Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres by Eugenia Meza

PARA EL CHILE DEL BICENTENARIO

PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2010-2020

PRESENTACIÓN

INTRODUCCION Las mujeres en el Chile de 2010 Equidad de género y corresponsabilidad social: un desafío para el Chile del Bicentenario Un nuevo Plan de Igualdad

PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2010 – 2020 Principios para la acción pública hacia la equidad de género

EJES ESTRATÉGICOS PARA ALCANZAR LA EQUIDAD Políticas públicas y una institucionalidad para la equidad de género Democracia paritaria y participación de las mujeres Corresponsabilidad social en el cuidado Autonomía económica y trabajo decente Autonomía en la sexualidad y las decisiones reproductivas Violencia de género Las niñas y niños: un punto de partida para la igualdad

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXO Leyes aprobadas entre 1991 y 2009

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CONTENIDO

PRESENTACIÓN

Se trata de un proceso que a las acciones y aspiraciones de los movimientos de mujeres a lo largo de la historia, suma la voluntad política de los gobiernos que, desde 1991, las han recogido y, en buena parte, las han hecho realidad. Importantes cambios culturales han ocurrido en la sociedad desde que el primero de estos planes de igualdad fuera asumido por el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Hoy las mujeres estamos en el espacio público, en las universidades, el trabajo, las ciencias, la política. Los cambios que ha vivido el país, como la reducción de la tasa de natalidad, la disminución de los matrimonios, el importante aumento –aunque bajo todavía– de la tasa de participación laboral femenina y la paridad en el acceso a todos los niveles educativos, demuestran que los proyectos de vida de las mujeres no están restringidos al ámbito de lo privado. Desde 1991, el Estado incorporó la idea de los derechos humanos de las mujeres como parte de su quehacer, cambiando la perspectiva del asistencialismo en las políticas –que soluciona puntual y ocasionalmente algunos de los problemas derivados de las inequidades de género– hasta llegar a la concepción de que las mujeres deben ejercer plenamente su ciudadanía. Por su parte, ellas han hecho suyos estos avances y manifiestan su intención de seguir profundizándolos. Esta voluntad política de los cuatro gobiernos de la Concertación, y en particular el de la Presidenta Michelle Bachelet, se ha materializado en acciones de todos los ámbitos que buscan acortar las brechas de género y abordar la discriminación. Dos Planes de Igualdad de Oportunidades y una Agenda de Género ya implementados dan las bases para este tercero, en el esfuerzo por integrar la perspectiva de género a las políticas públicas.

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Estamos orgullosas. Los planteamientos de este tercer Plan de Igualdad, correspondiente al período 20102020, están asentados en una historia profunda, la que se proyecta en este país que entra al Bicentenario.

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En un ejercicio de diálogo ciudadano, este Plan fue realizado con la participación activa de la sociedad civil, logrando una convocatoria de más de quince mil mujeres. Una metodología pensada para integrar la mayor cantidad de voces posibles, contempló entrevistas y conversaciones, además de instrumentos que permitieron que las mujeres no organizadas expresaran también sus opiniones. Las chilenas y sus gobiernos hemos alcanzado un punto en nuestra historia que implica la consolidación de los avances conseguidos y permite seguir dando pasos para poner fin a las inequidades de género. Por ello, este nuevo y tercer Plan de Igualdad 2010-2020 –que como los anteriores plantea objetivos y acciones para un decenio– expone nuevas metas. Entre ellas destacamos la necesidad de aumentar la participación política, de avanzar hacia la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y el cuidado de las personas y lograr el pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como a su integridad física y psicológica. Esperamos que estos desafíos sean asumidos y cumplidos por los gobiernos futuros y que las mujeres, colectivamente, ejerzan un rol activo en la puesta en marcha y seguimiento de este plan.

Carmen Andrade Lara Ministra Servicio Nacional de la Mujer 2010

INTRODUCCIÓN

Las mujeres en el Chile de 2010

La primera mujer SERNAM PLAN DE IGUALDAD 2010-2020 |

Presidenta en Chile logró, al final de su período, el más alto nivel de apoyo de la ciudadanía para un/a Primer/a Mandatario/a: 83%.

Chile es un país más moderno El Bicentenario encuentra a Chile como un país más moderno y desarrollado en lo económico, en lo social y cultural. Un país que cuenta con instituciones democráticas estables, como lo ha reconocido la comunidad internacional al terminar el año 2009. También somos un país más complejo y diverso, que se ha situado en el escenario de la globalización participando plenamente de una red de intercambios y comunicaciones nunca antes vista. La gran mayoría de las chilenas y los chilenos viven en ciudades (9 de cada 10 habitantes, aproximadamente), y un 6,6% corresponde a los pueblos indígenas1 (de los que 7 de cada 10 viven en zonas urbanas, Casen 2006). Nuevos grupos y sectores sociales han accedido a los beneficios del desarrollo, a la educación media y superior, a las nuevas tecnologías y las comunicaciones. Chile se ha abierto al mundo y, día a día, aumentan las personas que han migrado a nuestro país buscando

Mapuche (87,2%), Aymara, Rapa Nui, Atacameño o Likan Antai, Quechua, Colla, Diaguita, Kawésqar y Yámana o Yagán de los canales australes (Casen 2006).

mejores destinos, insertándose en la población nacional como un aporte a nuestro desarrollo y diversidad. Entre las transformaciones más sustanciales que ha experimentado la sociedad chilena está el lugar de mayor protagonismo y reconocimiento de las mujeres, cambios en el plano social, en lo cotidiano y también en las subjetividades de mujeres y hombres. La instauración, en 1949, del derecho a voto universal que las mujeres conquistaron para sí, es un hito cardinal en nuestra democracia. Y también quedará registrado como hecho sobresaliente el primer gobierno de una mujer –Michelle Bachelet Jeria– que entre 2006 y 2010, logró el más alto nivel de apoyo ciudadano de la historia de Chile: 83% (Encuesta Evaluación Gestión de Gobierno, Adimark, enero 2010). Entre los cambios más evidentes que han experimentado las mujeres están la incorporación a la educación superior, la reducción del número de hijos/as, la creciente participación en el mercado del trabajo y su mayor integración al quehacer público, político y social. Ámbitos como la ciencia y la tecnología, el deporte y la política, las fuerzas armadas y las policías, las finanzas y la alta dirección de empresas que, entre otros, han estado históricamente marcados por un predominio masculino, hoy ven numerosas mujeres en sus filas. Sus proyectos de vida se diversifican y combinan dis-

tintos quehaceres, en el mundo del trabajo, de la creación, del servicio a la comunidad, de la maternidad y el cuidado, con mayores cuotas de autonomía y haciendo uso más igualitario de las oportunidades que brinda un país moderno y abierto al mundo. La inédita cantidad de mujeres que ingresan al mercado del trabajo no ha tenido una correspondencia en la incorporación de los hombres a las tareas del cuidado y el hogar. Son apreciables algunos cambios en los roles de género que han estructurado las relaciones familiares, en especial entre las generaciones más jóvenes, pero las dificultades y restricciones para introducir estas modificaciones –tanto culturales como de la organización social del trabajo productivo– no son pocas, lo que conduce a que la mayoría de las mujeres se vean obligadas a seguir asumiendo las responsabilidades del hogar y de la familia, la ejecución de labores domésticas y de cuidado de otras personas, paralelamente a la jornada laboral. Desarrollan una ‘doble jornada’ de trabajo, muchas veces en detrimento de su salud física y psicológica y de sus posibilidades de participar en otro tipo de actividad (recreativa, comunitaria, política, social). Tampoco existe la percepción de que el embarazo y la crianza son de interés social y que por ello son procesos que deben ser solventados por el conjunto de la sociedad, incluyendo lo concerniente a sus costos económicos.

Más chilenas están en la política Más allá de las dificultades y de la lentitud del proceso, las chilenas llegaron a la política y al servicio público, ocupando espacios donde nunca antes habían estado, aportando desde otra perspectiva, lo que permitió cambios en las formas y prácticas de hacer política. La elección de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria en 2006 lo refrenda, y también el número de mujeres que han desempeñado cargos gubernamentales y otros de alta responsabilidad, y que el país ha podido observar, siendo cada vez más generalizada la idea de que mujeres y hombres poseen las mismas capacidades y deben tener las mismas oportunidades para desarrollarlas. En cuanto a los cargos de representación popular, las prácticas y funcionamiento de los partidos políticos han sido una fuerte barrera para una participación de las mujeres coherente con el aporte que realizan a la sociedad. Aun cuando algunos han incluido medidas de acción positiva en sus normativas internas, en general, todavía es escasa su presencia en puestos de responsabilidad política, social y económica. El déficit de participación de las mujeres en la toma de decisiones existente en Chile queda reflejado en el Índice de Potenciación de Género (IPG) del Informe de

Desarrollo Humano del PNUD que señala que el año 2009, si bien el país ocupaba el lugar 44 en el mundo en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), estaba en el lugar 75 del Índice de Potenciación de Género (IPG)2 entre un total de 109 países (PNUD, 2009).

junio de 2008 la Presidenta Bachelet promulgó la Ley 20.348, que otorga el derecho a mujeres y hombres a obtener por igual trabajo igual salario, indicando que “el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones”, y califica su vulneración como un acto discriminatorio.

Las mujeres son parte activa del desarrollo

La desigualdad salarial tiene lugar especialmente en los niveles de escolaridad más altos. Esto significa que la educación no ha implicado el mismo retorno económico para mujeres y hombres. Y a la desigualdad salarial, se agrega la discriminación por edad, escolaridad, sector socio-económico, condición urbana o rural.

Es indiscutible que las mujeres son –y han sido– parte activa del desarrollo económico del país, de sus familias y del suyo propio, gracias al trabajo productivo y reproductivo que realizan. Las chilenas ingresaron al mercado laboral en los inicios republicanos y hoy alcanzan los porcentajes más elevados de la historia, aunque su incorporación es todavía inequitativa, así como también los ingresos que obtienen. Esta desigualdad de género ha comenzado el camino a su eliminación, dado que en

IPG: índice de potenciación de género: elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es un indicador social que mide el nivel de oportunidades de las mujeres, y las desigualdades en esta área, en tres dimensiones de participación: Participación política y poder de decisión, medido por la proporción de mujeres y hombres en escaños parlamentarios; Participación económica y poder de decisión, medido por la participación de mujeres y hombres en puestos legislativos, altas funciones o cargos de dirección, y participación de mujeres y hombres en puestos profesionales y técnicos; y Control sobre los recursos económicos, por estimación de ingresos percibidos por mujeres y hombres.

Ello no se condice con los niveles educativos de las chilenas. Desde 1877 pueden rendir exámenes y obtener títulos universitarios. En nuestros días, no sólo tienen altos niveles de escolaridad –el promedio de años de estudio de las mujeres mayores de 15 años es de 11,6 en zonas urbanas y 9,3 en zonas rurales (Cepal, 2008)–, sino que son el 50% de la matrícula universitaria (Consejo de Rectores, 2008) y el 59,4% de todos los titulados/as (2008). Los progresos son evidentes y el avance no debe detenerse. Es necesario ampliar la selección de carreras –determinada tempranamente por la formación sexista de los primeros niveles escolares– para disminuir la

En último trimestre de 2009, el 41,9% de las mujeres de 15 años y más participaba en el mercado laboral, versus el 73% de los hombres (INE, 2009). Estos valores suben en las mujeres entre 25 y 34 años al 61%, y al 66% en las que tienen más de 13 años de estudios (Cepal, 2008). La inversión de estos últimos años en jardines infantiles, que ha cuadruplicado la oferta de matrícula, ha permitido, entre otros factores, que sean muchas más las madres que pueden trabajar remuneradamente. Hoy día chilenas y chilenos vivimos más, siendo ellas más longevas (81,5 años las mujeres y 75,5 los hombres; en los años 50 el promedio de esperanza de vida era de 54 años), lo que se traduce en que haya más mujeres que hombres en el tramo de la tercera edad. Las jóvenes postergan la maternidad, y aun cuando persiste la maternidad adolescente, son más conscientes de sus derechos y de su autonomía para

definir un proyecto de vida personal y familiar. Las mujeres tienen menos hijas/os (1,91 hijos/as promedio por mujer en 2006, comparado con 2,6 hijos/as en 1990, INE, 2009), en especial las que están en el mercado laboral y, en su gran mayoría, utilizan anticonceptivos modernos. Pero todavía las adolescentes de sectores pobres acceden menos a recursos anticonceptivos lo que se traduce en embarazos precoces, hecho que ha aumentado en las menores de 14 años. Estas niñas difícilmente pueden construir un proyecto de vida más allá de la maternidad y muchas entran en el círculo de reproducción de la pobreza.

Modificaciones en las formas de constituir familia También han cambiado las formas y la ocasión de constituir familia, así como las relaciones familiares. La edad promedio al contraer el primer matrimonio había subido, en 2006, a 28 años para las mujeres y a 29,8 años para los hombres. Igualmente, ha aumentado el porcentaje de parejas que conviven sin vínculo legal: la convivencia se ha más que duplicado, al pasar del 6.1% del total de las familias en 1990, a 14.9% en 2006; de hecho, en 2006, el 61,2% de las hijas e hijos nacieron de una pareja no unida legalmente. Dicho de otra manera, han disminuido las

El derecho de mujeres y hombres a obtener igual salario por igual trabajo, fue firmado por la Presidenta Bachelet en junio de 2009.

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marcada segregación laboral por sexo que deja a las mujeres en los trabajos de menor remuneración y valor social. Actualmente el gobierno, por medio del Programa de Buenas Prácticas Laborales del Servicio Nacional de la Mujer, ha desarrollado iniciativas tendientes a modificar la concentración de mujeres en el sector de servicios y en los empleos más precarios de algunas categorías, grupos y segmentos ocupacionales.

Desde 1995 existen SERNAM PLAN DE IGUALDAD 2010-2020 | 12

en Chile leyes que sancionan a quienes

familias encabezadas por una pareja unida por matrimonio: de 64% en 1990 a 47% en 2006. Por otra parte, las familias encabezadas por un/a cónyuge separado/a han aumentado de 7.4% en 1990 a 10.5%, en 2006 (Casen, 2006).

año 1990 representaba el 67% del total de ellas y un 61,2% en el 2006, aumentando la familia unipersonal de un 10,5% –en 1990– a un 13,2% en el período actual (2006), lo que puede significar que ya se mantiene esta proporción (Casen, 2006).

Si bien existen muchas familias organizadas de forma tradicional, donde el padre es quien ejerce el rol de proveedor y jefe de hogar, han aumentando las familias con jefaturas de madre o padre solos, de un 22,2 % a un 25,6%. Y el 30% de los hogares está encabezado por una mujer. Las jefas de hogar han aumentado en todos los estratos económicos, pero sobre todo en el grupo de las familias indigentes, variando del 26,7% –registrado en 1990– al 36,9%, en 2006. En tanto, en las familias pobres no indigentes aumentaron de 16,5% en 1990 a 20,1% en 2006, incrementándose este tipo de familia, de un 16,5 % al 20.1%, en el mismo período, en las no pobres (Casen, 2006).

Encuestas recientes3 muestran cómo se ha ampliado el concepto de familia. El 86% considera que un hogar compuesto por una mujer sola con sus hijos/as constituye una familia, y un 81% que lo es cuando está integrado por un hombre en la misma situación. El 70% reconoció como familia no sólo a aquella formada por una pareja hombre/mujer, sino también a aquellas constituidas por una madre o un padre con sus hijos/as, abuelas/os con sus nietos/as, tías con sobrinos o sobrinas, etc.

ejercen violencia intrafamiliar y protegen a las mujeres que la viven.

Es posible observar una pluralidad de arreglos familiares: familias reorganizadas a partir de núcleos familiares previos, abuelas/os que crían a sus nietos y nietas, núcleos y familias formadas por adolescentes, además de familias homoparentales y otras formas de convivencia, que son prueba de la complejidad de los cambios culturales y de las transformaciones en curso. La familia biparental ha decrecido, en el

La familia en Chile ha cambiado también en cuanto a la disminución de sus integrantes, tanto en familias nucleares como extendidas4, pasando de 3,6 miembros promedio –en 1990– a 3,3 en 2006, y de 5,9 a 5,5 en el mismo año, respectivamente (Casen, 2006). Otra modificación que ha impactado en la estructura familiar, es que hoy uno de cada 10 habitantes es ma3 4

Corporación Humanas, 2008. Con más de un núcleo en un mismo hogar.

yor de 60 años. Para 2025, las estimaciones indican que una de cada cinco personas estará en ese rango, siendo las mujeres las que estarán más representadas, dada su mayor esperanza de vida. Se desprende de esto que las necesidades de cuidado de personas crecerá, y que la demanda de servicios de salud de las mujeres aumentará dramáticamente, especialmente hacia el sector público (Senama, 2009).

Cambios legislativos y políticas han favorecido a las mujeres Numerosos son los cambios legislativos y las políticas que han favorecido a las mujeres en los últimos años, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y a realizar sus proyectos personales. Estas normas han establecido nuevos derechos y ampliado su ciudadanía. En relación a la familia, destacan la Ley de Filiación, que terminó con la discriminación entre hijos/as nacidos en una relación matrimonial y aquellos nacidos dentro de ella, que antes eran calificados como “legítimos” e “ilegítimos”, respectivamente; y las modificaciones a la ley del matrimonio que introdujeron el divorcio vincular. De la misma manera deben ser valoradas la nueva ley de Violencia Intrafamiliar (o las leyes en materia de Violencia Intrafamiliar), instrumento para sancionarla y

proteger a las mujeres que viven este flagelo; y la creación de los nuevos Tribunales de Familia. La inclusión de la perspectiva de derechos como eje de la acción del Estado ha supuesto un giro en la forma de concebir las políticas públicas. Hoy todas las personas tienen derechos garantizados por el sólo hecho de ser ciudadanas: por ejemplo, la reforma de salud establece garantías explícitas de atención (GES) gratuita, incorporando las principales demandas de las mujeres; y la Reforma Previsional incorporó un bono por cada hijo/a nacido/a vivo/a o adoptado/a y que retribuye al menos en parte, la contribución que realizan a la sociedad con la maternidad. A su vez, la Red Protege y el programa Chile Crece Contigo han hecho posible una nueva realidad para un elevado número de chilenas. La informalidad y la precariedad laboral hasta hace poco dejaban a miles de mujeres sin protección de salud ni sistema previsional, y a largo plazo, sin una pensión para la vejez. A partir de la ley que reformó la previsión social en 2008, comenzó una nueva situación que asegura, a mujeres y hombres pertenecientes al 60% de la población de menores ingresos, una Pensión Básica Solidaria, aun cuando nunca hayan podido cotizar, lo que favorece en mayor proporción a mujeres (a un año de implementada la Reforma fueron beneficiadas 102 mil mujeres, que representan el

75% del total de beneficiados/as del sistema5), puesto que ellas estaban en mayor desventaja debido al desempeño de los roles tradicionales de género, por el cual se han dedicado principalmente a las labores de cuidado y del hogar, han tenido trabajos remunerados intermitentes o han accedido a empleos precarios, sin previsión alguna.

Nuevas demandas, necesidades y aspiraciones en una sociedad plural Las nuevas oportunidades abiertas impactan los deseos y proyectos de vida, las maneras de ser mujer y de ser hombre de chilenas y chilenos; pero no todas –ni todos– pueden ejercer los derechos obtenidos ni realizar sus sueños de la misma manera. A pesar de los avances, aún no ha sido posible alcanzar la igualdad social ni la equidad de género, en una sociedad segmentada en la que persisten las discriminaciones. Al mismo tiempo, los procesos vividos han dado origen a nuevas problemáticas sociales y, por lo tanto, a nuevas necesidades y aspiraciones acordes con los 5

Subsecretaria de Previsión Social, 2009. “Balance de la Reforma Previsional a un año de la implementación”: www.reformaprevisional.cl

cambios experimentados, aspiraciones que se manifiestan de diversa manera en los distintos sectores y generaciones. Desde cada realidad particular son reivindicados nuevos derechos que responden a la promesa del desarrollo y la modernidad, en el marco de los derechos humanos consagrados internacionalmente y que hoy son más evidentes. Por otra parte existe, además, una mayor sensibilidad en la opinión pública –y en especial, entre las mujeres–, ante las desigualdades y discriminaciones que persisten en distintos ámbitos del quehacer social. Es a esta sociedad más diversa, más plural y más demandante a la que debe responder la acción del Estado, en su rol de garante del bien común y de los derechos de las personas.

En esta etapa de desarrollo del país, construir la equidad, la igualdad plena entre mujeres y hombres es un imperativo de la modernización y de la democracia; pero, por sobre todo, un requerimiento de la ciudadanía. Alcanzar la equidad de género significa garantizar a mujeres y hombres igualdad de derechos, de autonomía, igualdad de oportunidades y en el acceso a los recursos y beneficios del desarrollo, e igualdad en los resultados, con relaciones de poder equilibradas. Significa también hacer efectiva la justicia social y el reconocimiento y valoración de la diversidad. Para ello es necesario profundizar aquellas transformaciones que aseguran el bienestar, la gobernabilidad democrática y el desarrollo sustentable, y extenderlas a todos los ámbitos de la sociedad, a la cultura, la vida cotidiana, las relaciones sociales y la distribución del poder. La experiencia internacional demuestra que promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer es un medio eficaz para combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades, y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible, tal como lo señala la Declaración del Milenio (Naciones Unidas, 2000). Chile necesita que mujeres y hombres –en su diversidad y distintos momentos de la vida, cualquiera sea el origen étnico, condición social, nacionalidad y orien-

tación sexual– tengan los mismos derechos y puedan ejercerlos, que sean autónomos y corresponsables y que respeten plenamente a otros y otras. Que niñas y niños alcancen el mayor nivel de educación, que las y los jóvenes puedan decidir libremente sobre su sexualidad y fecundidad disponiendo de la información y de métodos modernos de anticoncepción. En el horizonte está que las mujeres puedan incorporarse –en la misma medida y con las mismas garantías que los hombres– al trabajo remunerado y al emprendimiento económico, obteniendo ingresos equitativos; a la actividad política; a la investigación científica y tecnológica; y a cualquier otra área en que haya prevalecido la presencia masculina. Que se cuente con un sistema de cuidado para hijos e hijas, que las relaciones de pareja estén guiadas por el respeto a la integridad, la autonomía y los derechos del otro/a; que el desarrollo del país se manifieste en su calidad de vida; que accedan a la ciencia y las nuevas tecnologías por igual y que, al llegar a la vejez o en caso de enfermedad, cuenten con una pensión digna y servicios sociales de apoyo. La contraparte de este ideal es que los hombres ejerzan roles no tradicionales, participen en plenitud en la crianza de sus hijos e hijas, compartan equitativamente las tareas de cuidado, disfruten de los afectos

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Alcanzar la equidad de género y la corresponsabilidad social

El Estado, en su rol SERNAM PLAN DE IGUALDAD 2010-2020 | 16

de garante del bien común y de los derechos

y la paternidad en el mundo privado y en su desarrollo personal, y que aspiren a ser valorados no sólo por su capacidad de proveer y su sentido de autoridad. En muchos jóvenes está presente esta nueva manera de ser hombre.

El Estado tiene una inmensa responsabilidad de promover estos cambios hacia la equidad, la redistribución del poder y la corresponsabilidad, generando políticas públicas que contribuyan a dar sustentabilidad a dichos anhelos.

De hecho, la igualdad entre mujeres y hombres será definitiva sólo cuando los cambios se instalen y consoliden como un valor en la cultura; cuando sean incorporados a la organización del trabajo productivo;se modifiquen los roles que organizan las vidas de chilenas y chilenos, y surja un ‘nuevo contrato’ entre los géneros.

En 1990 los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia asumieron un compromiso con la igualdad entre chilenas y chilenos, atendiendo las propuestas del movimiento de mujeres y siguiendo la normativa internacional, en especial la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés, 1979) ratificada por Chile en 1989.

de las personas,debe responder con su acción a la construcción de una sociedad más diversa y más plural.

Un nuevo contrato en que ellas y ellos tengan autonomía para construir sus proyectos de vida, sin restricciones por su condición de género. Un nuevo contrato social en que cambie la forma de distribuir el poder, las responsabilidades y beneficios de la vida en sociedad, la corresponsabilidad en la política y en los destinos del país y en la reproducción de las condiciones materiales y afectivas de la existencia humana. En la corresponsabilidad en la generación de recursos económicos, la protección del medio ambiente, el cuidado de niños y niñas, y en todas aquellas actividades que aportan a la reproducción diaria digna de la vida humana, de sus núcleos familiares y de sus integrantes así como a su calidad de vida.

Desde allí en adelante, construir la equidad devino en imperativo ético y de justicia para los sucesivos gobiernos, en una sociedad que valora los derechos humanos, y donde el Estado se asume como responsable del bien común, lo que significa –entre otras cosas– hacerse cargo de los distintos tipos de desigualdad y sus consecuencias, instalando los dispositivos necesarios para contrarrestar los mecanismos que la generan. Con ese objetivo fue creado en 1991 el Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, institución que ha impulsado reformas legales y nuevas normas de derecho,

así como desarrollado políticas públicas para avanzar en igualdad y eliminar la discriminación por género. Los Planes de Igualdad de Oportunidades de 1994 y de 2000, el Consejo de Ministros para la Igualdad de Oportunidades, las Comisiones Regionales para la Igualdad de Oportunidades, el Sistema de Género del Programa de Mejoramiento de la Gestión Pública, y la Agenda de Equidad de Género 2006-2010, dan cuenta de ello. Los avances han sido significativos y es posible destacar grandes logros. Sin embargo continúa siendo un desafío alcanzar mayor igualdad entre mujeres y hombres, así como eliminar las discriminaciones de género, incluidas las que viven aquellas mujeres que, por pertenecer a diversos segmentos están expuestas a una doble discriminación y a condiciones de mayor vulnerabilidad social, como las mujeres del campo, aquellas que experimentan alguna discapacidad, las indígenas, las que habitan sectores urbanos pobres, las niñas, las jóvenes y adultas mayores, de manera de asegurar que todas gocen de los mismos derechos y oportunidades. Por otra parte, es obligación del Estado hacer efectivos los derechos que ha reconocido a nivel internacional y en su ordenamiento jurídico interno, desarrollando políticas y generando condiciones para avanzar en la

dirección señalada, por medio de sus distintos organismos –creando otros que se planteen como ineludibles–, haciendo uso de sus atribuciones y considerando la multiplicidad de instrumentos y mecanismos que sean pertinentes. Asimismo debe responder a los nuevos desafíos que surgen de lo ya avanzado y de las transformaciones económicas, sociales y culturales que ha experimentado el país. Muy especialmente, debe dar pasos en la generación de estímulos y garantías que contribuyan a desarrollar la corresponsabilidad social entre hombres y mujeres, así como entre los privados y el Estado, adelantándose al futuro a partir de los nuevos escenarios que van surgiendo. En síntesis, el Estado debe ser un agente activo para alcanzar la equidad de género y la necesaria corresponsabilidad social. Ello significa profundizar la incorporación del enfoque de género y los objetivos de igualdad y no discriminación en todos los terrenos del quehacer público, en especial en aquellos ámbitos del ordenamiento de la realidad económica, social, política y cultural en que se pueda generar o perpetuar la desigualdad.

Un nuevo Plan de Igualdad

Profundizar la SERNAM PLAN DE IGUALDAD 2010-2020 | 18

incorporación del enfoque de género y los objetivos de igualdad y no discriminación en todos los terrenos del quehacer público es deber del Estado.

Para abordar los nuevos desafíos que se abren al Chile del Bicentenario en su camino hacia la equidad de género, ha sido elaborado este Tercer Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Este Plan tiene como propósito político orientar el quehacer de los gobiernos hacia grandes metas, actuando sobre ejes estratégicos. Su horizonte temporal es de diez años –hasta 2020– por lo que abarca varios períodos presidenciales, ya que lograr la equidad de género es una tarea de larga duración y que requiere de continuidad de las políticas implementadas. Asumiendo que las políticas públicas tienen sustento en la comunicación entre el Estado y la sociedad, la metodología de elaboración de este documento incluyó instrumentos de consulta y participación que permiten vincular las demandas sociales con la construcción de la agenda pública. En este proceso, el SERMAN recogió los sueños expresados por ciudadanas y ciudadanos a lo largo y ancho del país, el saber de expertas y expertos, la experiencia de autoridades políticas actuales y de gobiernos anteriores, opiniones de actores políticos y sociales de todas las tendencias y de los comandos de los candidatos presidenciales. El nuevo Plan de Igualdad se fue perfilando por medio de entrevistas individuales y grupales, de la participa-

ción en talleres con organizaciones sociales y funcionarias y funcionarios públicos, en todas las regiones; de un sitio en Internet, una encuesta electrónica y foros virtuales, más una jornada de trabajo que reunió, en comisiones de reflexión y discusión, a diferentes representantes interesadas en la construcción de la equidad de género. La mayoría de las y los participantes en este proceso reconoció los avances alcanzados por las mujeres en materia de igualdad y valoró los aportes realizados por el SERNAM, la existencia de las nuevas leyes, las políticas públicas y los programas implementados en estos 20 años. Considera, asimismo, que ha existido voluntad política para avanzar en esa dirección. Al mismo tiempo, manifiestan la necesidad de consolidar lo avanzado y de que –tanto los nuevos derechos, como las políticas y programas– lleguen a todos los rincones del país, a los sectores rurales e indígenas, y a todas las comunas, sin exclusiones de ningún tipo. Asimismo, demandan una institucionalidad con más atribuciones y un ordenamiento jurídico para la igualdad entre mujeres y hombres más exigente y transversal; y sobre todo, un salto significativo hacia nuevos objetivos de equidad tanto en política, economía y cultura, como también la corresponsabilidad en las

A lo largo de meses fue delineada una propuesta, enriquecida con los aportes de esta amplia gama de actores. En ella, la participación equilibrada de mujeres y hombres en todas las esferas del quehacer político, económico y social, la autonomía económica y el trabajo decente, la corresponsabilidad social, la autonomía en la sexualidad y las decisiones reproductivas, el fin de la violencia de género, y la inversión en igualdad en las niñas y niños fueron las prioridades refrendadas. El resultado es este documento estratégico que identifica los principios que deben guiar la construcción de la equidad de género y siete ejes para la acción de gobierno, los que no agotan el abanico de acciones y políticas para lograr la equidad de género. No obstante, esa acción, en su conjunto, permitirá alcanzar ambiciosas metas en cada uno de esos ámbitos y en la equidad de género propiamente tal.

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tareas de cuidado, poniendo énfasis en que la igualdad se construye desde la niñez.

PLAN DE IGUALDAD

ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2010-2020

Al inicio de su mandato, SERNAM PLAN DE IGUALDAD 2010-2020 | 22

la Presidenta Bachelet entregó al Estado la Agenda de Género 2006-2010, elaborada por el SERNAM, la que ha guiado la acción de los ministerios y servicios.

Desde 1994, el Plan de Igualdad de Oportunidades ha sido uno de los instrumentos de política pública que ha utilizado el SERNAM para incorporar la equidad de género en el conjunto de estas políticas. El primero fue el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1994-1999, seguido en 1997 por las Políticas de Igualdad de Oportunidades para la Mujer Rural, y en 1999, por el segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2000-2010, cuya vigencia está pronta a terminar. Este instrumento ha permitido al SERNAM impulsar la coordinación de políticas públicas sectoriales, el desarrollo de programas específicos y el trabajo a nivel regional. Ello se ha visto reforzado por la creación, el año 2000, del Consejo de Ministros para la Igualdad de Oportunidades y del Sistema de Equidad de Género en el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), que busca mejorar las oportunidades de mujeres y hombres para que accedan y se beneficien de igual forma de las políticas públicas. En 2006, la Presidenta Bachelet entregó al Estado la Agenda de Género 2006-2010 –elaborada por el SERNAM– que ha guiado la acción de los ministerios y servicios públicos bajo la premisa gubernamental central de la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva, considerando la dimensión de géne-

ro. Dicha Agenda apuntó a cuatro grandes objetivos (SERNAM, 2006): 1. Eliminar o reducir la discriminación en contra de las mujeres. 2. Eliminar o reducir las brechas que existen entre mujeres y hombres, pero también aquellas que existen entre mujeres, como son la brecha entre el campo y la ciudad, entre las mujeres indígenas y las que no lo son, entre las de sectores populares y las de sectores sociales de mayor escolaridad, entre las jóvenes y mujeres mayores; entre las mujeres que tienen alguna discapacidad y las que no la tienen. 3. Ampliar los derechos y responsabilidades de las mujeres en el ámbito público y de los varones en el ámbito privado, contribuyendo a hacer más igualitarias las relaciones entre los géneros. 4. Contribuir al empoderamiento de las mujeres como sujetos sociales, y en tanto protagonistas del desarrollo de las familias, la comunidad y la sociedad toda y al desarrollo de sus potencialidades en el ámbito cultural, artístico, académico, científico y tecnológico. La evaluación de las políticas implementadas hasta ahora revela que estos objetivos siguen vigentes y validan la importancia de contar con un tercer Plan de Igualdad que refuerce la noción de la equidad de

género como bien público, que requiera una acción conjunta, integrada, coordinada y con orientaciones estratégicas, vinculada estrechamente a los procesos de modernización del Estado. Hoy, todos los ministerios y servicios, tal como lo establece la Agenda de Género, el Sistema de Programación Gubernamental de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y el Sistema de Equidad de Género del Programa de Mejoramiento de la Gestión Pública (PMG de Género) de la Dirección de Presupuesto, desarrollan acciones específicas para reducir brechas y favorecer la equidad. Por lo que es necesario avanzar en la visión estratégica y unificada que permita alcanzar el gran objetivo: transformar las relaciones sociales de género hacia una mayor equidad. Dado este objetivo, el presente Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres define, en primer lugar, tres principios que deben orientar la política de Estado y estar presentes en todas las acciones públicas y, en segundo lugar, un conjunto de ejes estratégicos para su acción en la próxima década. Estos ejes están asentados en lo ya avanzado y ponen énfasis en aquellos ámbitos que requieren una atención especial por su gravitación en el logro de la equidad de género y la corresponsabilidad social. Es decir, en un nuevo “contrato social”.

Principios para la acción pública hacia la equidad de género Para el logro de la equidad de género, este Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres identifica los principios de: igualdad y no discriminación, autonomía y corresponsabilidad social, como orientadores de la acción del Estado. Se trata de imperativos universales y transversales, que ordenan acciones gracias a las cuales es posible articular las decisiones y actuaciones y que deben estar interconectados para alcanzar la meta propuesta.

la discriminación como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

El principio de igualdad constituye uno de los pilares de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Avanzar en igualdad entre mujeres y hombres supone disolver las jerarquías de género y reconocer a todas las personas como sujetos titulares de derechos, impidiendo que las diferencias originadas por el sexo y por la capacidad reproductiva de las mujeres se transformen en desigualdad y discriminación. Supone construir una cultura de igualdad que valore a mujeres y hombres por igual, que aprecie la diversidad y favorezca la expresión de las diversas concepciones, representaciones, saberes y estilos de vida que coexisten en la sociedad y que reconozca, además, el derecho a ser diferentes.

La igualdad supone la ausencia de discriminación, y como parte de ello, la ausencia de la discriminación basada en el sexo; muy especialmente aquella derivada de la maternidad. En su artículo 1, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw,1979) define

La igualdad efectiva entre mujeres y hombres requiere –además de un ordenamiento jurídico y normativo fundado en la igualdad– que el Estado promueva, proteja y garantice el ejercicio de los mismos derechos por parte de ciudadanas y ciudadanos. Para ello debe generar las condiciones necesarias y establecer

Principio de igualdad y no discriminación

La discriminación constituye una forma de maltrato y es un acto de abuso e injusticia que viola el derecho de igualdad. Se expresa de diferentes formas –algunas muy sutiles– y está presente en toda la sociedad; por ejemplo, cuando en los procesos de selección de personal, se diferencia entre hombres y mujeres o por el origen social y la nacionalidad; cuando se pide alguna calificación que no es necesaria para el empleo al que está postulando; cuando se solicita una fotografía como parte del curriculum; o cuando se establece que hay ciertas actividades destinadas específicamente para niños y otras para niñas.

Principio de autonomía El principio de autonomía establece el derecho y la capacidad de toda persona para definir un proyecto propio y desarrollar las acciones para lograrlo, y

de decidir por sí misma en todas las materias que la afecten, con conocimiento de causa y sin coacción de ningún tipo. Está estrechamente ligado al principio de igualdad y no discriminación, siendo su vigencia condición necesaria para la constitución de sujetos de derechos. No puede haber un auténtico ser humano si no tiene libertad y tampoco puede haber ser humano sin autonomía. Define el reconocimiento del/os otro/as y el deber de respetar su autonomía, valorar sus opiniones y elecciones y evitar obstruir sus acciones, a menos que vayan en detrimento de otros/as. El principio de autonomía está en la base de los sistemas democráticos, en que ciudadanas y ciudadanos aceptan una norma de gobierno como parte de su capacidad de autodeterminarse; permite establecer derechos y obligaciones, construir relaciones igualitarias y de corresponsabilidad, fundamenta el pluralismo y el respeto a la diversidad. Al mismo tiempo, hace visibles las asimetrías de poder abusivas y la subordinación ilegitima, existentes en la sociedad, y se opone a toda forma de tutelaje y a la violencia. Reconoce el derecho de las personas a la libertad, la intimidad, la libre voluntad, a elegir el propio comportamiento y a ser dueñas de sí mismas, en tanto sujetos capaces de discernir sus deseos y sus intereses y de elegir las mejores acciones para concretar dichas

Desde 2002 funciona el Consejo de Ministros por la Igualdad de Oportunidades, que es replicado a nivel regional, incorporando el enfoque de género en las políticas públicas.

SERNAM PLAN DE IGUALDAD 2010-2020 | 25

mecanismos que puedan ser activados en casos específicos de vulneración de derechos por decisiones de alguna autoridad o institución. Por ejemplo, la ley que establece la acción antidiscriminatoria, la incorporación de una defensoría adjunta de los derechos de las ciudadanas en la institución del Defensor del Ciudadano, el Protocolo Facultativo de la Cedaw y el Tratado que crea la Corte Penal Internacional.

En marzo de 2006 SERNAM PLAN DE IGUALDAD 2010-2020 | 26

asumió la primera mujer Presidenta de la República. Acompañada de un Gabinete Paritario, cambió la idea de la exclusividad varonil en el ejercicio del poder.

elecciones. En el caso de las mujeres, el principio de autonomía refiere a la libertad para actuar según su elección y no la de otros, a las posibilidades individuales y colectivas de ser para sí y no para los y las demás, así como a la superación de la dependencia y de la subordinación en los distintos planos de su vida. El principio de autonomía se aplica tanto al sujeto individual, como al grupo social al que pertenece, por cuanto el grado de autonomía personal que pueda desplegar una persona dependerá también de la autonomía posible de su grupo social. En el caso de las mujeres, la autonomía individual refiere a aquella que hayan alcanzado colectivamente en la sociedad a la que pertenecen. Configura límites entre lo público y lo privado, existiendo decisiones que atañen a la exclusiva competencia de las ciudadanas y ciudadanos, aunque también requieran apoyo del Estado. Es tarea del Estado garantizar y generar condiciones para el ejercicio de la autonomía de las personas y de los grupos sociales, para que puedan definir proyectos y hacerlos realidad en igualdad de condiciones; garantizar el derecho a consentir antes de que se tome cualquier tipo de acción con respecto a ellas, y proteger de manera especial a quienes no pueden hacerlo por sí mismos/as. Es decir, garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación.

El principio de autonomía, en relación a las mujeres, requiere la actuación en –al menos– cuatro ámbitos: física, económica, política y socio-cultural. La autonomía física implica el ejercicio del poder y el control sobre el propio cuerpo, la sexualidad y fertilidad, siendo el cuerpo el soporte de la individualidad y la libertad y el lugar en que se inscribe la diferencia sexual, pero también la etnia, el origen social, la edad y la discapacidad. La autonomía económica conlleva tener acceso y control sobre los recursos y bienes para satisfacer las necesidades de subsistencia y protección en la vejez. La autonomía política supone la capacidad de representar los intereses propios y los de la comunidad, el acceso y el ejercicio efectivo de los derechos políticos básicos, incluyendo el derecho a participar en las instituciones, en los ámbitos de decisión, en los partidos políticos, etc.; y la autonomía sociocultural conlleva, además del acceso y control de los recursos culturales y la información, el derecho a una identidad independiente, al reconocimiento del valor propio y el sentimiento de autoestima.

Principio de corresponsabilidad social El principio de corresponsabilidad, incorporado crecientemente en las legislaciones más modernas, reconoce que todas las personas –mujeres y

Este principio reconoce que el cuidado de la vida humana –es decir, la satisfacción de las necesidades básicas de personas y familias– requiere tiempo y trabajo. Un tiempo y trabajo socialmente imprescindibles y que no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres, sino un asunto social y político de primer orden que exige el compromiso de toda la sociedad. Su vigencia es estratégica para avanzar en equidad de género, por cuanto apunta a un reparto equitativo del tiempo y a la división sexual del trabajo. Si bien involucra a las personas, la corresponsabilidad social está asentada en el reconocimiento del rol del Estado de contribuir, mediante políticas públicas, a su institucionalización. Es decir, supone la concurrencia de variados actores –las familias, la sociedad y el Estado– y de acciones que conduzcan a garantizar el ejercicio de los derechos. Supone también cambios

legislativos en la esfera del trabajo, en las responsabilidades familiares y en la provisión de servicios, asumiendo su rol en la reproducción social, el cuidado y bienestar de la población. Así lo plantea la OIT, que señala la necesidad de articulación entre el Estado, el mercado y la sociedad, con un Estado que institucionalice políticas públicas sostenibles en el tiempo.

El SERNAM promueve

La redefinición en la asignación de roles, así como las modificaciones de las representaciones culturales respecto de lo femenino y lo masculino, de la maternidad y la paternidad, favorecen la cultura de corresponsabilidad, pero requieren el soporte del Estado y de las políticas públicas, y su articulación con el mercado y la sociedad toda, tras el reparto equitativo del tiempo y de las tareas relativas al mantenimiento del hogar y los cuidados a las personas.

de los hombres en el

las responsabilidades familiares compartidas, avanzado en el reconocimiento del rol

cuidado y la crianza de los hijos e hijas.

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hombres– son titulares de los mismos derechos y al mismo tiempo, responsables de similares deberes y obligaciones en los escenarios público y privado, en el mercado laboral, en las responsabilidades familiares y en la toma de decisiones. Es decir, la igualdad se debe dar tanto en los derechos como en las responsabilidades, en el ámbito público y en la reproducción privada que permite la inserción de las personas en el ámbito público.

EJES ESTRATÉGICOS

PARA ALCANZAR LA EQUIDAD DE GÉNERO

Las mujeres son SERNAM PLAN DE IGUALDAD 2010-2020 | 30

sujetos de derecho en el ámbito económico, independientemente de su situación conyugal y de los recursos que aporte su pareja o cónyuge.

Para alcanzar la meta de la equidad de género, este Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres 20102020 considera siete ejes estratégicos de intervención, prioridades de acción para el Estado de Chile durante la próxima década. Son ámbitos en los que persisten brechas de género y discriminación, lo que afecta negativamente a las mujeres, en general, y en algunos ámbitos, a los hombres. No abarca la totalidad de las esferas de acción del Estado, sino aquellas en que resultan prioritarias en esta fase de desarrollo de las relaciones entre los géneros. Cada eje puede ser considerado como un indicador de los niveles de equidad de género existentes en la sociedad. Siendo todos prioritarios, el orden en que están presentados articula el rol del Estado con el necesario empoderamiento de las mujeres para participar activamente en los cambios hacia mayor equidad. Los ejes estratégicos para la acción en este período son: 1. Políticas públicas y una institucionalidad para la equidad de género 2. Democracia paritaria y participación de las mujeres 3. Corresponsabilidad social en el cuidado de personas

4. Autonomía económica y trabajo decente 5. Autonomía en la sexualidad y las decisiones reproductivas 6. Violencia de género 7. Las niñas y niños: un punto de partida para la igualdad El primer eje de este instrumento orientador de la acción del Estado es, precisamente, su propia actuación en el desarrollo de políticas públicas y de una institucionalidad para el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, y la eliminación de las discriminaciones basadas en el género. Es el asiento estratégico de las políticas de igualdad y asegura la transversalidad del enfoque de género, así como la acción en todos los demás ejes. El segundo eje está referido a la redistribución del poder en el espacio público, en las esferas política, económica y social, condición necesaria para la equidad. Es un objetivo –y también un medio– para avanzar en todos los demás ámbitos que propone este Plan, por cuanto fortalece a las mujeres como sujeto político, como ciudadanas, con poder para decidir y actuar sobre el orden existente en la sociedad. El tercer eje estratégico apunta a la corresponsabilidad social en el cuidado de personas, nudo donde

se teje el reparto de tareas, no sólo en cuanto a la división sexual del trabajo, sino de la acción en las esferas pública y privada. Involucra a las mujeres y los hombres como personas individuales, en el ámbito de la pareja y la familia; pero también a los actores públicos y privados en la medida en que se trata de generar condiciones que van más allá de la conciliación entre vida laboral, personal y familiar. Está estrechamente ligado a los ejes de participación política y de autonomía económica. A la autonomía económica y al trabajo decente6 se refiere el cuarto eje estratégico. Este ámbito de acción da las bases materiales para desarrollar las capacidades y los proyectos propios –también para superar la pobreza– a lo largo de toda la vida; es decir, tanto en la vida productiva y como para la vejez. Está ligado, además, al eje de violencia de género, por cuanto la autonomía económica da protección y reduce la vulnerabilidad de las mujeres.

Concepto propuesto por la OIT para establecer las características que debe reunir una relación laboral que cumpla los estándares laborales internacionales, de manera que el trabajo se realice en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Por debajo de esos estándares debe considerarse que se han violado los derechos humanos del trabajador/a afectado/a y que no existe trabajo libre, propiamente dicho. El término fue acuñado por Juan Somavía en su primer informe como Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1999.

En el campo de la autonomía del cuerpo, la sexualidad y las decisiones reproductivas se sitúa el quinto eje, ámbito estratégico en cuanto a la constitución de sujetos responsables y para la construcción de relaciones de género equitativas. E igualmente trascendente en relación a la corresponsabilidad reproductiva de mujeres y hombres, que repercute en las hijas e hijos y en toda la sociedad. El sexto eje de acción estratégica es la violencia de género, que refleja –en distintos ámbitos de la vida social– la falta de poder de muchas mujeres, lo que inhibe su derecho a la libertad y autonomía, con graves consecuencias a nivel individual, familiar y social. La violencia de género es un duro indicador de la falta de poder de las mujeres así como del nivel de inequidad existente en una sociedad. La acción estratégica hacia niñas y niños constituye el séptimo eje, el que adquiere, día a día, mayor relevancia en la medida en que pone en el centro a las futuras generaciones y se hace cargo de que la igualdad entre mujeres y hombres debe ser construida desde la niñez, al igual que la cultura de la igualdad y no discriminación, de la autonomía y la corresponsabilidad.

Desde el principio de la equidad, los derechos sexuales y reproductivos reconocen que las mujeres deben decidir, en todo momento, sobre su sexualidad y reproducción.

Las niñas y niños de SERNAM PLAN DE IGUALDAD 2010-2020 | 32

hoy son las mujeres y hombres del mañana, y por ello construir la igualdad entre mujeres y hombres es una tarea que debe comenzar en ese período.

Estos ejes estratégicos requieren un Estado moderno, garante de derechos para la construcción de la equidad de género, con trabajo intersectorial, y con la acción en todos los niveles administrativos: nacional, regional, provincial y comunal; espacio, este último, privilegiado para la provisión de servicios, para el fortalecimiento de actores sociales y la transformación cultural.

que cuentan con más recursos. A su vez, la transformación en las relaciones de género requiere de la activa participación masculina.

Para cada eje estratégico han sido definidas metas amplias de equidad de género a ser alcanzadas en 2020 y el Plan señala líneas de actuación necesarias en cuanto a legislación, institucionalidad, formación y desarrollo de personas, políticas, programas y otras acciones específicas. Difieren en extensión, de acuerdo a la complejidad que revisten. Algunas metas corresponden a compromisos ya contraídos, por ejemplo, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Otras traducen los avances que es posible imaginar en materia de equidad de género.

La amplitud con que están formuladas las metas y las actuaciones en este Plan de Igualdad tiene que ver con su horizonte temporal –una década– y con el hecho de que deberá ser traducido y concretado en Agendas de Equidad de Género por cada gobierno, según las metas y acciones definidas y comprometidas en este Plan.

Las actuaciones señaladas tienen como destinatarias/os y sujetos de la acción, de preferencia a las mujeres; y en muchos casos, a los hombres. Hasta ahora, las políticas han buscado igualar las oportunidades de las mujeres en relación a los hombres, como también las oportunidades de las mujeres de los sectores más desfavorecidos con aquellas de las

En ese sentido, este Plan quiere dar un salto cualitativo y contribuir a una cultura de igualdad y corresponsabilidad, definiendo acciones y políticas públicas que tengan a las mujeres y hombres como sujetos.

EJE I

El Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en tanto instrumento de política pública, constituye el pilar para la definición de políticas para la equidad de género y de la institucionalidad que debe materializarlo, siguiendo los principios de igualdad, no discriminación y equidad. Es el marco para todo el quehacer público y, por ello, es el primer eje para la acción estratégica de este Plan. La acción pública debe abordar las discriminaciones por razones de género y demás condiciones, reconociendo a mujeres y hombres como sujetos titulares de derechos. Debe promover la igualdad entre mujeres y hombres y entre las mismas mujeres: entre el campo y la ciudad, entre indígenas y quienes no lo son, entre los diversos sectores sociales, entre niños y niñas, jóvenes y mayores, entre quienes tienen alguna discapacidad y quienes no la tienen. Cambiar esta situación requiere la acción de todos los actores de la sociedad, del Estado, los partidos políticos, los medios de comunicación, el sector privado, los organismos no gubernamentales y la sociedad civil. Ade-

más también es responsabilidad del Estado cumplir con los compromisos –nacionales e internacionales– contraídos con ese propósito. En la V Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing (1995) fue acuñado el concepto de “transversalización del enfoque de género”, para referirse a que los poderes públicos, en todas las áreas y en todos los niveles, deben involucrarse de manera integral en la búsqueda de la equidad de género en las políticas, estrategias, planes y programas, en las actividades administrativas, normativas y financieras, en el ámbito legislativo, e incluso en la cultura institucional, de modo de contribuir eficazmente al término de las desigualdades y discriminaciones de género. Desde fines de la década de los 90, se viene realizando en nuestro país un trabajo sistemático tendiente a incorporar el enfoque de género en todos los niveles territoriales y funcionales (nacional, regional, provincial, municipal, sectorial e intersectorial), para impulsar iniciativas legislativas y para la implementación de políticas, planes y programas. También han sido desarrolladas múltiples iniciativas de sensibilización

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POLITICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO

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y capacitación, tendientes a un cambio en la actitud y la mentalidad de las y los funcionarios/as para que la equidad de género sea parte constitutiva del funcionamiento de los organismos y servicios que conforman el Estado. Se trata de un proceso político y, a la vez, técnico: político por el objetivo –alcanzar la equidad de género y cerrar las brechas que persisten–, y técnico, porque requiere conocimientos científico-técnicos y personal especializado. Este proceso está relacionado con conocer y desarticular los mecanismos de discriminación; hacer visibles las necesidades cambiantes de los distintos sectores sociales, sus aportes a la sociedad, las consecuencias de las políticas implementadas y los nuevos desafíos que surgen en todos los campos de la vida social en un mundo globalizado, en que las fronteras se desdibujan y hay chilenas y chilenos no sólo en el territorio nacional, sino en todo el planeta. Así lo ha entendido el SERNAM desde su creación, y por ello ha aportado a la legislación formulando Planes de Igualdad, políticas y programas conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Estas se han materializado por medio de la transversalización de género plasmada en diferentes mecanismos e instrumentos. Uno de ellos es el Consejo de Ministros y Ministras por la Igualdad de Oportu-

nidad, que funciona desde el año 2000, y es replicado a nivel regional por las Comisiones Regionales de Igualdad de Oportunidades, contribuyendo a conjugar la transversalización del enfoque de género con un enfoque de descentralización. Ambas instancias, año a año, comprometen e implementan acciones estratégicas para avanzar en esta nueva mirada del quehacer gubernamental. SERNAM en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), sigue el cumplimiento de los compromisos ministeriales. Esta coordinación ubica estos compromisos en un espacio de alta incidencia político-estratégico. Por otra parte, hoy –por medio del Sistema de Género del Programa de Mejoramiento de la Gestión, que coordina la Dirección de Presupuesto (Dipres) del Ministerio de Hacienda– es posible identificar, describir y evaluar el quehacer de los servicios públicos, en términos de su aporte e impacto en las inequidades de género existentes. Este instrumento ha favorecido la identificación de inequidades, brechas y barreras de género respecto de todo el quehacer de la política pública, permitiendo diseñar, implementar y evaluar acciones para intervenirlas con el fin de avanzar, transversalmente, en la equidad de género. Además, ha propiciado la sensibilización y capacitación de funcionarias y funcionarios públicos, aportando al cambio de la cultura funcionaria.

Corresponde, entonces, iniciar una nueva etapa en las políticas de igualdad, para consolidar los avances y proyectar un horizonte más exigente en cuanto a los derechos e igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Contar con una Constitución Política del Estado que incluya y garantice la igualdad efectiva y la no discriminación a mujeres y hombres. Que al año 2020, la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación sean parte constitutiva de la misión y objetivos de los organismos públicos; que todos sus procesos de trabajo y acciones incorporen transversalmente el enfoque de género (a nivel nacional, sectorial, intersectorial, regional, provincial y local) y que dispongan de una oferta de servicios que incorpore la equidad de género. Que la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación sea también asumida como objetivo y como tarea por los actores privados.

Acciones para alcanzar las metas Legislación y reformas legales Promover una Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres que consagre la equidad de género como principio orientador y objetivo de todas las políticas públicas y del quehacer público y privado. Esta ley: Favorecerá y promocionará la generación de nuevas normativas que apunten a la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres. Fortalecerá las instancias encargadas de proponer, impulsar y coordinar su implementación en los niveles nacional, sectorial, regional y local. Establecerá la elaboración de Planes –para la igualdad entre mujeres y hombres– y de Agendas de género nacional, regionales, y locales que articulen de forma estratégica la acción de los organismos públicos y que se proyecte a todos los poderes del Estado. Establecerá mecanismos para que el sector privado incorpore la equidad de género en sus prácticas. Establecerá mecanismos regulares y formales para asegurar la transversalización de género en los distintos organismos públicos. Que toda propuesta legislativa incorpore criterios de género. Que se legisle considerando las diversidades existentes en la sociedad y que se sancione las prácticas discriminatorias.

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Metas para el decenio

Institucionalidad para la igualdad

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Fortalecer la institucionalidad del SERNAM, servicio a cargo de la implementación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Dicho organismo deberá: Contar con un equipo técnico altamente especializado, con vínculos con universidades y otras instituciones académicas y de investigación para la producción de conocimientos pertinentes, capaz de dar asesorías de calidad a todas las instituciones a las que se demanda la incorporación del enfoque de género. Contar con un aparato político-técnico experto, que asesore al Consejo de Ministros para la Igualdad entre mujeres y hombres, que incluya a personas expertas en la discusión presupuestaria. Proponer, impulsar y coordinar la acción transversal por medio de los distintos instrumentos para la equidad de género (metas ministeriales, PMG de género, entre otros). Coordinar la acción, hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de Chile respecto a los instrumentos internacionales que comprometen la eliminación de las discriminaciones de género, teniendo presente otras dimensiones de desigualdad social como el origen étnico-racial y la edad. Coordinar la elaboración, en cada región y comuna de Agendas Regionales y Comunales de Género como instrumentos rectores de las políticas de género, integrales e intersectoriales, a nivel regional y local, con una mirada territorial y con pertinencia cultural. Contribuir al fortalecimiento de las políticas sectoriales y el desarrollo de políticas intersectoriales que aborden las especificidades de género. Asegurar la inclusión del enfoque de género en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

Evaluar las políticas desde un enfoque de género, incluyendo la dimensión presupuestaria. Instalar un observatorio de género en las políticas públicas que permita monitorear los avances y retrocesos y mantener informada a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Resguardar la inclusión de la diversidad de sujetos de políticas públicas en el quehacer gubernamental, sobre la base de las inequidades de género que les afecten. Velar por la formación en género de los/as profesionales y técnicos/ as del sector público, de modo de asegurar la instalación de capacidad profesional en género en cada institución pública. Promover y fortalecer instancias de participación de la sociedad civil en el nivel nacional, regional y local (Mesas PRIO, Mesa Mujer Rural nacional y regionales, Consejos Consultivos y Cabildos, entre otras). Desarrollar campañas de comunicación y acciones de impacto cultural que favorezcan la eliminación de estereotipos de género. Fortalecer instancias de coordinación institucional e interinstitucional de género, a nivel central, regional y local, las que tendrán atribuciones para coordinar y tomar decisiones respecto a la incorporación de la equidad de género en las políticas y programas, definiciones presupuestarias, elaboración y seguimiento a la Agenda definida, políticas de promoción y difusión. Favorecer, de acuerdo a la Ley de Igualdad, una institucionalidad para la equidad de género en los municipios, para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las comunas, tal como establece el Art. 4º de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (2006). Esta institucionalidad deberá contar con instancias y mecanismos de participación de las organizaciones locales de mujeres.

Enfoque de Género en la modernización de la gestión de las políticas públicas Asegurar que los modelos de gestión incorporen la perspectiva de género y que tengan mecanismos eficientes y eficaces de coordinación. Brindar asesoría técnica, hacer seguimiento y evaluar la inclusión de la equidad de género en el ciclo de vida de las políticas públicas. Incluir la equidad de género en los criterios para la formulación, inclusión y evaluación presupuestaria.

Formación y desarrollo de las personas Promover la creación de programas académicos en las universidades y demás instituciones de educación superior que formen profesionales y técnicos –mujeres y hombres- con conocimientos en materia de derechos humanos de las mujeres y género para la planificación, desarrollo, implementación y evaluación de las políticas de igualdad. Incluir dicha formación entre los requisitos de calidad de la alta dirección pública, en el marco del Servicio Civil. Incluir en la definición de funciones y en los requisitos para la selección de funcionarios/as públicos/as el requisito de formación en género. Información Asegurar que el sistema nacional, regional y local de información recoja estadísticas que permitan dar cuenta de la diversidad de mujeres que existen en el país (variables socioeconómicas, étnicoraciales, migrantes, urbano-rural, entre otras). El objetivo de esta acción es enriquecer los diagnósticos de género, de manera de poder establecer diagnósticos realistas sobre la condición y posición de mujeres y hombres, y las inequidades, brechas y barreras aún presentes en los distintos ámbitos de la sociedad. Ello permitirá diseñar políticas públicas universales y específicas, más pertinentes a la realidad nacional. Deberá incluir a las mujeres rurales, indígenas y no indígenas, para el diseño de políticas públicas para la igualdad que sean pertinentes culturalmente.

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Un Estado moderno y ágil debe ser descentralizado, con poder de decisión y con atribuciones en los niveles regionales. La descentralización es posible en la medida de que el Estado es capaz de promover cambios culturales efectivos, que den cuenta de la presencia o exclusión de las mujeres en el desarrollo regional, local y territorial. Los procesos de descentralización significan herramientas para la participación y el empoderamiento de la sociedad civil. Las mujeres –como agentes de cambio– y el enfoque de género, como instrumento de análisis, encuentran en este contexto una oportunidad muy valiosa para avanzar hacia una mayor equidad de género y un desarrollo social más integral e inclusivo.

EJE II

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DEMOCRACIA PARITARIA Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES

El poder permite construir el orden social y las mujeres estuvieron por siglos lejos del poder institucionalizado. La ausencia de mujeres en los ámbitos de decisión es, al mismo tiempo, reflejo y consecuencia de la subordinación e invisibilidad femenina en la sociedad. La exclusión ha afectado sus posibilidades de ejercicio ciudadano y de negociación con otros actores sociales, pese a que están fuera de duda sus capacidades de liderazgo social y de contribución cotidiana a la producción y reproducción social. Y aunque ellas han manifestado interés en la política, aún están poco representadas en los sistemas políticos institucionales. La calidad de la democracia se aprecia en la capacidad de sus instituciones de dar cabida a la pluralidad de actores/as que conforman esa comunidad y que deciden sobre los asuntos públicos. En ello, la democracia chilena, más allá de sus declaraciones igualitarias, es incompleta porque subrepresenta, entre otros grupos, a las mujeres. El panorama cuantitativo muestra contundentes pruebas de desequilibrio, a partir del resultado de las últimas elecciones parlamentarias

2009. Las cifras de representación indican que el Parlamento quedo constituido por 5 senadoras entre 38 cargos (representan el 13%, en comparación al 5,3% del periodo anterior) y 17 diputadas entre 120 (representan el 14%), en comparación al 15% del periodo anterior); que la participación en municipios es de 43 alcaldesas entre 343 (12,5%) y de un 23% de concejalas7. Esta subrepresentación se explica por una cultura política y por el actuar de los partidos políticos, que han mostrado poco interés en promover candidaturas femeninas. En el Poder Judicial, las mujeres representan el 25%8 de las juezas integrantes de la Corte Suprema, y sólo existe una Fiscal Regional9. En el ámbito de las principales empresas públicas, hay apenas tres mujeres entre los 37 directores/as (Codelco, Enap, TVN, Banco Estado, La Nación, entre otras)10 y en la academia, únicamente hay dos rectoras en

7 8

Elecciones Municipales 2008. La Corte Suprema está conformada por cinco Ministras y 14 Ministros, encontrándose un cargo vacante del total de 20 (información al 10 de enero de 2010). 9 Cifra al 10 de Enero de 2010. 10 Cifra al 10 de Enero de 2010.

Al mirar el mundo sindical es posible constatar avances en su participación a nivel de sindicatos y organizaciones gremiales, pero esta sigue siendo insuficiente y segmentada según las profesiones tradicionalmente femeninas. El día 15 de enero de 2006 marcó un hito en la historia de Chile: una mujer fue elegida Presidenta con el 53,5% de los votos, rompiendo con toda una tradición de presidentes hombres. Al asumir el mando, el país contó con el primer gabinete ministerial paritario (diez mujeres y diez hombres), igualdad en el poder y las responsabilidades que modificó la idea de “atribución” exclusiva del ámbito público y el poder político a los varones. El estudio de opinión pública Paridad, Medidas de Acción Afirmativa, Mujer y Política, elaborado por SERNAM (edición 2009), da cuenta de la percepción actual de mujeres y hombres respecto al liderazgo. Constata el consenso de la ciudadanía para rechazar las actitudes abiertamente discriminatorias en contra de las mujeres; y la mayoría de los/as entrevistados/as se manifiesta de acuerdo con la visión de que hombres y mujeres poseen similares capacidades de liderazgo político (88,5 y 93,6% de los hombres y mujeres respectivamen-

te). Al mismo tiempo, una mayoría rechaza la idea de la superioridad masculina para ejercer liderazgo en la política: 61,3% de los hombres y 66,3% de las mujeres. Complementariamente, el mismo estudio señala entre sus resultados que existe una amplia aceptación de las medidas de paridad impulsadas por el gobierno de la Presidenta Bachelet: el 73,3% manifestó estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con ellas, mientras que sólo el 13,9% dijo estar “en desacuerdo”. Según el estudio, el 75% de las mujeres está “muy de acuerdo” con que la visión del país sobre la mujer ha cambiado por el hecho de tener una Presidenta (SERNAM, 2009), mientras que un 39% de las mujeres encuestadas (Corporación Humanas, 2008) cree que la situación de las mujeres ha mejorado desde que hay una Presidenta; y el 51% afirma que la participación en altos cargos de decisión política, también. Una ciudadanía más exigente hace que el 67% afirme que no votaría por un/a candidato/a que rechazara la ley que busca asegurar igual número de hombres y mujeres en los cargos de poder. Consultadas acerca de por qué las mujeres no llegan a ocupar altos cargos en las empresas, el 57% cree que se debe exclusivamente a que son discriminadas por el hecho de ser mujeres y sólo el 24% piensa que es

debido a que prefieren cuidar a sus hijos/as antes que ocupar cargos de mayor responsabilidad (Corporación Humanas, 2008). Una política orientada a lograr la representación equilibrada de mujeres y hombres –la paridad– reconoce la dualidad sexual del género humano –hombre y mujer–, una pluralidad irreductible en que la representación de la humanidad requiere la presencia de ambos. En términos cuantitativos, se refiere a la relación de 40/60, es decir, que ni hombres ni mujeres sean más del 60% en las instancias de representación. Asimismo, debe reconocer la demanda de mujeres y hombres de generaciones más jóvenes por acceder a cargos de representación popular, a la alta dirección pública y a la autoridad política. Del mismo modo, una gran mayoría (62%) de los/as chilenos/as está de acuerdo con promover el establecimiento de una ley de cuota, o de cuotas de género, que exijan un porcentaje de candidatas para cargos de elección popular (SERNAM, 2009). Una política de este tipo permitiría a las mujeres sostener una carrera política, contar con medidas que aseguren capacidad económica y, también, acciones que corresponsabilicen a los varones en las tareas de cuidado. Así fue comprometido en la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer por los países de América Latina y El Caribe (2007) en el Consenso de Quito.

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las 61 universidades, y las mujeres ejercen el 15,3% de los decanatos.

Metas para el decenio

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Que en el año 2020 exista una distribución equilibrada del poder de decisión en la sociedad a nivel político, económico, social y cultural. Que el país cuente con una democracia paritaria, representativa y participativa, reflejada en los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Además, en los gobiernos locales, concejos municipales, directorios de empresas públicas y privadas, los partidos políticos y organizaciones sindicales y gremiales, de acuerdo a lo comprometido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Acciones para alcanzar las metas Legislación y reformas legales Aprobar una Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres que asegure la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los cargos públicos, electivos y de designación. Legislar sobre las asignaciones presupuestarias necesarias para garantizar dicha participación. Legislar para ampliar las atribuciones de las organizaciones sociales de base, incorporando en ellas el principio de paridad. Legislar para prevenir, sancionar y erradicar el “acoso político y administrativo” contra mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral o por designación, entendido este como aquellos actos destinados a impedir o restringir el ejercicio de su cargo o inducirlas a tomar decisiones en contra de su voluntad, de sus principios y de la ley, y obtener su renuncia en favor de algún varón a nivel nacional, regional o local. Legislar sobre las instancias de participación ciudadana a nivel municipal, cuentas públicas y presupuestos participativos con participación equilibrada. Inclusión de género en todas las leyes que favorecen la participación y el fortalecimiento de la sociedad civil.

Que los partidos políticos incorporen la participación igualitaria y el enfoque de género en sus contenidos, acciones y estatutos, e implementen acciones positivas y estrategias de comunicación, financiamiento, capacitación, formación política, control y reformas organizativas internas para lograr ese objetivo. Que la institucionalidad para la participación ciudadana en la gestión pública –consejos de sociedad civil– considere criterios de representación equilibrada de mujeres y hombres a nivel nacional, sectorial y regional. Que las instancias de participación ciudadana a nivel municipal incluyan criterios de equidad de género e incorporen, en las comunas rurales, a todas las mujeres en las instancias que les permitan analizar la formulación, implementación y/o seguimiento de políticas públicas que las atañen directamente. Fortalecer la participación de la sociedad civil para el ejercicio del control social autónomo. Información y promoción de derechos Reforzar mecanismos sectoriales de difusión permanente de los derechos y las políticas de igualdad hacia las mujeres. Acercar la información sobre derechos de las mujeres a espacios de aplicación de justicia y atención ciudadana. Fomento a la participación Promover la participación de mujeres en cargos de representación local, regional y nacional. Desarrollar políticas e incentivos a la participación sindical y gremial de las mujeres.

Fomentar la participación política de las mujeres en los partidos políticos. Fortalecer la asociatividad de las mujeres. Generar mecanismos de apoyo a las dirigentas sociales, que faciliten y garanticen su rol de representación en los distintos ámbitos. Fortalecer los mecanismos de control ciudadano a nivel local y sectorial. Estimular la ciudadanía digital de las mujeres y el uso de las nuevas tecnologías de información. Formación para la participación Fortalecer la formación de líderes y dirigentas. Crear escuelas de gestoras y gestores sociales en políticas públicas para la igualdad. Fortalecer formación de mujeres líderes, ocupando puesto de toma de decisiones. Estudios e información estadística Generar fuentes de información regular sobre organizaciones sociales –de primer, segundo y tercer nivel– y de participación, desagregada por sexo, desde el nivel comunal. Incorporar en las estadísticas regulares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), información sobre participación política y social de las mujeres. Actualizar y difundir el catastro de organizaciones de mujeres campesinas, indígenas y no indígenas, con información sobre sus avances en materia organizacional, social y productiva. Establecer y difundir indicadores que midan el impacto que, en la vida de las mujeres, provoca el aumento de la participación social, política y/o productiva.

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Institucionalidad para la participación con perspectiva de género

EJE III

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CORRESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL CUIDADO FAMILIAR

Para construir una sociedad más equitativa, que garantice la igualdad de género y la autonomía de las mujeres, es necesaria la “corresponsabilidad social” en el trabajo de cuidado. Esta idea está fundada en el reconocimiento del derecho al cuidado de toda persona, desde su nacimiento hasta su muerte, derecho universal que conlleva la obligación de cuidarse y cuidar. Supone distribuir las responsabilidades de cuidado en todos los miembros de la sociedad, y no sólo en las mujeres, e incluye la obligación del Estado de proveer los medios para poder cuidar y garantizar que este cuidado sea realizado en condiciones de igualdad. Esto es que mujeres y hombres, con el apoyo del Estado y de los agentes del mercado, compartan los espacios, tanto públicos como privados; sean corresponsables de sus actividades laborales, profesionales y económicas con sus deberes familiares y el trabajo de cuidado, y que dispongan de recursos para compensar y completar el capital donado por las mujeres a su familia más cercana y a la sociedad gracias a sus labores de cuidado.

El envejecimiento de la población y la mayor prevalencia de enfermedades crónicas ligadas a la longevidad aumentan las necesidades de cuidado y la demanda de trabajo no remunerado de las mujeres. A esto hay que sumar los requerimientos de cuidado de niños y niñas, sanos y/o enfermos, y de personas discapacitadas. Si los cuidados recaen sólo en las mujeres, significa que la sociedad cree que el tiempo de las mujeres tiene una elasticidad infinita. Hasta ahora, el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo no ha significado una redistribución del trabajo de cuidado, y las instituciones y empresas no han adecuado su funcionamiento para permitirla. De hecho, siguen operando con horarios y condiciones propias de la asignación tradicional de roles. La falta de corresponsabilidad en el trabajo reproductivo y la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado en las mujeres tiene consecuencias negativas para las familias que experimentan dificultades para dar una atención adecuada a niños y niñas, personas adultas, enfermas o dependientes. Los

En Santiago, el 81,2% de las mujeres de 12 años y más, declara dedicar diariamente un promedio de 4,8 horas al trabajo no remunerado, mientras que sólo el 44,5% de los hombres declara hacerlo, y con un promedio de 2,8 horas (INE, 2009). Las mujeres realizan el 66,4% del trabajo no remunerado y los hombres el 33,6%. Contrario sensu, los hombres tienen a su cargo el 61% del trabajo remunerado; y las mujeres, el 39%. Encuestas11 revelan que el 70% de las mujeres consultadas declararon ser las responsables principales de las tareas domésticas en sus hogares y también que la maternidad les resta oportunidades laborales; el 13% reconoció la no valoración del trabajo doméstico que realizan como uno de los principales problemas que viven y el 90% estuvo de

11 Corporación Humanas, 2008.

acuerdo con que debiera haber igualdad de tareas entre hombres y mujeres en la casa. Más aún, el 45% señaló que da igual quien se encarga de las labores domésticas y el cuidado de los hijos e hijas si la mujer trabaja fuera del hogar. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de un reparto de responsabilidades que reequilibre los usos del tiempo y las actividades, cambiando los estereotipos afincados en la sociedad.

jos/as nacidos dentro y fuera del matrimonio, y permitir la identificación científica de la paternidad, también contribuyen a esta nueva concepción, así como los beneficios de pensión por fallecimiento de la cónyuge, y la ley sobre abandono familiar y de pensiones de alimentos. La regulación del derecho a visita por parte de los padres y/o madres a las hijas/ os sometidas/as a la tuición de uno de ellos, va en la misma dirección.

La inexistencia de servicios de salas cunas y de guarderías institucionales para hijas e hijas de hombres que trabajan –tanto en el sector público como en el privado– impiden, en alguna medida, que sean los padres quienes participen de estas actividades de la crianza en la primera infancia.

La ley que otorga el derecho a sala cuna ha contribuido al aumento considerable de la oferta pública de jardines infantiles (Junji e Integra) para mujeres que trabajan en forma asalariada, el Sistema de Protección Social Chile Crece Contigo, parte de la Red Protege; la ampliación de la jornada escolar; el bono por hijo/a nacido/a vivo/a o adoptado/a, del Sistema de Protección Social; y el Código de Buenas Prácticas Laborales para el sector público12 generan condiciones de mayor compatibilidad entre maternidad y trabajo y dan cuenta de la corresponsabilidad del Estado que busca contribuir a la conciliación entre vida laboral, familiar y personal.

La política de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres implementada por el SERNAM desde sus inicios, ha consignado entre sus objetivos la promoción de responsabilidades familiares compartidas. Se ha avanzado en el reconocimiento del rol de los hombres en el cuidado y la crianza de los hijos e hijas gracias a nuevas leyes y normativas, como son el acompañamiento a la madre durante el parto; el permiso a los trabajadores por enfermedad de sus hijos/as; la ampliación del post natal masculino a cinco días; y el fuero, subsidio y permiso en caso de muerte de la madre. La ley de filiación, que reconoce la igualdad jurídica de los hi-

Pero la legislación laboral, la seguridad social y las incipientes políticas de conciliación que organizan la vida laboral y familiar, implícita

12 Código que ha sido implementado voluntariamente por empresas públicas y privada, a través del Programa de Buenas Prácticas Laborales con Enfoque de Género de SERNAM.

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mayores obstáculos están en las familias con personas dependientes y de escasos recursos. Son estas tareas reproductivas las que constituyen la base de las discriminaciones y desventajas que experimentan las mujeres en el mercado de trabajo, y obstaculizan su derecho de acceder y permanecer en el empleo, así como a acceder a los beneficios de protección social ligados a la participación en el empleo remunerado. Del mismo modo, también se complejiza su participación en el quehacer social y político.

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o explícitamente tienden a centrarse en la conciliación de las mujeres, sin considerar que las responsabilidades familiares corresponden a padres y madres. Por otra parte, el acceso a las medidas y derechos como las licencias de maternidad están asociadas al vínculo laboral, y por tanto, restringidas a mujeres cuyo contrato incluye beneficios provisionales, dejando fuera a los hombres y a las mujeres sin contrato de trabajo que, generalmente, son las más pobres. Sin embargo, hay avances, los cambios sociales y culturales de las últimas décadas han transformado las representaciones en torno a lo femenino y lo masculino, favoreciendo la instalación de un modelo de paternidad y masculinidad más comprometido con el cuidado y protección de los hijos e hijas, de los miembros de la familia que requieren atención especial, y con las tareas del hogar. Así lo revela el Instituto de la Juventud: mujeres y varones coinciden en que la mantención económica de la familia no es propia solamente de los hombres, aunque esta respuesta es mucho más frecuente en las mujeres. El Estado puede contribuir, mediante políticas públicas, a la institucionalización del ejercicio de una paternidad responsable y comprometida. Avanzar hacia la responsabilidad compartida en el trabajo de cuidado, superando los estereotipos de género, requiere de la ac-

ción del Estado, como establecen el Consenso de Quito (2007) y el Convenio 156 de la OIT sobre trabajadoras/es con responsabilidades familiares (adoptado en Chile en 1981). Estos documentos reconocen que valorar el cuidado y el trabajo doméstico en la reproducción económica y el bienestar de la sociedad es una de las formas de superar la división sexual del trabajo.

Que en el año 2020 la sociedad chilena reconozca el cuidado como un derecho universal, desde el nacimiento hasta la muerte, independientemente de la situación laboral de las personas y a lo largo de su vida. Que la sociedad chilena reconozca el valor del trabajo de cuidado no remunerado al interior de los hogares y su aporte al desarrollo económico, social y humano. Contar con un sistema de cuidado y educación infantil, no ligado a la condición laboral, que permita que mujeres y hombres puedan participar de la misma forma en los ámbitos públicos y desarrollar sus proyectos personales, laborales y familiares. Extender el post natal a seis meses con la condicionante de que sea compartido entre madres y padres.

Acciones para alcanzar las metas Legislación y reformas legales Legislar para establecer una tuición compartida de hijas e hijos que asegure la corresponsabilidad de padres y madres en la crianza. Reformar el Código del Trabajo, estableciendo el principio de corresponsabilidad social del cuidado en la organización del trabajo, tanto en el uso del tiempo como en las jornadas laborales, horarios, períodos de vacaciones y licencias, entre otros. Establecer por ley la “licencia parental familiar”, remunerada y de duración adecuada, tanto para trabajadores/as con contrato de trabajo –lo que significa modificar el Código del Trabajo– como para aquellos/as que no cuentan con contrato, esto último por medio del Sistema de Protección Social. Esta licencia podrá ser tomada –por cualquiera de los cónyuges de modo secuencial y en forma compartida– después de terminar aquella de maternidad, sin perder el empleo y conservando los derechos derivados de él, permitiendo a los hombres asumir mayores responsabilidades en la crianza de niños y niñas. Legislar para la ampliación del postnatal.

Erradicar el trabajo doméstico de las niñas y los niños, ya sea por servicio doméstico realizado por ellas/os o por hacérseles responsables del cuidado de los hermanos/as menores.

Legislar para establecer el derecho al cuidado de las personas dependientes, que no pueden valerse por sí mismas (adultos/as mayores y discapacitados/as severos/as); a ser protegidas por el Estado y garantizar los servicios y prestaciones correspondientes.

Contar con un sistema de cuidado a personas dependientes (personas mayores y discapacitadas severas) que permita a mujeres y hombres participar y desarrollar sus proyectos personales, laborales y familiares en condiciones de igualdad.

Fortalecer la fiscalización para el cumplimiento de la ley que otorga el derecho a sala cuna. Institucionalidad para la corresponsabilidad Reorganizar el funcionamiento de los servicios públicos para que se adapten a las necesidades de mujeres y hombres con responsabilidades familiares o de cuidado.

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Metas para el decenio

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Asegurar la participación de los hombres y la integración del enfoque de género en el programa Chile Crece Contigo, asegurando la corresponsabilidad del padre desde el embarazo y su presencia en el parto. Ampliar la cobertura del Sistema de Protección de la Infancia Chile Crece Contigo en las áreas rurales, para las niñas y niños de mujeres indígenas y no indígenas asalariadas o productoras agrícolas, adecuándolo a la realidad rural y asegurando el traslado desde los diversos sectores a los centros de salud y de cuidados existentes. Oferta de servicios de cuidado Ampliar el sistema de apoyo a la crianza de Chile Crece Contigo con una red de salas cuna y jardines infantiles para madres y padres, que no esté vinculado a su condición contractual, sino como un derecho universal para madres y padres, con un sistema de financiamiento al que concurran actores públicos y privados, con una cobertura horaria adecuada a las jornadas y periodos laborales y con atención durante las vacaciones. Generar, como parte de la Red Protege, un sistema municipal de apoyo y atención a las personas dependientes (mayores y menores con discapacidad severa, dependientes o no autovalentes) según su grado de dependencia, desde el sistema de salud y de servicios sociales especiales para ello (ayuda a domicilio, asistencia telefónica, centros de día, hogares). Mantener y ampliar el cuidado infantil de calidad para las trabajadoras temporeras, e incentivarlo para trabajadores temporeros. Complementar la extensión de la jornada escolar con centros juveniles comunitarios, donde las hijas e hijos de madres y/o padres que trabajan puedan desarrollar actividades culturales y de esparcimiento.

Investigación e información Desarrollar metodologías de medición del trabajo no remunerado de cuidado realizado por las mujeres, como cuidadoras de niños y niñas, de personas con discapacidad severa y de personas mayores, que permitan calcular su aporte económico e incluirlo en las cuentas nacionales, para los sectores urbano y rural. Crear un sistema de medición periódica de la distribución del tiempo de trabajo productivo y reproductivo entre mujeres y hombres en distintos contextos socioeconómicos y etapas del ciclo de vida, que se constituya en la base para las nuevas y/o renovadas políticas de conciliación y corresponsabilidad. Generar conocimientos sobre las relaciones de género, teniendo en cuenta las diferencias culturales, productivas, históricas y de etnicidad. Asimismo, sobre la posición y condición de las mujeres rurales indígenas y no indígenas en la economía y la producción; la división sexual del trabajo; la participación social y política; el desarrollo de la cultura con el objetivo de perfeccionar las políticas públicas que fomenten la corresponsabilidad. Cultura de corresponsabilidad Promover una cultura que reconozca el derecho al cuidado, así como la obligación de cuidarse y cuidar, valorando el trabajo de cuidado no remunerado realizado por las mujeres. Fomentar que la educación escolar y los medios de comunicación y culturales promuevan modelos de maternidad, paternidad y masculinidad, así como formas de convivencia familiar y social más igualitarias que contribuyan a una cultura de corresponsabilidad, incorporando las particularidades de los contextos rurales, indígenas y no indígenas. Promover la democratización y flexibilización de los roles tradicionales en los distintos tipos de familia, reconociéndolas como unidades de vida, de transmisión cultural, de trabajo, producción y gestión.

EJE IV

Caracterizada por la falta de poder y de autonomía, la pobreza es una expresión de la desigualdad y las mujeres son mayoría entre quienes la experimentan. La desigualdad social amplifica la desigualdad de género, y son las mujeres pobres las que menos oportunidades tienen de insertarse en el mercado de trabajo en condiciones favorables, con estabilidad y protección, así como de completar estudios y capacitarse y de acceder a otros beneficios del desarrollo. Estas limitaciones se dan especialmente entre las jefas de hogar, cuya responsabilidad exclusiva en el trabajo doméstico y en el cuidado de los miembros de la familia impone restricciones de tiempo que limitan su acceso al trabajo remunerado, a la capacitación y a la información. La maternidad –actual o potencial– y las tareas reproductivas son las fuentes principales de discriminación para las mujeres, con variaciones a lo largo de la vida, por la idea estereotipada de que son insustituibles e irreemplazables en la crianza, y de que sus ingresos sólo complementan el aporte del proveedor principal, el hombre. Por otra

parte, la subvaloración del trabajo doméstico hace que éste no sea reconocido como trabajo, y que gocen de menor prestigio y remuneración las ocupaciones y sectores del mercado laboral predominantemente femeninos, en gran medida extensión del trabajo doméstico y que no requieren calificación. Una de las dimensiones más relevantes para avanzar hacia la equidad de género está relacionada con la autonomía económica, entendida como la capacidad de generar ingresos propios para satisfacer las necesidades de subsistencia. Ello supone considerar a las mujeres como sujetos de derecho en el ámbito económico, es decir, con derecho al trabajo remunerado, independiente de su situación conyugal y de los recursos que aporte su pareja o cónyuge. Sin ingresos propios, las mujeres no sólo son dependientes para su sustento presente, sino también para la atención de salud y para su vejez. La autonomía económica es un factor que protege a las mujeres en el ejercicio de otros derechos y que incide positivamente en la reducción de la pobreza (Bravo, 2009). La incorporación de las mujeres a

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AUTONOMÍA ECONóMICA Y TRABAJO DECENTE

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la producción y al mercado laboral rompe, además, la tradicional reclusión en el espacio doméstico y les permite aportar al desarrollo nacional, a la mantención de sí mismas, de sus hogares y familias. Además, disminuye la presión social y familiar que viven los hombres de ser proveedores exclusivos.

La V Encuesta de Corporación Humanas (2008) revela que la autonomía económica tiene gran prioridad en el que las mujeres se consideren satisfechas con sus vidas (primera prioridad para el 27% de las encuestadas) y que al 53% de las encuestadas lo que más les gustaría en la vida es “ser económicamente independiente”.

Favorecer la autonomía económica implica promover la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, sin discriminaciones, elevando los estándares de calidad de los trabajos ofrecidos, en la perspectiva del trabajo decente reconocido por la OIT como un empleo de calidad, con seguridad social, derechos laborales, y mejor representación de las y los trabajadores/as.

Asimismo, la discriminación y falta de autonomía económica presenta características particulares en el caso de las jóvenes y las mujeres de tercera edad, de las pobres, rurales, indígenas, discapacitadas y migrantes, al sumarse a las brechas de género aquellas ligadas a su condición social. En el sector rural, la participación económica de las mujeres alcanzaba, en 2006, sólo al 28%, con una brecha de 17 puntos con respecto a las mujeres urbanas (45%). En 2008 obtenían el 79% del ingreso de los hombres; pero aquellas con 13 y más años de estudio sólo alcanzaban al 40% del ingreso masculino (Cepal, 2008). Asimismo, las mujeres tienen mayores niveles de analfabetismo, en especial las mayores de 40 años y, si bien han aumentado sus niveles educativos, la cobertura educacional es inferior que en las zonas urbanas.

La participación de las mujeres en el mercado laboral ha aumentado en Chile y hay nuevos –e inéditos– espacios de empleo para ellas. Por otra parte, se estima que hoy existen alrededor de 752 mil emprendedoras, las que aumentan año a año con una tasa de crecimiento de un 20%. Sin embargo, ellas inician actividades económicas más por necesidad de subsistencia que orientadas a la búsqueda de oportunidades. De hecho, están concentradas –más que los hombres– en actividades informales y de menor productividad, siendo muy escasas las medianas y grandes empresas lideradas por mujeres.

Se ha constatado que cuando las mujeres acceden al mercado laboral, lo hacen en trabajos mal remunerados, con largas jornadas, precarios, de baja calificación y sin

beneficios y seguridad social, en especial las más pobres, las jóvenes, las temporeras y las trabajadoras con jornadas parciales. El desempleo es mayor entre ellas, particularmente entre las jóvenes, porque enfrentan fuertes barreras para incorporarse, como son la exigencia de mayor calificación laboral, los factores culturales (estereotipos y roles de género) y las necesidades de cuidado infantil. La tasa de participación laboral femenina en Chile ha crecido en alrededor de 10 puntos porcentuales, pasando de un 32,5 por ciento en 1990 a un 41,9% en 2009 (INE, 2009), sin embargo sigue siendo más baja que la media de América Latina (con una brecha de más de 10 puntos porcentuales respecto de países de similar nivel de desarrollo). Una vez que las mujeres entran al mercado laboral, se enfrentan a importantes inequidades de género en términos de salarios, oferta laboral y condiciones de trabajo: trabajan sin contrato en mayor proporción que los hombres, sin seguridad social (salud y previsión) y sin acceso a capacitación por medio del empleo. Al mismo tiempo, existe una brecha salarial considerable entre hombres y mujeres que trabajan en forma asalariada. Aunque la tendencia muestra que las diferencias sa-

Dentro de los actuales avances y mejoras sustantivas en el Sistema de Protección Social chileno, está la Reforma Previsional puesta en marcha en 2008. Sin duda representa un gran avance para la autonomía de las mujeres mayores, al entregar derechos previsionales a quienes no pudieron realizar contribuciones al sistema de pensiones, lo hicieron en forma discontinua o tuvieron bajas remuneraciones, situación en que están muchas mujeres dada su dedicación a las tareas de cuidado y por el funcionamiento del mercado del trabajo. No obstante, para hacer efectiva y ampliar la autonomía económica de las mujeres, siguiendo el principio de igualdad y no discriminación, es necesario considerar un conjunto de factores, no sólo el acceso y permanencia en el empleo y las actividades productivas. También influyen la educación, la calificación profesional y formación de capital humano, el acceso a la propiedad y al crédito, el perfeccionamiento y cumplimiento de las normativas antidiscriminación en el mercado de trabajo. Ello debe orientar la acción del Estado en la próxima década.

Metas para el decenio Que en el año 2020, mujeres y hombres accedan a puestos de trabajo decentes (empleo de calidad, con seguridad social, derechos laborales y mejor representación las y los trabajadores/as) que les permitan conciliar las tareas de cuidado en igualdad de condiciones. Que al año 2020 la brecha salarial entre mujeres y hombres se haya reducido significativamente. Que la participación laboral promedio de las mujeres supere el 50%; y el 40% en el caso de las del primer quintil de ingresos, en condiciones de trabajo decente. Contar con más mujeres empresarias que puedan desarrollar iniciativas en igualdad de condiciones y de acceso al sistema financiero que los hombres (45%, Meta ODM), no sólo en las microempresas y en rubros no tradicionales. Que chilenas y chilenos mayores de 15 años superen, en promedio, los 12 años de escolaridad. Que la matrícula femenina en la educación superior en el área de tecnologías se duplique (de 18% a 36%). Que las trabajadoras estén sindicalizadas en la misma proporción de su participación laboral. Que las mujeres empresarias participen en las organizaciones gremiales en proporción a su actividad.

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lariales entre ambos sexos se han reducido entre los años 1990 y 2008, en este último año las mujeres recibieron, en promedio, el 72% de los salarios de los hombres.

Acciones para alcanzar las metas

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Legislación y reformas legales Reformar el Código del Trabajo, considerando no sólo al género masculino como sujeto de trabajo y de contrato, y para que asegure la igualdad y no discriminación de las trabajadoras en todas sus categorías y empleos. Esta acción incluye la corresponsabilidad y el reparto de las tareas de la crianza, contemplando permisos postnatales familiares, de uso indistinto por la madre o el padre. Modificar el marco normativo sobre cuidado infantil y corresponsabilidad en el financiamiento, identificando la cadena de obstáculos de acceso para la inserción laboral y el cuidado. Fiscalizar el cumplimiento de la ley de igualdad de ingresos por trabajo y de todas las leyes laborales que apuntan a la equidad de género. Ampliar, racionalizar y hacer más expedita, ágil y eficiente, la fiscalización de las condiciones de trabajo de las asalariadas rurales, de comercio, servicios y de todas aquellas áreas más feminizadas de la economía. Regular por ley la incorporación de inmigrantes –mujeres y hombres– al trabajo, por medio de los convenios internacionales establecidos en este ámbito. Instalar el diálogo social por ley, disponiendo que las partes discutan sobre la organización del trabajo y consideren alternativas frente a la flexibilidad laboral, en el marco del trabajo decente. Estudiar y evaluar mecanismos de regularización de la propiedad de la tierra, tomando en cuenta la falta de autonomía de las mujeres en la sociedad conyugal, que aún está estructurada sobre la base del patrimonio reservado. Diseñar un mecanismo que facilite el acceso a las jefas de hogar rurales y campesinas al Subsidio de Tierras y/o a la regularización de la propiedad de la tierra y del agua como resguardo patrimonial.

Implementar el Convenio 169 de la OIT, considerando la especificidad del trabajo de las mujeres indígenas. El Estado, un modelo Asegurar que las instituciones y empresas públicas sean modelo de aplicación de las leyes y de las buenas prácticas laborales, con participación equilibrada de mujeres en sus cargos directivos y directorios. Que la selección de la Alta Dirección Pública incorpore el enfoque de género, permitiendo superar los estereotipos tradicionales asociados a habilidades masculinas como criterio de selección. Promover la modificación de cuerpos legales que permitan avances equitativos para las mujeres en materia de propiedad, sociedad conyugal y subsidio a la tierra y el agua. Institucionalizar el diálogo tripartito como instancia que sea resolutiva de problemas laborales según sector y actividad económica, incluida las inequidades de género en el mercado del trabajo. Formación y desarrollo de las personas Promover que la educación técnico-profesional, académica y de especialización favorezca la inserción laboral de las mujeres en actividades productivas y en servicios, incluyendo las más altas tecnologías. Perfeccionar la política de capacitación laboral con franquicia tributaria, para que incorpore a las mujeres como destinatarias prioritarias, velando por una mayor y mejor inserción laboral. Ampliar las oportunidades de capacitación laboral y de formación para mujeres, de modo de mejorar su productividad y acceso a trabajos de mejor calidad, a nivel urbano y rural, asegurando su calidad y metodologías culturalmente adecuadas.

Generar políticas destinadas a mejorar la empleabilidad de las mujeres, su acceso y permanencia en el mercado de trabajo, y su nivel de competitividad ante la demanda laboral existente. Desarrollar acciones para mejorar las condiciones laborales de las mujeres, atendiendo a las realidades socioeconómicas y culturales particulares: jóvenes, adultas, rurales, indígenas, discapacitadas y migrantes. Abordar la realidad del trabajo temporal en las regiones y sectores rurales. Velar por la continuidad laboral de las mujeres una vez que se les acaba el fuero maternal, así como la conservación de su puesto o lugar de trabajo. Promover la sindicalización de las trabajadoras para la defensa de los derechos adquiridos y el mejoramiento de las condiciones laborales. Promover la participación de las mujeres en organizaciones empresariales, gracias a la generación de instancias tripartitas, donde sea posible abordar temas específicos asociados a su situación laboral. Fomento al emprendimiento y la capacidad productiva de las mujeres Crear un sistema de políticas e incentivos de apoyo a la capacidad productiva de las mujeres empresarias –urbanas y rurales– con instrumentos de fomento y financieros adecuados a sus condicionantes socioeconómicos y de género, en rubros rentables y con posibilidades de desarrollo futuro. Ello permitirá fomentar la vocación empresarial de muchas mujeres. Traspasar la barrera de pequeño emprendimiento y promover el desarrollo de vocación productiva y económica con pertinencia regional.

Corregir los instrumentos de fomento productivo para que beneficie al empresariado femenino, incluyendo el micro-emprendimiento femenino. Promover y articular la asistencia técnica y asesoría especializada a mujeres empresarias. Fomentar los emprendimientos de mujeres en sectores rurales e indígenas, incorporando en la Estrategia de Desarrollo Regional las políticas orientadas hacia estos sectores de Instituciones públicas. Fomentar en los Planes de Desarrollo Comunal, Pladecos, el diseño de estrategias de articulación que faciliten el acceso de las mujeres y sus producto a los mercados locales, comunales y regionales, incrementando el acceso a los recursos productivos. Fomentar y potenciar una política de inversión integral y escalonada por parte de los servicios públicos orientados al fortalecimiento de la productividad de las mujeres, en especial en el sector rural, valorando y preservando su cultura y medio ambiente. Innovación y nuevas tecnologías Crear mecanismos que favorezcan el acceso y uso por parte de las mujeres de los distintos sectores y condiciones sociales a la innovación y las nuevas tecnologías de información y comunicación, que fomenten vocaciones científicas y la productividad en sus emprendimientos y permitan superar la brecha tecnológica que las afecta. Información Contar con un observatorio que entregue información permanente y actualizada sobre el mercado laboral y las acciones, proyectos y programas públicos destinados a favorecer la autonomía económica de las mujeres, considerando las realidades regionales y las áreas rurales.

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Políticas para la empleabilidad (habilidad para obtener o conservar un empleo)

EJE V

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AUTONOMíA EN LA SEXUALIDAD Y LAS DECISIONES REPRODUCTIVAS

El desarrollo y la masificación del uso de los anticonceptivos modernos en la década del 60 permitieron la separación entre el ejercicio de la sexualidad y las consecuencias reproductivas, marcando un cambio radical en la vida de las mujeres y las parejas. A su vez, se generó un despliegue de políticas y programas de control de la población y la planificación familiar, especialmente en los países del Tercer Mundo donde, en muchos casos, eran desconocidos y vulnerados los derechos de las mujeres. Fueron sistematizadas las evidencias de múltiples denuncias al respecto y surgió el concepto de “derechos reproductivos”. Desde ese momento, surge la necesidad de identificar y reconocer derechos en el ámbito de la sexualidad y la reproducción de las personas, especialmente de las mujeres, los que son integrados como parte de los Derechos Humanos, constituyendo un avance su reconceptualización. Los derechos sexuales y reproductivos, no son sólo derechos individuales. Su ejercicio requiere del reconocimiento de derechos sociales, contenidos en múltiples instrumentos internacionales, principalmente en

la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (Cedaw), promulgada por Chile en 197913. Estos derechos establecen que las personas pueden gozar su sexualidad, contando con la información, acceso y medios necesarios para prevenir un embarazo no deseado, o para no contraer infecciones de transmisión sexual y/o VIH/Sida; que puedan decidir libre y responsablemente si desean o no tener hijas/os, así como el número y espaciamiento de estos; que accedan a una adecuada atención ginecológica durante el embarazo, parto y posparto y a la prevención y tratamiento de la infertilidad. Los derechos sexuales y reproductivos suponen un enfoque positivo de la sexualidad humana, concibiéndola como una actividad enriquecedora para el desarrollo de la personalidad, la comunicación, las relaciones personales y la afectividad. Están vinculados a los derechos a la salud, a la libertad

13 La Convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 34/180 del 18 de diciembre de 1979 y entró en vigencia el 3 de septiembre de 1981.

la necesidad de contar con un marco legal nacional que garantice y resguarde los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres, que considere el ciclo de vida de las personas, los cambios culturales de nuestra sociedad, y la responsabilidad conjunta en la sexualidad y la reproducción.

Las relaciones de subordinación y poder entre mujeres y hombres tienen especial expresión en el campo de la sexualidad, debido a los mitos y valores vinculados al cuerpo, a la devaluación social de lo femenino, a la carencia de poder de las mujeres y a las dificultades que tienen para decidir sobre sus propios cuerpos. Modificar las relaciones de poder en el campo de la sexualidad y reproducción permitirá la transformación en las relaciones de poder en otros ámbitos.

El acceso a decidir libre y responsablemente sobre la reproducción es desigual. Las mujeres no acceden a la información, la educación y a los métodos anticonceptivos de la misma forma, variando este acceso según el sector social, el lugar de residencia y la generación a la que pertenecen. Es posible apreciar las consecuencias de esta situación en el número de embarazos adolescentes, de infecciones de transmisión sexual y de abortos provocados. Socialmente, el peso de la responsabilidad reproductiva ha estado siempre vinculado a las mujeres, en todos sus aspectos: uso de anticonceptivos, maternidad y crianza. Si bien hoy son más los hombres partícipes de estos procesos, y que asumen la responsabilidad en cada etapa, es necesario avanzar hacia una transformación de las relaciones en cuanto a las responsabilidades en materia de sexualidad y reproducción, para alcanzar la igualdad.

En Chile, los gobiernos han desplegado políticas y programas en esta materia desde 1967, principalmente dando acceso a las mujeres mayores de 15 años a la anticoncepción. También iniciaron la educación en sexualidad y afectividad en los programas escolares a fines de los años 60 pero con una larga interrupción, durante la dictadura militar hasta 1990, en que retomaron la tarea. Como parte de las políticas y programas del sector, en estos últimos años han sido logrados avances, especialmente en el sistema de salud reproductiva. Estos conducen a

El sistema de salud ha desplegado una serie de métodos que permiten el acceso al derecho a la información y los medios necesarios

para que las mujeres y las parejas puedan decidir cuándo y en qué momento tener hijos e hijas. Pero, a su vez, es necesario también desplegar la información y medios necesarios para aquellas mujeres y parejas que tienen dificultad para la concepción y embarazo, extendiendo los alcances del actual programa de diagnóstico y tratamiento de infertilidad que existe en Fonasa. Por otra parte, en Chile el aborto es tipificado como delito y, desde 1989, también es penalizado el aborto terapéutico, tras la modificación del artículo del Código Sanitario que lo autorizaba. Lo anterior ha tenido como consecuencia que la tasa de aborto clandestino sea de las más altas en América Latina14; por ello el permanente debate para legalizar el aborto terapéutico en el país. Por una parte, es ilegal en toda condición, sin embargo se práctica en forma clandestina. Las mujeres con menos recursos económicos recurren a métodos más inseguros y riesgosos para su salud y, por lo mismo, sufren mayores complicaciones y secuelas, además de arriesgar la vida y penas de privación de libertad: entre 2000 y 2004, 106 mujeres fueron condenadas por aborto y, en el 2005, los ingresos hospitalarios por esta causa sumaron 33.172.

14 Cifras del año 2001 estimaron en 122.000 los abortos inducidos.

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individual, libertad de pensamiento, de conciencia y religión, de opinión y expresión, a la información y educación, a la decisión de formar o no una familia, a vivir libre de maltrato y discriminación por cualquier condición, incluyendo la edad, etnia, género y orientación sexual.

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Diversas encuestas de opinión nacionales revelaron que la población considera que es preciso garantizar la anticoncepción de emergencia a todas las mujeres y que es necesario permitir, legalmente, la interrupción del embarazo por razones de salud y en caso de violación15. Los cambios culturales que ha vivido Chile se manifiestan en las relaciones afectivas y en el lugar que ocupa la sexualidad en ellas, habiendo una alta aprobación de las relaciones sexuales prematrimoniales y un inicio más precoz de las relaciones sexuales (las que al ser desprotegidas arriesgan un embarazo no deseado y enfermedades de transmisión sexual). El 16% de los partos corresponde a mujeres menores de 19 años de edad y en 2006 el 15,9% del total de nacidos vivos correspondieron a madres entre 15 y 19 años (DEIS, 2006). Cerca del 80% de los nacimientos de hijos e hijas de madres adolescentes está concentrado en los sectores de mayor pobreza. Por otra parte, y crecientemente, las adolescentes se embarazan de padres de su misma edad (50,3% de los y las adolescentes entre 15 y 19 años han tenido a su primer hijo o hija con parejas de su misma edad, MIDEPLAN, 2009).

15 En la V Encuesta de Corporación Humanas (2008), el 79,2% de las mujeres encuestadas respaldó el aborto en caso de peligro de la vida de la madre y el 74% en caso de violación.

En muchas ocasiones los planes de vida y las oportunidades de los/as adolescentes se ven severamente afectados, como lo revelan las cifras de abandono escolar. Las madres y padres adolescentes se enfrentan a una condición en la cual, en muchos casos, no cuentan con los recursos necesarios para enfrentar el modelo de maternidad y paternidad. En este sentido hay avances específicos, como la ley que prohíbe la expulsión de estudiantes embarazadas y madres del sistema escolar, asegurándoles el derecho a la educación y el acceso a sala cuna. En estos últimos años, el Estado ha garantizado los derechos sexuales y reproductivos por medio de políticas y programas concretos tales como la reglamentación sobre esterilización voluntaria, que permite a las mujeres esterilizarse sin otro requisito que su sola voluntad y el acceso de mujeres y hombres a la esterilización quirúrgica en los servicios públicos de salud; la ley sobre VIH/SIDA (2001) y la garantía de salud que asegura la atención y tratamiento gratuito a todas las personas que viven con VIH/SIDA; la aprobación de la anticoncepción de emergencia y su utilización en los casos de violación; la aprobación de las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad y el Programa de Salud Integral para Adolescentes del Ministerio de Salud; la inclusión de la atención personalizada y analgesia en el parto y el tratamiento del cáncer cérvico uterino y de

mamas en las Garantías Explícitas en Salud (Plan Auge), la protección especial a niñas y niños en caso de delitos sexuales y la opción del parto intercultural respetando los derechos de los pueblos originarios. Más allá de estos avances, son numerosos los pendientes en este ámbito de la vida de mujeres y hombres, en especial de las/os más jóvenes y de menores ingresos. Diversos acuerdos internacionales comprometen al Estado chileno a ser más activo y promover políticas y programas que permitan el ejercicio de estos derechos en condiciones de igualdad, estableciendo los marcos normativos necesarios, proveyendo información, educación, consejería y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad; pero, especialmente, promoviendo la responsabilidad de los hombres en su comportamiento sexual y reproductivo y en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, así como en la paternidad y el cuidado de hijos e hijas. Debido al principio de la equidad, los derechos sexuales y reproductivos reconocen que son las mujeres quienes deben decidir, en todo momento, sobre su sexualidad y reproducción. Porque la toma de decisiones sobre el cuerpo, la sexualidad y reproducción implica poder y autonomía es, además, una forma de construir y ejercer ciudadanía.

Que en el año 2020, mujeres y hombres, desde la adolescencia, decidan en forma libre y responsable y con consentimiento informado sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Que mujeres y hombres tengan acceso universal a servicios de salud reproductiva y que la cobertura de anticoncepción alcance al 100% de las mujeres en edad fértil que lo demanden. Que el porcentaje de nacidos/as vivos/as de madres menores de 19 años no supere el 10% (Meta ODM).

Acciones para alcanzar las metas Legislación y reformas legales Seguimiento y control para la aprobación del Proyecto de Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos de mujeres y hombres, que asegure la información, consejería, acceso a anticoncepción, y tratamiento de la infertilidad, y garantice su pleno ejercicio a lo largo de toda su vida y en todas sus condiciones particulares de existencia. Promoción de iniciativas legislativas de despenalización del aborto terapéutico. Servicios

Que mujeres y hombres puedan acceder a un programa de diagnóstico y tratamiento de la infertilidad.

Asegurar a mujeres y hombres la cobertura y acceso a servicios públicos de salud reproductiva de óptima calidad y a una amplia oferta de métodos anticonceptivos (al alcance de todas las personas, con el objeto de vivir la sexualidad sin riesgo de embarazo no deseado y ni de contagio de enfermedades de transmisión sexual).

Disminuir la tasa de mujeres que contraen el virus del VIH/ SIDA.

Ampliar y profundizar en la red pública un programa de fertilidad que involucre el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad para mujeres y hombres.

Despenalización del aborto terapéutico en Chile.

Educación sexual Establecer un plan de educación en sexualidad y afectividad en todos los establecimientos escolares, sin distinción de dependencia administrativa, en la educación pre-básica, básica y media, reconociendo la diversidad que hay entre mujeres y hombres y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como medio de autonomía de las personas.

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Metas para el decenio

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Promover la participación de todos los estamentos de la comunidad escolar en actividades de información, formación y difusión de contenidos curriculares vinculados a educación sexual en todos y cada uno de los niveles educativos. Establecer servicios de consejería y atención en salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes, para su ejercicio informado y responsable, en la red de atención primaria de salud en coordinación con las necesidades de los establecimientos educacionales. Prevención Realizar campañas permanentes de prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida a nivel masivo y también a nivel local, con participación de organizaciones sociales y comunitarias, así como vecinales, que incorpore las necesidades específicas de las mujeres en esta materia. Realizar campañas permanentes de prevención de embarazo adolescente no deseado, que difundan diversas opciones de protección y anticoncepción segura.

Corresponsabilidad Generar programas en el sistema de salud que contribuyan a la incorporación de los hombres a las responsabilidades reproductivas, por medio de orientación, información y acceso a métodos anticonceptivos, incluyendo la esterilización. Implementar un programa de paternidad responsable para padres adolescentes. Información Desarrollar sistemas de información oportuna y eficaz, dirigidos a mujeres y hombres, sobre sus derechos y responsabilidades en el ámbito de la sexualidad y de las decisiones reproductivas; al igual que sobre los programas y servicios públicos que apoyan su ejercicio. Generar y promover la investigación y el debate público en torno a la incidencia y condicionantes del aborto en Chile que permitan mejorar la prevención y tratamiento del mismo, además de la despenalización del aborto terapéutico.

EJE VI

La violencia contra las mujeres es una de las expresiones más graves de la desigual distribución de poder y de las relaciones asimétricas entre mujeres y hombres existentes en la sociedad. La falta de poder expone a las mujeres a sufrir violencia sólo por el hecho de ser mujeres: acoso laboral, acoso sexual, maltrato físico, psicológico, sexual y material por parte de sus parejas o ex-parejas, violación y tráfico para la explotación sexual. Es un acto de violencia no sólo contra ellas, sino contra la sociedad en su conjunto. Dada la gravedad de este hecho, en 1994 la Organización de Estados Americanos adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención Belem do Pará), la que fue ratificada por Chile en 1998. En su Artículo 1, la Convención define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. En Chile –y en cifras actuales– casi el 36% de las mujeres que ha tenido una relación

de convivencia ha sufrido violencia; 7% de las niñas, niños y adolescentes han vivido el abuso sexual (12,8% de niñas y 3,3% de niños); y el 9,2% de las mujeres ha vivido violencia sexual después de los 15 años, fuera de la relación de pareja (Ministerio del Interior, 2008). Los asesinatos de mujeres en manos de sus parejas y ex parejas han hecho necesario instalar el concepto de femicidio16 para designar estos casos17. Frente a esta realidad ha habido avances importantes en los últimos años, como la nueva Ley de Violencia Intrafamiliar (Ley Nº20.066, 2005) que especifica “la obligación del Estado de adoptar las medidas conducentes para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de los miembros de la familia”, la creación y mejoramiento de Tribunales de Familia; el sistema institucional de respuesta a la violencia en el que intervienen el SERNAM,

16 Al término de elaboración de este Plan (Enero, 2010) el proyecto de ley sobre violencia contra la mujer y en las relaciones de familia; femicidio, se encontraba a la espera de ser aprobado por el Congreso para su posterior promulgación. 17 La V Encuesta de Corporación Humanas revela que para el 43% de las encuestadas, la violencia ejercida hacia mujeres por sus parejas es el principal problema de las mujeres en Chile.

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VIOLENCIA DE GÉNERO

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el Ministerio de Salud, el Poder Judicial, el Ministerio Público y Carabineros de Chile; la formación de jueces, fiscales y defensores en derechos humanos de las mujeres; la ampliación del programa de Centros de la Mujer que en todo el país brindan atención integral a las mujeres víctimas de violencia (90 centros), y Casas de Acogida (25 casas) que dan protección a las mujeres y sus hijos e hijas menores de edad en riesgo vital. También ha habido avances legislativos en cuanto a la violencia sexual, con la Ley Nº19.617 (1999), que modificó la tipificación de ciertos delitos sexuales, e incluyó la violación conyugal, el estupro, el incesto, el abuso sexual de menores y la pornografía con menores, y con la Ley Nº20.207 (2007), que estableció un nuevo plazo para la prescripción de los delitos sexuales que afecten a menores de edad, abriendo la posibilidad de que personas abusadas durante su infancia puedan emprender acciones legales cuando sean adultos. En 2005 fue aprobada la ley que sanciona el Acoso Sexual (Ley Nº 20.005), y de gran importancia han sido las Normas y Guía Clínica para la Atención en Servicios de Urgencia de Personas Víctimas de Violencia Sexual, que dan derecho a la mujer víctima de estos delitos a la información y acceso a la anticoncepción de emergencia en los servicios de urgencia, previniendo así un embarazo no deseado como consecuencia de la agresión sexual.

En el campo de la información, en 2008 el Ministerio del Interior aplicó la primera encuesta de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales. Con el fin de ir evaluando el impacto de las políticas públicas y las modificaciones producidas en la sociedad respecto de este fenómeno, será realizada cada cuatro años. En el año 2001 el Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar contra la Mujer de SERNAM incorporó la Línea de Atención, por medio de la creación de Centros de Atención Integral y Prevención de la VIF. En el año 2003 se reformuló el Modelo de Intervención del Centro, buscando un mayor nivel de eficacia y eficiencia, se priorizó la implementación de un modelo de intervención integral con énfasis en la prevención comunitaria del problema y la atención de las mujeres que son víctimas de éste. En el año 2007 se agregó la Línea de Protección a mujeres víctimas de violencia que están en riesgo vital, con la instalación de Casas de Acogida y la puesta en marcha de un sistema de protección de un alto nivel intersectorial. Por su parte, el Ministerio de Salud cuenta con un Programa de Atención en VIF que funciona a través de los Consultorios de Atención Primaria y desde el año 2008 cuenta con una Política de Salud en Violencia de Género.. Estas acciones han contribuido a la construcción de un horizonte ético en el cual la

violencia hacia las mujeres es repudiada, aun cuando no haya desaparecido. La sociedad toda reconoce avances en el rechazo a la violencia contra las mujeres y apoyo a mujeres víctimas, generándose un tránsito de lo privado a lo público, siendo reconocida hoy en día como una problemática social, de la cual nadie es indiferente. Para visibilizar la violencia de género han sido fundamentales las políticas y programas desarrollados por el Gobierno, otorgándole una relevancia como nunca antes había tenido, a las que el Estado y la sociedad civil han sumado campañas masivas y en medios de comunicación. Sin perjuicio de estos avances, el acceso de las mujeres a la justicia sigue siendo difícil y aún es frecuente la impunidad de quienes han vulnerado sus derechos, particularmente en el ámbito familiar. Conseguir la activación de los procedimientos legales y judiciales existentes para su protección y tratamiento oportuno continúa siendo una de las principales dificultades que tienen las mujeres víctimas de violencia, con grave riesgo para su integridad. Son fundamentales las acciones de promoción de una vida sin violencia entre mujeres y hombres, así como la prevención de la violencia intrafamiliar y de género gracias a intervenciones culturales, ya sea por medio de los medios de comunicación masivos, establecimientos escolares, lugares de

Un lugar destacado debe tener la inclusión de hombres en propuestas de políticas y programas de prevención y atención de violencia contra la mujer, de manera que los hombres puedan ser parte activa de la prevención de este flagelo. Por otra parte, surge la necesidad de la creación de programas específicos dirigidos a agresores que permitan transformaciones en las formas de relacionarse y en cómo se establece el poder. A partir de lo realizado, hoy es preciso avanzar en el cambio de foco desde la violencia intrafamiliar hacia la violencia de género (familiar, sexual, trata de personas con fines de explotación sexual, mujeres mayores, violencia laboral, abuso de poder, etc). Esto implica establecer una política integral que abarque prevención, protección, reparación y atención psicológica, incluyendo justicia eficaz y rehabilitación de víctimas. La violencia es una conducta aprendida en una cultura que naturaliza y sustenta la discriminación hacia las mujeres. Es un problema social, de salud pública, de justicia social y de seguridad ciudadana y así debe ser abordado, de modo integral y mediante una acción coordinada intersectorial.

Metas para el decenio Que en el año 2020, la mayoría de las mujeres y hombres resuelvan sus diferencias y conflictos sin recurrir al uso de la violencia (física, psicológica, sexual, económica y material) y respeten plenamente la integridad del/a otro/a. Que la prevalencia de la violencia hacia las mujeres se reduzca a la mitad, de 36% a 18%. Que la sociedad chilena reconozca los derechos a la integridad y a una vida sin violencia, favoreciendo la erradicación de todas las formas de violencia de género. Que los medios de comunicación promuevan las relaciones no violentas. Que Chile cuente con mecanismos eficaces de prevención y una red de protección, apoyo y tratamiento a víctimas. Que Chile cuente con un sistema de rehabilitación de agresores Que tengan plena vigencia en el país tanto la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, como la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Chile.

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trabajo, centros deportivos, e instituciones religiosas. Estas acciones deben estar orientadas a modificar los comportamientos de los hombres, e igualmente a incorporarlos y hacerlos participes en la protección de los derechos de las mujeres, niñas y niños.

Acciones para alcanzar las metas

Plan Nacional para la erradicación de la Violencia

Legislación y reformas legales

En coordinación y colaboración con los organismos públicos y de la sociedad civil pertinentes, formular e implementar un plan nacional anual para erradicar la violencia de género, que considere las coordinaciones intersectoriales necesarias en los niveles nacional, regional y local, que posea metas e indicadores, y que sea evaluado por el Consejo de Ministros para la Igualdad, en torno a: • la prevención a través de los medios de comunicación y otros medios culturales y de la educación permanente, desde el nivel pre-escolar, para promover un cambio cultural de fondo que permita disminuir la violencia de género, • la atención, con una mayor oferta pública de centros especializados y casas de acogida, y también en la red primaria de salud, incluyendo las comunas rurales y los sectores indígenas; • la protección de las víctimas mediante una coordinación eficaz entre las distintas instituciones

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Modificar la legislación vigente para que se reconozca la violencia de género no sólo en el contexto de la familia, sino de otros espacios en que se ejerce violencia asociada al poder entre mujeres y hombres, que considere recursos adecuados para asegurar la protección de los derechos de las mujeres, la prevención y la sanción de la violencia. Perfeccionar el enfoque de género en la legislación sobre violencia, especialmente en materia probatoria. Generar una normativa nacional sobre trata de personas que permita luchar de modo más eficaz contra este delito. Incorporar la norma legal que inhabilita para ejercer cargos públicos y de representación a quienes han sido procesados y condenados por violencia intrafamiliar. Acceso a la protección y a la justicia Asegurar que los Tribunales de Familia cuenten con agentes y auxiliares de la justicia con las competencias necesarias para proteger a las mujeres y aplicar justicia con atención a los condicionantes de género. Establecer fiscales especializados/as exclusivamente en violencia de género y con recursos suficientes para dar protección adecuada a los derechos de las mujeres y tramitar de forma expedita sus demandas. Asegurar la vigilancia de quienes han sido procesados por violencia contra las mujeres (se propone el uso de pulsera electrónica). Profundizar la integralidad e intersectorialidad como las estrategias en el apoyo a las víctimas de la violencia de género (Ej. en el acceso a vivienda, al sistema escolar y al empleo, etc).

Perfeccionar los modelos de detección precoz en el sistema público de salud. Incluir programas intersectoriales de prevención, atención y rehabilitación hacia hombres agresores desde la juventud, considerando los aportes de los estudios sobre masculinidades. Considerar la protección de terceros vulnerables y brindar apoyo psicosocial a las niñas y niños que están en hogares donde existe violencia de género y quienes son víctimas indirectas de los femicidios. Desarrollar políticas y programas de seguridad pública para prevenir y erradicar la violencia de género.

Brindar formación especializada al personal de salud y de educación para la prevención y detección de la violencia, considerando la salud mental, estrés, depresión, consumo de alcohol y otras drogas, de hombres y mujeres. Información e investigación Crear un sistema de información único, con indicadores y estadísticas descentralizadas de violencia de género que permita contar y proveer de datos confiables a la institucionalidad pública y privada y, que sirva de sustento para la toma de decisiones y la elaboración e implementación de políticas generales y sectoriales, adecuadas y oportunas. Ampliar a todo el país la encuesta periódica sobre violencia intrafamiliar del Ministerio del Interior. Evaluar permanentemente los distintos programas de prevención, protección y tratamiento, incluidos aquellos que apuntan a los hombres agresores con el objeto de elaborar mejores programas de rehabilitación. Estudiar las formas específicas que adquiere la violencia contra las mujeres en la familia rural, indígenas y migrantes.

Cultura de respeto y no violencia Generar programas y espacios para la resolución de conflictos. Promover una cultura de respeto a la intimidad, la integridad y autonomía de las personas. Ampliar las campañas comunicacionales periódicas destinadas a crear conciencia en torno a la violencia contra la mujer. Difundir los acuerdos, convenios y compromisos internacionales orientados a erradicar la discriminación hacia las mujeres y las niñas.

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Formación y desarrollo de personas

EJE VII

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LAS NIÑAS Y NIÑOS: UN PUNTO DE PARTIDA PARA LA IGUALDAD

Chile considera niño o niña a todo ser humano desde su nacimiento hasta los catorce años y, adolescente, desde los 14 hasta los 18 años de edad. El país ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, asumiendo que niños y niñas tienen los mismos derechos, independientemente de su condición social, cultural, sexual o física (discapacidad); que no pueden hacerse distinciones arbitrarias con ellos/as, y que se deben impulsar medidas correctivas, que aseguren la igualdad en el ejercicio y goce de derechos de aquellos/as que estén en situación de mayor vulnerabilidad. Señala que el “interés superior del niño(a)” debe guiar sus acciones y hace suyo el principio de la autonomía progresiva de niños y niñas, que implica reconocer que cada uno/a va constituyéndose en una persona con crecientes niveles de responsabilidad”. Según esa Convención, las familias y el Estado deben apoyar y proteger la adquisición de autonomía y asumir que niñas y niños son sujetos de derechos, a la vez que entendiendo que los Derechos Humanos son indivisibles e interdependientes.

En un contexto de desvalorización cultural de las mujeres, pese a la igualdad de niñas y niños en la titularidad de derechos, la desigualdad en su ejercicio se produce tempranamente. Las niñas enfrentan mayores restricciones en el desarrollo de su autonomía, en función del cuidado de su cuerpo sexuado mujer y de la adquisición de características consideradas femeninas, en tanto los niños gozan de mayores libertades y el desarrollo de sus destrezas es alentado socialmente. Las consecuencias de tal diferenciación van configurando desigualdades desde temprano: las niñas son particularmente vulnerables a la violencia ejercida por adultos/as, los que pueden aprovecharse de su mayor fuerza física y autoridad, así como de los lazos de confianza en los casos de abuso físico y sexual en el hogar y en la escuela. También son numerosas las niñas que, desde muy temprana edad, asumen las tareas domésticas y de cuidado de otros/as, teniendo muchas veces como resultado la deserción escolar o rendimientos académicos más bajos que el de los niños del mismo hogar.

Un gran avance para niñas y niños de Chile fue la aprobación de la ley Nº19.585 (1998) que modificó el Código Civil en materia de filiación, y reconoció la igualdad jurídica de hijas e hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, poniendo fin jurídico a los denominados ‘hijos naturales’ y estableciendo mecanismos para investigar la paternidad. Además, Chile muestra importantes avances en la cobertura y matrícula en el sistema escolar, al respetar el derecho a la educación de las estudiantes embarazadas y madres, al garantizar 12 años de educación obligatoria hasta cumplir 21 años y al asegurar cobertura universal en educación pre-escolar. Entre 2006 y 2008 se ha quintuplicado la oferta de salas cunas para las niñas y niños pertenecientes al 40% de familias de menores recursos. También ha aumentado el nivel de escolaridad promedio de la población mayor de 15 años, a 10,2 años en 2007;

mientras que la matrícula universitaria ha subido de 146.720 estudiantes –en 1991– a 525.712, en 2009 (CSE, 2009). Pese a los progresos, el Estado chileno debe concebir políticas públicas que favorezcan un cambio cultural profundo, en el que se reconozca la necesidad de niños, niñas y adolescentes de un desarrollo en todos los ámbitos, y su calidad de sujetos de derechos. Entre otros, el derecho al esparcimiento, al juego y a participar en las actividades artísticas y culturales, en igualdad de condiciones, sin sesgos sexistas. Así también, a participar en forma activa en la vida de las familias, en la escuela y en la comunidad a la que pertenecen, por cuanto es allí donde aprenden a ejercer los derechos, libertades y responsabilidades que contribuyen a su desarrollo como sujetos sociales, es decir, partícipes activos y co-artífices del mundo en que viven. Las niñas y niños de hoy son las mujeres y hombres del mañana, y por ello construir la igualdad es una tarea que comienza en ese período. Para evitarla se requiere de una cultura que otorgue igual valoración a las niñas y a los niños, garantizándoles el pleno disfrute de las libertades y derechos humanos fundamentales. En este sentido, el Estado chileno debe concebir políticas públicas que favorezcan

un cambio cultural profundo en las familias, en la escuela y en la comunidad, y que reconozcan a niños y niñas su derecho a participar en forma activa y autónoma en el diseño de su vida, y construir su bienestar superando las visiones asistencialistas basadas en las necesidades que desconocen su condición de sujeto. El principio de no discriminación implica que el Estado debe identificar a niñas y niños, en forma individual, así como a grupos de niñas y niños cuyo reconocimiento y realización de derechos demanden atención y medidas especiales, tanto a nivel público como privado. Niñas y niños tienen también derecho al cariño, la educación, la salud, el descanso y el esparcimiento, a la protección contra cualquier forma de abuso y explotación, y a un trato adecuado en caso de que infrinjan la ley. La educación debe apuntar a desarrollar su personalidad, aptitudes y capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades, reconociéndose el hecho de que cada niña y niño tiene características, intereses y capacidades únicas y también requerimientos de aprendizaje propios. En cuanto a la salud, deben disfrutar el más alto nivel posible de salud y acceder a servicios para la prevención y el tratamiento de enfermedades y la rehabilitación. Ello también significa que accedan a información y a

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Construir la igualdad es una tarea que comienza en la niñez. Para ello es necesaria la existencia de una cultura que dé igual valoración a niñas y a niños, garantizándoles el pleno disfrute de las libertades y el desarrollo de sus potencialidades. La desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres empiezan en la niñez, se aprenden en la familia, en el barrio y en la escuela, y pueden persistir durante toda su vida.

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servicios de atención para adolescentes en la localidad donde habitan, y que sean especializados para esa etapa del desarrollo y en salud sexual y reproductiva, a fin de que puedan asumir responsable e informadamente las decisiones que afecten sus vidas. Las niñas y niños, y especialmente los y las adolescentes de hoy, en el ámbito de la identidad, la afectividad y la sexualidad, tienen nuevas representaciones, sentidos subjetivos y prácticas que difieren de las generaciones anteriores, con mayor apertura a mundos diversos, mayor tolerancia y respeto por esa diversidad. Tienen acceso cada vez más frecuente y fácil a las tecnologías de la información y a las comunicaciones, logrando mayor intercambio con otras/os adolescentes y jóvenes que, viviendo realidades distintas, comparten valores, identidades, entretenciones, y también muchos resabios de discriminación y violencia de género. Es en el proceso de desarrollo y formación de niños y niñas donde residen las mayores potencialidades para instalar una cultura de igualdad, de no discriminación y de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

Metas para el decenio Que en el año 2020 las niñas, niños y adolescentes cuenten con las condiciones que les permitan su pleno ejercicio en la sociedad, como personas conscientes de sus derechos, comprometidos con su comunidad y con iguales oportunidades de desarrollo. Que niñas y niños completen 14 años de educación de calidad, libre de sesgos sexistas y discriminaciones por su origen social, étnico, urbano o rural, o por alguna enfermedad o discapacidad, y que les entregue las herramientas necesarias para construir un proyecto de vida con autonomía. Que las niñas y niños de pueblos indígenas, áreas rurales e inmigrantes puedan expresar su identidad y conservar su cultura, sin restricciones, imposiciones ni discriminaciones. Que niñas y niños muestren similares resultados en el rendimiento escolar, superándose las brechas existentes actualmente. Que tomen decisiones responsables sobre su sexualidad y su fecundidad, con el apoyo de consejería y que ninguna o ningún adolescente deba abandonar su educación por razones de maternidad o paternidad, orientación sexual, origen étnico o nacional, resguardándose sus derechos a no ser expulsados del sistema educacional (público y privado) por motivos de discriminación de ningún tipo. Que disminuya significativamente la violencia física, psicológica y sexual que afecta a niñas y niños.

Legislación Contar con una Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que regule la protección general y la protección especial y que establezca una institucionalidad acorde que garantice la coordinación eficaz y coherente a nivel nacional, regional y local. Que la ley reconozca todos los derechos de los niños/as y adolescentes consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Institucionalidad Contar con una institucionalidad que –de acuerdo con la Ley de Protección Integral– vele por los derechos de niñas y niños, que articule a las actuales reparticiones públicas y coordine las políticas dirigidas a la infancia y adolescencia, incluidas aquellas dirigidas a sectores especialmente vulnerables. Asegurar que todos los programas de gobierno dirigidos a niñas, niños y jóvenes incorporen enfoque de género y pongan atención especial a las niñas y al fomento de la corresponsabilidad entre ambos. Promover la creación del cargo de Encargada/o de Infancia y Adolescencia, en la Directiva de las Juntas de Vecinos y otras organizaciones sociales y comunitarias. Promover que los medios de comunicación sean parte activa de la eliminación de los estereotipos de género en estas edades.

Educación para la igualdad, la no discriminación, la autonomía y la corresponsabilidad Promover espacios formativos, programas de estudio, textos escolares, y prácticas docentes que modifiquen los estereotipos asociados a los géneros masculino y femenino y entreguen elementos conceptuales y aprendizajes significativos y pertinentes a las y los estudiantes en torno al respeto por el otro, la aceptación de la diferencia, la comprensión y valoración de las personas, promoviendo la cultura de igualdad, no discriminación, solución no violenta de los conflictos, y de corresponsabilidad entre niñas y niños, estimulando la participación y el liderazgo de las adolescentes. Implementar estándares de calidad para la educación que tomen en cuenta las inequidades y brechas de género en el rendimiento educativo de niños y niñas. Incentivar que niñas adolescentes y jóvenes accedan a grados superiores de educación, velando por una representación equilibrada entre hombres y mujeres en todas las carreras técnicas y universitarias. Implementar la educación en derechos humanos con enfoque de género como contenido transversal a lo largo de todo el proceso educativo, desde la educación pre-escolar hasta la superior, con el fin de transmitir valores de igualdad, no discriminación y corresponsabilidad a las generaciones posteriores. Garantizar el acceso de las y los adolescentes a la educación de la sexualidad desde una mirada amplia y plural, que les permita decidir sobre cómo ejercer una sexualidad plena y sin consecuencias de embarazo y enfermedades no deseadas. Asegurar el acceso de las niñas y adolescentes a las nuevas tecnologías, velando porque no se reproduzca la brecha digital presente en las generaciones mayores.

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Acciones para alcanzar las metas

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Crear programas de apoyo a jóvenes embarazadas, madres y padres adolescentes para la continuidad de sus estudios en el sistema escolar, con acciones concretas para acompañarlos en su maternidad/ paternidad, que garanticen el acceso a las prestaciones de salud y de cuidado infantil, considerando sus necesidades particulares de educación, salud y trabajo. Crear mecanismos de participación sustantiva de los y las alumnas en el sistema escolar, con énfasis en la promoción de liderazgo de las alumnas. Servicios de salud Asegurar el acceso de las y los adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva. Asegurar que los servicios de salud garanticen una atención universal e integral en salud sexual y reproductiva, con especificidad para jóvenes de ambos sexos, que incluya una adecuada información, consejería y acceso a servicios adecuados. Esto les permitirá tomar decisiones responsables para la prevención de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH-SIDA.

Formación de docentes, padres y madres Establecer como criterio para la acreditación universitaria la inclusión de contenidos y didácticas sobre género, ciudadanía y derechos de las niñas y niños, y educación en sexualidad y afectividad en sus programas de formación inicial y de formación continua a profesoras y profesores. Promover la formación de los padres y madres para favorecer los cambios en la cultura familiar hacia la igual valoración de niñas y niños, la distribución equitativa de tareas y la redistribución de roles, el respeto a su autonomía progresiva para definir sus proyectos de vida. Promover la formación de dirigentes comunitarios para favorecer la participación de las niñas, niños y adolescentes en la vida de sus comunidades. Prevención y tratamiento de la violencia Crear programas específicos para detectar, contener y resguardar a niñas y niños sometidos a abusos sexuales, violencia sexual y violencia intrafamiliar. Diseñar programas de educación para la no violencia, enfocados en la prevención, en niños y niñas desde educación pre-escolar a la educación media. Trabajar con adolescentes y jóvenes para incentivar relaciones igualitarias y la resolución no violenta de conflictos. Diseñar programas educativos sobre crianza y género para sindicatos y agrupaciones integradas exclusivamente o mayoritariamente por hombres. Desarrollar campañas y programas de prevención de la violencia escolar (bulling).

Niñas y niños en situaciones especiales Visibilizar el rol doméstico y de cuidadora de las niñas en los hogares de menores recursos y las implicancias que esta labor tiene para su desarrollo y ejercicio de derechos.

Incorporar el enfoque de género en la Defensoría Penal Pública, a fin de generar garantías para las adolescentes en los centros de reclusión de menores. Recreación y acceso a expresiones artísticas y culturales Diseñar programas recreativos y deportivos que incentiven la no segmentación por sexo, con especial énfasis en las niñas. Facilitar el desarrollo físico y mental de las niñas, niños y adolescentes, con la dotación de infraestructura recreativa en todos los barrios. Promover expresiones artísticas y culturales infantiles y juveniles en los barrios, con especial énfasis en las niñas y adolescentes. Información y promoción de derechos Desarrollar campañas permanentes de difusión de los derechos de las y los niñas/os. Promover en los medios de comunicación el diseño de programas de discusión sobre crianza, en que participen hombres.

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Promover la existencia de programas específicos para las y los adolescentes infractores de la ley, asegurando su reinserción social teniendo en cuenta necesidades diferenciadas entre hombres y mujeres.

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Referencias bibliográficas

Bravo, R. (2009). “Avances y desafíos en torno a la autonomía económica de las mujeres”. Seminario “¿Género en el Poder?: El Chile de Michelle Bachelet”. Santiago: Observatorio de Género y Equidad.

Díaz, S. y Schiappacasse, V. (2009). “Derechos sexuales y reproductivos en el Gobierno de Michelle Bachelet” Seminario “¿Género en el Poder?: El Chile de Michelle Bachelet”. Santiago: Observatorio de Género y Equidad.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, (2009). Interpretación de los principios de igualdad y no discriminación para los derechos humanos de las mujeres en los instrumentos del Sistema Interamericano. San José: IIDH.

Cepal (2005). Objetivos de Desarrollo del Milenio: Una mirada desde América Latina y el Caribe, Santiago: Cepal.

Grupo Iniciativa Mujeres. (2002). El nuevo contrato social. Balance de una década de democracia en Chile. Santiago: GIM.

Larraín, S. y otras, (2008). La situación de violencia contra las mujeres en Chile. Legislación y políticas públicas, Santiago: ONU

______ (2007). Consenso de Quito - Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Quito 6 al 9 de agosto del 2007.

Grupo Iniciativa hacia Beijing y et al. (1996). Plataforma Beijing 95: un instrumento de acción para las mujeres. Santiago: Isis Internacional.

Maira, G., (2009). “Violencia contra las mujeres en el gobierno de Michelle Bachelet” Seminario “¿Género en el Poder?: El Chile de Michelle Bachelet”. Santiago: Observatorio de Género y Equidad.

______ (2008). Panorama social de América Latina. Santiago: Diciembre.

INE, (2007). Estadísticas Vitales. Informe anual 2006. Santiago: INE.

Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, (2006). Anuario estadístico 2006. En www.cruch.cl

______ (2006). Fecundidad en Chile. Situación reciente. Santiago: INE.

Corporaciones Humanas, (2008). V Encuesta Nacional “Percepción de las mujeres sobre su situación y condiciones de vida”. Santiago: Corporación Humanas.

______ (2009). Encuesta Nacional de empleo, último trimestre. En www.ine.cl

______ (2009). “Día Internacional de la Mujer: Radiografía de la desigualdad”. En www.humanas.cl

Mideplan, (2006). Encuesta de caracterización socioeconómica, Casen 2006. Santiago: Mideplan. MIDEPLAN (2009) Antecedentes y consecuencias del embarazo adolescente en Chile. Santiago: MIDEPLAN.

______ (2009). Fecundidad en Chile. En www.ine.cl

Ministerio del Interior, (2008). Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales.

______ (2009). Encuesta experimental sobre uso del tiempo en el Gran Santiago. Depto. de Estudios Sociales. En www.ine.cl

Naciones Unidas, (1979). Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw).

______ (2009). Estudio de Opinión Pública Paridad, Medidas de Acción Afirmativa, Mujer y Política. En www.sernam.cl

______ (2000). Declaración del Milenio. Resolución aprobada por la Asamblea General (A/55/L.2)] 55/2.

______ (2009). Estudio Nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. En www. sernam.cl

______ (2007). Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2006: una mirada a la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer en América Latina y el Caribe. Santiago: Cepal. Olavarría, J. (2007). Apuntes para la construcción de una agenda pro género que incorpore a los hombres. Mesa de trabajo Pro-género. Santiago: Chile21. OIT, PNUD. (2009). Trabajo y familia: Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social. Santiago: OIT, PNUD.

______ (2005). Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2000-2010. Evaluación Primera Fase 2000-2005. SERNAM. Santiago. ______ (2000). Plan Igualdad de Oportunidades 2000-2010. SERNAM. Santiago ______ (s/f). Propuestas de Políticas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres Rurales. Santiago: SERNAM

PNUD. (2009). Informe de Desarrollo Humano 2009.

______ (1995). Plan de Igualdad para las Mujeres 1994-1999. Santiago: SERNAM.

SENAMA (2009), Las personas mayores en Chile. Situación, avances y desafíos del envejecimiento y la vejez. Santiago: SENAMA.

Subsecretaria de Previsión Social. (2009). Balance de la Reforma Previsional, un año de implementación. En www.reformaprevisional.cl

SERNAM, (2007). Agenda de Género 2006-2010. Gobierno Presidenta Michelle Bachelet Jeria. Santiago: SERNAM.

SERNAM PLAN DE IGUALDAD 2010-2020 | 69

______ (1996). Informe de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995. Nueva York: NNUU.

ANEXO

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LEYES APROBADAS ENTRE 1991-2009

• Ley Nº 20.418 sobre Derechos en materia de regulación de la fertilidad. Reconoce el derecho de toda persona a recibir información, educación, orientación y a elegir libremente el método de regulación de la fertilidad –incluidos los de emergencia, además consagra, la obligación de los órganos de la Administración del Estado de adoptar las medidas apropiadas para garantizarlos y la de los establecimientos de educación de incluir educación sexual en la enseñanza media. Promulgada el 18 de Enero del 2010. • Ley 20.399, del 23 de noviembre de 2009, otorga derecho a sala cuna a padre trabajador que obtenga judicialmente el cuidado de hijo o hija menor de dos años, cuando esta obligación es exigible al empleador. Lo mismo opera en caso de fallecimiento de la madre, salvo que el padre haya sido privado judicialmente del cuidado personal del niño o niña. • Ley 20.383, de 24 de septiembre de 2009, sobre salida de menores del país, simplifica el trámite para obtener una autorización judicial de salida del país con un menor en caso que el otro progenitor haya incumplido un régimen judicial o convencional de visitas, reforzando el derecho del niño/a para mantener una relación directa y regular con él; regula, además, los tiempos de estadía del menor en el extranjero, resguardando su integridad y el ejercicio de otros derechos del niño/a y sus padres

• Ley N° 20.348 de 19 de Junio del 2009, sobre Igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. Incorpora al Código del Trabajo principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres (2009). • Ley Nº20.340 autoriza a cualquier cónyuge a renegociar deudas respecto de viviendas adquiridas con el respaldo de los programas habitacionales estatales. • Ley N°20.336 reconoce el derecho a descansar en días festivos a las trabajadoras “puertas adentro” (2008) • Ley Nº20.286 (2008) introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la Ley N°19.968 (de 2005) adecuando el funcionamiento de la Justicia de Familia, aumenta el número de jueces y funcionarios, especializa unidades para asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Amplia las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar y otorga el derecho a la víctima para solicitar reapertura del proceso que hubiere sido declarado abandonado. • Ley Nº20.279, reconoce el derecho a salario mínimo a las trabajadoras de casa particular (2008) • Ley N°20.255 sobre Reforma Previsional consagra derecho a pensión básica solidaria, bono por hijo, asegura pago de compensaciones económicas por divorcio y establece, en forma progresiva, el deber de imponer, al menos por la remuneración mínima a las trabajadoras de casa particular (2008)

• Ley Nº20.239, libera del impuesto a la renta las compensaciones económicas originadas al término del matrimonio (2008) • Ley Nº20.207, establece que la prescripción en delitos sexuales contra menores, se computará desde el día en que éstos alcancen la mayoría de edad (2007) • Ley Nº 20.172 Regula el derecho de la madre a percibir directamente las asignaciones familiares e incorpora nuevo causante de dicho beneficio (2007) • Ley Nº20.166, otorga a toda mujer trabajadora el derecho para alimentar a su hijo menor de dos años, esté o no su empleador obligado a mantener una sala cuna (2007) • Ley Nº 20.162, establece obligatoriedad de la educación parvularia en su segundo nivel de transición (2007) • Ley Nº20.152 simplifica el juicio de alimentos, responsabilizando al demandado de proporcionar los antecedentes necesarios para fijar la pensión. Incorpora la suspensión de la licencia de conducir y la retención de la devolución del impuesto a la renta en caso de incumplimiento. Penaliza determinadas conductas que obstruyan la actividad judicial y autoriza a la policía para detener a los deudores en cualquier lugar en que se encuentren (2007) • Ley Nº20.086, modifica la Ley Nº19.968 de Tribunales de Familia (2005)

• Ley 19.620 sobre Adopción de Menores, Publicada el 05 de agosto de 1999 Esta ley elimina las distintas categorías legales de adopción equiparando a los hijos adoptados a los de filiación matrimonial o no matrimonial • Ley Nº19.617, modifica la tipificación de ciertos delitos sexuales incluyendo violación, violación conyugal, estupro, incesto, abuso sexual de menores y pornografía con menores (1999). • Ley Nº19.611, reforma art. 1 y 19 Nº 2 de la Constitución Política del Estado señalando de “las personas” nacen libres e iguales en dignidad y derechos y establece que “hombres y mujeres son iguales ante la ley” (1999). • Convenios de la OIT Nº103 sobre protección a la maternidad y N°156 sobre igualdad de oportunidades y de trato a trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, ratificados mediante Decreto 1.907 (1999). • Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, aprobada en 1994 por la Asamblea General de la OEA) (1998) • Ley Nº19.591, prohíbe el test de embarazo como exigencia para ser contratada, promovida o mantenida en un empleo y concede fuero maternal a la trabajadora de casa particular (1998) • Ley Nº19.585, modifica el Código Civil en materia de Filiación, reconoce la igualdad jurídica de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, posibilita la investigación de la paternidad o maternidad, amplía la patria potestad de la madre y mejora la situación hereditaria del cónyuge superviviente (1998) • Ley Nº19.532, establece la jornada escolar completa (1997)

• Ley Nº19.505, otorga permiso especial a trabajadores en caso de enfermedad grave de hijo mayor de un año y menor de 18, aplicable a la madre o el padre (1997) • Dictamen 225-85 de la Dirección del Trabajo, otorga el Derecho a Sala Cuna para las trabajadoras de Centros Comerciales con una misma personalidad jurídica (1996) • Ley Nº19.482, modifica artículo 38 del Código del Trabajo en materia de descanso dominical (1996) • Ley Nº19.409, crea el delito de Tráfico de Personas (1995) • Ley Nº19.335 de Régimen de Participación en los Gananciales, que modifica diversos textos legales discriminatorios hacia las mujeres en los Códigos Civil y Penal, como el adulterio (1994) • Ley Nº19.325 de Violencia Intrafamiliar (1994) • Ley Nº19.299 que modifica la base de cálculo del subsidio maternal (1994) • Ley Nº 19.250, modifica el Contrato Individual de Trabajo y la protección a trabajadoras y trabajadores (1993) • Ley Nº 19.023, crea el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) (1991)

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional. República de Chile. http://www.bcn.cl/portada.html

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• Ley Nº20.066 de Violencia Intrafamiliar, que modifica la Ley 19.325 aprobada en 1994 (2005) • Ley Nº20.047, establece el permiso paternal en el Código del Trabajo (2005) • Ley Nº20.030 de Filiación, modifica la Ley Nº 19.585 de 1999 (2005) • Ley Nº20.005, tipifica y sanciona el Acoso Sexual (2005) • Ley N°19.979 Modifica el régimen de jornada escolar completa diurna (2004) • Ley Nº19.968, crea los Tribunales de Familia (2005) • Ley Nº19.947 de Matrimonio Civil que sustituye la Ley vigente desde el año 1884 (2004) • Ley Nº19.852 sobre Subrogación para las mujeres alcaldes en el período pre y post natal (2003) • Ley Nº19.824, modifica el artículo 203 del Código del Trabajo, disponiendo la obligatoriedad de instalar salas cunas en establecimientos industriales y de servicios que indica (2002) • Ley N° 19.779 Ley del SIDA (2001) • Ley Nº19.749, facilita la creación de microempresas familiares (2002) • Ley Nº19.741 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias (2001) • Ley Nº19.711, regula el derecho a visita a los hijos sometidos a la tuición de uno de los padres (2001) • Ley Nº19.688, modifica la Ley Nº 18.962, orgánica constitucional de enseñanza, en lo relativo al derecho de las estudiantes que se encuentren embarazadas o que sean madres lactantes de acceder a los establecimientos educacionales (2000) • Ley Nº19.670, extiende el beneficio del fuero a mujeres y hombres que adoptan un hijo en conformidad a la ley de adopción (2000)

Concepción y textos

Documento elaborado sobre la base de las propuestas resultantes de un proceso de consultas nacional y regional coordinaro por Teresa Valdés Echeñique (Cedem). EDICIÓN FINAL

Equipo de profesionales del SERNAM Diseño

Ximena Milosevic D. Fotos

Patricia Andrade, Mariela Rivera, María Eugenia Meza y Archivo SERNAM. Agradecemos la colaboración de la Presidencia de la República, Chilecalifica, Dirección del Trabajo y archivo Diario La Nación. Servicio Nacional de la Mujer Agustinas 1389, Santiago Tel (02) 549 6100 Fax (02) 549 6247 www.sernam.cl Impresión

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