REGISTRO SEPOMEX: PP09-02001
UNA PUBLICACIÓN DE
VIERNES 26 DE NOVIEMBRE 2021 • AÑO 5 • NÚMERO 2586
LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA, QUE SE DARÁ EN 5 DÍAS, TENDRÁ VIGENCIA DE UN AÑO GOBIERNO FEDERAL ASEGURA QUE SE ACABARÁ LA TRAMITOLOGÍA Y SE ENTREGARÁN LAS OBRAS EN TIEMPO EL INAI ANALIZA SI SE CUMPLE CON LOS ARTÍCULOS 6 Y 113 RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
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OBRAS PÚBLICAS Y LA ESTRATEGIA PARA NO FRENARLAS R
ecientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México. “Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y los que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”. Bajo este criterio, los proyectos que realiza el gobierno federal como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre otras obras públicas contempladas en el presupuesto de egresos, son considerados de interés público y de seguridad nacional; con lo cual se garantiza que no puedan ser frenados. Asimismo, al ser considerados de seguridad nacional, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información relacionada con el desarrollo de estos y otros proyectos que lleve a cabo el gobierno, podrá limitarse a proporcionar información sobre los contratos y licitaciones que se realicen, así como detalles de los procesos
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se reservarán la información relacionada con los proyectos y obras que realice el gobierno LAURA HERNÁNDEZ VILLEGAS
de revisión ambiental, responsabilidad y viabilidad que se requieran para llevarlos a cabo, ya que de hacerlo se estaría poniendo en riesgo la seguridad nacional. “Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial”. De este modo, el decreto presidencial ha generado gran controversia y ha sido calificado como violatorio de la Constitución Política, y de atentar contra la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas; por lo que diversos organismos se han pronunciado en contra del mismo.
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A PÚBLIC
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dad, la estabilidad y permanencia del Estado que conlleven a proteger al país frente a riesgos y amenazas; preservar la soberanía e independencia nacional y la defensa del territorio; mantener el orden constitucional y la unidad de la federación; fortalecer las instituciones democráticas de gobierno; así como preservar el régimen democrático fundado en el desarrollo social, económico y político. De este modo, las acciones y políticas para preservar la seguridad nacional se rigen por los principios de legalidad, responsabilidad, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación, respeto a los derechos humanos, así como a sus garantías. FUNDAMENTOS DEL DECRETO Cabe mencionar que el presidente López Obrador emitió este decreto bajo el amparo de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el 26 que establece que el estado debe contar con “un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”. En este contexto, el mandatario ha argumentado que el país necesita infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas en diversos sectores prioritarios y estratégicos que contribuyen al crecimiento y a la seguridad nacional del país; además, ha señalado que este acuerdo permitirá agilizar los trámites para llevar a cabo los proyectos y obras públicas, y que no evade la rendición de cuentas por parte del Gobierno Federal. De igual forma, destaca que el desarrollo y crecimiento de la infraestructura a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, es de interés público y de seguridad nacional, ya que se traducen en un beneficio para todos los mexicanos. En este contexto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), señaló que el acuerdo es violatorio del artículo 6 de la Constitución en referencia a que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna; y del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que preparará una controversia constitucional en contra de dicho acuerdo, a fin de evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se reserven la información relacionada con los proyectos y obras que lleve a cabo el gobierno, por ser consideradas de seguridad nacional. Pero, técnicamente ¿qué es la seguridad nacional? De acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el Plan Nacional de Desarrollo, la Seguridad Nacional es “la condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacional, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera”. En tanto que la Ley de Seguridad Nacional la define como las acciones enfocadas en mantener la integri
OTORGAR PERMISOS O LICENCIAS De igual manera; en el decreto se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que otorguen autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar dichos proyectos, a fin de garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados. Además, establece un plazo máximo de cinco días a partir de la presentación de la solicitud correspondiente, para que las dependencias y entidades den la autorización provisional al proyecto en cuestión. Después de transcurrido dicho plazo en el que no se haya emitido una autorización provisional, se considerará resuelta en sentido positivo de quienes llevan a cabo la obra o proyecto. Finalmente, señala que la autorización provisional tendrá una vigencia de un año, contados a partir de su emisión, y durante este tiempo se deberá obtener la autorización definitiva conforme a las disposiciones aplicables.
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Los costos de las obras cumbre de
INFRAESTRUCTURA Empleos que se generarán rondarán los 800 mil durante el periodo de construcción ROSA MARÍA VERJÁN
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i bien este tipo de obras tanto previo a su inauguración y formal inicio de operaciones generan una cifra importante de empleos en la etapa de construcción y mejor aún, la derrama económica una vez que estén puestas en marcha beneficiarán la economía del país, el decreto pondría en jaque, de acuerdo con organismos empresariales y diversas fracciones políticas, la realización de análisis profundos que pudieran mostrar la viabilidad de obras como las que a continuación se describen.
AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES • Será inaugurado el 21 de marzo de 2022 • El precio presupuestado es de 84 mil 956 millones 62 mil 639 pesos. • Ha generado 107 mil 727 empleos directos • Tiene un avance por arriba del 60% • Brindará servicio a 19 millones 461 mil pasajeros • Contará con tres pistas y se espera que en 30 años atenderá a 84 millones 461 mil usuarios y tendrá una pista más
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6 TREN MAYA • Recorrerá una distancia de 1,500 km aproximadamente • Con la construcción se generarán aproximadamente medio millón de empleos durante la obra. • Inversión total inicial estimada de 139 mil 100 mdp, recientemente se elevó a 180 mil mdp. • Se estima que el Tren Maya será utilizado por 43 mil 680 pasajeros diarios en 2023. • Además de pasajeros funcionará como transporte de carga, iniciará con una demanda de 2.4 millones de toneladas por año. • Se espera pueda transportar 10 millones de toneladas de carga. • El nuevo servicio del Tren aumentará la estancia de los turistas en la región, generando 8% más noches turista en la zona en su primer año y 17.5% para 2030. • La Ruta Tramo 1: Palenque – Escárcega Tramo 2: Escárcega – Calkiní (rodeando a la ciudad de Campeche) Tramo 3: Calkiní – Izamal Tramo 4: Izamal – Cancún Tramo 5 Norte: Cancún – Playa del Carmen Tramo 5 Sur: Playa del Carmen – Tulum Tramo 6: Tulum – Bacalar Tramo 7: Bacalar – Escárcega
REFINERÍA DOS BOCAS • Pemex informó que la refinería de Tabasco procesará hidrocarburos hasta el 2023. • Costará 8 mil 900 mdd, de acuerdo con el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. • Pemex ha desembolzado 933 mdd. • Pretende procesar 340 mil barriles diarios de crudo. • Las empresas contratistas que continúan con la obra son Samsung, ICA Flúor y Technip • La refinería estará en un terreno de 566 hectáreas.
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¿INCONSTITUCIONALIDAD O INTERESES POLÍTICOS? E
l gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado desde sus inicios, sus propuestas y decisiones incomodan a unos y son favorables para otros, aunque lo verdaderamente importante es que los ciudadanos seamos los principales beneficiados. Las críticas se han agudizado en días recientes, luego de que el mandatario anunciara su decreto para considerar de interés público y de seguridad nacional las obras de infraestructura promovidas en su administración, como los ya conocidos Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Ante el hecho, los diputados de la alianza Va por México, que conforma el PAN, PRI y PRD, anunciaron la presentación de una controversia cons-
Legisladores prometen echar abajo el decreto del gobierno federal porque, aseguran, viola leyes constitucionales VIRIDIANA VEGA VÉLEZ
titucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que es ilegal y atenta contra el derecho a la información. DECRETAZO VIOLA ACCESO A LA INFORMACIÓN El coordinador panista, Jorge Romero, señaló que el “decretazo” va contra el artículo 6 de la Constitución, que establece el derecho a todos los mexicanos de tener el libre acceso a la información, por lo que es
un atentado absoluto a los derechos humanos, como el acceso a la transparencia y a la información pública, además de que representa una invasión de esferas. “Se quiere cancelar el derecho de todos los mexicanos a conocer el destino de los recursos públicos”, expresó. De hecho, dieron inicio a la recopilación de firmas para que al lograr el tercio de la Cámara de Diputados y de acuerdo al artículo 105 constitucional puedan oponerse a la iniciativa presidencial y así hacer uso de su poder políticto y jurídico, agregó el legislador panista. El líder del PRI, Rubén Moreira, manifestó su inconformidad ante la falta de una explicación de parte del gobierno federal de por qué se tomó esa decisión y dijo estar preocupado por la constitucionalidad del acuerdo.
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9 Además de que, dijo, esas obras de infraestructura son importantes y no representan un riesgo para el futuro del Estado mexicano, que es la característica de una declaratoria de seguridad nacional, por lo que, reiteró, en este caso no se cumple. ACCIÓN AUTORITARIA Por su parte, el representante de los legisladores del PRD, Luis Espinosa Cházaro, expresó el desacuerdo en el que coinciden los tres institutos políticos al ser una más de las acciones autoritarias de este gobierno. También expresó su preocupación de que se utilice el término seguridad nacional para blindar las obras que decidió realizar el mandatario, porque requieren de una autorización que garantice que pueden ser o no benéficas. En el Congreso se planteó que, si un diputado o un grupo parlamentario decide interponer una demanda de controversia constitucional, presentará una solicitud escrita a priori ante la Junta de Coordinación Política, esta a su vez pedirá a la Mesa Directiva que, en un plazo no mayor a cinco días, el área jurídica de la Cámara emita una resolución técnica sobre los argumentos para que proceda o no. ¿Y EN EL SENADO? Los senadores del Grupo Plural, que se conforma de cinco legisladores, señalaron al respecto del decreto que no está sustentado en la legalidad y que representa una gran confusión a través del uso de una lógica engañosa y tramposa entre los términos de desarrollo económico y social con el de seguridad nacional. Para el senador Emilio Álvarez Icaza, la iniciativa es un indicio de que
el país podría estar a punto del quebranto constitucional, aunado a la declaración del secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, que llama a sumarse a un proyecto político. El dirigente del PAN, Marko Cortés, dijo que agotarían todos los recursos legales para echar abajo la decisión presidencial, por lo que acordaría con Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD, para definir si la acción de inconstitucionalidad se presentará ante la Corte de manera conjunta, en coordinación con la sociedad civil, o por ambos medios. A FAVOR DEL DECRETO El presidente Andrés Manuel López Obrador defiende su decisión al argumentar que el objetivo es agilizar los trámites de los proyectos entre las dependencias correspondientes, para así concluir en tiempo los proyectos de construcción. “Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando”, expresó. También dijo que su decisión no tiene que ver con la transparencia porque su gobierno está comprometido con la rendición de cuentas, sino que de igual manera busca evitar que sus adversarios puedan detener las obras a través del recurso de amparo, lo que representaría un atraso y una perdida. Por su parte, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas se manifestó a favor del acuerdo al reiterar que la intención es agilizar la construcción de las obras federales,
para hacer valer el interés colectivo sobre el interés privado, asimismo aseguró que los proyectos respetarán las normas ambientales, legales y de transparencia. FIN A LA TRAMITOLOGÍA En el Senado, los legisladores de Morena declararon que el decreto es legal, adecuado y se realizó con la finalidad de ponerle fin a la corrupción y a la tramitología heredada por las administraciones pasadas, comentó el senador César Cravioto. Agregó que la oposición rechaza el acuerdo porque quiere impedir que el presidente cumpla sus promesas, de entregar a tiempo los proyectos de infraestructura que emprende. Los legisladores refirieron que el mandatario tiene la facultad de llevar a cabo esas decisiones, porque el objetivo es que haya un mejor funcionamiento de la administración pública federal para agilizar las obras, así como proteger la inversión pública y asegurar los bienes públicos. “De manera categórica afirmamos que este decreto de ninguna manera atenta contra la transparencia, la rendición de cuentas y tampoco viola ningún derecho de las y los mexicanos”, expresaron. Los ciudadanos más que ver un enfrentamiento político, queremos que los legisladores nos representen y eso sucederá cuando escuchen y visualicen las necesidades reales que tenemos en cada ciudad o municipio de todo el país, así como también que nos garanticen la seguridad que se agrava cada día y nos afecta de manera directa.
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SE TRASTOCA
EL ESTADO DE DERECHO
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l Decreto que señala que las obras y proyectos que impulse el Gobierno federal son asunto de interés público y seguridad nacional, ha causado cierto revuelo entre diversas esferas de la sociedad mexicana, en donde el eje rector de todas estas es que se está violando el Estado de Derecho, así como también que las mismas al no realizarse, no estarían poniendo en riesgo a la nación. Por ello, nos dimos a la tarea de mostrar algunos de los argumentos que se han expresado en contra de este Decreto. Comenzando por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Carlos Salazar Lomelín, y quien refirió que es esencial defender la legalidad y el Estado de Derecho, pues considera que este nuevo acuerdo presidencial viola distintas leyes que protegen los Derechos Humanos, así como el medio ambiente, e incluso, podría incentivar la corrupción, al evadir obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, sin dejar de lado sin dejar de lado las licitaciones y procedimientos que son necesarias en obras de tal magnitud. “El acuerdo presidencial abarca proyectos indeterminados a infraestructura de la gran mayoría de los sectores, sin tomar en cuenta que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen y, en todo caso, por decisión del poder legislativo, que representa la pluralidad democrática en México, por lo que este acuerdo pone al ejecutivo por encima de la ley”, Asimismo, explicó que la seguridad nacional se encarga de proteger a la nación, la preservación de la soberanía, el orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, entre otras, pero “no considera a las obras de infraestructura como un riesgo para la seguridad nacional”. Además, señaló que instruir a las dependencias de la administración pública federal a que otorguen una autorización provisional a las obras pone a los proyectos públicos por encima de la ley, lo que representa
Luego del quinto día que se haya solicitado autorización y esta no se ha dado, se tomará como una resolución favorable VIRIDIANA VEGA VÉLEZ ROSA MARÍA VERJÁN
una afectación en el gasto, en el desarrollo de las obras y en los derechos de las personas, las comunidades y las empresas, al pasar a una situación de indefensión. Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) asegura que se está violando la Constitución y atenta con la división de poderes porque intenta evadir disposiciones que se aprueban en el Congreso sin dejar de lado que se estaría omitiendo la participación ciudadana y los mecanismos legales de consulta. Asimismo, el organismo presidido por José Medina Mora Icaza considera que se estaría dejando de lado la libre competencia y fomenta la discrecionalidad de obras públicas, pues cabe destacar que este decreto es aplicable para obras de infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas y ferrocarriles. Otro de los aspectos que el organismo señala es el tiempo que tienen las dependencias públicas para emitir un dictamen, pues se plantea que este será de 5 días y de no recibir una respuesta en ese plazo, entonces se estaría asumiendo que el proyecto y obra tiene luz verde. “Precisamente las disposiciones legales vigentes, que se buscan evadir con el decreto, están diseñadas para proteger derechos y asegurar el correcto desarrollo de los proyectos de infraestructura.
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GOBIERNO Finalmente, la Coparmex hace un llamado al Poder Ejecutivo a que se revierta este decreto que dicen, a todas luces viola la Constitución y los Derechos Humanos de los ciudadanos. La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), que preside José Abugaber, argumenta que este decreto lo que hace es reducir la participación el sector productivo nacional. Coincide con la Coparmex de que se estaría cayendo en posibles actos de corrupción y atendiendo a intereses personales. Aunado a lo anterior, se estaría generando una señal de alerta para las inversiones que buscan arraigarse en el país, por lo que con esto, se estarían poniendo en peligro cientos de puestos de trabajo que son tan necesarios hoy en día que comienza a vislumbrarse el camino hacia la recuperación económica. “Los industriales del país pedimos un trato justo y transparente, y solicitamos que sean desterradas prácticas que violan los derechos de los mexicanos. Estas obras públicas no se deben asignar de manera directa, porque esto representaría revivir prácticas que nos hemos tardado muchos años en erradicar”. Siguiendo con esta línea, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. considera de manera expresa que este acuerdo es ilegal e inconvencionalmente, con deficiente e incorrecta fundamentación constitucional. De acuerdo a su análisis se estarían violando las siguientes disposiciones constitucionales:
INDUSTRIALES • La división de poderes en tanto que pretende imponerse indebidamente sobre las leyes emanadas del Congreso de la Unión, por ejemplo: en materia de competencia, medio ambiente, telecomunicaciones, energía, etcétera. • En materia de competencia económica en tanto que, en vez de promover la competitividad, más bien genera una competencia desleal. • En materia ambiental, particularmente el derecho humano al medio ambiente, la autorización previa en materia de impacto ambiental y disposiciones sobre el desarrollo sustentable. • En materia de debido proceso. • Así como también, en materia de consulta previa, tanto ambiental, como indígena y otros procesos sociales y agrarios.
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Otra de las posturas que se han podido leer en contra del ahora llamado ‘decretazo presidencial’ es el del Núcleo de las Organizaciones de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México (NOSC), y que refiere que se está transgrediendo el derecho humano al acceso a la información, además de la transparencia, la rendición de cuentas, la innovación y la participación ciudadana, principios que son parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, plataforma internacional que se fundó en 2011 y de la cual México es miembro activo y país fundador. El NOSC considera que con esto se está dando un paso atrás en los avances de la participación ciudadana desde el momento en el que se les estaría limitando o eliminando según sea el caso, a comunidades afectadas manifestar sus inquietudes e involucrarse directamente en el proceso de toma de decisiones de proyectos de infraestructura que se estarían realizando en sus comunidades. “Limita el derecho que tenemos como ciudadanía para obtener información, obstruyendo así la vigilancia y seguimiento puntual al actuar del gobierno, así como mantenernos informados sobre el destino de los recursos públicos utilizados en las obras de la Administración Pública Federal”. Además, refieren que “es contrario a tratados internacionales en materia de derechos humanos a los que México se ha adherido, pues li-
mita el derecho de acceso a la información, contraviene el principio de máxima publicidad y carece de fundamentos jurídicos que le den validez, ya que pretende establecer un régimen de excepción que desconoce los procedimientos administrativos y legales que son aplicables a obras y proyectos”. Finalmente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) señaló que se encuentra realizando un análisis exhaustivo sobre lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del pasado 22 de noviembre, a fin de garantizar que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados. Ya que de acuerdo con lo que se menciona en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI advierte que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden llegar a reservar, de manera general, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo. En ese sentido, se puede leer en un comunicado que las áreas especializadas del Instituto estudian los alcances del Acuerdo y, de ser necesario, exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna.
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ROJO AMANECER
Y ANOCHECER LEONOR QUIROZ CARRILLO*
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egún datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el mes de agosto, 378 mujeres fueron asesinadas, 105 por feminicidio y 273 por homicidio doloso, un promedio de 13 mujeres diariamente. Es la cifra histórica mensual más alta desde el 2015. Es crucial señalar que, considerando ese año como base, la dolorosa violencia en contra de las mujeres y niñas ha aumentado a cifras alarmantes, triplicándose los feminicidios y duplicándose la violación. Estos números tienen rostro de mujeres y niñas a las que se les cosificó, lastimó y asesinó, borrando de tajo su vida y dejando un vacío inmenso en sus familias, muchas de ellas hoy con hijas e hijos huérfanos que padecen la ausencia violenta de sus madres. VISIBILICEMOS TODO TIPO DE VIOLENCIA No podemos dejar de reconocer que el Estado y la sociedad también tienen culpa por normalizar la violencia contra las mujeres desde su infancia, en donde muchas de ellas por usos y costumbres de sus comunidades, sufren discriminación dentro de su núcleo familiar negándoles el acceso a la misma nutrición, salud y educación que sus hermanos. Como sociedad debemos sentir vergüenza y dolor desde lo más profundo de nuestras entrañas, debemos romper la indiferencia que nos está matando y ser conscien-
tes del color rojo con el que diariamente y cada vez más, se mancha el rostro y cuerpo de las niñas y mujeres en nuestro país. Nuestra sociedad machista que normaliza la violencia y un Estado negligente en la atención de esta realidad, es una amenaza constante a la mitad de la población. ES NECESARIO ALZAR LA VOZ Creamos siempre a las víctimas, enseñemos a nuestras niñas en casa a no callar y a pedir ayuda, abracemos con empatía y solidaridad a nuestras amigas violentadas, compañeras de trabajo y familia, creando para ellas un círculo de confianza y acompañamiento tal, que se sientan protegidas y con valor para denunciar a su agresor. Esa detección y acompañamiento oportuno salvará esa vida. La apatía ante este deleznable fenómeno es desnaturalizarnos como humanidad y permitir ante nuestros ojos que a las mujeres nos sigan invisibilizando, cosificando, discriminando, maltratando y eliminando de la vida que nos es interrumpida por el hombre enfermo que nos mata y por nuestra familia, el Estado y la sociedad que nos tiene en el abandono. Hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sintamos como propio el dolor del rojo amanecer y anochecer de las niñas y mujeres que sufren de violencia y las 13 que hoy, ya no estarán aquí.
* residenta de la Comisión Nacional de Ética e Integridad de Coparmex
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400 AÑOS DEL DÍA DE GRACIAS FRANCISCO SUÁREZ HERNÁNDEZ
Aunque el día de Acción de Gracias o Thanksgiving es una tradición que se celebra principalmente en Estados Unidos, en algunas ciudades fronterizas de México también ha permeado esta festividad que da lugar a tener un momento para agradecer lo que recibimos. UNA TRADICIÓN QUE PERDURA En este año 2021, la celebración de Día de Gracias cumple 400 años; se lleva a cabo el cuarto jueves de noviembre de cada año y se caracteriza por el tradicional pavo.
El origen de esta tradición, se remonta a 1621, cuando los ingleses recién llegados a Plymouth, hoy Massachusetts, y los indios Wampanoag que ahí residían se congregaron para celebrar por la cosecha y frutos que les trajo el otoño y su trabajo del año. Esa cena se considera el primer Día de Acción de Gracias de la historia. Los peregrinos ingleses organizaron la reunión para agradecer a la comunidad indígena por las técnicas y procesos de cultivo que les habían enseñado y los resultados de las mismas, así como integrar mucho en su celebración la naturaleza y agradecer lo que el medio ambiente les comparte. La razón por la que el pavo es central en la cena es debido a que en aquellos años estos eran animales salvajes cuantiosos en la región por lo que se decidió enviar a cuatro cazadores para atender a los asistentes del primer Día de Acción de Gracias. En el lado ambiental, las fiestas decembrinas sólo en EU, producen alrededor de un 25% más de desechos entre el Día de Acción de Gracias y el Día de Año Nuevo en comparación con el resto del año. Sin embargo, todos podemos hacer pequeños cambios para reducir, reutilizar y reciclar durante la temporada navideña y durante todo el año.
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CONSEJOS SOSTENIBLES PARA LA TEMPORADA DECEMBRINA • Si la temperatura te lo permite busca celebrar al aire libre y conectar con la naturaleza, esto ayudará a la salud en muchos sentidos y es una excelente medida por la pandemia. • Comprar localmente siempre tiene una huella ambiental menor, y por lo general, se cultivan en granjas más pequeñas utilizando prácticas más sostenibles; apoya los negocios locales. • Dona alimentos no perecederos a un banco de alimentos local y sé voluntario. • Utiliza platos reutilizables y servilletas de tela. Si eliges de un solo uso, asegúrate de comprar productos hechos de materiales 100% reciclados. • Reduce el desperdicio de alimentos. Se tiran toneladas de comida a la basura en esta época; que la cantidad de alimentos sea en función de los participantes en los eventos. • Reutilizar es una de las mejores partes de las comidas y cenas de la temporada. Guarda en recipientes reutilizables las sobras y planea los alimentos de los siguientes días en función de eso. • Recicla, por ejemplo, las bandejas de aluminio utilizadas para hornear el pavo. • Planea tus compras, haz un inventario de todo lo que ya tienes en casa y compra sólo lo que necesitas. No olvidemos que todavía no hemos salido por completo de la pandemia, y siempre en la temporada de invierno o de frío es tierra fértil para todo tipo virus, así que, qué mejor irnos por la segura con las recomendaciones sanitarias y hacer los últimos esfuerzos para asegurar no caer en una cuarta ola, provocar más mutaciones del virus, o darle más vida al enemigo común de los casi últimos dos años. Cerremos con un momento de gracias y de mucha más experiencia, de prácticas sostenibles, porque la gran pandemia que tenemos en la actualidad es combatir el cambio climático, y es tarea de todos.
* DIRECTOR GENERAL DE ADES PARA AMÉRICA LATINA Y EXPRESIDENTE DEL CONSEJO DEL WORLD ENVIRONMENT CENTER
VENTAS 55 5002 9470 Araceli Hernández araceli.hernandez@mundoejecutivo.com.mx 55 5002 9429 RESPONSABLE DE SUSCRIPCIONES
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