estuvieron agrupados en diarios de menor influencia, como La Opinión de Lima y El Porvenir del Callao, que recordaban el descrédito de las consignaciones y exponían las supuestas ventajas del nuevo empréstito. En la prensa provincial ocurrió la misma división de opiniones, por eso mientras La Bolsa de Arequipa anunciaba el inicio de una era de prosperidad y de grandes obras públicas gracias a los recursos del Contrato Dreyfus, La Autonomía de Huaraz exigía su rechazo porque violaba el derecho de los consignatarios a continuar El bimestre agosto-setiembre de 1869 llevó la polémica a su máxima agitación. Solo en El Comercio fueron publicados en dicho período 339 artículos referidos al Contrato Dreyfus, 183 de ellos favorables al banquero francés y 156 respaldaban los reclamos de los consignatarios.

69

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en la explotación del guano, y la prensa chiclayana más radical condenaba este “negocio monstruoso” hecho contra el sistema legal vigente.

El Comercio abrió fuegos planteando los siguientes reparos: a) El contrato no Página | 36 era sino una nueva consignación, con la sola diferencia de que las anteriores fueron

pactadas a un tiempo determinado y ésta por una cantidad fija, pues mientras el Estado siguiera asumiendo por su cuenta las diferencias en la baja del precio y otras eventualidades que afectasen el negocio del guano, no existía la figura de cosa vendida; b) El gobierno mediante extraña resolución suprema había elevado a £ 13 el precio de la tonelada de guano, es decir 10 chelines más sobre el precio base (£ 12.10), y estando Dreyfus autorizado a beneficiarse en un 50% de cualquier alza, el Estado terminaba asegurándole una utilidad mínima de cinco chelines por tonelada, es decir £ 500,000 (2’500,000 soles) sobre los dos millones de toneladas vendidas. Esta crítica produjo una semana después la reducción al 25% en la utilidad que Dreyfus iba a percibir por el alza en el precio del guano; c) Los precios de la tonelada de guano abonados por Dreyfus eran inferiores a los netos pagados por los consignatarios, con lo cual se apoderaba del premio reconocido a éstos como gastos de consignación; d) El costo de los adelantos aumentaba a 10 ½% por conceptos de giro (1/2%), interés (5%) y prima (5%); e) Contenía disposiciones perjudiciales referidas al guano oscuro, húmedo y de inferior calidad, y contemplaba la duración indefinida del contrato en caso de que el gobierno resultase deudor en la liquidación final70.

El Nacional hizo otras agudas aclaraciones: a) El Estado perdía 3.50 soles por tonelada de guano exportada, a causa de la diferencia entre el precio fijado (36.5 soles) y el abonado por los consignatarios (40 soles). De igual modo, vendía en 60 soles la tonelada de guano almacenada en Europa, cuando enviarla a dicho continente costaba 65 soles, ocasionándose un perjuicio de cinco soles por tonelada; b) La desatinada fijación del 4% de humedad en los cargamentos como merma máxima reconocible por Dreyfus, dejaba abierto el camino para la depreciación del guano exportado dado que el de Chincha contenía usualmente 15% de agua; c) El gobierno incurría en craso error compartiendo con el contratista las ganancias extras provenientes de posibles alzas en el precio del guano, mientras lo eximía de afrontar los riesgos de su baja; d) El Estado 70

“El Empréstito”, en El Comercio, 19 de agosto de 1869.

renunciaba a su acción promotora dejando el principal recurso fiscal en manos de un monopolista extranjero; e) Tampoco debía concederse a Dreyfus la prima de 4% de sobre los productos netos del guano en poder de los consignatarios71.

En Londres, el diario Times reprodujo en sus páginas el malestar de los Página | 37 bondholders ante la firma de un contrato cuyos alcances les eran desconocidos. Ellos pusieron en entredicho la constitucionalidad del acuerdo denunciando que había sido firmado sin autorización legislativa expresa, y que además violaba los acuerdos con los consignatarios exigiéndoles la entrega quincenal de los stocks almacenados a Dreyfus para que éste realizara el servicio de la deuda externa. Esto último causó gran desazón entre los bondholders, quienes desconocían al gobierno peruano la potestad jurídica de vender a tercera persona el capital prendado a sus acreedores, sin haber previamente consultado a éstos si estaban llanos a satisfacer sus nuevos proyectos financieros72.

Defendiendo su condición de hipotecarios del guano, lograron agruparse en torno a la Casa Thomson y Bonnar y plantearon infructuosamente el embargo de los productos netos del fertilizante en los mercados de Inglaterra, Francia y Bélgica, alegando que con el Contrato Dreyfus peligraban sus intereses.

El afán del presidente Balta por impulsar una gran inversión pública en infraestructura vial, así como la avidez de Dreyfus por convertirse en acreedor del Perú, motivaron la ejecución de facto del contrato durante 1869, a pesar de que la sentencia de la Corte Suprema lo declaraba inválido y no poseía ratificación legislativa73. El triunfalismo del gobierno no fue bien recibido por la Comisión Permanente del Congreso, porque el empréstito Dreyfus contrariaba abiertamente lo dispuesto en la autorización legislativa del 25/I/1869, que en términos precisos ordenaba contraer deudas solo por un monto

José Balta

similar al déficit fiscal, y en un plazo que no comprometiera la gestión de los siguientes gobiernos. Antes de entrar al análisis de los conflictos jurídicos y políticos suscitados por la firma del mencionado contrato, conviene hacer un cálculo

“Editorial”, en El Nacional, 21 de agosto de 1869.

“Noticias financieras”, en El Comercio, 5 de marzo de 1870.

73 Esteves 1971, p. 127.

71 72

aproximado de la ganancia obtenida por Dreyfus en el negocio de los dos millones de toneladas de guano. Para ello es necesario tomar en cuenta la imprecisión con que entonces se manejaban los aspectos determinantes del precio final del rico fertilizante.

Página | 38

Los estimados sobre este tema, realizados en 1869 por analistas y funcionarios públicos, diferían radicalmente entre sí, aunque muchas veces apelaban a las mismas fuentes informativas y seguían similares procedimientos de cálculo. Este hecho se explica por las siguientes razones: a) el contrato no estableció claramente el volumen de guano que iba a tomarse de las islas y cuánto provendría de los cargamentos a flote y lo almacenado en Europa74. Dejó también amplio margen para la especulación, dada la existencia de contradictorios datos sobre el stock de los consignatarios y sus niveles anuales de venta, lo cual considerando las tres clases de precios del guano impedía establecer una escala proporcional sobre los márgenes de ganancia para cada uno de estos grupos; b) el llamado producto neto del guano era un verdadero misterio, porque variaba de mercado a mercado a causa de la diferencia en el peso de las toneladas existentes (inglesa, de registro, efectiva) y por la utilización de numerosas monedas en las transacciones (peso boliviano, peso fuerte, sol, francos y libras) con tipos de cambio variables75. Como resultado de tantas operaciones matemáticas los registros contables carecían de uniformidad; c) los distintos costos atribuidos al carguío, seguro marítimo, ensacado y fletes, así como la merma a consecuencia del guano húmedo o de inferior calidad hacía aún más complicado establecer una lógica aritmética, pues la apreciación de los conceptos citados quedaba a criterio del contratista ocasionando grandes pérdidas para el fisco.

En ese sentido, el comisionado Echenique trató de convencer a sus opositores de las supuestas ventajas del precio por tonelada fijado en el Contrato Dreyfus. Para ello después de hacer una reseña histórica sobre la forma cómo había La cláusula adicional introducida al Contrato modificado del 17-VIII-1869 decía, en forma genérica, que los consignatarios no podían acumular “más de 500 mil toneladas entre las depositadas y en camino [pues] el exceso sobre dicha suma [se pagaría] a 71.71 soles”. “Contrato Dreyfus”, en El Nacional, 19 de agosto de 1869.

75 La variedad de tipos de tonelada dificultó a los empleados estatales el control en el embarque y venta de los cargamentos del guano. Una idea de la terrible confusión existente durante el boom del guano nos lo da la existencia de siete tipos de tonelada: peruana, valenciana, catalana, alemana, inglesa, francesa e italiana. Clavero 1992, p. 26.

74

oscilado el valor del producto neto del guano durante los veinticinco años precedentes, concluyó que el precio de 39 soles pagadero al Estado merced al nuevo contrato equivalía a un aumento de 150% sobre el vigente en 1842 cuando la tonelada solo costaba 16 soles, y de igual forma superaba a los 37 soles en promedio abonado entonces por los consignatarios. La respuesta a Echenique fue inmediata, y numerosos artículos en los diarios se encargaron de señalar las argucias empleadas en sus cálculos para exagerar los beneficios del contrato, y al mismo tiempo ocultar los perjuicios que sufriría el fisco a causa de las concesiones establecidas en varias de sus cláusulas.

Debido al carácter arbitrario de los cálculos hechos por los analistas de la época, algunos autores efectuaban los suyos a partir de la diferencia entre los precios de compra y venta fijados en el contrato, pero estas generalizaciones solo deben ser tomadas como referencia, pues más allá de lo establecido en las cláusulas, el margen de ganancia dependió en gran medida de las maniobras especulativas realizadas por la casa francesa76. Seguidamente presentamos tres cálculos (ver cuadro 1) sobre la probable ganancia de Dreyfus hechos por analistas coetáneos al contrato. Cada uno de ellos establece sus propios precios de compra y venta empleando recursos aritméticos que revelan la compleja magnitud de los intereses ocultos en este negociado.

En 1878, Philippe Bouillet calculó que Augusto Dreyfus había ganado 116 millones de francos en la venta de los dos millones de toneladas de guano, 100 millones del total correspondían a comisión de venta y 16 millones por la prima del 4% sobre el guano almacenado en Europa. Bouillet 1878, p. 31. Esa cifra equivalía aproximadamente a £ 4’680,000 según el tipo de cambio de 24.96 francos por libra esterlina.

“Cuadro de la diferencia de cambio”, en El Nacional, 28 de julio de 1877. Esa cifra era igual a 23’948,000 soles, considerando 5.117 soles por libra esterlina. “Informe del Director de Rentas”, en El Comercio, 6 de setiembre de 1869. El diputado José María Gonzáles decía que Dreyfus en promedio obtuvo un provecho de 7.5 soles por tonelada, cifra que para el lote de dos millones arrojaba una ganancia total de 15 millones de soles. “Discurso del diputado José María Gonzáles”, en Contrato Dreyfus: Discursos pronunciados 1870, p. 20. Por su parte, Bonilla calcula una ganancia de casi 6 millones de libras como resultado de la diferencia entre el precio de compra (5 libras, 9 chelines, 6 peniques) y el de venta (12 libras, 10 chelines), y luego añade que según el propio Dreyfus los beneficios obtenidos por la venta del guano entre 1871 y 1882 llegaron a £ 3’013,084. Bonilla 1974, pp. 85, 114.

76

Página | 39

CUADRO 1: CÁLCULOS SOBRE PROBABLE GANANCIA DE DREYFUS EN LA VENTA DE DOS MILLONES DE TONELADAS DE GUANO - 186977

Página | 40

Guano exportado de las islas

Guano a flote

Guano almacenado en Europa

Ganancia

(1 500 000 toneladas)

(200 000 toneladas)

(500 000 toneladas)

total

Costo

Precio

Costo

Precio

Costo

Precio

unitario

unitario

Ganancia

unitario

unitario

Ganancia

unitario

unitario

(incluye

de venta

de venta

(incluye flete

de

(incluye flete

flete y

y otros

venta

y otros

otros

gastos)

Ganancia

gastos)

gastos) CÁLCULOS DEL ANALISTA SAMUEL BERNARD

61.49

65.79

6 450 000

59.87

65.79

1 184 000

60

65.79

1 737 000

9 371 000

2 097 000

13 075 000

CÁLCULOS DEL DIPUTADO FRANCISCO FLORES CHINARRO

59.41

65.75

9 510 000

58.41

65.75

1 468 000

58.80 (1)

65.75

CÁLCULOS DEL COMISIONADO JUAN MARTÍN ECHENIQUE 62.51 (2)

65

3 735 000

61.51 (3)

65

1 047 000

62.5 (4)

65

500 000

5 282 000

(1) Esta cifra resulta del descuento de 1.20 soles, por concepto de gastos de entrega y comisión de venta al precio fijado de 60 soles.

(2) Esta cifra resulta de la suma entre el valor de la tonelada de guano (38.1 soles) y el flete (24.41 soles).

(3) El cálculo considera 300,000 toneladas, y resulta de la suma del valor de la tonelada de guano (37.10 soles) y el flete (24.41 soles).

(4) El cálculo considera 200,00 toneladas, y resulta de la suma de 10 chelines (2.50 soles) al precio fijado en el contrato (60 soles).

¿Pero cuántas pérdidas ocasionaba al Perú el Contrato Dreyfus como resultado del monopolio en la venta del guano? Para realizar este cálculo los analistas debían hallar primero el producto neto de cada tonelada de guano durante el año precedente (1868). Según esta fórmula debían dividirse los ingresos obtenidos por la venta del fertilizante entre el número de toneladas negociadas. Aquí también encontramos serios desacuerdos, pues cada analista participante en la polémica tenía su propio cálculo del producto neto (ver cuadro 2). Mencionaremos solo algunas cifras: Juan Martín Echenique (37.82 soles), Francisco Flores Chinarro (39 soles), articulista “El

Bernard, Samuel. “Cálculos curiosos sobre el Contrato Dreyfus”, en El Comercio, 10 de setiembre de 1869; Echenique, Juan Martín. “Empréstito. Réplica del Sr. Echenique”, en El Nacional, 31 de agosto, 2 y 7 de setiembre de 1869; Flores Chinarro, Francisco. “Discurso...”, en Contrato Dreyfus: Discursos pronunciados 1870, pp. 162-163.

77

Perú soy yo” (39.11 soles) y José María Gonzáles (39.13 soles). Estas diferencias, en apariencia pequeñas, alcanzaron sumas considerables cuando fueron computadas sobre dos millones de toneladas de guano.

Página | 41

CUADRO 2: PÉRDIDAS ESTATALES EN LA VENTA POR DREYFUS DE DOS MILLONES DE TONELADAS DE GUANO -186978 Guano exportado de las islas

Guano a flote (200 000

Guano almacenado en

Pérdida

(1 500 000 toneladas)

toneladas)

Europa (500 000 toneladas)

total

Producto

Precio

neto

unitario

Pérdida

Producto

Precio

neto

unitario

Pérdida

Producto

Precio

neto

unitario

Pérdida

pagado

pagado

pagado

por

por

por

Dreyfus

Dreyfus

Dreyfus

CÁLCULOS DEL ANALISTA “EL PERÚ SOY YO” 39.11

34.80

6´465, 000

39.11

33.31

1´160 000

60

68.38

2´286 000

9´371 000

CÁLCULOS DEL DIPUTADO FRANCISCO FLORES CHINARRO 39

35

6´000 000

39

34

1´000 000

58.80

64.11 (1)

1´593 000

8´593,000

CÁLCULOS DEL COMISIONADO JUAN MARTÍN ECHENIQUE 37.40 (2)

39

1´590 000 (2)

37.40

38

18,000 (3)

62.5

60

500, 000

1´108, 000 (4)

(1) Esta cifra resulta del descuento de 1.64 soles por comisión de venta al precio de 65.75 soles.

(2) El cálculo de esta ganancia se hace sobre 300,000 toneladas, y resulta del premio de 1.60 soles pagado por Dreyfus por cada tonelada de guano respecto del producto neto vigente (37.4 soles).

(3) El cálculo de esta ganancia se hace sobre 200,000 toneladas, y resulta del premio de 0.60 soles pagado por Dreyfus por cada tonelada de guano respecto del producto neto vigente (37.4 soles).

(4) El cálculo de la ganancia total resulta de la diferencia entre el rendimiento de 1’700,000 toneladas ascendente a 1’608,000 soles menos la pérdida de 500,000 soles en 300,000 toneladas.

El Contrato Dreyfus incluía también un empréstito al Estado peruano destinado a varios objetivos: cubrir el déficit fiscal (16’838,790 soles), hacer el servicio de la deuda externa (4’625,000 soles) y pagar el saldo por adelantos vencidos de los consignatarios (9’333,334). Hasta aquel año, los consignatarios mediante el sistema de adelantos reembolsables con los productos del guano habían establecido un círculo El Perú soy yo. “Empréstito Dreyfus”, en El Comercio, 28 de agosto de 1869; Echenique, Juan Martín.

“Empréstito. Réplica del Sr. Echenique”, en El Nacional, 31 de agosto, 2 y 7 de setiembre de 1869; Flores Chinarro, Francisco. “Discurso...”, en Contrato Dreyfus 1870, pp. 162-163.

78

vicioso entre el fisco y sus negocios, pues el gobierno atendía los gastos corrientes con el dinero que ellos les facilitaban y a cambio estos se aseguraban la continuidad de las consignaciones con cuyas rentas recuperaban sus préstamos. Los apologistas del Página | 42

Contrato Dreyfus señalaban que con éste se lograría: a) liquidar las criticadas consignaciones; b) asignar recursos estables al fisco para regularizar los gastos corrientes; c) obtener adelantos con interés efectivo menor al acostumbrado en los préstamos de los consignatarios; d) aumentar los rendimientos brutos y netos del guano, gracias a la abolición de la competencia y el mejor control de las ventas; e) afianzar el servicio de la deuda externa. De acuerdo con las proyecciones del comisionado, Juan Martín Echenique, el empréstito Dreyfus aportaría, durante los dos primeros años, casi 28 millones de soles al fisco a un costo promedio de 6% (1’662,311 soles), dejando en dicho plazo un saldo de 210,671 soles a favor del contratista, recibiendo en compensación la libre disponibilidad de los recursos del guano para el Estado peruano (ver cuadro 3). Sin embargo, como resultado del litigio con los consignatarios, Dreyfus se vio obligado a elevar las mesadas a un millón de soles, a pesar de la oposición de su socio Leiden Premsel, más inclinado al sistema de “pequeños préstamos temporales” idóneos para prolongar la Juan Martín Echenique

dependencia del gobierno peruano con sus prestamistas79. De acuerdo con el testimonio de Dreyfus las crecidas exigencias

de dinero que hacía el gobierno como anticipación por la venta del guano fueron estimuladas por los consignatarios, cuyos planes se orientaban a agotar sus capitales y así, declarada su insolvencia, crearle conflictos que condujesen a la anulación del contrato.

79

Carta de Premsel a Dreyfus, París, 15 de noviembre de 1869, cit. por Bonilla 1974, pp. 99-100.

C U A D R O 3: COSTO DEL EMPRÉSTITO DREYFUS: C Á L C U L O S D E L C O M I S I O N A D O J U A N M A R T Í N E C HE N I Q U E - 1 8 6 9 80 COSTO DE LAS PERIODO

INTERESES DE

IMPORTE DE

MESADAS

LA CUENTA

COSTO DEL

LAS MESADAS

(GIRO, PRIMA E

CORRIENTE A

EMPRÉSTITO

INTERÉS)

FAVOR DEL GOBIERNO

Primer año

14’725,000

1’199,455

116,234

1’083,221

13’002,063

741,244

162,154

579,090

27’727,063

1’940,099

278,388

1’662,311

(agosto 69-julio 70) Segundo año (agosto 70-marzo 71) Total

El ministro Piérola ratificó el Contrato Dreyfus el 17/VIII/1869, después de reformar algunos artículos y oponerse a las presiones políticas y nuevas ofertas de los consignatarios. Restablecido el crédito externo, el presidente Balta impulsa los megaproyectos ferroviarios mediante la emisión de empréstitos (bonos ferroviarios) autorizados conforme a la ley del 15/I/1869. El artículo 2º de dicha norma fijaba como condición indispensable la recepción de los bonos para los contratistas, librando al fisco de responsabilidad alguna por el precio o tipo en que luego éstos fuesen emitidos. No obstante, los enemigos del contrato aún confiaban en ganar la partida en el Congreso. La crítica estuvo centrada en la ilegalidad de la operación, según lo expuso el diputado José María Gonzáles ante la Comisión Permanente. Éste juzgaba que el gobierno había cometido flagrante violación de lo dispuesto en la autorización legislativa del 25/I/1869, “preparando y fijando, por sí y ante sí, la manera de llenar el déficit de los presupuestos venideros [abrogando] las facultades del Poder Legislativo”. Ciertamente, la venta de dos millones de toneladas de guano representaba 90 millones de soles, es decir, más de cinco veces el monto del déficit fiscal de 17’220,886 soles, lo cual contrariaba el artículo 7º de la Constitución cuyo texto mandaba que los bienes nacionales solo podían enajenarse “en

Echenique, Juan Martín. “Empréstito. Réplica del Sr. Echenique”, en El Nacional, 31 de agosto, 2 y 7 de setiembre de 1869. “Documentos Parlamentarios. Informe de las Comisiones de Hacienda y Justicia de la Cámara de Diputados sobre el contrato celebrado por el Supremo Gobierno con la Casa Dreyfus, Hermanos y Compañía de París en 17 de agosto de 1869”, en El Comercio, 21 de setiembre de 1870.

80

Página | 43

las formas que disponga la ley y para los objetos que ella designe”81. La petición de González fue apoyada por el dictamen de su colega Manuel Benavides.

El Ministro Piérola no se detuvo ante estas reconvenciones, y por el Página | 44 contrario en la sesión de la Comisión Permanente del 16/IX/1869, informó que las

mesadas pactadas con Dreyfus hasta diciembre 1870 sólo alcanzarían a 30 millones de soles, mientras el déficit fiscal actualizado era de 37’874,852 soles. De esa manera, se justificaba la necesidad de solicitar otros siete millones de soles para equilibrar el Presupuesto Nacional, aun cuando esta operación prolongaba la dependencia del fisco peruano con el banquero francés hasta la década siguiente. Pese a los esfuerzos del comisionado Juan Martín Echenique, las críticas de los opositores descubrieron pronto los innumerables vicios legales del Contrato Dreyfus. Los diputados Luis Benjamín Cisneros y José Luis Gómez Sánchez indicaron que el espíritu de la autorización daba amplia libertad al gobierno para emplear todos los medios útiles en la nivelación del presupuesto. El citado déficit, según nuevos cálculos del ministro Piérola llegaba a 35 millones de soles. Los días 8 de octubre y 25 de noviembre de 1869, la Comisión Permanente envió sin éxito dos representaciones al Ejecutivo ordenándole circunscribir el Contrato Dreyfus a los límites de la autorización citada. Paralizado temporalmente este asunto en el Legislativo, Balta creyó oportuno apresurar su política ferroviaria.

Inútil es buscar en esta decisión la mano del estadista, pues no existió un minucioso estudio de la relación costo/beneficio de las empresas viales, y ni siquiera fue tomado como referente la baja cotización de las acciones de los ferrocarriles existentes, que en el caso de las líneas Lima-Callao y Lima Chorrillos llegaban solo al 25%, y en las de Huacho y Eten estaban en 45% y 10% respectivamente.

Luis Benjamín Cisneros.

Los hermanos José y Juan Francisco Balta, según

81

testimonio de Rufino Echenique, intentaban ganar popularidad para conservar su poder y gastaron gruesas sumas en caminos de fierro sin reparar que el costo de uno solo de esos ferrocarriles bastaba para poner expeditos todos los caminos carreteros

del

país.

Asimismo,

el

ministro

Diario de los Debates. Comisión Permanente del Cuerpo Legislativo 1869, p. 144 y ss.

Piérola,

probablemente apoyado por Luis Benjamín Cisneros, se negaba a modificar el contrato, a pesar de las exigencias de la Corte Suprema y la Comisión Permanente. Por el contrario, el 21/X/1869, firma un nuevo contrato de empréstito con Dreyfus, asegurando la entrega al fisco de 300,000 soles mensuales extras hasta el 31/XII/1870, que se agregarían a los 700,000 soles mensuales pactados, abonando 5% de interés anual. A fines de octubre de 1869, la intensa campaña de los consignatarios provoca la renuncia de los ministros Piérola, José Antonio Barrenechea, Rafael Velarde y Teodoro La Rosa. En sus diez meses de gestión hacendaria, la prensa había criticado reiteradamente a Piérola por el manejo de la consolidación de la deuda interna y las controversiales suscripciones de los contratos del Muelle Dársena y Dreyfus82. El 18/XII/1869, estando fuera del gabinete, el gobierno contrata la construcción de los ferrocarriles Arequipa-Puno y Callao-La Oroya por la suma de 59’600,000 soles, adoptando el sistema de pago en bonos a la par. Asimismo, su sucesor, Manuel Angulo, firmó el supremo decreto de 31/XII/1869 autorizando la emisión de un empréstito por 59’600,000 soles o £ 11’920,000 con 6% de interés anual y 2% de amortización acumulativa para construir los ferrocarriles Callao-La Oroya y Arequipa-Puno. La cláusula 11ª del contrato para la emisión de dichos bonos los garantizó con una “hipoteca general sobre todos los bienes, acciones y rentas de la Nación”, especialmente aquellos provenientes del guano, después de cubiertas las obligaciones

En todo momento, Piérola mantuvo actitud beligerante frente a los consignatarios y sus agentes financieros y mediáticos. En agosto de 1869, el coronel Tomás Gutiérrez por consejo del gobierno, dio instrucciones a los jefes de los batallones, para que desde esa fecha y hasta nueva orden no recibieran “cantidad alguna en billetes de banco”, y al mismo tiempo cambiaran las reservas que tuviesen en caja por “dinero contante, bien en los bancos o cualquiera establecimiento”. “Inspección General del Ejército”, en El Comercio, 31 de agosto de 1869. El Comercio calificó esta prevención como un “acto de hostilidad oficial”, instigado por el ministro Piérola para castigar a los propietarios de los bancos, con quienes mantenía fuertes discrepancias por el control de la renta del guano. “Revista de la quincena”, en El Comercio, 13 de setiembre de 1869. Más tarde, el 16/IV/1870 impulsó la aprobación de la ley que creaba la comisión de delegados fiscales, encargada de verificar las denuncias de Guillermo Bogardus contra los consignatarios por defraudaciones en la venta del guano. Este enojoso asunto implicaba directamente a Manuel Pardo, gerente de la Compañía Nacional de Consignación en Inglaterra. Perú. Comisión de Delegados Fiscales 1872, p. 89 y ss. En febrero de 1871, el comisionado Joaquín Torrico formalizó denuncia en los tribunales londinenses contra la Casa Thomson Bonnar y los consignatarios, incluyendo a Pardo. Entre diciembre de 1871 y mediados de 1872, Daniel Ruzo, cercano a Piérola y presidente de la comisión de delegados fiscales, continuó atacando a Pardo, quien entonces era candidato presidencial del círculo civilista. Esto motivó, según Justiniano de Zubiría, que durante la revolución de los hermanos Gutiérrez, la plebe armada y financiada por el pardismo, “pedía en la plaza la cabeza de Piérola, Santa María, Derteano y otros”.

Zubiría 1875, p. 49.

82

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vigentes de la deuda externa, las rentas aduaneras de la República o cualquier otra renta fiscal si fuese necesario, e incluso las propias vías férreas y sus ingresos por explotación o arrendamiento.

A inicios de 1870, antes de contratarse el empréstito para ferrocarriles,

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algunos analistas advirtieron sobre el incremento del déficit fiscal a 50 millones de soles, cifra que solo podía cubrirse pidiendo nuevos adelantos a Dreyfus. Por eso demandaban la discusión del contrato teniendo a la vista el Presupuesto para el bienio 1871-1872, y así verificar sus proclamados efectos benéficos. Piérola había prometido la desaparición del desequilibrio presupuestal con los ingresos del Contrato Dreyfus, pero la realidad demostraba que lo único alcanzado con dicha operación había sido ingresar en un nuevo círculo vicioso de préstamos contra el guano. Las expectativas no eran nada alentadoras, y el temor de que en solo dos años el país estuviese hipotecado a los designios del banquero francés por causa de los préstamos tomados por el gobierno de Balta, se presentaba como una amenaza cada vez más cercana. Ello sin considerar la desconfianza de la prensa y tenedores de bonos ingleses respecto a la legalidad de las operaciones de la Casa Dreyfus, lo cual afectaba notablemente el crédito peruano en las bolsas europeas.

En febrero de 1870 regresó al ministerio83 y asume la responsabilidad de emitir el empréstito, aun cuando era opuesto a este sistema de financiamiento de los megaproyectos ferroviarios. Quiso entonces, según propia confesión, reducir los gastos del Estado en este negocio modificándolo en cuanto al tipo de cambio, la intervención de Meiggs o su apoderado en la venta de los bonos y asegurar para el fisco el beneficio de cualquier alza en la cotización de éstos. Las cláusulas 19 y 21 de los contratos ferroviarios del 18/XII/1869 cargaron los costos de emisión (2%) al contratista, mientras el gobierno pagaba el porcentaje (½ %) destinado a gastos registrales (£ 59,600) y

Según Jorge Dulanto, durante los cuatro meses que Piérola se mantuvo fuera del gabinete no perdió contacto con el presidente Balta. En ese tiempo, le habría aconsejado convocar a Emilio Althaus, representante de los guaneros, para advertirle que el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema traería consecuencias negativas a la economía del país. Althaus ofreció hacerse cargo de las indemnizaciones, a cambio de sustituir a Dreyfus en el contrato. El 20/XII/1869, bajo supuesta influencia de Piérola, se emitió la resolución suprema comunicando al Congreso la decisión contraria del Ejecutivo ante la citada sentencia, porque ésta interpretaba la ley del 25/I/1869 de manera inadecuada. Dulanto 1947, p. 84.

83

respaldaba los bonos, que debían depositarse en un banco para la cancelación de los trabajos según cómo fueran adelantándose. El ministro Piérola no era partidario de cubrir los gastos registrales con el producto mismo del empréstito, porque en ese caso hubiese sido necesario emitir bonos por £ 12’000,000 generando el aumento proporcional de intereses y amortización. Este hecho dio origen al convenio pactado con Henry Meiggs el 10/V/1870, fijando nuevas condiciones para la emisión de bonos, entre las cuales se hallaban el reajuste del tipo de cambio de 5 soles por libra a 45 5/8 peniques por sol (5.26 soles aproximadamente por libra), y el compromiso estatal de asumir las comisiones y gastos con cargo de descontarlas al contratista del producto líquido del empréstito. El convenio se orientaba a lograr amplia libertad en la búsqueda de mejor cotización de los bonos ferroviarios.

Bajo este supuesto, el 19/V/1870, el comisionado José de la Torre Bueno contrata con Dreyfus Hermanos y Cia. la emisión de 59’600,000 soles en bonos.

Dreyfus tomó a firme £ 5’000,000 al 80% y abrió al gobierno peruano una cuenta corriente en la que el producto del empréstito formaría el Debe, mientras el Haber registraría las órdenes de pago referentes a trabajos ferroviarios, acordándose que el saldo ganaría un 5% de interés anual. La parte del empréstito vendida al público se hizo al 82.5%, y según cifras oficiales, el producto líquido descontada la comisión bancaria a cargo del contratista, llegó a 48’579,156.18 soles con un saldo favorable al fisco de 1’124,195.90 soles.

Colocados los bonos, Piérola suscribe con Meiggs el contrato del 7/VII/1870, para canjear los bonos por dinero en efectivo de la siguiente manera: del valor nominal del empréstito (£ 11’920,000) serían separadas £ 160,000 en bonos para gastos de emisión. Las restantes £ 11’760,000 se compraría a Meiggs al 79%, es decir una suma de £ 9’290,400 o 46’452,000 soles, equivalente al 80% del valor inicial de los ferrocarriles. Sin embargo, estos cálculos fueron trastocados debido a la adopción del tipo de cambio de 45 5/8 peniques por sol y las excesivas comisiones pagadas a Dreyfus, con lo cual el precio final de los ferrocarriles llegó a 47’454,860.28 soles, es decir un reajuste del 1.9% con respecto a la cifra del citado contrato. Para compensar estos gastos adicionales, Piérola convenció a Meiggs de tomar en arriendo la línea MejíaArequipa pagando el 3% anual sobre su costo de construcción (360,000 soles) en los

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dos primeros años, y 4% (480,000 soles) en los tres restantes. De esa manera, el fisco obtenía una renta fija y se liberaba de los gastos de mantenimiento de un ferrocarril incapaz de producir ingresos importantes mientras no estuviese prolongado hasta Página | 48

Puno. Dentro de la lógica de Piérola las negociaciones con Meiggs habían ahorrado al Estado no solo 1’124,295.90 soles sobre el costo de los ferrocarriles (ver cuadro 4), sino un ingreso adicional de 2’160,000 soles por el arriendo de cinco años de la línea Mejía-Arequipa, suma con la cual podía hacerse el servicio de los nuevos bonos emitidos por el empréstito de 1870.

CUADRO 4: GASTOS Y PRODUCTO LÍQUIDO DEL EMPRÉSTITO DE 1870 CÁLCULOS DE NICOLÁS DE PIÉROLA84 OPERACIONES EFECTUADAS

MONTOS En libras esterlinas

Emisión nominal de bonos ferroviarios

En soles

11’920,000

59’600,000

Compra de bonos por £ 5’000,000 hecha por Dreyfus al 80%

4’000,000

21’041,095.90

Compra de bonos por £ 6’920,000 hecha por el público al 82.5%

5’709,000

30’030,904.10

327,800

1’724,317.81

Gastos de colocación de 0.5% sobre £ 11’920,000

59,600

313,512.32

Premio de 1.25% a Dreyfus sobre los bonos vendidos al público

86,500

455,013.69

9’709,001.79

51’072,000

473,900.08

2’492,843.82

Producto líquido para el fisco

9’235,101.71

48’579,156.18

Precio pactado con Henry Meiggs por los contratos de las líneas

9’021,368.33

47’454,860.28

213,733.38

1’124,295.90

Comisión bancaria de 2.75% sobre £ 11’920,000

con 2.5% de ganancia PRODUCTO LÍQUIDO Producto bruto de la venta de bonos Costos de la emisión y colocación de bonos

de Lima-La Oroya y Arequipa-Puno Saldo a favor del fisco

La crítica más minuciosa al empréstito de 1870, en sus aspectos legales y financieros, fue hecha por el senador Juan Francisco Oviedo (ver cuadro 5). Sobre lo primero, acusó al ministro Piérola de haber modificado ilegalmente el artículo 2º de la ley del 15/I/ 1869, invirtiendo la situación del Estado como aval del empréstito por la de 84

Piérola 1872, pp. 131-135.

responsable de su emisión, variando al mismo tiempo el plazo de diez años para iniciar la amortización por uno de aplicación inmediata. Este cambio contrario al tenor de las cláusulas 19 y 21 de los contratos ferroviarios, solo beneficiaba a Meiggs, quien ya no recibiría bonos a la par, sino dinero en efectivo, obligándose el Estado a soportar los vaivenes en la cotización de los mismos. La compra de los bonos ferroviarios al 80% favorecía básicamente a Dreyfus, más aún cuando el abono de intereses empezaba el 1º/I/1870, a pesar de que los fondos se recibirían a partir de junio. En consecuencia, la primera mesada debería aplicarse al servicio adelantado de intereses (3% semestral), lo cual unido a los gastos en comisiones, reducía en 6.5% el producto líquido del empréstito. Con tales mermas, la cotización de 79% fijada a los bonos asignados a Meiggs, excedía el 73.5% y 75% en que los habían comprado Dreyfus y el público respectivamente.

CUADRO 5: GASTOS Y PRODUCTO LÍQUIDO DEL EMPRÉSTITO DE 1870 CÁLCULOS DE JUAN FRANCISCO OVIEDO85 CRÍTICAS A OPERACIONES EFECTUADAS Una emisión de 59’600,000 soles, según tipo de cambio de

MONTOS En libras esterlinas

En soles

11’330’187.10

59’600,000

589,812.10

3’102,579

1 sol= 45 5/6 peniques, equivale a Bonos emitidos en exceso por emplear un tipo de cambio de 1 sol= 45 ⅝ peniques, equivale a Comisión bancaria de 3.25%

368,231

1’938,999.5

339,905.66

1’788,000

3’687,500

19’397,293.56

5’190,000

27’300,868.77

Producto líquido

8’877,499.99

46’698,162.33

Precio pactado con Henry Meiggs por los contratos de las

9’021,351.18

47’454,860.28

143,851.19

756,697.95

Depreciación de bonos en 3% por pago adelantado de intereses del primer semestre 1870 PRODUCTO LÍQUIDO Producto de los bonos vendidos a Dreyfus descontado el pago de intereses por primer semestre 1870 (3%) y comisión (3.25%) Producto de los bonos vendidos al público descontado el pago de intereses por segundo semestre 1870 (3%) y comisión (3.25%)

líneas de Lima-La Oroya y Arequipa-Puno Saldo contra el fisco

De acuerdo con Oviedo, las cláusulas 3ª, 4ª y 6ª del contrato del 7/VII/1870, que dispuso el cálculo de parte de la deuda con Meiggs al tipo de cambio de cinco libras 85

Oviedo, Juan Francisco. “Análisis de las operaciones prácticas…”, en El Comercio, 31 de agosto de 1872.

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por sol en vez de 45 5/6 peniques por sol, había justificado la emisión de bonos excedentes por un monto de £ 589,812, Asimismo, el fisco también sufría menoscabo con la diferencia fijada entre el interés de la deuda (6%) y el que pagaría (5%) la cuenta abierta por Dreyfus al Página | 50

gobierno para el financiamiento de las obras. Otro quebranto provenía del adelanto de 5’000,000 soles dado a Meiggs, y la entrega de letras a la par sobre Londres por £ 1’290,440 destinadas a comprar materiales. Tres años después, el producto real del empréstito de 1870 seguía siendo un verdadero misterio. En octubre de 1873, una comisión liquidadora de las cuentas de obras públicas formada por el gobierno de Manuel Pardo, calculó el producto líquido de este empréstito en 46’787,857.57 soles. Al año siguiente, El Comercio presentó otro estimado sobre este mismo asunto (ver cuadro 6), poniendo énfasis en las comisiones cobradas por Dreyfus. En este caso, existía un déficit de 399,278.08 soles con respecto al costo de los ferrocarriles de La Oroya y Arequipa-Puno, suma que terminó siendo cargada a nuestra cuenta del guano.

CUADRO 6: GASTOS Y PRODUCTO LÍQUIDO DEL EMPRÉSTITO DE 1870 CÁLCULOS DE EL COMERCIO86 OPERACIÓN FINANCIERA Producto empréstito 1870 Comisión 2 ¾ sobre 59’000,000 soles

COSTO 51’072,000 1’724,317.81

Gastos de emisión (impresión de bonos y timbres)

313,512.32

Premio de 1.25% a Dreyfus sobre los bonos vendidos al público con

455,013.69

2.5% de ganancia ½ % comisión por certificados Meiggs

191,790.33

Gastos de importación de oro

437,930.06

Gastos de introducción de barras de plata

104,102.85

Gastos de introducción de águilas americanas Diferencia de cambio entre París y Londres, reclamado por Dreyfus para

84,043.60 483,359.64

cubrir gastos de llevar dinero a Londres Cobro ilegal del cupón por el primer semestre del empréstito 1870 Producto líquido del empréstito

1’881,073.97 45’496,855.73

De otro lado, el incumplimiento de las metas propuestas por el ministro Piérola sembró desconfianza en la opinión pública sobre la efectividad del nuevo proyecto financiero. Para muchos críticos, el macro consignatario Dreyfus hizo que su

86

“Un grande escándalo. III”, en El Comercio, 28 de mayo de 1874.

contrato lo revistiese con facultades de mandatario y agente financiero del gobierno peruano. En síntesis, el contrato fue una nefasta operación por la cual: “... se han creado privilegios fundados sobre la hacienda pública, se ha muerto la competencia, y la consignación en manos de Dreyfus es el plan de hacienda que ha sustituido a la consignación de varios (...) Se ha dejado a los mercaderes, para establecer Página | 51 un poder único, un comprador y vendedor de la fortuna pública (...) El monopolio para vender y para prestar es la tiranía sobre la hacienda y comercio de un país, y este absolutismo concluye con la nación más poderosa. Las obras públicas, los ferrocarriles, la creación de industrias, todo no es sino ilusión, si la hacienda nacional esta sujeta a los privilegios y señoríos de un contratista (...) Los ferrocarriles sin las libertades del Tesoro son pedazos de fierro y un puñado de humo arrojado al espacio. El plan de hacienda del Ministerio Piérola lleva en sus entrañas la tiranía como principio económico. No le dará al Perú sino una vida aparente que terminará con la infelicidad pública”87.

En el segundo semestre de 1870, el terreno en el Congreso fue preparándose para la batalla definitiva. El debate iniciado el 21/IX/1870 sería animado por los oradores más connotados del Legislativo. El sector oficialista estaba encabezado por el diputado Luciano Benjamín Cisneros y los opositores eran liderados por Francisco Flores Chinarro y José María Gonzáles. El debate giró en torno a un informe de las comisiones de Hacienda y Justicia de la Cámara de Diputados, favorable a la aprobación de los actos del gobierno. Según cálculos de los comisionados (ver cuadro 7), el empréstito anexo al contrato aportaría al Estado unos 45’750,000 soles en dos años y medio (agosto 1869 a diciembre 1871), pagando a cambio 2’790,768 soles por intereses, es decir el 7% anual. Transcurridos dos meses de intensos debates, esta resistida transacción fue aprobada por el Congreso el 11/XI/1870.

C U A D R O 7: C Á L C U L O S D E L A S C O M I S I O N E S D E HA C I E N D A Y J U S T I C I A D E L A C Á M A R A D E D I P U T A D O S 88 Primer año (agosto 17’725,000

1’433,205

116,234

1’316,971

1’582,119

362,846

1’219,273

319,865

63,341

256,524

3’335,189

542,421

2’792,768

69-julio 70) Segundo año (agosto 22’848,313 70-julio 71) Tercer año (agosto 7’513,594 71-diciembre 71 Total

48’086,907

“El Plan de Hacienda del Ministerio Piérola”, en El Comercio, 26 de agosto de 1870.

“Documentos Parlamentarios. Informe de las Comisiones de Hacienda y Justicia de la Cámara de Diputados sobre el contrato celebrado por el Supremo Gobierno con la Casa Dreyfus, Hermanos y Compañía de París en 17 de agosto de 1869”, en El Comercio, 21 de setiembre de 1870.

87 88

En ese contexto, el diputado José María Gonzáles, consideró nulo este contrato porque había sido firmado contraviniendo la autorización legislativa del 25/I/1869, no habiéndose tampoco sujetado a las leyes sobre la venta de bienes Página | 52

nacionales. Advirtió además sobre la serie de maniobras fraudulentas con el guano ejecutadas por Dreyfus al amparo de las disposiciones del contrato, pues: “... sabido es que los intereses del contratista de nuestros ferrocarriles, señor Meiggs, están íntimamente ligados con los de los señores Dreyfus hermanos y Cia., y que Meiggs acaba de negociar el guano de Mejillones. Quien sabe si más tarde, cuando ya Dreyfus sea dueño absoluto del guano comprado, éste va a ser mezclado con el de Mejillones, lo cual no se prohíbe en ninguno de los artículos del contrato”89.

Favorecido Dreyfus por el gobierno con el módico precio de 35.5 soles por tonelada de guano, conociéndose que los consignatarios lo compraban a 43 soles aproximadamente, el fisco se exponía a perder 15’000,000 soles, debido a la citada depreciación de 7.5 soles en cada una de los dos millones de tonelada de guano vendidas. Para González, estaba usándose políticamente la mala imagen de los consignatarios como administradores del guano a fin de justificar los términos del nuevo contrato, los cuales en el largo plazo llevarían la hacienda pública a un trance angustioso. Por ello quienes maliciosamente proclamaban los beneficios del contrato sobre nuestro crédito externo, y hacían correr majestuosamente las locomotoras a la vista de la multitud poco reflexiva, se quedaban callados cuando eran preguntados por los costos reales de dicha operación financiera.

En otro momento, el diputado Flores Chinarro aclaró que la autorización del 25/I/1869 era ilimitada respecto a la elección del sistema financiero, pero el monto de la operación no podía superar el valor del déficit fiscal existente. El gobierno podía escoger entre prorrogar las consignaciones, vender todo el guano, emitir papel moneda o celebrar cualquier otra operación, pero solo hasta la cantidad necesaria para equilibrar el Presupuesto Nacional del bienio 1869-1870. Flores Chinarro insistió en que el Contrato Dreyfus no solucionaba el verdadero mal de la hacienda pública, cuál era el sistema ruinoso de los anticipos para seguir viviendo con las rentas del futuro.

Por eso, bajo el aspecto económico, este contrato:

89

Contrato Dreyfus: Discursos pronunciados 1870, p. 17.

“... es lo mismo que las consignaciones; no se ha dado con él un paso de hormiga en el camino de la reforma, la llaga esta viva y el Contrato Dreyfus, es un paliativo, no un cauterio. Tan cierto es esto, que durante la escasa vida que lleva este contrato, el contratista ha anticipado ya, más sumas de las que estaba obligado a entregar...”90.

En tales circunstancias, el diputado Luis Benjamín Cisneros, asumió la Página | 53 incómoda tarea de defender la legalidad y supuestas ventajas económicas del Contrato Dreyfus, pero al utilizar los mismos argumentos expuestos un año atrás ante la Corte Suprema como abogado del banquero francés, restó credibilidad a su desempeño autónomo como representante de la Nación. Cisneros hizo del contrato una entelequia cerrada y al margen del sistema legal vigente sobre la subasta de bienes nacionales y la preferencia de los hijos del país en el acceso al negocio del guano, e incluso inmune a la fiscalización del Congreso. En el aspecto económico, las múltiples necesidades imposibles de cubrir con las rentas existentes obligaron a solicitar cantidades de dinero mayores a las especificadas en el Presupuesto Nacional. Por lo demás, en su discurso, la fe y el crédito nacionales dependían del estricto cumplimiento de los pactos, porque: “... desgraciado es el pueblo que dejándose llevar de veleidades del momento y arrastrado por pasiones pasajeras, hoy rechaza como inconveniente e injusto, lo que ayer aceptó como algo digno y conveniente. Una Cámara donde falta la concordia será todo, menos la verdadera expresión de los escogidos de los pueblo”91.

Varios congresistas expresaron su extrañeza por la forma cómo se había beneficiado al banquero francés con el negocio del empréstito ferroviario. El diputado Federico Luna consideraba ilógico asumir la enorme deuda de 60’000,000 soles, y encargar a Dreyfus la administración de dicho capital en función a los requerimientos del contratista Meiggs92. Esa afluencia de dinero –decía El Nacional– incentivaría la aspiración vehemente por la ganancia fácil e irreflexiva. Por ello, exigió mantener los contratos ferroviarios dentro del marco legal originario, evitándose aplicar la fórmula financiera de Piérola, que convertía al Estado en mercader de su propio crédito, Diario de los Debates. Cámara de Diputados. Congreso Ordinario 1870, tomo I, p. 656.

Idem, pp. 750-751.

92 En opinión de El Comercio, el verdadero negociador del empréstito de 1870 había sido Daniel Ruzo, un 90 91

“hombre que ha obtenido mayores aprovechamientos en todos los negociados que en los últimos tiempos se han hecho en Europa por cuenta del Perú”. Ruzo además, como político vinculado al lobby francoperuano, mantuvo distancias tanto con el lobby ferroviario de Meiggs, como con el “guanero” de los consignatarios. “El grande escándalo”, en El Comercio, 23 de mayo de 1874.

asumiendo las fluctuaciones del mercado europeo y exponiéndose a caer en el abismo de la depreciación de los bonos. Esta operación contradecía las intenciones de los legisladores de 1868 en cuanto a las obras ferroviarias, pues ellos procuraron: “Vincular el crédito administrativo peruano, con el crédito de los empresarios particulares [y] convertir a cada contratista en un agente financiero, levantar nuestro nombre en el mundo de los negocios, haciendo de cada casa y de cada empresa que entrara en relación con nosotros, un órgano de publicación de nuestro estado financiero y una oficina de recomendación de nuestro crédito. Al proceder así, podría suceder muy bien que las casas empresarias ganarán, pero sucedería igualmente que el país ganase levantando su crédito; y cuando hubiere llegado a su punto de fijeza y estabilidad, difícil de destruir, entonces podríamos también entrar en el cálculo de los verdaderos costos de las obras y en la determinación de las relaciones de ese costo, con las propuestas hechas sobre la base de los bonos. Y entonces, nos habríamos también colocado en la posición de rechazar exageradas garantías”.93

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En ese sentido, el convenio Piérola-Meiggs del 7/VII/1870, desnaturalizaba la esencia del empréstito, vinculando la suerte fiscal a la incertidumbre de los juegos bursátiles, y obligando al país a: 1º pagar en letras los caminos de fierro, después de haberlos contratado en bonos a la par; 2º comprar esos mismos bonos al 79% para transformarnos en agentes de nuestro propio crédito; 3ª renunciar a la solidaridad mandada por la ley entre gobierno y contratistas; y 4ª provocar el descrédito de la moneda nacional depreciando en 5% el tipo de cambio. A su turno, La Sociedad sugirió aceptar la propuesta de Piérola, y complementarla con una ley que ordenase la presentación de presupuestos ferroviarios cotizados en letras sobre Europa. Confiado en repetir el éxito del empréstito de 1870, este diario enfatizaba la necesidad de deslindar funciones entre el gobierno, encargado de sostener y levantar el crédito nacional, y el contratista, al cual le competía ahorrar recursos valiéndose de su experiencia. Por cuestión de principios, este diario se oponía al sistema de pago en bonos, en tanto promovía la especulación entre los ingenieros de los contratistas, quienes: “... elevan el presupuesto de la obra hasta un punto tal, que aun vendidos los bonos a precio ínfimo, siempre alcance al contratista la ganancia que lo mueve a emprender el negocio, salen pues, los ingenieros de la esfera de su facultad, del límite si se quiere de sus conocimientos profesionales, para convertirse en apreciadores del crédito nacional, en financistas que pudieran verse en el caso de acometer la empresa cuyo presupuesto han levantado (...) ¿es posible siguiendo este sistema de presupuestar los ferrocarriles y de sacarlos a remate, que haya aproximada seguridad, siquiera de que esas obras cuesten lo que deben costar, tomando en 93

“Ferrocarriles”, en El Nacional, 19 de julio de 1870.

cuenta su precio intrínseco, la justa remuneración a las fatigas del constructor, y el Estado el crédito que suministra los capitales necesarios para la empresa?”94.

La opinión de la prensa extranjera sobre el empréstito de 1870 también estaba dividida. En Inglaterra, el ambiente previo a la colocación de los bonos no había sido totalmente favorable. El diario Times narraba el exitoso trabajo de los publicistas de Dreyfus para ganarse la confianza de los inversionistas, influenciados constantemente por analistas que ponían en duda la calidad y extensión de los depósitos guaneros, único recurso aceptado como garantía real del crédito peruano95. Mediante un arduo trabajo, el público inglés fue inducido a reconstruir su visión sobre el diverso potencial productivo del Perú, y así se logró: “... que no se abriguen dudas semejantes respecto a la gran importancia de los depósitos de nitratos de soda, ni al probable resultado feliz de los ferrocarriles que se construyen actualmente para favorecer la industria minera, el cultivo del algodón y otras fuentes de la riqueza pública (...) Así pues, no puede abrigarse temor alguno respecto al cumplimiento de las obligaciones que el Perú contraiga y menos hoy que nuevos y costosos ferrocarriles van a aumentar sus fuerzas productivas...”96.

El mismo fenómeno se produjo entre la prensa francesa. Los diarios parisinos La Bourse y Courrier des Deux Mondes, fomentaron la positiva acogida del público, exaltando las sólidas garantías ofertadas y el patrocinio de la Societé Generale, encargada de la emisión”97. Sin embargo, un articulista del Courrier des Chemins de Fer, rompía este monocorde discurso manifestando que: “Ningún economista podría opinar de una manera absoluta en contra de la exportación de capitales, porque todos tienen el derecho de colocar sus fondos en lo que mas provecho les ofrezca. Se trata solo de saber si hay provecho enviándolos al Perú. Se nos dice que los 300 millones se destinan a la construcción de un ferrocarril ¿Cuál? ¿Hay alguno en el Perú que pueda producir el interés de 6% sobre 300 millones, o sea 18 millones de producto neto? No lo creemos, y, por lo menos, mientras no se nos muestre lo contrario diremos cortesmente que los 300 millones serán lanzados en una vía por demás aventurada. No se nos hable de garantías situadas en las playas del Pacífico, pues es sobrada evidencia que están fuera de nuestro alcance. Lo respetamos, no rechazamos todas las empresas que tienen su asiento en el extranjero, sino únicamente las dolosas y con mayor razón “La Sociedad: Ferrocarriles”, en El Comercio, 16 de julio de 1870.

Guillermo Peacock, en carta remitida a El Comercio desde Inglaterra, atribuyó el éxito en Londres del empréstito de 1870, a la campaña publicitaria sobre los recursos naturales peruanos emprendida por algunos diarios peruanos que llegaban regularmente a Southampton. “Recursos del Perú”, en El Comercio, 20 de julio de 1870.

96 “Opinión de la prensa extranjera sobre el empréstito peruano”, en El Peruano, 11 de julio de 1870.

97 “El empréstito para los ferrocarriles”, en El Nacional, 14 de julio de 1870.

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las malas. Y esta lo es de una manera absoluta porque no puede dar más perdidas sin compensación”98.

En las páginas de La Patrie, los constantes elogios de la economía peruana Página | 56 intentaban disipar cualquier duda en cuanto al servicio regular del citado empréstito.

Según sus estimados, en el bienio 1869-1870 serían costeadas las partidas de: a) deuda interna por 10’000,000 francos; b) deuda externa repartida en el empréstito de 1865 por 250’000,000 francos, y el reciente empréstito de 1870 con otros 170’000,000 francos; c) una deuda flotante por 78’000,000 francos con los consignatarios del guano reembolsable en dos años. Esta situación –según este diario– no arredraba a los capitalistas, porque las últimas colocaciones de bonos peruanos en 1862 y 1865 fueron en su momento bien recibidas por la bolsa londinense. Ambas, luego de ser emitidas subieron en su cotización inicial en 8% y 7% respectivamente y tenían positivas perspectivas a futuro. Por otro lado, el empréstito de 1870 estaba garantizado por las rentas generales del Estado (aduanas, guano y ferrocarriles en construcción), y aunque el servicio vigente de la deuda externa llegaba a 25’250,000 francos ya había entrado a su curva descendente previéndose su extinción completa para 1879. En cuanto a las rentas del guano, principal preocupación de los agentes financieros, decían lo siguiente: “... parecen ser suficientes. La explotación de las islas de Chincha toca a su término, pero se explota ya el depósito de las islas de Guañape, y se ha hecho un cómputo de las existencias en las islas de Lobos, Macabí, del Pabellón de Pica y de la bahía de la Independencia. El periódico oficial ha publicado también recientemente de la existencia de 13 depósitos nuevos al norte de Lima y 35 al sur. La calidad y cantidad del guano en todos estos lugares permite pues, considerar esta prenda como una fuerte garantía. Además, el salitre y las minas ofrecen grandes recursos extraordinarios. La explotación del salitre se elevó en 1868 a 200,000 toneladas. Entre las minas, las de plata, que han hecho tan célebre al Imperio de los Incas, y entre las más ricas, las de Cerro de Pasco, cuyo producto llega en término medio a 12’000,000 por año, darán cada día resultados ventajosos”99.

Los efectos negativos del contrato trataron de ocultarse en el proyecto presupuestal del bienio 1871-1872, presentado ante la Cámara de Diputados en septiembre de 1870. En dicho texto, Piérola eleva los ingresos hasta 58’982,851 soles, omite deudas pendientes y reduce con ello los egresos a 57’913,764.9 soles, a fin de 98 99

Block, Maurice. “El Empréstito de los ferrocarriles”, en El Nacional, 15 de julio de 1870.

“Opinión de la prensa extranjera sobre el empréstito peruano”, en El Peruano, 11 de julio de 1870.

obtener 1’069,086 soles de superávit. Cierto analista calculó que los gastos no presupuestados en el bienio citado podían llegar a 38’000,000 soles, repartidos de la siguiente forma: 25’288,008 soles para cancelar la deuda externa y las cuentas de Dreyfus; 3’000,000 soles para la nueva organización de la policía y estudio y ejecución de obras públicas; 4’200,000 soles por el servicio del empréstito proyectado para los ferrocarriles de Ilo y Cuzco; 500,000 soles para mejorar sueldos en el ramo de Justicia; 240,000 soles aplicables al servicio de la deuda por sueldos y suministros del ramo de Hacienda entre 1865 y 1867; y 3’000,000 soles para costear el rancho de las tropas y la conducción a Lima de los monitores comprados en Estados Unidos. Serían restados además los 2’390,500 soles por ingresos excedentes repartidos en los ramos de aduanas, contribuciones y otras rentas.

En los últimos meses de 1870, surgieron proyectos en el Ejecutivo y el Congreso para lanzar nuevos bonos ferroviarios. En setiembre de ese año, los senadores Daniel Ruzo y José Silva Santisteban habían entregado en su Cámara dos proyectos financieros, los cuales no llegaron a ser debatidos. El primero de ellos planteaba hacerlo bajo el sistema vigente de 6% de intereses y 2% de amortización.

Mientras tanto Silva, hombre clave en los planes de Henry Meiggs, pretendía realizar un empréstito con 4% de intereses y 3% de amortización, destinado a financiar nuevos ferrocarriles y convertir los bonos ferroviarios de La Oroya y Puno100. En este último caso, aumentando el porcentaje de amortización de los bonos podía disminuirse los intereses pactados. La diferencia entre ambos sistemas quedaba descubierta cuando se comparaba el plazo de cada uno ellos cubría el capital tomado a préstamo (ver cuadro 8). Silva Santisteban deseaba introducir el sistema de amortización inmediata, y reclamaba que fuese designado una suma determinada aplicable al cumplimiento de las demandas de los nuevos acreedores.

100

Diario de Debates. Cámara de Senadores. Legislatura 1870, p. 92.

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CUADRO 8: PROYECTOS PARA NUEVA EMISIÓN DE BONOS FERROVIARIOS 1870 101 PROYECTO SILVA

PROYECTO RUZO

PROYECTO ARTICULISTA F.C.

SANTISTEBAN

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Capital

60’000,000 Capital

60’000,000 Capital

60’000,000

Intereses 4% en

80’400,000 Intereses 6% en

36’000,000 Intereses 5% en primeros

30’000,000

33 años y medio Amortización

60’300,000 Intereses y

inmediata 3% en 33 años y medio Gasto total Pago promedio anual

primeros 10 años amortización del 8%

10 años 240’000,000 Intereses y amortización

210’000,000

del 7% en 50 años

en 50 años 140’700,000 Gasto total 4’200,000 Pago promedio anual a partir del 11ro. año

276’000,000 Gasto total 4’800,000 Pago promedio anual a

240’000,000 4’200,000

partir del 11ro. Año

En medio de críticas y proyectos fallidos, el 11/XI/1870 los congresistas aprobaron el Contrato Dreyfus por amplia mayoría. Este resultado coronaba los esfuerzos de los partidarios del gobierno, cuyos recorridos por el interior del país dieron como resultado cientos de actas en defensa de la gestión del ministro Piérola.

Detrás de esas campañas estuvo el diputado Manuel Benjamín Cisneros, quien en coordinación con las autoridades provinciales y utilizando fiestas y agasajos conseguía apoyo popular para su causa, lo cual aunque efectivo no tenía el valor de los actos espontáneos y auténticos. Meses antes, el 17/VIII/1870, los diputados José María Gonzáles, Manuel Basurto, Ricardo Espinoza, Mariano Velarde, Joaquín Gonzáles y Tomás Gadea, habían advertido que con esas actas trataba de amedrentarse a la oposición parlamentaria y forzarla a respaldar el indicado contrato.

El éxito de esta operación motivaría que fuese dictada la ley del 24/I/1871, autorizando un segundo empréstito por £ 15’000,000 para construir ferrocarriles en Cuzco, Cajamarca, Ancash y Moquegua, y realizar estudios preliminares de nuevas líneas en Piura, Trujillo y La Oroya. Entonces intervino Piérola e incorporó en este empréstito la conversión del anterior de 1870, y los saldos de los similares de 1865 en Inglaterra y 1866 en Estados Unidos. Esta decisión lo enfrenta nuevamente con el Congreso, que trataba de impedir sus planes alegando que el Ejecutivo requería de autorización legislativa para administrar el crédito de la Nación. Esta emisión tendría 5% de interés F.C. “Deuda de Ferrocarriles. Nueva conversión”, en El Comercio, 13 de setiembre de 1870; “Discurso pronunciado por el señor Senador Silva Santisteban en la sesión del 31 de diciembre último (1870), sobre la proposición relativa a los ferrocarriles del Cusco, Cajamarca y Ancash”, en El Nacional, 13 de setiembre de 1871.

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anual y 2% de amortización acumulativa a iniciarse desde 1880, es decir que llegado dicho año el país iba a cumplir al mismo tiempo el servicio de los bonos de 1870 y el de los nuevos de 1872, para lo cual necesitaría 10’000,000 soles anuales aproximadamente.

En pocos meses, y sin señalar el monto aplicable para la citada conversión, Página | 59 se firmó con la Casa Dreyfus, el 7/VII/1871, un convenio para ejecutar este negocio.

Así, fueron pactados el 75% como tipo mínimo para la colocación de los bonos y el servicio de 7% por intereses y amortización, dándose las garantías usuales (guano, aduanas, obras públicas) para estas operaciones. El ministro Piérola, quien había justificado la conversión por la necesidad de evitar que los nuevos títulos pudieran competir con los circulantes de 1870, entró en desavenencias con el Presidente Balta por esta causa, y renunció el 20/VII/1871, dejando el compromiso listo para su ejecución102, Instalada la Legislatura de 1871, el diputado José María Gonzáles denunció en su Cámara la ilegalidad de la administración hacendaria inaugurada en dicho año, señaló el desgobierno financiero impuesto por el ministro Piérola con la única intención de ocultar el déficit causado al Presupuesto Nacional. Esta actitud era sumamente grave, porque el citado ministro había esperado el cierre de la Legislatura para presentar el proyecto de Presupuesto Nacional, a pesar de que sus demás colegas habían entregado con anterioridad las necesidades de sus pliegos. De esa manera, los publicitados beneficios del contrato no eran más que “dorado artificio” político, porque nadie podía saber con exactitud si el déficit de 17’000,000 soles existente en el Presupuesto Nacional del bienio 1869-1870 iba a ser cubierto con los ingresos del guano entregados por Dreyfus. Para Gonzáles un gobierno sin presupuesto podía

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Después de su renuncia, Piérola siguió actuando en política desde las páginas del diario conservador

El Heraldo. Así, en setiembre de 1871 apoyó la candidatura presidencial de Rufino Echenique, enfrentada a la de Manuel Pardo, financiada por los consignatarios. En noviembre de 1871, El Comercio lo acusó de organizar ilegalmente el colegio electoral de la parroquia de San Francisco. En carta dirigida a este diario el 1º/XII/1871, calificó este hecho como una maniobra de su director, el “pardista” Manuel Amunátegui. Éste respondió imputándole responsabilidad en el fraguado de actas, suplantación de firmas y otras acciones ilegales. A su vez, el semanario La Sabatina del 3/II/1872, advertía a Balta de que era peligroso mantener cerca suyo al citado ex-ministro. En ese contexto, Rufino Echenique declina su candidatura a favor de Antonio Arenas, decisión que según Amunátegui había sido sugerida por Piérola. Dulanto 1947, pp. 101-102.

regalar dinero a sus amigos coroneles, votar obras no aprobadas en el Congreso, y falsear las cuentas públicas sin dejar huella del delito103.

Bajo responsabilidad del nuevo ministro Felipe Masías, el 31/XII/1871 el Página | 60 comisionado Melitón Porras acordó con Dreyfus elevar la emisión a £ 36’800,000,

entendiéndose que £ 21’800,000 sería la cantidad necesaria para convertir los bonos de 1865, 1870 y los de Estados Unidos104. La historia del fracaso de este empréstito es conocida. Se atribuyen numerosas causas a este suceso, desde la situación del mercado de capitales europeo hasta los efectos devastadores de una carta contraria al empréstito publicada por un agente de los consignatarios en París. Todas ellas ciertamente concurrieron, pero la causa determinante fue el manejo de la hacienda pública en función a las necesidades de los poderes fácticos de entonces: Augusto Dreyfus y Henry Meiggs. Sin duda, la cláusula octava del acuerdo firmado por Porras complicó seriamente la debilitada capacidad financiera peruana. Según ésta, si los primeros productos del empréstito no eran suficientes para reembolsar a Dreyfus los adelantos hechos por causa de la conversión, éste quedaba facultado para vender al mejor precio del mercado los nuevos bonos hasta cubrir las sumas invertidas en los citados adelantos. El crédito peruano quedó así a expensas de las ambiciones y conveniencias del banquero francés.

El 20/III/1872, en medio de gran expectativa fueron lanzados los bonos en los principales mercados europeos, pero todo resultó un absoluto fracaso. A excepción de los £ 4’000,000 tomados por Dreyfus, solo logro colocarse la minúscula cifra de £ 230,000 al 66%, debiendo reservarse los bonos que iban a servir para la conversión de los de 1870 ¿Cuáles habían sido las causas de tan estrepitoso suceso? Varios hechos de orden estructural y coyuntural son citados por los analistas que se han ocupado del tema. En opinión de Dreyfus, dos factores intervinieron para perjudicar este negocio: el cambio presidencial de Balta por Pardo y la sensación de inestabilidad política que ello traía consigo, además de la carta publicada el 17/III/1872 en el diario francés La Patrie

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Diario de los Debates de la Comisión Permanente del Cuerpo Legislativo 1871, pp. 81-82.

El objetivo del empréstito de 1871 residía en convertir una deuda de £ 17’720,000, cuyo servicio anual por intereses costaba £ 1’953,600, por otra consolidada de £ 36’800,000 que iba a demandar un servicio de £ 2’576,600 por año. Palacios 1983, p. 132.

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por el ex-diputado, Carlos Elías, negando validez legal al empréstito105. Posteriormente, se han señalado como potenciales causas, las noticias sobre la pronta extinción de los depósitos guaneros, así como al cambio en las preferencias de los inversionistas ingleses y la mayor desconfianza en los papeles sudamericanos106.

Las noticias del fracaso financiero pronto llegaron al Congreso. En la sesión del 13/V/1872, los diputados Ricardo W. Espinoza, Francisco Muñoz, Francisco Flores Chinarro y José María Gonzáles, juzgaron de suma urgencia paralizar el empréstito, pues el Estado ya había invertido 60’000,000 soles en ferrocarriles, y la proyectada conversión no poseía permiso legislativo, y estaba realizándose a espaldas de los representantes nacionales. Sumamente preocupado, el diputado Gonzáles calificó al censurado acuerdo de 1871 como el “hijastro” del empréstito de 1870, pero “en formas colosales monstruosas”. Las cifras del comisionado Melitón Porras tasaron el monto de las deudas de 1865, 1866 y 1870 en £ 18’110,400. Estando planeado emitir £ 21’800,000 en bonos para su conversión, el costo final del negocio sería de £ 3’689,600. Quedaba fijado así un premio del 32%, siendo necesario entregar £ 132 en nuevos bonos por cada £ 100 libras de los antiguos.

El comisionado Porras no pudo prever que los nuevos bonos, cotizados en 77.5 %, solo producirían £ 102.3, por lo cual debía agregarse al gasto por el premio citado la pérdida extra de £ 2.3 en cada bono. En el caso de los bonos ferroviarios, el tipo de 77.5% podía reducirse hasta 70% descontando 7.5% para el pago de intereses del primer semestre 1872 más comisiones y gastos. Por esa vía, la emisión de £ 15’000,000 terminaba reducida a £ 10’500,000, capital semejante a la mitad del dinero adeudado por obras contratadas. En resumen, la emisión nominal de £ 36’800,000 correspondía a £ 28’610,400 efectivas, quedando £ 8’189,600 en poder de los especuladores. Mientras En esta misma época, además de la citada carta de Carlos Elías, de quien se dijo había actuado por orden de los consignatarios, fueron señaladas las siguientes razones del fracaso de este empréstito: la preferencia de los capitales europeos por un reciente empréstito francés; la situación tirante entre Estados Unidos e Inglaterra; el hecho de presentarse por este empréstito las mismas garantías que las consideradas en 1870, colocándolo en condición de tercer hipotecario, y en la de segundo si se realizaba el rescate de las deudas de 1865 y 1866; y finalmente las reservas causadas por operaciones fallidas con otros países americanos cono Honduras y El Salvador. Un Peruano 1873, pp. 20-21. Por otra parte, hubo muy poco tiempo entre los empréstitos de 1870 y 1872, y ello sumado a las razones ya citadas condujo a que los especuladores llevaran los papeles peruanos a la baja. Dancuart 1907, tomo IX, pp. 12-13.

106 Bonilla, Heraclio. “La Crisis de 1872”, en Bonilla (editor) 1986, p. 69.

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el país afrontaba el mayor fracaso financiero de su historia, Dreyfus y el comisionado Melitón Porras esperaban cobrar por sus servicios107. Gonzales avizoraba el crecimiento aproximado de la deuda externa en 122%, con lo cual el estado peruano Página | 62

quedaría totalmente hipotecado, tal como lo indicaba el diario inglés The Economist. La solución pasaba por limitar el empréstito a £ 15’000,000, conforme a la ley de 24/I/1871, debiendo derogarse el decreto autoritativo de la conversión de bonos antiguos. Esta solicitud pasó a estudio de una comisión especial, integrada por Ambrosio Becerril y Manuel Álvarez Calderón108, quienes la hicieron suya y exigieron que fuese puesta en práctica.

Por esa razón, el 27/VI/1872 la Cámara de Diputados transmitió al Ejecutivo su decisión de anular el decreto autoritativo de la conversión de la deuda externa, pues infraccionaba los incisos 6º y 7º del artículo 59 de la Constitución. Nada de esto pudo hacerse debido a la violenta caída del gobierno de Balta, y la sombra del fallido empréstito anunciaba la bancarrota nacional. En agosto de 1872, el presidente Manuel Pardo reveló con crudeza hasta donde había llegado la malversación de las rentas públicas bajo el imperio del Contrato Dreyfus. A pesar de la sensación de impotencia generalizada, hubo muchos proyectos para investigar y sancionar los hechos delictuosos cometidos desde 1870, con el propósito de recuperar los caudales públicos de las manos indebidas. Entre esos planes destaca aquel integrado por dos acciones básicas: a) Nombramiento de una comisión revisora de todos los contratos de ferrocarriles, la cual iba a determinar si estaban suscritos conforme a las leyes vigentes o por medio de fraude, dolo, cohecho, soborno u otros procedimientos ajenos a la pureza administrativa, debiendo especificarse el daño que por este motivo hubiese recibido la hacienda pública.

Esta comisión tendría amplias facultades para examinar los libros de las cajas fiscales, y solicitar a las oficinas públicas, los informes y documentos que fuesen necesarios en su trabajo. Sus resultados serían presentados al gobierno y los tribunales, Una resolución del 28/XI/1872, dispuso apremiar al comisionado correspondientes como premio por obtuvo el 27/V/1873, la declaración Dancuart 1907, tomo IX, p. 143.

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calificando como fracasado el empréstito de marzo de dicho año, Melitón Porras para que hiciese devolución de las £ 36,800 esta operación. Sin embargo, Porras acudió a la Corte Suprema y de incompetencia de la acción coactiva en cuestiones contenciosas.

Diario de los Debates de la Comisión Permanente del Cuerpo Legislativo 1872, pp. 358-359.

los cuales decretarían la rescisión o insubsistencia de los contratos, iniciarían los juicios respectivos para exigir las indemnizaciones del caso; b) Recomendación a los fiscales para solicitar el embargo inmediato y urgente de los bienes, acciones y derechos de los probables ladrones, en guarda de los intereses del Estado, hasta la resolución de los juicios. Otras medidas judiciales preventivas podían ser dictadas por el Ejecutivo y el Congreso según los casos existentes109. Pero nada de ello sucedió, porque los ministros del régimen de Balta tenían privilegio del antejuicio, por tanto, los civilistas debían primero obtener la sanción del Congreso. En ese contexto, el 13/VIII/1872, la Cámara de Diputados presentó acusación constitucional contra dieciséis ministros del fenecido gobierno, incluyendo a Piérola, que era imputado por una docena de cargos110, entre los cuales sobresalían la entrega al Congreso de datos falsos sobre el presupuesto y las cuentas del guano, y la dación de los decretos del 6/VI/1870, disponiendo la compra de los bonos ferroviarios de La Oroya y Puno a Henry Meiggs, y del 7/VII/1871, aprobando la conversión de la deuda externa.

De acuerdo con la primera acusación citada, Piérola designó en el pliego de egresos del presupuesto de 1870, una partida de ocho millones de soles para la deuda de 1865, en vez de los 10 millones aplicados en años anteriores. Además presentó una cuenta sobre el producto líquido del guano de 1868 diferente al registrado en las cuentas de las consignaciones vigentes, por lo que después habría mandado adulterar los libros contables de este rubro. Esta maniobra permitió ocultar el déficit real y obtener más de un millón de soles de superávit, y además rebajó la ganancia neta del guano de las consignaciones respecto a la ofrecida por Dreyfus. En respuesta, Piérola dijo que la partida de diez millones de soles aplicable a la deuda de 1865 existía desde antes que llegase al Ministerio de Hacienda. Por eso, en 1870, preguntado por el diputado Francisco Flores Chinarro acerca de este mismo asunto, le informó que “en virtud de operaciones reservadas que el gobierno ejecuta en Europa, espera que quede reducida a la cifra de solo ocho, consignada en el proyecto”. Por tanto, la partida estaba “Comisión Fiscal”, en El Comercio, 11 de octubre 1872.

El 13/VIII/1872, los diputados Federico Luna, M.A. Oviedo, Emilio Luna, Agustín Pastor, Juan de la Torre, Dionisio Urbina y José María Torres, pidieron a la Cámara acusar ante el Senado a los ministros de Balta: Manuel Santa María, Nicolás de Piérola, Camilo Carrillo, Felipe Masías, Jorge Loayza, José Araníbar, Melchor García, Juan Francisco Balta y José Allende, por infracciones constitucionales consumadas mientras desempeñaban sus carteras.

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fijada y la cifra de ocho millones era un estimado, pues “un presupuesto es la previsión de lo que acontecerá en materia de entradas y gastos en el período de tiempo a que se refiere. En él no puede consignarse lo que, por una y otra causa, acontezca, sino lo que Página | 64

prevé que sucederá”. En ese sentido, indicar una partida de diez millones hubiese hecho “aparecer para aquel servicio una suma mayor, que la que él creía iba a demandar”. En 1870 no pudo conseguirse dicha reducción, pero en julio de 1871, ajustada la conversión del empréstito de 1865, la partida para la deuda externa debió quedar en menos de ocho millones111.

En cuanto a las cifras del guano negó haberlas manipulado, pues siempre tomó como base el precio inferior ascendente a 13 libras por tonelada. Denunciaba la autoría de los consignatarios detrás de esta acusación, cercanos como eran a José Manuel Tirado, Director de Rentas, y Luis Cáceres, Jefe de la Sección del Guano. Los datos manejados en sus informes provenían de documentos contables del Ministerio de Hacienda, del Inspector fiscal, Toribio Sanz, y de los propios libros originales de la sección del Guano y la Cuenta General de la República. Según Piérola, la historia acerca de la enmendadura de las cifras del guano que se le atribuía, tuvo su origen en el primer tercio de 1869. En dicha fecha, solicitó al Director de Rentas, José Manuel Tirado, un informe del producto líquido de las consignaciones. Consultado el citado documento fijó el precio del guano en el Contrato Dreyfus. No obstante, Tirado publicó posteriormente el estado general del guano en 1868, el cual contenía un producto neto superior al pactado con Dreyfus. Después de indagar la causa de esta discrepancia, comprobó que ella nacía del errado método empleado por Luis Cáceres, quien confundía el beneficio real del guano debido al mal registro de gastos y comisiones. La nota del 20/VIII/1869 ordenó corregir esas cifras, a fin de “deducir del producto bruto de la venta todo lo que en manera alguna lo menoscabe”. Aunque el cuadro fue enmendado, subsistió la desconfianza en el trabajo de Cáceres, y decidió encargar a los peritos colombianos, Vicente Holguin y Federico Reynel, la reforma de la contabilidad del guano. Ellos “sistemaron debidamente la cuenta, y presentaron, para la Legislatura de aquel año [1870], el anexo que acompañó la Memoria de Hacienda”. Esa fue la razón, por la que no presentó al Congreso los cuadros de Cáceres, pues dada “la 111

Piérola 1872, pp. 88-90.

imperfección de su contabilidad, no podía descansar tranquilo”. Lo expuesto –concluía Piérola– dejaba constancia que la orden de corregir la contabilidad defectuosa era justa, y de ninguna manera ocultaba el deseo de falsear cifras112.

De otro lado, justificó el convenio del 19/V/1870 y el decreto del Página | 65 7/VII/1870, porque corrigió el incorrecto sistema adoptado en la contratación de ferrocarriles. En teoría el gobierno debía haber celebrado un empréstito y pagar con su producto líquido a los contratistas. Sin embargo, el Estado decidió cancelarlas con bonos a la par entregables conforme avanzaban las obras. Como los bonos nunca eran colocados por su valor nominal, los constructores para no arruinarse aumentaban el precio de los ferrocarriles y así compensaban la depreciación del papel recibido. Por este sistema, el contratista cumplía el rol de prestamista, es decir, que invertía su capital con cargo a recuperarla a través de los bonos estatales. Piérola creía que facultando a Henry Meiggs para lanzarlos en diversas épocas se hacía más imprevisible su cotización. Como Ministro de Hacienda no podía consentir que el crédito exterior del país estuviese en manos de un extranjero, sobre todo porque el estado tenía pendiente tomar un préstamo en Europa por 35 o 40 millones de soles. Tres metas se impuso entonces: retirar la concesión del cambio, suprimir la intervención emisora privada y tratar de que el fisco aprovechase el alza en el tipo de emisión. En ese sentido, propuso a Meiggs que el Estado asumiera el gasto de emisión, o recibiese el 2.5% de la emisión para que lo hiciera por su cuenta. A su vez, el cambio sería fijado en 36 y medio peniques por peso o 45 por sol, en vez de los 48 peniques pactados inicialmente. No obstante, Meiggs no aceptó modificar el tipo de cambio arguyendo que esa variable estaba considerada en sus costos113.

Esta condición perjudicial fue compensada con el arriendo por cinco años de la línea Mejia-Arequipa al propio contratista. Durante los tres primeros años cancelaría anualmente una suma equivalente al 3% (360,000 soles) del valor de la obra, y en los dos restantes el 4% (480,000 soles). Dicha renta soportaría fácilmente el gasto de 450,000 soles exigido por la emisión de bonos, más todavía cuando la amortización arrancaría diez años después. Esta propuesta sería finalmente adoptada mediante el 112 113

Idem, pp. 92-99.

Idem, pp. 102-110.

decreto supremo del 27 marzo 1870, que dejando el cambio a la par lo compensaba con el arrendamiento de la línea. Para confirmar las ventajas de este acuerdo, el 20/X/1872, Piérola requirió a la sección de Cuenta General del Ministerio de Hacienda Página | 66

que informase sobre el producto del empréstito 1870. El jefe de esa dependencia, Domingo Sañudo, respondió lo siguiente: el producto bruto había sido de 51´072,000 soles, debiendo descontarse los gastos de emisión (2´492,843.82 soles) y la comisión de La Torre Bueno (51,729.50 soles). Así, el producto líquido fue de 48´527,426.68 soles, habiéndose depositado 46´787,857.54 soles para ferrocarriles y entregado 667,002.74 soles a Meiggs. Por lo tanto, podía afirmarse que el gasto en ferrocarriles llegaba a 47´454,860.28 soles, y comparándolo con el producto líquido del empréstito 48´527,246.68 soles, dejaba un saldo favorable de 1´072,566.40 soles. Incluso Pierola decía que el costo de los ferrocarriles podía reducirse a 45´294,860.68 soles, en caso fuese deducido el arriendo de la línea Mejía-Arequipa (2´160,000 soles) de la cifra original (47´454,860.28 soles)114.

Refiriéndose al convenio del 7/VII/1871 que ordenaba convertir las deudas anteriores y emitir empréstito de £ 15´000,000 para ferrocarriles, Piérola sustenta la legalidad de la operación, por cuanto el Ejecutivo tenía dicha facultad. Al respecto, precisa que si la Constitución no encargaba a otro poder público decidir sobre la conversión de deuda, o prescribía la necesidad de autorización expresa para realizarla, el gobierno podía efectuarla en cualquier forma y momento. Ciertamente, el inciso 6to del artículo 59 de la Constitución establecía como requisito indispensable para emitir empréstitos el permiso legislativo, pero no especificaba nada sobre conversión, “a menos que se pretenda que convertir es consolidar o amortizar la deuda pública, lo cual no pasaría de ser crasa ignorancia”. En su opinión, convertir era “simplemente entregar a los acreedores unos títulos en vez de otros, pero sin dar carácter de acreedores a los que antes no lo tenían”. En consecuencia, nadie podía impedirle al Estado manejar su crédito, aprovechando el alza del tipo o baja de intereses para colocar y retirar bonos. Además, enfatizaba que el Estado había convertido su deuda varias veces anteriormente, por lo que esa práctica tenía el estatus de “doctrina legal establecida”. La conversión rebajaría el servicio de intereses, tomando en cuenta que la 114

Idem, p. 118 y ss.

deuda vigente demandaba 14´550,000 soles anuales, mientras la nueva demandaría 12´880,000 soles. Finalmente, culpó del colapso del empréstito de 1871 al momento inoportuno en que fue lanzado y la campaña de muchos “ciudadanos desaconsejados” que lo combatieron115.

La exposición del ex-ministro convenció a la mayoría de senadores, quienes desestimaron los cargos presentados por la colegisladora ¿Quienes compusieron el bloque adicto a Piérola? Ciertamente lo integraban partidarios del baltismo, amigos personales y lobbystas ferroviarios, como Ricardo Palma, Rufino Echenique, Manuel Ignacio Vivanco y José Silva Santisteban. Del lado de sus acusadores estuvieron los “guaneros” y rivales comerciales de Henry Meiggs, como Augusto Althaus y Ramón Montero. Esta derrota no frenó la ofensiva del civilismo contra el lobby franco-peruano, achacándole desde las páginas de El Nacional la responsabilidad de todas las penurias fiscales del país. Mientras tanto Piérola, autoexiliado en Chile, no daba tregua y mediante cartas del 23 y 30 de setiembre de 1873 respondía los cargos de “los que insultan con su fausto y corrompen con su ejemplo”. En sus escritos hace un mea culpa de los errores cometidos en el gobierno de Balta, pero también acusa a los civilistas de haberse “enriquecido por indebidos medios” porque participaron en las maniobras dolosas ocurridas en aquellos tiempos, pues: “.. el período anterior [Balta], período de obras y de empresas de todo género, abrió necesariamente en ellas ancho campo a especulaciones y ganancias legítimas o ilegítimas; y entre éstas últimas inevitables algunas, otras que pudieron y debieron ser, severísimamente impedidas, por quien tenía en sus manos realizarlas, [pero] el mayor número de especuladores y afortunados militaba en las filas mismas de la oposición de entonces, y del partido dominante hoy, porque, o pertenecía al círculo mismo de aquellos a quienes se apartó del monopolio del guano o vinieron a su sombra y con su amparo” 116.

Los civilistas criticaban la inversión de los empréstitos en obras improductivas, que lejos de liberarnos del déficit fiscal lo incrementaron a niveles inmanejables, recayendo la responsabilidad política de estas operaciones sobre los ministros de Hacienda de Balta, incluido Nicolás de Piérola, el autor del empréstito de 1870 y del plan de conversión de bonos en 1871. Ellos permitieron a Dreyfus

115

Idem, pp. 172-182.

116

“La segunda carta del señor Piérola”, en La Patria, 17 de octubre de 1873.

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transformarse en el principal acreedor del país, y valerse de esa situación para apropiarse de las rentas del guano. El Perú no tuvo entonces recursos para satisfacer sus necesidades internas con las siguientes consecuencias: a) aumento del 25% en el Página | 68

atraso de los sueldos y pensiones estatales; b) cese de pagos por la deuda flotante de 6’714,970 soles; c) imposibilidad de pagar deudas de obras públicas por 9’700,000 soles; d) crisis comercial y monetaria por la falta de elementos de retorno a Europa.

Absorbido por Dreyfus y Cia. casi todo el producto del guano vendido en Europa, el Estado peruano quedó limitado a sus escasas rentas ordinarias para cubrir gastos presupuestales tres veces mayores. Sobrevino entonces la carestía y la crisis, pero mucha gente seguía añorando la época en que los empréstitos trajeron una ficticia abundancia de todo género en el país117. En esta nueva coyuntura nadie quiso asumir la responsabilidad de la crisis hacendaria118. En agosto de 1873 fue nombrada una comisión especial para estudiar la situación fiscal y los compromisos financieros pendientes. El informe de los comisionados, José Oyague, Emilio Althaus, Juan Calderoni, Natalio Sánchez y Eulogio Delgado, recomendó “... que los tres semestres del servicio del empréstito de 1865 que son de £ 500,000 cada uno (...) se distribuyan en doce mesadas iguales para pago de los trabajos de los ferrocarriles contratados con Enrique Meiggs desde el 1º de diciembre próximo [1873] hasta el 1º de diciembre de 1874, a razón de £ 125,000 cada mes...”119.

A pesar del alejamiento de Piérola, la pugna con los civilistas fue escalando hasta tomar connotaciones subversivas. No en vano, El Nacional creía que éste había planeado la proclamación presidencial de su persona, utilizado al montonero Luis Herrera en Canta el 9/IV/1873. Poco después, el montonero Vicente Escobar repite esta

Para Dreyfus, gracias a sus empréstitos “... multiplicáronse los bancos, la agricultura de la caña echó las bases de su creciente prosperidad y surgieron y se pusieron en planta las empresas de ferrocarriles y de irrigación (...) y por último surgió, revelándose súbitamente la religión del trabajo...”. Exposición que…

1873, p. 11.

118 Piérola, por ejemplo, negó haber planteado la suscripción de los empréstitos, y en los años siguientes quiso achacar la culpa del fracaso de éstos a los gobiernos de Manuel Pardo y Mariano Ignacio Prado, reuniéndose incluso varias veces con los bonistas ingleses azuzándolos para que reclamasen al Perú el servicio puntual de sus títulos. “Carta de Nicolás de Piérola a Augusto Dreyfus , París, 12 de agosto de 1878”, en El Comercio, 26 de setiembre de 1878.

119 “Liquidación de cuentas de obras públicas”, en El Peruano, 25 de octubre de 1873.

117

escena en Huancayo el 28/V/1873120. Estando en Limache (Chile) niega las imputaciones de la prensa civilista, mientras reflexiona sobre la crisis financiera peruana y las proyecciones del conflicto limítrofe chileno-boliviano sobre la seguridad nacional121. A comienzos de 1874, convencido de que el Perú necesitaba un cambio radical viaja a París a reunirse con el círculo peruano enemigo del civilismo. Allí sobresalía Guillermo Bogardus, el auténtico jefe logístico de la futura revolución de 1874, que se ocupa de adquirir el famoso Talismán en Inglaterra, coordinar el regreso de Piérola a Chile, y de las conexiones con los núcleos rebeldes de exiliados en dicho país122.

La expedición del Talismán zarpó de Chile el 15/X/1874. Dos días después, Piérola es proclamado Jefe Supremo y expide una orden general justificando su rebelión en la tiranía impuesta por los “defraudadores” civilistas del tesoro, que cometían mil abusos contra los ciudadanos honestos. Por ello, escuchando el llamado de los pueblos decidió encabezar el movimiento nacional. Esta expedición, que había logrado desembarcar en Pacocha fue combatida por el propio presidente Pardo, y culminó con la derrota en Los Ángeles (6/XII/1874). Este fracaso, según Zubiría, debía atribuirse a “la vanidad y mala dirección de don Nicolás de Piérola, y al funesto dominio que tenía sobre él, Bogardus”. Cegados por la excesiva confianza en sí mismos, no repararon en que el gobierno vigilaría todos los puertos donde había líneas ferroviarias, pues solo por ese conducto los rebeldes podían transportar sus armas y pertrechos al interior.

Sin embargo, Piérola y Bogardus insistieron en arribar a un puerto de este tipo sabiendo que corrían alto riesgo de ser capturados, tal como sucedió finalmente en Pacocha, cuando el Talismán terminó en manos de Miguel Grau, comandante del

Justiniano Zubiría condena al civilismo por haber desatado una campaña de intimidación contra los amigos y parientes de Piérola, como Guillermo Bogardus y Emilio de Piérola. Asimismo, juzgaba que el asesinato de los coroneles Domingo Gamio y Mariano Herencia Zevallos, ocurrido el 2/II/1873, había sido un crimen político y no un delito común. Zubiría 1875, pp. 53-54. Carmen Mc Evoy refiere que este ignominioso hecho fue utilizado por la prensa opositora para deslegitimar al presidente Pardo y promover su retiro violento del gobierno. Mc Evoy 2007, p. 294.

121 Dulanto 1947, pp. 133-138.

122 Incluso corrieron rumores en Chile sobre la presunta colaboración económica de Henry Meiggs con los rebeldes. Esta noticia complicó seriamente las relaciones del empresario yanqui con el presidente Pardo.

Charles Watson, socio de Meiggs, hizo rápidas gestiones con el ministro peruano en Chile, José Pardo, para convencerlo de que no habían tenido ninguna relación con este movimiento “montonero”. Watson abrió sus archivos al ministro Pardo para comprobar la inexistencia de supuestos vales a favor de Piérola.

Stewart 1946, pp. 304-305.

120

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Huáscar123. Atravesando la cordillera, el caudillo burló a sus perseguidores y enrumbó hacia Bolivia llegando a La Paz el 12/I/1875124.

Desde Bolivia anuncia la continuidad de su plan revolucionario, mientras en Página | 70 Lima soporta la censura de un diario civilista, que lo denomina “agente de

defraudaciones, montonero fugitivo siempre, de breña en breña, merece su suerte”125.

En mayo de 1875, Piérola aparece en Chile y se desatan rumores en el sur peruano sobre sus intenciones de fomentar revueltas contra la ley del

11/V/1875, que

autorizando la venta del guano bajo el sistema más conveniente para el fisco, justificaba el retorno de las consignaciones. La resistida expropiación de las salitreras y las protestas populares por el cese de las obras ferroviarias complicaron la gobernabilidad del país126. En ese momento, el gobierno de Pardo no alcanzaba a librarse del sino trágico de la anarquía política y la bancarrota fiscal. Privado de sus recursos y sin crédito externo, el Estado desatendía las obligaciones internas y el servicio de los empréstitos. Ninguno de estos hechos detuvo, sin embargo, la violenta lucha por el poder y la discusión de absurdos planes financieros lesivos al fisco.

En los meses previos a las elecciones de 1876, los actos de violencia desbordaron a las propias fuerzas contendientes. Un año antes, Piérola había sentado su posición en este asunto. El caudillo decía que los candidatos Mariano Ignacio Prado y Lizardo Montero eran dos caras del mismo partido oficialista. Los opositores no participaban del proceso, aun cuando representaban la fuerza más extendida en todo el país. Reiteraba que había llegado el momento de la gran transformación para prevenir una catástrofe social. A su juicio, quienes se negaban a la revolución invocando respeto al orden, no comprendían la inevitabilidad de ésta, pues ya había pasado la época en que las evoluciones políticas se consumaban sin afectar a los individuos. Descartaba estar Zubiría 1875, pp. 124.125.

En tono satírico, La Bolsa de Arequipa publicó versos ramplones titulados “La Perolada”, mofándose de Piérola, de sus “ínfulas de Quijote” y “necia fanfarronería”. Congrains 1972, p. 45.

125 Dulanto 1947, p. 156.

126 El 30/VIII/1875, desde Limache, Piérola define su movimiento como una “revolución radical y completa; que cambie no las personas, sino las cosas, no nombres y fechas, sino las viciosas instituciones y el abominable régimen actual”. Expresa que había empuñado las armas, porque no existía otro medio para salvar al país. El gobierno de Pardo era perverso, y su aparición se explicaba como consecuencia de la grave situación del Perú. Por ello, el mal público lo obligaba a “echar mano del supremo recurso de la fuerza”. Piérola 1875, p. 1.

123 124

impulsado por ambición de poder o interés de círculo, alegando que lo condenable era actuar pasivamente y no remediar los males del país. En resumen, condenaba toda participación electoral y proclamaba el derecho de la Nación a desconocer los acuerdos financieros celebrados por el gobierno de Pardo127.

Todo esto sucedía mientras las facciones civilistas perdían popularidad y disputaban la designación de su candidato presidencial128. Estas tensiones allanaron el camino a Prado, que viendo asegurado su triunfo viajó a Europa para reunirse con el comisionado fiscal, José de la Riva Agüero, y arreglar la venta del guano y el servicio de los bonos. El Contrato Raphael, celebrado en Londres el 7/VI/1876, consolidaba cinco cupones de la deuda externa, y postergaba el reinicio del pago de intereses hasta diciembre de 1877. Este acuerdo fue rechazado por los bonistas franceses y la Casa Dreyfus, que exigían al Estado peruano la cancelación inmediata. En setiembre de 1876, apenas inaugurado el nuevo gobierno, circularon en Lima panfletos pierolistas fomentando la rebelión contra este Nicolás de Piérola, 1877.

arreglo y las concesiones legales dadas a los financistas del civilismo. Rápidamente Piérola deja Chile y se adentra en Moquegua. En esa ciudad se fortalece esperando darle batalla al general Manuel de la Cotera. Éste posesiona sus tropas en Arequipa y Moquegua, y lentamente comienza a encerrarlo y

finalmente lo derrota en Yacango (20/X/1876), después de varios días de combate129. En Puno, el prefecto Remigio Morales Bermúdez bate a las últimas montoneras pierolistas lideradas por Enrique Bustamante y Salazar. Nuevamente Piérola se refugia en La Paz, para luego dirigirse a Valparaíso, adonde llega el 27/II/1877130.

Los litigios del Estado peruano con los bonistas ingleses y Dreyfus, y entre estos dos últimos han abatido completamente el crédito externo. El gobierno pretende evitar la parálisis fiscal, mientras en el sur corren noticias de nuevas asonadas. En mayo de 1877, Piérola escribe a Antonio Bentín manifestando sus intenciones de conseguir 127

Idem, pp. 3-4.

Loayza, Julio. “Elecciones y participación política: el proceso electoral de 1876”, en Aljovín y López (editores) 2003, p. 427.

129 Ulloa 1981, pp. 202-203.

130 Dulanto 1947, p. 168.

128

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fondos de Dreyfus para armar fuerzas y hacer propaganda en Lima a través del diario La Patria. Ese mismo mes, treinta pierolistas asaltan el Huáscar y zarpan al sur. Los diarios publican un Manifiesto, firmado por Manuel Carrasco, Federico Larrañaga, Bernabé Página | 72

Carrasco y José María Echenique, que proclama caudillo de la revolución a Nicolás de Piérola, cuyo objetivo era acabar con el servilismo del Parlamento y las indebidas ventajas otorgadas a los favoritos del gobierno en el Contrato Raphael131. El 20/V/1877, Piérola aborda el Huáscar en Antofagasta y navegando hacia aguas peruanas adopta el título de Jefe Supremo del Perú. Una semana después, frente a las costas de Pacocha, protagoniza un memorable combate con las naves inglesas Shah y Amethyst, autorizadas por el gobierno para capturarlo. Aunque obtiene una importante victoria moral, decide rendirse y entregar la nave al capitán Juan Guillermo More. Apresado y luego amnistiado, el caudillo regresa a Chile en junio de 1877. En febrero de 1878, se dirige a París, y después de reunirse con Dreyfus reconoce a éste la condición de acreedor del fisco peruano, rechazada entonces por el gobierno de Prado. A fines de dicho año, la prensa trata de involucrarlo sin éxito en el asesinato del presidente del Senado, Manuel Pardo. En enero de 1879 se instala en Chile, donde escribe un Manifiesto a los pueblos del sur, tratando de evitar la inminente guerra. Cuando ésta se declara (5/IV/1879) retorna a Lima, y celebra varias entrevistas con el presidente Prado ofreciendo colaborar en la defensa nacional. Suspicacias y desavenencias mutuas impidieron el trabajo conjunto de ambos líderes, lo cual desembocaría en su elevación a la presidencia por intermedio de la dictadura, a causa de la imprevista partida de Prado al extranjero el 19/XII/1879132.

131

Idem, pp. 171-173.

132

Basadre 2000, tomo VII, pp. 1783-1789.

Capítulo II El dictador y la regeneración del Perú La década previa a la Guerra del Pacífico exacerbó la beligerancia entre los caudillos, partidos políticos y lobbys comerciales y financieros que controlaban las bases económicas del país. A pesar de todos los intentos de Piérola por hacerse del gobierno, y aunque poseía gran apoyo popular, los civilistas y jefes militares mantuvieron sus cuotas de poder. Esta situación varía conforme los reveses bélicos desprestigian al régimen de Mariano I. Prado y la elite capitalina que lo sustentaba. En esa coyuntura, el Califa halla espacio para empoderarse y asumir el estatus de dictador omnímodo con fines regeneradores. Sin embargo, estos proyectos fracasan debido a la invasión chilena y la paz impuesta en Ancón. Peor aún, el cacerismo de la posguerra se convierte en tenaz enemigo del Califa, cerrándole espacios de actividad política y marginando a sus partidarios del proceso de reconstrucción nacional. Esa circunstancia trajo de vuelta al febril conspirador, cuya labor organizativa y capacidad de negociación con las facciones civilistas encausó un proceso revolucionario que marcó el rumbo de las dos décadas posteriores.

2.1 La dictadura pierolista En diciembre de 1879, la ocupación de la provincia de Tarapacá por los chilenos, y el viaje inoportuno del presidente Prado crearon un ominoso vacío de poder. El 21/XII/1879, jefes militares descontentos y la enardecida población limeña respaldaron

la entrega del gobierno a Nicolás de Piérola. La dictadura impuesta por el caudillo suprime la Constitución de 1860 y adopta un Estatuto Provisorio, cuya misión consistía en regenerar las instituciones y propiciar el triunfo de las armas nacionales. Así, el Página | 74

artículo segundo definió como atentado de lesa patria romper o menguar la unidad de la familia y la integridad territorial. El artículo tercero confirmaba la religión del Estado, y el cuarto garantizaba la instrucción primaria y promovía la superior.

El

artículo

quinto

hacía

referencia

a

la

independencia del poder judicial, reservando al Ejecutivo el derecho de velar por la recta administración de justicia. El artículo sexto mantenía la vigencia de los códigos civiles y penales. El artículo sétimo se ocupaba de proteger la seguridad personal, el honor, la igualdad ante la ley y las El dictador Piérola, 1880.

diversas libertades (de imprenta, industria y asociación). El

artículo octavo contenía la disposición marcial de juzgar y sancionar con pena capital la cobardía, deserción, peculado, cohecho y bandolerismo durante la guerra. En ese sentido, el Estado se convertiría en propietario de los bancos y sociedades anónimas, que fuesen propiedad de los sentenciados con pena capital. El artículo noveno ordenaba premiar las virtudes cívicas y acciones heroicas. Asimismo, el artículo décimo creaba el Consejo de Estado, integrado por el arzobispo, presidente del Congreso de Juristas, presidente de la Corte Suprema, presidente del Tribunal Mayor de Cuentas, prior del Consulado, rector de la universidad, y otros seis consejeros nombrados por el Jefe Supremo, entre los cuales habría un general. De acuerdo con el artículo once, el gobierno pediría el voto consultivo de dicho Consejo en asuntos que le fuesen requeridos. Este ejercería también funciones de tribunal de apelación y última instancia en asuntos contenciosos administrativos. Finalmente, el artículo doce limitaba su vigencia hasta el momento en que se restablecieran las instituciones de la República133.

Estatuto Provisorio… 1880, pp. 5-12. La autoría del Estatuto Provisorio fue atribuida al Secretario de Relaciones Exteriores y Culto, Pedro José Calderón, por el furibundo antipierolista, Manuel Atanasio Fuentes. Anteriormente, Antonio Arenas habría preparado un proyecto, que fue desechado porque el de Calderón era “el más embrollado e incompleto y el más eficaz para moralizar el país y reprimir el robo (por menor)”. Fuentes 1881, p. XX. 133

Las principales preocupaciones en materia económica del dictador Piérola fueron el saneamiento de la situación jurídica de los ferrocarriles y el restablecimiento del crédito peruano en Europa. Ambos asuntos estaban íntimamente vinculados y solucionarlos demandaba una habilidad de negociación extraordinaria. La inconclusa red ferroviaria, deteriorada por las lluvias e inundaciones de 1877 y 1878, se hallaba en manos de los representantes de Henry Meiggs y otros contratistas menores, y constituía para el Estado un capital fijo de modestos rendimientos. Por otro lado, el boicot chileno y las tensas negociaciones con los bonistas ingleses frustraban cualquier posibilidad de firmar un contrato definitivo para la cancelación de la deuda externa, todo ello mientras los bonos peruanos alcanzaban una cotización deplorable.

Por entonces, los esfuerzos de Piérola se orientaron a conseguir un acuerdo con los bonistas ingleses para entregar los ferrocarriles en pago de los empréstitos contraídos en 1869, 1870 y 1872. El decreto del 7/I/1880134 propuso a los bonistas convertir sus títulos de la deuda externa peruana en acciones de ferrocarriles nacionales consolidando así en una sola masa los bonos de 1870 y 1872 y los emitidos para financiar la construcción del ferrocarril Pisco-Ica. Como esta operación dejaba a los bonistas en condición de propietarios de las vías férreas, el objetivo del dictador consistía en lograr que éstos reconocieran el “costo efectivo” de los ferrocarriles y los cambiaran por títulos a la par. Sin embargo, calcular el valor del sistema ferroviario aparecía como una tarea muy compleja dado el estado en que se hallaban las líneas bajo la administración de diversos empresarios. No cabía duda que para hacer un estimado cuantitativo era inevitable estudiar la situación de los contratos de construcción. Por Ese mismo día, Piérola firma un contrato con la Casa Dreyfus reconociendo una deuda fiscal por £ 4’000,000, la cual sería pagada con nuevos cargamentos, perjudicando así las operaciones de la Peruvian Guano Company. En abril de 1884, Mr. Oulif, abogado de esta empresa exhibió en la 1ª Sala de la Corte de Apelaciones de París varias cartas enviadas por Dreyfus, entre enero y abril de 1880, a su agente limeño, Federico Ford, donde informa haber dado fondos a Bessemes, seudónimo de Piérola, a cambio de un contrato entregándole todo el guano existente en el Perú. Oulif dijo también que el Ministro peruano en Francia, Toribio Sanz, usó los seudónimos Basilio y Academia cuando intervino en estas negociaciones. El abogado de Dreyfus, Mr. Betoland, respondió que entre los banqueros usar seudónimos no era un acto doloso, sino práctica habitual para ocultar a sus empleados la identidad de sus socios y clientes. Aclaró además que el dinero fue entregado al Estado para gastos de guerra y no para beneficiar a funcionario alguno. “La Peruvian, Piérola y Dreyfus”, en El Comercio, 19 de junio de 1884. Por otro lado, en Lima, el diario La Tribuna denunció la extraña desaparición de documentos referidos al citado contrato.

Piérola negó todas estas acusaciones amenazando con enjuiciar a la gente calumniosa que estaba detrás de ellas. “Inserciones”, en El Comercio, 21 de junio de 1884.

134

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entonces la renta por arrendamiento ferroviario apenas llegaba a 178,210 soles, es decir el 11.6% de los 15’267,698 soles que se había proyectado como ingreso total en el Presupuesto Nacional del bienio 1879-1880.

Para elaborar un informe sobre este asunto fue creada la comisión ad hoc

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integrada por Manuel Santos Pasapera y Pedro Noriega. El trabajo de ambos sería calificado más tarde por José M. Rodríguez, como la verdadera y sucinta “historia financiera de los ferrocarriles”135. Los comisionados plantearon la recuperación estatal de los ferrocarriles para luego ofrecerlos a los bonistas u otros empresarios previa liquidación de cuentas. Este asunto constituía en realidad el principal obstáculo para lograr su transferencia al capital extranjero, pues cada una de las anotaciones contenidas en el informe de Pasapera y Noriega revelaban la negligente y dolosa forma en que el fisco entregó dinero a los contratistas sin exigirles rendición de cuentas, devolución de los fondos mal empleados y mucho Manuel Santos Pasapera

menos haber fiscalizado las obras. Mientras tanto, los

bonistas no sintiéndose obligados a escuchar las propuestas del dictador, tuvieron durante la guerra una serie de conversaciones con los chilenos136.

Por esa misma época, se iniciaron una serie de negociaciones entre los secretarios de Estado y John G. Meiggs, apoderado de la Compañía del Ferrocarril de La Oroya y Mineral de Pasco, para la firma de un nuevo contrato modificatorio de las condiciones pactadas en el precedente de 3/II/1877 sobre la prolongación del Ferrocarril Central desde Chicla hasta La Oroya y Cerro de Pasco, el término del ferrocarril mineral de Pasco, la obra del socavón de Rumiallana y la explotación de las

Rodríguez 1916, tomo XIV, p. 18.

En mayo de 1886, Sir Henry Tyler en carta al Conde de Rosebery criticaba la persistente negativa de los chilenos para destinar mayores fondos al pago de la deuda peruana. Según Tyler, entre 1880 y 1884, el salitre arrebatado al Perú le produjo a Chile una renta de £ 20´000,000, y sin embargo, se rehusaba a mejorar el fondo de servicio de los bonos peruanos. “El comité de tenedores de bonos peruanos”, en El Comercio, 30 de mayo de 1886. El ministro chileno en Londres, M. Vicuña, rechazó dicho cálculo y redujo los ingresos salitreros de su país a solo £ 3´400,000, suma insuficiente, según dijo, para cubrir los gastos de guerra ascendentes a £ 20´000,000. “Los reclamos de los tenedores de bonos peruanos”, en El Comercio, 7 de junio de 1886.

135 136

minas en dicho asiento. En solo dos días, el 13 y 14 de enero, fueron firmados dos contratos, el primero modificatorio del anterior de 1877, y el segundo que pactaba el arrendamiento del Ferrocarril Central Trasandino. La historia de estos acuerdos se resume de la siguiente manera: John G. Meiggs, apoderado de la citada compañía presentó al Secretario de Hacienda y Comercio, Manuel Barinaga, una propuesta de contrato dividida en tres capítulos y 26 artículos para la obra del Ferrocarril Central y el socavón de Pasco. Ésta sería aprobada mediante resolución suprema del Secretario de Fomento e Industria, Mariano Echegaray, quien luego la derivó al Subsecretario de Administración, Juan de Dios Rivero, para formular la escritura respectiva.

Aparentemente, el texto había sido discutido antes, pues los funcionarios se jactaban de que recogía las modificaciones solicitadas por el gobierno, así como la declaración de nulidad del lesivo contrato de 1877 apenas fuese puesto en vigencia el de 1880.

Fue así como el 13/I/1880, la dictadura pierolista y la Compañía del Ferrocarril de La Oroya y Cerro de Pasco representadas por el Subsecretario Rivero y John G. Meiggs respectivamente, suscribieron contrato modificando las condiciones pactadas en el de 3/II/1877, a fin de prolongar el ferrocarril de La Oroya y Cerro de Pasco desde Chicla y construir el socavón de Pasco. El Capítulo I del nuevo acuerdo establecía los derechos y obligaciones de la Compañía del Ferrocarril de La Oroya y Mineral de Pasco en cuanto al término y explotación del ferrocarril central. La empresa se comprometía a construir el tramo La Oroya-Pasco en tres años, contados desde el inicio de la construcción de la sección Chicla-La Oroya y según el trazo más conveniente. El privilegio sobre esta sección sería de 25 años conservando la propiedad de ella por 99 años. Esta situación podría extenderse a la sección Chicla-La Oroya si en el plazo de dos años los bonistas ingleses no hubiesen emprendido su construcción.

Había también permiso para tender ramales a Jauja, Tarma o Chanchamayo, pero caducaría cinco años después de terminada la sección La Oroya-Pasco, la cual cobraría las mismas tarifas que la de Callao-La Oroya.

El Capítulo II abordaba la obra del Socavón de Pasco. En este caso, la empresa se comprometía a desaguar las minas según el plano aprobado por el gremio minero (1861) con las modificaciones introducidas en 1877. Los trabajos terminarían dos años después de abrirse el ferrocarril al tráfico. De acuerdo con la legislación

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minera, la empresa adquiriría la propiedad de todos los terrenos no amparados a la fecha, así como la potestad de denunciar todas las minas que no hubiesen pagado su contribución respectiva. En adelante no podría hacerse ningún nuevo denuncio minero Página | 78

dentro de la zona concedida a la empresa. Ella tendría derecho a usar la bomba existente en la lumbrera de Yauricocha, y colocar más bombas donde fuesen necesarias.

Igualmente usaría sin costo alguno el socavón de Quinlacocha y sus ramificaciones, y las lumbreras de Mesapata, Yauricocha y Huancapucro con las máquinas existentes. La empresa compensaría a quienes perdían sus minas entregando parte de las ganancias, a razón de 5% en los primeros diez años y 2.5% en los restantes. Si algún otro propietario decidiese traspasar su mina a la empresa, ésta debería cederle en compensación el 25% de lo extraído. El Capítulo III concedió la libre importación de materiales ferroviarios (locomotoras, rieles, carros, etc.) y de explotación minera (máquinas de vapor, dinamita, cables, etc.), por el tiempo que demandase la prolongación del ferrocarril a Cerro de Pasco y la recuperación productiva del socavón de dicha ciudad. Además, y esto es muy importante, se autorizaba a la compañía para transferir el contrato íntegro o alguna de sus partes a cualquier persona o sociedad con el fin de obtener fondos para las obras proyectadas. Esta cláusula permitió a John Meiggs especular con la cesión de su contrato, que finalmente fue transferido a Michael Grace.

Meses después, el 14/IV/1880, John Meiggs suscribió con el Subsecretario Rivero nuevo contrato de arrendamiento de la sección Callao-Chicla del Ferrocarril Central por el plazo de diez años. El gobierno consideraba esta acción como un hecho provisorio, pues su real interés era entregar la línea a los bonistas ingleses, No obstante, hasta que ello se lograse no podía continuar administrándolo bajo los términos del contrato de 1877. La merced conductiva se fijó en £ 5,000 anuales, rebajándose además las tarifas en 50% mientras subsistiese la situación bélica (ver cuadro 9). La empresa asumía los gastos de explotación y conservación, pero quedaba liberada de todo tipo de impuestos. Por su parte, el gobierno se comprometía a reparar los daños causados por hechos fortuitos (terremotos, inundaciones, etc.). John Meiggs obtuvo también que el Estado le reconociera un crédito de £ 35,607 por obras realizadas anteriormente, sumas que sería canjeada por siete años de merced

conductiva. En caso no hubiese arreglo con los bonistas, la empresa podría comprar la línea Callao-La Oroya pagándolo con bonos de la deuda externa.

CUADRO 9:

Página | 79

TARIFAS DEL FERROCARRIL CENTRAL – SECCIONES CALLAO-CHICLA Y CHICLA-PASCO – 1880137 SECCIÓN CALLAO-CHICLA PASAJES 1a. Clase

FLETES 1ª. Clase

2a. Clase

3ª. Clase

Callao-Chosica

3 centavos

1.5 centavos

2a. Clase

12

10

8

Chosica-Chicla

6 centavos

4 centavos

18

16

14

SECCIÓN CHICLA-PASCO (EN PROYECTO) Chicla-Cacaracra

6

4

18

16

14

Cacaracra-Cerro

4

2

16

14

12

de Pasco

La dictadura debió afrontar varias reclamaciones pendientes por parte de los arrendatarios de ferrocarriles, que alegaban inejecución de sus contratos. Fueron comisionados entonces Carlos Elizalde, Pedro Noriega y Manuel Santos Pasapera138, encargándoles el examen de los contratos originales y las diversas modificaciones celebradas posteriormente, para que con dicha información establecieran el valor y temporalidad de las obligaciones pendientes y liquidaran cuentas con quienes resultasen acreedores señalando al gobierno la forma más conveniente de extinguir aquellas deudas. Los comisionados tendrían injerencia en la revisión de los contratos a futuro para la explotación de los ferrocarriles.

En noviembre de 1880, los chilenos habían conquistado Arica y Tacna, la llamada garganta comercial de Bolivia. Piérola sugiere entonces a John Thorndike, administrador de los ferrocarriles del sur, rebajar pasajes y fletes en los ferrocarriles del sur para favorecer la actividad comercial peruano-boliviana (ver cuadro 10). Esta

137

El Supremo Gobierno del Perú con Miguel P. Grace ... 1885, pp. 14, 47-48.

En octubre de 1880, esta Comisión entregó sus informes sobre los ferrocarriles Paita-Piura, Pacasmayo-Cajamarca, Chimbote-Huaraz y Callao-La Oroya. Después de hacer una breve reseña histórica de cada línea concluyeron recomendando efectuar una nueva liquidación de cuentas con los arrendatarios y negociar la firma de nuevos contratos en mejores condiciones para el fisco. Rodríguez 1916, Tomo XIV, pp. 181 y ss.

138

medida no era un acto aislado, pues constituía parte del plan político destinado a consolidar una entidad federativa peruano-boliviana que hiciese frente a la ofensiva chilena en nuestra región sureña.

Página | 80 CUADRO 10: TARIFAS EN LOS FERROCARRILES DEL SUR – 1880139

SECCIÓN MOLLENDO-AREQUIPA PASAJES 1a. Clase Mollendo-

5 centavos

FLETES 2a. Clase 3 centavos

Arequipa

1ª. Clase

2a. Clase

3ª. Clase

1 sol por quintal

1 sol por quintal

15 soles por

de 3 p³

de 3 p³

tonelada

SECCIÓN AREQUIPA-PUNO Arequipa-Puno

5 centavos

3 centavos

1 sol por quintal

1 sol por quintal

45 soles por

de 3 p³

de 4 p³

tonelada

1 sol por quintal

1 sol por quintal

15 soles por

de 3 p³

de 4 p³

tonelada

SECCIÓN CUZCO Juliaca-Santa Rosa

5 centavos

3 centavos

Ese mismo mes, cuando se anunciaba la inminente invasión chilena de Lima, la dictadura se apresuró en dar nueva comisión a Manuel Pasapera y Pedro Noriega, para definir los términos de una liquidación de cuentas definitiva con la compañía del Ferrocarril Central. Los comisionados hicieron importantes observaciones jurídicas sobre la irregular forma en que Henry Meiggs había transferido en 1877 sus derechos y obligaciones a otra sociedad, integrada por asociados suyos, con el visto bueno del gobierno de Prado. Esa maniobra tuvo como propósito que sus herederos no establecieran una relación directa con el Estado, sino a través de un directorio ejecutor, pues de esa manera sería más fácil para ellos cobrar los créditos activos y eludir la cancelación de los pasivos. La comisión consideraba ilógico que habiéndose celebrado varios contratos no se hubiese formado una cuenta para cada uno de ellos, sino que se refundieron en una sola todas las cifras. La responsabilidad por este desatino, era tanto del contratista, quien había aplicado los fondos de un ferrocarril para construir otros, como del gobierno por disponer del fondo de garantía asignado a estas obras.

139

“Ferrocarril de Mollendo a Arequipa. Tarifa de pasajes y fletes”, en El Comercio, 31 de agosto de 1886.

En el segundo semestre de 1880, el dictador estuvo abocado a consolidar la alianza con Bolivia. Este objetivo resultaba muy complejo, porque desde inicios de la guerra, ciertas facciones bolivianas establecieron cercanía con los chilenos, y llegaron incluso a proponer la entrega de su litoral, a cambio de que éstos le cedieran las provincias peruanas de Tacna y Arica. Entre quienes participaron en esa clase de humillantes conversaciones estaban Casimiro Corral, el coronel Belisario de Canseco, Gabriel René Moreno, Luis Salinas Vega, e incluso el presidente Hilarión Daza. El viaje del presidente Prado al teatro de la guerra impediría que prosperara esa política antiperuana140. Conviene recordar que en la coyuntura de la guerra con Chile, los partidos bolivianos se dividieron en dos tendencias: los antimilitaristas y conservadores, liderados por el vicepresidente Aniceto Arce, opuesto a continuar la guerra y partidario de arreglos lesivos al Perú. Éstos tenían mayor intercambio mercantil con mercados argentinos y chilenos. En cambio, los guerristas o caudillistas, proponían proseguir la guerra y afianzar lazos con el Perú. Asimismo, mayormente procedían de La Paz y mantenían vínculos comerciales con el sur peruano141.

Con todo, Piérola quiso mantener la unidad de la alianza a través de dos acciones vinculantes: restablecer los sueños bolivarianos integracionistas andinos, recuperando el núcleo tradicional de poder político y económico en Sudamérica, y basado en lo anterior vencer al invasor chileno142. El apoyo del presidente boliviano, Narciso Campero, a estos planes fue aprovechado por el dictador para proponerle la creación de los Estados Unidos Peruano-Boliviano. De esa manera, el 11/VI/1880, ambos países suscribieron el protocolo preliminar que sentaría las bases de la unión federal. Este documento pretendía consolidar la paz interna y proveer la seguridad de la paz exterior, así como velar por la independencia y libertad de las presentes y futuras generaciones.

Más allá del positivismo declarativo de este acuerdo, existen serias dudas sobre su operatividad, pues pocos días antes, los líderes políticos y militares aliados no habían sido capaces de colaborar con las tropas de Francisco Bolognesi en la defensa de Arica.

Bonilla, Heraclio. “Bolivia: Los dilemas de su participación en la Guerra del Pacífico (1879-1884)”, en Chaupis y Rosario (compiladores) 2007, p. 66.

141 Irurozqui, Martha. “Los unos y los otros. Estrategias partidarias en Bolivia. 1880-1899”, en Barragán y otros (compiladores) 1997, p. 684.

142 Chaupis, José. “Perú, Bolivia y Nicolás de Piérola en la Guerra del Pacífico”, en Chaupis y Rosario (compiladores) 2007, p. 73.

140

Página | 81

Las bases federativas pierolistas fundaban la identidad supranacional en elementos como la historia, geografía, solidaridad, seguridad, estabilidad, bienestar, desarrollo, etc. En ese contexto, cuando Perú y Bolivia formasen una sola nación, los Página | 82

departamentos de ambos países se transformarían en estados federales con leyes propias que no se opusieran a las de la Federación. El gobierno de dicha entidad se sostendría en la división y autonomía de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El Congreso sería bicameral con diputados nacionales y dos diputados por cada estado, que ejercerían sus cargos durante seis y cuatro años respectivamente. En lo económico, la Unión se sostendría con aranceles de importación y exportación, venta o locación de tierras nacionales y contribuciones generales indirectas y otros impuestos. Pero lo más importante era la declaración de libertad económica y supresión de aduanas entre ambos países. Estas bases preliminares serían sometidas a ratificación de los parlamentos peruano y boliviano. El 16/VI/1880, en mensaje ante el Consejo de Estado, Piérola exaltó el carácter libertario del nuevo Estado nacional. Centralismo interno y federalismo externo no eran necesariamente incompatibles, en tanto la toma de decisiones se concentrara en los tres poderes supremos del Gobierno Nacional de la Federación. Este discurso pierolista, según los consejeros peruanos, fortalecería la cohesión nacional a través de un cuerpo federativo. En julio de 1880, este proyecto quedó expedito para someterse al voto plebiscitario de los ciudadanos en ambos estados. Sin embargo, los opositores internos y la campaña de desprestigio emprendida por Chile sembraron el divisionismo y la desazón, a pesar de la propaganda desplegada por la colonia peruana en La Paz y un sector de la prensa boliviana143.

Hacia finales de 1880, mientras la minoría de la Convención boliviana dilataba por todos los medios la aprobación del pacto confederado, el dictador organizaba febrilmente el anillo defensivo que opondría Lima a los invasores chilenos.

Poco antes de las batallas de San Juan y Miraflores, el temor y patriotismo se mezclaban en el espíritu de los capitalinos. El 18/XII/1880, en carta enviada a su esposa, Manuel Candamo narraba la carestía de víveres soportada por la población, debido a que el

Chaupis, José. “En defensa de la alianza: Piérola y Bolivia durante la Guerra del Pacífico”, en Historias 2008-2009, pp. 104-109.

143

cambio había caído hasta 2.75 peniques por sol. Esa situación trajo consigo el aumento de sueldo de los empleados y pensionistas “en cuatro veces lo que ganaban”, por lo que “… agradecidas las viudas a la magnanimidad de Su excelencia el Jefe Supremo han formado una suscripción para formar un Te Deum, que tendrá lugar en el templo de La Merced con gran pompa y aparato el 23 del Página | 83 presente, aniversario de la proclamación de la dictadura del señor don Nicolás de Piérola”144.

La heroica, pero desastrosa defensa de Lima, fue resultado de la improvisación logística, las rencillas entre los jefes militares, y sin duda, el empecinamiento del dictador por diseñar estrategias bélicas inconvenientes. No obstante, varios observadores neutrales de estos hechos calificaban de injustas y hasta procaces las acusaciones contra la supuesta incompetencia de Piérola145. Entre quienes elogiaban su “energía, actividad y coraje” se hallaron el general ecuatoriano Francisco J. Salazar, el teniente de navío francés M. Le Leon, el marino norteamericano Theodorus B.M. Mason, el colombiano Vicente Holguín, el corresponsal de El Heraldo de Valparaíso y Daniel Riquelme146. Asimismo, Ricardo Palma en carta enviada a Piérola el 8/II/1881, lo exculpa de las derrotas en Miraflores, porque a la hora de cumplir el deber “hasta sus edecanes dieron muestra de ruindad abandonándolo cobarde y miserablemente a los primeros disparos del enemigo (…) por esos menguados cosecha la nación luto e ignominia”147.

El Consejo de Guerra estaba decidido a proclamar la rendición, alegando escasez de soldados, pero el dictador traslada las armas de los reservistas limeños a la sierra, donde organiza nueve legiones. Antes de subir por Canta hacia Jauja, ordena hundir las naves peruanas ancladas en el Callao. Los chilenos desconocen la autoridad Puente Brunke (editor) 2008, p. 156.

El 9/IX/1881, en mensaje leído ante la Asamblea de Ayacucho, Piérola asumió la responsabilidad por los desastres de San Juan y Miraflores, señalando que en su condición de jefe toda derrota gravitaba sobre su persona. Dulanto 1947, p. 271. Más tarde, su apologista y biógrafo, Felipe Cazeneuve, tratará de revertir ese demérito de Piérola, afirmando haber visto una carta dirigida por el Presidente chileno, Domingo Santa María, al colombiano Ricardo Becerra, señalándole que “por Piérola Chile ha sacrificado para hacer su conquista 10 millones de pesos y 6 mil hombres”. Cazeneuve 1895, p. 22. En ese mismo sentido, José de la Riva Agüero, lo elogiaba por hacerse cargo del país cuando todos estaban desalentados, lo cual fue “un acto de patriotismo, que casi merece el calificativo de heroico”. Añade que sin su entusiasmo y actividad de caudillo no habría podido oponerse resistencia a los chilenos, por lo tanto, “cuales hayan sido las faltas políticas y militares del Dictador, hay que atender a sus esfuerzos e intenciones”. Riva Agüero 1910, p. 536.

146 López Martínez 1981, pp. 12-13.

147 Palma 1979, p. 19.

144 145

de Piérola, fomentan la guerra civil y establecen el gobierno de La Magdalena (12/III/1881), con el fin de que éste pactara la cesión de Tarapacá. En respuesta, el dictador declara sede del gobierno al lugar en que se encontrase y comunica al alcalde Página | 84

capitalino, Rufino Torrico, que retomara las conversaciones de paz a través del cuerpo diplomático. Al mismo tiempo, divide el país en tres regiones político-militares con sus respectivos jefes: sur (Pedro A. del Solar), Centro (Juan M. Echenique) y norte (Lizardo Montero). Atendiendo la sugerencia de monseñor, Manuel del Valle, convoca una Asamblea General de los pueblos no ocupados por Chile (289)148.

A mediados de 1881, viaja a Bolivia y firma tratados con el presidente Narciso Campero, que debían facilitar la compra de armas en Argentina149, y la ejecución de un ataque conjunto sobre Antofagasta-Tarapacá y Tacna-Arica, por parte de tropas bolivianas y peruanas, respectivamente. Ello forzaría la salida de los chilenos hacia el sur, permitiendo la ocupación de la capital por el ejército de Andrés A. Cáceres. El 28/VII/ 1881 inaugura la Asamblea Nacional en Ayacucho, y dimite de sus funciones públicas, censurando al “fantasma de gobierno en Lima”, compuesto por “elementos dañados que toda sociedad encierra en su seno”. Aunque, los asambleístas le otorgan la presidencia del Perú, ésta se hallaba bastante debilitada por Narciso Campero

los tratos sostenidos entre el gobierno de La Magdalena y los

Dulanto 1947, pp. 287-289.

La confianza excesiva de Piérola en el gobierno boliviano fue criticada incluso por colaboradores suyos, como Ricardo Palma. No en vano, éste le remite carta el 8/II/1881, advirtiéndole de la actitud incierta de Bolivia. El texto ponía énfasis en la conducta del vicepresidente, Aniceto Arce, jefe del partido rojo, que abogaba por entenderse con Chile y apoderarse de Arica. Tampoco esperaba mucho del presidente Campero, pues su “debilidad nos ha sido y será funesta”. Palma 1979, p. 21. Estas dudas pronto se hicieron realidad, cuando Arce, en carta enviada el 5/III/1881 al Ministerio de Gobierno de su país, propuso asociarse con Chile “para asegurar sus conquistas”. En respuesta, el presidente Narciso Campero ordenó desterrarlo del país, pero desde el exilio, Arce lo atacó calificándolo de “instrumento dócil del Perú” y responsable de la ruina de su Patria. Ahumada 1982, tomo V-VI, pp. 303-304. Por ello, Palma en nueva carta del 11/VII/1881, le transmite los rumores de que la Convención boliviana “no se juega limpio”, y que probablemente saliera con “algún pastel que complique la situación”. Palma 1979, p. 56. Por su parte, Arce continuó su campaña anti-peruana publicando en El Comercio de La Paz, dos artículos los días 3 y 13 de setiembre de 1881, reiterando su deseo de que Bolivia accediera a las provincias de Tacna y Arica, que ya estaban en poder de Chile, porque de esa manera lograrían desarrollar su comercio y engrandecer como nación. Irurozqui 1994, p. 60.

148 149

jefes militares del norte, centro y sur. Precisamente, entre octubre y noviembre de 1881, estos tres ejércitos admitieron la presidencia de Francisco García Calderón150.

Deseando evitar la guerra civil, Piérola redacta un manifiesto en Tarma, por el cual renuncia al gobierno y hace votos para que la Providencia salve al país “del abismo abierto ante ella por sus propios hijos”151.

A comienzos de 1882, regresa derrotado a Lima y plantea un acuerdo nacional para insistir en lograr la paz sin ceder territorio.

Meses antes, García

Calderón había hecho la misma propuesta siendo desterrado a Chile. La frustración de sus tratos con los civilistas, lo convence de fundar un nuevo partido. El 25/I/1882 dirige una circular reclamando la acción colectiva para reconstruir el país.

El 11/II/1882

anuncia la organización del comité directivo del Partido Nacional, integrado por Aurelio García y García, Antonio Arenas, José Antonio de Lavalle, Lino Alarco y Rufino Torrico, actuando como secretarios, Manuel Pablo Olaechea, Ricardo Palma y Eduardo Villena, mientras el Comité Consultivo quedaba a cargo de Manuel Barinaga, Manuel Jesús Obin y Carlos de Piérola. Este llamamiento fue contradicho por los periodistas Maximiliano Frías y Julio Hernández, redactores del diario cajamarquino La Reacción, quienes culpaban a Piérola de la derrota militar, a

Manuel Pablo Olaechea

causa de haberse rodeado de gente inepta y guiarse por el empirismo. Ellos preferían respaldar al gobierno de Lizardo Montero y restablecer la vigencia de la Constitución de 1860. Asimismo, creían oportuno procurar la reunión de los pueblos provincianos en “asambleas plebiscitarias, que tengan una idea común, idénticos propósitos y solidaridad completa en todos sus actos y aspiraciones”, rechazando con severidad la actividad de los caudillos152.

Más tarde, en proclama escrita en Casapalca el 6/I/1882, Cáceres acusaría a Piérola de haberse aliado con los chilenos y estorbar la resistencia que él lideraba, provocando la deserción de sus tropas. Ahumada 1982, tomos V-VI, p. 444.

151 Susto 1895, p. 7. En el Mensaje leído en 1881 ante la Asamblea Nacional de Ayacucho, Piérola había dicho que al retornar a su condición de simple ciudadano, sentía satisfacción de lo realizado por la Patria.

Por ello, entregaba el país “vencido en el campo de batalla, pero digno de sí mismo, de pie, sosteniendo su honor y sus derechos”. Piérola 1881, p. 11.

152 La Gran Cuestión Nacional 1882, p. 26 y ss.

150

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Desalentado por la tenaz oposición a sus proyectos, emprende viaje a Europa el 5/IV/1882. En dicho continente,

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oficiales para su oferta de paz con indemnización. Durante su estancia francesa, Dreyfus lo lleva como testigo de parte ante los tribunales en el juicio que le siguen los bonistas y la Compañía Peruana de Guano. Cumple entonces el papel de aliado del citado banquero declarando que el Perú estaba en deuda con él, y por ese motivo suscribió los decretos

Nicolás de Piérola, 1883.

visita París y Londres buscando ganarse el apoyo de los círculos

dictatoriales de 1880. Entre tanto, los peruanos apresados en Angol por el gobierno chileno, recelaban de las intenciones políticas de Piérola. Por ejemplo, Manuel Candamo en carta escrita el 15/XI/1882, da cuenta sobre rumores de un inminente regreso del ex–dictador para “formar un gobierno con protección de los chilenos y ceder a todas sus exigencias; y dudo aún más que ese gobierno extendiese su acción más allá del alcance de las bayonetas enemigas”. El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Luis Aldunate, había contemplado esa opción dos meses antes, y así lo hizo saber a su similar en Francia, Alberto Blest Gana, asegurándole que Piérola volvería “dispuesto a firmar la paz con Chile en las condiciones señaladas por nosotros”, precisando que lo haría por “sugestiones de la Casa Dreyfus, la cual poco preocupada del interés nacional del Perú, se esfuerza solo porque su agente y su consorcio recupere el gobierno de aquel país, a fin de afianzar el reconocimiento de sus créditos y obtener su pago”153.

Eso mismo pensaba, el empresario Charles Watson, porque mediante carta del 23/II/1883 sugería a John Meiggs entrevistarse con Piérola y aconsejarle la fusión de su partido con el de García Calderón para lograr la paz definitiva154. Estas especulaciones inundaban el país acentuando la anarquía impuesta por dos gobiernos paralelos: el de Montero en Arequipa y el de Iglesias en Cajamarca. El grito de Montán (31/VIII/1882) lanzado por este último con el fin de pactar la paz con cesión territorial causó confusión entre los pierolistas. El ex–dictador en entrevista concedida a La 153 154

Puente Brunke (editor), 2008, p. 203.

Salinas 2007, p. 289.

Estafeta de París el 20/VIII/ 1883, ratificó su rechazo a la consumación de un acuerdo ominoso para el Perú155. Sin embargo, Iglesias firma el Tratado de Ancón (20/VIII/1883), logrando ratificarlo el 8/III/1884 con votos de varios pierolistas156. Después de un breve paso por Estados Unidos, Piérola arriba al Callao ese mismo día. En julio de dicho año, reúne al comité directivo del Partido Nacional, desaprueba el tratado y presenta su renuncia para dedicarse a constituir una nueva institución política denominada Partido Demócrata157. De acuerdo con el manifiesto fundacional estaría abierto a todas las clases sociales, y trabajaría para redactar una nueva Constitución adecuada a las necesidades del país, y garantizadora del desarrollo y el bien público. Estos proyectos fueron cortados abruptamente por Iglesias, quien el 5/IX/1885 exiló al caudillo, bajo sospecha de que fomentaba los afanes conspiradores de los demócratas.

Antes de estudiar la actividad de Piérola durante los años de la reconstrucción nacional, debemos hacer algunas observaciones sobre el manejo de la prensa y del problema indígena durante la dictadura. En el primer punto, el gobierno en campaña requería de apoyo mediático, toda vez que la mayoría de la prensa era férrea opositora de la gestión dictatorial. En ese sentido, el diario oficial El Peruano cumple la función “cívico-militar” de impedir la expansión del clima de zozobra e inquietud. Esto debía plasmarse a través de la manipulación informativa, a fin de minimizar las derrotas y sobredimensionar las victorias. Del mismo modo, debía mostrarse la justeza de la posición peruana en los periódicos internacionales. En esa tarea destacó Luis Enrique Ese reportaje fue reproducido por El Comercio en su edición del 21/II/1884. Sin embargo, en entrevista posterior concedida al New York Herald, Piérola adujo “que sus puntos de vista habían sido tergiversados”.

Basadre 1971, tomo II, p. 541. Conviene recordar que en ciertas ocasiones, Piérola acudió a la fórmula de negar sus opiniones o escritos para eludir incómodos cuestionamientos.

156 El caudillo no quiso comprometerse con esta controvertida decisión de Miguel Iglesias, quien había sido su Secretario de Guerra durante la dictadura. En entrevista brindada a La Estafeta de París el 22/XI/1883, preguntado si tenía alguna influencia sobre Iglesias, respondió que solo era amigo suyo, y que no había influido en la conformación de su gobierno. Reconoció que varios miembros del Partido Nacional integraban los ministerios del mismo, pero bajo la promesa de que las negociaciones con Chile se harían en buenos términos, y serían sometidas a ratificación legislativa. “El Perú y el General Piérola”, en La Estafeta de París, 22 de noviembre de 1883.

157 A mediados de 1884, Piérola aparecía como la mejor opción presidencial. De ello estaba convencido Michael Grace, pues en carta remitida el 7/VIII/1884 a Edward Eyre, afirma haber dado un adelanto de mil libras a Monocle [Piérola] “en vista de los muchos servicios que hemos recibido hasta ahora de sus manos, y consideramos sería una política muy mala negarle esa cantidad pues es líder de un gran partido político y en cualquier momento futuro puede que vuelva a estar arriba”. Quiroz, Alfonso. “Las actividades comerciales y financieras de la casa Grace y la Guerra…”, en Histórica 1983, Vol. VII, p. 239.

155

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Márquez en Panamá, quien asegura la neutralidad del istmo relevando su condición de puerto de libre tráfico. Con todo, la urgencia de acallar las críticas y denuncias trajo consigo el cese de la libertad de prensa. Esta medida draconiana, impuesta por el Página | 88

artículo 7º del Estatuto Provisorio, exigía la firma de los artículos por sus autores, argumento empleado para finalmente atemorizar y encarcelar temporalmente a los directores de los diarios158. La invasión de Lima por los chilenos motivó el cierre del diario oficial, que no resurgirá sino hasta el 21/IX/1882 en Arequipa, al amparo de la presidencia de Lizardo Montero. En esa nueva etapa informaba sobre los actos administrativos de la misma, los triunfos guerrilleros de la sierra, el rumbo de la alianza con Bolivia y el envío de ayuda desde los departamentos no afectados por la guerra hacia los que lo estaban159.

En cuanto al segundo punto, la dictadura “reinventa” nuevamente la política oficial en cuestión indígena. Esa vez bajo el influjo de las armas y como parte del esfuerzo peruano por defenderse de los invasores. Piérola estuvo persuadido de que la resistencia y triunfo peruanos, solo era posible movilizando a las poblaciones serranas detrás de la guerra160. Este propósito no pudo lograrse completamente, pero la sierra terminó conmocionándose en conflictos internos que afectaron a los terratenientes locales. A fines de 1879, cuando la guerra aún no llegaba a la capital, el dictador exigió a las burocracias provinciales cobrar “impuestos de guerra” a los indígenas y reclutarlos, con lo cual pasaron a sostener la defensa nacional. La confianza estaba puesta en la lealtad indígena no desde el punto de vista de la ciudadanía, sino ajustado a las prácticas del “absolutismo paternalista”. El “Protector de la Raza Indígena” convocaba a “sus” indios para que se sacrificaran por la Patria, prometiendo a cambio defenderlos de los Colán Torres, Martín. “Piérola y la prensa durante la Guerra del Pacífico (1879-1880)”, en Chaupis y Rosario (compiladores) 2007, pp. 171-172.

159 Rosario, Emilio. “La voz de todos los peruanos. El diario “El Peruano” y la Guerra del Pacífico (18791883)”, en Chaupis y Rosario (compiladores) 2007, pp. 198-199.

160 Esta idea no era exactamente novedosa, pues Sebastián Lorente la había expuesto veinte años antes, dentro de un estudio sobre el ferrocarril de La Oroya El informe presentado por Lorente el 28/VII/1859, ratificó la importancia de procurar una rápida y cómoda comunicación entre Lima y la sierra central.

Gracias al ferrocarril serían suprimidas las distancias entre las ciudades costeras blancas y las serranas indígenas, procurándose la fusión racial e integración política, elementos básicos para forjar el sentimiento de unidad nacional. Fortalecida la nacionalidad peruana mediante la fuerza del vapor, en pocas horas el gobierno podría bajar a la costa miles de soldados si la capital estuviera en inminente peligro de guerra exterior. Lorente, Sebastián. “Ferrocarril de Jauja”, en El Peruano, 20 de agosto de 1859.

158

tiranos locales161. Este tardío experimento pierolista del paternalismo coercitivo, dejaba en evidencia la forma en que algunos integrantes de la oligarquía costeña entendían las bases de su propia legitimidad y autoridad sobre la sociedad indígena. El paternalismo dictatorial era una retórica vacía, pues no implicaba reforma legal alguna que restaurara los derechos o privilegios comunales. Los propios soldados indígenas rompieron el mito del “protectorado” y revivieron la retórica de la igualdad y la ciudadanía. Poco después, el acercamiento del tayta Cáceres con los campesinos de la sierra central, provoca serios conflictos con familias terratenientes, como la de Luis Milón Duarte162.

Muchas de ellas cimentaron vínculos con Piérola y lo acompañaron en la revolución de 1895 y su posterior gobierno, bajo el cual restablecieron su dominio del campesinado de la región central andina163.

2.2 El Partido Demócrata y la Reconstrucción Nacional En diciembre de 1885, las guerrillas de Cáceres sacaron del gobierno al presidente Iglesias. Al mes siguiente, Piérola es recibido en el Callao por miles de partidarios que, en medio de vítores lo acompañan hasta Lima. Apenas retoma funciones políticas, reorganiza el cuadro de editorialistas y redactores de su vocero, el periódico El País. En exposición leída ante el comité demócrata condena los abusos de los caceristas, y aconseja no participar en la farsa electoral que estaba montándose. Los fines perseguidos consistían en la refundación de la República y el fortalecimiento de la autoridad mediante el respeto del voto directo, pero no pensaba conquistarlos mediante la guerra civil, sino convocando una Asamblea Constituyente164. Declarada la abstención como principio encargó a sus militantes realizar el sacrificio de trabajar en

Ricardo Palma en carta del 8/II/1881, en su afán de adular la vanidad del Califa, señaló que la causa de la derrota provino de que “la mayoría del Perú la forma una raza abyecta y degradada, que usted quiso dignificar y ennoblecer. El indio no tiene el sentimiento de la Patria, es enemigo neto del blanco y del hombre de la costa y, señor por señor, tanto le da ser chileno como turco”. Palma 1979, p. 20.

162 Manrique 1987, p. 171.

163 Mallon 1995, pp. 480-481.

164 El 25/I/1886, Piérola explicó a sus partidarios, que el gobierno cacerista significaba un cambio de cosas, pero no de hombres, pues seguía rigiendo el uso de la fuerza y el imperio excluyente de un solo partido. En su opinión, Cáceres había proscrito la solución nacional por la de partido. Por ello, la próxima campaña electoral no sería de voto, sino de rifle, no de sufragio sino de sangre. Aun venciendo esos obstáculos, el país quedaría convertido en horrible escenario, y él no estaba dispuesto a derramar sangre, luego de siete años de cruenta guerra. “Actitud del Partido Demócrata”, en El Demócrata, 3 de febrero de 1886.

161

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silencio por la marcha sosegada y regular del país. Esta proclama fue difundida en hojas sueltas en varias ciudades del país. Numerosos ciudadanos acudieron a inscribirse en los comités provinciales y departamentales del Partido Demócrata.

Sin oposición organizada, Cáceres inaugura su régimen el 3/VI/1886. En

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ningún momento ocultaría su rivalidad con Piérola, y por eso impulsó la ley del 26/XII/1886, que declaraba nulos todos los actos de la dictadura y del gobierno de Iglesias. Al mismo tiempo, acusa de conspiradores a los demócratas y difunde murmuraciones acerca de una supuesta compra de armas en Valparaíso por estos. Con cierto tono conciliador, el caudillo sigue abocado a la producción de circulares sobre cuestiones políticas y económicas, mientras expresa su aspiración de educar al pueblo, e incluso prestar colaboración a Cáceres, siempre que fuese para reconstruir el país165.

Sin embargo, no deja de mencionar el carácter ilegítimo del gobierno, y la continuidad de los vicios políticos bajo el mismo166. En medio del pesar causado por la muerte de sus hijos, Raquel y Pedro Nicolás, reafirma su paciente labor de formación de líderes.

Esa tarea daría sus frutos en abril de 1889, cuando redacta una nueva Declaración de Principios, cuya principal contribución fue señalar la carencia de hábitos políticos e inexistencia de partidos con programas conocidos.

La citada Declaración no estaba concebida como programa electoral, por el contrario, dejaba de lado esa coyuntura para ocuparse de la educación política del país dando sugerencias en cuanto al establecimiento de los partidos. Este documento traía adjunto las Bases de Organización y un apéndice con la Doctrina Demócrata. Según las primeras, los demócratas se agrupaban en comités ejecutivos departamentales, provinciales y de distrito, con un comité directivo central en Lima y comités consultivos en cada departamento. Cada cierto tiempo debían convocarse asambleas regionales o una nacional. En los comités consultivos actuaban los demócratas notables de cada localidad. A su vez, los comités departamentales estarían manejados por el Presidente, El cacerismo desconfiaba en extremo de las ideas y acciones de Piérola. En 1886, un folleto cacerista denostaba a Piérola por haber llevado el culto a la persona hasta la idolatría, y utilizar la consigna para aniquilar el criterio personal. Su vacilación ante las elecciones no era vista como una conducta principista, sino gesto habitual en quien era “conspirador de oficio”. Teniendo frente a sí tres caminos: el legal, la conspiración y la abstinencia, por sus antecedentes era lógico suponer que elegiría “el campo de los trastornos”. El Manifiesto del señor de Piérola… 1886, pp. 3-4.

166 Dulanto 1947, p. 352.

165

Secretario, Tesorero y dos vocales, excepto el Central, donde habría cuatro secretarios y siete vocales, siendo presidente de éste el jefe del partido. Las asambleas regionales y la nacional acogerían delegados de provincia y departamento. En la Declaración de Principios sobresale la idea de soberanía popular, sustentada por todas las clases sociales. Sin duda, Piérola deviene en doctrinario, enemigo de las facciones y defensor de los partidos, dado que sin estos últimos era imposible la marcha de la democracia. Precisa también que el bienestar individual suponía la prosperidad común.

De esa forma, todo partido contrario a ambos propósitos era dañino y condenable167.

Recordando las viejas enseñanzas toribianas, se opone al concepto de democracia como igualdad absoluta entre los asociados, en tanto perjudicaba la libertad y esfuerzo individual y colectivo. La democracia –decía Piérola– debía reflejarse en igualdad legal y de oportunidades, condición ésta que permitiría el surgimiento de una clase superior no por el origen o poder económico, sino gracias a las cualidades y méritos personales. En lo referente a la concepción de Estado, el texto sugería adoptar un sistema federal distinto al norteamericano, capaz de facilitar el camino para constituir los Estados Unidos del Sud-Pacífico, frustrados a raíz de la guerra de 1879.

Esa forma política parecía adecuarse a la nacionalidad peruana, verdadero mosaico de razas, climas y zonas, que entorpecían la unidad y el gobierno. Asimismo, lamentaba la confusión existente de valores, que convertía lo malo en bueno y viceversa. Por ese motivo, cundía el desconcierto y engaño entre la gente, debiendo corregirse las actitudes anómalas empleando la sanción pública, enérgica y eficaz. En cuanto a los poderes estatales, daba especial importancia al Poder Electoral, residente en los ciudadanos hábiles para votar. Las elecciones fraudulentas atropellaban la voluntad de éstos y destruían la paz pública. Con esa frase aludía a la candidatura de Remigio Morales Bermúdez, incubada e impuesta desde Palacio de Gobierno. La manipulación del voto no podía justificarse invocando la insuficiente ilustración de los electores. En el Perú, la falta de educación había conducido a penosas experiencias gubernativas, pero la doctrina del Partido Demócrata señalaba los medios para enmendar el camino. La Declaración incluía la

167

Declaración… 1912, pp. 6-7.

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introducción de reformas económicas, educativas, judiciales y en todas las instituciones del Estado, así como la difusión de los valores cívicos en la sociedad168.

Desde diciembre de 1889, el diario pierolista El País desata sus críticas Página | 92 contra la candidatura cacerista de Morales Bermúdez. Todo indicaba que éste ganaría

con apoyo oficial, pues el general César Canevaro, también del mismo partido se retiró de la contienda. Los demócratas insistían en competir liderados por Piérola, a pesar de que El Comercio intentaba desprestigiar a su caudillo enrostrándole las concesiones dadas a Dreyfus. Eso mismo hizo en el Congreso, durante los debates del Contrato Grace, el civilista César Canevaro

Manuel Candamo, comparando esta operación con los beneficios concedidos al banquero francés. La idea era

descalificarlo por haber actuado desde la presidencia al servicio de una casa extranjera.

La prensa pierolista evita profundizar este asunto y prefiere responder que las deudas reconocidas por Piérola no habían sido pagadas aún, por tanto, no existía perjuicio alguno. Pero la fuerza demócrata radicaba en su arraigo popular, que fue confirmada con el desfile disciplinado de más de diez mil militantes entre la Alameda de los Descalzos y la Plaza de la Exposición. Todos ellos portaban una medalla de plata, en cuyo anverso decía “Instalación de la Primera Asamblea de Delegados. Partido Demócrata. Jefe: Nicolás de Piérola”. Ante una multitud que lo vitoreaba y saludaba con la marcha del Ataque de Uchumayo, el caudillo Piérola dijo que la mutilación y el infortunio de la guerra habían preparado las fuerzas para la reconstrucción nacional169.

El 10/II/1890 los delegados acordaron que el Comité Central directivo fuese autorizado por la Asamblea para presentar candidatos. Pronto los agentes del gobierno vieron en las reuniones demócratas la antesala de la rebelión. Temeroso de que esto fuese cierto, Cáceres ordena la detención de Piérola, que es conducido a la Intendencia el 5/IV/1890, imputado por conspiración contra el orden público. Los pierolistas reparten volantes denunciando el inminente fraude electoral y los atropellos cometidos contra ellos, reafirmando su decisión de abstenerse de contender. Para alargar el 168

Idem, p. 16 y ss.

169

Dulanto 1947, p. 364.

encarcelamiento de su líder, un decreto del 10/IV/1890 dispone someterlo al fuero militar prescrito por la ley del 26/X/1886, anulatoria de los actos de la dictadura. El 13/IV/1890 la farsa se consuma con la elección de Morales Bermúdez. Casi al mismo tiempo comienza a planearse la fuga de Piérola, el cual protegido por algunos partidarios huye la noche del 5/X/1890. Burlando los allanamientos de casas mandados por el gobierno, se mantiene clandestino hasta que en abril de 1891 reaparece en Guayaquil con el falso nombre de León Dapier (anagrama de Nicolás de Piérola)170.

Luego viaja a Panamá y París, adonde llega en julio de 1891. Su ausencia no paraliza las conspiraciones promovidas por Guillermo Billinghurst y varios demócratas desterrados en Iquique. Éstos remiten cartas a Piérola comunicándole el descontento contra la voceada alianza electoral de Andrés Cáceres y César Canevaro. En octubre de 1892, Evaristo Gómez Sánchez pierolismo el estatus de partido, pues más parecía la “sociedad devota del ex-dictador”171. En febrero de 1893, el caudillo arriba a Panamá siendo recibido por varios demócratas y militantes de la Unión Cívica de Mariano Nicolás Valcárcel.

Ante ellos, promete encabezar la lucha contra la farsa electoral,

Mariano N. Valcárcel.

considera justo que intervenga en la campaña, si bien le niega al

aunque confía en que no sería necesario llegar al poder fomentando la violencia, sino a través de la cordura y buena voluntad. El 3/VII/1893, burla a la cañonera Lima enviada por Morales Bermúdez para capturarlo, y desembarca en Valparaíso.

La mayoría de la prensa y autoridades chilenas lo reciben con elogios. Casi de inmediato el diario La Actualidad de Talca recoge noticias de que estaba acopiando armas y gente para lanzar una revolución en Mollendo. En Lima, el periódico La Tribuna lo culpa de la pérdida de la guerra y cuestiona su autoridad moral para gobernar. Desde Chile, Piérola llama reo por falsificación y estafa a su editor, Luis Faustino Zegers, que Dávalos y Lissón 1928, p. 206.

A fines de agosto de 1892, Mercedes Cabello de Carbonera publicó la novela El Conspirador, la cual criticaba el clientelismo, la partidocracia, el militarismo, la tortura y el abuso de poder de los mandones provincianos, Pronto el público comparó los personajes de la ficción con los de la vida cotidiana. El más llamativo de éstos, el coronel Jorge Diego Miguel Bello, era considerado el alter ego del Califa, pues sobresalía como conspirador contumaz, revolucionario cerril y hombre de sacristía. Piérola sintió mucho disgusto por lo que juzgaba una grave ofensa a su persona, la cual jamás perdonaría. Pinto 2003, p. 643.

170 171

Página | 93

lo agravia impunemente amparado en la protección brindada por el gobierno bermudista. Decide entonces exhibir su fuerza electoral, coordinando con Federico Panizo, el desfile de tres mil seguidores por las calles limeñas. En esas circunstancias, el Página | 94

Ministro de Hacienda, Agustín de la Torre González, le remite a título personal una carta el 7/XII/1893, diciéndole estar enterado de que existían “preliminares de arreglo entre Ud. y el partido Constitucional” sobre la base de procurar una elección libre para formar un congreso constituyente. La Torre ofrecía forjar una alianza entre civilistas, constitucionalistas y demócratas, dejando fuera a los cívicos de Mariano Valcárcel, que no representaban sino a unos cuantos amigos172. Piérola rechazó la propuesta alegando que lo comprometía en un golpe de estado, solo para destruir la oposición parlamentaria del diputado Valcárcel. En su opinión, no era lícito unirse en contra de terceros y avasallar sus derechos de luchar por sus intereses respetando las leyes establecidas173.

La inestabilidad creada por estas negociaciones, se agrava con la enfermedad y posterior muerte del presidente Morales Bermúdez en abril de 1894. El segundo vicepresidente, Justiniano Borgoño, asume el poder debido a la ausencia de su homólogo, Pedro del Solar. Este último publica un manifiesto contra el “escándalo militar consumado”, que le impide asumir el gobierno174. Piérola descalifica la conducta de Borgoño, lesiva al honor del Congreso y ejército nacional, y exhorta a desobedecerlo. Los arreglos entre cívicos y demócratas se reactivan enfocados en la redacción de las bases de una coalición. Una comisión compuesta por Manuel P. Olaechea, Carlos González Orbegoso, Pedro del Solar y Mariano Nicolás Valcárcel, con la presencia de Piérola y Billinghurst, pactan cinco puntos: a) mantener la libertad electoral y el respeto al voto, repudiando toda coacción ilegal. b) libre designación de candidatos de los coaligados, c) declarar líder de la coalición al jefe del partido Demócrata, d) exigir al gobierno el nombramiento de un ministerio integrado por representantes de los tres partidos para garantizar la libertad de elección, convocatoria de un congreso extraordinario para aprobar las leyes de registro cívico y elecciones, y

172

Hombres i cosas 1901, p. 5.

173

Basadre 1971, volumen II, p. 572.

Ulloa 1981, p. 322.

174

postergar las elecciones hasta junio 1894, y e) invitar al Partido Constitucional a integrarse en la coalición175.

Aunque Cáceres contaba con siete mil soldados para garantizar su triunfo electoral, veía con preocupación cómo se extendía la subversión en todo el país. En junio Página | 95 de 1894, la prensa cacerista advertía sobre concentraciones de pierolistas en Tacna e Iquique, con el ánimo de invadir territorio nacional. Los controles se habían relajado, y las armas ingresaban desde Chile y Bolivia, acopiándose en diversos pueblos, haciendas y hasta en iglesias de Lima. A sugerencia de Piérola, fueron creándose juntas patrióticas en todas las ciudades, mientras las montoneras asumían el papel de defensoras de la ley y enemigas del régimen176.

Las del norte eran comandadas por los Andrés A. Cáceres

coroneles Seminario (Teodoro, Augusto,

Edmundo, Ricardo y Oswaldo), Gaspar Tafur y Belisario Raines; las del Centro por los coroneles Carlos de Piérola, Augusto Durand, Pedro Arana, Felipe Oré, Gregorio Prada e Isaías de Piérola; y las del Sur por los coroneles Pedro Collazos, David Samanez Ocampo y José Chaparro. En agosto de 1894 el fraude se consuma en torno al trinomio Cáceres-Canevaro-Chacaltana,

Carlos de Piérola

y los cercanos al caudillo le aconsejan encabezar personalmente la rebelión, antes que la ausencia de liderazgo único produjese la decadencia del movimiento.

El 19/X/1894, Piérola parte de Chile en una barca acompañado de Enrique Bustamante Salazar y Bernabé Carrasco. Cinco días después tocan tierra en las cercanías de Puerto Caballas (Ica). La noticia de su llegada se difunde rápidamente entre el pueblo, y el recibimiento es grandioso con tiros de fusil y cohetes, El 3/XI/1894 estando en Chincha es proclamado Delegado Nacional, y expide su primer decreto

Los firmantes de este “Pacto de Coalición” fueron el civilista, Francisco Rosas (ex–ministro de Manuel Pardo), el cívico Mariano Nicolás Valcárcel, y los demócratas, Manuel Pablo Olaechea y Carlos González Orbegozo. Dulanto 1947, pp. 404-405.

176 Según Carmen Mc Evoy, las montoneras dentro de la revolución coalicionista simbolizaron la protesta popular, cooptada por la prensa, núcleos congresales, partidos políticos y “una administración desgastada e incapaz de llevar a cabo los ideales republicanos por todos requeridos”. Mc Evoy 1997, p. 314.

175

creando las secretarías de Guerra, Gobierno y Hacienda, concedidas a Enrique Bustamante Salazar y Pedro Pablo Arana, de manera temporal hasta que fuesen restablecidos los poderes Legislativo y Ejecutivo. En Manifiesto a la Nación condena los Página | 96

actos del gobierno usurpador cacerista, y promete restablecer la Constitución. El 18/XI/1894 instala su campamento en Matucana y publica el Boletín de la Campaña Nacional conteniendo decretos, resoluciones y el nombramiento de Isaías de Piérola como Jefe Político y Militar del Departamento de Lima.

En enero de 1895, las luchas entre montoneros y fuerzas pretorianas de Cáceres escalan rápidamente. El 27/I/1895, los pierolistas capturan Arequipa después de ocho horas de combate sangriento. El ataque final sobre Lima correría por cuenta de los 2,500 rebeldes, agrupados en las seis divisiones del ejército subversivo del Centro. El coronel Carlos Pauli, Jefe del Estado Mayor, juzgaba que el ejército cacerista los superaba en disciplina e instrucción.

Piérola

no

se

amilana

ante

esa

desventaja, y asegura que la ausencia de Cáceres, refugiado en palacio, privaría a sus soldados de la energía y constancia indispensable en toda batalla. Por lo demás, la ventaja de su armamento, de Piérola y su Estado Mayor, 1895.

nada valía cuando la lucha se hacía calle

por calle. Otro elemento favorable era la condición subordinada de los soldados, que obligados a combatir desertaban a la menor oportunidad, en cambio, los ciudadanos idealistas resistían hasta el momento final aun cuando poseyeran armas inferiores. El caudillo decide practicar una estrategia de cerco y combate urbano. El ejército coalicionista se divide en tres grupos: el del Norte con 800 hombres liderados por Carlos Pauli e Isaías de Piérola, avanzarían sobre la Portada de Guía y la carretera del dos de Mayo; el del Este de 700 hombres a órdenes del coronel Domingo Parra, atacaría la Pólvora, el Agustino y Maravillas, y el del centro con 1,700 montoneros jefaturados por Nicolás de Piérola y Augusto Durand, caerían sobre el Pino, Barbones y Cocharcas. Otros grupos pequeños atacarían diversas posiciones.

La tarde del 16/III/1895. Piérola se dirige sobre la Portada de Cocharcas, y sostiene violentos tiroteos con las trincheras caceristas. Los rebeldes sufren fuertes pérdidas, pero reciben orden de no retroceder. En medio del ataque masivo, los caceristas abandonan este puesto y dejan abierto el ingreso a Lima. Al día siguiente, la capital se cubre de cadáveres por las sangrientas refriegas en plazas, torres de iglesias y cuarteles. Durante el tercer día del conflicto, el Delegado Apostólico, José Macchi177 y los diplomáticos extranjeros, ofrecieron mediar en el conflicto.

Impuesto

un

armisticio

entre

los

contendientes, el 20/III/1895 se logra un acuerdo entre

José S. Chocano

Luis Felipe Villarán y Enrique Bustamante y Salazar, representantes de Cáceres y Piérola, respectivamente, que consistía en entregar el gobierno a una junta transitoria,

presidida

por

Manuel

Candamo.

La

revolución había terminado, y el caudillo vencedor

declara que han sido reivindicados los derechos civiles de la República, y los méritos del éxito correspondían al pueblo y no a un solo hombre. Los festejos continuaron con un banquete, en donde, el poeta José Santos Chocano, leyó su Discurso de la Revolución178.

El 29/V/1895 fue inaugurada la Asamblea Nacional del Partido Demócrata.

En esa cita, Piérola recuerda cómo las leyes e instituciones habían sido destruidas durante la última década, pero demanda olvidar odios y pasiones para buscar la unidad y renacimiento del país. Exige borrar las antiguas divisiones, y propone conservar el mutuo respeto con el Partido Civil, con el cual debían competir lealmente en la búsqueda de la felicidad de la Patria. Esta Asamblea lo proclamó candidato presidencial, Matto 1902, pp. 20-21. A fines de 1894, habría surgido un grupo de notables limeños, autodenominados “Amigos de la Paz”, interesados en evitar la guerra civil. Ellos se dividían en tres facciones: los situacionistas (plantean la paz basada en el statu quo), los oportunistas (desean la paz como resultado de una transacción) y los constitucionalistas (buscan la paz como tregua previa a un plebiscito). Según rumores, el Delegado Apostólico, monseñor José Macchi, mantuvo contactos con estos grupos, y por eso viajó a Chile para consultar la opinión de Piérola sobre estas propuestas. No obstante, el 6/XII/1894, a su regreso del país sureño emitió una declaración alegando que no creía conveniente vincularse con “asuntos o personas complicados en la actual contienda civil que por desgracia aflige a esta nación”. Hombres i cosas 1901, p. 110.

178 Este discurso de Chocano –según Luis Alberto Sánchez– era una “pieza tremolante y circunstanciada [y] mechada de metáforas no muy finas”. Sugiere también que habría estado inspirado en el Discurso a la Nación Alemana de Johann Fichte. Sánchez 1975, p. 57.

177

Página | 97

acompañado de Guillermo Billinghurst y Augusto Seminario en las vicepresidencias. En nuevo Manifiesto de julio de 1895, insiste en abandonar la nociva práctica de falsear las elecciones, fuente de ilegalidad y alteración de la paz pública. Criticaba con igual Página | 98

severidad la existencia de “candidatos recomendados”, sujetos que gozaban de una serie de ventajas respecto del resto de partidarios. Al respecto, prometía no permitir el ingreso a las Cámaras de gente incapaz de cumplir los requisitos exigidos para los parlamentarios. En este punto, solo la reforma de la ley electoral podía acabar con las dualidades y suplantaciones. Las elecciones de 1895 llevaron al Congreso connotados demócratas y civilistas, como Aurelio Denegri, Augusto Durand, Juan Martín Echenique, Antonio Bentín, Antero Aspíllaga y Enrique Cayo y Tagle. El 12/VIII/1895, el Colegio Electoral de Lima, presidido por Carlos González Orbegoso, lo proclama presidente y recibe de Manuel Candamo la Augusto Durand

banda que luciera en Ayacucho durante 1881. De esa

manera, se inauguraba el califato como alianza de gobierno con dos objetivos básicos: en lo político reconstruir la institucionalidad republicana, y en lo económico garantizar la capitalización del país y el desarrollo de nuevas industrias y redes viales179.

En opinión de José Carlos Mariátegui, “el orden económico y político inaugurado por Piérola el 95 era esencialmente un orden civilista”. Mariátegui 1979, p. 180. Por su parte, Víctor Andrés Belaúnde negaba que el gobierno de Piérola hubiese estado al servicio de la plutocracia, pues su política “no pudo ser otra que la de fomentar el capital renaciente, pero ella no se puso al servicio indebido de la plutocracia, como se insinúa. Piérola gobernó con la oligarquía inevitable en ese momento; pero no para la oligarquía”.

Belaúnde 1987, tomo III, p. 24.

179

Capítulo III El califato de Piérola En el último lustro del siglo XIX, los civilistas y el caudillismo pierolista consolidaron una alianza para ordenar el país y reinsertarlo como exportador de materias primas en la economía mundial. Estos planes formaron parte de un discurso procapitalista, que dio a las aspiraciones de la elite capitalina el carácter de objetivo nacional. Ciertamente, la personalidad carismática y populista del Califa propició las condiciones de estabilidad política necesarias en todo proceso de cambio. Así, el antiguo caudillo rebelde devino rápidamente en remozado estadista conservador, dando origen al califato como modelo gubernativo propulsor de un conjunto de reformas orientadas a perfeccionar la administración fiscal y garantizar la periódica renovación de las autoridades. Piérola conocía la crisis de valores en que estaban sumidas las viejas instituciones republicanas, y por ello, presentaba a los principios doctrinarios del Partido Demócrata como la antítesis de dicho fenómeno. No obstante, accedió al poder gracias a una red de lealtades personales antagónica a toda estructura partidaria. Por ese motivo, el grupo pierolista llegó al final de su gobierno convertido en fuente de disputas y rencillas entre los frustrados delfines del Califa.

3.1 El plan de reformas del califato Cuando Piérola asume la presidencia conocida era su posición contraria a la Constitución de 1860. Por ello, organizó comisiones consultivas de políticos, juristas y

expertos en finanzas, las cuales debían consolidar un plan de reformas estructurales. Los civilistas fueron convocados para dicha tarea, a pesar de que varios demócratas intentaron vetar la participación de éstos. La primera enmienda impulsada por el Califa fue la dación de una nueva ley electoral basada en el voto directo y la

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centralización del veredicto electoral en un ente autónomo del Nicolás de Piérola, 1896

Poder Legislativo180. El 1º/X/1895, el Ministro de Gobierno, Antonio Bentín, presentó el proyecto ante la Cámara de Diputados justificándolo en la necesidad de asegurar la renovación del Ejecutivo y Legislativo mediante el voto ciudadano, e impedir al mismo tiempo la perpetuidad en el poder del partido gobernante. Con ello, el ministro pensaba cegar la

fuente de todas las guerras civiles y garantizar el curso normal de la administración pública.

Esta labor correría a cargo de un cuerpo de funcionarios jerárquicos estables y permanentes, designados entre los “ciudadanos hábiles clasificados únicamente por la naturaleza de su ocupación”181.

El proyecto de dieciséis títulos y 108 artículos contemplaba crear las siguientes instituciones: el Gran Jurado Electoral en Lima con siete miembros, jurados electorales en capitales departamentales y provinciales, comisiones escrutadoras en provincias, comisiones receptoras de sufragios en distritos y un registro electoral permanente por plazo de cinco años. Este texto legislaba también sobre quienes podían elegir y ser elegidos, el sistema de elección y las causas de la nulidad electoral. El 24/X/1895, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, integrada por Mariano Cornejo, Francisco del Barco, José Matías Manzanilla y Antonio Larrauri, rechaza el proyecto del Ejecutivo y presenta uno alternativo, dividido en nueve títulos y 64 artículos, que aumentaba a trece los miembros del Gran Jurado Electoral, incorporando en éste a representantes de los partidos y catedráticos universitarios182.

El dictamen en minoría del diputado José Cáceres, fechado el 4/XI/1895, observó que el texto del citado proyecto permitía a cualquier partido manipular al Gran Jurado Peralta, Víctor. “Los vicios del voto: el proceso electoral en el Perú, 1895-1929“, en Aljovín de Losada y López (editores) 2005, p. 78.

181 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. Congreso Ordinario 1895, tomo II, pp. 532-533.

182 Idem, pp. 545-548.

180

Electoral mediante la captura de sus membresías183. El 13/XI/1895, el pleno posterga el debate de la ley electoral y encarga a los diputados Germán Leguía y Martínez, Wenceslao Valera, Pedro Rivadeneyra, Manuel Pérez, Jorge Polar y Julio Castañeda, elaborar una propuesta sustitutiva. Un día antes, los indígenas fueron privados del derecho al voto, pues la modificación del artículo 38 de la Constitución de 1860 impuso la facultad de saber leer y escribir para ejercerlo184.

De otro lado, en la sesión del 16/XI/95, el Ministro de Justicia, Augusto Albarracín, entregó al Congreso el proyecto de reforma del Poder Judicial. El gobierno deseaba establecer la idónea designación de los jueces y ofrecer estímulos para el buen desempeño de las funciones judiciales. Según el parecer del ministro, quienes ingresaran al primer escalón de la magistratura debían acreditar experiencia mínima de cinco años, conforme lo mandaba el Reglamento de Tribunales, y estarían sujetos a la siguiente escala de sueldos: juez de José Matías Manzanilla.

primera instancia de provincia (150 soles), juez de segunda instancia de departamento (200 soles), jueces de primera instancia de la capital y vocales de la Corte Superior de provincias (300 soles), vocales de la Corte Superior de Lima (400 soles) y vocales de la Corte Suprema (600 soles).185 Después de un breve debate esta iniciativa recibió el visto

bueno legislativo. El Califa nombra entonces una Junta ad hoc, con la asistencia de Alejandro Arenas, Manuel Candamo, Juan Martín Echenique, Carlos Polar y Francisco Rosas, que se abocaría a planificar la reforma constitucional. Otra comisión compuesta por Lucio Cabrera, Juan José Calle, Ramón Chaparro, Paulino Fuentes Castro, Leandro Loli y José Matías Manzanilla, examinaría el proyecto de constitución federal.

El debate del asunto electoral produjo un enojoso incidente entre el Congreso y el Ejecutivo. El 23/XI/1895, los diputados Germán Leguía y Martínez y

183

Idem. pp. 554-558.

Víctor Andrés Belaúnde justificaba esta prescindencia electoral de la población indígena analfabeta, aduciendo que la representación de estos “no será jamás genuina, sería la representación de los hacendados, de las fuerzas precisamente que los partidos de izquierda deben combatir”. Belaúnde 1987, tomo IV, p. 38.

185 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. Congreso Ordinario 1895, tomo II, pp. 950-952.

184

Página | 101

Washington Ugarte denunciaron agresiones verbales proferidas por grupos de “mercenarios” contra varios colegas suyos y el propio presidente de dicha Cámara, Augusto Durand, las cuales habiendo sido toleradas por las autoridades justificaban el voto de censura contra el gabinete. Modesto Basadre se opuso rotundamente a este pedido, porque “lleva envuelto de manera tácita, un voto de reprobación al Jefe de la Nación, desde que se le dice que tiene un gabinete inepto”. En cambio, Emilio Valverde dejó entrever la existencia de complicidad policial con la multitud que había acosado a los diputados lanzando gritos de “¡abajo el congreso del 95¡”. Ese acto implicaba el delito de rebelión186, según el artículo 133 del Código Penal vigente, y las autoridades estaban obligadas a reprimirlo. Éste y otros argumentos convencieron a la Cámara de retirar la confianza al gabinete187. El Califa respaldó al ministro Bentín y en nota enviada al Senado, lo exculpa de los alborotos ocurridos aduciendo que eran resultado de las querellas de círculo. Sin embargo, éste insiste en su renuncia y fuerza la designación de nuevos ministros en medio de la férrea oposición de algunos congresistas.

El 12/XII/1895, el nuevo Ministro de Gobierno, Benjamín Boza, ingresa a la Cámara de Diputados un proyecto electoral modificado y lamenta la devolución del anterior causado por “diferencias de escuela simplemente doctrinarias acerca de la existencia del Poder Electoral, como manifestación única y obligada de la soberanía nacional”. El 24/XII/1895, Mariano Cornejo, a nombre de la Comisión de Constitución lo aprueba arguyendo que habían sido recortadas las excesivas atribuciones dadas al cuerpo central (Gran Jurado),

Mariano Cornejo.

Página | 102

Días antes, el 10/X/95, los senadores Abelardo Vargas y Julián Niño de Guzmán habían presentado un proyecto de ley autorizando el enjuiciamiento sumario, en plazo máximo de sesenta días, de quienes incurriesen en delito de rebelión. Además, el juez del crimen de Lima, asesorado por dos letrados, sería facultado para procesar los actos rebeldes ocurridos en provincias. Este proyecto fue visto recién en octubre de 1897 por la Comisión de Legislación del Senado, integrada por Rafael Villanueva, Ángel Cavero y Juan Lama, que lo calificó como inaceptable “por descansar todo él en el desconocimiento del principio universal de derecho y de legislación que preceptúa que el delito debe ser juzgado y penado en el lugar que se perpetró”. Contenía además un notorio vicio jurídico, en tanto mandaba que la primera instancia funcionase como colegiado (tres miembros), cuando “en todos los países cultos (…) las judicaturas de primera instancia son unipersonales. Los tribunales o jueces múltiples son aceptables cuando se trata de revisiones, pero jamás para la instrucción de un proceso y para el juzgamiento en primera instancia”. Por ello, los senadores descartaron debatirlo y lo mandaron al archivo. Diario de los Debates de la H. Cámara de Senadores. Congreso Ordinario 1897, pp. 317-320.

187 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. Congreso Ordinario 1895, tomo II, pp. 1,084-1.091.

186

las cuales generaron desconfianza entre los diputados. Sin embargo, dejó pendiente la vigencia de los artículos referentes a elecciones municipales hasta cuando fuese aprobada la ley de municipalidades188. El dictamen conjunto de las comisiones de Constitución y Gobierno, suscrito el 27/XII/1895 por Francisco del Barco, Antonio Larrauri y José Matías Manzanilla, descartó el proyecto modificado, alegando que conservaba la idea de un poder electoral centralizado, entidad inviable cualquiera fuese el nombre que se le diera (Gran Jurado, Junta Central o Junta de Vigilancia). Por tanto, demandaron debatir la propuesta de la comisión especial del 20/XI/1895, compuesto de trece títulos y 140 artículos, la misma que descentralizaba el proceso eleccionario.

Este asunto sería retomado en la Legislatura de 1896, aprovechando el ascenso de Guillermo Billinghurst a la presidencia del Congreso. El 11/IX/1896, la comisión especial del Senado emitió dictámenes en mayoría y minoría sobre el proyecto recibido de los diputados. El primero, firmado por Ricardo Ortiz de Zevallos, Lorenzo Montoya y Manuel Bejarano, invalidaba

éste

juzgándolo

contrario

al

principio

democrático e indicando como su principal defecto “la intervención

única

y

exclusiva

de

los

mayores

contribuyentes en los actos preparatorios y subsiguientes de la elección”. El segundo, suscrito por Rafael Villanueva y Leonidas Cárdenas, recomienda aprobar el citado proyecto y

aplicarlo

temporalmente,

a

fin

de

Guillermo Billinghurst

introducirle

posteriormente nuevas modificaciones189. El 13/X/1896, por consejo de la cámara, los comisionados unificaron criterios y obtuvieron el consenso para un texto de 14 títulos y 122 artículos190. Reunidos en Congreso, senadores y diputados defendieron sus planes electorales. El diputado Santiago Giraldo se opuso férreamente al del Senado alegando que el gobierno tenía urgencia de ponerlo en práctica para manipular el “sorteo de vuestros tercios salientes” y procurarse la mayoría parlamentaria que le facilitaría decidir cuestiones graves, como la paz o guerra en el exterior, la revisión constitucional, la federación, el estanco de la sal, el presupuesto vigente, la deuda interna, las leyes Diario de los Debates de la H. Cámara de Diputados. Congreso Extraordinario de 1895-96, pp. 125-126.

Diario de los Debates de la H. Cámara de Senadores. Congreso Ordinario 1896, pp. 416-419.

190 Idem, p. 721.

188 189

Página | 103

orgánicas, la ley de instrucción, la ley de imprenta, la reforma de códigos, los asuntos de la Peruvian Corporation y el arbitraje de Berna con Dreyfus191.

El 13/XI/1896, los diputados Enrique Coronel Zegarra, Justo Niño de Página | 104 Guzmán, Emilio Valverde, Modesto Basadre, Raúl Boza y Jesús Teófilo Núñez, exigieron

declarar agotado la discusión de este tema y someterlo a votación. El Presidente del Congreso, Guillermo Billinghurst, cortó abruptamente el discurso del diputado Santiago Giraldo, y puso al voto el proyecto de la cámara baja. Varios diputados, como Rodrigo Herrera, lo desahuciaron porque supuestamente cedía el dominio de las elecciones a la “aristocracia del capital”, y optaron por darle visto bueno a la propuesta senatorial192. El 20/XI/1896, el Presidente de la Cámara de Diputados, Wenceslao Valera, quiso boycotear la promulgación de la ley negándose a firmarla aduciendo que había sido sancionada sin tener dos tercios de votos favorables. Sin embargo, esta formalidad fue cumplida gracias a la participación del presidente accesitario, Ramón Chaparro. Esta norma de trece títulos y 113 artículos convalida un sistema basado en la Junta Electoral Nacional y las juntas electorales departamentales y de registro provinciales193.

De

otro

lado,

el

califato

introdujo

importantes

reformas

en

el

aprovechamiento de los recursos naturales. Para atender esa demanda fue creado el Ministerio de Fomento y Obras Públicas (22/I/1896), inicialmente conducido por el ingeniero Eduardo López de Romaña194. Este ministerio clasificó la actividad industrial en ocho rubros: alimentos y elementos de vida, abrigo, alojamiento y usos domésticos, culto, instrucción, comunicaciones, ornato y bellas artes, agricultura y minería y otros. Definió también como características de la gran industria el nivel de mecanización y empleo de personal superior a diez operarios195. El 28/IX/1896, el ministro Manuel Cuadros mediante proyecto de ley solicitó anular la concesión gratuita de tierras de montaña, “conservándola únicamente para el caso de colonización efectiva y solo de un modo temporal”. La renta 191

Giraldo 1896, p. 14.

Diario de los Debates de la H. Cámara de Diputados. Congreso Extraordinario 1896, tomo II, pp. 140-145.

193 Idem, pp. 150-154.

192

El Ministerio de Fomento fue encargado de potenciar el desarrollo nacional, recibiendo amplias competencias en materia de colonización oriental, agricultura, asuntos indígenas, minería e irrigación. En ese sentido, dirigió la política modernizadora del Estado y propuso el importante proyecto de ley de Tierras de Montaña en 1896, con dos objetivos básicos: reglamentar y asegurar el uso de la mano de obra y fortalecer la presencia estatal en las zonas amazónicas. Sala i Vila 2001, p. 118.

195 Martínez 2006, p. 118.

194

procedente de las concesiones financiaría la construcción de caminos. Quienes tuviesen interés en adquirir dichas tierras podían hacerlo de tres modos: compra (cinco soles por hectárea), concesión (canon anual de un sol por hectárea en los tres primeros años, y uno y dos soles por hectárea cultivada o no cultivada en los siguientes años respectivamente), y contrato de colonización (ofreciendo garantía de diez soles por hectárea). Las áreas maderables o de caucho fueron excluidas de esta clasificación. En octubre de 1896, los senadores de la Comisión de Constitución, Enrique Cayo y Tagle, Lucio Cabrera y Manuel Zegarra, modificaron el texto con el fin de que los concesionarios pudiesen adquirir el dominio perpetuo de los terrenos en cualquier momento. Además autorizaban el nombramiento de tesoreros particulares para el manejo de la renta producida por este rubro196. La Cámara solo aceptó la primera de estas proposiciones, y desestimó las observaciones del senador Juan Lama, quien pedía anular el contrato de concesión, porque lo juzgaba opuesto al artículo sexto de la Constitución de 1860 y a los artículos 1,194 y 1,909 del Código Civil vigente. Los senadores Enrique Cayo y Tagle, Ramón Navarrete y Manuel Rodulfo, defendieron la validez legal de las concesiones atribuyéndole el mismo estatus jurídico que los ranchos provisionales en el Callao, tal como habían opinado los juristas Francisco García Calderón y Alberto Elmore197.

El 14/IX/1897, el Presidente del Senado, Manuel Candamo, remite el citado proyecto a la colegisladora. A fines de octubre de 1897, las comisiones de Constitución y Gobierno de la Cámara de Diputados, compuestas por Gonzalo Silva Santisteban, Pedro Rada, José Cancino y César Villanueva, Amador del Solar, Manuel Pozo, José Oliva y Ramón Espinoza, se inclinan diputados concuerdan en corregirlo y reconocer el dominio de los particulares sobre terrenos adquiridos conforme al Código Civil, y establecer la adjudicación gratuita de terrenos que no excedieran de dos hectáreas.198. El 21/X/1898, los

Amador del Solar.

por su ratificación. Sin embargo, luego de intenso debate, los

senadores Enrique Cayo y Tagle, Juan Lama y Ramón Navarrete, aceptan estas variaciones. Con ello, quedó expedita la promulgación de la ley, que finalmente se Diario de los Debates de la H. Cámara de Senadores. Congreso Ordinario 1897, pp. 21-24.

Idem, p. 155.

198 Diario de los Debates de la H. Cámara de Diputados. Congreso Ordinario 1898, pp. 605-607.

196 197

Página | 105

efectuó el 21/XII/1898199. La colonización de la montaña comienza a centrarse en torno a las regiones de San Luis de Shuaro y el Pichis. Otras expediciones navegan a las cuencas del Ucayali, Urubamba y Tambo. La prensa saluda esos trabajos y juzga que son Página | 106

resultado de la buena gestión del gobierno en el reordenamiento de la hacienda pública.

La expansión de la actividad estatal motivó que varios demócratas pretendieran cargos públicos, mientras se quejaban del olvido en que los mantenía su líder. Para acercársele le ofrecen un banquete y le hacen llegar sus reclamos, recordándole cuánto lo habían apoyado en la lucha contra el militarismo de Cáceres. No obstante, el caudillo respondió tajantemente que los revolucionarios no sacrificaban sus vidas para conseguir el pan de su hogar, sino la felicidad de la Patria200. Ese mismo año, en su mensaje presidencial el Califa menciona la necesidad de reformar la Constitución de 1860, cuyo anteproyecto estudiaba el Consejo Gubernativo, haciendo la salvedad que no regiría sino después de 1899, y que la reelección presidencial solo sería posible después de doce años. También manifiesta interés en enmendar la ley de imprenta para reprimir la difamación de algunos panfletos201. No obstante, la ley municipal no es abolida, aun cuando el gobierno considera urgente sustituir las juntas de notables por cabildos. En el Congreso Extraordinario convocado para discutir la ley de presupuesto, protesta porque no se aprueba uno nuevo, sino que se legaliza el de 1893 para aplicarse en 1896. Tampoco acepta la formación de presupuestos departamentales contrarios a la unidad administrativa. Piérola presenta nuevos proyectos destinados a introducir la reforma aduanera, construir Almacenes Esta ley no estuvo orientada a definir una política agraria amazónica, sino más bien a reglamentar el acceso a la propiedad y aseguramiento de los cultivos en los lotes adjudicados. El cambio se produjo con la Ley General de Tierras de Montaña del 31/XII/1909, con la cual desaparece la colonización como forma de adquirir la propiedad siendo inserta dentro de la categoría de concesión. Mora, Carlos y otros.

“Comunidad nativa y desarrollo en la selva peruana”, en Loker y Vosti (editores) 1993, p. 210.

200 Según Pedro Dávalos y Lissón, los antiguos correligionarios eran quienes más se quejaban de su líder llamándolo ingrato. Para comprobar esta afirmación, narraba que un militar gravemente herido durante la entrada de Cocharcas se acercó a Piérola para pedirle una prefectura, pues literalmente estaba muriéndose de hambre. El caudillo rechazó el pedido aduciendo que el puesto no estaba disponible. Enfurecido, el militar le recordó con duros términos si acaso estuvo vacante la presidencia cuando él expuso su vida para llevarlo a ella.

Dávalos y Lissón 1930, p. 6. De acuerdo con Dulanto, los demócratas quejosos estaban representados por el coronel Aníbal Chocano, antiguo y fervoroso pierolista. Dulanto 1947, p. 457. Conviene recordar que José Santos Chocano, pariente del citado coronel, sí logró ser recompensado por Piérola con el cargo de editor de El Peruano y rematista de la imprenta del Estado, gracias al efusivo Discurso de la Revolución, que le dedicó días después del triunfo del moviemiento pierolista. Tauzin, Isabelle. “González Prada y el poder político (19121918)”, en Aguilar (compilador) 2004, Volumen 2, p. 46.

201 Piérola, Nicolás de. “Mensaje presentado…”, en Mensajes 1915, pp. 12-13.

199

Generales en el Callao, reprimir el contrabando, crear el Consejo de Disciplina que debía apartar a los empleados públicos indignos, designar la renta ad hoc para el rescate de Tacna y Arica, y la ley autorizando el establecimiento de la navegación en el Ucayali con salida al Atlántico. Asimismo, es fundada la Dirección General de Fomento, a cargo del ingeniero Joaquín Capelo, cuya misión consistía en buscar espacios propicios para la actividad productiva. Por otro lado, se apoya la apertura de nuevas rutas fluviales al Oriente, gracias a la expedición de Fermín Fitzcarrald al Joaquín Capelo

Camisea y Manu, que solucionó el problema de la navegabilidad del

curso inferior del Urubamba hasta conectarlo con el Madre de Dios y asegurar a través de éste la navegación hacia el Alto Madera.

La reforma económica de mayor impacto sobre el estado social de la masa indígena provino de la supresión de la contribución personal. El Califa estaba convencido de que el Estado debía aumentar sus recursos fomentando el crecimiento de las fortunas privadas, y los indígenas poseían recursos limitados y consumían muy poco. La renta abolida fue compensada con el alza de los impuestos indirectos y la represión del contrabando para duplicar las rentas aduaneras. Al respecto, el propio Piérola inspecciona el servicio de vigilancia marítima y destituye empleados implicados en actos corruptos. La reforma administrativa se extiende a los ministerios y el Tribunal de Cuentas, y exige informes sobre los expedientes retrasados, pues ello sembraba entre los ciudadanos la desconfianza respecto del gobierno.

A fin de disipar rumores sobre la supuesta concentración del poder en su persona, establece como órgano asesor el Consejo Gubernativo, donde congrega a jurisconsultos y financistas civilistas y demócratas. El 24/II/1896 les invoca emprender la tarea de proponer remedios a los problemas del país. El énfasis –según Piérola– debía ponerse en la dación de nuevas leyes, porque las normas esenciales estaban desfasadas de la realidad. La principal responsabilidad de los consejeros debía fundarse en el respeto escrupuloso de la ley constitucional y sus reglamentos, a fin de que el pueblo no creyese que los negocios públicos eran manejados por camarillas. Los consejeros designados fueron Manuel Pablo Olaechea, Julio Tenaud, Mariano Nicolás Valcárcel, Manuel Candamo, Pedro Pablo Arana, Carlos Olaechea, Manuel Tovar, Joaquin Capelo,

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Luis Carranza, Luis Felipe Villarán, Domingo Olavegoya, Isaac Alzadora, Emilio Althaus, Antero Aspíllaga, Enrique de la Riva Agüero, Félix Remy, Juan Martín Echenique, Antonio Bentín, Ricardo Flores y monseñor Manuel Obin. Más allá de las intenciones Página | 108

declaradas del Califa, el estigma de la “argolla” y el manejo elitista de los asuntos nacionales resultaba evidente en la conformación del citado Consejo.

En medio de estas reformas, el 3/V/1896, sobrevino el levantamiento de Iquitos, encabezado por el comandante Ricardo Seminario, declarando estado federal a Loreto. Aunque Piérola era partidario del sistema no aceptaba implantarlo violentamente.

Seminario y el coronel Mariano José Madueño, cónsul peruano en Pará, convocaron una Asamblea Constituyente y reconocieron al gobierno nacional202. No obstante, desde Lima se ordenó Ricardo Flores

clausurar el puerto de Iquitos y preparar la derrota militar de los

federalistas. El ministro peruano en Brasil, Francisco Rosas al presentar sus credenciales ante el presidente brasileño Prudente de Moraes, anuncia la próxima destrucción del federalismo loretano. Entre los reclamos presentados por Seminario sobresalía la sensación de abandono estatal imperante en la zona. Esto fue negado por el diario oficial, alegando que la resolución suprema del 2/VII/1896 había planificado la apertura del paso al Atlántico por dicho territorio, convirtiéndolo así en una “gran arteria nacional”. Las expediciones militares del coronel Eduardo Yessup y los trabajos del ingeniero Capelo, permitieron más tarde iniciar la obra del camino al Pichis. Debido a este interés por la colonización oriental fue bien acogido el proyecto de Felipe Cazeneuve para fundar colonias de alemanes en áreas de cien cuadras cuadradas. El fundamento del proyecto provenía de la necesidad de estimular el “mejoramiento” de la raza, según los criterios imperantes en esta época. Los colonos podrían elegir su

La prensa limeña calificaron el movimiento federalista como un “motín militar” de dos personas (Seminario y Madueño) con intereses ajenos a los pobladores de Loreto. Por ello, destacaban la necesidad de que los nombramientos de las autoridades provincianas fuesen “precedidos de una especie de selección del personal, para evitar que en adelante los custodios del orden público, no sean allí militares indisciplinados, vulgares, sin ninguna noción moral; más propios para hacer temible y antipático al gobierno central, que para vigilar la seguridad pública y hacer respetable el poder supremo”. “Editorial”, en El Comercio, 19 de mayo de 1896.

202

autoridad comunal y aplicar los impuestos locales en educación, sanidad y caminos, debiendo incorporarse a la nación peruana.

El 6/VII/1896, Seminario comunica a Piérola el entusiasmo federalista de las cinco provincias loretanas, y descartando tener voluntad de conflicto sugiere entablar Página | 109 conversaciones con el gobierno nacional. El Califa entiende que esa propuesta debilita su autoridad, y le ordena entregar el mando de Loreto al cónsul peruano en Pará, Carlos López Larrañaga. Al mismo tiempo, aclara que la federación no era obra de un departamento, sino de toda la nación. Tres días después, las expediciones someten a los federalistas y se reabre el tráfico comercial en Iquitos. Conjurado el incidente loretano, Piérola retoma el camino de las reformas, estableciendo el Instituto Técnico e Industrial, orientado a estudiar los requerimientos de las industrias y propiciar el surgimiento de nuevas actividades de ese tipo203. Para dar confianza a los capitalistas vincula los intereses particulares con los del Estado de manera equitativa, a través de la Sociedad Recaudadora de Impuestos (9/I/1896). Esa sociedad anónima, cuyo capital nominal fue fijado en un millón de soles dividido en 10 mil acciones de 100 soles, se ocuparía de la recaudación tributaria. Estableció liquidaciones trimestrales, y la intervención fiscal en el nombramiento de directores y empleados. A su vez, el banquero José Payán asesoraría en la realización de este proyecto. Previniendo el acaparamiento de las acciones en Lima, se remite parte de ellas a los departamentos para que fuesen compradas por empresarios provincianos. La Sociedad Recaudadora representaba el primer ensayo en que los ciudadanos asociados con el Estado participan en el aprovechamiento de la riqueza pública. Con esa reforma, quedaba de lado el odioso sistema de los remates, aumentaban las rentas fiscales y las ganancias serían distribuidas entre mayor número de personas y no entre unos cuantos especuladores. El experimento dio sus frutos, no solo incrementando los ingresos La resolución suprema del 22/V/1896 crea dicho Instituto designando como Presidente honorario al Director de Fomento, Joaquín Capelo, acompañado del Director de la Escuela de Minería y dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Tasaciones. Los nueve miembros restantes provenían de las sociedades de Agricultura, Industria y Minería. En su discurso de inauguración, el Ministro de Fomento, Francisco Almenara Butler, expresó la esperanza del gobierno de que “en materia de industrias, pueda el Instituto plantear las cuestiones relativas a la manufactura, que permita la conversión, en nuestro propio suelo, de las sustancias primas que vendemos en un precio que varía según la demanda; pero cuyas transformaciones ulteriores, elaboradas en el extranjero, compramos siempre a un precio exorbitante”.

“Instituto Técnico Industrial del Perú”, en El Comercio, 4 de julio de 1878.

203

tributarios, sino difundiendo el espíritu de sociedad que hace posible la aparición de fábricas en Lima, Ica, Arequipa y Cuzco.

La libertad económica del califato también facilita la llegada de mayores Página | 110 capitales a los bancos y seguros. Ciertamente, la recuperación económica precedió al

establecimiento

del

califato,

pues

en

agosto

de

1895,

cuando

gobernaba

transitoriamente Manuel Candamo, El Comercio anunció el aumento en más de un millón de soles de los depósitos del público en los tres bancos limeños. Ese fenómeno fue atribuido al “feliz desenlace” de la guerra interior, la esperanza de desarrollo creada por la nueva gestión, y sobre todo a la estabilidad monetaria derivada del precio firme de la plata, cotizada en 24 peniques204. Pero estas reformas económicas no vinieron acompañadas del mejoramiento de los salarios y las condiciones de trabajo. Desde 1894 las huelgas por alza de jornales habían afectado las fábricas de cigarros y las actividades portuarias del Callao, suscitando conflictos con los gremios mercantiles e industriales, que exigían al gobierno quebrar a los gremios y reprimir severamente a los trabajadores, invocando el derecho constitucional de proteger la propiedad y el libre comercio. Pero la huelga de mayor trascendencia ocurrió el 27/VIII/1896 en la fábrica textil de Vitarte. En esa ocasión, el Intendente de Policía, coronel Gonzalo Tirado informó al Prefecto de Lima sobre el incendio de veinte sacos de algodón supuestamente causado por grupos de huelguistas, cuyo objetivo era incinerar los dos mil sacos almacenados en su centro de trabajo. Tirado afirmaba haber controlado las protestas y apresado a los incendiarios y cabecillas del desorden205. Sin embargo, las investigaciones realizadas por el diputado Santiago Giraldo revelaron la autoría del propio Tirado en el incendio, quien estuvo en Vitarte antes de que sucediera y mantuvo a los obreros encerrados en galpones con la orden de no salir después de las diez de la

“Editorial”, en El Comercio, 6 de agosto de 1895. El propio Presidente de la Junta de Gobierno, Manuel Candamo, en mensaje leído ante el Congreso el 30/VIII/1895, anunció haber reorganizado las oficinas y normalizado el cobro de impuestos y aranceles, logrando cubrir “no solo el presupuesto general de egresos vigente y el empréstito de los 100 mil soles, sino los enormes gastos imprevistos nacidos de la situación; y todavía el pago de las sumas considerables adeudadas por el régimen anterior a la Caja de la Junta Departamental de Lima”. Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. Congreso Ordinario 1895, tomo I, p. 62.

205 “Huelgas”, en El Comercio, 28 de agosto de 1896.

204

noche bajo amenaza de dispararles en caso le desobedecieran.

Esta versión fue

confirmada por el diputado pro-pierolista Rosendo Vidaurre206. Giraldo también dejó en evidencia la conducta antilaboral del Califa, que permitía a los empresarios imponer jornadas de 16 horas por el mísero salario de 30 centavos. Esa pasividad estaba reñida con los principios cristianos tan enarbolados por el Partido Demócrata, y contradecía la voluntad del Papa León XIII, que en su Encíclica Rerum Novarum207 reconocía el derecho de los obreros para obtener la mejora de sus salarios208. El 6/IX/1896, los cajistas de Lima y Callao se declararon en huelga para protestar “contra la actitud tiránica de los propietarios de las Rosendo Vidaurre

imprentas”, que privaban a los “padres de familia del pan de sus

hijos”209. El diputado Santiago Giraldo fue acusado entonces de hacer prédica “socialista”210 por advertir que la introducción de máquinas de linotipo provocaría desempleo en el sector tipográfico211.

La extracción popular del movimiento demócrata parecía haber sido olvidada por Piérola, que en sus emotivos discursos solo elogiaba la ficticia bonanza y respeto a las leyes imperantes en su gestión. Con ello, quería ocultar el acelerado

Pereda 1983, pp. 88-90.

El punto 17 de la Segunda Parte de dicha Encíclica, señalaba “que para establecer la medida del salario con justicia hay que considerar muchas razones; pero, generalmente, tengan presente los ricos y los patronos que oprimir para su lucro a los necesitados y desvalidos y buscar su ganancia en la pobreza ajena no lo permiten ni las leyes divinas ni las humanas. Y defraudar a alguien en el salario debido es un gran crimen, que llama a voces las iras vengadoras del cielo”. Carta Encíclica 2006, p. 32. En el Perú, la Revista Católica la había publicado en agosto de 1891, y aunque generó mayor preocupación de los obispos por la cuestión obrera, este asunto fue subordinado a la defensa de los derechos de la iglesia.

Klaiber 1996, p. 124.

208 “Cámara de Diputados”, en El Comercio, 29 de agosto de 1896.

209 “Huelga de cajistas”, en El Comercio, 7 de setiembre de 1896.

210 En un Congreso dominado por civilistas y pierolistas reacios a modificar las relaciones laborales, los diputados Santiago Giraldo y Paulino Fuentes Castro asumieron la defensa de los derechos de estos últimos. Giraldo propuso establecer “jurados mixtos”, que actuando como juntas de conciliación y arbitraje solucionaran los conflictos entre capitalistas y obreros. A su vez, Fuentes Castro quiso reglamentar la locación de servicios “bajo la base de la más completa libertad para ambas partes contratantes”. Ramos 2006, pp. 117-118.

211 “Editorial”, en El Comercio, 10 de setiembre de 1896.

206 207

Página | 111

incremento en el precio de los víveres, superior al 50% en la mayoría de casos 212. Ajeno a cualquier reforma laboral, el Consejo Gubernativo prestaba atención a la formulación de nuevas leyes de tabacos y alcoholes. Lo mismo ocurría con el estanco de la sal, que Página | 112

debía proporcionar la partida de un millón de soles anuales para el rescate de Tacna y Arica. Precisamente, en 1896 son retomadas las tratativas para ejecutar el plebiscito sobre la suerte de las provincias peruanas cautivas dispuesto en el Tratado de Ancón.

Luego de sostener duros enfrentamientos con el ministro chileno en Lima, Máximo Lira, y otras autoridades de dicho país empecinadas en entorpecer el arreglo definitivo, se logra firmar el 16/IV/1898 el protocolo Billinghurst-La Torre, pero finalmente la Cámara de Diputados se niega a ratificar provocando la desazón de Piérola213.

Debido a la esencia conservadora del califato, los planes para convalidar el matrimonio civil entre no católicos encontraron cierta resistencia. El 2/IX/1896, los senadores autorizaron la inscripción de esta clase de enlaces en los registros civiles, siempre que cumplieran las prescripciones del Código Civil. No obstante, corrigiendo esto último, el diputado Felipe de Osma sugirió extender ese beneficio a los matrimonios mixtos, es decir, entre católicos y no católicos. El Senado acordó no insistir en lo referido a las citadas formalidades. Más aún, el 20/X/1897, los senadores Rafael Villanueva y Ángel Cavero, intentaron añadir un artículo que permitía a los cónyuges no católicos comprobar dicho estatus exhibiendo certificado expedido en su país de origen, o con una declaración de tres testigos en caso no tuviesen disponible el

En solo veinte meses de gobierno pierolista, los principales alimentos habían registrado las siguientes alzas: kilo de carne de primera de 32 a 39 centavos, 100 kilos de papas de 8 a 9 soles, fanega de trigo de 5 a 7 soles, saco de arroz de tercera clase de 8 a 13 soles, quintal de garbanzos de 4.50 a 8 soles, quintal de fréjoles de 4.50 a 6 soles, quintal de lentejas de 7 a 11.50 soles, quintal de manteca de 21 a 26 soles.

“Carestía de los artículos de primera necesidad”, en El Comercio, 7 de mayo de 1898. También subieron los precios de la tira de pescado de 10 a 20 centavos y del litro de leche de 15 a 20 centavos. “Carestía de los artículos de primera necesidad”, en El Comercio, 20 de abril de 1898. Por ello, la Confederación de Artesanos “Unión Universal”, a nombre de la clase obrera, demandó al concejo municipal limeño establecer almacenes de víveres, donde pudiesen adquirirlos a precios módicos. “Carestía de víveres”, en El Comercio, 9 de abril de 1898. Ante la protesta popular, el Califa reaccionó rebajando los aranceles de importación al arroz, manteca y petróleo. Jacobsen, Nils. “Pensamiento económico y…”, en Contreras y Glave (editores) 2002, p. 258.

213 En su mensaje presidencial del 28/VII/1899, el Califa reconoció sentirse defraudado por culminar su gobierno sin haber logrado el rescate de Tacna y Arica. Piérola, Nicolás de. “Mensaje…”, en Mensajes 1915, p. 40.

212

documento. El 26/X/1897, los senadores Narciso de Aramburu, Manuel Rodulfo y Manuel Bráñez, miembros de la Comisión Auxiliar de Legislación, discreparon con sus colegas y precisaron que las uniones legítimas no podían acreditarse con la “simple información de tres amigos”. Finalmente, el Congreso desestima el proyecto senatorial y avala otro sustentado el 9/XI/1897 por los diputados Francisco Quevedo, Mariano atendiendo la invocación del obispo Manuel Bandini, y haciendo uso de la prerrogativa presidencial vetó esta norma.

Amador del Solar.

Pedro Carlos Olaechea

Cornejo y Pedro Carlos Olaechea214. Pero el Califa,

Entonces el Congreso reunido en sesión extraordinaria del 17/XII/1897 ratificó su respaldo a la ley impugnada, viéndose obligado Piérola a promulgarla a pesar de las protestas del clero y grupos conservadores215.

En el ramo militar, la reforma empieza con el contrato de la misión militar

francesa, saludada por la prensa como idónea para reconstruir la fuerza armada nacional. Durante 1897 el Califa se ocupa de la protección infantil a través de la Sociedad Auxiliadora de la Infancia, y estimula la política educativa construyendo locales para la Escuela de Medicina, Correos y Telégrafos y la Escuela Militar y Naval. En materia económica, atiende los problemas de las compañías auríferas orientales, estudia el proyecto de prolongación de la línea de La Oroya hasta el Perené, a fin de expandir el cultivo del café. Para construir dicha vía, tasada en ocho millones de soles, el Califa invita a los peruanos a financiar el proyecto mediante la compra de acciones. En los años siguientes, aunque había cierta jactancia respecto de los dividendos económicos producidos por las reformas, quedaban pendientes varios asuntos como la modificación del arancel de aduanas, inviable por sus múltiples unidades arancelarias y caprichosas clasificaciones. Otro tema que se hallaba en fase de estudio era el nuevo Código de Comercio, preparado por una comisión y puesto a disposición del Congreso. De igual forma, insistía en la urgencia de aprobar la ley de alistamiento militar, con lo cual se

214

Diario de los Debates de la H. Cámara de Senadores. Congreso Ordinario 1897, p. 515.

215

Armas 1998, p. 222.

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crearía el Registro de ciudadanos hábiles para el servicio. Igual urgencia había de expedir el Código de Justicia Militar216.

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3.2 Gestión hacendaria del califato Durante el primer cuatrimestre (setiembre-diciembre 1895) del califato no existió plan hacendario, por lo que las rentas fiscales debieron administrarse de acuerdo con una serie de “reglas” transitorias. Más aún, dicho período culmina sin que el Congreso sancione el presupuesto nacional de 1896. Piérola utiliza entonces el de 1893, cuyas cifras carecían de autenticidad. Ciertamente el éxito de su gobierno dependía de la aplicación de una efectiva reforma fiscal217, la cual requería el perfeccionamiento de la tarea recaudadora y el cese del monopolio creado por los rematistas especuladores218.

El plan pierolista tenía tres ejes: la supresión del tributo personal, el reajuste de los impuestos al consumo y el establecimiento de una sociedad receptora donde intervendrían Estado y capitalistas. Ese sistema mixto fue objetado por grupos privatistas, que eran partidarios de ejecutar la cobranza de las contribuciones por intermedio de compañías autónomas comisionistas. Los defensores de esta fórmula aconsejaban verificar su eficiencia adoptándola primeramente en el ramo de alcoholes219. Aunque la prensa oficialista estuvo en desacuerdo con este planteamiento, los financistas del Califa dieron forma a un proyecto que extendía este régimen a los demás productos gravados. Asimismo, el bloque parlamentario civilista, actuando en contra de los intereses estatales, quiso retirar del texto la garantía pecuniaria reclamada a los empresarios, que fuesen beneficiados con la recolección de los dos millones de soles anuales generados por este rubro220.

Piérola, Nicolás de. “Mensaje…”, en Mensajes 1915, pp. 34-38.

En opinión del Ministro de Hacienda, Ignacio Rey, las reformas se justificaban porque “nuestra organización tributaria actual es viciosa en sí misma y en la manera como funciona”. Rey, Ignacio.

“Memoria que…”, en El Peruano, 3 de setiembre de 1896.

218 Desde cinco años antes, El Comercio, recogiendo las ideas de Adam Smith y Paul Pradier Foderé, había puesto en evidencia los perjuicios causados por la recaudación de impuestos a través del sistema de remates. “Editorial”, en El Comercio, 9 de diciembre de 1891. El conflicto entre contribuyentes y rematistas, motivó continuos pedidos para limitar el afán de lucro de éstos, pues actuaban como “parásitos de ciertas industrias nacionales”. “Editorial”, en El Comercio, 12 de marzo de 1892.

219 “Editorial”, en El Comercio, 3 de octubre de 1895.

220 “Editorial”, en El Comercio, 21 de noviembre de 1895.

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En ese contexto, el Ejecutivo solicita a la Cámara de Comercio de Lima la elaboración del proyecto de ley que permitiría constituir la entidad recaudadora. El propósito de Piérola consistía en colocar las acciones entre los capitalistas de toda la República, haciéndolos partícipes del negocio221. Acogiendo dicha iniciativa, la privatización del sistema tributario fue autorizada por ley del 13/XII/1895. Poco después, el decreto del 9/I/1896 dio origen a la Sociedad Anónima Recaudadora de Impuestos, la cual administraría la renta tributaria originada por los ramos de alcoholes, tabaco, opio y la venta de timbres. Entre los principales accionistas de esta sociedad predominaban miembros de la cámara comercial limeña y financistas de los bancos de Londres, Italia y el Callao222. En marzo de 1898 el contrato fue prorrogado por cinco años modificándose alguna de sus cláusulas, a fin de aumentar el capital suscrito a dos millones de soles, extender la participación del fisco en las utilidades hasta el 75%, y garantizar el derecho del Estado a rescindir el contrato en cualquier momento223. El gobierno obtuvo además un empréstito de cien mil libras para cubrir los déficits de los presupuestos de 1896, 1897 y 1898224.

A su vez, la decisión de balancear el presupuesto justificó el recorte de gastos burocráticos. Amparado en esa meta, el 19/X/1895, el Ministro de Hacienda, Federico Bresani, rubrica el proyecto supresor de las juntas departamentales, achacándoles haber descuidado la prestación de servicios, aun cuando su funcionamiento imponía “fuertes desembolsos”. El 11/X/1895, este pedido obtuvo el apoyo de Ricardo García Rossel y Modesto Basadre, integrantes de la Comisión Principal de Hacienda, quienes acusaban a las juntas de arrebatar “al supremo gobierno

Rey. Ignacio. “Memoria que…”, en El Peruano, 3 de setiembre de 1896.

La Sociedad Anónima Recaudadora de Impuestos fue constituida con un capital de un millón de soles, repartidos en diez mil acciones de cien soles. Los capitalistas de Lima y Callao poseían el 60% de las acciones suscritas. Rey, Ignacio. “Memoria que…”, en El Peruano, 12 de setiembre de 1896.

223 El 18/III/1898, la junta general de dicha sociedad aceptó las condiciones impuestas por el Estado para la prórroga de su privilegio. El Presidente del Directorio, José Payán, defendió la conveniencia de la propuesta estatal, frente a la oposición de Rafael Canevaro y Russell Gubbins, quienes exigían la devolución de la garantía de 200 mil soles otorgada al fisco por el contrato anterior. “Sociedad Recaudadora de Impuestos Fiscales”, en El Comercio, 18 de marzo de 1898. A pesar de estas reticencias, los accionistas mayoritarios de la Sociedad no tenían motivo de insatisfacción, pues la rentabilidad de sus valores había alcanzado el 169% durante el período enero 1896-marzo 1898. González del Riego, Manuel.

“Revista económica del mes de marzo”, en El Comercio, 4 de abril de 1898.

224 Rey, Ignacio. “Memoria que…”, en El Peruano, 8 de setiembre de 1898.

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facultades de alta trascendencia y de que éste no ha podido desprenderse, sin menoscabo de su autoridad”. No obstante, el 23/X/1895, los diputados Aurelio Denegri, Manuel Pérez, Wenceslao Valera, Francisco del Barco, Juan de Dios Lora y Página | 116

Antonio Larraín, miembros de las comisiones de Gobierno y Principal de Hacienda, alentaron la subsistencia de las juntas, negaron que fuesen malas en sí mismas, y recomendaron cambiar a los prefectos, verdaderos culpables de la gestión ineficiente de estas225. Aunque el Congreso avaló la permanencia de las juntas, el Califa hábilmente consiguió restringir sus facultades económicas asignando, con autorización legislativa, el manejo de las rentas departamentales a la Sociedad Manuel Pérez

Recaudadora.

A su vez, los movimientos aduaneros fueron reactivados mediante la supresión del “gravoso y desigual” impuesto de movimiento de bultos, creado el 4/II/1879. En el caso de la contribución personal, dada la preferencia del Califa por las contribuciones indirectas226 y reputándola fuente de abusos contra los indígenas, el ministro Bresani demandó al Congreso abolirla. El 19/XI/1895, la Comisión Auxiliar de Hacienda de la Cámara de Diputados, compuesta por Eliseo Araujo, Leandro Loli y José Matías Manzanilla, acepta este pedido pero exige al Ejecutivo reemplazarla con otra clase de gravamen, pues la continuidad del servicio público en los departamentos de Ancash, Apurímac, Puno y Cuzco, dependía básicamente de esa renta. Poniendo en duda la efectividad del centralismo hacendario, el diputado Manuel Pérez advirtió que debido al carácter nacional de los fondos del futuro estanco de la sal, éstos no lograrían repartirse equitativamente entre los departamentos227. Buscando una medida intermedia, el diputado Amador del Solar, recoge el parecer de varios senadores y recomienda implantar la contribución de vecindad. Finalmente, el 24/XII/1895, la mayoría congresal anula el tributo personal y condona las deudas acumuladas por dicho concepto.

225

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. Congreso Ordinario 1895, tomo II, pp. 322-326.

Los críticos de las contribuciones indirectas impugnaban su generalidad, porque “la mayor parte de los peruanos, que no consumen sino artículos de producción nacional, no gravados, eludían la obligación de toda ciudadanía eficiente [y] no contribuían en lo absoluto al sostenimiento del poder público y de la administración”. Uno. “La contribución personal”, en El Comercio, 5 de diciembre de 1895.

227 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. Congreso Ordinario 1895, tomo II, p. 1,026 y ss.

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En enero de 1896, la inevitable caída de ingresos fue compensada con la creación del estanco de la sal y el reajuste de la escala del impuesto al consumo de alcoholes y otros licores. Los mineros argentíferos y viticultores reclamaron contra esta medida porque encarecía sus costos de producción. Desde la perspectiva de la teoría económica, José Manuel Rodríguez y Luis Esteves, desmitificaron las supuestas ventajas del controvertido estanco. El primero reprobaba que el Estado fabricara y regulase la venta de la sal, con el propósito de sacar dinero de los consumidores para invertirlo en monopolios perjudiciales al comercio e industria228. El segundo manifestó su contrariedad por los efectos sociales negativos que provocaría el estanco de una sustancia alimenticia, siendo preferible sustituirlo con un arancel de 10 centavos sobre el kilo de sal importada, que era la de mayor demanda en las poblaciones de la costa 229.

El reglamento del estanco, dado el 18/VII/1896, fijó gravámenes de uno y cinco centavos por kilo de sal industrial y doméstica respectivamente. Los indígenas salineros acostumbraban cambiar la sal por víveres, y carecían de efectivo para pagar estos impuestos230. Por ello, la sorpresiva estatización golpeó a la economía campesina suscitando protestas y rebeliones en el sur andino. Para los indígenas, el estanco simbolizaba el despojo de un recurso que explotaban como propio desde siglos atrás.

Esto explica la conducta beligerante asumida contra las autoridades y comisionados del gobierno encargados de registrar las salinas. Por ejemplo, los comuneros de la Laguna de Salinas en Azángaro (Puno) expulsaron al ingeniero Nicanor García y Lastres, quien acusaba a los “enemigos del régimen actual”, es decir, a los caceristas231, de haberlos prevenido en su contra232. Los indígenas de Maras (Cuzco) expresaron similar indignación, al punto que destruyeron 100 pozos salineros y provocaron la huida de los empleados del estanco y un piquete de la fuerza armada233. En la provincia de Huanta Contreras 2009, p. 362.

Esteves, Luis. “Estanco de la Sal”, en El Comercio, 26 de noviembre de 1895.

230 Ruiz de Pardo, Carmen. “Las rebeliones antifiscales por la sal en 1896”, en Guerra y Rouillon (editoras) 2005, p. 240.

231 El Califa persiguió a los caceristas con la misma intensidad que éstos lo habían hecho con él. En octubre de 1898, no reparó en ordenar el exilio de Antonia Moreno de Cáceres y sus hijas, valiéndose del pretexto de que eran un peligro para el orden público. Al año siguiente, apresó a Carlos Porras, yerno del caudillo, y luego procedió a desterrarlo. González Prada condenó ambos hechos motivados por la “saña” y “encarnizamiento” de Piérola con sus rivales políticos. González Prada 1986, tomo II, volumen 3, p. 117.

232 García y Lastres, Nicanor. “Las salinas de los indios de Azángaro”, en El Comercio, 31 de marzo de 1896.

233 “El impuesto de la sal en el Cuzco”, en El Comercio, 18 de octubre de 1896.

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surgieron incluso guerrillas indígenas, que tomaron dicha ciudad y victimaron al alcalde y subprefecto. Frente a esos actos, el gobierno pierolista envía una fuerza de 800 soldados para restablecer el orden, lo cual consigue luego de eliminar más de 400 montoneros234.

En el ramo administrativo, el desgobierno había destruido los principios

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básicos de gestión hacendaria. Las oficinas fiscales languidecían por efecto de contradictorias disposiciones gubernativas y la subsistencia de viciosas prácticas contables. Además, cada dependencia actuaba como feudo tomando su parte de las rentas comunes para manejarlas libremente. Las cifras del presupuesto tenían amplio margen de error debido a que no existía Cuenta General de la República. Los gobiernos anteriores tampoco cumplieron con proveer fondos para el rescate de Tacna y Arica. Ante este panorama, el Califa promulga la ley del 30/X/1895, que establece la responsabilidad de los ministros en el manejo de los recursos de su pliego y la vigilancia de los ingresos fiscales por parte de un contador especial235. Asimismo, se ordenó a los ministros cerrar libros los días 30 de junio y 31 de diciembre, y someterlos a la revisión del Tribunal de Cuentas. Los contadores informarían diariamente al Ministerio de Hacienda sobre los libramientos girados, y el monto y las partidas aplicadas. En ese sentido, urgía el riguroso nombramiento de nuevo personal y la apertura de la Dirección del Tesoro en el citado ministerio. Estas sugerencias son atendidas por Piérola, quien designa en dicha oficina a Ignacio Rey, mientras confía a Manuel Cuadros la tarea de reformar las aduanas. Los elegidos no eran partidarios demócratas, por lo que su ingreso al gobierno fue visto por la prensa como muestra de apertura y transparencia en asuntos fiscales.

La expedición pacificadora enviada por Piérola, llegó a Huanta con una “voluntad de represión total”.

Antonio Ferrúa Lozano, integrante de la “Columna Huanta”, cuenta en sus “Recuerdos históricos de Huanta” que por donde pasaban no dejaban “ni una casa sin incendiar y matando gente donde podían alcanzar arreando toda clase de animales”. Del Pino 2008, p. 177.

235 El 23/IX/1895, el Ministro de Hacienda, Federico Bresani, había presentado el proyecto de ley declarando a los ministros responsables de los gastos que ordenasen. Éste fue aprobado el 2/X/1895 por la Comisión Auxiliar de Hacienda de la Cámara de Diputados, integrada por Eliseo Araujo, Raúl Boza, José M. Manzanilla, José Cáceres y Leandro Loli. El artículo segundo de dicho proyecto creaba la plaza de contador especial en cada ministerio para llevar el registro de ingresos y aprobar los gastos. El diputado Pedro Diez Canseco se opuso a esta medida, aduciendo que el erario no estaba en condiciones de asumir nuevos sueldos. Sin embargo, la mayoría de la Cámara aprobó el citado dictamen. Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. Congreso Ordinario 1895, tomo II, p. 28.

234

En medio de estos trabajos, el ambiente político fue perturbado con la denuncia del senador Enrique Cayo y Tagle sobre supuestos sobornos pagados por la Peruvian Corporation a funcionarios públicos en 1894 para asegurar la aprobación legislativa del convenio pactado entre su representante, Clinton E. Dawkins y el Ministro de Gobierno, Alfredo Gastón236. El Congreso nombró una comisión parlamentaria mixta, la cual concluyó que solo podría conocerse quienes recibieron esos extraños pagos revisando los libros contables de la mencionada empresa. Sin embargo, ésta respondió que ninguna institución estatal tenía competencia para revisar documentos privados. Los comisionados fueron impedidos de continuar sus investigaciones, cuando la Fiscalía de la Corte Suprema calificó las pesquisas como inconstitucionales y violatorias de la facultad judicial237. De otro lado, hasta setiembre de 1896, las tratativas entre Sir Henry Tyler y el presidente Piérola fueron infructuosas, debido a la negativa del Congreso a conceder autorización al Ejecutivo para negociar a firme con los británicos. Al siguiente mes, el gobierno advirtió que declararía caducos los derechos de éstos sobre las minas de Pasco por no haber efectuado obras ferroviarias dentro del plazo señalado. La ruptura se produjo finalmente en noviembre, cuando el Estado toma posesión de los citados minerales dejando sin efecto los planes destinados a formar una compañía explotadora con participación asociada del fisco, los mineros y el capital extranjero. ¿Por qué el Califa mantuvo una actitud distante con la Peruvian Corporation?

Un hecho poco conocido puede ayudarnos a entender sus motivaciones. En marzo de 1897, cuando parecía imposible arreglo alguno con dicha empresa, Piérola, desprovisto de autorización legislativa, intenta contratar un empréstito con el banquero francés M.R. Herz. Ese dinero debía invertirse en las obras ferroviarias de La Oroya y Ucayali, y el financiamiento de nuevos proyectos hacendarios. Según los civilistas, Herz mantenía vínculos con Dreyfus, pues ambos pertenecían a una comunidad financiera franco judía. ¿Quiso Piérola comprometer a Dreyfus en sus planes viales? No podemos saberlo, Cayo y Tagle, Enrique. “Apremio a la Peruvian Corporation”, en El Comercio, 13 de marzo de 1896.

Iguales sospechas motivó la conducta del Ministro de Hacienda, Manuel Obin, durante la sesión secreta de la Cámara de Diputados del 14/I/1896, pues luego de exhibir las cuentas entre el fisco y la Peruvian Corporation pidió que no fuesen publicadas. El diputado Manuel Pérez solicitó poner dichos documentos al acceso de la opinión pública, pero su pedido fue derivado a las comisiones de Constitución y Principal de Hacienda donde fue archivado. “La Peruvian Corporation”, en El Comercio, 15 de enero de 1896.

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pero antes de que el asunto pasara al Legislativo el prestamista renunció al negocio.

Más adelante, el litigio con la Peruvian Corporation, que afectaba a los productores con sus altas tarifas, complica a las autoridades hacendarias. Existían en la agenda del Página | 120

gobierno dos caminos divergentes: el dictamen de la Cámara de Diputados le permitía contratar ad referéndum, mientras el del Senado consentía el pacto firme, pero sobre bases determinadas. Hacia setiembre de 1897, ambas cámaras estaban enfrascadas en fuerte pugna por imponer su criterio. En la cámara baja, Germán Leguía y Martínez intercambió puyas con el Ministro de Justicia, Manuel Pablo Olaechea, quien amparaba las facultades del Ejecutivo para arreglar a firme con la empresa británica. Cuando se exigió al ministro exhibir el estado de las cuentas recíprocas, éste dijo que sólo revelaría esos datos en sesión secreta, a fin de evitar mayores conflictos con los británicos. Finalmente, en diciembre del año indicado el Congreso mediante ley del 2/XII/1897 dispuso la liquidación de cuentas y el señalamiento de la forma y términos en que se harían los pagos. La resolución legislativa del 14/XI/1898 prorrogó hasta julio de 1899 el cumplimiento de esta orden, debido a que la Peruvian Corporation no aceptaba las condiciones del acuerdo.

Durante todos estos años, la crisis internacional del precio de la plata devaluó la moneda nacional originando creciente inestabilidad en las cuentas fiscales y la producción de riqueza. Este fenómeno se había iniciado en 1891, pero sufrió un brusco aceleramiento en 1894 cuando el cambio pasó de 27 a 24 peniques por sol plata. Ante la caída del mismo a 23 peniques, el 9/IV/1897 Piérola por decreto suspende la acuñación libre de plata238, cierra la Casa de Moneda239, y prohíbe la salida de numerario. Los propios civilistas, afectos a la libre empresa, respaldaron la doctrina demócrata de que solo el Estado debía acuñar moneda. Dos meses después, el 24/VI/1897 manda cobrar los derechos fiscales en moneda sellada, a razón de diez soles por libra esterlina (240 peniques). De esa forma, el oro ingresa al país y comienzan a escasear los soles de plata lográndose dos efectos Los mayores opositores a dicha medida fueron los exportadores, quienes expresaron su temor ante “la posibilidad de que nuestra moneda de plata, en la que pagan jornales y hacen otros gastos, mejore tanto de valor, en relación con la del oro, que es en la que ellos venden sus productos, [con lo cual] sus provechos industriales disminuirían considerablemente”. “Editorial”, en El Comercio, 24 de abril de 1897.

239 En febrero de 1894, El Comercio había sugerido disminuir el circulante de plata para revalorarlo frente al oro. Esto solo podría lograrse cesando las acuñaciones de la ceca limeña, imitando una acción similar aplicada un año antes en la India. Gracias a ello, la rupia de plata, equivalente al sol peruano, valía 21.5% más respecto del penique. “Editorial”, en El Comercio, 3 de marzo de 1894.

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simultáneos: la fijación del tipo de cambio en 24 peniques240 y el fin del agio imperante en los negocios cotidianos241. Con todo, la intempestiva desaparición de la plata sellada perjudicó, y en algunos casos paralizó, el comercio en las provincias sureñas del país, estrechamente vinculadas con los mercados bolivianos242. En su mensaje del 28/VII/1897, el Califa persistía en reconocer la preeminencia del oro en el sistema monetario internacional, razón por la que era necesario importarlo de Inglaterra. Asimismo, quiso estimular la oferta interna del dorado metal promoviendo un proyecto de ley sobre concesiones mineras, que facilitaría las tareas extractivas en las zonas auríferas de Sandia y Carabaya243.

Por su parte, el Ministro de Hacienda, Ignacio Rey, acudió al Senado el 1º/IX/1897 para reafirmar la voluntad del Ejecutivo de implantar el patrón de oro. Aunque el senador Luis Carranza explicó a sus colegas que esa acción elevaría el descuento financiero y los intereses cobrados por los préstamos, éstos avalaron la reforma monetaria244.

En virtud de ese apoyo, el Ejecutivo satisfizo su pensamiento de desmonetizar la plata en cantidad suficiente para mantener la paridad de diez a uno respecto del oro. Acto seguido, el ministro Rey, solicita al Congreso autorizar tanto la acuñación de la libra peruana245como el curso legal transitorio de su similar esterlina. El

Según algunos críticos, como Aurelio Denegri, aumentar de manera artificial el valor del sol lo expondría a mayores oscilaciones, por lo que ningún comerciante tendría seguridad para calcular sus costos. A su juicio, convenía derogar el decreto del 9/IV/1897, sustituirlo por un impuesto del 15% sobre las pastas destinadas a la amonedación y declarar la libre exportación de las barras. Denegri, Aurelio.

“Cuestión plata”, en El Comercio, 29 de abril de 1897.

241 Varias empresas, como las de vapores, de manera arbitraria descontaban el 10% del valor nominal del sol de plata. Esa pérdida debía agregarse a la que sufrían los clientes en el cambio, pues las empresas solo recibían los soles al tipo de 20.5 peniques, cuando en Lima llegaba a 23.5 peniques. “Cotización del sol”, en El Comercio, 19 de mayo de 1897.

242 Al respecto, el corresponsal de El Comercio en Puno informaba que el decreto del 9/IV/1897 había originado “una verdadera revolución económica y comercial, una suspensión exabrupta de los negocios y una amenaza a las industrias propias, toda vez que prohíbe la entrada de los capitales que le dan vida y movimiento”. Por ello, reclamaban al gobierno enmendar esta norma, “declarando libre la importación de plata sellada por los puertos del lago Titicaca y las fronteras de Huancané y Desaguadero, tal como estaba antes de expedirse aquella prohibición”. “Puno”, en El Comercio, 24 de junio de 1897.

243 Piérola, Nicolás de. “Mensaje…”, en Mensajes 1915, p. 24.

244 Diario de los Debates de la H. Cámara de Senadores. Congreso Ordinario 1897, pp. 115-116.

245 Los redactores de El Nacional objetaron los proyectos ministeriales, porque suponía desmonetizar la plata “sin tener acumulado antes el oro suficiente para fabricar las monedas con que deben hacerse los cambios, aun cuando esa cantidad sea solo de libras 600,000”. Censuraron igualmente a los diputados oficialistas dispuestos a secundar cualquier idea del Califa, en vez de convocar “el mayor número de personas capaces que representen los diversos intereses sociales, y no una sola voz sino muchas”. “El problema monetario en el Congreso”, en El Comercio, 27 de setiembre de 1897.

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20/IX/1897, la Comisión Principal de Hacienda en mayoría de la Cámara de Diputados, compuesta por Juan Martín Echenique, Ricardo García Rossel y Manuel Carpio, dio su visto bueno a esta propuesta. Los dictámenes en minoría de Jerónimo de Lama y Página | 122

Manuel Portugal también opinaron en ese sentido, aunque éste último expresó la necesidad de aumentar en 30% el impuesto a los licores para generar rentas aplicables a la importación de oro.

Solo Aurelio Sousa, miembro de la Comisión de Minería,

descalificó el proyecto aduciendo que provocaría escasez de circulante246. Para disipar los temores, el diputado Mariano Cornejo informó sobre las prevenciones del gobierno para traer oro desde los lavaderos de Puno, cuya explotación había tomado gran impulso debido a las disposiciones del nuevo Código de Minería247.

Asimismo, el 30/IX/1897, las casas comerciales limeñas elevaron un memorial al Congreso invocando la pronta aprobación de los proyectos monetarios del Califa, porque las oscilaciones en la cotización del sol estaban generando la fuga de capitales de la esfera mercantil e industrial hacia el ámbito de las especulaciones Aurelio Sousa

financieras248. En respuesta a este pedido, las casas importadoras

exigieron a los diputados negarse a la introducción de la libra de oro, de lo contrario la industria nacional sufriría “enormes perjuicios”249.

En el Senado, la Comisión Principal de Hacienda emitió dos dictámenes: el de mayoría (15/X/1897), suscrito por Antero Aspíllaga y Narciso de Aramburú, rechazó la adopción inmediata de la nueva moneda y sugirió realizarla en el largo plazo; y el de minoría (18/X/1897), firmado por Carlos Basadre, favorecía sin reparos el plan monetario del gobierno. Los senadores aplazaron el establecimiento del patrón de oro e hicieron suya la solución intermedia defendida por Luis Carranza, que facultaba la circulación paralela de la libra esterlina y el sol de plata, y el pago de deudas y 246

Diario de Debates de la H. Cámara de Diputados. Congreso Ordinario 1897, pp. 404-424.

El diputado Mariano Cornejo acusó también a los exportadores de aprovechar la devaluación del sol “como elemento de explotación en los jornales”. Estos reaccionaron indignados señalando que el jornal se regía por las leyes de la oferta y demanda. Por su parte, los mineros alegaron ser los principales perjudicados con la depreciación de la plata, pues la diferencia entre el valor nominal (24 peniques) e intrínseco (19 peniques) del sol podía causarles pérdidas del 25% en sus capitales. “El discurso del H. Dr. Cornejo”, en El Comercio, 6 de octubre de 1897.

248 “Cuestión moneda”, en El Comercio, 2 de octubre de 1897.

249 “Cuestión monetaria”, en El Comercio, 6 de octubre de 1897.

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obligaciones en cualquiera de las dos monedas250. Finalmente, la ley del 27/XII/1897 determina la acuñación de piezas de oro con valor de 10 soles plata o 24 peniques.

Posteriores decretos supremos de enero y marzo de 1898 le dieron el nombre de libras, especificando además su ley, forma y cuño251. Poco después, el Califa en su mensaje presidencial del 28/VII/1898 dijo sentirse complacido porque la reforma monetaria se venía ejecutando “sin esfuerzo, violencia ni perturbación de ningún género”. El mayor mérito de ese proceso –agregó– se notaba en la estabilidad de los valores comerciales, liberados de las fluctuaciones del precio de la plata. Por ello, insistía en que el Senado no tenía razones para sancionar la ley que implantaba el patrón de oro252. No obstante, esto no fue posible sino hasta diciembre de 1901, bajo el gobierno del presidente Eduardo López de Romaña253.

Debajo de esta relativa estabilidad monetaria persistían el déficit fiscal y el incumplimiento del servicio de la deuda interna. Apenas iniciado el califato, a pedido del Ministro de Hacienda, Federico Bresani, el Congreso nombra una Comisión Especial para estudiar la Cuenta General, sin cuyo dictamen era imposible seguir pauta alguna en materia hacendaria. El dictamen de Adrián Ward, Benjamín Boza y Antero Aspíllaga, basándose en estimados sujetos a revisión, clasifica los ingresos de 1894 en ordinarios (5´426,349.76 soles) y extraordinarios (957,388.31 soles). En el campo de los egresos, solo figuraban 137,000 soles por gastos extraordinarios, pero la cantidad realmente dispuesta fuera del presupuesto llegaba a 2´318,158.05 soles. El examen de la Cuenta general fijó el déficit en 667,761 soles, señalándose como causa del mismo al caos

250

Diario de los Debates de la H. Cámara de Senadores. Congreso Ordinario 1897, p. 472.

Dulanto 1947, pp. 481-484.

Piérola, Nicolás de. “Mensaje…”, en Mensajes 1915, p. 36.

253 Entre 1898 y 1901, el país estuvo inmerso en un régimen bimetalista. Durante todo ese tiempo, los mineros y exportadores, y sus publicistas, defendieron la coexistencia del patrón de oro con la libre acuñación de la plata. Algunos analistas, partidarios de la reforma progresiva, sugirieron encargar a una junta la emisión de certificados de oro, que serían vendidos por moneda argentífera al tipo de cambio vigente, para luego invertir lo acumulado en la compra y acuñación del dorado metal. De esa forma, quedaría descartada la emisión de billetes representativos del oro, y la plata sería desmonetizada gradualmente. Vanderbil, Arsenio. “A los mineros del Perú”, en El Comercio, 1º de octubre de 1897.

Empero, Luis Dubois, jefe de la Casa Graham Rowe, calificaba como gravísimo yerro echar mano de los billetes para suplir la escasez de moneda provocada por el cierre de la ceca limeña. Dubois, Luis. “Patrón de oro”, en El Comercio, 7 de diciembre de 1897.

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financiero imperante y la corrupción de empleados254. Más tarde, el 9/IX/1896, la Cámara de Diputados fue informada de que el déficit de 719,264.15 soles, heredado del gobierno anterior, excedía el superávit de 686,828.10 soles, previsto en el presupuesto Página | 124

de 1897. El optimista Ministro de Hacienda, Ignacio Rey se comprometió entonces a enviar un proyecto para hacerle frente “sin recurrir al préstamo ni aumentar los impuestos”255. Más allá de estas declaraciones, corrían rumores en Europa de que un sindicato bancario anglo-francés había enviado a Lima al señor S. Joseph con la intención de ofrecer empréstitos destinados al rescate de Tacna y Arica, el pago de deudas con la Peruvian Corporation y la ejecución de “varias operaciones financieras internas”256. El 11/IX/1897, Piérola asistió al Congreso para exponer sus reparos al Presupuesto Nacional de dicho año aprobado a finales de 1896. Según el Califa había sido votado con déficit sin haberse dispuesto la forma en que debía cubrirse. Además cuestionaba la consignación de partidas para contrato de personal en la Cámara de Diputados, concesión de pensiones, pago de sueldos atrasados a los parlamentarios de 1893, reconocimientos de créditos particulares e incluso aumentos inconsultos en el sueldo de su secretario y algunos jueces de provincias257.

Estas urgencias del Tesoro impidieron cumplir los compromisos atrasados en cuanto a la deuda interna. Desde 1891 se hallaba suspendido el servicio de esos valores, porque los fondos para dicho fin fueron gastados en la lucha contra los enemigos del cacerismo. Ascendido a la presidencia, Piérola alegando “razones especiosas” solo devolvió parte de las partidas correspondientes a este rubro decepcionando las esperanzas de miles de tenedores y prolongando el abatimiento del

En octubre de 1895, Benjamín Lama consideraba deficiente el proyecto del senador Agustín Tovar destinado a garantizar el honesto manejo de las rentas nacionales. Propuso como alternativa debatir su proyecto de garantías fiscales, presentado originalmente ante la Legislatura de 1893. Allí tomaba como modelo una ley mejicana que “prescribía que los empleados del fisco formasen un inventario de sus bienes, antes de tomar posesión del cargo (…) hecho tal inventario, el empleado quedará obligado a significar cuanto adquiriera después por cualquier título legal para que se agregue a él y puedan en todo tiempo ser conocidos sus bienes. Debiendo los fiscales, por acción propia o de oficio, seguir un juicio rápido y severo de pesquisa al empleado cuya conducta de margen para sospechar fundadamente que defrauda el erario nacional”. “Garantías fiscales”, en El Comercio, 15 de octubre de 1895.

255 Rey, Ignacio. “Ministerio de Hacienda”, en El Peruano, 15 de setiembre de 1896.

256 “Proyecto de empréstito para el Perú”, en El Comercio, 5 de febrero de 1897.

257 Piérola, Nicolás de. “Mensaje de el…”, en El Peruano, 7 de diciembre de 1897.

254

crédito público258. En abril de 1897, hubo amplio debate sobre el dinero señalado en el presupuesto nacional para el servicio de dicha deuda. Al respecto, los analistas cuestionaron que se invirtieran 40,000 soles en la partida de amortización, cuando esa suma no podía bajar de 192,000 soles conforme a la ley del 6/XI/1891259. En sentido contrario, existía un fondo de 400,000 soles para abonar cuatro trimestres de intereses durante 1897, el cual superaba inexplicablemente los 260,000 soles que realmente demandaba esa obligación260. La voluntad del gobierno por eludir esta responsabilidad se hizo patente en el mensaje leído por el Califa en la inauguración de la legislatura ordinaria de este año. Allí no solo confunde el asunto invocando el elástico concepto de deuda flotante, sino que expresa su discrepancia con la legislación vigente sobre crédito público, dejando entrever que la deficiencia de ésta impedía verificarla261.

Los reproches de los tenedores contra esta conducta del gobierno despertaron la solidaridad de varios congresistas262. Por ello, el diputado Manuel Portugal, miembro de la Comisión Principal de Hacienda de la cámara baja, en dictamen suscrito el 22/X/1897 exigió reconocer como deuda nacional los cuatro millones de soles en bonos flotantes, y los 243,900 soles en papeles emitidos por el ex– vicepresidente Pedro del Solar263. Una semana después, Antero Aspíllaga, Narciso de Aramburú y Carlos Basadre, integrantes de la Comisión Principal de Hacienda del Senado, dijeron que la Memoria de la Junta de Vigilancia del Crédito Público denunciaba al gobierno, pues: “… haciendo caso omiso de las repetidas gestiones hechas por la Junta, con el objeto de que se diera estricto cumplimiento a las leyes sobre Deuda Interna, ha desatendido las disposiciones de la ley de 12 de junio de 1889 y la de 16 de noviembre de 1893, “Deuda interna”, en El Comercio, 8 de octubre de 1896.

El artículo segundo de esta ley mandaba aplicar desde el 15/I/1892, la cantidad de 16,000 soles mensuales a la amortización de bonos de la deuda interna, es decir, 192,000 soles anuales.

260 “La deuda interna y el presupuesto”, en El Comercio, 10 de abril de 1897.

261 “Deuda interna”, en El Comercio, 19 de agosto de 1897.

262 Los tenedores dijeron sentirse jurídicamente desamparados, porque el Estado en su calidad de deudor imponía “a los acreedores su voluntad, suspendiendo las amortizaciones y faltando a la regularidad en el pago de intereses, teniendo rentas tan saneadas un buen servicio, y sin contar con el acuerdo previo de ambas partes el deudor hace lo que mejor le place”. Más aún, en tono sarcástico un supuesto tenedor decía “oigo decir con alguna frecuencia, a todos se paga, a nadie se debe, y sin embargo, los tenedores de Deuda Interna son más numerosos en la República, que los empleados públicos y, por consiguiente, son más los perjudicados con la falta de cumplimiento de la rigurosa ley de Deuda Interna, que no debe llamarse sino deuda de papel inservible”. Un artesano. “Deuda Interna”, en El Comercio, 21 de octubre de 1897.

263 “Dictamen sobre la Memoria…”, en El Comercio, 11 de noviembre de 1897.

258 259

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que establecen de la manera más amplia y concluyente que los fondos destinados a la amortización y servicio de la deuda interna se apliquen en su totalidad a esos objetos, sin que por motivo alguno puedan emplearse en fines distintos”264.

El gobierno no cedió en su empeño de reducir las cifras de la deuda interna, Página | 126 y para conseguirlo requirió al Congreso reformar la ley del 12/VI/1889. Este acto

buscaba liberar al fisco del enorme gasto irrogado por el pago de intereses de los bonos de 1889, pero fue interpretado como el avasallamiento de derechos adquiridos mediante una liquidación arbitraria que contraería el adeudo público de cuarenta a veintisiete millones de soles265. En marzo de 1898, Piérola obtiene un préstamo de un millón de soles de la Sociedad Recaudadora de Impuestos para cubrir el déficit fiscal y prevenir el quebranto de los valores estatales266. En los meses siguientes, el Ejecutivo y Legislativo trataron de acordar las condiciones bajo las cuales serían canjeados los bonos de 1889 y sus intereses devengados por otros nuevos, cuyo tipo de interés y amortización debería definirse luego de minucioso examen. Los analistas publicaron en la prensa capitalina varias fórmulas de consolidación, y finalmente los diputados Wenceslao Valera, Manuel Pérez, Arturo Arróspide, Germán Leguía y Martínez, Armando Vélez y Francisco del Barco, copartícipes de las comisiones principales de Hacienda y Presupuesto, en su dictamen del 17/VIII/1898 dispusieron canjear los antiguos bonos y los intereses acumulados por éstos con vales de consolidación y especiales respectivamente, haciéndose la salvedad que solo los primeros ganarían 1% de interés anual. Asimismo, ordenaban votar en el presupuesto 350,000 y 154,000 soles anuales aplicables al pago de intereses y amortización de los nuevos vales267. Los

264 265

Diario de los Debates de la H. Cámara de Senadores. Congreso Ordinario 1897, pp. 564-566.

“Editorial”, en El Comercio, 6 de diciembre de 1897.

Esta operación no tuvo efecto inmediato en la cotización de la deuda interna, pues las cédulas apenas lograron un aumento de 20 centavos por cada cien soles nominales, pasando de 7.70 a 7.90 soles entre marzo y abril de 1898. González del Riego, Manuel. “Revista económica del mes de abril”, en El Comercio, 3 de mayo de 1898.

267 “Proyectos sobre deuda interna”, en El Comercio, 17 de agosto de 1898. De manera paralela, Piérola quiso reforzar el movimiento de capitales solicitando el permiso legislativo para la emisión de títulos al portador, los cuales reemplazarían aquellos que circulaban contra el expreso mandato de las leyes. Sin embargo, habiéndose suscitado desconfianza entre el público y los empresarios, el Califa acordó retirar el proyecto de ley aunque estaba persuadido de su conveniencia. Sin duda, no resultaba oportuno lanzarlos, en tanto el papel como sustituto de la moneda podía retrasar el ingreso y uso del oro en las plazas nacionales. “Los títulos al portador”, en El Comercio, 20 de agosto de 1898.

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tenedores reaccionaron negativamente acusando a los diputados de modificar unilateralmente las leyes de deuda interna, en tanto pretendían: “… que los intereses devengados se nos paguen no en dinero efectivo, sino en papel de amortización, lo cual es también una injusticia, y contrario al artículo 15 de la Constitución [de 1860] que dispone que ninguna ley tendrá efecto Página | 127 retroactivo, y darle ese efecto a una ley es mandar que intereses que ya se tienen ganados en plata, no se paguen en esta moneda sino en papel de amortización (…) lo equitativo sería que del fondo que anualmente se ha designado para la amortización del nuevo papel que trata de crearse, y que asciende a 340,000 soles al año, se separasen anualmente 40 mil por lo menos para amortizar los intereses diferidos y que no podemos jamás consentir en que no se nos paguen en plata”268.

El parecer de la Cámara de Diputados fue rechazado por los senadores Manuel Rodulfo, Gustavo Escudero y Enrique Coronel Zegarra, integrantes de las comisiones principales de Hacienda y Presupuesto. En extenso dictamen, emitido el 15/XI/1898, lo juzgaron desdoroso del crédito público y violatorio de la legislación imperante. De acuerdo con sus cálculos, la deuda nacional ascendía a 48´104,000 soles, requiriéndose 747,000 soles anuales para el pago de la amortización e intereses, pero el gobierno aducía no poder invertir sino 520,000 soles en estas obligaciones. Como solución equitativa para el fisco y los tenedores, planearon convertir 60 soles en bonos antiguos por una libra en papeles nuevos, señalándose 52,105 libras anuales (521,050 soles) para atender la amortización acumulativa (5%) e intereses (1.5%) durante treinta años hasta extinguir la deuda269. Este proyecto, a criterio de los tenedores, recogía la voluntad del Califa manifestada en la sesión inaugural del Congreso de 1897, cuando prometió redimir todos los bonos estatales bajo las mismas condiciones270. En ese contexto, la ley del 17/XII/1898 mandó canjear los papeles antiguos por un nuevo título de deuda pública sin interés, pero amortizable con una partida anual que no podría ser inferior a 250,000 soles. La norma estipuló además plazo de seis meses para las reclamaciones correspondientes, luego del cual quedarían sin valor los créditos no reconocidos.

Resuelto el anterior asunto, todavía el déficit fiscal seguía aguijoneando la gestión hacendaria de Piérola. No en vano, los diputados Ricardo García Rossel, Osvaldo Seminario, Juvenal Manrique y Gonzalo Silva Santisteban, mediante dictamen

“Deuda interna”, en El Comercio, 15 de noviembre de 1898.

“Deuda nacional del Perú”, en El Comercio, 16 de noviembre de 1898.

270 “La cuestión palpitante”, en El Comercio, 18 de noviembre de 1898.

268 269

del 9/XII/1898 pusieron énfasis en que éste no había sido cubierto, quedando “pendiente en parte considerable, ofreciéndose a última hora con todos los caracteres de un gravísimo problema”. Denunciaron también la perniciosa costumbre de los congresistas de aprobar presupuestos basados en cifras irreales. Lo más grave era que durante el califato, con clamorosa arbitrariedad, sin cálculo meditado ni base segura, fueron designadas partidas, cuya inversión carecía de certeza. A su juicio, el Ejecutivo no debía contratar más empréstitos para balancear el presupuesto, pues el que estaba vigente tenía 70,000 libras de saldo contrario. En cambio, recomendaron gravar el consumo de fósforos, incluir una partida de 15,000 libras por multas de policía y aumentar en dos centavos las tarifas de los alcoholes. Aunque el Senado estuvo conforme con evitar contraer mayores empréstitos, cedió ante la presión de los diputados Manuel Pérez, Raúl Boza, Pedro Carlos Olaechea y Pedro Rada, quienes el 10/XII/1898 entregaron un proyecto autorizando al Ejecutivo a Amador del Solar.

sanear el faltante del presupuesto de 1899 tomando prestado un

Olaechea

Pedro Rada y Gamio.

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millón de soles, amortizable en anualidades de 200,000 soles. Los senadores aceptaron esta idea y la perfeccionaron afectando las rentas aduaneras al servicio del empréstito, tal como lo sugirió Manuel Candamo271.

Para distraer la atención de la evidente crisis fiscal272, Piérola exhibía como

uno de sus mayores logros la reactivación del comercio internacional. Ciertamente, la tendencia positiva de la balanza comercial era un hecho anterior al califato. Pero ese superávit coyuntural era producto básicamente de la caída de las importaciones, que entre 1891 y 1893 se redujeron de quince a diez millones de soles provocados por la Diario de los Debates. Honorable Cámara de Senadores. 2do. Congreso Extraordinario 1898, pp.

1,154-1,156.

272 El Califa intentó siempre justificar el persistente déficit fiscal de su gestión, que osciló de 887.511 soles a 752,031 soles entre 1896 y 1899, y generó un acumulado de 2´928,660 soles en dicho período. Con todo, Piérola insistía en haberlo reducido en un tercio, sin afectar los servicios públicos, a pesar de los fuertes desembolsos en obras viales y la expedición a Loreto. Lo cierto es que cuando culmina su gobierno, dejó contratado un empréstito por un millón de soles para subsanar el presupuesto de 1898, y aceptaba que sería necesario otro de igual suma aplicable al de 1899. Piérola, Nicolás de. “Mensaje…”, en Mensajes 1915, pp. 46-47. Por ese motivo, el diputado Santiago Giraldo fustigó la actitud del gobierno, siempre reacio a aceptar su responsabilidad en la crisis fiscal. Incluso, en 1897 y 1898 fue exaltada frecuentemente la regularidad del erario. La pregunta era muy sencilla entonces ¿por qué se había subestimado la existencia del déficit fiscal en el bienio 1897-1898, para luego al final del gobierno corregirse y afirmar que éste bordeaba los dos millones de soles en 1899? Giraldo 1899, p. 15.

271

depreciación de la plata, que había abatido el tipo de cambio del sol de 36 a 24 peniques. En consecuencia, el superávit ocultaba el empobrecimiento general, pues representaba un menor consumo de bienes importados y por ende, retroceso en la renta aduanera273. A partir de 1896, la política económica del califato aprovecha el boom de los commodities (azúcar, algodón, lanas, caucho y minerales)274, proceso que fortalece la fiscalidad oligárquica, pero también encarece el costo de vida, genera continuas huelgas y ata el tesoro público al volátil rendimiento de las exportaciones. Piérola y sus socios civilistas profundizaron este modelo de crecimiento hacia afuera modernizando la infraestructura productiva y protegiendo la inversión extranjera.

Durante el período 1896-1899, los ingresos estatales registraron un aumento del 19% transitando de 11´287,147 soles a 13´513,996 soles. Este avance fue impulsado por el rendimiento de las aduanas, que en promedio aportaban poco más de la mitad de estos. La acumulación de capitales y formación de empresas siguió el mismo ritmo vertiginoso275. En el sector bancario, las reservas y colocaciones de las cuatro entidades crediticias existentes (bancos italianos, del Perú y Londres, Internacional del Perú y Popular del Perú) subieron en 68 % y 57%, respectivamente. En medio de toda esa prosperidad pasajera, el gasto público estuvo centrado en dos sectores: los ministerios de Guerra y Marina y Gobierno, que concentraban el 40-45% de las partidas presupuestales y estaban encargados de la campaña represiva de los opositores caceristas, y el de Hacienda, que disponía del 20% de las mismas y era responsable de manejar los servicios generales y asuntos de la deuda pública. En sentido inverso, el pliego de Justicia e Instrucción apenas recibía el 8-10% de recursos fiscales, probablemente por la necesidad de financiar diversos proyectos desde el Ministerio de Fomento276.

“Editorial”, en El Comercio, 14 de setiembre de 1895.

Entre 1895 y 1899, la exportación de los commodities se incrementó en los siguientes porcentajes: plata (106 %), oro (270 %) caucho (77 %), algodón (5 %), azúcar (6 %). Hunt 1973, pp. 51-53; Alfageme 1992, p. 119. Asimismo, el PBI del sector primario exportador, tomando como base el año 1929 igual a 100, pasó de 7.39 a 11.76 entre 1896 y 1899. Seminario y Beltrán 1998, p. 115.

275 Bajo el gobierno de Piérola, los sectores económicos recibieron una fuerte inversión de capitales, en el orden que a continuación indicamos: 10’800,000 soles (agricultura), 4´650,000 soles (bancos y compañías de seguros), 3´669,000 soles (minería), 3´525,000 soles (fábricas varias), 1´673,000 soles (casas comerciales), 1´450,000 soles (empresas textiles), 500,000 soles (empresas eléctricas), 200,000 (empresas de bienes raíces). Alfageme 1992, pp. 221-223.

276 Contreras 2009, p. 187.

273 274

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Conclusiones Después de dos décadas de revoluciones, en 1895 el Califa Piérola asume el gobierno bajo la consigna de construir un aparato estatal libre de los prosaicos intereses de las facciones o partidos. En su renovado discurso, el Estado debía ubicarse por encima de los antagonismos de círculo con el propósito de conducir a la ciudadanía al progreso real gobernado por una autoridad efectiva y legítima. En los hechos, debajo del discurso positivista y modernizador subsistieron las viejas prácticas de camarilla y represión política277. El califato constituía una maquinaria a la medida de los oligarcas para manipular la economía y las instituciones estatales en beneficio propio. Piérola, como en su momento advirtió José Carlos Mariátegui, aprovechó la voluntad transformadora de las clases medias y populares para acabar con el militarismo y reforzar los proyectos de la plutocracia278. Los afanes modernistas de los civilistas no encontraron mayor resistencia en los dogmas conservadores y tendencias autoritarias del Califa, pues éste

Mallon, Florencia. “Reflexiones sobre las ruinas: Formas cotidianas de formación del Estado en el México decimonónico”, en Joseph y Nugent (compiladores) 2002, p. 140.

278 Según José Carlos Mariátegui, la revolución pierolista de 1895 se había limitado a liquidar un régimen militar para restaurar “bajo la gerencia provisoria de don Nicolás de Piérola, el régimen civilista”. Mariátegui 1979, p. 178. Por esa razón, como advierte Pablo Macera, la figura del Califa representa en el imaginario político la instauración de la República Aristocrática “relativamente próspera, bajo una administración política diversa”. Macera, Pablo. “Ni Piérola ni petróleo”, en 30 Días 1984, p. 9.

277

sabía adaptarse a las circunstancias y modificar su discurso siempre que no afectaran sus proyectos personales279.

Después del caos surgido con la guerra civil de 1894-1895, el Califa y los Página | 132

gremios de capitalistas nacionales reconstruyeron las finanzas públicas. Las discrepancias de éstos en lo referente al cambio de patrón monetario eran incentivadas por quienes especulaban con la plata. Piérola entonces debió apoyarse en el sector financiero para dictar en 1897 un decreto que suspendía la acuñación argentífera y promovía su libre exportación, a pesar de la protesta de los mineros. Con ello se estabilizó el tipo de cambio y quedó abierto el camino para la creación de la libra peruana de oro. El régimen monetario peruano adopta el patrón dorado mediante la ley del 29/XII/1897, que dispuso acuñar libras de dicho metal con peso y ley similares a su homóloga esterlina, asignándole un valor de 10 soles plata. Por entonces, los capitales ingresados al país en pago de las crecientes exportaciones abastecían la demanda interna de libras esterlinas, promoviendo el surgimiento de nuevas entidades crediticias. Todo ello contribuyó a que el tipo de cambio oro/plata se estabilizara en 24 peniques, recuperando parte del valor perdido en años anteriores. A lo largo del lustro 1897-1901, el gobierno impulsó el progresivo reemplazo del numerario de plata y cobre.

La prosperidad de los capitalistas y el ordenamiento de las finanzas públicas permitieron que la participación porcentual del oro en la masa circulante llegase al 44%280 .

De otro lado, en la posguerra del Pacífico, las protestas antifiscales y la ineficacia burocrática aminoraron la recaudación provinciana, ésta aportaba el 40% del

González Prada criticó acremente la maleabilidad ideológica del Califa y sus rápidas mutaciones políticas. En su ensayo “Piérola” censura el oportunismo del caudillo, pues en 1898 éste afirmaba que le era difícil señalar diferencia de principios entre el Partido Civil y el Partido Demócrata. Semejante declaración ridiculizaba los veinticinco años de conspiraciones y guerras civiles, tesoros derrochados y vidas sacrificadas por sus partidarios para llevarlo al gobierno pensando que era una alternativa al civilismo. González Prada 1969, pp. 58-59. En otro momento, el Califa en entrevista concedida a Abelardo Gamarra dejó entendido que su opción política era resultado de un hecho circunstancial, como puede deducirse leyendo el siguiente texto: “Gamarra preguntó: “Señor ¿por qué usted fundó el Partido Demócrata?” Piérola respondió pausadamente: “usted sabe, amigo Gamarra, Pardo estaba rodeado de la gente rica, de los propietarios, de los abogados, yo tuve que buscar al empleado, al trabajador…” Gamarra interrumpió tartajosamente: “Perdón, señor de Piérola, dígame usted, ¿y si hubiera ocurrido la contraria?”

Piérola se quedó mirando al periodista, alargó la mano, cogió una caja de cigarros y, muy cortés y pulido, preguntó a su turno: “¿Fuma usted, señor Gamarra?”. Sánchez 1963, pp. 133-134.

280 En los primeros años del siglo XX, el numerario bimetálico estaba compuesto por 4´527,535 soles plata, y unas 200 mil libras peruanas (dos millones de soles). Alfageme 1992, p. 112.

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presupuesto nacional en 1894, siendo el tributo personal su mejor respaldo. Sin embargo, el fomento de las exportaciones de materias primas, y la puesta en vigencia de impuestos al consumo de bienes (azúcar, fósforos, opio, sal, tabaco y otros), justificaron el cese de dicha capitación decretado por el movimiento pierolista de 1895.

Todo esto configuró un modelo tributario centralista oligárquico, que desmonta la estructura descentralizada y prospera desde 1904, cuando el ministro Augusto B. Leguía, estanca el tabaco, y reajusta los impuestos al azúcar y alcoholes. Desde 1896, a pesar de haberse abolido el impuesto al movimiento de bultos y la contribución personal281, la presión tributaria aumenta sostenidamente situándose en 5.5% hacia 1913282, gracias al centralismo fiscal, la existencia de nuevas estadísticas económicas, la unidad monetaria, el amparo jurídico de la propiedad agrícola y minera, la regularidad en el servicio de la deuda pública, y la reforma tributaria iniciada por el califato.

En el caso del estanco de la sal, las ofertas irrisorias de los postores obligaron al Estado a manejar este negocio hasta 1896, cuando lo transfiere al sector privado. Ese mismo año fue estancado dicho mineral, ante la urgencia de reunir fondos para el rescate de Tacna y Arica, y suplir la renta de la abolida contribución personal. El estanco prohibió la libre explotación de salinas, impuso la venta exclusiva al Estado con un 20% de premio sobre el costo de producción283, e impidió a los indígenas continuar negociando la sal. La gestión estatal (1896-1901) obtuvo una renta máxima de 630 mil soles anuales. Entre 1886 y 1895, Estado y rematistas habían compartido la cobranza de los citados impuestos, pero el gobierno pierolista prefirió cederla a financistas aglutinados en la Cámara de Comercio de Lima y la banca capitalina. Ellos manejaron las finanzas públicas a través de la Sociedad Recaudadora de Impuestos (1896), la Compañía Nacional de Recaudación (1899), y la Compañía Recaudadora de Impuestos (1913-1926). Estas empresas entregaron recursos al fisco, y recibieron facultades para

Desde 1896, los ingresos departamentales se restringen a las contribuciones predial, industrial y de patentes. No obstante, entre 1905 y 1920 dieron un salto de 171%, pasando de 1´150,904 soles a 3´119,121 soles. El 70% de estos recursos fue destinado a los ramos de Instrucción, Beneficencia y Obras Públicas. Contreras 2009, p. 86.

282 Entre 1897 y 1913, el producto bruto interno creció en 105% (de 302´932,000 soles a 639´240,000 soles), mientras que la presión tributaria lo hizo en 291% (de 12´172,507 soles a 35´580,490 soles).

Contreras 2009, p. 134.

283 El Reglamento del estanco (18/VII/1896) señaló tasas de 1 y 5 cinco centavos por kilo de sal industrial y doméstica respectivamente. Ambas se pagarían en el lugar de extracción.

281

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cobrar diversos tributos y vender timbres y papel sellado284. Conviene precisar que Piérola siendo expresamente opuesto a contratar empréstitos para cubrir el déficit fiscal, los solicitó a dicha sociedad contrariando este supuesto principio hacendario285.

Durante el último lustro del siglo XIX, “grandes propietarios” oligarcas

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centralizan el control político e imponen un orden social jerárquico expresado en las formas laborales serviles de las plantaciones costeñas y haciendas andinas286. Estos oligarcas criollos consolidan su poder económico en torno a la agricultura de exportación, constituyendo latifundios azucareros y algodoneros en la costa norte y central del Perú. Por ello, fueron partidarios del laissez faire y se especializaron en el comercio internacional de materias primas. No obstante, la necesidad de desarrollar industrias nacionales suscitó una polémica entre el gremio mercantil liberal (Cámara de Comercio de Lima) y su homólogo productivo proteccionista (Sociedad Nacional de Industrias), sobre qué tipo de modelo económico convenía adoptar. Por el lado del Ejecutivo, la creación del Ministerio de Fomento tuvo como propósito estimular el progreso económico, así como modernizar los patrones urbanísticos y sanitarios de las ciudades. Para ello debía generar información estadística acerca del estado de la población y los diversos sectores productivos del país287.

La gestión privada resolvió los vicios atribuidos a su antecesora estatal, cuya efectividad recaudadora se calculaba en 52%. Velarde 1900, p. 4 y ss.

285 El Comercio criticó esta asociación de la cobranza tributaria con operaciones de crédito público, pues “si se continúa por este camino, como a medida que crezcan las exigencias del gobierno en materia de anticipos, serán mayores los riesgos de los que adelanten dinero, pronto no se encontrará quienes lo hagan sino en condiciones que los aseguren contra las emergencias consiguientes a esta clase de negociaciones”. Por ese motivo, el diario exigía al Congreso establecer “de una vez que existe incompatibilidad entre el papel de recaudador por cuenta del fisco, y el de prestamista al fisco, porque esta promiscuidad de obligaciones y derechos tarde o temprano tiene que ser origen de abusos”. “Editorial”, en El Comercio, 18 de marzo de 1898.

286 En el decenio de 1970, se inició el estudio del papel económico de la oligarquía peruana. Francois Bourricaud, Jean Piel, Jorge Bravo Bresani y Henri Favre sostuvieron un interesante debate sobre las prácticas liberales de los oligarcas y su dependencia del capitalismo extranjero. Para mayores detalles consúltese Bourricaud, F. y otros. “La oligarquía en el Perú: tres ensayos y una polémica”, Lima, IEP, 1970. Más recientemente, Sinesio López, señala que el Estado oligárquico de principios del siglo XX aplicó una “política económica liberal criolla”, que se tradujo en el sometimiento de la economía interna a las leyes del mercado internacional, especialmente en los períodos de auge de las exportaciones. López 1991, pp. 147-148.

287 Las estadísticas parciales sobre industria, agricultura y comercio, fueron ordenadas y analizadas por Ricardo Tizón i Bueno en sus Estudios económicos (1919). Anteriormente, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888, había estudiado el territorio peruano, cumpliendo un papel importante en el suministro de informes que permitieron la apropiación del espacio amazónico por el Estado peruano, entre fines del siglo XIX y principios del XX. 284

En esta época, la estabilidad oligárquica condujo a la formación de diversas sociedades anónimas. A través de ellas, ingresarían al país los capitales financieros tan reclamados por los defensores del modelo hacia afuera. Muchos Página | 135 vieron en estas instituciones una oportunidad para darle colocación rentable a su dinero. No en vano, la sociedad mutua de ahorros La Acumulativa (1897), llegó a reunir un capital de 250,000 soles, cantidad superior a la que poseían entonces varias empresas agropecuarias, industriales, mineras y de obras públicas. En el rubro de aseguradoras contra siniestros, podemos mencionar a la sociedad inglesa conformada por las compañías Commercial Union Assurance Company Limited, fundada en 1861, y British & Foreign, que habían delegado “amplios poderes” a la casa Duncan Fox & Cia. para que actuase como su agente en Lima. Competían con esta sociedad, la compañía South British Insurance Co. of New Zealand, establecida en 1872 y poseedora de una red de agencias en las principales ciudades sudamericanas y del mundo, y la compañía magdeburguesa de seguros contra incendio, que atendía al público en Lima y Trujillo a través de la casa Ludowieg & Co. Por su parte, los empresarios nacionales ingresaron al negocio de las aseguradoras en 1895, cuando por iniciativa de José Payán fundan la Compañía Internacional de Seguros del Perú, suscribiendo un capital de dos millones de soles.

La oferta nacional de pólizas protegía “casas, muebles y mercadería” y “carga por vapores y buques de vela para todas partes del mundo”. Este hecho revirtió en cierto grado el monopolio extranjero sobre el mercado de seguros.

Las tres

aseguradoras limeñas (Internacional, Rímac e Italia) movilizaron en conjunto unos seis y medio millones de soles. La preocupación estuvo centrada entonces en las compañías extranjeras de seguros, pues recibían el dinero del público sin poseer valores en el país con los cuales afrontar cualquier contingencia. Por ese motivo, el 21/XII/1895 fue promulgada una ley exigiéndoles invertir un 30% de sus capitales en bienes raíces, depósitos en oro o moneda nacional o acciones de crédito público,

además de reglamentar la actividad de éstas 288. Más tarde incluso se dispuso vigilar la contabilidad de las mismas creando una oficina de inspección fiscal.

Durante el califato, quienes reclamaban mejorar la competitividad de las Página | 136

empresas agrícolas y mineras, recibieron con interés la llegada de los primeros motores de gas y petróleo, que eran comercializados por diversas casas importadoras limeñas.

Las fábricas también aprovecharon estas tecnologías, especialmente las de tejidos, sombreros y calzado, seguidas por las de ladrillos, fósforos, cerámicas, tabaco, jabón y velas. Durante 1896, El Comercio publicó varias notas en las cuales describía minuciosamente cada una de estas empresas, elogiándolas porque consumían materias primas nacionales y daban vida a un naciente industrialismo urbano, que como hemos visto fue la base de las ideas proteccionistas289. Debemos destacar además la participación de empresarios extranjeros en el renacimiento de las industrias limeñas.

Muchos de ellos, como Gio Batta Isola, Pedro D´onofrio, Arturo Field y Alejandro Milne, colocaron sus capitales en negocios agrícolas, fábricas de tejidos de algodón y lana, molinos y producción de galletas, dulces y helados. Asimismo, los agricultores, comerciantes y consumidores en general consultaban periódicamente en los diarios la oferta de bienes y servicios brindados por estas empresas.

El diputado Ricardo García Rossel defendió esta normativa, que fue combatida por los publicistas financieros calificándola de contraria a la libertad industrial y discriminatoria, porque negaba a los capitalistas extranjeros las franquicias de que gozaban sus pares nacionales. “Editorial”, en El Comercio, 20 de setiembre de 1895. Los brokers de las veintiocho compañías de seguros marítimos y contra incendio de Lima, entre los cuales destacaba Augusto B. Leguía, anunciaron que las casas matrices inglesas les habían enviado un cablegrama “ordenándoles que cierren sus oficinas si se sanciona el proyecto [de García Rossel]”. “Compañías de seguros”, en El Comercio, 27 de octubre de 1895.

289 El Comercio ensalzaba la actitud de muchos jóvenes, que “en vez de dedicarse a la empleomanía, consagran su actividad al establecimiento de industrias en el país”. Sin embargo, los productos nacionales tenían aún poco consumo, lo cual obligaba a los fabricantes a venderlos “con etiqueta extranjera, pues, de lo contrario, el público no los compra”. “Nueva industria nacional”, en El Comercio, 3 de octubre de 1896.

288

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Índice EPÍGRAFE 5 INTRODUCCIÓN 7 CAPÍTULO I: EL SEMINARISTA Y EL MINISTRO DEL GUANO 13 1.1 Seminarista y periodista 14 1.2 El Ministro de Hacienda y Dreyfus

26

CAPÍTULO II: EL DICTADOR Y LA REGENERACIÓN DEL PERÚ 73 2.1 La dictadura pierolista 73 2.2 El Partido Demócrata y la Reconstrucción Nacional

89

CAPÍTULO III: EL CALIFATO DE PIÉROLA 99 3.1 El plan de reformas del califato

99

3.2 Gestión hacendaria del califato

Página | 152

CONCLUSIONES 131 BIBLIOGRAFÍA 137 ÍNDICE 151

114

IMPRESO

Seminario de Historia Rural Andina Jr. Andahuaylas 348 - Lima 1 Teléf. (51-1) 619-7000, anexo 6158 Marzo 2012 Lima-Perú

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