Análisis de las experiencias educativas

ámbito penitenciario. El tema es responsabilidad de los Coordinadores Nacionales de Educación para Jóvenes y Adultos de los Ministerios de Educación. En el caso chileno, la Gendarmería de Chile, organismo encargado de la ejecución penal, sigue teniendo un papel destacado en la aplicación de la política educativa nacional. En Uruguay, en particular, la política está más descentralizada, implementándose de forma articulada entre el Ministerio de Educación, la Administración Nacional de Educación Pública y el Instituto Nacional de Rehabilitación, generando una mayor fragmentación en la implementación de los programas y proyectos educativos.

Análisis de las experiencias educativas

En el análisis de la política nacional de ejecución penal es fundamental que entendamos que cada unidad penal del sistema penitenciario es un territorio con sus tensiones, límites y fronteras. Es un "espacio definido y delimitado por y desde las relaciones de poder" (SOUZA, 1995, p 78 y 79). En este sentido, si bien contamos con normativas nacionales y regionales para la implementación de la política educativa, en la práctica, en cada unidad penal la propuesta educativa seguirá estrategias particulares establecidas territorialmente para su desarrollo. Es imposible visualizar una fotografía homogénea de la política educativa nacional aplicada en los países investigados. Es fundamental considerar en el análisis, la diversidad de experiencias que conforman la realidad nacional. No todas las unidades penitenciarias de los países investigados tienen experiencia en actividades educativas. Son pocos los que pueden ofrecer eficazmente todos los niveles y modalidades de enseñanza previstos en la legislación. La gran mayoría ofrece, de forma muy reducida, si no muy fragmentada, programas y proyectos con pequeñas experiencias de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como actividades no escolares. Las experiencias de educación superior son escasas.

Con la excepción de Argentina, que desde hace décadas desarrolla experiencias de educación superior en las cárceles, los demás países encuestados tienen experiencias puntuales de oferta de clases y algunos cursos en algunas unidades penitenciarias. En general, la

presencia de la universidad en el ámbito penitenciario sigue teniendo lugar principalmente a través de algunos proyectos de investigación y extensión. La consolidación de una política nacional de educación en las cárceles que tenga en cuenta la realidad de los sujetos privados de libertad está aún lejos. Los programas y proyectos desarrollados son los mismos que los de la población general, sin una propuesta curricular, política, pedagógica, administrativa y de infraestructura adecuada para una educación implementada para jóvenes y adultos en prisión. Las propuestas curriculares y pedagógicas que se implementan en las cárceles son meras reproducciones de lo que se hace para los jóvenes y adultos fuera de los muros de la prisión. Tanto el calendario escolar como el material y los recursos didácticos son generalmente los mismos. Con un agravante, no siempre se ofrecen en las mismas condiciones que para la población general. Es común, por ejemplo, escuchar en las experiencias de las escuelas ubicadas en las prisiones que los materiales y recursos didácticos no llegaron en el momento adecuado para su uso en el aula durante el período escolar y con calidad y cantidad que pueda satisfacer a todos los alumnos.

Por lo general, los profesores reutilizan materiales didácticos de períodos de enseñanza anteriores y/o producidos para otras realidades educativas extramuros. Muchos de los recursos se improvisan en función de las oportunidades y las necesidades. Es común reducir el papel de la educación escolar para las clases populares y, en consecuencia, para los individuos privados de libertad, a la elevación de su escolaridad, enfatizando un currículo con un carácter más instrumental, orientado a los contenidos, apuntando eminentemente a su inserción en el mercado de trabajo. En la mayoría de las leyes de ejecución penal de los países investigados, la función de la educación en prisión sigue siendo la de "resocializar" al condenado. Incluyen la escolarización y la formación profesional de los presos e internados, que, junto con otras ayudas, deben tener como objetivo prevenir la delincuencia y orientar su vuelta a la vida en sociedad, promoviendo su reinserción social. Por otro lado, se dio un debate sobre la educación implementada en las prisiones que considera la educación como uno de los medios para promover la integración social y la adquisición de

conocimientos que permitan a los internos asegurar un mejor futuro cuando recuperen la libertad, pensando en un currículo más abierto y flexible que tenga en cuenta su formación como individuo y ciudadano para una futura (re)inserción en el mundo del trabajo. En esta dirección, se defiende una propuesta políticopedagógica para una escuela más especializada que tenga en cuenta la problemática de la ejecución penal y las particularidades y diversidad de los sujetos jóvenes y adultos que se encuentran en situación de privación de libertad. Tanto en el análisis de los marcos legales como en las conversaciones llevadas a cabo durante el trabajo de campo de la investigación con gestores, profesionales, investigadores en el campo de la educación y alumnos internos, fue posible darse cuenta de que las cuestiones que involucran la diversidad que compone el colectivo social, con la excepción de Brasil, ha sido todavía un tema poco discutido y tomado en cuenta en la implementación de la política educativa en los países investigados. Tanto en las propuestas pedagógicas como en la aplicación de la política, existe un importante vacío en relación con el tema.

En el análisis de las experiencias implementadas de ejecución penal es posible evidenciar que las mujeres, la población LGBT, indígena y extranjera, por ejemplo, son, por varias cuestiones, las más desasistidas y vulnerables en la implementación de las políticas penitenciarias. Teniendo en cuenta el debate sobre las cuestiones de género y etno-raciales en la sociedad contemporánea, especialmente en la aplicación de las políticas públicas, incluida la ejecución penal, es posible darse cuenta de que su acceso y permanencia en las actividades educativas en el entorno penitenciario, sin una sombra de duda, están comprometidos. Esto sin tener en cuenta el surgimiento del debate en las propuestas pedagógicas y curriculares, así como en la especialización de la implementación de las asistencias previstas y garantizadas en las legislaciones internacionales y nacionales de ejecución penal. Aunque la legislación de los países investigados prevé la asistencia a los antiguos solicitantes de asilo, hay pocas experiencias en desarrollo. Todos los países visitados destacan como un gran reto realizar un trabajo coordinado, interdisciplinar y transversal que contemple la realidad de estos sujetos en el proceso de reinserción social.

La infraestructura disponible para el desarrollo de actividades educativas en las prisiones tiene importantes limitaciones en términos de espacio físico, recursos, equipamiento, iluminación, higiene y materiales. La mayoría de las experiencias se desarrollan en espacios improvisados, adaptados y no construidos con fines educativos. Es muy común que las celdas se transformen en aulas. En algunas de las unidades visitadas, los espacios educativos, al igual que el resto de los entornos penitenciarios, son extremadamente insalubres e inadecuados para la convivencia humana. No cuentan con una infraestructura mínima adecuada, con ventilación, iluminación, seguridad, agua potable y espacios para la alimentación y la higiene personal tanto de los educadores como de los alumnos. La mayoría de los espacios educativos en las prisiones son aulas tradicionales con pizarras o pizarrones con pupitres para los alumnos, y no hay ninguna división en la infraestructura que dificulte la relación directa entre el profesor y el alumno. En algunas prisiones de Brasil, principalmente en los estados del sur y sureste, debido al fortalecimiento del concepto de seguridad pública que valora la "tolerancia cero", se ha defendido en la arquitectura de las aulas de las escuelas ubicadas en las prisiones, como justificación de la protección de los profesores de posibles rebeliones y la violencia perpetrada por los estudiantes detenidos, la división del espacio físico con barras que separan al profesor de los estudiantes.

Fotografía 1: Aula - Centro penitenciario en Santa Catarina (Brasil)

Fuente: Revista Época (03/07/2014)39

39 https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2014/07/uma-bpenitenciaria-de-joinvilleb-apontasolucao-para-o-falido-sistema-carcerario.html (Consultado el: 20/08/2020).