Patria Grande
SUPLEMENTO DE
JULIO 2015
OFENSIVA REGIONAL POR LA RESTAURACIÓN CONSERVADORA
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odas las luces de alarma permanecen encendidas en nuestra región ante los intentos restauradores del viejo orden neoliberal y los ataques permanentes a la soberanía de nuestros países y pueblos. Las fuerzas más reaccionarias del mundo han intensificado sus campañas para desestabilizar nuevamente, al término del tercer lustro del milenio, a varios gobiernos latinoamericanos –el venezolano, el boliviano y el ecuatoriano en lo social, económico y militar, el argentino y el brasileño en lo financiero–, en una experiencia que bien puede ser aplicada en cualquier otro país latinoamericano cuyos recursos naturales sean apetecidos por las potencias centrales. La creciente y orgánica participación de los medios de comunicación cartelizados –nacionales y extranjeros– en la preparación y el desarrollo de las guerras y planes desestabilizadores promovidos por y desde Estados Unidos, demuestra que éstos se han convertido
ARAM AHARONIAN en verdaderas unidades guardar el “patio Miradas al Sur militares. La guerra se trasero” estadoutraslada al espacio simnidense de gobólico, a la batalla ideológica, a la guerra biernos montados sobre las luchas de cultural, desde donde se lanzan los mi- los movimientos sociales, empecinados siles para desestabilizar gobiernos, con en políticas nacionalistas, de justicia violencia callejera, con el fin de crear social, de redistribución de la renta, caos y alegar la falta de gobernabilidad. de equidad, de defensa de sus recursos Socavar desde adentro todos los proce- naturales, de respeto a la diversidad y sos progresistas es la principal misión pluralidad de sus pueblos que, durante de la derecha regional y de sus mandan- décadas fueron invisibilizados y explotes del norte. tados por políticas neoliberales. Luego del golpe mediático en VeneLa crisis de identidad de nuestras zuela en abril de 2002, se han venido su- derechas sorprendió a pensadores y cediendo una serie de intentos de “gol- publicistas, desesperados ahora por espes blandos” en América latina, como cribir nuevos libretos. En algunos casos los verificados y frustrado en Bolivia y pretenden desconocer la realidad de los Ecuador, y los –lamentablemente– vic- avances logrados por los gobiernos protoriosos en Honduras y Paraguay. Los gresistas y hablan de un retorno al pasaintentos de desestabilización siguen vi- do, al fracaso. Otros intentan robar las gentes en Venezuela, Bolivia, Ecuador, consignas e incorporarlas a sus discurpero también en Argentina y Brasil. sos. Estos mismos grupos de manipuDesde los think tanks se asume la lación, con amplio financiamiento del obsolescencia de viejos partidos y añe- gobierno estadounidense, pero también jos liderazgos, que han impedido res- desde España y Holanda, comenzaron a
trabajar en la creación de líderes jóvenes de la oposición en cada uno de los países progresistas de América latina, lo que le brinda a EE.UU. la posibilidad de aplicar su política injerencista y desestabilizadora al servicio de los intereses de sus corporaciones financieras y comerciales, al presentarlos como la opción más viable para un cambio “necesario” en el país. Pese a la enorme ofensiva mediática, nacional e internacional, la derecha sigue siendo derrotada en nuestros países. Y continúa mirando cómo gobiernos populares se han venido consolidando, reeligiendo, con un común denominador, de poner en marcha políticas sociales inclusivas en el continente más desigual del mundo, recuperando el papel del Estado, estimulando políticas de integración subregional y regional, combatiendo la centralidad del mercado. No hubo magia: solamente pagar la deuda interna con las grandes mayorías Q
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LA OFENSIVA CONSERVADORA
SE BUSCA PRESIDENCIABLE JOVEN Y GUAPO
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a derecha no ha logrado un fenotipo de candidato: en Ecuador propone a un banquero y un outsider, en Bolivia y en Chile un gran empresario, en Venezuela, Argentina y Uruguay a jóvenes políticos que siguen proponiendo un regreso al neoliberalismo y su inequidad. Podrán disfrazarse, trasvestirse de centroizquierdistas, autotildarse socialistas, pero se les notan los grilletes del neoliberalismo. Podrán encontrar caritas frescas y sonrientes, pero eso sólo no basta. Falta creatividad, imaginación, incluso un baño de realidad… pese a contar con financiamiento internacional, grandes aparatos, las grandes agencias de publicidad y con toda la prensa hegemónica. Gráficamente, Alfredo Serrano señala que nuestras derechas buscan candidatos: De ser posible, que sea joven. Si es guapo, mucho mejor. Cuanto menos confronte, más vale. Siempre dispuesto a sacar un aprobado sin importar que sea sobresaliente. Se ruega altamente disciplinado; sin tentaciones para salirse del guión. Cuanto menos improvise, mucho mejor. No conviene exceso de verborragia; se prefiere la palabra justa. Destreza y capacidad política no excluyente. Cuanto menos hábito y experiencia, mucho mejor. Todo se aprende y moldea en las técnicas de mercadeo político de moda. Este patrón común responde al nuevo currículum exigido en América latina para ser aspirante a ganar elecciones frente a los proyectos posneoliberales en el siglo XXI.
Terror económico y mediático
A nuestras derechas les sobran las campañas de terrorismo económico y mediático, las presiones internacionales, las denuncias diarias sobre violencia y corrupción (en gran medida vacías), el sensacionalismo apocalíptico que se renueva cada día sin memoria ni vergüenza. Tienen una sola cosa en claro: el intento (y las ganas) de desalojar del gobierno a las fuerzas progresistas para entregarlo al poder económico y mediático, multinacional, y a sus repetidoras vernáculas, en pos de la restauración conservadora (achicamiento del Estado, fin de las políticas sociales, volver a los tratados de libre comercio –tipo ALCA–, etc., etc.). Eso sí está en sus programas y discursos. La desestabilización buscada, la violencia programada en las calles, siempre son precedidas por miles de portadas de diarios y cientos de minutos de televisión y radio redimensionadas en los medios cibernéticos, anunciando catástrofes. Y a los sicarios mediáticos se les unen algunos sicarios judiciales. Estos nuevos líderes que se trata de imponer suelen incluso copiar el discurso progresista. Intentan
imponer el imaginario del mundo al revés en un acto transformista: La izquierda sería el poder, la fuerza, la represión y la censura, responsable de la crisis y los ilegitimados; la derecha se disfraza con rostro del pueblo, de los jóvenes, de los que ponen las víctimas, los censurados, los que reclaman contra la inflación y el desabastecimiento, y pasan a tener patente de demócratas reconocidos y son alentados por los grandes medios cartelizados de gran parte del mundo. Sin duda, los medios son parte de la batalla y no meros informadores: la guerra es cultural, ideológica. Las derechas han sido capaces de crear un dispositivo “popular” para desestabilizar gobiernos populares, dando la impresión de que estamos ante movilizaciones legítimas que terminan derribando gobiernos ilegítimos, aunque estos hayan sido elegidos y mantengan el apoyo de sectores mayoritarios de la población. En este punto, la confusión es un arte tan decisivo, como el arte de la insurrección que otrora dominaron los revolucionarios, señala Raúl Zibechi. Las batallas ya no se desarrollan en espacios lejanos, sino en su propia cabeza. Se trata de una guerra por conquista de cerebros, donde el usuario de los medios de comunicación es el blanco principal. El objetivo ya no es matar, sino controlar, las balas ya no apuntan a su cuerpo, sino a sus contradicciones y vulnerabilidades psicológicas. Las unidades de guerra psicológica son complementadas por grupos operativos, infiltrados en la población civil con la misión de detonar hechos de violencia y conflictos sociales.
Las tácticas y estrategias militares, son sustituidas por otras de control social, mediante la manipulación informativa y la acción psicológica orientada a direccionar conducta social masiva. Hasta hace unos años, cuando la lucha de clases amenazaba su poder, la burguesía simplemente le daba una patada al tablero de la democracia liberal, recurriendo al ejército permanente. Pero los tiempos han cambiado. Hoy no necesitan tanquetas: controlan los medios masivos de información y comunicación. No por esto la burguesía se ha resignado a no controlar el poder, y si antes daba golpes cuartelarios hoy da golpes “constitucionales” y “mediáticos”. Golpes blandos
En el comienzo de este milenio reapareció el concepto de “golpe blando”, introducido por el estadounidense Gene Sharp, director de la Fundación Albert Einstein, quien propone cinco etapas para estos intentos de desestabilización: ablandamiento, deslegitimación, calentamiento de calle, combinación de diversas formas de lucha y fractura institucional, con medios de comunicación privados que los viabilicen. Freedom House –que ha estado en la construcción del nuevo guión y en garantizar recursos para sus campañas– se publicita como una voz a favor de la democracia en el mundo, pero se financia con fondos públicos estadounidenses, de la Usaid, la NED y la CIA, de la Fundación Nacional Demócrata, y de la World Anticomunist League, el gobierno de Holanda, el Departamento de Estado y la Open Society Institute, entre otras organizaciones. Hasta ahora eran los centros de estudios de Estados Unidos los que mayor influencia tenían en la región, lo que parece estar cambiando, con la acción de, por ejemplo, la española Fundación de Análisis y Estudios Sociales (FAES) desde donde el ex presidente español José María Aznar influye en los partidos de derecha –liberales, democristianos y conservadores– de América latina. Crear insatisfacción permanente es uno de los primeros pasos de la estrategia golpista a través de los medios comerciales, así como presentar a los gobernantes como corruptos, hegemonistas, como despóticos, dice el académico argentino Roberto Follari. En América latina, añade, se puede insultar al gobernante todos los días sin que haya ninguna censura previa ni requisas posteriores de material como sucedía en las dictaduras. Pero el mayor problema de aquellos que sueñan con restaurar el orden conservador es que se enfrentan a millones de jóvenes, que crecieron en un país distinto, más justo, más equitativo Q
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LA DERECHA INVENTA SU CANDIDATO RESTAURADOR EN ECUADOR ÁLVARO VERZI RANGEL*
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esde que Rafael Correa asumió como presidente por primera vez en 2007, ha tenido que enfrentar numerosas protestas para minar su poder y un intento de golpe en 2010. En muchas de ellas se unen fuerzas muy disímiles que van desde los históricos partidos de derecha y los sectores más poderosos del país, hasta movimientos sociales que –paradójicamente– califican a Correa como “de derecha”. Todos ellos, apoyados por los tradicionales medios de comunicación, tienen un mismo objetivo: provocar su caída. La derecha no ha logrado un fenotipo de candidato: en Ecuador propone a un outsider, en Bolivia y en Chile un gran empresario, en Venezuela (Capriles), Argentina (Massa) y Uruguay (Lacalle) a jóvenes políticos que siguen proponiendo un regreso al neoliberalismo y su inequidad. Podrán encontrar caras frescas y sonrientes, pero eso sólo no basta. Falta creatividad, incluso un baño de realidad, alguna que otra idea… pese a contar con financiamiento internacional, grandes aparatos, las grandes agencias de publicidad y a toda la prensa hegemónica. Inventando a Mauricio Rodas
En el caso de Ecuador, la figura de Mauricio Rodas, hoy alcalde de Quito, representa lo mismo que Henrique Capriles y Leopoldo López para Venezuela: son los peones en el tablero de desestabilización trazado por Estados Unidos para América latina, a través de sus agencias de promoción a la subversion como Usaid, NED, Freedom House, IRI, atizando los procesos desestabilizadores en la región, fundamentalmente en los paises del ALBA. Rodas es el eslabón principal de la derecha regional para sus acciones contra el gobierno de la Revolución Ciudadana. Es un outsider: inició su carrera política en el 2010, lanzándose luego a la candidatura presidencial en la elección del 2013, donde obtuvo un magro resultado del 4% (cuarto lugar). El actual alcalde constituyó en 2007 la Fundación Ethos en México, para formar una cadena de líderes y crear una línea de pensamiento ideológico y político que irrumpa como “alternativa” al fracaso absoluto de la partidocracia latinoamericana, en su inútil intento por resistirse a los avances de la lucha por la liberación social y nacional de sus países. Ha sido por varios años director general de esta ONG, con presupuestos declarados superiores a los 8 millones de dólares anuales, financiados por instituciones gubernamentales, empresas e instituciones de la extrema derecha estadounidense, como las fundaciones CATO, Kellog, Carnegie Endowment for International Peace y Corcovado, el ultraconservador Hudson Institute, el Foro Económico Mundial, todas ellas receptoras de fondos de la National En-
dowment for Democracy (NED) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Entre las operaciones que realiza la Fundación Ethos para golpear la credibilidad e imagen de los gobiernos progresistas como Venezuela, Bolivia, Argentina y Ecuador, figuran los informes y constantes intervenciones en medios de comunicación, efectuadas por su vocero y director general para defender las políticas neoliberales y denostar las de regulación estatal a las que considera nefastas. Para sus intervenciones cuenta con el apoyo de la cadena estadounidense CNN y de muchos otros medios latinoamericanos, vinculados a las elites económicas. Quizá el producto ideológico más acabado de Ethos es del denominado “índice compuesto para medir la pobreza”, una “encuesta de percepción”, con cifras supuestamente basadas en las provistas por el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, la Freedom House, con los que Rodas intentó demostrar que coincidentemente los países más pobres son Venezuela, Ecuador y Bolivia, entre ocho estudiados, atacando a las mediciones de Cepal y Unicef. Asimismo, utiliza otros indicadores “contextuales” de libertades definidas bajo un enfoque totalmente liberal –libertad de expresión e información– que le mereció la descalificación de la academia y del periódico inglés The Economist. El triunfo de Rodas llegó acompañado de capital nacional y extranjero con una apariencia altruista en el corto plazo, pero que se convertirá en un ‘capital buitre’ en el largo plazo, dicen los analistas ecuatorianos. Obviamente, sus asesores intentarán dar una muestra de alcalde con una gestión exitosa en los
próximos años para construir su candidatura a la Presidencia. Rodas no confronta contra Correa, en este nuevo corrimiento del relato de derecha latinoamericana, que procura presentarse como posneoliberal, entendiendo que no puede confrontar con un líder que tiene el 57% de los votos. Para llegar a la alcaldía quiteña elaboró su campaña con asesores como Jaime Durán Barba (ecuatoriano que trabaja en la candidatura presidencial del argentino Mauricio Macri) y J. J. Rendón. En el caso de Ecuador, los manejadores de imagen han entendido que no valen los discursos del banquero Guillermo Lasso para hacerle sombra a Correa. La derecha ahora busca perfiles alejados de la partidocracia con gente nueva, joven. Rodas fue vicepresidente de las juventudes socialcristianas, partido que instauró un régimen de torturas, desapariciones forzosas y terrorismo de Estado durante el gobierno de su líder máximo, León Febres Cordero (19841988), según la Comisión de la Verdad. Más allá de eso, la imagen creada es la de un hombre venido de afuera, por ello las críticas de no conocer mucho Quito ni el país. Carece de un pasado partidocrático, muestra un discurso amigable, que no ofrece pelea frontal contra liderazgos ya construidos como el de Correa. Esta estrategia tiene como antecedente la campaña de Juan Manuel Santos en Colombia, orientada también por J. J. Rendón, con un discurso menos confrontativo que su antecesor Álvaro Uribe (de quien fue ministro de Defensa) y que ha marcado un ejemplo de apoyo electoral. Esta parece ser la nueva estrategia, concretamente con Rodas en Ecuador.
Los asesores
Rodas está rodeado de una serie de actores vinculados a la ultraderecha, investigados por actos de corrupción, violación, abiertos desestabilizadores de los gobiernos de progresistas y buscados por la policía internacional (Interpol), además de dos “asesores de imagen” como lo son Durán Barba y J. J. Rendón. Rodas cuenta con el apoyo del venezolano Armando Briquet, amigo personal y uno de los principales asesores y financistas de Capriles (quien lo invitó a “observar” los comicios en su país) y, a la vez, uno de los elementos más activos en el proceso desestabilizador en Ecuador, a donde, según denuncias oficiales, habría llevado “mano de obra” violenta desde Venezuela. Tanto Capriles como Briquet – quien es el enlace de los sectores más violentos de la oposición venezolana con Rodas– tienen estrechas relaciones con el expresidente colombiano Álvaro Uribe, a quien, coincidentemente, asesora J.J.Rendón. En el consejo asesor de Ethos están los venezolanos Moisés Naim y Ricardo Haussman, ex ministros de Carlos Andrés Pérez y ex altos funciónarios del Banco Mundial y del FMI y Enrique Krauze, intelectual mexicano de extrema derecha. Entre los asesores del alcalde de Quito –en materia de estancias infantiles– se encuentra Ignacio Muñoz Orozco, empresario y político mexicano, dueño de la cadena de tiendas de ropa María Ferré, buscado por EE.UU. por lavado de dinero para el Cartel de Sinaloa Q *Sociólogo, integrante del Observatorio en Comunicación y Democracia
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ENTREVISTA
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CAMILLE CHALMERS. ECONOMISTA
“HAITÍ SIEMPRE HA SIDO UN MAL EJEMPLO PARA DETERMINADOS INTERESES” CECILIA ESCUDERO Nodal
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aití, la nación más pobre de América. Una de las más desiguales del mundo. Un pueblo que se muere de hambre. Camille Chalmers, que es haitiano, economista, docente universitario y militante social en su país, se queja de esas frases repetidas. Chalmers asegura que es lo único que se dice o se sabe sobre Haití y lo atribuye al aislamiento que padece esta nación caribeña. Así, para Chalmers, se conocen poco –o se ocultan– las razones de fondo que explican la verdadera crisis social, política y económica haitiana. Mucho menos se habla de las responsabilidades que, sobre esta realidad, tiene la actuación de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que ya lleva once años en el país. Charlmes asegura que esta operación militar en la que participan 39 naciones (incluida la Argentina) es funcional a los objetivos geoestratégicos y militares estadounidenses, con la implantación de una base militar en el Caribe, cubierta por el manto de la ayuda humanitaria. En esta entrevista, este miembro del partido haitiano Raíces Campo del Pueblo explica la puja de intereses que dominan el paisaje político local y regional, y enumera los desafíos de esta nación caribeña, que llevó a cabo la primera revolución de América Latina, una de las más radicales hecha por negros esclavos. –A cinco años del terremoto, ¿cómo describe el panorama social y político de su país? –Hace tres décadas se desarrolla un enfrentamiento entre dos modelos de país. Uno es el proyecto del movimiento social y popular, el que derrocó a la dictadura de Jean-Claude Duvalier en 1986. Éste tiene el objetivo de construcción de un país democrático, que transforme las actuales estructuras de desigualdad, opresión, exclusión y dominación que fueron conformadas desde 1915, con la primera intervención militar de EE.UU. Frente a esto, se contrapone el proyecto del imperialismo norteamericano, sumado al de otros imperialistas y a la oligarquía haitiana, quienes intentan mantener el status quo. Para ello, se perpetraron tres grandes intervenciones militares: en 1994, con el regreso de Jean-Bertrand Aristide; en 2004, con el establecimiento de la Minustah; y en 2010, con la excusa de terremoto. –¿Cuál es la situación de los movimientos sociales? –En todo ese período, se propició un proceso de corrupción de las organizaciones populares, de cooptación e instrumentalización del movimiento, especialmente, mediante el accionar de una ola de ONG provenientes de EE.UU. y de Europa que se instalaron en el país. Pero, aunque lograron desviarlo de gran parte de sus grandes objetivos, no pudieron frenar el movimiento social, que sigue en pie. –El actual presidente Michel Martelly terminará su mandato este año. ¿Qué balance hace de la gestión? –Martelly accedió al poder mediante un proceso fraudulento y manipulado, sumado a una muy baja participación del electorado. El presidente representa a lo más atrasado de la oligarquía haitiana. Formó parte de las fuerzas conservadoras locales muy ligadas a EE.UU. que perpetraron el golpe contra Jean-Bertrand Aristide. Martelly está entre quienes quieren mantener el status quo de la brutal desigualdad en la distribución de los ingresos. Además, ha gobernado negando la Constitución de 1987, hija de todo el proceso previo de luchas democráticas. Durante todo su mandato, no convocó a elecciones legislativas, ni de ningún tipo. Creó una situación de vacío político e institucional muy grave. Pero no es casual, forma parte del plan de retroceso político para
anular conquistas democráticas. Durante estos últimos cuatro años, el gobierno de Martelly ha sido aplaudido por EE.UU., Francia y toda la llamada comunidad internacional, representado en el país por la Minustah. Este hecho refleja la fuerte alianza entre las fuerzas conservadoras locales e internacionales. Modelo para armar
–Usted mencionó dos modelos de país. ¿Cómo describe sus diferencias? –Con las organizaciones sociales trabajamos para la construcción de una alternativa que rompa totalmente con el modelo social y económico totalmente dependiente y donde el rol principal de Haití en la división internacional del trabajo es suministrar mano de obra barata a la industria capitalista regional. Los haitianos y haitianas se ven obligados a trabajar en otros países en condiciones pésimas. Se trata de un modelo capitalista raquítico, caracterizado por una violenta exclusión de las masas. Así, se constituyó un Estado que funciona sobre esa exclusión y que sirve a los intereses de una capa oligárquica muy limitada. El grueso del país está totalmente afuera de los servicios educativos, de salud pública, etcétera. Un Estado neocolonial constituido en la contrarrevolución y alimentado por el permanente racismo contra Haití, que siempre ha sido visto como un mal ejemplo. Frente a esto, tenemos que generar nuevas relaciones de producción y un nuevo modelo cultural. –Si la pobreza es funcional al actual modelo, ¿cómo impactó el terremoto registrado en 2010? –Estimuló la fabricación de pobreza y, por lo tanto, la hemorragia permanente de mano de obra. Cabe destacar que uno de los grandes legados de la revolución antiesclavista fue que la tierra quedó en manos de los campesinos. Por ello, en la actualidad, una de las ofensivas más importantes es el intento de quitarles la tierra a los campesinos para transferirla a las multinacionales. Se aprovechan de Martelly y de la coyuntura post sismo. Después del terremoto, se observa una penetración y avance del capital sobre todo en áreas económicas como la minería, el turismo de lujo, las exportaciones agrícolas, así como la constitución de una zona franca. Respecto de la minería, se confirmó que en Haití hay yacimientos muy importantes de metales como el oro y la plata, entre otros. Actualmente, en el norte del país, nueve empresas están instalando industrias mineras. –¿Y cuál es la situación de la industria del cultivo de arroz? El ex presidente estadounidense Bill Clinton hizo un mea culpa sobre la destrucción de esta actividad en Haití.
–Sí, su gobierno impuso a Haití bajar los aranceles de importación del arroz estadounidense, pero cuya producción local sí estaba y está subvencionada. Actualmente, se siguen aplicando las mismas políticas neoliberales que llevaron a la quiebra a la industria del arroz en mi país, lo que implica un sabotaje permanente al modelo de vida campesino y que socaba toda chance de soberanía. En la década del 70, Haití autoabastecía su consumo de arroz, producto esencial en la dieta nacional. En cambio, actualmente, importa el 82% de EE.UU. Para peor, es un arroz de baja calidad en comparación al nuestro. Por otro lado, la invasión de productos alimentarios importados ocurre en un contexto donde el hambre aumenta. Tenemos 3,8 millones de habitantes, de un total de diez, en situación de inseguridad alimentaria, cuando existen reservas de productividad muy importantes en la economía campesina. –Actualmente, ¿la industria textil es el principal generador de divisas? –Sí, casi el 80% de los ingresos de divisas proviene de esa actividad. El resto se completa con café, un poco de mango, cacao y artesanías. Además, el país recibe casi dos mil millones de dólares de transferencias por remesas de la diáspora haitiana. –¿Qué rol geoestratégico considera que juega actualmente el Caribe? –No es casual que en la región estén el ejército francés, el británico, el holandés, el norteamericano, entre otros. Y, ahora, también está la presencia de China con la construcción del canal interoceánico. Así que hay una concentración de fuerzas impresionante para unas pequeñas islas. Ocurre que además de ser un punto geográfico clave para el comercio global, el Caribe tiene recursos naturales muy importantes, una notable biodiversidad, incluso en Haití a pesar de la deforestación masiva que ha sufrido. Por otro lado, el Caribe presenta dos grandes proyectos contestatarios, que son Cuba y Venezuela. Y, si se observa el mapa, Haití está exactamente ubicado entre ambos países. –¿Le gustaría que Haití adoptara un modelo similar al venezolano, por ejemplo? –No creo que un país pueda copiar modelos, más bien debe inventar el propio. Pero, sí podemos inspirarnos en algunos éxitos y elementos muy interesantes del modelo bolivariano en Venezuela. Haití integra el Petrocaribe y eso explica que no haya un desplome de su sistema financiero. Y con Cuba tenemos una cooperación muy interesante y fructífera Q
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EL (TRISTE) ROL DE LA MINUSTAH
amille Chalmers tiene una posición C muy crítica respecto de la Minustah: “El balance es totalmente negativo. Ninguno de los objetivos de la Minustah, establecidos en la resolución de la ONU, se cumplió. La ocupación militar empeoró, en todos sus aspectos, la crisis institucional del país. Actualmente, hay nuevas formas de inseguridad ciudadana que están muy ligadas al tráfico de drogas, cuyo flujo por el país ha aumentado entre 2004 y 2015 a pesar del sofisticado equipamiento de control que tiene la Minustah”. Señala que “el 12 por ciento de la cocaína que consume EE.UU. transita por la isla, lo que da un indicio de la connivencia y del peso del sabotaje a las instituciones democráticas. Asimismo, la Minustah participó de las maniobras fraudulentas para imponer a Martelly, y la gente perdió la confianza en el sistema electoral. Esa fuerza militar no hace nada frente a las permanentes violaciones a los derechos humanos que padecen los haitianos en la frontera”. –¿Se refiere a cuando son repatriados por República Dominicana? –Sí, muchos son deportados sin respeto por su dignidad humana, mientras que la Minustah, presente la frontera, ni siquiera emite un comunicado. Pero no todo termina ahí. Miembros de la Minustah protagonizan ciclos permanentes de violaciones contra mujeres, niños y niñas haitianos. Uno de los casos más conocidos fue el cometido por tropas uruguayas. O las violaciones sistemáticas de mujeres de una favela por parte de 118 soldados de Sri Lanka, que cuando regresaron a su país no fueron sometidos a ningún proceso judicial. También, hay que recordar que, en un comienzo, los
militares de la Minustah se instalaron en universidades y liceos, desalojando a los alumnos que no pudieron seguir sus estudios. El ejército brasileño ocupó un campus universitario durante más de cinco años, en un país que tiene un déficit de infraestructura universitaria. En Haití impera una cultura de la impunidad, que tuvo su expresión más caricaturesca y trágica con la propagación del cólera, cuya responsabilidad recae en el conjunto de la Minustah. –¿Qué opina de la participación de países de América latina en la Minustah? –Es una vergüenza y es my doloroso. Se observa una complicidad con la dominación imperialista y es una consecuencia de los límites políticos e ideológicos de esos gobiernos latinoamericanos. Porque EE.UU. necesitaba nuevas formas de presencia militar en la región, pero sabía que era muy difícil justificar una invasión de tropas norteamericanas. Entonces, se justificó la operación con el lenguaje manipulador de la ayuda otorgada por una
fuerza multilateral de 39 países, que dicho sea de paso es más económica. Aunque la comandancia está en manos de Brasil, los oficiales del Norte juegan un papel decisivo en el Estado Mayor. En este contexto, influye el aislamiento de Haití. La gente no sabe qué está pasando en el país. La única imagen conocida es muy negativa, la de un pueblo que se está muriendo de hambre. La propaganda oficial instala la idea de que las tropas realizan un trabajo humanitario, lo cual es totalmente falso. –¿Cómo es la relación con República Dominicana, en momentos en que su gobierno planea deportar a miles de haitianos? –A pesar de que en estos últimos años ha habido actos de racismo preocupantes, entre los dos pueblos predominan relaciones de amistad, de convivencia. Pero las oligarquías de ambos países siempre trabajan para crear enemistad. De hecho, en República Dominicana el racismo antihaitiano es parte del discurso público de la clase
LOS RECLAMOS DEL PUEBLO edes, movimientos y organizaciones de derechos R humanos, sindicales, campesinos, de mujeres, ambientalistas, religiosas y académicos, destacaron que la historia de intervenciones “fallidas” en Haití ya es larga. No deja de tener importanciala tremenda deuda cobrada a Haití por Francia durante más de cien años, en compensación a los excolonos cuyos esclavos protagonizaron la hazaña de liberarse. O la ocupación perpetrada por EE.UU. entre 1915 y 1934 –iniciada con el robo de las reservas de oro del país– y su posterior apoyo incondicional a las largas dictaduras Duvalier. La ONU también ha intervenido en el país con dos misiones de sus “fuerzas de paz” en 1991 y 1994, anterior a la ocupación actual, cuyos objetivos declarados –estabilización y promoción de los derechos humanos – no se lograron. El momento actual de la crisis social y política en el país alerta sobre la posible reiteración de los abusos y engaños de siempre. En ese sentido se han pronunciado numerosas entidades haitianas en las últimas semanas, entre ellos una veintena de organizaciones de derechos humanos, organizaciones de mujeres, de campesinos y otros movimientos populares del país, incluyendo plataformas como las de desarrollo alternativo (Papda), de derechos humanos (Pohdh), de mujeres (SOFA) y de campesinos
(4G Kontre). Ellos sostienen que Haití precisa que la comunidad internacional escuche a su pueblo y apoye sus propuestas para la defensa de sus derechos y la reconstrucción de su país. Necesita solidaridad para la salud, la soberanía alimentaria, el agua, la educación, la vivienda, y ciertamente hay ejemplos muy positivos, y muy queridos por el pueblo haitiano, como el apoyo argentino, en ese sentido. Lo que no necesita son tropas extranjeras ni “coregroups” ni tampoco inversiones para la recolonización del país. Haití precisa, sobre todo, la libertad e independencia para que sus fuerzas populares construyan la democracia haitiana y controlen y distribuyan la riqueza de su país. Principales demandas y propuestas O Retiro inmediato de toda presencia militar extranjera en el país y fin de la Minustah. O Justicia y reparación para las familias y comunidades de las víctimas de la epidemia del cólera, incluyendo inversión para la universalización del acceso al agua potable. O Restitución de parte de EE.UU. del stock de oro robado en diciembre 1914 y reparaciones para todos los crímenes de las diversas ocupaciones. O Restitución de parte de Francia de la “deuda
dirigente. El actual presidente, Leonel Fernández, sigue esta línea al igual que lo hicieron los ex mandatarios Joaquín Balaguer y Rafael Trujillo. En este momento, estamos viviendo una situación inusual y escandalosa. En 2013, el Tribunal Constitucional del país vecino decidió desnacionalizar a 250 mil dominicanos de origen haitiano, es decir, hijos de haitianos pero que nacieron allí. Actualmente, pesa sobre ellos la amenaza de expulsión. Hay que tener cuidado que esto no sea otra estrategia de desestabilización del proceso electoral que se avecina en Haití. Porque hay muchas fuerzas internas y externas que prefieren ir a un período de transición para poder cambiar el régimen político y la Constitución del ’87 en vez de llamar a elecciones. –Recientemente, el presidente de Francia, François Hollande, visitó Haití y prometió ayudar a su ex colonia. Sin embargo, muchos haitianos esperan el reembolso de la deuda que el país contrajo hace dos siglos para obtener su independencia. –Desde el punto de vista jurídico se puede avanzar en el reclamo. Tras la independencia, Francia impuso a Haití una deuda de 150 millones de francos oro que tuvo que pagar durante 100 años y significaba el 68% del presupuesto anual del Estado. Se trató de una suerte de indemnización que se les dio a los antiguos dueños de esclavos y plantaciones. Y como en Francia la esclavitud está declarada como crimen contra la humanidad es una causa que no prescribe. Por tanto, Haití tiene derecho a reclamar. Sin embargo, no es fácil. Dependerá de la correlación de fuerzas políticas. Sin duda, todo esto tuvo consecuencias nefastas para el desarrollo del país Q
de la independencia” y reparación con inversiones financieras adecuadas para la constitución de un sistema de educación pública (del prescolar al post-universitario) y un sistema de investigación y de producción científica para la valorización de las potencialidades del país. O Restitución del impresionante volumen de madera preciosa que Haití tuvo que vender en el mercado internacional para generar divisas para pagar la “deuda” a Francia y reparaciones a través del apoyo a una reforma agraria integral y la reforestación bajo control de las organizaciones campesinas. O Anulación de las deudas reclamadas hoy a Haití y fin de las políticas de “ayuda” del Banco Mundial al establecimiento de la megaminería, los proyectos de turismo de lujo, la expansión de la agroindustria exportadora. O Espacio para el ejercicio pleno de la soberanía popular en la definición de una visión global de futuro liberada de los chantajes de la deuda, las IFIs, el departamento de Estado de EE.UU. y de la UE, de una orientación macroeconómica y el control de las instituciones nacionales. O Espacio para el ejercicio pleno de la soberanía popular en las definiciones político-electorales, sin la intromisión de EE.UU., Canadá y Francia en especial, a través de la ONU / Minustah y la OEA, como se vivió tan burdamente en las elecciones 2010/2011, y en las políticas de destrucción institucional seguida desde entonces Q
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DE MAGO A FRANCOTIRADOR RAÚL ZIBECHI Brecha
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ula busca despegarse de “su” Partido de los Trabajadores y del gobierno que contribuyó a elegir, para erigirse en líder de los indignados con la corrupción y la crisis. Si el fin del PT como alternativa de poder parece inminente, el fantasma mayor para el progresismo es la eventualidad de que el propio Lula sea detenido. Cuando Marcelo Odebrecht, presidente de la principal constructora de Brasil y una de las 25 más grandes del mundo, fue arrestado el 19 de junio en el marco de las investigaciones sobre corrupción en Petrobras, se encendieron todas las alarmas en el gobierno de Dilma Rousseff, en el paralizado Partido de los Trabajadores (PT) y en el conjunto de la izquierda brasileña. El mensaje era claro: el próximo podía ser Lula. El ex presidente fue el primero en advertirlo y en reconocer que su cercanía con Odebrecht, cuya empresa le financió campañas electorales y viajes, lo colocaba inevitablemente en la línea de mira de los investigadores. Una semana antes, el 13 de junio, en el marco del quinto congreso del partido, Lula formuló una dura crítica al PT. Contrastó el espíritu militante del período fundacional, hace apenas tres décadas, con el estilo imperante ahora. “Hoy sólo se piensa en el cargo, en el empleo, en ser electo, y nadie trabaja de forma militante.” Agregó que sería necesaria “una revolución interna” para atraer a la juventud. Tres días después de que Odebrecht fuera detenido, la consultora Datafolha reveló que en una eventual disputa electoral el senador Aécio Neves, de la socialdemocracia y principal adversario del PT, le lleva diez puntos de ventaja a Lula (35 a 25 por ciento). Algo así nunca había sucedido ni entraba en los cálculos más pesimistas de los dirigentes petistas. Lo que está ocurriendo en Brasil es mucho más que una crisis económica aprovechada por la derecha para sacar a la izquierda del gobierno. Es la desarticulación del proyecto de poder elaborado por Lula y su entorno, que le rindió cuatro triunfos electorales. Ese proyecto se apoyaba en la alianza con un sector del gran empresariado, en cuadros de la administración federal (incluyendo la cúpula de las fuerzas armadas), de los sindicatos y del PT. Para hacerlo posible era necesaria la expansión permanente de la economía, o sea de las exportaciones de productos primarios y, muy en particular, la integración de la mitad pobre del país a través del aumento de su capacidad de consumo (la llamada “reducción de la pobreza”). Tanto las bases materiales como las alianzas sobre las que descansó el lulismo se han deteriorado, al punto de que el colapso está cercano. Se registra una suerte de estrangulamiento gradual del gobierno, una desarticulación de la cadena productiva de Petrobras y un cerco judicial al PT en medio de una situación económica delicada que llevó al gobierno a imponer un severo ajuste fiscal que no hace más que aumentar su falta de legitimidad. La popularidad de Dilma, que no para de caer desde que asumió el gobierno por segunda vez, el 1 de enero, se derrumbó hasta el 10 por ciento en las últimas mediciones. Los problemas que enfrenta el cuarto gobierno del PT no pueden atribuirse a los ataques que recibe de los grandes medios y de la derecha. Eso sucedió siempre y nunca había calado tan hondo en la población, incluyendo a su propia base social. Joaquim Palhares, director de la publicación digital Carta Maior, asegura en un editorial que en Brasil se está “ante un proceso de derribo del gobierno democráticamente electo”. El director del medio que se define como “un espacio de reflexión de la intelectualidad brasileña” explica la situación actual como fruto del “golpismo”, en el que militan la extrema derecha estadounidense y regional, los medios y la derecha local, y de lo que considera el principal error del PT: haber dejado intocada “la hegemonía del aparato de comunicación en las manos de la
derecha” (Carta Maior, domingo 28). Llama de todas maneras la atención que en el largo editorial no haya ninguna referencia a las manifestaciones de junio de 2013, que fueron el inicio de este proceso, al suponer un viraje radical en la política brasileña y segar la base del lulismo. El principal intelectual del PT, Emir Sader, insiste en los mismos tópicos, al responsabilizar de la crisis a “las ofensivas combinadas de los medios de comunicación, sectores del poder judicial y partidos opositores” (Alai, 15-VI-15). Implosión
Además de ser una de las mayores empresas de América Latina, la constructora Odebrecht mantiene estrechos lazos con el PT y con Lula. No sólo es la encargada de muchas obras en América del Sur que forman parte del plan Iniciativa para la Integración de la Región Sudamericana (Iirsa), sino que es la principal responsable de la mayoría de las obras de infraestructura para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, como la Villa, el Parque Olímpico y el Puerto Maravilla, en la bahía de Guanabara, entre las más emblemáticas. Cuando Lula firmó la Estrategia Nacional de Defensa, en 2007, que proponía la creación de un potente complejo industrial-militar, Odebrecht decidió participar en el negocio a través de Odebrecht Defensa y Seguridad, creada dos años después. La “translatina” juega un papel clave en el área de defensa, a la par de la aeronáutica Embraer. En 2011 Odebrecht compró la empresa Mectron, líder en la fabricación de misiles y productos de alta tecnología para el mercado aeroespacial. Pero el paso clave fue la firma, en mayo de 2010, de un acuerdo con la European Aeronautic Defence and
Space Company (EADS), empresa de la UE hoy parte de Airbus, para la fabricación de submarinos. Se trata de la segunda corporación del mundo en el campo de la defensa, con la que Odebrecht creó la sociedad Itaguaí Construcciones Navales, que levantó un astillero y una base para submarinos. En este momento se están construyendo tres submarinos convencionales, de los cuatro previstos, y el primer submarino nuclear. El acuerdo con EADS contempla una amplia transferencia de tecnología, con lo que Odebrecht se sitúa en el corazón del mayor programa de defensa de Brasil. En efecto, al Programa de Desarrollo de Submarinos (Prosub) le corresponde la defensa de la plataforma marítima brasileña, donde se albergan las principales reservas de petróleo descubiertas en el mundo en la última década. Si alguien quisiera dinamitar la estrategia de defensa de una de las principales potencias emergentes, debería colocar a Odebrecht en la mira. Tal vez algo de eso esté sucediendo. Odebrecht es la principal empresa privada integrada al proyecto del PT, pero no la única. La mayor parte de las constructoras (Camargo Correa, Andrade Gutierres, Oas, entre otras) juegan un papel destacado en el proyecto encabezado por Lula. Las cuatro citadas emplean a 523 mil personas en el mundo, y sólo Odebrecht factura el doble que el PBI de Uruguay. Dicho de otro modo: sin el concurso de las constructoras (a las que deben sumarse la propia Petrobras, la minera Vale, las cárnicas y siderúrgicas), un proyecto de desarrollo de Brasil como nación independiente no tiene viabilidad. O dicho de un tercer modo: si para frenar el ascenso de China la Casa Blanca pergeñó el “pivote hacia Asia”, desplazando hacia esa región importantes fuerzas armadas, y ante el ascenso de Rusia generó situaciones de inestabilidad como el golpe en Ucrania, ante Brasil parece haber optado por la estrategia de la implosión, habida cuenta de la calidad y variedad de aliados que la superpotencia tiene en ese país. Sin embargo, de ahí a considerar que cualquier movilización social le hace el juego a la derecha, como sostiene buena parte de los dirigentes del PT, media un abismo. Precisamente el gran problema del oficialismo consiste en su incapacidad para leer correctamente las demandas de junio de 2013, que pueden ser sintetizadas en mejor calidad de vida (y de servicios), o sea, la necesidad de ir más allá de la inclusión vía mercado y consumo, para obtener derechos plenos. Algo que no se consigue sin tocar privilegios, cosa que nunca entró en los cálculos de Lula y su partido Q
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PERCEPCIÓN Y REALIDAD JEFERSON MIOLA
ecientes encuestas de opinión ayuR dan a entender la encrucijada del PT y del gobierno de Dilma en esta co-
LA CRISIS DEL LULISMO
U
na contradicción fundamental atraviesa al proyecto lulista. Luego de una década virtuosa, signada por el crecimiento económico mundial, altos precios de los commodities, fuerte crecimiento de los países emergentes, factores que constituyeron un modelo de desarrollo basado en el consenso entre capital y trabajo, se suceden grandes manifestaciones protagonizadas por jóvenes que piden más. Superadas las facetas más dramáticas de la miseria y el hambre, surgen nuevas demandas “por izquierda”. Pero apenas inauguró su segundo gobierno, Dilma se propuso calmar al capital a través de un duro ajuste fiscal que ataca buena parte de las conquistas de la década anterior. Esa contradicción le está permitiendo a la derecha (desde la mediática hasta la evangélica) capitalizar el descontento contra el gobierno. Con el ajuste fiscal el PT arriesga perder una base social laboriosamente construida, que se había mantenido fiel al partido durante las dos décadas anteriores de derrotas y represiones. Ni los tres fracasos electorales de Lula como candidato a la presidencia, ni la represión del período neoliberal, consiguieron dispersar a ese sector de la sociedad como lo está haciendo el ajuste de Dilma. “No es un fracaso, es un agotamiento, pues el lulismo proporcionó ganancias reales a la mayoría de los brasileños durante más de una década”, destaca Felipe Amin Filomeno, economista y sociólogo por la Universidad Johns Hopkins (IHUOnline, 25-VI-15). El problema de fondo es que cuando algo se agota, nada menos que un modelo de desarrollo, no se puede seguir adelante poniendo parches. Es todo un período el que toca a su fin. Según Filomeno, lo que podría salvar las cosas sería un nuevo ciclo de reformas (tributaria y agraria, entre las más destacadas) y una onda de crecimiento global. Ninguna de las dos parece que vayan a suceder en el corto plazo. A escala doméstica, se suma un hecho que no hace más que agravar las cosas. La gobernabilidad lulista se basa-
ba en un amplio acuerdo entre partidos que se denominó “presidencialismo de coalición”, que sumaba más de una decena de partidos, la mayoría de ellos de centroderecha, como el PMDB. Pero esa coalición está hecha añicos y es poco probable que iniciativas importantes del gobierno pasen por el parlamento más derechista de las últimas décadas. Si el idilio con los partidos que formaron la base de apoyo del gobierno está roto, la sintonía con los empresarios está fracturada, más allá de los escándalos de corrupción. Paul Singer, secretario de Economía Solidaria en el Ministerio de Trabajo, destaca: “Hay una parte importantísima de la clase dominante, que nunca fue del PT ni de izquierda, con la que tenemos intereses en común. Para nosotros, del Partido de los Trabajadores, tener una industria creciendo sería importante. Por el contrario, esa industria está en proceso de contracción” (Carta Maior, 26-VI-15). En efecto, la competencia china está encogiendo la que fuera la quinta industria del mundo. Ese solo hecho le crea al PT problemas con los trabajadores, un sector clave de su base social, y además con su aliado industrial. Pero los sucesivos gobiernos brasileños no han sabido reaccionar frente a la competencia china, ante la cual deberían gravar las importaciones provenientes de ese país, aun corriendo el riesgo de debilitar una de sus principales alianzas en el escenario geopolítico. En síntesis: problemas con los partidos aliados, con su base social popular y empresarial, y demandas insatisfechas de la nueva clase media que no sabe cómo canalizar, generaron las condiciones para una ofensiva de la derecha y los medios que encuentra a Lula (como símbolo de un proyecto de poder) sin capacidad de respuesta. Con la magia no alcanza
La esperanza de quienes sueñan con un tercer mandato de Lula gira en torno a la construcción de una fórmula del tipo “unidad popular”, como la que plantea el español Podemos, que por lo menos no arrastre con el desprestigio
que tienen los partidos políticos. En opinión de Singer, “debería crearse un frente en el que lo fundamental no serían los parlamentarios sino los movimientos sociales. Sería una forma para que el PT y sus aliados hicieran las políticas que la población está pidiendo”. El despegue de Lula respecto del PT y del gobierno parece indicar que ese es el camino elegido. El analista de la edición brasileña de El País, Juan Arias, señala que “está naciendo una oposición nueva que no es la oposición institucional de los partidos, sino de la sociedad y de las calles” (El País, 25-VI-15). Parece evidente que la experiencia social que llevó a la creación de Podemos y del griego Syriza es una clave de lectura incluso en los grandes medios. Según esta interpretación, Lula podría volver a la oposición para encabezar el malestar social, para “ponerse al frente de la nueva protesta social para metabolizarla, presentándose como su líder”. Pero las cosas no son tan sencillas. Los millones de brasileños que ganaron las calles en junio de 2013 en 355 ciudades del país sufrieron la brutalidad policial en carne propia, y con su presencia en la calle desnudaron la realidad del poder. En una palabra, se politizaron. Esa politización puede ser canalizada de diversas formas y, en efecto, una parte de la llamada “nueva clase media” puede seguir los pasos de los pastores evangelistas más reaccionarios. Otra parte, como ya quedó en evidencia, sigue en las calles o aprovecha la menor oportunidad para retomar las manifestaciones. Saben que la corrupción atraviesa a todos los partidos, que se robaron entre 2.000 y 3.000 millones de dólares de las arcas de la estatal Petrobras. Esas multitudes, aun aquellos que volvieron a sus casas y nunca más salieron a las calles, no son arcilla blanda en manos de ilusionistas o de políticos habilidosos. Ni siquiera la magia de Lula puede hacerlos olvidar lo que aprendieron en junio de 2013: que para mejorar su situación necesitan pelear para reducir la desigualdad, en uno de los países más desiguales del mundo Q
yuntura crítica y peligrosa para ambos. La encuestadora Vox Populi revela, en síntesis, que el tamaño del odio al PT es menor que la sensación mediática creada y, además, que los límites del antipetismo son mayores que aquellos que los medios opositores desearían que fuera: apenas 12% odia al PT, 21% no vota contra el PT, 33% sí vota por el PT y otro 33% puede o no votarlo. El pueblo humilde, la mayoría absoluta de la población brasileña, aún cree en el PT. Al menos, según la encuesta. Las últimas dos encuestas de evaluación del gobiernod e Dilma (Datafolha, 21/06 e Ibope, 01/07), evidencian la tendencia a la baja de la popularidad de la presidenta. El PT aún consigue preservarse en esta coyuntura, más por la reserva de confianza popular histórica que por iniciativa e inteligencia política actual. Azuzado por un síndrome catatónico y con una dirección paralizada por los secretos nunca revelados de las finanzas internas, que le impiden responder asertivamente en relación a la corrupción, el partido perdió innumerables oportunidades para corregir la trayectoria errática y producir respuestas adecuadas a este momento. El V Congreso del PT es la expresión viva de la falta de dirección. Y los últimos movimientos muestran que hasta el principal líder del PT está con la brújula desorientada. Produce un zigzag que desorganiza y desarticula: en alguna ocasión dispara petardos contra el PT y el gobierno, y algunos días después convoca a una reunión de emergencia con los líderes del PT y del PMDB y, sorpresivamente, baja muchos decibeles en su tono. En esta realidad confusa, las encuestas indican que la corrupción es un factor que aún no afecta la confianza popular en el PT en la proporción en que la crisis económica perjudica a la popularidad del gobierno. El aumento del desempleo, la pérdida del valor real de los salarios y los altos intereses, en suma, la profecía de la crisis económica finalmente cumplida, es el veneno que corroe la popularidad de Dilma y la sujeta a la gobernabilidad parlamentaria dictada por el personaje. Dilma confía que con los recortes económicos del ministro Levy, el país volverá al crecimiento rápidamente. Esa percepción colide con la evaluación convergente de empresarios, trabajadores, economistas heterodoxos y liberales que alertan sobre el riesgo de continuidad de esta caída de la economía por un período prolongado. Insistir en el mantenimiento de esta política podrá llevar la popularidad de la presidenta a niveles críticos, comprometiendo la propia continuidad del gobierno Q
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COLOMBIA ALTOS MANDOS INVOLUCRADOS EN CASOS DE “FALSOS POSITIVOS” NOTICIAS ALIADAS
n Colombia, durante el gobierno E anterior, cuando Hernán Uribe era presidedente y Juan Manuel Santos ministro de Defensa, al menos 3.700 civiles fueron ejecutados por militares y presentados como guerrilleros muertos en combate. La presentación del informe “El rol de los altos mandos en falsos positivos. Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles” por la organización Human Rights Watch (HRW) puso nuevamente en evidencia la responsabilidad de los jefes militares colombianos en las ejecuciones extrajudiciales de civiles. Entre 2002 y 2008, la ejecución de civiles por brigadas del ejército fue una práctica habitual en toda Colombia. “Soldados y oficiales, presionados por superiores para que demostraran resultados ‘positivos’ e incrementaran el número de bajas en la guerra contra la guerrilla, se llevaban por la fuerza a sus víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas, como ofertas de empleo, para luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos”. Estos casos de “falsos positivos”, cometidos a gran escala durante siete años constituyen uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas ocurridos en el hemisferio occidental en las últimas décadas, afirma HRW. El escándalo estalló en el 2008 cuando los cuerpos de 17 jóvenes del municipio de Soacha, una zona remota al sur de Bogotá, fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Fueron engañados con falsas promesas de trabajo en fincas en el departamento de Norte de Santander, ejecutados y luego vestidos con uniformes de combate. “Política de seguridad democrática”
El presidente Juan Manuel Santos rechazó el informe de HRW por falta de
evidencia, declarando que “esa no es la forma de vigilar por el respeto de los derechos humanos”. Según Santos, “no hay una sola investigación en contra de estos oficiales, entonces que no vengan a señalarlos y causarles un daño enorme sin ninguna justificación”. Actualmente la Fiscalía General se encuentra investigando más de 3.700 casos de “falsos positivos” atribuidos a militares. Alrededor de 800 efectivos militares de rangos inferiores han sido condenados por ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre el 2002 y el 2008. El actual jefe de las Fuerzas Armadas, general Juan Pablo Rodríguez, y el comandante del Ejército, general Jaime Lasprilla se encuentran entre los principales acusados de estar involucrados en por lo menos 76 asesinatos entre el 2007 y el 2008. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señala que “la mayoría de las investigaciones se mantienen en una fase inicial y la mayoría de los juicios se han centrado en los oficiales y soldados de bajo rango” sin establecer la responsabilidad, por acción u omisión, de los oficiales al mando,”. Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos,señaló que existió “un conjunto de políticas públicas que facilitaban la comisión de estos delitos, y eso implica responsabilidad estatal”. De hecho, el hoy presidente Santos fue el artífice de la política de seguridad democrática implementada por Uribe. “El alto número de falsos positivos (potencialmente 5.000 víctimas), el número de años en los que este fenómeno tuvo lugar (2002-2010), el importante número de unidades implicadas, la calidad de la violación (derecho a la vida violada por la ejecución extrajudicial de civiles), así como el hecho que estas operaciones fueron planeadas, apoyan la idea que estas violaciones pueden considerarse sistemáticas bajo el derecho internacional de los derechos humanos, añade Acnudh Q
EL URIBE-SANTISMO Y LA INVISIBILIZACIÓN DEL CONFLICTO urante el gobierno de Álvaro D Uribe, Colombia vivió una crisis institucional. Dos centenares de dirigentes políticos del oficialismo colombiano admitían haber suscrito un documento en respaldo a una propuesta de los líderes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Una decena de parlamentarios eran acusados por la Suprema Corte de Justicia de delitos cometidos –incluso el genocidio– en alianza con los paramilitares, entre ellos apoyar, financiar, pertenecer o cooperar con estos grupos. También jerarcas de las fuerzas armadas y el ex director del DAS, la policía secreta. La idea difundida por el gobierno y la gran prensa era que el Plan Colombia, auspiciado por EE.UU., era contra el narcotráfico y para la inversión social. Pero de la “ayuda” de 1.300 millones de dólares, 84% era para la guerra; y que a pesar que se basa en que es dirigido en lo fundamental para sustituir los cultivos ilícitos, para este fin apenas destinaba el 9%. Con la complicidad de la gran prensa comercial, el gobierno supo vender bien la idea de que en el país no había conflicto y la estrategia de seguridad democrática: recuperación del territorio ocupado por la guerrilla mediante el fortalecimiento de las fuerzas armadas y una mayor dotación militar y policial. Quien no era amigo del Plan Colombia pasaba a ser enemigo del Estado. Y si surgían voces discordantes con el libreto del gobierno, se levantaban otras acusando al periodista o legislador de tener lazos con los movimientos insurgentes, convirtiéndolo en blanco-móvil o en exiliado. Con los medios azuzando al consumo de violencia, el resultado era que los muertos, como en las películas, no tenían rostro. Como en La guerra de las galaxias: cuando hay muchos muertos, la genética humana no soporta reconocer tantos cadáveres. Sin cara, los muertos eran menos muertos.
De todas formas, la irracionalidad de mostrar la violencia sin contexto crea más irracionalidad. La imagen final es que los pueblos en guerra son todos unos locos que se matan sin sentido. Meter un poco de etnicidad culmina el análisis (esos pueblos bárbaros son así). Por tanto, bien muertos están. Es una generalización del culmen del fascismo: cuando detienen o matan a alguien, los cobardes dicen: algo habrá hecho. La estrategia del gobierno fue la de invisibilizar el conflicto: si no difundo lo que sucede, puedo hacer creer que no existe. Y, a la vez, montar supuestas acciones terroristas para endilgárselas a la guerrilla. Como un falso atentado con carro bomba en la zona sur de Bogotá el 14 de julio de 2006, poco antes de las elecciones que terminaron con la reelección de Uribe. La Fiscalía General calificó de “grosero montaje’’ la realización de este acto terrorista por parte de un mayor y un capitán del ejército para escalar posiciones. En estos montajes, casi siempre participaron la policía secreta DAS y la regional del Caribe de la “inteligencia” naval. Ese era apenas uno de los cinco incidentes de los llamados “falsos positivos”: atentados denunciados como de autoría de la guerrilla que en realidad fueron realizados por las fuerzas de seguridad. Y por lo cual, el partido Liberal, de oposición, pidió entonces la cabeza de Juan Manuel Santos, representante de los sectores oligárquicos y de la empresa del diario El Tiempo. Hoy la prensa colombiana parece recobrar la memoria y trae a la mesa el choque entre militares y policías en Guaitarilla, la muerte de campesinos en Cajamarca, la presentación de civiles como guerrilleros muertos, la matanza de una unidad de e3lite de la Policía por una unidad del Ejército en Jamundí, la participación de militares en un supuesto ajuste de cuentas entre narcotraficantes en el departamento de Atlántico. En su momento solo fueron, al menos, visibilizados por Telesur Q