Poder oscuro

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informe

MAFIAS Y NARCOTRÁFICO

Poder oscuro ¿PODRÍA EL MEDIÁTICO CASO DE GERALD OROPEZA SER UNA MUESTRA DE LAS PELIGROSAS RELACIONES ENTRE LA POLÍTICA Y EL NARCOTRÁFICO? Por AKIRA MAESHIRO

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l oscuro mundo del crimen organizado, con sus códigos de honor, estructuras jerárquicas y muertes por encargo, siempre ha capturado la perversa fascinación del imaginario social. Pero ese cuadro, lejano y con ribetes cinematográficos para muchos, en nuestra región tiene una realidad trágica y que, usualmente, esconde una escalofriante relación con el poder. “El crimen organizado es la nueva amenaza de seguridad del siglo XXI”, asegura la Mg. Sofía Vizcarra, investigadora del Laboratorio de Criminología Social y Estudios sobre la Violencia de la PUCP. La guerra entre los cárteles de la droga en México, que hasta el momento ha dejado cerca 100 mil muertos durante los últimos 10 años, es el caso paradigmático.

El dato: ● De 60,400 a 49,800 hectáreas se redujeron las áreas netas con cultivos de coca del 2012 al 2013.

Algunas medidas del TPP podrían afectar el derecho de privacidad que tienen los usuarios y la libertad de expresión”.

FUENTE: MONITOREO DE CULTIVOS DE COCA (2013) PUBLICADO POR DEVIDA Y LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC)

MG. SOFÍA VIZCARRA

Investigadora del Laboratorio de Criminología Social y Estudios sobre la Violencia

NADA NUEVO. Por lo pronto, en nuestro país, existe la percepción de que el crimen organizado en zonas urbanas se viene asomando con mayor frecuencia a través de incursiones de sicarios, como en el caso de Gerald Oropeza. Pero más allá de la extravagancia de este personaje, llamó la atención su militancia aprista y su cercanía con Facundo Chinguel, exjefe de la Comisión de Gracias Presidenciales, quien presuntamente liberó a presos por narcotráfico a cambio de dinero durante el segundo gobierno de Alan García. Sin embargo, la cercanía entre la política y el narcotráfico en el Perú no es nueva. Ocurrió con “Vaticano” y Vladimiro Montesinos o el estrecho trato que tuvo el partido del gobierno actual con algunas dirigentes cocaleras que alcanzaron una curul y que son investigadas por presuntos negocios ilícitos. “La Comisión de Narcopolítica tiene una lista de narcocongresistas y se debate si esta tendría que ser más amplia”, apunta el Dr. Francisco Durand, docente del Departamento de Ciencias Sociales.

Ante estos casos, aparece la duda: ¿realmente somos un narcoestado? o ¿estamos en camino a serlo? “Existen algunas relaciones pero dudaría sobre qué tan institucionalizadas están. Finalmente, en nuestro país, tenemos pocos criminales ‘profesionales‘ que solo se dediquen a ser narcos. Es un tejido social más amplio y complejo. Aquí las relaciones entre la política y el crimen vienen más por lazos de compadrazgo, por familiares o por conocidos”, comenta Vizcarra. Ella señala que son lazos difusos que no llegan a un estado de cooptación. Para la investigadora, Oropeza no estaba ligado al APRA por sus negocios como narcotraficante sino por su padre, Américo Oropeza, asesinado el 2011. “El hijo ha capitalizado esa red de relaciones políticas y familiares para poder operar”, dice. Sin embargo, sostiene que este caso es sintomático de la debilidad de nuestro aparato estatal. “Si al partido más fuerte de nuestro sistema político le pueda pasar esto, imagínate con los movimientos que se arman y desarman”, agrega. LÍNEAS BORROSAS. Sin embargo, la especialista plantea que en algunas regiones de Ayacucho o Madre de Dios se puede percibir cierta penetración del crimen organizado a través de discursos o en lo que se plantea políticamente. “Existe una relación un poco más evidente con aquellos fenómenos que tienen alguna posibilidad de ser defendidos, como el cultivo de la hoja de coca, que no es ilegal, o la minería, que está en proceso de formalización. Allí existe esta línea que se empieza a difuminar muy rápidamente”, comenta. Por su parte, Durand afirma que es prematuro señalar una suerte de simbiosis entre el narcotráfico y las instituciones políticas en el Perú debido a la falta de pruebas claras. “Es difícil identificar a quiénes han financiado los narcos o quiénes se acomodan con estos negocios. Si se pudiera demostrar que hay presidentes o partidos de gobierno que han tenido cercanía con estos inte-


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ILUSTRACIONES: GABRIEL ALAYZA

reses, estaríamos hablando de un narcoestado. Pero sobre eso se habla mucho y las autoridades investigan poco”, comenta. Para el Mg. Nicolás Zevallos, docente del Departamento de Ciencias Sociales e investigador principal del Laboratorio de Criminología Social y Estudios sobre la Violencia de la PUCP, muchas veces la necesidad del narcotráfico de penetrar en la política es vital para su desarrollo. “Las actividades ilegales de corte comercial siempre requieren de medios para poder debilitar los controles, así pueden mantener el negocio. En esa línea, el acceso al Estado a través de partidos políticos o candidatos es un medio que permite llegar a este fin”, declara. En su opinión, por la configuración limitada de las redes criminales peruanas, términos como “narcoestado” o “narcopolítica” son de corte puramente mediático. HOJA DE RUTA. Los años ochenta están marcados por la violencia de los cárteles colombianos, personificados en la figura de Pablo Escobar. Por otro lado, en los últimos 15 años, hay un despliegue y fortalecimiento de los cárteles mexicanos. Según Zevallos, estos son procesos históricos y contextuales distintos que pueden ayudar a comprender la posición actual de la criminalidad peruana. “En Colombia, la comercialización de la droga respondía a una estructura vertical y organizada, bajo la lógica del oligopolio y con control de todas las actividades del circuito”, comenta. Tras la caída de Pablo Esco-

bar, el narcotráfico se descentraliza y se flexibilizan, como una lectura clara de la economía global. “Tal como ocurre con las actividades lícitas donde se fragmentan las actividades (la marca y los insumos se ubican en sitios distintos), el narcotráfico hace lo mismo”, comenta. Zevallos señala que los enfrentamientos de los cárteles en México están más vinculados al control de las rutas hacia Estados Unidos, el mayor mercado mundial de drogas. “Actualmente, hay demasiados riesgos para una estructura vertical. Los sistemas de control de justicia son muy buenos para capturar masas estructuradas que tienen una cabeza centralizada, pues si la cortas, desaparece toda la red”, señala. En ese contexto, el Perú y la región andina son básicamente zonas de producción y acopio de la droga. “No son comparables porque son configuraciones distintas de una misma cadena productiva. Si bien todas están ligadas al narcotráfico, son actividades diferentes”, dice. El docente comenta que, en la actualidad, los cárteles internacionales trabajan con intermediarios que compran la droga a pequeños “negocios” de las zonas de producción. “Un kilo de cocaína supuestamente vendido por Oropeza costaría 4 mil dólares, mientras que los cárteles lo venden a EE.UU. por 35 mil dólares. En Europa, bordearía los 50 mil dólares. Si ves el circuito comercial completo, Oropeza es un eslabón dispensable y de poco alcance”, comenta. Definitivamente, a pesar de ser uno de los principales productores de cocaí-

La Comisión de Narcopolítica tiene una lista de narcocongresistas y se debate si esta tendría que ser más amplia”. DR. FRANCISCO DURAND

Docente del Departamento de Ciencias Sociales

Un kilo de cocaína supuestamente vendido por Oropeza costaría 4 mil dólares. Los cárteles lo venden a EE.UU. a 35 mil”. MG. NICOLÁS ZEVALLOS

Investigador del Laboratorio de Criminología Social y Estudios sobre la Violencia

INTERNACIONAL

Historias paralelas La desaparición de los 43 estudiantes en Iguala destapó, una vez más, la relación entre el crimen organizado y la política. “En México, en vez de que el crimen se infiltre en el Estado, el Estado se infiltró en el crimen para conservar su poder político y dominación en la zona”, comenta la Mg. Sofía Vizcarra, investigadora del Laboratorio de Criminología social y Estudios sobre la violencia de la PUCP. Señala Vizcarra que, durante la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), México era un Estado fuerte y corporativo. “Cuando se rompe su dominio, empiezan a competir los poderes locales. También lo hacen los cárteles y usan la violencia para demostrar

quién manda y esto afecta a la población”, comenta. “En algunas zonas de México, sí ha habido cooptación de gobernadores, como nuestros presidentes regionales que han sido encarcelados. Pero no podemos decir que México es un narcoestado, a pesar de los niveles de violencia entre los cárteles o los enfrentamientos con la Policía. Si existiese una complicidad total del Estado, no habría esos niveles de violencia”, asegura. En el Perú, el contexto del narcotráfico es distinto, afirma la investigadora. “Durante mucho tiempo se ha dado de manera soslayada y sin cabezas visibles, pero no significa que no haya ocurrido. Somos un país que, por distintos factores institucionales y la configura-

ción de nuestro propio crimen, no ha necesitado recurrir a la violencia para operar”, comenta. “Tenemos fronteras muy porosas e instituciones débiles con capacidades muy precarias para controlar. Esta debilidad institucional permite que no se ejerza tanta violencia para sacar la droga. A nivel de los primeros eslabones de la cadena, no se notaba que hubiera una competencia. Lo que se está empezando a hablar con el tema Oropeza es que se inicia una pugna por los puertos, porque no son tantos. Pero todavía no hay nada desarrollado al respecto más allá de una nota de prensa o reportes policiales”, finaliza.


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INFORME: MAFIAS Y NARCOTRÁFICO

na en el mundo, no somos el país que se lleve la mayor rentabilidad del negocio. ENFRENTAR AL NARCOTRÁFICO. Zevallos reconoce que se han hecho muchos esfuerzos de erradicación del cultivo de hoja de coca pero, para los niveles en que se producen, no son significativos. “No se han generado suficientes incentivos para erradicar esa actividad por otras que puedan generar rentabilidad para el agricultor cocalero involucrado en el circuito”, declara. Está claro que competir con el narcotráfico es imposible por sus márgenes de ganancia. Así que el camino no va por ahí. “La idea es generar mejores condiciones de vida para la gente. Hay que crear mecanismos fluidos de acceso al mercado y que permitan un mejor desarrollo de la población”, comenta. Por su parte, la Mg. Sofía Vizcarra señala que, a pesar de que

enfoco

EL VRAEM

Cambio de sendero El rol que juegan los remanentes de Sendero Luminoso ha cambiado. “Al caer Abimael y firmar la paz, da la directiva a sus militantes para que depongan las armas, algunos remanentes se quedan en la zona del Huallaga y otros en el VRAEM”, comenta el Dr. Francisco Durand, docente del Departamento de Ciencias Sociales.

“Hoy, gracias a Inteligencia, se han logrado algunos éxitos. Quizás más en el Huallaga, que ha tenido alternativas económicas y poco a poco se ha ido moviendo hacia actividades legales”, comenta. Ahora, el problema principal se enfoca en el VRAEM con el grupo liderado por los hermanos Quispe Palomino, quienes, según Durand, es-

tán encajonados geográficamente. “Se han integrado al negocio del narcotráfico y cumplen un rol vinculado a alguna familia que controla la droga en la zona. Gracias a ello pueden seguir operando como grupo armado. Pero más que hacer ataques, que lo hacen de vez en cuando, protegen rutas y puntos de embarque”, finaliza.

el narcotráfico ocupa la atención de los medios solo ante casos mediáticos, en realidad se convive con el problema todos los días en el país. “No lo vemos porque nuestros fenómenos criminales se dan, por lo general, en contextos rurales. Sí son un problema de seguridad en el país, porque afectan la vida de ciudadanos en el VRAEM o

el Alto Huallaga. Nos preocupa que haya violencia pero no nos habíamos preocupado por ser el principal productor de hoja de coca”, critica. De acuerdo con el Dr. Francisco Durand, combatir el narcotráfico en cualquier país es una tarea muy compleja. “¿Cuál es la capacidad de Estados Unidos de interdicción de

toda la droga que ingresa, con todo su desarrollo? Máximo el 15 o 20%. Apenas cae una cabeza, inmediatamente ocupa su lugar el lugarteniente o un miembro del clan familiar, porque es un negocio donde hay grandes ganancias”, comenta. Además, llegar a un nivel de coordinación entre las diferentes organizaciones del Estado,

en un país como el nuestro, parece imposible. “Como la Policía no investiga a fondo, el Poder Judicial no los procesa, entonces no tenemos una lista de narcotraficantes. Esperamos a que ocurra una matanza para darnos cuenta de que hay cierta vinculación entre este supuesto narcotraficante asesinado por sicarios y un fiscal, un partido político o un congresista. Esa es una tendencia del sistema y de los medios que es reactiva”, reclama. Pero también especula una falta de voluntad por ser una guerra riesgosa. “Prefieren no declararla por los temores que genera”, señala Durand. “Otra explicación es que habría una negligencia voluntaria. Cínicamente podría uno decir que presentan algunos operativos para sacrificar a los peones de este juego para aparecer en los medios, pero seguimos adelante”, dice. Al final, nada es personal, son solo negocios. ■

DR. YVÁN MONTOYA

Docente del Departamento de Derecho

VÍCTOR ZEA

“Es necesario que los partidos reciban financiamiento estatal” ¿Considera que el crimen organizado se está infiltrando en los poderes del Estado?

¿Qué está fallando en el sistema político para que esto ocurra?

Cuando vemos que hay imputaciones hacia congresistas que habrían cumplido alguna función en la estructura del gobierno regional de Áncash de César Álvarez (probablemente se dedicaron a ser agentes de contención política, a bloquear a la Policía, impedir la intervención fiscal en algún ámbito, cosas que se han evidenciado), nos damos cuenta de que el crimen organizado está empezando a tener agentes permanentes dentro de la actividad política. Por ejemplo, Robinson González, ex vocal supremo, detenido por pertenecer a la red Orellana, tenía mucha influencia en el Poder Judicial. Imagínate cuántos de los jueces inferiores o vocales superiores le tienen cierto grado de respeto. No quiero decir que todo un partido político esté cooptado por mafias organizadas. Creo que estamos a un nivel de intentos de penetración en las organizaciones políticas.

No sé hasta qué punto se han reducido los niveles de articulación entre las dirigencias y las bases. En una campaña electoral, los partidos requieren una mayor capacidad de personal y de recursos económicos. ¿De dónde provienen esos recursos? Entonces aceptan aportes de cualquier persona sin ningún filtro. Algo que es impopular, pero necesario, es que los partidos reciban financiamiento estatal. Con eso tenemos todo el derecho de prohibir o de limitar al máximo las donaciones y aportaciones millonarias de terceros que condicionan al partido. Esta figura ocurre en España, Francia o Alemania. ¿Qué tan difícil es combatir el crimen organizado en un sistema conocido como corrupto?

Instancias de control penal como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, encargadas de combatir el crimen y el crimen organizado, son las que se perciben como las más corruptas del país. Si la Unidad de Inves-

Demora recuperar lo que se fue. Ver la ruta del dinero es difícil porque ha pasado por cuatro o cinco manos. La gran falla para combatir la criminalidad es la articulación del sistema. Hay que generar protocolos de trabajo conjunto para que la información fluya. Tenemos una ley reciente contra el crimen organizado.

Existe una desconfianza total. Cuando tienes el sistema totalmente corrupto, la posibilidad de que las organizaciones de narcotráfico penetren es mucho más fácil”. tigación Financiera (UIF) hace investigaciones sobre lavado de activos procedentes del narcotráfico y trabaja con un fiscal más o menos honesto, ¿creen que comparte la información con la Policía? Existe una desconfianza total. Cuando tienes el sistema totalmente corrupto, la posibilidad de que las organizaciones de narcotráfico penetren es mucho más fácil. ¿Cuántos agentes policiales están metidos en la estructura de la mafia proporcionando información o

bloqueando alguna investigación? Por eso es que los buenos fiscales no quieren compartir información con la Policía Nacional. ¿Qué tan complicado es perseguir el lavado de activos?

Cuando pasaste diferentes fases, es casi imposible detectar la ruta del dinero porque se mueve en distintas partes del mundo con mucha facilidad. Necesitas mucha cooperación internacional y que el dinero no esté en paraísos fiscales.

Esta ley no crea delitos nuevos, sino que crea la modalidad nueva de cómo muchos de estos delitos se pueden realizar en el contexto de una organización criminal. Define lo que es una organización criminal, las condiciones que debe tener para que se llame así y agrava las penas cuando esos delitos, que están en el Código Penal, se producen en ese contexto. También tiene normas procesales que facilitan algunos aspectos relacionados con la investigación. Aún es demasiado pronto para analizar su eficacia. No sabemos qué rendimiento va a tener. Deberíamos tratar de explotar más el nuevo Código Procesal Penal, que no está vigente todavía en Lima, salvo para los delitos de corrupción, porque contiene muchos instrumentos que convierten al fiscal en un agente con enorme poder en la lucha contra la criminalidad y la criminalidad organizada.


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