El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, en su condición de cuerpo que aglutina académicamente las diversas expresiones del saber humanístico y en franco reconocimiento al sagrado derecho a la libre expresión, a la manifestación y la protesta pacíficas, acuerda por unanimidad fijar posición en torno a los contenidos de la Resolución N°008610 del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, de fecha 23 de enero de 2015, en la cual se recogen las Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.589 del 27 de enero de 2015. Desde nuestra condición de universitarios, consideramos que entre las diferentes atribuciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), reconocidas en la Constitución vigente, no se encuentra la de interpretar las leyes de la República, mucho menos la de controlar el proceso civil y político nacional. La resolución de marras, en el sentido señalado, constituye una intromisión militar en la esfera de los derechos civiles de los venezolanos, una actitud pretoriana que aprueba el uso indebido y letal del poder militar en actos públicos de ejercicio de las libertades reconocidas como derechos fundamentales en nuestra Carta Magna. Llama poderosamente la atención el resurgimiento de métodos de control militar de la población –que creíamos históricamente superados- inspirados seguramente en la doctrina de la otrora Seguridad Nacional, del tiempo de las oprobiosas dictaduras militares del Cono Sur que restringieron las libertades civiles para imponer un pensamiento autoritario. Consecuentemente, la actual Resolución de la FANB conmina a los venezolanos a reconocer la injerencia del poder
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superior militar en asuntos civiles como el intérprete de los intereses supremos del gobierno actual, responsable de los destinos del país. El rechazo absoluto de la mencionada resolución descansa en principios y valores democráticos arraigados en el compromiso con la reivindicación del principio de convivencia, con miras al logro de la participación y la equidad, hoy más que nunca necesarias. Esto último concebido en un estado social de derecho donde exista el imperio de la Ley, donde la pluralidad y la tolerancia se instituyan como rasgos esenciales y base fundamental sobre los cuales se sustenta la ética y la moral nacional. Como universitarios, tenemos el deber de proteger y garantizar la expresión y discusión abierta de las distintas corrientes del pensamiento universal a través del debate y del diálogo, refrendando el respeto mutuo y reivindicando el valor de la verdad. Privilegiamos con lo anterior el valor de la vida de los venezolanos, el respeto a las diferencias y la promoción de la participación activa sin plegamientos ni amedrentamientos que convoquen al miedo y a la exclusión. Creemos en la justicia social y que la palabra y el entendimiento son los mejores recursos para dirimir los conflictos a fin de lograr los consensos necesarios que, en este momento, requerimos como país. Por todo lo antes expuesto, exigimos al Gobierno Nacional y a las autoridades de los Poderes Públicos la derogación inmediata de la Resolución N°008610 del Ministerio para el Poder Popular de la Defensa. En la Ciudad Universitaria de Caracas, a los diez días del mes de febrero de 2015.
El Decano-Presidente
La Secretaria
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