ASOCIACIONES DE EDUCACION PRIVADA ACDEP - ACOMIL - ANDERCOP - ASOCOLDEP - ASPAEN CONACED - CONEP - CONFENADESPRIV – UNCOLI - ADECOPRIA INFORME DEL COORDINADOR DE LA MESA NACIONAL SOBRE LA REUNION CON LA COMISION TRIPARTITA QUE PREPARA EL ESTATUTO UNICO DOCENTE Bogotá, 13 de marzo de 2014
Buenos días apreciados(as) Presidentes(as) de Asociaciones y Rectores(as) de nuestros colegios afiliados: Quiero compartirles, a modo de relato, lo acaecido el día de ayer miércoles 12 de marzo, en dicha reunión. Antecedentes Recordarán que a finales del año pasado mediante documento formal habíamos solicitado participar en esta Comisión pues teníamos serías preocupaciones respecto del borrador del nuevo estatuto único docente que FECODE dio a conocer y en el cual se incluía a nuestro profesorado. En la primera reunión de este año el nuevo Viceministro de Educación de Básica y Media, Julio Alandete, nos informó que la Comisión Tripartita (Ministerio de Educación-Congreso de la República-Fecode) había acogido nuestra solicitud y que nos invitaba para su próxima reunión a realizarse el miércoles 12 de marzo a las 7:30 a.m. Se nos pidió elegir 3 delegados y nos informó que también ADECOPRIA y otras organizaciones de Antioquia habían hecho la misma solicitud y que serían invitados. Se nos informó también que la Comisión ha tenido al menos 15 reuniones, que el asunto del Estatuto Único Docente no era un punto de negociación con FECODE sino que el trabajo que se estaba realizando era de concertación de cara a la una nueva ley y que como colegios privados debíamos tener claro que el estatuto estaba siendo pensado para los educadores al servicio del estado que tienen su régimen de carrera especial como servidores públicos y que se esperaba nuestro pronunciamiento respecto de dos puntos concretos: a) profesionalización-dignificación y b) Idoneidad ética y pedagógica. Mediante carta del 3 de marzo, el Presidente de ADECOPRIA, Dr. Juan Andrés Escobar, delegó en mi persona la representación de su institución ante dicha Comisión. Por su parte, la Mesa Nacional en reunión ése mismo día en horas de la tarde eligió además a los Doctores Alfonso Hoyos, Presidente de ASOCOLDEP y José Antonio Ruiz, Representante de ACOMIL. El suscrito se comprometió a elaborar el documento, asesorado jurídicamente por el Doctor Gilberto Sandoval, abogado que acompaña la Mesa Nacional. Página 1 de 8
La reunión Puntualmente nos encontramos en el Hotel Continental, sede de la reunión, a la hora convenida. Estaban presentes todos los representantes de FECODE: Luis Grubert (Presidente), Luis Eduardo Varela, William Velandia, Jairo Arenas, Pedro Arango, Luis Mendoza, Carlos Rivas, Enrique Contreras, Rafael Cuello y Héctor Sánchez. De los 18 representantes de Senado y Cámara por parte del CONGRESO, sólo estuvieron el Representante Hugo Velásquez y los Senadores Rodrigo Romero y Luis Carlos Avellaneda. Por parte del MINISTERIO DE EDUCACIÓN no pudo estar el Viceministro en razón de su encuentro nacional con los Secretarios de Educación pero sí otros funcionarios: Sandra Roya (Secretaria General del Ministerio) quien actuó como Coordinadora de la reunión, José María Leyton (Secretario Técnico de la Comisión), Hipólito García (Asesor externo), William Cruz (Asesor externo) y Eliana Iannini (Asesora para los colegios privados). Sandra Roya dio el saludo de bienvenida y comentó el objeto de la reunión y la razón de nuestra presencia en la comisión: en la propuesta del estatuto único docente que realizó FECODE, a lo largo del mismo, aparecían reiterativamente temas relacionados con la educación privada, pero después de discutirlo, se acordó que esos textos, más bien, se recogerían en un capítulo final o anexo al Estatuto. Luis Grubert, afirmó que el estatuto único docente no es una reivindicación gremial sino una propuesta que hace FECODE pensando en el interés nacional que suscitan nuestros educadores. Se refirió también a la calidad en cuanto debe tener requerimientos homogéneos y que nuestros educadores deben gozar de estímulos y un trato digno, que cualquier profesional no puede ser docente y que en las relaciones labores deben ofrecerse garantías que cobijen no solo a los educadores públicos sino también a los privados. Por su parte, el senador Luis Carlos Avellaneda resaltó la importancia que la educación tiene para todo el país y que le gustaría conocer nuestra postura frente a: a) requisitos de calidad de los docentes, b) si estaríamos dispuestos a escoger los docentes del listado de educadores que concursan y pasan, c) si estamos dispuestos a acoger el escalafón docente, d) las condiciones laborales y sus condiciones que parecen ser malas también en lo prestacional y e) en lo disciplinario lo referente a la estabilidad laboral y los contratos por el año escolar. Se nos concedió entonces el uso de la palabra y a continuación se transcribe el texto que el suscrito elaboró con la asesoría jurídica del Doctor Gilberto Sandoval en nombre de la Mesa Nacional y de ADECOPRIA:
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“Reciban todos y todas nuestro cordial saludo. Celebramos y agradecemos haber aceptado nuestra solicitud de reunirnos con ustedes y del espacio que esta mañana nos conceden. Quienes hemos venido hoy representamos las 9 asociaciones de educación privada que tienen cobertura nacional y hacen parte de la Mesa Nacional. En ese sentido, lo que aquí expresemos, responde al parecer de la educación privada agremiada en esta Mesa y, para el caso de hoy, también la generosa representación que en el suscrito ha hecho ADECOPRIA. No podríamos arrogarnos la representación de todos los colegios privados del país. Es verdad que con muchos sintonizamos pero también con muchos, por sus prácticas, no podemos cohonestar ni estar de acuerdo. Estamos seguros que es mucho más lo que nos une que lo que nos distancia a pesar de la diferenciación odiosa (así la califico yo) entre educación oficial estatal y educación privada. Ustedes y nosotros somos unos apasionados por la educación y queremos la mejor educación de calidad para nuestros compatriotas y eso nos une. La educación que reciben los colombianos debería ser una sola en cuanto derecho inalienable y también como servicio público, como lo dice la actual Constitución, con dos prestadores que merecen un trato respetuoso y equitativo “per-se” con un estatus que es verdad se ha venido a menos, pero también de cara a los padres de familia que buscan la mejor educación para sus hijos y que, como bien claro lo deja la declaración universal de los derechos humanos, les asiste el derecho de escoger la mejor opción para ellos. Y el Estado firmante que lo suscribió debe garantizar ese derecho. Nosotros tenemos muy claro que la educación es un servicio, no un mezquino negocio. Y que si bien se ha considerado como “empresa” en el sector privado, la misma Ley General y la Corte Constitucional reconocen que debe obtenerse una justa remuneración. No estamos de acuerdo con quienes han convertido la educación en una mercancía, además de mala calidad. El deseo de reunirnos, algo que podría repetirse en el inmediato futuro más frecuentemente (cómo hace de falta la Junta Nacional de Educación o algo similar!) obedece al estudio que ustedes, como Comisión Tripartita, hacen del Estatuto Único Docente. Es un asunto, dirán ustedes, que sólo afecta al magisterio oficial pero todos sabemos que sí puede presentar implicaciones para nosotros. Por lo pronto para este encuentro tenemos claro como presupuesto que el Estatuto en elaboración no es punto de negociación con Página 3 de 8
FECODE, sino que se trata de un trabajo de concertación de cara a su formulación como ley de la república. Además, que los puntos nucleares sobre los que se espera nuestra reflexión son dos: Profesionalización-dignificación e Idoneidad ética y pedagógica. Aquí los abordaremos comprehensivamente. En términos jurídicos, la misma ley nos indica que el ejercicio docente debe satisfacer tres (3) dimensiones: 1. Vinculación. (Artículo 196 de la Ley 115 de 1994) 2. Régimen Salarial y Prestacional. (Artículos 196 y 197 de la Ley 115 de 1994) 3. Formación y Profesionalización. (Inciso 3 del artículo 68 de la CN; Art.109 y 110 de la L115) En cuanto al sistema de vinculación, el organismo contratante debe tener muy claras las normas que rigen las relaciones con el contratado, en nuestro caso, el educador maestro. Y existen dos regímenes distintos: los educadores, servidores públicos, contratados por el estado, por el régimen de carrera especial, y los educadores del sector privado bajo el Código Sustantivo del Trabajo: “El régimen laboral legal aplicable a las relaciones laborales y a las prestaciones sociales de los educadores de establecimientos educativos privados será el del Código Sustantivo del Trabajo” (cfr. Art.196, L115-94) Este Código Sustantivo del Trabajo define una relación laboral en el artículo 1 de la misma norma: “La finalidad de este código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social”. Un trabajo que el estado protege en el artículo 9 del mismo código: “El trabajo goza de la protección del Estado, en la forma prevista en la Constitución y las leyes…” Y se añade: “Los establecimientos educativos privados, salvo las excepciones previstas en la ley, sólo podrán vincular a su planta docente personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica, con título en educación, expedido por una universidad o una institución de educación superior…” (Cfr. L115, art.198) Respecto del régimen salarial y prestacional: Por sentencia de la Corte Constitucional (C 252-1995), como se recordará, niveló la Página 4 de 8
diferenciación de salarios: en tanto en el sector público era el 100% del escalafón, en el sector privado era el 80% de ese escalafón (quedó inexequible). Y la Corte volvió famosa la frase: “a trabajo igual, remuneración igual”. Y aunque se daba esta diferencia, de todas maneras ya el artículo 4 del Decreto 2277 de 1979 lo pedía: “A los educadores no oficiales les serán aplicables las normas de este decreto sobre escalafón nacional docente, capacitación y asimilación. En los demás aspectos del ejercicio de la profesión, dichos educadores se regirán por las normas del Código Sustantivo del Trabajo, los pactos y convenciones colectivas y los reglamentos internos, según el caso” Con el escalafón nuevo (D1278), la situación no ha variado y por igual se nos obliga a cumplirlo según esté asimilado el profesor y no puede ser menos. Aquí hay un punto que preocupa: en tanto la contratación del educador con el Estado es a término indefinido, en el sector privado la mayoría de los casos presenta contrataciones a 10 o máximo 11 meses (así lo contempla el Art. 101 del CST). Son contados los casos de instituciones educativas que pueden hacerlo a 12 meses o con carácter indefinido. Este, por supuesto, no es el escenario ideal y por eso conviene recordar que en tanto un régimen es sostenido por los recursos del estado, el régimen privado se sostiene con los recursos propios, sin ningún tipo de subsidio o ayuda de parte del Estado. Cuando la Institución Educativa posee sustentabilidad, no hay problema, pero cuando no, la viabilidad de supervivencia es escasa. Siempre se ha asociado la educación privada con un negocio y ya dijimos que con esta injusta (por lo generalizada) apreciación no podemos estar de acuerdo. La educación privada debe asumir unos costos que a la educación pública no le preocupa: arriendos, impuestos prediales, normas de sismo-resistencia, industria y comercio (donde pagamos injustamente más impuestos que los mismos moteles), costos laborales… El incumplimiento por parte del Estado del Decreto 2253, en cuanto a costos educativos se refiere, nos ha venido asfixiando desde hace dos décadas. Los tres regímenes en la práctica se han reducido al régimen de control pues se nos imponen los incrementos sin tener en cuenta la real calidad de nuestras instituciones. Es verdad que muchos abusaron de esto, pero no ha sido justo que por unos cuantos, la mayoría que trabaja honestamente tenga que pagar las consecuencias. Este comentario se trae a colación para nuestro caso, porque cada vez los recursos son más exiguos y el impacto de los compromisos salariales y prestacionales en los presupuestos es del 70% o más, y Página 5 de 8
eso sin tener el tipo de contratación que por justicia para con nuestros educadores quisiéramos. En cuanto a la formación y profesionalización la Constitución Nacional y la Ley nos hablan que para el ejercicio docente se debe contar con un título e idoneidad y que la entidad en la cual se ejerce la docencia debe brindar las condiciones para que el educador se siga profesionalizando. Si nos atenemos únicamente a lo regulado por el CST quedaría una visión incompleta de la magnitud e importancia que tiene la tarea del educador maestro: ¿Qué tipo de trabajador debo vincular como docente, es decir, cuál es el “perfil” del educador que necesita el país? El artículo 68 de nuestra Constitución lo dice taxativamente: “La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.” (Cfr. Art.68,3) Luego, ser educador-maestro no es solamente una profesión, es una vocación, una opción de vida, que merece el mayor de los reconocimientos pues su misión consiste en formar personas, ésas que constituyen precisamente el presente y futuro de nuestra sociedad. La dignidad del educador maestro no se mendiga, no se reclama, no se otorga. Se tiene “per-se” por la noble tarea que desarrolla. En otrora, el educador maestro era reconocido como autoridad en tanto que hoy día se busca reposicionar su status ante el desprestigio y casi ningún reconocimiento social que tiene. No se puede llegar a ser educador en sentido estricto por accidente, porque los puntajes en las pruebas de estado fueron bajos y no se alcanzó otra carrera, porque es un “escampadero” laboral que me sustenta y me permite sobrevivir en tanto encuentro un trabajo mejor. Más preocupa también el que no se puede contar con excelentes educadores bien formados en pedagogía, metodología y didáctica si no contamos en el país con buenas facultades de educación. Profesionales con competencias bajas: no saben leer, ni escribir bien y legiblemente, ni redactar, ni hablar en público. “Para los educadores, el título, el ejercicio eficiente de la profesión y el cumplimiento de la ley serán prueba de idoneidad profesional. El cumplimiento de los deberes y obligaciones, la no violación de las prohibiciones y el no incurrir en las causales de mala conducta establecidas en el Estatuto Docente, darán lugar a presunción de idoneidad ética” (Cfr. L 115, Art 119) Página 6 de 8
Nosotros creemos que el magisterio así como por función ordinaria evalúa a los estudiantes, debe ser evaluado periódicamente para evitar su instalación en la mediocridad y el conformismo. Lo que no se evalúa no se mejora y por eso la evaluación es una estrategia necesaria para garantizar la calidad de nuestra educación.” Fuera de texto, junto con el Dr. Hoyos, se respondió al Senador Avellaneda sobre los puntos que estrictamente no aparecen en el texto: a) Estamos de acuerdo en que deben existir unos requisitos de calidad para ejercer la docencia; b) Nosotros, en nuestras Asociaciones, hemos respetado la sentencia de la Corte relacionada con el pago según escalafón y no hemos tenido problema en acogerlo; c) En nuestros colegios se respetan los derechos laborales de nuestros educadores y cumplimos lo establecido por la ley; d) Es un hecho que los primeros interesados en la estabilidad laboral de nuestros educadores somos nosotros supuesto el desgaste que supone la inconveniente rotación de los mismos. En nuestras asociaciones es frecuente reconocer y felicitar profesores con 15, 20, 30 o más años de estar trabajando con nosotros; e) Cumplimos el art. 101 del CST respecto de la contratación por el año escolar. Muchos colegios lo hacen a 11 meses y también por 12 meses e incluso indefinido. No son la mayoría por las condiciones precarias de sostenibilidad como se habló. Abierto el diálogo, Luis Grubert, aclaró que se ha dicho que FECODE se opone a la evaluación de los maestros y que eso no es verdad. Se quiere la evaluación, pero se quiere con oportunidades de mejora. No se va al médico únicamente para recibir un diagnóstico sino para conocer y poner en marcha la recuperación del paciente. Indicó también que se busca la mejora de las condiciones laborales de todo el magisterio y no sólo de los oficiales y agremiados y que debe llegarse a un acuerdo entre todos teniendo en cuenta las diversas opiniones. Sandra Roya constató que estamos más cerca de lo que inicialmente se pensaba y que es verdad que para el sector privado la carga impositiva es neurálgica para poder ser viables y sustentables económicamente y con ello ofrecer mayor estabilidad a los educadores. Sobre la inspección y vigilancia recordó que el Ministerio la hace pero que también es tarea de las entidades territoriales que son certificadas. Invitó a construir juntos ese capítulo del estatuto con los temas de dignificación, profesionalización y respeto de los derechos laborales. El Senador Rodrigo Romero se manifestó preocupado por lo expresado por los representantes del sector privado en cuanto a que su nivel de control sobre los colegios privados es reducido dada la baja proporción de afiliados y con mayor razón animó al Ministerio a ejercer ese control y a incluir el capítulo sobre los educadores privados en el nuevo estatuto. Sugirió la inclusión directa en el escalafón una vez el educador se ha graduado como tal y a controlar las licencias de los nuevos colegios.
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José María Leyton, por su parte, recordó que la matrícula oficial es mayor que la privada y que se hace necesaria la colaboración de la educación privada para ejercer unos “filtros” de control de calidad de las instituciones prestadoras del servicio de la educación contratada dado que allí hacen su incursión la corrupción política y las mafias de mercaderes de la educación. Rafael Cuello por su parte precisó que una cosa es la existencia de la educación privada que FECODE reconoce y respeta cuando es de calidad y otro asunto es la privatización de la educación sobre la que no se está de acuerdo. Sobre este punto Sandra Roya respondió que se ha demostrado con cifras que este Ministerio le ha declarado la guerra a la corrupción en el sector denunciando escuelas y alumnos fantasmas y que ha entablado procesos disciplinarios sobre situaciones graves como las que se han dado en Cúcuta y Girón; que no tiene interés en la privatización cuyo índice de contratación apenas llega al 8% en todo el país y que ésta se seguirá haciendo pues hay lugares del país donde no hay ninguna otra oferta distinta a la que ofrece la Iglesia, por ejemplo. La reunión concluyó pasadas las 10:30 de la mañana. Al final, dos de los representantes de FECODE me pidieron mis datos personales pues quieren que nos sentemos con ellos a elaborar conjuntamente el capítulo sobre los educadores privados que aparecerá en el nuevo estatuto docente. Así las cosas, este informe se envía a todos nuestros colegios con el interés de que comiencen a ofrecer sus aportes sobre los 3 temas que Sandra Roya dijo que deben tratarse en el mismo: dignificación, profesionalización y respeto de los derechos laborales. Queda, pues, abierta la consulta amplia a todos nuestros afiliados. Estos aportes deben enviarse a eduprivada@hotmail.com antes del 15 de abril. Cordialmente, José Leonardo Rincón, S.J.
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