Historia de la educación en las cárceles de Chile

profesional ofrecidos por la unidad penal, siempre que ello redunde en un aprendizaje para su vida en libertad; la participación en terapias clínicas, con el fin de superar las dependencias a las drogas, al alcohol, entre otras, según corresponda a su caso; así como la demostración de espíritu participativo y responsabilidad. Está previsto en la legislación chilena la asistencia al egresado penitenciario promoviendo la asistencia laboral, social, educativa y cultural a través de Programas de Apoyo Postpenitenciario y Programas de Reinserción Laboral, desarrollados en los Centros de Apoyo a la Integración Social a lo largo del país. La educación implementada en las cárceles chilenas sigue los planes y programas previstos en la modalidad de educación de jóvenes y adultos y están regulados a través del Decreto Supremo 257/2009 (Marco curricular para la educación de jóvenes y adultos) y los Decretos Exentos de Educación 584/2007 (Aprueba plan y programas de formación profesional para la educación básica de adultos), 999/2007 (Aprueba plan y programas de estudios para la educación básica de adultos), 2169/2007 (Reglamento de evaluación y promoción escolar para la educación básica y media de adultos). Según la Ley General de Educación de Chile (Ley 20.370/2009), los establecimientos educativos constituyen comunidades educativas, entendidas como grupos de personas que comparten el objetivo de contribuir al aprendizaje de sus alumnos. Este objetivo común se expresa en el Proyecto Educativo Institucional y en sus normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno, instrumentos estratégicos que deben garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados por la ley. En este sentido, se considera un instrumento estratégico de planificación y gestión pedagógica que orienta la gestión institucional, presentando su propuesta educativa y especificando los medios que se implementarán para su realización.

Historia de la educación en las cárceles de Chile

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia firmaron un convenio de cooperación técnica en 1978 (Decreto Supremo de Educación Nº 298/1978) para implementar una política nacional de

educación en las cárceles de Chile. A partir de ese momento, a través de una acción interministerial, se ha implementado una política educativa para jóvenes y adultos en las cárceles con planes y programas de estudio de educación básica y media para los sujetos privados de libertad. Dicho acuerdo fue revisado en 2013 a través del Decreto de Educación Exenta N° 1447/2013, manteniendo la implementación de la política de manera interministerial. Entre 1980 y 1986, el Ministerio de Educación transfirió sus establecimientos educativos a los municipios, incluidas las escuelas y los liceos ubicados en las cárceles, manteniendo las disposiciones del acuerdo.

La política educativa llevada a cabo en el ámbito penitenciario en Chile es responsabilidad principalmente de los municipios y, en algunos casos, de instituciones privadas. Participan, además de los ministerios y organismos de la administración del Estado, los departamentos de educación, las instituciones del sector judicial, el Ministerio de Justicia, sus Secretarías Regionales Ministeriales y Gendarmería de Chile, a través de equipos regionales, con propuestas educativas relacionadas con proyectos regionales. Las escuelas de educación básica o los institutos administrados por los municipios, el Estado tiene la responsabilidad económica y los subvenciona a través de la educación de jóvenes y adultos. En el caso de las experiencias privadas, se subvencionan a través de un convenio realizado con la Gendarmería de Chile. En cada prisión hay un área técnica que tiene como objetivo apoyar el proceso de reinserción social de los presos. A través de ella, los internos obtienen información sobre la posibilidad de acceso y asistencia a las Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos de Enseñanza Superior, asesorando y apoyando la elaboración y preparación de las pruebas de selección universitaria y las solicitudes de becas y otros beneficios otorgados por las instituciones. En todas las unidades penitenciarias existe la figura del Coordinador Educativo de Gendarmería, que consiste en un profesional responsable de la coordinación de actividades entre la unidad penal y los colegios.

La educación implementada en las cárceles chilenas sigue los planes y programas educativos del Ministerio de Educación para la

educación de jóvenes y adultos, preferentemente orientados a la formación técnica y profesional. Según lo establecido en el acuerdo interministerial, los profesores que trabajan en las escuelas y liceos penitenciarios deben tener formación técnica y experiencia en el trabajo con poblaciones en riesgo social, principalmente con experiencia en educación de jóvenes y adultos.

Desde el año 2001 hasta el 2010, retomándose luego en el 2014, la Coordinación Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, en alianza con el Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile, implementó el programa "Educación para la Libertad", consistente en acciones para contribuir a mejorar la calidad de los procesos educativos implementados en los centros educativos de las cárceles. Para realizar un trabajo más consistente por regiones, el Ministerio de Educación organizó estratégicamente los colegios por "Microcentros", principalmente para el desarrollo de proyectos educativos, reuniendo territorialmente a profesionales de Gendarmería, profesores y profesionales que trabajan en colegios ubicados en cárceles. En 2019 hubo 36 Microcentros distribuidos por todo el país. El proyecto de Microcentros tiene los siguientes objetivos: promover la coordinación, integración y el trabajo cooperativo entre docentes y profesionales de Gendarmería; posibilitar el trabajo participativo, con intercambio de experiencias entre los distintos profesionales, compartiendo temas sobre las actividades educativas y el trabajo de reinserción social que se promueven en las unidades penitenciarias; contribuir al mejoramiento de los vínculos entre la unidad educativa y la unidad penitenciaria, promoviendo la integración de las experiencias y visiones de los distintos profesionales en temas de aprendizaje y reinserción social de los alumnos. La Coordinación Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos proporciona recursos técnicos, pedagógicos, financieros y administrativos para las reuniones mensuales de los miembros de cada Microcentro. También promueve encuentros regionales y nacionales entre los Microcentros. A través de este programa, se han elaborado materiales didácticos especialmente dirigidos a los alumnos de las cárceles, en los que se abordan, con énfasis en los valores, temas relacionados con su