Experiencias exitosas en la aplicación de la política

En Paraguay, según su Código de Ejecución Penal (Ley 5.162/2014), Sección VI (estímulos y recompensas), se otorgan beneficios especiales a los internos que se destacan con una conducta ejemplar. Según el documento, Sección VII (De la Remisión), artículos 120 y 121, los internos condenados a prisión por más de tres años en establecimientos cerrados o semiabiertos, con conducta calificada como muy buena, pueden beneficiarse de la remisión de un día de su condena por cada tres días de trabajo o estudio. En Uruguay, según su Ley de Humanización y Modernización del Sistema Penitenciario (Ley 17.897/2005), en su artículo 13, que regula la remisión por trabajo y estudio, todas las personas privadas de libertad pueden reducir el tiempo previsto en la condena, contabilizando por cada dos días de estudio (seis horas de actividad educativa efectiva) un día de condena.

Experiencias exitosas en la aplicación de la política

Según Antônio Carlos Gomes da Costa, debido a que la política de ejecución penal es el "páramo de las políticas públicas", los cambios reales de cualquier acción en el ámbito penitenciario son muy lentos. En general, exigen muchos esfuerzos y la necesidad de un mayor consenso, especialmente por parte del equipo responsable de la seguridad de las prisiones. Sin lugar a duda, la seguridad sigue teniendo prioridad sobre cualquier otra acción en la política de ejecución penal. Sigue siendo recurrente para la sociedad en general y para un gran número de profesionales que trabajan en la justicia y la ejecución penales que la educación es un "artículo de perfumería" en la política de ejecución penal, además de ser un beneficio para los presos. Consideran que las actividades educativas sólo son fundamentales para reducir la ociosidad en el entorno penitenciario, sin reconocer las disposiciones de la legislación. Independientemente de todo, luchando contra este discurso, se han realizado importantes movimientos en los países investigados para la implementación de una política educativa que asegure, con calidad, el derecho a la educación de la población en situación de privación de libertad.

Entre las principales experiencias en desarrollo en estos países sudamericanos, destacamos, por ejemplo, las que promueven y posibilitan un diálogo interdisciplinario, interinstitucional, intersectorial e interministerial para implementar la política nacional de educación en las cárceles. A través de ellos se podrá avanzar en la consolidación de una discusión más amplia y descentralizada de una propuesta de política de ejecución penal más humana y que garantice los derechos mínimos previstos en las leyes nacionales e internacionales. Argentina, por ejemplo, prevé en la gestión de la política nacional, la constitución de "Mesas de Trabajo Intersectoriales" integradas por representantes de los Ministerios de Educación, Justicia y otros organismos intervinientes que funcionarán a nivel nacional, provincial e institucional. Brasil, en 2005, creó un Grupo de Trabajo, con representantes del Ministerio de Educación, a través de su entonces Secretaría de Educación Continua, Alfabetización y Diversidad, y del Ministerio de Justicia, a través del Departamento Penitenciario Nacional, con apoyo de la UNESCO y de profesionales de universidades especializados en el tema de la educación y las políticas de ejecución penal, para iniciar el proceso de establecimiento de una política nacional de educación para jóvenes y adultos privados de libertad. Fortalecer las discusiones en sus Consejos Nacionales de Política Criminal y Penitenciaria y de Educación, estimulando los foros de debate, que Brasil ya tiene como propuesta política desde 2004 hasta 2016, para incentivar y promover la discusión colectiva, especialmente en lo que respecta a la ejecución penal y la seguridad pública en el país. Creó, en este período, grupos de trabajo que involucran a representantes del poder público federal y estadual, representantes de profesionales e intelectuales de las áreas de educación y ejecución penal para avanzar en la discusión e implementación de una política nacional de ejecución penal y educación para el sistema penitenciario. Lamentablemente, tras el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, en 2016, se avanzó poco en la relación interministerial para el desarrollo de la política. En la misma dirección, el Ministerio de Educación chileno, con el objetivo de promover la coordinación, la integración y el trabajo cooperativo entre los docentes y los profesionales que trabajan en la ejecución penal organizó las escuelas que trabajan en el sistema

penitenciario del país en "Microcentros", principalmente para el desarrollo de proyectos educativos de forma más territorial. Uruguay creó inicialmente, en 2007, la "Comisión de Apoyo a la Educación en Cárceles" y actualmente ha establecido la "Mesa Interinstitucional de Educación para personas en conflicto con la ley penal", en la que participan varias instituciones educativas y asistenciales, lo que permite el intercambio de experiencias, la discusión de aspectos pedagógicos y estrategias para ampliar la oferta de educación en el sistema penitenciario. Para consolidar estos espacios de diálogo interdisciplinario e interinstitucional en la implementación de la política, es fundamental asegurar una representación institucional equilibrada y que las discusiones no se restrinjan al ámbito de las actividades cotidianas, sino que se planifiquen con agendas y temarios que realmente permitan la construcción de una "política nacional". Ha sido fundamental en esta dirección, la revisión de los términos de los acuerdos de cooperación técnica firmados por las distintas instituciones, principalmente dejando claras las responsabilidades de cada entidad institucional en la implementación de la política educativa en el ámbito penitenciario. En las escuelas de Chile en general, incluidas las ubicadas en el sistema penitenciario, existe un sistema de información integrado en el que no se requiere documentación en papel. Los datos escolares de toda la población, desde mediados de los años 90, están digitalizados y están digitalizando los años anteriores. Así se evitan los inconvenientes que sufren las escuelas en las prisiones, en las que, por desgracia, toda la documentación sigue estando en papel. Cuando un recluso es trasladado y/o puesto en libertad, es un problema importante que la información de la escuela anterior llegue a tiempo para que el estudiante sea reinscrito inmediatamente en la escuela a la que será trasladado. Si, por alguna razón, el interno aún no tiene sus documentos digitalizados con la información necesaria en la base de datos, la escuela tiene autonomía para realizar una evaluación de nivelación y hacer los registros necesarios para incluirlo en el sistema a partir de ese momento. En Argentina también se ha desarrollado una importante experiencia sobre la participación de los estudiantes en la política educativa en las cárceles. Está previsto en su legislación, como parte de la

propuesta de política educativa y de la experiencia de formación ciudadana, el fomento de la creación de órganos de participación estudiantil en el ámbito escolar dentro del centro penitenciario. Desde hace décadas Argentina viene desarrollando, como pionera en Sudamérica, una política de educación superior en las cárceles, con una considerable presencia de universidades que actúan con proyectos de extensión, investigación y docencia para los sujetos privados de libertad. En varias unidades penitenciarias del país se han creado Campus Universitarios con una estructura administrativa para atender directamente a la población penitenciaria con cursos y proyectos de educación superior. En algunas unidades penitenciarias existen, además de la organización estudiantil en los Centros de Estudiantes, "Pabellones de Estudiantes" para alojar a todos los presos matriculados en cursos, facilitando su proceso de circulación en las unidades y, en consecuencia, su vida escolar/académica. Son muchos los movimientos creados en los países investigados, especialmente en los últimos años, para la consolidación de una propuesta de educación para los sujetos privados de libertad. Tenemos que seguir garantizando que todas las experiencias de desarrollo actuales, a través de una serie de programas y proyectos, avancen hacia la constitución de una política nacional.