Esta idea la vemos encarnada en la CORMU, institución que situaremos en una tercera fase del proceso que mencionamos más arriba y que tuvo una corta vida, desde 1965 hasta 1976, pero lo suficiente para ver en sus proyectos y creaciones las ideas de ciudad integrada y de la vivienda social como prioridad en la vida de las personas. Hasta ahora vemos dos ideas diferentes acerca del habitar y organizar los servicios y espacios en la ciudad. Por un lado, una primera noción ya descrita, donde el habitar se encuentra sectorizado a través de fronteras físicas y, por otra parte, una visión que contempla la integración de todos los sectores que componen la sociedad, no necesariamente en el mismo barrio, pero sí en la misma ciudad/comuna. Ambas formas de comprender el espacio que habitamos adquirirán predominancia en las instituciones del Estado en momentos históricos distintos, temporalmente separadas al menos por medio siglo. Desde principios del siglo XX hasta mediados de él, van conjugándose varios factores que permitirán ir viendo este cambio en la forma de organizar la ciudad. El punto más álgido del pensamiento urbano desde el concepto de ciudad integrada es cuando entra en funcionamiento la CORMU, que durante sus cortos años de vida dará curso a una serie de proyectos cuya relevancia persisten hasta hoy. Hacia una construcción de la institucionalidad habitacional /
Desde un punto de vista institucional, la normativa vinculada con la vivienda social construida por el Estado nace con la Ley de Habitaciones obreras (1906), donde la población “Huemul” es resultado de ella (Figura 1), incorporando en su realización estándares urbanos e ingenieriles de vanguardia para la época. Por ejemplo, su espacio estaba estructurado “en torno a dos plazas públicas alrededor de las cuales se disponía del equipamiento comunitario”16. A pesar de ello, el problema generalizado de miles necesitando vivienda quedó sin suplirse, convirtiendo a “Huemul” en una excepcionalidad.
Figura 1. Población Huemul.
Esta ley tiene, a grandes rasgos, dos objetivos principales; 1) la promoción y fomento de soluciones habitacionales a bajo costo, y; 2) controlar las edificaciones consideradas insalubres. El segundo punto fue el que más se cumplió, trayendo la demolición de los ranchos que se encontraban fuera del cordón creado por la intendencia de Benjamín Vicuña Mackenna y que incorporaban elementos de la ruralidad (animales, huertas, etc.). Esto dejó a miles de personas sin alguna solución habitacional, aunque también se podría interpretar como un intento por alejar a ese grupo humano que traía consigo esas costumbres, pero sin duda que expresaba el nulo interés por incorporarlos a la ciudad consolidada, menos dentro de un espacio urbano pensado bajo parámetros estéticos europeos. El aumento de los impuestos provocó que muchos propietarios prefirieran alquilar estas casas a grupos de familias antes de venderlas, dando por resultado un negocio de especulación en torno al arrendamiento de estos espacios de habitación colectiva (conventillos y cités, entre otros) que verán la llegada masiva de personas desde el campo como una oportunidad para hacerlo un negocio, Armando de Ramón nos dice lo siguiente al respecto:
