Los suscritos Diputados Federales de la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79 numeral 1 fracción II, así como su numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a su consideración la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, para que sea considerado como de urgente resolución atendiendo a las siguientes: CONSIDERACIONES El pasado 7 de diciembre de 2011 por la madrugada, cerca del poblado de Rodesia, en el camino entre Petatlán y Tecpan de Galeana, en el sur del Estado de Guerrero, un grupo de hombres armados y con uniformes militares a bordo de una camioneta detuvo un autobús de pasajeros de la línea Futura con destino a la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero. Tras interrogar a los pasajeros, obligaron a descender de la unidad a la Sra. Eva Alarcón Ortiz y al Sr. Marcial Bautista Valle, a quienes se llevaron con rumbo desconocido. Ambos formaban parte de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, A.C. (OCESP), de la cual el Sr. Bautista era presidente y la Sra. Alarcón, coordinadora. Los agraviados recientemente participaron en actividades contra la violencia y la impunidad que a nivel nacional que ha llevado a cabo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Por la forma en que se ejecutó este secuestro, de manera premeditada, selectiva, con información exacta y uso de armas de alto calibre, las organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que la desaparición está relacionada con las actividades políticas de los ofendidos. Los activistas se han dedicado la conservación de la flora y la fauna de la región. Destacan por su fortaleza para lograr el rescate del jaguar y del hábitat que lo aloja, la Sierra Madre del Sur. Han participado activamente en la discusión, acompañamiento e implementación de medidas para el respeto de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas, en especial los relacionados con la conservación y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.
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Desde hace varios años, la OCESP se ha dedicado al trabajo comunitario, la educación, la cultura, la gestión, la acción política, el cuidado, la conservación y el manejo sustentable de los bosques. Su desempeño ha encontrado reacciones arbitrarias y violentas por parte de grupos criminales dedicados a la tala ilegal y al narcotráfico, así como grupos locales de poder económico y autoridades de distintos órdenes de gobierno. Es pertinente recordar que en diciembre de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Sentencia sobre el caso Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, miembros también de la OCESP, por la que declaró al Estado mexicano responsable de violar los derechos a la libertad, a la integridad, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Cabrera y Montiel, y condenó a la nación a cumplir siete obligaciones, entre ellas, excluir la jurisdicción militar para procesar los casos de violaciones a los derechos de los civiles además de imponer el control de convencionalidad en los procesos judiciales. El 4 de agosto de 2011, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum) solicitó a las autoridades estatales otorgar medidas de protección ante las amenazas que había recibido Eva Alarcón. El 5 de diciembre reiteró dicha solicitud. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en este sexenio 27 activistas han sido asesinados y 60 han sido detenidos arbitrariamente. Cabe también mencionar que en ocho días, varios integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad han sufrido atentados además del caso de Alarcón y Bautista: han sido asesinados Nepomuceno Moreno en Sonora y Trinidad de la Cruz en Michoacán; Norma Andrade en Chihuahua atacada y gravemente herida, y la simpatizante Julia Marichal ultimada en el Distrito Federal. Por tal motivo, las organizaciones han afirmado que existe una “eliminación selectiva de activistas sociales”. Esta forma específica de violencia amenaza con aumentar la impunidad en los casos de violaciones a los derechos fundamentales e inhibir el ejercicio de los derechos políticos y la búsqueda de justicia por parte de la ciudadanía.
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Por las consideraciones antes expuestas sometemos a su consideración el siguiente: PUNTO DE ACUERDO La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: PRIMERO.- Expresa su total repudio a las acciones de violencia contra la C. Eva Alarcón Ortiz y el C. Marcial Bautista Valle, Coordinadora y Presidente respectivamente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) y ofrece a los familiares de las víctimas todas las gestiones a su alcance a fin de coadyuvar a una solución pronta, expedita y justa del caso. Asimismo se compromete a llevar a cabo las acciones legislativas necesarias para garantizar los derechos humanos, la protección de los defensores y la adopción de normas específicas para la atención a las víctimas de la violencia. Asimismo, manifiesta su preocupación por la situación de hostilidad y riesgo en la que llevan a cabo su labor las organizaciones defensoras de derechos humanos y se pronuncia por el cese inmediato de las agresiones y el hostigamiento a las víctimas, deudos y defensores. SEGUNDO.- Exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya a las instituciones de seguridad pública, inteligencia, procuración de justicia y protección al medio ambiente para que, en el marco de las atribuciones que les brindan la Constitución y las leyes, conjunten esfuerzos e intensifiquen las labores de búsqueda e investigación para presentar con vida a la C. Eva Alarcón Ortiz y al C. Marcial Bautista Valle, así como para detener a los responsables directos y a los implicados en la comisión de esta privación ilegal de la libertad y los delitos que resulten, con imparcialidad y estricto apego a derecho. TERCERO.- Demanda al Ejecutivo Federal dicte las medidas cautelares de protección específicas hacia la OCESP a fin de salvaguardar la integridad de sus miembros y la viabilidad de sus acciones.
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CUARTO.- Exhorta al Gobierno del Estado de Guerrero a que instruya a las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y protección al medio ambiente para que, en el marco del orden jurídico nacional y estatal, emprendan las acciones necesarias a fin de encontrar a la C. Eva Alarcón Ortiz y al C. Marcial Bautista en integridad física; asimismo, para que detengan a los responsables de este artero delito y los sometan a proceso judicial. QUINTO.- Considerando las graves y recientes agresiones en contra de defensores de derechos humanos, activistas y representantes campesinos e indígenas, entre otros actores sociales, se exhorta al Gobierno Federal a que implemente de manera urgente, en acuerdo con la sociedad civil, un mecanismo de medidas cautelares de protección permanente, responsable y oportuna a los ciudadanos que realizan este tipo de labor social y que están sujetos a condiciones de riesgo o sean objeto de amenazas. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los trece días del mes de diciembre de dos mil once.
ATENTAMENTE
DIP. ENRIQUE IBARRA PEDROZA
DIP. FLORENTINA ROSARIO MORALES
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