Una calculadora que mide los impactos de la minería ilegal de oro

La herramienta económica es online y gratuita, ayudará a las comunidades indígenas y locales afectadas por esta actividad ilícita y a las autoridades a establecer sanciones. Actualmente es utilizada en Perú, Colombia, Brasil y Ecuador.

En la Reunión Regional de Intercambio: Calculadora de Impactos de la Minería Ilegal de Oro en Brasil, Perú y Colombia, un proyecto desarrollado por Conservation Strategy Fund (CSF), organización internacional enfocada en la formación de capacidades y análisis económico aplicado a la conservación, se presentó una manera eficaz de medir el impacto de la minería ilegal de oro en la región amazónica.

Según una nota de Inforegión, la herramienta permite que las autoridades establezcan sanciones y compensaciones para regular esta actividad que afecta al ambiente y el entorno social. Hoy en día, esta es utilizada en Brasil y, recientemente, se ha adaptado a Colombia, Ecuador y Perú.

Martha Torres Marcos-Ibáñez, abogada y directora de Programa–CSF Perú, precisó que la herramienta ofrece información sobre la cuantificación económica del daño socioambiental generado por la minería ilegal de oro. La herramienta analiza tres impactos de la actividad ilícita: deforestación, sedimentación de ríos y contaminación por el metal tóxico mercurio. “Se ha construido una metodología con base en variables sociales y ambientales de contexto, como información geográfica, el tipo de minería en la zona y la población afectada, entre otras, para así conocer el impacto económico que genera la extracción ilegal de oro en la Amazonía. Cuando se revisa la calculadora, se puede escoger la región, provincia, y cuantificar, en términos económicos, el daño social y ambiental que genera la extracción ilícita de oro”.

Para la realización de la herramienta digital de valoración económica se organizaron reuniones con expertos y talleres de socialización y validación con comunidades en situación vulnerable, debido a la economía ilegal en sus territorios. “Para nosotros es muy importante que participen las comunidades porque son las principales afectadas por la actividad. Por ello, lo que hemos tratado, desde el inicio, es que sea lo más accesible y entendible posible. Los operadores de justicia pueden utilizarla como sustento económico para otros casos que se presenten”, remarcó Torres Marcos-Ibáñez, representante de Conservation Strategy Fund (CSF).