Historia de la educación en las cárceles de Brasil

Prevén la participación de los reclusos en el proceso educativo, siempre que tengan el perfil adecuado y reciban una preparación especial, sólo apoyando al profesional de la educación, asistiéndolo en el proceso educativo y no sustituyéndolo. Los documentos también recomiendan que exista un calendario unificado dentro del sistema penitenciario entre la educación formal, la educación no formal, la educación para el trabajo, incluida la educación a distancia, que permita, sin que se superpongan las acciones, la amplia participación de todos los sujetos privados de libertad. También prevén la garantía de las condiciones de acceso y permanencia en la Enseñanza Superior (graduación y posgraduación), a partir de la participación en los exámenes de los alumnos que demanden este nivel de enseñanza, respetando las normas vigentes y las características y posibilidades de los regímenes de cumplimiento de penas previstos en la Ley de Ejecución Penal (Ley 7.210/1984).

Historia de la educación en las cárceles de Brasil

Desde 1984, a través de la Ley de Ejecución Penal (Ley 7.210/1984), se prevé la implementación de acciones educativas en el ámbito penitenciario, garantizando el derecho a la educación a la población en situación de privación de libertad en el país. Teniendo en cuenta que Brasil es una República Federativa formada por la unión de 26 estados federales -divididos en 5.570 municipios- y el Distrito Federal, y que cada estado y el Distrito Federal son responsables de la implementación de políticas dentro de su territorio, la historia de la educación en los espacios penitenciarios del país es muy diversa y particular. Muchas comenzaron a través de experiencias aisladas desarrolladas de manera asistencial por personas y/o instituciones filantrópicas en unidades penitenciarias y luego comenzaron a organizarse como política pública en el territorio. La historia de la política nacional de educación para jóvenes y adultos en situación de restricción y privación de libertad en Brasil, después de décadas de diversas y ocasionales experiencias de educación en prisión y en el sistema socioeducativo en los estados de la federación, se inicia efectivamente en 2005, cuando el Ministerio de Educación, a través de su entonces recién creada Secretaría de Educación Continua,

Alfabetización y Diversidad, en colaboración con el Departamento Penitenciario Nacional del Ministerio de Justicia, asume especialmente la educación en las prisiones como una de sus directrices en los temas de diversidad e inclusión social en la política educativa. Pasan a ser realizadas en todo el territorio nacional discusiones para la implementación de una política pública nacional de educación para jóvenes y adultos privados de libertad, principalmente en el ámbito del sistema penitenciario, a través de estrategias para fortalecer la oferta de educación básica en los establecimientos penales del país, en todo el territorio nacional. La mencionada propuesta se institucionalizó a través del proyecto Educando para la Libertad30 que culminó con una serie de acciones y orientaciones, entre ellas, el fortalecimiento de las instituciones estatales responsables por la implementación de la política en los estados; la ampliación de las discusiones sobre el tema en el país, movilizando a intelectuales, gobiernos y sociedad civil hacia el tema a través de Encuentros Regionales y Seminarios Nacionales31; las inversiones en proyectos estatales permitiendo, en algunos estados, garantizar una mayor eficiencia en la implementación de sus acciones educativas con los presos (UNESCO, 2006; UNESCO; OEI; Aecid, 2009).

Con el propósito de avanzar en la consolidación de una política nacional, apuntando a la ampliación de la interlocución con las unidades de la federación y fortaleciendo el diálogo con todos los actores involucrados en la realización del derecho a la educación para jóvenes y adultos en situación de restricción y privación de libertad, entre sus principales logros, se destacan, además de las Directrices Nacionales para la Oferta Educativa para jóvenes y adultos en situación de privación de libertad en establecimientos penitenciarios (Resoluciones CNPCP Nº 3/2009 y CNE/CEEB Nº 2/2010) y la Ley Nº 12.433/2011, que prevé

30 Es el resultado de una asociación entre los Ministerios de Educación y Justicia y la representación de la UNESCO en Brasil para discutir estrategias de fortalecimiento de la oferta de educación básica en las cárceles del país (UNESCO, 2006). 31 En 2006 y 2007 se celebraron los Seminarios Nacionales sobre Educación en las Prisiones. Uno de los resultados más expresivos de estos eventos fueron las sugerencias enviadas para la creación de las "Directrices nacionales para la oferta educativa en espacios de privación de libertad". De 2011 a 2014, se celebraron otros cuatro Seminarios Nacionales sobre Educación Penitenciaria. Los actos se celebraron para presentar propuestas y negociar formas de consolidar una política nacional.

la remisión de parte del tiempo de permanencia en prisión por estudio o trabajo, la aprobación del Decreto Presidencial (n. 7.626/2011) que establece el Plan Estratégico para la educación en el ámbito del Sistema Penitenciario, incluyendo en el Plan de Acciones Articuladas vinculadas al Plan de Desarrollo Educativo, acciones específicas de apoyo a la educación en las cárceles de todo el país. El Decreto, según su artículo 1, establece "el Plan Estratégico de Educación en el Sistema Penitenciario, con el fin de ampliar y cualificar la oferta educativa en los centros penitenciarios" y "comprenderá la educación básica en su modalidad de educación de jóvenes y adultos, la educación profesional y tecnológica y la educación superior" (artículo 2). Todavía en 2011, el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria aprobó las Directrices básicas de arquitectura penitenciaria (Resolución CNPCP 09/2011), que determinan la previsión de módulos educativos, laborales, deportivos y de ocio en la construcción de nuevas unidades penitenciarias. Lamentablemente, con el cambio de gobierno por el impeachment de la presidenta Dilma, se aprobó en 2018 la Resolución CNPCP nº 2/2018, que revocó la decisión anterior, disponiendo la flexibilización de las Directrices Básicas de Arquitectura Penal. También se han implementado varios programas nacionales en el sistema penitenciario de algunos estados brasileños, entre ellos: (1) el Examen Nacional de Bachillerato, cuyo objetivo es evaluar el rendimiento de los alumnos al final de la educación básica. Inicialmente, se creó como mecanismo de selección para acceder a la educación superior, pasando, posteriormente, también ofrecer una certificación para aquellos que no terminaron la educación primaria y secundaria; (2) el Examen Nacional de Certificación de Competencias de Jóvenes y Adultos, cuyo objetivo es certificar a las personas que no tuvieron la oportunidad de completar la educación básica; (3) el Programa Brasil Alfabetizado, dirigido específicamente a la alfabetización de jóvenes, adultos y ancianos, y desarrollado en todo el territorio nacional, dando prioridad a los municipios con altas tasas de analfabetismo (4) el Programa Nacional de Inclusión Juvenil, que pretendía, además de la oportunidad de completar la educación básica, dar a los internos oportunidades de inclusión digital, cualificación profesional inicial y experiencias de participación social y ciudadanía; (5) Programa Brasil

Profesionalizado, que proporcionó fondos para la construcción de módulos educativos en las unidades penitenciarias de régimen cerrado en el país. Estos módulos también recibieron equipamiento y mobiliario para atender las necesidades pedagógicas establecidas; y (6) Programa Nacional de Acceso a la Educación Técnica y al Empleo, que tuvo como principal objetivo ampliar, internalizar y democratizar la oferta de cursos de Educación Profesional y Tecnológica. El tema también se ha convertido en el centro de importantes debates nacionales, como los celebrados en las Conferencias Nacionales de Educación Básica (2008) y de Educación (2010 y 2014) y el Plan Nacional de Educación (2014-2024). A partir de entonces, especialmente después de la institución del Plan Estratégico de Educación en el Sistema Penitenciario y de la aprobación en los respectivos estados de la federación de sus Planes Estatales de Educación en las Prisiones, se esperaba que los estados, a través de sus secretarías estatales de educación, asumieran la política de educación para jóvenes y adultos en situación de privación de libertad como una política pública de educación en su sistema educativo. Según la última encuesta nacional sobre la situación penitenciaria brasileña publicada por el Departamento Penitenciario Nacional del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en 2016 (Brasil, 2017), en lo que respecta a la educación de los presos, el 51,3% tenía educación primaria incompleta, el 14,9% educación secundaria incompleta, el 13,1% educación primaria completa, el 9,6% educación secundaria completa, el 0,9% educación superior incompleta y el 0,6% educación superior completa. Sólo el 3,4% afirmaron ser analfabeto y el 5,8% sólo sabe leer y escribir. Sobre el acceso a la educación en el sistema penitenciario, el documento destaca que sólo el 10,5% de la población penitenciaria del país participa en algún tipo de actividad educativa, entre las de educación escolar y las complementarias (19,8% en actividades de alfabetización, 53,9% en actividades de educación primaria, 24,8% de bachillerato, 0,8% de educación superior y 7,4% en actividades de formación profesional). Los pocos avances que se evidencian en la historia de la política nacional de educación en las cárceles están en la implementación de la educación básica. Son raras las experiencias de educación superior implementadas en las cárceles del país. La presencia de instituciones de enseñanza superior en las prisiones suele limitarse a proyectos de