Boletín PBI nº 22 by Estudio Gráfico Moyano

no 22 / septiembre-diciembre 2007

boletĂn informativo de PBI para el estado espaĂąol

GUATEMALA Los asesinatos de mujeres en Guatemala Los asesinatos de mujeres en Guatemala alcanzaron los 600 en el año 2005, el doble del número registrado en 20011, y equivalente a casi dos mujeres muertas violentamente cada día. La mayoría de las víctimas son jóvenes de entre 13 y 33 años y de bajo nivel socioeconómico.2 Muchas son trabajadores o estudiantes, activas fuera del hogar.3 En el año 2006, 5.885 personas murieron por la violencia en Guatemala4, equivalente a 16 cada día. Sin embargo, proporcionadamente, las muertes violentas de mujeres se han incrementado más que las de hombres. Efectivamente, según los datos de la Policía Nacional Civil (PNC), entre los años 2000 y 2004, el asesinato de hombres aumentó un 36%, mientras que el de mujeres se elevó a 56.8%, 20 puntos porcentuales más.5 Una proporción significativa de los asesinatos de mujeres en Guatemala se caracterizan por una violencia extrema, que incluye tortura, mutilación, ensañamiento y violencia sexual. Para la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), existe una brutalidad única infligida en la víctima mujer, como la mutilación, lo cual “muestra también una saña particular que se refleja en las cortadas en el rostro, y la idea inherente de desfigurar la belleza de la mujer, el cercenamiento de órganos…”6

Femicidio y Feminicidio Cada vez más se utiliza los términos feminicidio o femicidio para identificar los asesinatos de mujeres como un fenómeno aparte de la violencia generalizada que se vive en Guatemala. Desde muchas perspectivas (jurídicas, filológicas, sociológicas), estos nuevos conceptos se consideran complementarios, dado que ambos explican estos crímenes como parte de la violencia basada en género, que constituyen violaciones de derechos humanos, y a la vez, una forma de dominación y control hacia las mujeres dentro de un sistema patriar-

cal. El feminicidio tiene además una connotación política (no solo jurídica), e implica al Estado, por no cumplir sus obligaciones de proteger a sus ciudadanas. Afirma Marcela Lagarde: “El feminicidio se ampara en la impunidad y en él concurren de manera criminal, el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes”.

Contexto social de la mujer guatemalteca Guatemala ocupa el 98º lugar en el índice de desarrollo relacionado a la mujer (IDM).7 Este indicador señala el nivel de obstáculo que enfrentan las mujeres para acceder al desarrollo. El número de mujeres económicamente activas es la mitad que el de hombres, y la mayoría de ellas sólo pueden acceder a empleos en el sector agrícola o de la maquila, en los cuales sufren frecuentes violaciones de sus derechos laborales y cobran un salario menor al de los hombres, aunque sea por igual trabajo. Mientras tanto, la mayoría de mujeres indígenas rurales trabajan en el ámbito doméstico, sin renumeración.8 En las zonas rurales, el 66% de las niñas sale del sistema educativo antes de cursar tercer grado, y solamente una en cada ocho completa el sexto grado,9 lo cual dificulta aún más su acceso al desarrollo. Así las mujeres guatemaltecas “siguen teniendo una posición de inferioridad y subordinación, que hace que se incremente su desvaloración social y explotación, así como el riesgo de ser víctimas de la violencia de género”.10

en 2002 su Protocolo Facultativo. También ha ratificado la Convención Interamericana sobre la Prevención, Castigo y Eliminación de la Violencia contra Mujeres (más conocida como Convención de Belem do Pará) (1995). A nivel nacional se han puesto en marcha el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres (PLANOVI), y la Política Nacional de Promoción de Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas. Además, el gobierno ha creado algunas instituciones, las cuales, entre otras funciones también tienen como objetivo combatir la violencia contra las mujeres como es el caso de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI), y la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM). El 27 de noviembre de 2006, el gobierno de Guatemala presentó una Estrategia para el Abordaje del Femicidio para avanzar en los “esfuerzos por eliminar la violencia de género en todas sus manifestaciones, asegurar la dignidad y los derechos de la mujer y promover la efectiva igualdad entre la mujer y el hombre”.11

Justicia para las mujeres

Obligaciones y reacciones del Estado para proteger a la mujer

Sin embargo, persisten críticas hacia las instituciones estatales en su reacción a los asesinatos de mujeres. Por ejemplo, según un informe del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA), de los 2.917 casos de feminicidio registrados hasta el 31 de diciembre de 2006, sólo el 5% llegaron a la fase final del proceso de investigación por parte del Ministerio Público.12

Los Acuerdos de Paz de 1996 contienen compromisos acerca de los derechos de la mujer que incluyen la lucha contra la discriminación. Guatemala es signataria de la Convención sobre la Eliminación de todas Formas de Discriminación Contra la Mujer de la ONU (1982) y ratificó

Amnistía Internacional (AI) encontró carencias graves en las reacciones de las autoridades en “todas las etapas del proceso investigativo” de los asesinatos de mujeres.13 De los casos que se investigan, muchos se estancan a causa de “falta de formación en técnicas

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investigativas, falta de recursos técnicos y falta de coordinación y cooperación entre organismos estatales, en particular entre unidades policiales de investigación y las oficinas del Ministerio Público”.14 La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, Yakin Ertürk, después de su visita a Guatemala en febrero de 2005, formuló algunas recomendaciones al Gobierno de Guatemala para tomar las medidas e iniciativas necesarias para lograr la protección y promoción de los derechos de la mujer y la eliminación de la violencia contra la mujer (véase cuadro). En 2006, CALDH realizó un informe que documentaba el cumplimiento por parte del Estado de las mismas, revelando que las mujeres guatemaltecas seguían encontrando “fuertes resistencias” en el ámbito político, en el acceso a la justicia y en su administración, donde permanece “un imaginario social que reproduce en las mujeres el ‘pecado original’”.15 Como Amnistía Internacional, CALDH encontró una tendencia a todos niveles de culpar a la víctima, cuyos parientes muchas veces se encuentran cargadas con la obligación de demostrar la “respetabilidad” de la víctima.16 Argumentó que, frente a tales prejuicios y estereotipos “ningún procedimiento, recurso judicial y medio de protección será efectivo para asegurarle a las mujeres, el acceso a la justicia” 17. También señaló que la legitimidad institucional encuentra grandes obstáculos en “los señalamientos de violación a los derechos humanos por parte de instituciones del Estado, encargados justamente de brindar protección a las y los ciudadanas”, 18 por los cuales las víctimas y testigos de delitos desconfían en dichas instituciones para realizar y sostener sus denuncias, lo que disminuye las posibilidades de romper con la cultura de violencia e impunidad en el país. En abril de 2007, todavía no se habían cumplido la mayoría de las recomendaciones de la Dra. Ertúrk, según Anders Kompass, el Representante en el país de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), aunque algunas que sí se han logrado son la creación de albergues para mujeres víctimas de violencia, y la sensibilización de algunos funcionarios en las cuestiones de género. 19

Las recomendaciones de Yakin Erturk al Gobierno de Guatemala 1. Poner fin a la impunidad de la violencia contra la mujer mediante una reforma legislativa, judicial y de investigación 2. Prestar servicios de protección y apoyo a las mujeres que sufren violencia o están expuestas a ella 3. Crear una base de información y conocimientos que tengan en cuenta las cuestiones de género 4. Fortalecer las infraestructuras institucionales

Algunas iniciativas recientes En septiembre de 2007 un consorcio de organizaciones sociales presentó al Congreso una propuesta de ley sobre la violencia contra mujeres que toma en cuenta las recomendaciones de la Relatora Especial de la ONU y de otros mecanismos internacionales. Esta futura ley, que está en proceso de aprobación en al Congreso, promovería “la adecuada prevención, investigación y sanción de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres”20. En el ámbito internacional, el pasado 11 de octubre del 2007, el Parlamento Europeo emitió una Resolución sobre los asesinatos de mujeres (feminicidios) en México y en América Central y el papel de la Unión Europea en la lucha contra este fenómeno.21 Dicha Resolución menciona que “la obligación de un Estado de Derecho es promover políticas apropiadas para que las mujeres en general, y sobre todo las más desfavorecidas, gocen de una protección adecuada contra la discriminación, la violencia y, por último, los feminicidios” y que “se debe comenzar por sensibilizar a las autoridades a todos los niveles y al conjunto de la sociedad sobre la gravedad del problema”. Además, “insta a los países de América Central a tomar todas las medidas necesarias para luchar eficazmente contra la violencia contra las mujeres; pide que estas medidas garanticen el respeto íntegro de los derechos humanos, como la asistencia gratuita de un abogado para las mujeres víctimas y sus familias, tal como se definen en la Declara-

5. Promover programas operacionales, de capacitación y de sensibilización Fuente: Anexo al “Informe de la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Eturk, sobre su misión a Guatemala (9-14 de Febrero de 2004)”, presentado al 61º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos (Integración de los derechos humanos de género: la violencia contra la mujer), Consejo Económico y Social, 10 de febrero de 2005.

ción Universal de Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, entre otras. Parece haber un consenso generalizado entre organizaciones de mujeres y de derechos humanos en que para eliminar el feminicidio es necesario que se acabe tanto con la impunidad como con la discriminación que experimentan las mujeres guatemaltecas. Además, coinciden en afirmar que, aunque se hayan creado variados mecanismos e instituciones específicas para ello, siguen existiendo deficiencias importantes. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) afirma: “El feminicidio no es un problema exclusivo de las mujeres, sino la punta del iceberg de diversas modalidades que afectan a la sociedad en su conjunto”.22

Trabajo en equipo El año 2007 se inició con un aumento de la violencia e inseguridad ciudadana en toda Guatemala influido, en cierta manera y según varios analistas, por el proceso electoral. Conductas como el acoso, la intimidación, las amenazas o el allanamiento hacia las ONGs y otros miembros de la sociedad civil se han producido con preocupante regularidad. Como consecuencia de esta situación, el número de solicitudes de acompañamiento recibidas por parte de PBI ha seguido aumentando en los últimos tres meses del 2007.

Acompañamientos En la capital seguimos acompañando a Consejería en Proyectos (PCS), a la

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Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI), a la Coordinadora Nacional de Pobladores y Áreas Marginales de Guatemala (CONAPAMG) y al Sector de Mujeres, a José Roberto Morales del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y a Zulma de la organización de Apoyo a una Sexualidad Integral Frente al Sida (OASIS). También continuamos con el Colectivo Madre Selva, a quien recientemente acompañamos en sus actividades en distintas regiones del país, y a la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), a quien brindamos acompañamiento durante varias exhumaciones e inhumaciones. Fuera de la capital, seguimos acompañando a la Asociación de Amigos del Lago Izabal (ASALI) en El Estor, Izabal, al Movimiento de Trabajadores Campesinos (MTC) en San Marcos, en particular a Julio Archila, y por último a la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) en Alta Verapaz.

Observación Con motivo de la primera vuelta de los comicios nacionales de septiembre, proporcionamos observación internacional en Playa Grande, municipio de Ixcán (al

norte del Quiché) y en El Estor, Izabal mientras acompañábamos a miembros de ASALI en la región. También observamos la audiencia pública celebrada en la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en Ciudad de Guatemala, como consecuencia del recurso de amparo interpuesto por diversas organizaciones civiles para la reactivación del expediente de extradición de cuatro ex militares acusados de crímenes de lesa humanidad. Tuvimos la oportunidad de observar la consulta de buena fe sobre la minería que se celebró en San Sebastián Huehuetenango y estuvimos presentes en la manifestación celebrada en la capital en conmemoración del Día Internacional de la no Violencia contra las mujeres el pasado 25 de noviembre.

Trabajo del Comité Coordinador del proyecto Por su parte, los miembros del comité y la oficina del proyecto han continuado con su trabajo de búsqueda de apoyo político fuera de Guatemala. A continuación destacamos algunas de las actividades realizadas durante este período.

En Alemania: El pasado 26 de septiembre, Kerstin Reemtsma, Representante Europea del Proyecto, mantuvo una reunión en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas con el Europarlamentario alemán Peter Liese, miembro de la Delegación para Centroamérica y del Partido Demócrata Cristiano. Además, en ese mismo mes, se reunió en Bonn con el nuevo responsable de Centroamérica, Christian Grün en el Ministerio de Cooperación Alemán en donde presentó el trabajo de PBI, del proyecto y nuestras preocupaciones ante la situación y la coyuntura actual. En Bélgica: Kerstin Reemtsma participó en las reuniones del grupo de trabajo sobre Guatemala que la red Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA) celebró en septiembre y octubre en Bruselas. Además, junto a la Coordinadora del Proyecto, Montse García, participaron el 24 de octubre en Bruselas en la Asamblea General de CIFCA. En España: Montse García y Maripaz Gallardo (personal de Apoyo del Proyecto Guatemala) participaron en una reunión informativa de Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, el día 11 de septiembre en Madrid. La reunión trató sobre la VI Sesión del Consejo de Derechos Humanos y la 62 Asamblea General de la ONU. Asimismo, Maripaz Gallardo, se reunió el 4 de octubre con Rosa I. Hernández del Campo, Concejala Delegada General de Bienestar Social, Empleo y Familia, del Ayuntamiento de Valladolid. Por otra parte, Mayte Quesada, Administradora del Proyecto, junto con Susana Fernández, Coordinadora del grupo de PBI Estado Español, mantuvieron una reunión el pasado 15 de octubre, con el Diputado del Congreso por el Partido Popular, Jesús López-Medel. Este diputado ha visitado en varias ocasiones Guatemala, y recientemente participó en una Misión de la OEA como observador internacional de las elecciones del pasado 9 de septiembre.

Acompañamiento al Sector de Mujeres de Guatemala. Foto PBI.

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Acompañamiento a consulta en Huehuetenango. Foto PBI. La Coordinadora del Proyecto también mantuvo una reunión el 8 de octubre con Fernando Fernández-Arias, Director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. 1 Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) usando datos de la Policía Nacional Civil (PNC), citado en: El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), Investigación Feminicidio, 2007, p.56 2 CLADEM, Ibid. p.52 3 Centro de Acción Legal por los Derechos Humanos (CALDH), Asesinatos de mujeres: Expresión del feminicidio en Guatemala, 2005, p48 4 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Aplicación de La Resolución 60/251 de La Asamblea General, de 15 de Marzo de 2006, Titulada "Consejo De Derechos Humanos", 2007, p.6

5 Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), El feminicidio en México y Guatemala, Informe No. 446/3 Abril 2006, p.26 6 Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) 2004, citado en Amnistía Internacional, Ni Protección, Ni Justicia: Homicidios de Mujeres en Guatemala, 2005, p10 (versión inglés) 7 FIDH, Op Cit. p.30 8 Ibid. pp.39-40 9 Ibid. p. 30 10 Ibid. 11 Gobierno de Guatemala, Presidentes subscriben compromiso de implementar una estrategia contra el feminicidio, comunicado de prensa, 28 de noviembre de 2006: <http://www.guatemala.gob.gt/noticia.php ?codigo=204&tipo=1> 12 Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA), Investigación en prensa escrita sobre violencia contra las mujeres, 2006, p.8

13 Amnistía Internacional (AI), Ni Protección, Ni Justicia: Homicidios de Mujeres en Guatemala, 2005, p.15 14 Ibid. 15 Ibid. p57 16 AI, Op Cit. p.21 17 CALDH, Op Cit. p.57 18 Ibid. p.59 19 CERIGUA, noticia de 18 abril, 2007 <http://www.cerigua.org/portal/Article 8830.html> 20 Asamblea de Organizaciones No Gubernamentales para Promover Propuestas y Reformas Legales a favor de las Mujeres, Propuesta de Proyecto de Ley Marco sobre Violencia contra las Mujeres, 17 septiembre, 2007. 21 Resolución del Parlamento Europeo de 11 de Octubre de 2007 sobre los asesinatos de mujeres (feminicidios) en México y en América Central y el papel de la Unión Europea en la lucha contra este fenómeno (2007/2025) (INI), Bruselas. (P6_TA (2007)0431) 22 FIDH, Op Cit. p.39

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COLOMBIA Son en su mayoría mujeres, cabezas de familia, provenientes de diferentes partes de Colombia y que unidas por un mismo dolor llegaron un día a la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES). Todas luchan con determinación para encontrar a sus seres queridos, desaparecidos en diferentes circunstancias durante los últimos 30 años. “La desaparición forzada es la sustracción de unapersona a la fuerza, sin tener una orden judicial, sustrayéndola de su entorno familiar, social y laboral, violándola todos los derechos y negando dar información a la familia sobre su paradero. Eso es lo que diferencia la desaparición de un secuestro”, explica Gloria Gómez, presidenta de la organización. “La desaparición forzada destruye el núcleo familiar, cualquier

Gloria Gómez, presidenta de Asfaddes. Foto PBI.

ASFADDES: 25 años exigiendo respuestas sobre el paradero de sus seres queridos expresión de lucha social, hace mucho más daño porque genera incertidumbre, angustia, miedo y terror”. Este año ASFADDES cumple 25 años de historia, dedicada a la búsqueda y resistencia por esclarecer la verdad sobre el paradero de sus familiares, obtener justicia y reparación para este crimen que las Naciones Unidas han calificado como “un ultraje a la dignidad humana”1. Aunque se constituyeron como organización en 1983, el recorrido en común de estos familiares empezó en 1982 a raíz de la desaparición entre marzo y septiembre en Bogotá de 13 personas, en su mayoría estudiantes de la Universidad Nacional. “Para contarles la historia de ASFADDES necesariamente tenemos que empezar por afirmar que la desaparición forzada es un crimen de Estado y que en Colombia se comienza a aplicar a mediados de la década de los 70 en el marco de la política de seguridad nacional. Empezó a ser utilizada como modalidad represiva para eliminar los opositores del Gobierno”, cuenta Gómez. Inspiradas por las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, las fundadoras de ASFADDES se unieron para buscar respuestas sobre la suerte de sus parientes y “reanudar esfuerzos en la búsqueda y exigencia de respuestas del Estado colombiano”, recuerda Gómez. Los familiares se reunían para juntos visitar las dependencias judiciales, los botaderos de cadáveres, el Instituto Médico Legal, las cárceles y los municipios aledaños a Bogotá. “Lo que notamos es que se incrementó la desaparición y al mismo tiempo se proliferó los NN (No Nombres), los cuerpos quemados con ácidos, mutilados y en avanzado estado de descomposición”. Según Gómez, muchos de estos NN jamás fueron identificados y se convirtieron en números, enterrados en fosas comunes. Motivados por los estudiantes y otras organi-

zaciones de derechos humanos, los familiares empezaron a organizar las primeras marchas en la ciudad como “un tribunal de denuncia”, cuenta Gómez, que se institucionalizó todos los jueves como una forma de identificación con las madres en Argentina y otros países. A través de su afiliación a la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Desaparecidos (FEDEFAM), que reúne 19 asociaciones de 13 países, los familiares colombianos tuvieron la oportunidad de enterarse de otras historias de desaparecidos ocurridas en países del Cono Sur. Según Gómez, ver el valor de otras familias y el contacto que establecieron entres distintas organizaciones representó un gran apoyo para los miembros de ASFADDES, principalmente en su capacitación para transformar su dolor en fortaleza para seguir con su lucha. Pero pese al apoyo internacional, los familiares recuerdan que se sintieron solos en los primeros años de lucha en Colombia, ya que no contaban con el apoyo de la opinión pública y tampoco de los funcionarios gubernamentales. “La sociedad era totalmente indiferente a esta realidad que se empezaba a deslumbrar, inclusive cuando hacíamos nuestras marchas en la calle nos gritaban, nos agredían, nos decían ´viejas sin oficio, viejas locas´”, cuenta Gómez. “Los funcionarios donde nosotras acudíamos para denunciar se limitaban a atendernos con frases sarcásticas, diciendo que seguramente nuestros seres queridos habían ido de turismo por Colombia, o se habían ido con la amante, o que simplemente se habían ido para el monte”. Gómez atribuye a “la terquedad, la solidaridad y el compromiso de los familiares” los elementos fundamentales para

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COLOMBIA que ASFADDES cumpla sus 25 años de historia pese a todos los obstáculos que han vivido. Y destaca que estas características les han ayudado a lograr importantes cambios legislativos, entre ellos la inclusión del artículo 12 en la constitución de 1991, el cual define que “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”; y la tipificación del delito de desaparición forzada bajo la ley 589 de 2000, que estableció mecanismos de sanciones a los victimarios, la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y algunos derechos para los familiares. Sin embargo, señala que aunque hace siete años que la ley existe, hasta hoy nadie ha sido condenado por este reglamento, y recuerda que apenas este año la Comisión de Búsqueda empezó a funcionar de acuerdo con su mandato, impulsando investigaciones para encon-

trar los desaparecidos con vida o ubicar sus restos. Resalta además que muchos de los miembros de ASFADDES, familiares, compañeros y abogados que participaron de este proceso padecieron de persecuciones, desapariciones y asesinatos. Incluso más de medio centenar de familiares se vieron obligados a exiliarse a lo largo de los años, pese a la adopción de mecanismos de protección exigidos al Gobierno por las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997 y el acompañamiento internacional de Peace Brigadas International desde 1994. Para 2008, ASFADDES espera que “finalmente el Estado demuestre una voluntad política que se vea plasmada en investigaciones eficaces sobre el paradero de los desaparecidos, que sancionen los responsables y que finalmente se pueda tra-

bajar la memoria histórica y rescatar la dignidad y el buen nombre de nuestros seres queridos», anhela Gómez. Asimismo, la organización aspira que Colombia ratifique la Convención para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006. Un tratado que, según Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, podría ayudar a erradicar esta práctica que ya ha cobrado la vida de más de 51.000 personas de acuerdo con los casos denunciados ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Una realidad que representa “sólo la punta del iceberg, dado que muchos casos no llegan a ser presentados”2, como describió Arbour.

Urabá Recuperación de tierras después de años de resistencia en Curbaradó En la cuenca de Curbaradó, campesinos desplazados decidieron volver a sus tierras para empezar un proceso de recuperación de sus territorios, cortando la palma africana que fue sembrada por varias empresas durante su desplazamiento y que ocupa todavía gran parte de sus territorios. Las comunidades del Curbaradó y Jiguamiandó en el Chocó, entre ellos afrocolombianos e indígenas, tuvieron que desplazarse a finales del 1996 y principios de 1997 a raíz de la “Operación Génesis”, una ofensiva del ejército Nacional al mando del General Rito Alejo del Río 1, con presunta participación paramilitar. Los habitantes de la zona fueron asesinados, desaparecidos o desplazados, perdiendo sus bienes y sus casas. Mientras la gente del Jiguamiandó retornaba a sus tierras, organizándose en Zonas Humanitarias, los campesinos del Curbaradó encontraron su propiedad sembrada ilegalmente con palma aceitera, imposibilitando hasta el cultivo de alimentos de subsistencia 2. Aunque la Corte Interamericana de Dere-

chos Humanos3 reconoció en marzo del 2005 la ilegalidad de la siembra de palma, y, a pesar de la declaración del Ministro de Agricultura en octubre del 2005 diciendo que las empresas palmeras deberán devolver 25 mil hectáreas a sus legítimos propietarios, hasta ahora las víctimas del desplazamiento forzado siguen sin ver medidas concretas. El retorno a la cuenca de Curbaradó empezó al principio del 2006 cuando Enrique Petro decidió recuperar su finca, constituyendo una Zona Humanitaria, con el acompañamiento de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz y organizaciones internacionales. Por esta iniciativa sufrieron amenazas y señalamientos por parte de los empresarios y la Fuerza Pública, pero siguieron con el regreso a su lugar de origen4.

Zona de Curbaradó. Amenaza a los internacionales en una palma. Foto PBI.

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) llevó a cabo el deslinde del territorio, y, a raíz de esta investigación, los propietarios desplazados

empezaron a finales de julio de este año a limpiar su territorio cortando la palma africana sembrada dentro de su territorio para sustituirla por el cultivo de ali-

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Zona de Curbaradó. Campesinos quitando palma de sus tierras. Foto PBI. mentos de subsistencia. Durante diez días los campesinos recibieron el apoyo de personas provenientes de comunidades de Jiguamiandó, Cacarica y Dabeiba, trabajando juntos y mostrando así su solidaridad con los retornados del Curbaradó. También estaban presentes varias organizaciones de observación internacional, entre ellos PBI, acompañando a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Se convocó una reunión con las entidades estatales para explicar la situación de los desplazados que no pueden esperar más tiempo sin poder cultivar y cosechar en su tierra. También fueron invitados los palmicultores y la corporación estatal CODECHOCO, responsable del manejo de los recursos naturales, pero ningún representante de estas instituciones se presentó en la reunión. Mientras los campesinos seguían cortando la palma, se presentó la Policía Nacional, funcionarios de CODECHOCO y administradores de las empresas palmeras, que preguntaron por nombres y realizaron grabaciones en video de los campesinos5.

Poco después, El Heraldo de Urabá, un periódico regional, publicó un artículo desvirtuando los hechos, llamándoles de “actos terroristas” y mencionando ONG nacionales e internacionales como impulsoras de la acción y publicando el nombre de un propietario6. Artículos como éste no sólo perjudican el trabajo de los defensores de derechos humanos, sino que ponen en peligro la vida de la persona señalada. De la misma manera, se encontró una amenaza contra los acompañantes internacionales escrita en la rama de una palma7. A estas intimidaciones se suma el intento de asesinar a los campesinos Miguel y Ualberto Hoyos en Belén de Bajirá. Los hermanos Hoyos desempeñaron hace poco un papel fundamental en el regreso de 80 familias desplazadas en el caserío de Caño Manso, en jurisdicción de Carmen del Darién que linda con Belén de Bajirá. Afortunadamente, los dos hermanos sobrevivieron al atentado, pero persiste la amenaza contra la vida y contra los derechos de los campesinos del Curbaradó. Mientras tanto siguen los retornos a la zona en lugares como Las Camelias, Caño Manso, Cara-

colí, impulsados por la necesidad de recuperar la tierra para trabajar y vivir en dignidad y en paz. 1. “Sin Olvido 71, 20 Asesinados y 11 Desaparecidos forzadamente en Jiguamiandó y Curvaradó (Bajo Atrato chocoano entre el 5 y 31 de diciembre de 1997)”, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 30 de diciembre de 2006 2. La Tramoya. Derechos Humanos y Palma Aceitera. Curbaradó y Jiguamiandó. Justicia y Paz & Banco de Datos del Cinep. Octubre 2005. Pág. 69-89. 3 Medidas Provisionales Respecto de la República de Colombia, Caso de las Comunidades de Jiguamiandó y del Curbaradó, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 15 de marzo de 2005 4. “Jiguamiandó Curbaradó. Intimidación y advertencia a pobladores de La Zona Humanitaria y Acompañantes”, Informe 72 de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz 21 de julio de 2006. 5. “De la Siega de la palma a la Siembra”, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 18 de agosto de 2007 6. El Heraldo de Urabá. No. 304, agosto de 2007. 7. “De la Siega de la palma a la Siembra”, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 18 de agosto de 2007.

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Acompañamiento al Centro de derechos humanos de la montaña ‘Tlachinollan’ en relación al caso de la Parota A petición del Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’, el equipo de PBI México está brindando acompañamiento internacional a sus integrantes en relación al caso de La Parota, proyecto de presa hidroeléctrica que desde 2003 se ha convertido en uno de los conflictos sociales más importantes de Guerrero1. El acompañamiento ha sido motivado por la alta conflictividad del caso y los hostigamientos de que están siendo objeto miembros de la organización. PBI acompaña a Tlachinollan en relación con otros casos desde diciembre de 2003. El proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota existe desde hace más de 30 años pero, en los últimos 4 años, el proyecto se ha convertido en una grave fuente de conflicto social en el estado de Guerrero. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó a impulsar el proyecto, que pretende aprovechar las aguas del río Papagayo y las del río Omitlán, Guerrero, a partir de 1976. En el 2002 la CFE intensificó su actividad en los bienes comunales y ejidos de la región y, con el apoyo de los gobiernos federal, estatal y local, comenzó a realizar estudios topográficos, a introducir maquinaria, a desmontar cerros para construir caminos y todo tipo de actividades encaminadas al estudio y trazado de la presa. Los opositores del proyecto reclaman que al construirse la presa, inundará 17mil 300 hectáreas de tierras fértiles y productivas, en las que se encuentran 21 comunidades, y se desalojarían a 25 000 personas en razón de las inundaciones2. De manera indirecta unas 75 mil personas estarían afectadas por el desvío del río; sin agua para irrigar sus tierras y para vivir, los campesinos ya no tendrían cómo subsistir3. Desde noviembre de 2005, los abogados de Tlachinollan brindan asesoría jurídica al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP). Con ella, los opositores han accedido a mecanismos jurídicos para anular ante el Tribunal Unitario Agrario

MÉXICO

Equipo de Tlachinollan. Foto PBI. las asambleas comunitarias y ejidales donde supuestamente los comuneros habrían dado su acuerdo para la expropiación de sus tierras4. Por este trabajo los integrantes de Tlachinollan han recibido un señalamiento negativo por parte de los partidarios del proyecto. PBI inició el acompañamiento el pasado 12 de agosto en la asamblea informativa en el núcleo agrario de Cacahuatepec que tuvo lugar en Agua Caliente. Una asamblea regida por usos y costumbres en la que de manera unánime, más de tres mil asistentes manifestaron la voluntad de los pueblos para que se cancele la construcción de la hidroeléctrica después de que la CFE expuso los “beneficios” que traería la presa, y cuatro especialistas informaron acerca de los perjuicios de la obra5. El gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, ha pedido a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en México que realice una consulta directa sobre la aceptación o rechazo de la presa La Parota entre los directamente afectados y la Secretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez ha afirmado que el gobierno de Felipe Calderón seguirá impulsando la presa La Parota aunque el proyecto está detenido por las demandas de nulidad que están en curso en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) . Por su parte, el director de la CFE declaró que habían ganado un juicio que les permitía empezar las obras pero matizó que “estamos

convencidos de que tenemos que llegar a un acuerdo con los ejidatarios, independientemente del juicio, un acuerdo voluntario para que la obra se haga”. La CFE ya ha empezado la construcción de la Presa de La Yesca, en Oaxaca, por lo que “tenemos ya una hidroeléctrica grande en proceso, lo que nos da un margen para poder arrancar La Parota”. Los voceros y abogados del CECOP han desmentido a Elías Ayub porque la CFE no ha ganado ningún litigio a los opositores que le permita comenzar las obras. Según Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan, “las declaraciones de Elías Ayub y de Torreblanca Galindo reflejan la intención deliberada de reactivar el conflicto” e “indican que el gobierno federal y estatal buscan reposicionarse en la opinión pública para tratar de imponer la presa”6. 1. PBI, Boletín Informativo del Proyecto México, núm. 17, marzo de 2006 <www.pbi-mexico.org>. 2. Reforma, 23 de enero de 2006 3. Tlachinollan, Caso la Parota: Defender la Tierra es Defender la Vida, <www.tlachinollan.org> 4. CIMAC, Tribunal Agrario invalida asamblea en favor de La Parota,, 7 de junio de 2007 <www.cimacnoticias.com>. 5. Tlachinollan, Unánime rechazo a La Parota en el núcleo de Cacahuatepec, agosto de 2007. 6. El Sur, 29 de noviembre de 2007.

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NEPAL Actualidad política Los casi dos años de proceso de paz en Nepal han tenido un principio complicado. Después de dos elecciones pospuestas para conseguir una Asamblea Constituyente que establezca las bases de una nueva democracia, las elecciones has sido previstas nuevamente para el 10 de abril de 2008. Las expectativas son altas: un gobierno de coalición con los maoístas podría perder credibilidad si las elecciones no se llevan a cabo, y ello podría dar munición a los expoliadores y a un gran número de violadores de derechos humanos que actúan en un clima de total impunidad. Ni la constitución provisional ni el acuerdo de paz conllevan garantías de detener a los violadores de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La falta de denuncia de anteriores violaciones, que nutrió la larga cultura de la impunidad en Nepal, continúa comportando inestabilidad y violencia en muchas regiones del país. La situación es sumamente complicada en Terai (las llanuras del sur de Nepal) en donde los habitantes locales (Madhesi) han venido protestando contra la discriminación que sufren hasta llegar a un alzamiento en enero

de 2007. El movimiento Madhesi va en aumento y está formado por un conjunto de partidos políticos competidores, militares armados y distintos grupos. Ellos han interpuesto demandas que van desde una mejora en la representación política hasta la segregación y la independencia. Muchos grupos de Madhesi están pidiendo más concesiones al gobierno central, como condición para participar en las elecciones. Sin el compromiso de los Madhesi, las elecciones pueden ser un fracaso. De todos modos, algunos grupos están planeando protestas coordinadas para el aniversario del alzamiento de 2007. Mientras tanto, los Maoístas, que han dañado el proceso de paz saliendo del gobierno en Octubre 2007, volvieron en el mes de diciembre con la promesa por parte del Parlamento de que Nepal está en camino de abolir la monarquía y de convertirse en una República Federal. Se acordó que la nueva asamblea constituyente sería responsable de declarar e implementar el sistema constitucional, pero de todos modos la Liga Comunista de la Juventud Maoísta (YCL), un grupo militante maoísta, se encuentra acusado de “justicia criminal”, actividades de vigilancia incluyendo secuestros, torturas y extorsiones.

Un nuevo potencial candidato para las elecciones surgió a principios de enero, cuando el Jefe del Ejército Nepalí habló en contra de la integración de los luchadores maoístas en la armada, lo cual contradice los acuerdos previos establecidos en el Acuerdo de Paz. En este contexto de transición y de inestabilidad política, los que desean poner punto final a la impunidad, incluyendo los grupos de víctimas y los periodistas informadores de temas de derechos humanos continúan siendo vulnerables a los ataques y amenazas de varios grupos. Hasta la fecha, ni uno sólo de los violadores ha sido juzgado por los pasados abusos, como en el caso de las exhumaciones de las tumbas de los desaparecidos por parte del ejército en el Parque Nacional Shivapuri, que no ha avanzado prácticamente nada El reinado de la impunidad también ha permitido al estado Nepalí continuar con la violación sistemática de los derechos humanos. Pbi acompaña a Advocacy Forum, una organización de derechos humanos, la cual considera que de los 3.908 detenidos por parte de la policía en centros de detención, entrevistados por ellos entre abril de 2006 y junio de 2007, un 27% ha sido sometido a “actos de tortura”. Además, de los 1105 jóvenes entrevistados durante los 14 meses desde el Movimiento del Pueblo, un 43% fue detenido ilegalmente. El trabajo de los defensores de derechos humanos en Nepal tiene que continuar siendo una prioridad en los próximos meses, y Brigadas Internacionales de Paz está especialmente preocupada porque los derechos humanos no reciben suficiente atención, la impunidad continua y los Defensores de Derechos Humanos, periodistas, víctimas del conflicto, marginales y grupos discriminados continúan siendo vulnerables.

Acompañamiento en el distrito de Bardya, Nepal. Foto PBI.

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NEPAL Actividades en el terreno Acompañamiento protector a Advocacy Forum en el Este Como parte del trabajo de Brigadas con Advocacy Forum (AF), PBI-Nepal visitó las oficinas regionales de AF en los distritos Danusha y Udayapur y proporcionó acompañamiento protector al equipo directivo local de AF, mientras ellos continuaban con sus casos (regiones de desarrollo en el centro y el este). Mien-

tras el equipo recibía peticiones por parte de AF para proporcionar acompañamiento en las regiones del oeste, AF recientemente expresó la necesidad de protección también en el Este, en donde la situación continua siendo delicada. El equipo tuvo la oportunidad de ver la situación en el área y se encontró con las autoridades locales, las organizaciones de derechos humanos y los grupos de víctimas.

Cabildeo PBI Nepal continúa contribuyendo al desarrollo e implementación en Nepal de las Directrices de la Unión Europea para los defensores de derechos humanos. En fecha 17 de diciembre de 2007, PBI Nepal participó en el primer encuentro del grupo de trabajo de la UE para la implementación de las directrices.

Novedades del equipo de PBI-Nepal El equipo en el terreno Gitanjali Gurung (India) es actualmente la voluntaria más Antigua en el equipo, con 9 meses de experiencia en el proyecto. Antes de estar con PBI Nepal, Gitu trabajó con la Iniciativa de Derechos Humanos de la Commonwealth en Nueva Delhi, mientras seguía un Master en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y legislación de refugiados.

bre de 2007. Eric fue voluntario previamente con PBI Colombia, en Bogotá, de 2003 a 2005. Raphael Hampf (Alemania) llegó al equipo en año nuevo, procedente del grupo de PBI Alemania, donde ha trabajado en relaciones públicas y edición durante los dos últimos años. Anteriormente, estuvo trabajando para varias ONG’s de derechos humanos y de refugiados en Alemania y Túnez.

Myriam Renaud (Franco- Suiza) llegó al equipo en Mayo de 2007. Después de estudiar Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario empezó a trabajar en el Colegio de Abogados de París en Derechos Humanos. Myriam también tiene experiencia como voluntaria con diversas organizaciones de derechos humanos de nivel internacional y nacional, incluyendo Amnistía Internacional, PBI Francia y ha trabajado con víctimas de tortura. Antes de llegar a PBI-Nepal estuvo trabajando en el Tribunal Criminal de La Haya Laura Burgess (GB) llegó al equipo en junio de 2007, después de tomar un años sabático en su trabajo anterior como gerente de derechos humanos en GB para trabajar como voluntaria para una ONG en Nepal dedicada a los derechos de los niños prisioneros. Habiendo trabajado junto con un trabajadora social, su interés por los derechos humanos en Nepal creció y en consecuencia se interesó por PBI. Eric Schwartz (USA) contribuye actualmente con su experiencia pasada y conocimiento al equipo por tres meses, desde finales de diciem-

Acompañamiento en Katmandú. Foto PBI

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INDONESIA Peneas Lokbere es una de las muchas personas que trabajan por los Derechos Humanos en Papua. Hace siete años era un estudiante apenas interesado en los DDHHH, pero en diciembre de 2000, un puesto de policía en Abepura, donde él vive, fue atacado por un grupo desconocido. Un policía fue asesinado y otros dos fueron heridos, la fuerza policial reaccionó rápidamente, deteniendo y según algunos testimonios, torturando a cientos de estudiantes. El propio Peneas fue detenido durante dos noches y un pariente cercano fue asesinado. Desde ese momento él ha trabajado a tiempo

completo para apoyar a los sobrevivientes de abusos de derechos humanos en Papúa. Cuando se le pregunta por qué sigue trabajando con tanta fuerza por la justicia, Peneas dice simplemente que él sigue esta “una llamada” pero también tiene claro que todavía sufre los efectos de su detención ilegal y la pérdida de su pariente. Él admite que a veces se siente asustado e intimidado por las fuerzas de seguridad pero comenta que el acompañamiento de PBI le ha ayudado a sentirse más seguro y que ha ganado la confianza de saber que él tiene un eslabón dentro de una organización internacional. Peneas trabaja a tiempo completo con PBHI, una organización acompañada por PBI desde 2005, y ha desarrollado una red de apoyo de sobreviviente que reconcilia a los sobrevivientes de los diferentes casos de abuso de Derechos Humanos en Papúa. En diciembre de 2007, Peneas se organizó junto con otros grupos de Derechos Humanos y de sobrevivientes para conmemorar lo que ahora se conoce como “caso Abepura”, y para seguir la búsqueda de justicia poniendo flores en el cementerio local y presionando junto al edificio del Parlamento local. El acontecimiento fue muy seguido por la prensa, incluso por el diario más grande de Papúa, y se citó a Peneas en numerosas ocasiones.

Peneas, defensor de DDHH Indonesio. Foto PBI.

Peneas ha recibido amenazas mediante mensajes en su móvil y ha sufrido seguimientos muchas veces, pero cuando se le pregunta si piensa que fue muy valiente al organizar aquellas acciones, Peneas evita la pregunta hablando de las víctimas de los fallos de la justicia. Cuando se insiste en este aspecto, sin embargo, acaba admitiendo que está muy contento de haber hecho aquellas cosas que nunca se imaginó que sería capaz de hacer, como la acción de dirigirse a la prensa, los militares y la policía, así como realizando una gira por Europa.

Este viaje del que habla fue organizado y financiado por varias organizaciones, incluyendo PBI y Peneas se sorprendió de que gracias a la organización de diferentes grupos de país de PBI, él fuera capaz de entrevistarse con miembros del Parlamento Europeo y representantes de Naciones Unidas. “Hubiera sido imposible encontrar a esta gente importante en Papúa”. Peneas permanece en contacto con alguna gente a la que contactó durante el viaje y pone el acento en la importancia de saber que la red de PBI a nivel internacional existe. Cuando él habla puede parecer tímido, pero cuando se escuchan sus testimonios, se advierte una fuerza impresionante. Cuando se le pregunta acerca de qué le ayudaría en su trabajo con sobrevivientes, Peneas no vacila en decir que la comunidad internacional debería animar el gobierno indonesio a utilizar algún proceso legal para alcanzar la justicia para los abusos de Derechos Humanos. Él es también consciente de que los propios grupos de sobrevivientes tienen que trabajar mucho para encontrar fondos que apoyen a las víctimas de la ineficacia de la justicia y equiparse con las habilidades que necesiten para investigar y hacer públicos los abusos de Derechos Humanos. Peneas comenta que ha sido un largo viaje desde que se implicó en el tema de los Derechos Humanos. Se ha enfrentado con muchas decepciones, como la ineficacia evidente de los tribunales de Derechos Humanos indonesios, pero él es optimista y cree que muchos sobrevivientes, tarde o temprano, alcanzarán la justicia. Cuando esto se haga realidad, al menos en parte, será debido al trabajo y el compromiso de gente como Peneas, organizaciones como PBHI y el apoyo que ellos consiguen de la comunidad internacional y organizaciones como PBI.

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Estado Español PBI Cantabria 31 de enero: Visita de Claudia MüllerHoff (Coordinadora de PBI Colombia) a Santander

sonas de los diferentes grupos de PBI en Alemania, Holanda, España, Suiza, Reino Unido y Noruega así como la participación de personas de los proyectos de Guatemala y Colombia.

El grupo de Cantabria acudió, el 19 de Marzo, al Festival Intercultural que se llevó a cabo en Laredo, organizado por la Comunidad Educativa de Laredo y otras asociaciones de la misma localidad. El 1 de junio de 2007, Rosa Mª García, dio una charla en León titulada “Población civil en conflictos armados: PBI, una experiencia de protección”. El 6 de julio de 2007, dos miembros de PBI Cantabria impartieron una clase dentro del Curso de Verano de la Universidad de Cantabria, Educación para el desarrollo: apuesta para la ciudadanía global (formación del profesorado), titulada: “Educación en Derechos Humanos: una asignatura pendiente.” Encuentro Europeo de PBI en Las Fraguas: Del 28 al 30 de septiembre tuvo lugar en Las Fraguas el encuentro anual de los grupos de PBI en Europa. Se contó con la participación de unas 30 per-

José Félix García Calleja. Foto PBI. A la Memoria de José Félix García Calleja, Director de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria, fallecido en accidente de tráfico el 10 de noviembre de 2007.

Encuentro europeo de PBI en Las Fraguas (Cantabria). Foto: PBI

Extremadura El 29 de agosto fue convocada una charla sobre PBI a través del Foro Social de Cáceres (Otro Cáceres es Posible, www.otrocaceres.org,).

M u r c i a El jueves 8 de noviembre, en la sede de Cepaim (Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes) en Murcia, se desarrolló el 21º Jueves Orillero cuya temática central fue la Violencia y la No-violencia. Una persona que forma parte de PBI, dio una pequeña charla sobre el trabajo de Brigadas Internacionales de Paz, apoyada por la exposición que conmemora el 25 Aniversario de dicha organización.

PBI Vitoria

“hay quien piensa que el mundo está tan roto, tan dolorido, tan cansado... que es tarde para la esperanza, que nada indica que haya de llegar algo nuevo.

Se recibió la visita de Claudia Müller-Hoff, en su gira de contactos políticos y de financiación.

Que no hay alegría en ciernes, y sin embargo, Es tarde… Es tarde…

Los grupos de PBI en Cantabria, Navarra y Vitoria asistieron a la conmemoración de la masacré del 21 de febrero de 2005 en San José de Apartadó, Colombia, en un acto que consistió en la presentación del video “La historia que guarda la memoria” y posterior charla-debate.

Pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer futuro. Es tarde pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde pero es madrugada si insistimos un poco.” PEDRO CASALDÁLIGA

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ESTADO ESPAÑOL P B I

M a d r i d

En mayo hubo una reunión con Carlos Albacete y Piedad Espinosa, de la organización Ecologista guatemalteca Trópico Verde. Sufrieron un grave atentado contra su vida en enero de 2007 y desde entonces permanecen fuera de Guatemala. También hubo un encuentro con Elena Valenciano, Secretaria de Política Internacional del PSOE al que asistieron Montse García, Coordinadora del Proyecto de Guatemala de PBI y Mónica Costa de Amnistía Internacional.

Buscando mayor protección para los defensores y defensoras de derechos Humanos: Un exitoso trabajo de incidencia con el Congreso de los Diputados Desde hace más de un año, PBI viene trabajando conjuntamente con la Oficina Europea de PBI (BEO) y Amnistía Internacional (AI), sección española, para la aprobación en el Congreso de los Diputados de una Proposición No de Ley sobre defensores y defensoras de derechos humanos. En junio, la Proposición fue aprobada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios, lo cual nos parece un éxito pero al que hay que dar continuidad. Esperamos poder realizar a lo largo del 2008 unas Jornadas sobre Defensores y Defensoras de derechos humanos una vez conformado el nuevo Congreso con la participación de varios defensores/as de derechos humanos. Encuentro de formación de PBI en Madrid: Del 27 al 29 de octubre, celebramos en Madrid un encuentro de formación con un amplio abanico de personas interesadas: actuales voluntarios de los distintos grupos locales de PBI en España, ex voluntarios de los diferentes proyectos de PBI y personas interesadas o en proceso de formación para formar parte de los equipos en el terreno.

Reuniones con el Ministerio de Asuntos Exteriores y

Encuentro de formación en Madrid. Foto: PBI

Cooperación (MAEC)- Oficina de Derechos Humanos (ODH): El 9 de marzo hubo una reunión junto con otras organizaciones de Derechos Humanos, para que la Oficina de Derechos Humanos nos informara de los puntos que España llevaría o impulsaría en la reunión del Consejo de DDHH. También se informó de la visita de Silvia Escobar, Embajadora española de DDHH, a Colombia. El 23 de marzo, asistimos al acto de presentación del nuevo instrumento financiero de la Comisión Europea para la promoción de la democracia y los derechos humanos (IEDDH). También en marzo se asistió al Encuentro en la Casa de América: “Actualidad de los Derechos Humanos en Guatemala”. En agosto, dos miembros de PBI Madrid se reunieron con Fernando FernándezArias, director de la Oficina de Derechos Humanos, aprovechando que una de estas personas, Marisa Ferreras, acababa de regresar del equipo de PBI Colombia. En ese momento, el motivo de la reunión fue la preocupación por el asesinato de un líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, hecho que provocó la activación de la Red de Apoyo del proyecto de Colombia.

El 11 de septiembre, la ODH convocó a varias organizaciones, entre ellas PBI, a una reunión informativa sobre la VI sesión del Consejo de Derechos Humanos (CoDH) y la 62 Asamblea General de NNUU (AGNU). A raíz de la activación de la Red de Apoyo del Proyecto de México en noviembre, con motivo de las amenazas a los miembros del Comité Cerezo, Montse García Blas y Susana Nistal (miembro del Proyecto de México), se reunieron con Fernando FernándezArias, Director de la ODH, y el nuevo Subdirector para Centroamérica, México y Caribe del MAEC, Jorge Romeo González-Barros.

Otras reuniones Claudia Müller-Hoff, Coordinadora del Proyecto de Colombia, a su paso por Madrid se reunió con Percival Manglano, (Director de Cooperación al Desarrollo de la Consejería de Inmigración, Comunidad de Madrid), Juan Ignacio Montanos, (responsable del programa de protección temporal de Amnistía Internacional) y con César Julio Carrillo, (encargado del programa de DDHH de la Fundación Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras) y Juan Klet.

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ESTADO ESPAÑOL

Los días 13 y 14 de marzo tuvieron lugar las II Jornadas del grupo universitario de Amnistía Internacional de Valladolid, “Hilvanando esperanzas, experiencias en la Defensa de los DDHH”.

Encuentro de formación de PBI Guatemala. Foto PBI.

P B I

C a s t i l l a

Burgos ACTIVIDADES REALIZADAS POR PBI BURGOS DENTRO DEL MARCO ACCIÓN DE LA PLATAFORMA DE APOYO A SAN JOSÉ DE APARTADÓ En noviembre de 2005, un grupo de asociaciones burgalesas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, forman la “Plataforma de Burgos de Apoyo a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”. Esta plataforma, integrada por Fundación Paz y Solidaridad de CC.OO., Entrepueblos, Justicia y Paz, Iniciativa Solidaria Internacionalista, Amnistía Internacional y Brigadas Internacionales de Paz, estos últimos como miembros observadores debido a su mandato, ha profundizado, con el concurso del Ayuntamiento, en los objetivos de este convenio y ha implicado a otros agentes y colectivos sociales. ACTIVIDADES EN 2007 Participación de dos concejales del Ayuntamiento de Burgos en la Delegación Internacional a SJA (Gemma Conde y Luis Escribano). La misión se realizó entre el 17 y el 31 de Marzo.

L e ó n

dad con los presos políticos (CSPP) de Colombia. 23 de Junio, sábado: Taller de Jóvenes solidarios de AMYCOS. 14 de octubre domingo: Artículo en Diario de Burgos: Brigadistas armados de voz y presencia. Tras 2 años de estancia en Colombia acompañando con Brigadas Internacionales de Paz a organizaciones, personas y comunidades amenazadas, el brigadista Joaquín Sánchez es entrevistado en el Diario de Burgos. 26 noviembre 2007 lunes: Mesa redonda: Scout inmersos en el mundo.

CUATRO ENCUENTROS DE FORMACIÓN DE PBI COLOMBIA Y PBI GUATEMALA EN VALLADOLID Colombia: A lo largo del 2007 ha habido tres encuentros de formación en Las Cortas de Blas, en febrero, mayo y septiembre. Hubo 29 personas candidatas, procedentes de Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Italia, Francia, Holanda y Suecia. Guatemala: Del 4 al 11 de noviembre hubo un encuentro de formación donde participaron 4 voluntarios de Gran Bretaña, Alemania y España. Maripaz Gallardo de la Torre, vallisoletana que ha formado parte de los equipos de Colombia, México y actualmente Guatemala, en un descanso de su trabajo en este último proyecto, aprovechó su paso por Valladolid para reunirse con Rosa I. Hernández del Campo, Concejala Delegada General de Bienestar Social, Empleo y Familia del Ayuntamiento de Valladolid.

Valladolid Palencia Durante los meses de febrero y marzo de este año, se realizaron 10 charlas en el IES 0 Ferrari de Valladolid con alumnos de secundaria y bachillerato.

En marzo fue aprobada por unanimidad en el ayuntamien to de Palencia una

moción sobre zonas humanitarias en el estado colombiano.

Publicación de San José de Apartadó: Se publica con financiación del Ayuntamiento de Burgos un monográfico denominado “San José de Aparatadó. Caminos de Resistencia No Violenta. Colombia”. 21 de septiembre de 2007: Visita de Gildardo Tuberquia y Noelia Tuberquia.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR PBI BURGOS EN EL 2007 25 de enero: charla de Franklin Castañeda, abogado del Comité de Solidari-

De Dcha a Izq: Juan Carlos Aparicio (Alcalde de Burgos), Gemma Conde (Concejala PP), Gildardo y Noelia Tuberquia (Representantes de la Comunidad de Paz), Virginia Mazuela (PBI).

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PBI Cataluña A su paso por Cataluña, Claudia MüllerHoff, Coordinadora del Proyecto de Colombia, mantuvo diversas reuniones con instituciones. En febrero, participación en el Seminario Internacional “Verdad, justicia y reparación frente a la impunidad de los crímenes de estado”. El día 20 se inauguró en Sant Adrià del Besòs la exposición de los “25 años de Brigadas Internacionales de Paz. Se pudo ver también esta misma exposición durante los meses de marzo, abril y mayo en el IES “Fòrum 2004”, IES “Manuel Vázquez Montalbán” y Colegio “Sant Gabriel” de Sant Adrià de Besòs. Del 3 al 5 de mayo, PBI Cataluña asistió a las V Jornadas de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colombia. El 9 de mayo se presentó la Exposición “25 años de PBI” y hubo charlas en el Cole-

PBI Navarra En enero se realizaron las jornadas sobre Colombia en las cuales participamos desde hace siete años y que este año por

Grupo de trabajo en el encuentro de Oviedo. Foto PBI gio Sant Gabriel (Sant Adrià de Besós, Barcelona). El 26 de mayo, varios miembros del grupo asistieron a la Maratón artística por Colombia organizada por el grupo de solidaridad Maloka. Tres miembros de PBI Cataluña participaron, del 22 al 24 de junio en Oviedo, del III Encuentro “Territorio y Vida” con

problemas de agenda se han tenido que realizar en enero de 2007 en vez de a final del 2006. Claudia Müller- Hoff, coordinadora del Proyecto de Colombia, a su paso por

los temas “Agro-combustibles, Explotación Minera, Mercantilización Territorial y Memoria Colectiva”. Del 3 al 5 de agosto, se asistió al encuentro sobre Educación para la Paz realizado en Alemania y organizado por PBI. A este encuentro asistieron personas implicadas en el trabajo de educación de los grupos de PBI de Alemania, Suiza y España.

Navarra se entrevistó con varias ONGs e instituciones. El 14 y 15 de noviembre se celebraron las jornadas del 2007, con el título “La mujer colombiana ante el conflicto”.

Activaciones de la Red de Apoyo por México y Colombia El proyecto de Colombia activó su Red de Apoyo en julio ante la honda preocupación por la seguridad de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a raíz del asesinato de su líder DAIRO TORRES ocurrida el 13 de Julio.

En noviembre, hubo una nueva activación, esta vez por la preocupación por la seguridad de las y los defensores en Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio, a raíz del altamente inquietante caso de la violenta agresión en contra de Yolanda Becerra Vega, Directora de la Organización Femenina Popular (OFP).

PBI México, ante la situación de amenazas recibidas por los miembros del Comité Cerezo a lo largo del 2007, decidió en noviembre de 2007 activar la red de apoyo internacional para este acompañamiento.

Financiación obtenida en las convocatorias públicas del año 2007 PBI Colombia:

PBI México:

PBI Guatemala:

PBI EE:

Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECI): 150.000 euros. Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Cataluña (ACCD): 60.000 euros. Ayto. Pamplona: 22.500 euros.

Ayuntamiento de Santander: 26.500 euros. Ayuntamiento de Valladolid: 21.410 euros.

Ayuntamiento de Camargo: 7.500 euros. AECI: 30.200 euros. ACCD: 20.000 euros

Gobierno de Cantabria: Material de educación: 7.613 euros. Gobierno Cantabria: Apoyo a Oficina: 3.000 euros.

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