Un Largo Camino Hacia la Igualdad

Por Fernanda Hernández

El derecho al voto es la facultad que tienen los ciudadanos de manifestar su voluntad en favor de los candidatos a ocupar un cargo de elección popular de todo tipo. En México, se ha votado desde épocas prehispánicas, cuando los aztecas elegían al que sería su Tlatoani o monarca.

Durante los primeros años del siglo XIX, los ciudadanos no votaban directamente por el presidente, sino que se elegía a un representante que, a su vez, elegía al presidente. Además, no todos tenían derecho al sufragio, pues los mexicanos de bajos recursos y menos educados no eran considerados como ciudadanos, se creía, de hecho, que podrían mal influenciar la votación.

Este fue uno de los motivos por los que tuvo lugar una lucha por la conquista de la democracia para hacer del voto un derecho universal, secreto o igualitario y que cualquier mexicano pudiera ejercer libremente sin importar nivel socioeconómico, raza, religión o género.

Este último, evidentemente, no se alcanzó prontamente pues todavía hasta la mitad del siglo XX a las mujeres no se les reconocía como ciudadanas políticas bajo el argumento de que eran muy influenciables y votarían por el candidato que sus maridos o los curas quisieran.

Desde finales del siglo XIX, las mujeres empezaron a manifestarse para exigir sus derechos de votación y ciudadanía. Fue a partir de la Guerra de Reforma que las mexicanas comenzaron a demandar más autonomía, razón por la que aparecieron diversas publicaciones femeninas como la revista Las Violetas del Anáhuac, en la que se publicó un artículo donde se reclamaba el derecho al sufragio femenino. Ello dio pie a que se empezaran a formar agrupaciones en pro de esta lucha como fue el caso del grupo femenil antirreeleccionista “Las Hijas de Cuauhtémoc”.

Posteriormente, en enero de 1916, se llevó a cabo el Primer Congreso Feminista en la ciudad de Mérida, Yucatán, mismo que fue impulsado por el gobernador estatal de aquél entonces. Al evento asistieron más de 600 congresistas, en su mayoría maestras, esto debido a que la enseñanza era casi el único estudio y trabajo al que tenían acceso las mujeres de aquella época.

En el Congreso se discutieron públicamente las distintas posturas entonces existentes sobre los derechos de igualdad entre el hombre y la mujer en materia civil. Un año más tarde fue promulgada la Constitución Política de 1917, en la que se vio reflejado lo discutido en el Congreso ya que se establecía que no se le debía ser negada la ciudadanía ni el derecho al voto a las mujeres, el problema radicó en que tampoco se otorgaban expresamente tales derechos.

Fue en septiembre de 1923 que se realizó el Primer Congreso Nacional Feminista, convocado por la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres.

El principal tema discutido fue, además del derecho al voto, que la mujer tuviera el mismo derecho de los hombres a ser candidata a cargos administrativos. Como consecuencia de esa efervescencia de ideas, ese mismo año las mujeres de San Luis Potosí pudieron votar por primera vez y en el Estado de Yucatán se eligió a Elvira Carrillo Puerto como la primera mujer diputada al Congreso Local. Tiempo después, Elvira renunció al cargo a causa de la presión social.

Años más tarde, en 1937, el presidente Lázaro Cárdenas mandó una iniciativa a la Cámara de Senadores para que a las mujeres les fuera reconocida la ciudadanía y pudieran ejercer el voto. La propuesta fue aprobada pero nunca publicada, una vez más por el prejuicio de que las mujeres no tenían voluntad propia e iban a dejarse influenciar por los esposos o por su religión. Fue hasta el año de 1946, durante la presidencia de Miguel Alemán, que se aprobó una iniciativa para que el Art. 115 constitucional se estableciera la igualdad de mujeres y hombres en cuanto a participación electoral a nivel municipal. Esto significó un gran avance, pero el objetivo principal era llegar a obtener participación en las elecciones federales.

El 6 de abril de 1952 se congregaron más de 20 mil mujeres en el Parque 18 de marzo de la Ciudad de México para demandar lo que Adolfo Ruiz Cortines, entonces candidato a la Presidencia de la República, había prometido en su campaña: el derecho de las mujeres a ejercer el voto y a ser candidatas debía ser plasmado en la Constitución. Ruiz Cortines asumió la Presidencia el 1 de diciembre de ese mismo año, pero fue hasta el 17 de octubre de 1953 cuando por fin cumplió su promesa y se promulgaron las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en materia federal.

Después de la reforma, el Art. 34 constitucional establecía que: “son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”. Finalmente, el 3 de julio de 1955 las mujeres pudieron acudir por primera vez a las urnas a ejercer libremente su derecho al voto. Desde ese momento hasta la fecha han pasado apenas 65 años.

A partir de entonces se ha luchado para avanzar en lo que respecta al derecho de ser candidatas a cargos administrativos.

Si bien en nuestro país, actualmente de los 128 senadores, que conforman el 100%, el 38.2% son mujeres y hay un 46% de presencia femenina en la Cámara de Diputados, ninguna mujer ha llegado a ocupar la Presidencia de la República. En cuanto a nivel estatal, solo 7 mujeres han sido gobernadoras y, a nivel municipal, la participación femenina no supera el 15%.

La igualdad entre hombres y mujeres está plasmada en nuestras leyes, sin embargo, la discriminación, la exclusión y la violencia de género persisten aún hasta nuestros días. Ahora, en este nuevo proceso electoral, veremos si los partidos políticos cumplen con el compromiso de permitir la plena participación de la mujer dentro del ámbito de la política mexicana.