Boletín del Observatorio de Seguridad y Defensa Vol. 04. N°5/2019 by Observatorio S&D

Vol. 04 N° 5

Abril 12 de 2019

ISSN 2500-5030

Observatorio S&D

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales Boletín del Observatorio de Seguridad y Defensa

OBSERVATORIO S&D

2019. Boletín digital. ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “General Rafael Reyes Prieto” Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CSEDN) Bogotá D.C., Colombia.

DIRECTIVOS

Director: Mayor General Jaime Agustín Carvajal Villamizar Subdirector: Contralmirante Orlando Grisales Franceschi

Vicedirector de Investigación: Coronel Fernando Enrique Farfán Castro Director CSEDN: Coronel Oscar Mario Ramírez Villegas Editora: Nasly Rocío Cárdenas Rodríguez M.A. (c) Asistente editorial: Mateo Andrés Roa Suárez & Juan Pablo Monzón Torres.

El Boletín del Observatorio de Seguridad y Defensa del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CSEDN), es una publicación virtual quincenal que recoge temas de la coyuntura nacional e internacional y el análisis crítico producto de sus investigadores.

Las ideas expuestas son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan la posición oficial ni el pensar institucional de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” o del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales

Derechos exclusivos de publicación y distribución de la obra del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CSEDN). Esta publicación tiene periodicidad quincenal.

¿Cómo citarnos?

Apellido, N. (Año. mes, día). Título del artículo. Observatorio S&D, Vol. (N°). Recuperado de [Dirección electrónica]

CONTENIDO

Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales.

¿Se justifica una intervención militar en Venezuela?: Una mirada política, humanitaria y militar de la responsabilidad de Colombia frente a la crisis venezolana. (Parte II)

Andrés M.F González Saiz.…….......................………………………….……………….………05

La seguridad multidimensional aplicada por el ejercito en el departamento de Norte de Santander Nasly Rocío Cárdenas Rodríguez & Santiago Velázquez Tovar…………………………………….11

Una ventana de oportunidades; sobre la baja en la producción petrolera en Venezuela Mateo Roa Suarez ……………………………………………………………………………….14

La Seguridad Humana Como Factor Inherente en la Política Exterior de los Estados Juan Pablo Monzón Torres ..........................................................................................................15

Mingas: confluencia y confusión de amenazas Armando Borrero Mansilla...........................................................................................................19

La noción de Estado matón, o gánster, y su creciente importancia Vicente-Torrijos & Juan Martin Londoño....................................................................................21

Recursos Académicos Libros y Artículos…………………….…………………………………………………………….25

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¿Se justifica una intervención militar en Venezuela?: Una mirada política, humanitaria y militar de la responsabilidad de Colombia frente a la crisis venezolana. (Parte II)1. Andrés M. F. González Saiz2 1

Artículo resultado del proyecto: “Nuevas Amenazas del Siglo XXI, Fronteras y Derechos Humanos - Fase 2019-1”, que hace parte de la línea de investigación: “Derechos Humanos, DICA y Justicia” del grupo de investigación “Centro de Gravedad”, reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS, adscrito y financiado por la Escuela Superior de Guerra “Gral. Rafael Reyes Prieto”. Un artículo científico dividido por secciones, se entrega la parte II, acerca de la responsabilidad del Estado colombiano en la crisis del vecino país Venezuela, analizando los ámbitos político, militar y humanitario. Esta segunda parte está marcada por un análisis de factores inherentes a la respuesta de la pregunta inicial. 2

Investigador de violencia y justicia transicional. Candidato Doctoral en Antropología Cultural en Rutgers, The State University of New Jersey, USA. Magister en antropología Social de Goldsmith, University of London, UK. Antropólogo de la Universidad de los Andes, Colombia. Actualmente realiza en la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” una etnografía acerca de la cultura militar en Colombia, como parte de su pasantía doctoral.

I. Impactos políticos y diplomáticos. Después de presentar una recolección somera de los conceptos básicos asociados a los derechos humanos y a lo correspondiente a la autorización de intervenciones militares de carácter humanitario, en la siguiente sección analizo el caso venezolano a la luz de esta discusión. Como mencioné en la anterior entrega, solo cuatro crímenes justifican la suspensión de la soberanía de un país con el objetivo de realizar una intervención militar de carácter humanitario: genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica, y crímenes de lesa humanidad. En otras palabras, para que la infraestructura jurídico-política que legitima el R2P pueda ser activada, debe probarse sin lugar a duda que una mayor parte del aparato estatal se encuentra dirigido a la perpetración

de actos definidos en los anteriores tipos penales. Es difícil probar para el caso venezolano la sistematicidad de tales actos, donde claramente no se está llevando a cabo un genocidio, ni existe el reconocimiento oficial de un conflicto interno. Genocidio, de manera concreta, es definido como los actos destinados a la destrucción, total o parcial, de un grupo nacional, étnico, racial, o religioso. Estas acciones incluyen: el asesinato, la tortura, la imposición deliberada de medidas con la intención de menoscabar las condiciones de vida del grupo, el control forzado de natalidad, y la abducción de menores. La violencia ejercida contra segmentos debidamente diferenciados de la población está motivada por su pertenencia real o percibida a un grupo o grupos debidamente definidos y delimitados (Global Centre for the Responsibility to Protect, 2018). Según el sociólogo argentino Daniel Feierstein (2007); un genocidio no es un acto irracional, por el contrario, es una práctica social altamente costosa, cuya intencionalidad puede ser entendida como un proyecto de ingeniería social, donde lo que se busca no es el exterminio último de la población, si no su reestructuración. Por razones obvias, el caso venezolano no puede ser definido en términos de genocidio y, teniendo en cuenta que Venezuela no se encuentra envuelta en un conflicto armado internacional, tampoco sería posible hablar de crímenes de guerra. La categoría de crímenes de lesa humanidad sería el único rubro que posiblemente podría satisfacer los criterios de activación del R2P. Las detenciones de miembros de la oposición, la migración transfronteriza de venezolanos, así como el estado de salud pública y 5

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agroalimentaria de la población venezolana son indiscutiblemente violaciones a los DDHH, las cuales han sido ampliamente documentadas por la prensa nacional e internacional, por organizaciones defensoras de derechos humanos internacionales, por los países que integran el grupo de LIMA, así como por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) (ACNUDH 2018). Recordando, sin embargo, que, como se mencionó en la primera parte de este artículo no existe obligación internacional para los estados, ni derecho de los ciudadanos de contar con un buen gobierno (Donnelly 2013, 257), a pesar de la difícil situación de DDHH en el vecino país, este no presenta una sistematicidad tal mediante la cual pueda presumirse la perpetración de ninguno de los cuatro crímenes atroces que ameritan una intervención militar internacional. Más aún, los costos jurídico-políticos para Colombia de una hipotética intervención militar internacional en Venezuela, sustentada en la violación a los DDHH que se presenta actualmente, serían muy altos, ya que equiparar estas violaciones con crímenes de lesa humanidad abriría la posibilidad de una potencial retaliación jurídico-política hacia Colombia a mediano y largo plazo. Es necesario recordar que Colombia ha sido sancionada por organismos internacionales debido a un considerable número de casos catalogados como violaciones a DDHH, siendo el asesinato de más de 172 de líderes sociales ocurridos tan solo en el 2018 su más reciente ejemplo (El Espectador, 2019). Otro punto a tener en cuenta tiene que ver con la intencionalidad que motiva el

desarrollo de este tipo de intervenciones militares de carácter humanitario. Para la activación del R2P es necesario que tales acciones sean motivadas por el interés de proteger a la población y no por intereses políticos privados debido a su alto costo humanitario. Libia3 y Haití4, por ejemplo, son polémicos casos donde la principal motivación de estas intervenciones pareciera estar dirigida hacia un cambio de régimen y no por una intencionalidad humanitaria clara. Lamentablemente ambos casos pueden ser considerados hoy como estados fallidos, y podría pensarse que contrario a un impacto positivo, las acciones internacionales contribuyeron al incremento en materia de inestabilidad política, económica, y de seguridad en los dos países (Kuperman 2015; Malone 2010). Frente a la compleja situación en Venezuela, es preocupante que las medidas adoptadas por Colombia parecieran estar motivadas principalmente por la remoción de Nicolás Maduro y de la base política del Chavismo. Situaciones como las que se presentaron el 23 de febrero en el puente Francisco de Paula Santander, donde un camión con ayuda humanitaria fue quemado 3

Esta intervención fue autorizada por el CSONU por medio de las resoluciones 1970 y 1973 del 26 de febrero y del 17 de marzo del 2011 respectivamente. Posteriormente la intervención ha sido llevada a cabo por la “Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia” o “United Nations Support Mission in Libya” (UNSMIL), autorizada por el CSONU por medio de la resolución 2009 del 16 de septiembre de 2011. 4

Llamada “Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití” o “MIssion des Nations Unies pour la Stabilisation in Haïti” (MINUSTAH), autorizada por el CSONU por medio de la resolución 1542 del 30 de abril del 2004.

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en la frontera divisoria de los dos países, deslegitiman internacionalmente al gobierno colombiano como gestor en la solución de la crisis humanitaria en Venezuela. Semanas después de este incidente, tanto el gobierno colombiano como su homólogo estadounidense circularon declaraciones señalando al chavismo como responsable de la quema de la ayuda humanitaria. En un controversial giro de los acontecimientos, el 10 de marzo en The New York Times es publicado un reportaje revelando que el incendio que consumió los camiones que transportaban la ayuda humanitaria fue iniciado por manifestantes antichavistas ubicados del lado colombiano de la frontera (Casey, et al., 2019). II. Impactos humanitarios Pese a la intencionalidad humanitaria del R2P, la mayor parte de las intervenciones internacionales han estado lejos de tener un impacto positivo en las sociedades donde se han llevado a cabo. Esto se debe a que originalmente la doctrina del R2P fue enfocada hacia la prevención de crisis humanitarias, y no como un mecanismo reactivo a las mismas. Séverine Autesserre (2016), menciona que la prevención es menos costosa y “menos intrusiva que una intervención militar cuando la población se encuentra en peligro inmediato de violencia física. Además, cuando una crisis ha hecho erupción, muchas veces es muy tarde y difícil proteger a la población de manera adecuada”5 (pp. 29-30).

Figura 1. Peacekeepers en La R.P. del Congo

Fuente: Moore (2012).

Durante la intervención humanitaria realizada en el Congo, por ejemplo, la manera como el R2P fue implementado generó una contradicción conceptual frente al espíritu de esta doctrina, la cual conllevó a la explosión de altos índices de violencia a nivel local. Primero, MONUSCO (Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo) se concentró en reaccionar ante la crisis, en vez de dirigir sus esfuerzos a su prevención; además, contrario a estar dirigida por esfuerzos civiles, MONUSCO fue principalmente un asunto militar. Para Autesserre (ibid. 35-36) el fracaso de esta intervención puede ser rastreado hasta sus inicios conceptuales puesto que los actores militares están entrenados y equipados para reaccionar a las crisis, y no para las medidas diplomáticas, económicas, y sociales que se requieren para prevenir. La falta de capacidades de las fuerzas militares para realizar acciones de prevención efectiva, aunado a las ya existentes limitaciones

Traduccion propia

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conceptuales con que el personal civil a cargo de estas intervenciones caracteriza las motivaciones que alimentan determinado conflicto. Muchas de las organizaciones internacionales que realizan funciones humanitarias en países como Colombia, Venezuela, Irak, o el Congo suelen privilegiar el conocimiento técnico de sus funcionarios sobre el conocimiento local acerca de la violencia. La falta de conocimiento local, junto a las deficientes técnicas de recolección de datos utilizadas por estos funcionarios conllevan a la promoción de modelos universalmente aplicables, con un enfoque de arriba hacia abajo, los cuales irremediablemente fallan al no dar cuenta críticamente de las razones que motivan la violencia en lo local (Autesserre, 2014). En el caso de Libia, las fuerzas de la OTAN fueron mucho más allá del mandato autorizado por las resoluciones 1970 y 1973, las cuales autorizaban medidas que tuvieran como objetivo la protección de la población civil, y no como sucedió, donde evidentemente se tomó partido por las fuerzas rebeldes al replantear el embargo de armas instaurado por la resolución 1970 que impedía el envío de armamento a Libia. Además, la destrucción generada por los más de 9700 bombardeos reportados, dirigidos contra las tropas de Gadafi, afectaron irremediablemente a la población civil (Terry, 2015). Así pues, la realización de acciones militares tras las peticiones de tregua planteadas por el gobierno libio, junto a la ausencia de medidas de protección hacia

la población simpatizante del régimen – quienes también fueron objeto de violaciones a derechos humanos por parte de los rebeldes – se puede inferir que las motivaciones concretas de quienes participaron en esta intervención estarían dirigidas hacia un cambio de régimen más qué una intencionalidad humanitaria (Borger et al. 2011; Kuperman, 2013). Hay que tener en cuenta que en el caso de una intervención militar la coalición internacional solo podrá conducir operaciones dirigidas contra blancos que representen un riesgo real e inminente para la población civil. La medida de exclusión aérea adoptada por medio de la resolución 1973 puede entenderse como una medida de carácter humanitaria cuyo fin era la de prevenir la entrada de mercenarios, armamento, y equipos militares para las partes en pugna, sin embargo, los objetivos de los bombardeos realizados por la coalición internacional difícilmente podrían catalogarse como un riesgo real e inminente (Terry 2015, p. 171). Figura 2. Imagen alusiva a la intervención en Libia

Fuente: Globo Visión (2012)

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Las sanciones económicas suelen tener impacto considerablemente negativo para la población civil. El caso venezolano permite visibilizar con precisión este argumento. En el 2015, desde la administración Obama en los Estados Unidos, se han venido implementando sanciones económicas tales como la congelación de los activos de los miembros del gobierno venezolano. Estas sanciones tomaron un rumbo más agresivo durante el 2017, cuando la administración Trump decidió ampliar el alcance de las sanciones (Pieper 2019), lo cual trajo consigo un menoscabo en las condiciones de vida de la población civil. Esto es señalado en el más reciente informe del relator especial de la ONU, Idriss Jazairi, para el caso de Venezuela, donde al respecto se menciona que estas “(…) pueden llevar a la inanición y la escasez de medicinas y no son la respuesta a la crisis en Venezuela”6, y en ese sentido, Jazairi menciona que “la coerción, ya sea militar o económica, nunca debe usarse para buscar un cambio de gobierno en un Estado soberano”7 (Kohut 2019). Por tanto, si la preocupación frente a la situación humanitaria es realmente sincera, las medidas que están siendo adoptadas por Colombia no contribuyen de manera eficaz a una pronta resolución de las tensiones políticas y sociales en Venezuela, ni tampoco a una restauración real del estado derecho.

III. Impactos militares En el desarrollo de una intervención militar de cualquier tipo es necesario prever los costos militares asociados a la misma. Estos costos comprenden los recursos que serán utilizados para la adquisición de provisiones, armamento y municiones, desplazamiento de las tropas, así como el tratamiento de los combatientes heridos, o afectados psicológicamente, a lo cual se suman compensaciones para las familias de los caídos Durante más de medio siglo Colombia ha enfocado la capacitación, entrenamiento y aprovisionamiento de sus Fuerzas Militares para enfrentar un conflicto interno de carácter irregular. Debido a esto, las Fuerzas Armadas han concentrado su pie de fuerza en el Ejército Nacional, por encima de la Fuerza Aérea o de la Armada. Esto no quiere decir que estas Fuerzas hayan sido descuidadas, sino que responden a las dinámicas propias del conflicto interno colombiano.

Negrillas incluidas en la cita original

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Referencias Autesserre, S. (2016). The responsibility to protect in congo: the failure of grassroots prevention. International Peacekeeping, 23(1), 29-51. Autesserre, S. (2014). Peaceland: Conflict Resolution and the Everyday Politics of International Intervention. New York: Cambridge University Press. Borger, J., Traynor, I., & MacAskill, E. (2011). Gaddafi family deaths reinforce doubts about Nato’s UN mandate. The Guardian. 01 de mayo de 2011. Recuperado de https://www.theguardian.com/ world/2011/may/01/gaddadi-family-deaths-reinforce-doubts Casey, N., Koettl, C., & Acosta, D. (2019). Footage Contradicts U.S. Claim That Nicolás Maduro Burned Aid Convoy. The New York Times. 10 de marzo de 2019. Recuperado de https:// www.nytimes.com/2019/03/10/world/americas/venezuela-aid-fire-video.html Donnelly, J. (2013). Universal Human Rights in Theory and Practice. Ithaca, New York: Cornell University Press. Feierstein, D. (2007). El genocidio como práctica social: Entre el nazismo y la experiencia argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Global Centre for the Responsibility to Protect. (2018). Background Briefing: Defining the Four Mass Atrocity Crimes. 15 de agosto de 2018 Recuperado de http://www.globalr2p.org/media/files/ defining-the-four-crimes.pdf Kohut, M. (2019). Las sanciones a Venezuela atentan contra los derechos humanos de personas inocentes. Noticias ONU: Mirada global, Historias humanas. 31 de enero de 2019. Recuperado de https:// news.un.org/es/story/2019/01/1450292 Kuperman, A. J. (2015). Obama’s Libya Debacle: How a Well-Meaning Intervention Ended in Failure. Foreign Affairs, (March/April). Recuperado de https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/201902-18/obamas-libya-debacle Malone, L. A. (2010). The Responsibility to Protect Haiti. ASIL Insights, 4(17). Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (ACNUDH). (2018). Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin. Recuperado de https://www.ohchr.org/Documents/Countries/ VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf Pieper, O. (2019). ¿Qué sanciones pesan actualmente sobre Venezuela? DW. 15 de febrero de 2019. Recuperado de https://www.dw.com/es/qu%C3%A9-sanciones-pesan-actualmente-sobrevenezuela/a-47544148 Redacción Judicial. (2019). En 2018 fueron asesinados 172 líderes sociales: Defensoría del Pueblo. El Espectador. 10 de enero de 2019. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/judicial/en -2018-fueron-asesinados-172-lideres-sociales-defensoria-del-pueblo-articulo-833374 Terry, P. C. (2015). The Libya intervention (2011): neither lawful, nor successful. The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, 48(2).

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La seguridad multidimensional aplicada por el ejercito en el departamento de Norte de Santander1 Nasly R. Cárdenas Rodríguez2 - CSEDN Santiago Velázquez Tovar3 1

Artículo resultado del proyecto: “Nuevas Amenazas del Siglo XXI, Fronteras y Derechos Humanos - Fase 2019-1”, que hace parte de la línea de investigación: “Derechos Humanos, DICA y Justicia” del grupo de investigación “Centro de Gravedad”, reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS, adscrito y financiado por la Escuela Superior de Guerra “Gral. Rafael Reyes Prieto”. La Escuela Superior de Guerra de Colombia en desarrollo de la práctica geoestratégica nacional en el departamento de Norte de Santander en la ciudad de Cúcuta, para los estudiantes de la Maestría de Seguridad y Defensa Nacionales, realizó distintas acciones académicas y de reconocimiento del trabajo de campo con relación a las problemáticas que en la actualidad la ciudad de Cúcuta enfrenta; como la migración ilegal de la población de Venezuela a través de esta ciudad, la lucha contra el narcotráfico, el tráfico ilegal de combustible y los distintos enfrentamientos con grupos armados organizados –GAO’s-. 2

Candidata a Magister en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia. Investigadora del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales (CSEDN) de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. 3

Politólogo Internacionalista de la Universidad Militar Nueva Granada, estudiante de tercer semestre de la maestría de seguridad y defensa nacionales de la Escuela Superior de Guerra. Investigador académico, Coordinador académico y director de proyectos de extensión y proyección de la Universidad Militar Nueva Granada.

“El concepto clásico de seguridad nacional tiene como objetivo prevenir o rechazar amenazas militares y, por tanto, defender militarmente la soberanía, la independencia y la territorialidad del Estado frente a posibles agresores. De esta manera,

el Estado busca su propia seguridad incrementando su poder a través de su capacidad militar.” Tica Font y Pere Ortega, 2012. La Escuela Superior de Guerra de Colombia en desarrollo de la práctica geoestratégica nacional en el departamento de Norte de Santander en la ciudad de Cúcuta, para los estudiantes de la Maestría de Seguridad y Defensa Nacionales, realizó distintas acciones académicas y de reconocimiento del trabajo de campo con relación a las problemáticas que en la actualidad la ciudad de Cúcuta enfrenta; como la migración ilegal de la población de Venezuela a través de esta ciudad, la lucha contra el narcotráfico, el tráfico ilegal de combustible y los distintos enfrentamientos con grupos armados organizados –GAOs–. Las problemáticas a las que se enfrenta Cúcuta evidencian que la ciudad debe desarrollar estrategias que contemplen métodos de seguridad multidimensional, para confrontar de manera óptima las distintas amenazas y a través de un trabajo conjunto de acción integral con el Ejército Nacional, lograr disminuir los riesgos que se generan día a día en la capital del Norte de Santander. Ahora bien, la ciudad por sus características geopolíticas es un territorio que ha desarrollado distintas amenazas tradicionales y novedosas, que las Fuerzas Militares y Policiales de Colombia han combatido. Desde el año 2011, el Ejército Nacional de Colombia ha aplicado la seguridad multidimensional para combatir las diferentes amenazas. Como lo indica el General Alberto Mejía, cuando se refiere al desarrollo de los

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objetivos del Ejército multidimensional: “la protección en los temas de orden interno, la protección de nuestra soberanía en las fronteras y esfuerzos de apoyo en áreas tan importantes para la agenda mundial como son el medio ambiente, a la atención de desastres, la atención de carácter humanitario y también para nuestra participación en misiones internacionales” (Macias,2017). Por otro lado, en los últimos años debido a la crisis humanitaria del Estado venezolano, se ha impactado el normal desarrollo de los países que conforman la región. Al ser Colombia el principal afectado de esta migración, la seguridad y defensa del país no son ajenos a las consecuencias de la situación en el vecino país (CELYS, 2018). En la actualidad, se estima que hay más de un millón de venezolanos en Colombia de los cuales cerca del 24% (equivalente a un poco más de 204 mil personas), se encuentran en la ciudad de Bogotá, mientras que en Norte de Santander se estima, más de 98 mil venezolanos (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2018). Estas cifras pueden variar puesto que la migración irregular e ilegal no se ha podido contabilizar de manera certera. En el Norte de Santander se encuentran varios GAOs como el ELN, pelusos, disidencias de las FARC y los rastrojos. Los anteriores grupos desarrollan una convergencia criminal de actividades ilegales para su financiamiento como contrabando, narcotráfico, secuestro, minería ilegal entre otras. Dichas actividades crean inestabilidad en la región con distintas amenazas tradicionales y no tradicionales, que por la naturaleza de estas amenazas son

de carácter bélico. Además, existe otro factor de inestabilidad: las amenazas no visibles, como las nuevas tipologías con las que se desarrolla el narcotráfico, las cuales son difíciles de identificar. El tráfico ilícito de drogas en la región del Catatumbo, especialmente el de cocaína, evidencia la necesidad de adecuar distintas instituciones estatales en función de la gestión de las fronteras, debido a que esta problemática se articula con otras amenazas y afecta los principales núcleos poblacionales. En este sentido implica una acción conjunta de diferentes instituciones que no solo se limiten al empleo del poder coercitivo de las FF.MM. (De Castro, 2015). En esta misma línea, la región es presa de la disputa territorial entre los distintos GAOs que han identificado la importancia de este territorio para el desarrollo de los métodos de financiamiento ilegal, afectando principalmente a la población civil. Como respuesta a la complejidad de la situación, el Ejército Nacional ha implementado una campaña conocida como “Campaña Esparta”, la cual muestra una acción integral entre fuerzas como Ejército y Policía, y también con distintas organizaciones civiles como gobernaciones y alcaldías. De esta manera, se plantea el objetivo de enfrentar y eliminar dichas amenazas por medio de una inteligencia integrada, que genere nuevas estrategias para disminuir estas amenazas. Entonces, la inteligencia integral con el fin de adaptarse a los nuevos escenarios propone una unión interinstitucional y agencial, para adecuarse a las nuevas dimensiones políticas, económicas

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y sociales. Esto es un desafío de la guerra no convencional que implica tanto el empleo de un ejército regular y convencional junto con un trabajo conjunto interinstitucional (Gómez, 2015). Para concluir, se resalta el desarrollo de estrategias de seguridad y defensa con la visión de la seguridad multidimensional que las FF.MM. y la Policía de Colombia, están desplegando. Aunque, los retos son grandes y el enfoque de inteligencia integrada y de cooperación internacional -que es como se está mitigando la problemática de la

migración de venezolanos- sea un ejercicio de largo plazo, paulatinamente las amenazas se amortiguan hasta el punto de lograr un control efectivo de estas disminuyendo sus riesgos. Por tanto, es necesario optimizar el enfoque de seguridad multidimensional, las distintas instituciones encargadas de la seguridad y defensa -no sólo las militares- y desarrollar nuevas capacidades institucionales, que permitan diseñar una estrategia conjunta de acción integral, para así arremeter y solucionar problemas y necesidades como las que enfrenta Cúcuta.

Referencia. Bartolomé, M. (2015). Convergencia, redes ilícitas y seguridad nacional. Revista Política y Estrategia. (págs. 175180). CELYS, Y. (2018). Repositorio Universidad Libre. Recuperado de: https://bit.ly/2KjBr1q De Castro, Andrés. (2015). Gestión Fronteriza Contra El Narcotráfico en Chile en el Marco de la Seguridad Multidimensional. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Fuentes, C. (2013). De la Seguridad Colectiva a la Responsabilidad de Proteger: Perspectivas Globales y Latinoamericanas. FLACSO. Gómez, Andrés. (2015). Inteligencia: ¿Fin de la Barrera entre lo interno y externo? Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Macias, J. (2017). El Colombiano. Recuperado de: https://bit.ly/1NEHrO2 Ministerio de Relaciones Exteriores. (2018). Ministerio de Relaciones Exteriores. Recuperado de: https:// bit.ly/2DbdLpb Registro Administrativo de Migrantes. (2018). Registro Administrativo de Migrantes. Recuperado de: https:// bit.ly/2UroiYT

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Una ventana de oportunidades; sobre la baja en la producción petrolera en Venezuela

Fuente: IMPAN (2019)

El pasado 06 de Abril, la ACP (Asociación Colombiana del Petróleo), confirmó que Colombia superó la producción de crudo de Venezuela. En la actualidad Colombia está produciendo alrededor de 892.530 barriles de petróleo diariamente; mientras que en Venezuela la producción bajo hasta un 28%, produciendo asi 890.000 barriles de petróleo diarios, lo anterior producto de los constantes apagones y de la corrupción con la que se ha manejado PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A). El vecino país pasó de ser un coloso en producción de crudo a ser un Estado cuya industria insignia se encuentra en decadencia; según analistas internacionales la producción seguirá bajando periódicamente (Colombia supera la […], 2019). Colombia como Estado, debería tomar la iniciativa política y diplomática, de tratar de recuperar la región de influencia relativa al Caribe. Venezuela había copado el Caribe mediando su poder petrolero y por medio de alianzas comerciales beneficiosas para los diferentes Estados del Caribe. En este orden de ideas, Colombia paulatinamente debería llenar esta vacante de poder, para posicionarse como líder regional.

Referencias. Colombia supera la producción petrolera de Venezuela (2018). Revista Dinero . Recuperado de: https:// bit.ly/2UR26GQ

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La Seguridad Humana Como Factor Inherente en la Política Exterior de los Estados.1 Juan Pablo Monzon Torres2 - CSEDN 1

Artículo resultado del proyecto: “Nuevas Amenazas del Siglo XXI, Fronteras y Derechos Humanos - Fase 20191”, que hace parte de la línea de investigación: “Derechos Humanos, DICA y Justicia” del grupo de investigación “Centro de Gravedad”, reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS, adscrito y financiado por la Escuela Superior de Guerra “Gral. Rafael Reyes Prieto”. En el presente trabajo de investigación, se abordará el novedoso y controvertido concepto de la seguridad humana, primero se expone su definición y de qué forma este concepto hoy en día es tan importante en las relaciones internacionales y puntualmente en el ámbito de la seguridad nacional de los Estados del Sistema Internacional. Por otro lado, como ejercicio práctico, en este trabajo de investigación se presentan casos de Estados en los cuales la Seguridad Humana haya incidido en la estructuración de su agenda internacional y específicamente en su política exterior. 2

Estudiante de noveno semestre de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia. Miembro del equipo de investigación del CSEDN, de la Escuela Superior de Guerra.

Si bien se sabe de antemano, que el primer concepto de Estado-nación se remonta desde el año de 1648 cuando se firmó la Paz de Westfalia y desde ese momento al hablar de Estado, se presume que este debe preservar su soberanía y garantizar la seguridad de la población que yace en su territorio. Además, desde esa época hasta el siglo XX, al hablar de la seguridad de un Estado, se apelaba a que esta estaba relacionada siempre con la defensa del Estado y de su población. También, al mencionar la seguridad y la defensa se aducía a las fuerzas militares que eran sinónimos de poder de los Estados y que no solo estaban para proteger la integridad de los ciudadanos, sino que también estaban para hacerle fuerte

a los Estados que intentasen vulnerar su soberanía territorial. Sin embargo, con el paso del tiempo, la historia de la humanidad ha dejado ver que los Estados queriendo expandir su poderío territorial o haciendo respetar su soberanía, dejaron de lado la seguridad de sus ciudadanos, su integridad, su libertad y su supervivencia (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2010). Ahora bien, en las últimas décadas, ha tomado gran importancia el concepto de la Seguridad Humana, el cual “consiste en proteger la esencia vital de todas las vidas humanas de una forma que realce las libertades humanas y la plena realización del ser humano, significa proteger las libertades fundamentales: libertades que constituyen la esencia de la vida. Significa proteger al ser humano contra las situaciones y las amenazas críticas (graves) y omnipresentes (generalizadas). Significa la creación de sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales que en su conjunto brinden al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios de vida y la dignidad” (Comisión sobre Seguridad Humana, 2003). Entonces, desde el siglo pasado y aun en la actualidad el concepto de seguridad ha entrado en un proceso dinámico en el cual sus pilares básicos se representan en las dos Guerras Mundiales y la Guerra Fría; hechos que han cambiado el papel del individuo haciendo que hoy en día su integridad sea un hito importante en la consecución de una paz duradera, para lo cual se deben seguir los principios de la Seguridad Humana. 15

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(De derecha a izquierda) Figura 1. Imagen representativa del concepto de seguridad humana Figura 2. Imagen representativa del concepto de seguridad humana

Fuente: : libertad ante todo (2015)

En primer lugar, como se mencionó anteriormente, en el concepto de la Seguridad Humana aparece uno de sus pilares fundamentales a la hora de establecer un análisis de lo que el individuo necesita para que esté en un ambiente de paz y seguridad; y es la libertad, pero, dentro de la Seguridad Humana aparecen tres tipos de libertades las cuales consisten en: La libertad para vivir sin miedo o temor, la libertad para vivir sin miseria o necesidad, la libertad para vivir en dignidad. El contenido de estas libertades se traduce en la posibilidad y la capacidad de poder ejercer derechos, contenidos en esa “esencia vital de todas las vidas humanas” a la que se hacía referencia, y que implica un conjunto básico de derechos relacionados con la supervivencia (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2011). Además, se dice entonces que las tres libertades de la Seguridad Humana van a tener gran incidencia en cambiar conceptos tradicionales del ámbito básico de la seguridad, puesto que los pilares de la

Fuente: Fuente: Pixabay (2019)

seguridad tradicional como lo son la defensa, el poderío militar, la soberanía, el territorio y el poder, pasarían a ser relegados por el objetivo de alcanzar la libertad de la necesidad o la miseria, la libertad del miedo y la libertad para vivir con dignidad, y así lograr el fin último de preservar la seguridad del individuo. Por otro lado, dejando atrás la connotación de la Seguridad Humana y ahora, abordando el caso de Canadá, siendo un claro ejemplo de algunos de los Estados que adoptaron los principios de la Seguridad Humana, “a mediados de los noventa, en un punto histórico decisivo, en el cual la sociedad civil estaba siendo la más afectada por los fenómenos de inestabilidad y conflicto, los canadienses insistían en que se llevaran a cabo los mayores y más generosos esfuerzos para proteger a los individuos o grupos del peligro, el sufrimiento o la violencia. Es en este punto distintivo cuando se implementó la política de Seguridad

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Humana, como parte de la política exterior canadiense. Esta innovadora y estratégica doctrina sería el eje conductor de la política exterior canadiense para los años por venir. El propósito principal de la política era afrontar la mutua vulnerabilidad que se vivía en aquel momento en el interior de todas las sociedades, sin excepción. Durante 1995, el Gobierno liberal encabezado por el primer ministro canadiense, Jean Chrétien, creó una guía para la política exterior del país denominada Canada in the World; regida esencialmente por tres grandes objetivos: 1) La promoción de la prosperidad y el empleo; 2) la protección de la seguridad canadiense, dentro de un marco de estabilidad mundial; 3) la protección de los valores y cultura canadienses” (Navarrete, 1994). Así entonces, Canadá recudió en ese entonces a instaurar en su política exterior el modelo y los pilares de la Seguridad Humana ante la necesidad de cumplir eficazmente con sus intereses y necesidades nacionales y a su vez, poder ser no solo en la región, sino también a nivel global ser considerado uno de los países, de los cuales dentro de su política exterior esté el velar por la protección de los individuos ante cualquier sufrimiento, amenaza o peligro. Ahora bien, otro de los casos preponderantes de Estados del sistema, que instauraron la Seguridad Humana, es el país nipón, el cual “propugnó una visión amplia de la seguridad humana, teniendo presente tanto el elemento de “libertad del miedo”, como de “libertad de la miseria”. Además, Japón promovió y apoyó activamente el concepto en las Naciones Unidas de diversas

maneras: siendo el fundador y principal donante del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana (UNTFHS), el promotor de la Comisión sobre Seguridad Humana (CHS) y del grupo Amigos de la Seguridad Humana, entre otros” (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2010). Además, específicamente se pudo evidenciar las intenciones de utilizar los preceptos de la seguridad humana en Japón, en las administraciones de Obuchi Keizo y Mori Yoshiro, ya que en varias intervenciones públicas argumentaban que la seguridad humana era una solución no solo para la crisis social sino también para la economía que ponían en riesgo la integridad y la dignidad humana. Ahora, si bien la seguridad humana ya había figurado en el discurso de los funcionarios japoneses, fue hasta que el primer ministro Obuchi Keizo utilizo de nuevo el concepto durante la conferencia An Intellectual Dialogue on Building Asia’s Tomorrow (que se llevó a cabo en Tokio los primeros días del mes de diciembre de 1998), que comenzó a cobrar importancia durante su participación en dicho evento en donde manifestó que la seguridad humana es “la llave que abarca de forma exhaustiva todas las amenazas que ponen en peligro la supervivencia, la vida cotidiana y la dignidad de los seres humanos y fortalece los esfuerzos para hacer frente a esas amenazas” (Miranda,2013). Por otro lado, también se pudo ver el ejemplo de países como lo son Canadá, Japón, entre otros; que son Estados del sistema internacional que adoptaron en

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determinados momentos de su agenda internacional, una política exterior con relación directa a la seguridad humana, para así ser destacados no solo regional sino globalmente, por ser Estados los cuales dentro de sus políticas internacionales y nacionales, están la de darle un lugar importante al individuo como tal y su seguridad, en donde se le va a respetar sus libertades, su desarrollo, su integridad y se le va a garantizar un espacio en donde sus aspiraciones y derechos como humano no se vean vulneradas por ninguna amenaza.

Fuente: IMPAN (2019)

Referencias. Comisión sobre Seguridad Humana. (2003). La seguridad humana, ahora. Recuperado de: https:// bit.ly/2UBd8QH Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2011). El enfoque de la seguridad humana desde tres estudios de caso. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. pp 1-120. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2010). ¿Qué es la Seguridad Humana?

Recuperado de: https://bit.ly/2v2gL46 Miranda, G. (2013). “La seguridad humana en el marco del concepto de la politíca exterior japonesa: un concepto y herramienta clave.”. Universidad Nacional Autonoma de Mexico. pp 1-159.

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Mingas: confluencia y confusión de amenazas.1

Bloqueo de la Minga indígena en el Cauca

Armando Borrero Mansilla2 1

Artículo resultado del proyecto: “Nuevas Amenazas del Siglo XXI, Fronteras y Derechos Humanos - Fase 2019-1”, que hace parte de la línea de investigación: “Derechos Humanos, DICA y Justicia” del grupo de investigación “Centro de Gravedad”, reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS, adscrito y financiado por la Escuela Superior de Guerra “Gral. Rafael Reyes Prieto”. El articulo analiza, dentro del marco de la movilización indígena del Cauca, la conflagración de las llamadas “nuevas amenazas”. Se presenta un análisis de este tema coyuntural, el cual es de suprema importancia para todo un eje productivo del Estado Colombiano; así como es menester evitar un agravamiento de esta situación. 2

Investigador del CSEDN. Ex Consejero Presidencial para la defensa y Seguridad Nacional, Profesor Universitario.

Los sucesos recientes de la movilización indígena del Cauca ponen presente una característica especial que tienen las llamadas “nuevas amenazas a la seguridad”. Se trata de los traslapos e indiferenciación de linderos conceptuales entre problemas sociales, amenazas delincuenciales, amenazas subversivas y actividades económicas desreguladas. Detrás de reclamaciones que pueden ser justas, se amparan, en una confluencia caótica, un conjunto de intereses que no encuentran canales claros de expresión por medios distintos del uso o de la amenaza de uso de la violencia. De manera simétrica a la confusión de las amenazas, las misiones de las instituciones del Estado se confunden también. Esta confusión es particularmente notoria en las fuerzas de seguridad del Estado. La actuación del Estado se llena de zonas grises y se dificulta la toma de decisiones sobre las respon-

Fuente: El ESPECTADOR (2019)

sabilidades respectivas de los distintos organismos que deben acudir a la resolución de las situaciones conflictivas que se presentan. Una distinción muy afectada por las amenazas confusas y desestructuradas es la que existe entre las misiones militares y misiones policiales. A quien corresponde la responsabilidad de atender un bloqueo de carreteras cuando está, por lo menos, latente la amenaza de una respuesta violenta de niveles elevados. En un caso ejemplar, como el de las “mingas” indígenas, se atraviesan múltiples problemas y múltiples intereses. Es necesario que el análisis de la situación ponga en claro esa confluencia para que se sepa de qué se habla, cuando de actuar se trata. La resolución de las conflictividades centrales y colaterales de un movimiento social, seguramente requerirán soluciones diferenciadas, con alcances y tiempos diferentes. Una manera de indagar qué se esconde detrás de unas reclamaciones previsibles, para no entrar en detalles de si son justas o no justas, aparecen condiciones de negociación que llaman la atención por su aparente desconexión con los que se suponen elementos centrales del pulso entre un movimiento so-

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cial y el Estado. Un ejemplo diciente, es la petición de la minga que se refiere a los vuelos de aeronaves por el espacio aéreo de los resguardos en el sur del país. ¿A qué viene una petición de prohibir esos vuelos? La respuesta está bien explicada en un video que circula por las redes sociales en los últimos días. La grabación muestra el caer de la noche sobre una región del norte del Cauca. Con la oscuridad natural llega la iluminación artificial. Puesto el sol, miles de puntos luminosos aparecen en la pantalla. Son las iluminaciones que impiden el cese de la fotosíntesis vegetal en la oscuridad de la noche. Para acelerar el crecimiento de los cultivos de marihuana, se usa la luz artificial, recurso bien conocido por los cultivadores de flores, cuando deben controlar con sumo cuidado el momento de floración de sus plantas para programar el abastecimiento del mercado. Entonces, detrás de la movilización social viene el interés de una larga cadena de negocios. La movilización puede tener hasta motivos altruistas y no se trata aquí de satanizarla. Pero encubre lo que no se nombra en unas peticiones de otros órdenes. Ya es hora de hacer claridad sobre esta motivación y la de otros actores todavía más encubiertos. La violencia extrema de grupos de ideología difícil de entender, a veces indiferenciables de síndromes psico-patológicos, busca instrumentos de proselitismo y mecanismos de desestabilización para crear ambientes favorables a sus propósitos. En especial, buscan llevar las situaciones conflictivas a límites

extremos, para que la represión se abata sobre las poblaciones implicadas en los movimientos y las enfrente con toda la carga de resentimientos que sea posible acumular. El asunto tiene complicaciones de toda clase. Las sociedades modernas se caracterizan por tener una complejidad muy grande y variada de intereses en su seno. Los partidos políticos que antes representaban intereses definidos, no pueden hacerlo ahora y eso explica buena parte de su crisis existencial. En la representación de intereses han sido reemplazados por los movimientos sociales, pero estos se agotan en un interés central y no los movilizan como lo haría un partido. El futuro de la humanidad pasará por una proliferación de movilizaciones de todo tipo, mientras se decantan las confusiones. Por ahora, las alertas se disparan sobre las confusiones de la confluencia de todo tipo de causas, unas loables, otras “non sanctas” que caracterizan las luchas sociales de la contemporaneidad que se vive. El diseño de canales nuevos de representación está a la orden del día. Pero para diseñarlos, se deberá estudiar a fondo el fenómeno de la “parasitación”, para denominarlo de alguna manera, que se presenta hasta en las mejores y más loables de las causas de lucha social.

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La noción de Estado matón, o gánster, y su creciente importancia1 Vicente Torrijos2 & Juan Martin Londoño3. 1

Artículo resultado del proyecto: “Nuevas Amenazas del Siglo XXI, Fronteras y Derechos Humanos - Fase 2019-1”, que hace parte de la línea de investigación: “Derechos Humanos, DICA y Justicia” del grupo de investigación “Centro de Gravedad”, reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS, adscrito y financiado por la Escuela Superior de Guerra “Gral. Rafael Reyes Prieto”. Este texto tiene como objetivo analizar los ambiguos y nuevos conceptos de ‘Estados gánster’ y ‘Estados parias’ que se utilizan con grandes diferencias entre los autores dedicados al asunto. En tal sentido, se hará un análisis de las diferentes apreciaciones para después proponer por medio del estudio de diferentes textos y de una realidad que cuenta con las variables necesarias para su mejor comprensión. 2

Profesor Investigador en la Escuela Superior de Guerra.

Estudiante de la Universidad del Rosario.

En primer lugar, hay que entender la variedad de temáticas interrelacionadas, esto es, que el término ‘Estado Paria’ (Pariah State) es relativamente nuevo, asociado al de ‘Estado canalla’. El vocablo ha estado presente en las esferas académicas por no más de dos o tres décadas, se empezó a utilizar en la medida en que Estados Unidos necesitaba definir a aquellos Estados que eran un peligro para sus intereses dentro del Sistema Internacional, con lo cual, es común que se les llame Estados canalla a países como Corea del Norte, Siria, Irán o Cuba. Ahora bien, tal como lo explica Akan Malici (2009), el concepto nació como un producto de la política exterior estadounidense en el contexto propio del rechazo al comunismo y para diferenciar de forma despectiva a los países que representaban un peligro para los intereses nacionales; en última instancia, para generar una carga negativa contra ellos en el Sistema Internacional. De tal modo, Malici (2009) trata de defender a estos Estados ya que fueron las decisiones del ‘imperialismo’ las que hicieron que tales Esta-

dos tomaran actitudes concretas frente a los aliados occidentales. A su vez varias lógicas de globalización han hecho que la relación entre el ejército y la población sean diferentes, al mismo tiempo que la alta movilización de migrantes entre países ha cambiado la conformación propia del ejército para hetereogenizarlo en un desafío para el nacionalismo propio. Teniendo en cuenta esta problemática, el presente texto tiene como objetivo analizar las diferentes variables que hoy caracterizan los roles de los Fuerzas Armadas del mundo. Este concepto también ha sido desarrollado por David S. Jonas y Christopher Swift (2008), quienes se refieren al “Paradigma de los Estados canallas” como aquellos que están interesados en patrocinar las actividades terroristas o ilegales en el Sistema Internacional con el propósito de desestabilizar la acción de otros Estados inmiscuidos en los asuntos propios. El ejemplo que usan es AlQaeda y los datos sobre su financiamiento por diferentes países para alterar la acción estadounidense en Medio Oriente. Aunque los autores concuerdan en que Al-Qaeda tiene un financiamiento relativamente independiente, el “Paradigma de los Estados canallas” les sirve para mostrar cómo funcionan estos Estados por medio de terceros para alcanzar sus objetivos en la acción internacional. No obstante, un correcto análisis de la realidad internacional da a entender que estas definiciones se quedan cortas ante las nuevas lógicas mundiales. Cuando el Estado canalla se define con base en quién financia o de qué forma es entendido desde la política exterior estadounidense, tan solo se está viendo una pequeña parte de la posible imagen completa de los ‘Estados canalla’. En realidad, el con21

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cepto ha evolucionado de tal manera que incluso las diferentes formas de llamarlo (Estado canalla, Estado Paria o Estado gánster) significan diferentes tipos de Estado, aunque apuntan a unas lógicas en común. Así pues, en primera medida se ha visto cómo en el sistema internacional hay unos Estados que más allá de financiar grupos clandestinos, lo que hacen es presionar por medio de sus acciones a otros Estados para cumplir con sus objetivos y asegurar sus intereses. Este es el caso de la alianza Alba en América del Sur y del Centro, que hace unos años eran un grupo de países que generaban presión en la región para definir las acciones de otros Estados, utilizando sus capacidades para lograrlo. Estas acciones pueden incluir desprestigio internacional, cruce agresivo de declaraciones, disposición a sanciones entre países o incluso amenazas inminentes de ataques frontales. Ahora, estos Estados también tienen una concepción interna cuya conformación es diferente a la de los Estados adaptados e integrados que, en su mayoría, obedecen a parámetros propios de la democracia liberal. Entonces, como sugiere David R. Mares (2009) la conformación de estos ‘Estados Paria’ tiende a ser más corrupta que la de los Estados con actuaciones normales. El autor defiende entonces la idea de que estos Estados tienden a tener una mayor tolerancia y comprensión frente a los traficantes de droga, quienes lavan dinero y quienes emprenden actividades ilegales en su interior por el simple hecho de que estos también pueden financiar a los políticos que terminan facilitando y

Figura 1. (de izquierda a derecha) Kim Jong-un – líder de Corea del Norte- , Donald Trump presidente de Estados Unidos

Fuente: USA Today (2019).

convalidando sus actividades. Por lo tanto, estos Estados serían una especie de ‘Estados gánster’, de tal firma que el crimen organizado se proyecta como un grupo de presión importante en la acción gubernamental. Con esta idea, es fácil suponer que este tipo de Estados tienden a maltratar las reglas del Sistema Internacional en la medida en que facilitan las acciones de quienes violan sistemáticamente las normas dispuestas entre los países integrados. Aunque solo faciliten el paso de contrabando o droga, esto está generando lógicas de corrupción y violación de Derechos Humanos entre fronteras y permitiendo que el crimen organizado se establezca en el Sistema Internacional como un actor importante (aun siéndolo solo de forma indirecta). Las acciones de estos países entonces se encuentran subordinadas a los intereses de unos grupos lo bastante fuertes como para influenciar la actividad gubernamental y propiciar contextos beneficiosos para sí mismos, maltratando las normas internacionales esta-

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blecidas porque, sencillamente, no les importa cumplirlas. Incluso, Paul Craig Roberts sostiene que no tienen que ser grupos netamente ilegales los que producen ‘Estados gánster’ en el Sistema Internacional y afirma que pueden ser incluso grupos funcionalmente legales, pero con actividades dudosas y tangenciales en el sistema. Los brokers, por ejemplo, pueden ser un grupo de presión grande que financian el lobby para crear leyes que les ayuden o permitan el normal desarrollo de sus actividades. No sería extraño pensar que la crisis global del 2008 pudo haber sido propiciada por unas leyes muy blandas en el sistema de préstamos bancarios o en la venta de fondos subprime que eran mal vistas en su momento pero que suponían altas ganancias, razón por la cual ellos empezaron una campaña para su normal desarrollo. Otro ejemplo podría ser el de los industriales que necesitan medidas ambientales más blandas. Así, estos grupos de interés legalmente dudosos se convierten de ‘parcialmente ilegales’ a ‘totalmente legales’ por la influencia de capitales contaminados en gobiernos permisivos. Ahora bien, resulta necesario aclarar que el régimen político de un país también tiene alta influencia en que el Estado bribón afecte al Sistema Internacional más o menos fácilmente pues no es lo mismo un Estado con alta concentración del poder frente a uno que tiene grandes trabas institucionales. Así pues, Estados autoritarios o Estados en los que la separación de poderes no es tan efectiva (v.g., Corea del Norte o Venezuela), los dirigentes pueden tomar decisiones unila-

terales para alcanzar sus intereses en desmedro de las posibles consecuencias. En tal medida, esos Estados son más propensos a iniciar conflictos internacionales o a ser menos diplomáticos en las relaciones con otros países. Por otro lado, los países democráticos y los países con trabas institucionales de toma de decisiones unilaterales tienden a ser menos impulsivos en sus decisiones y más tolerantes en sus respuestas. Por lo general, entonces, los primeros Estados tienden a ser bribones y los segundos, objetivos. No obstante, David R. Mares (2009) alerta que el régimen político no es tan decisivo en estas lógicas de poder pues, a su juicio, los Estados liberales tienden a permitir más la acción abierta de sus ciudadanos y a que ellos escojan a sus propios gobernantes, pudiendo acordar más fácilmente acciones ilegales. El tipo de régimen es entonces solo una facilidad para que la corrupción se dé más Figura 2. Sadam Husein dispara un fusil al aire durante un desfile militar en Bagdad en noviembre de 2000

Fuente: EL PAIS (2002)

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fácilmente o de forma más compleja. A su vez, es así como los autores dicen que muchos analistas pueden ver a Estados Unidos como un bribón que presiona a varios países para lograr sus cometidos tanto en el sistema legal (ONU) como apelando a medidas unilaterales cuestionables o injerencia directa. Por último, es oportuno considerar que Estados que no cuentan con capacidades comparativas considerables, pueden ser disuadidos por las capacidades del Estado objetivo del bullying y no hostigarlos por temor a retaliaciones de los que sí tienen poder. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede esbozar entonces una sucinta definición de ‘Estado paria y/o gánster’ dentro del Sistema Internacional como Estados de considerables capacidades (físicas o blandas) que actúan por medios no convencionales para lograr sus objetivos, violando sistemáticamente las normas internacionales y en concordancia con redes criminales a las que apoyan y de las que reciben apoyos que van desde una mínima hasta una máxima influencia

en la toma de decisiones. Normalmente, estos exhiben relevantes tasas de corrupción que pueden obedecer a la interacción o asimilación de grupos de presión que aprovechan la situación para generar flexibilidad legal a su favor con el fin de violar el orden legal internacional. De esta manera, y a modo de conclusión, es importante resaltar que las variables que moldean la conducta de tales Estados son, (1) la corrupción, (2) la presencia de grupos de presión de dudosa condición legal, (3) capacidades comparativas considerables y (4) formas no convencionales de acción (amenaza, intervención y expoliación). Esto genera una variable dependiente que es la que define con mayor precisión el concepto y que es el factor común: la violación sistemática de las normas internacionales en general y del orden democrático en particular.

Referencias. Jonas, D. S., & Swift, C. (2008). Reformulating The Nuclear Nonproliferation Regime: Al-Qaeda, Global Terrorism, and The Rogue State Paradigm. Recuperado de: https://bit.ly/2G8Fs4E Malici, A. (2009). Rogue States: Enemies of Our Own Making? Recuperado de: https://bit.ly/2U588z8 Mares, D. R. (2009). Institutions, the Illegal Drug Trade, and Participant Strategies: What Corrupt or Pariah States Have in Common with Liberal Democracy and The Rule of Law. Recuperado de: https:// bit.ly/2Vu8Pnm Roberts, P. C. (2014). Gangster State America: Where Is America’s Democracy? Recuperado de: https://

bit.ly/2KjmGff

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Recursos para Estudiantes e Investigadores El Observatorio de Seguridad y Defensa se permite recomendar las siguientes lecturas, por ser consideradas relevantes para el área de la seguridad y la defensa. Compiladores: Mateo Andrés Roa Suarez & Juan Pablo Monzón Torres

Frieyro, M. (2019). Evolución y estrategias del terrorismo yihadista. Mecanismos de captación y medidas para combatirlo. Instituto Español de Estudios Estratégicos. pp. 1-19.

Mackinlay, A. (2019). Islandia, flujo y reflujo estratégico. Instituto Español de Estudios Estratégicos. pp. 1-17.

Milosevich-Juaristi, M. (2019). Rusia en América Latina: repercusiones para España. Madrid. España. Real Instituto Elcano.

Gil, J. (2019). Las tribus sirias en el contexto de la guerra civil regional. Instituto Español de Estudios Estratégicos. pp. 1-18.

Brockmann, Sibylle, Boulanin, K, B, V. (2019). Arms Control and the Convergence of Biology and Emerging Technologies. SIPRI. pp. 1-50.

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Fedchenko & Ian, V, A. (2018). NUCLEAR SECURITY IN THE BLACK SEA REGION Contested Spaces, National Capacities and Multinational Potential. SIPRI. (49), pp 1-37.

Tian & Wezeman & Yun, N, P, Y. (2018). MILITARY EXPENDITURE TRANSPARENCY IN SUB-SAHARAN AFRICA. SIPRI. (48), pp 1-37

Wezeman, S. (2016). MILITARY CAPABILITIES IN THE ARCTIC: A NEW COLD WAR IN THE HIGH NORTH?. SIPRI. pp 1-24.

Blix,

Blix .H. (2018). Is the world on the road to peace or war?. SIPRI. (1), pp 1-10.

Duquet, N. (2019). THE 2018 EU SALW STRATEGY: TOWARDS AN INTEGRATED AND COMPREHENSIVE APPROACH. SIPRI. (62), pp 120.

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Observatorio S&D - Vol. 03. NÂ° 01 - Febrero 9 de 2018