Libro_Autonomia by Oscar Flores

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 1968-1971

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN MONTERREY, NUEVO LEÓN, JUNIO DE 2011

Dr. Jesús Ancer Rodríguez Rector Ing. Rogelio Garza Rivera Secretario General Lic. Rogelio Villarreal Elizondo Secretario de Extensión y Cultura Dr. Celso José Garza Acuña Director de Publicaciones Edmundo Derbez García Centro de Documentación y Archivo Histórico de la UANL Dr. Óscar Flores Torres Director del Centro de Estudios Históricos UDEM

Diseño de la colección: Alejandro Derbez García

Centro de Documentación y Archivo Histórico de la UANL. Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías, Alfonso Reyes 4000 norte, 2º piso, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, C.P. 64440. Teléfono: + 52 81 8329-4000, Ext. 6578 y 4265 Primera edición, 2011 © Universidad Autónoma de Nuevo León ISBN 978-607-433-603-0 Impreso y hecho en Monterrey, México Printed and made in Monterrey, Mexico

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 1968-1971 ÓSCAR FLORES TORRES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN MONTERREY, NUEVO LEÓN, JUNIO DE 2011

Proemio

l periodo que transcurre entre los años de 1968 y 1972, es uno de los más ricos y esperanzadores de la historia de la ahora Universidad Autónoma de Nuevo León. En él, los protagonistas de esta época –

visualizada en nuestro imaginario social como inestable, conflictiva y violenta–, sentaron las bases de una Universidad más justa, más sensible a su entorno y sobre todo, más humana. Estimado lector, lo que leerás a continuación es una interpretación lejana en el tiempo de esta época convulsiva, pero no por ello no objetiva. La cantidad de fuentes es inmensa pero dispersa, como suele suceder en las épocas en que los acontecimientos venideros sobrepasan los propósitos y las esperanzas del día anterior. Sin embargo, hubo muchos proyectos como grupos universitarios se formaron al calor de los acontecimientos. Indudablemente, y como correspondía, éstos buscaron la manera de desarrollarlos e implantarlos, las más de las veces de forma impositiva, sobre el resto de las otras organizaciones que buscaban un mismo fin: enaltecer y fortalecer nuestra máxima casa de estudios. Nadie escapó a enfrentar la apertura política y moral, pero de igual forma, las posturas se radicalizaron y la mayoría terminaron colindando en la intolerancia, la provocación y la violencia. Ahora, desde la paz que rodea los archivos, las hemerotecas, las bibliotecas y las oficinas de los protagonistas, podemos revivir esta época mítica de nuestra historia nacional, de la cual nuestra Universidad tuvo un papel crucial. Así lo creo. En este periodo la Universidad creció en importancia y población, tanto estudiantil, como de trabajadores y académicos. 11

Proemio

Una muestra: de 1968 pasó de 14 mil estudiantes inscritos a 31,285 en diciembre de 1972. Entre las reformas académicas se implantó el sistema semestral, el pase automático a las facultades y escuelas de educación superior, así como a las escuelas preparatorias de la UANL; nuevas formas de representación estudiantil y académicas en las instancias de gobierno universitario y, por supuesto, la anhelada autonomía. También nos muestra la crisis y la inestabilidad política –en su búsqueda por el proyecto universitario que integrara a todos– los nueve rectores que estuvieron en este periodo, las tres leyes orgánicas que estuvieron vigentes en este lapso y el impacto del movimiento universitario en los tres poderes republicanos en la entidad. Hay que adicionar a esto, a las múltiples formas de lucha que desarrollaron los universitarios; estas pasaron de las pacíficas manifestaciones y desplegados en los periódicos, a la sangrienta y violenta guerrilla urbana que padeció nuestra sociedad al inicio de la década de los setenta. Esto y más representaron los años en cuestión. El tema sigue siendo polémico, sus relatores se encienden para aclarar y precisar esto u aquello bajo los efluvios del apasionamiento. Eso es lo que hace de este periodo una época singular y trascendente. Todavía no entiendo como no se ha escrito lo suficiente para encontrar este efecto multiplicador en las conciencias de quienes lo vivieron, lo sintieron, lo anhelaron e incluso murieron por sus ideales. ¿Será que todavía no maduramos lo suficiente para atrevernos a realizar un trabajo integrador pero objetivo, con apasionamiento pero reflexivo y crítico pero con fundamentos? Es una empresa atrayente y alguien tiene que empezar. Tiro la primera piedra. Por otra parte, desde el inicio de esta investigación, consideré pertinente hallar el hilo conductor de este proceso histórico en la actuación, en los medios de lucha y en los programas de regeneración social de los grupos de izquierda. Sin embargo, este hilo conductor original no puede ser explicado por sí sólo si no va acompañado del entrelazamiento y oposición al proyecto propuesto por el grupo político y empresarial de Nuevo León. Este es el objetivo principal de este trabajo: el choque histórico de dos proyectos antagónicos para solucionar la crisis del modelo de educación superior que padecía México y particularmente Nuevo León. Los proyectos 12

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surgidos tanto de la izquierda como de la derecha, políticamente hablando, tuvieron un impacto nacional hasta ahora poco conocido.

2 El proyecto más o menos homogéneo de los diversos grupos de izquierda es mostrado por la historiografía tanto local como nacional como el único con un programa definido, crítico, vanguardista y alternativo ante la crisis del modelo de educación superior seguido por décadas en México. En efecto, esta idea en el imaginario social de quienes lo vivieron y fueron actores, también se reproduce en los estudios posteriores a los acontecimientos y las nuevas investigaciones continúan sin salir del molde ya petrificado de estos razonamientos. Sin embargo, paralelo al programa planteado por los numerosos grupos heterogéneos de tendencia de izquierda, también existió un proyecto estructurado y visualizado a ser implantado a largo plazo. Este fue desarrollado y ajustado, al igual que lo hicieron los grupos de izquierda, durante el proceso de crisis del modelo educativo superior: me refiero al proyecto defendido por Eduardo A. Elizondo, gobernador del Estado entre 1967 y 1971 y exrector de la antigua UNL entre 1965 y 1967. Este proyecto, que por sus características fue considerado un programa conservador (sólo por ubicarlo en contraposición a la tendencia de izquierda), tuvo el apoyo de los grupos industriales y comerciales asentados en Monterrey. Este último proyecto presentado por Elizondo, elaborado y avalado por el grupo político y económico hegemónico en Nuevo León, respondía a una realidad concreta basada en la estructura social regiomontana con fuerte influencia y liderazgo empresarial. Era eso contrario a la postura esgrimida por los grupos políticos de izquierda ante el problema universitario, pero al igual que estos, el proyecto conservador fue defendido por gente que consideró que era la solución a los enormes retos que presentaba la educación superior en México. De hecho, fue realizado abiertamente a fines de 1967 y puesto a la consideración pública a principios de 1968. Si bien era la visión empresarial del problema, distaba mucho de ser avalado y abiertamente autorizado por el régimen de Díaz Ordaz sencillamente porque 13

Proemio

respondía a la realidad regiomontana y era difícil de trasplantar en ese momento a otras zonas del país ya que requería de fuertes inversiones de capital no sólo en la universidad pública sino en la creación de universidades privadas. Éstas, junto con la universidad pública, actuarían dentro de un sistema educativo descentralizado donde la competencia de cada una de ellas por atraer alumnos, profesores y capital privado nacional y/o extranjero, estimularía el crecimiento no sólo de la educación superior en México, sino el nivel educativo y tecnológico del país. Es evidente, que este esquema requería de varias condicionantes para su aplicación y sólo ellas estaban creadas en Monterrey. Entre otras podemos mencionar: 1. Un grupo empresarial sólido e interesado en invertir en el ramo de educación a fin de estimular profesionistas y técnicos de alto nivel. 2. Un poder político dispuesto a crear y consolidar el proyecto en el ámbito legislativo. Entre otras cosas, el estímulo radicaría en la exención de impuestos y creación de infraestructura y servicios públicos a fin de que el empresariado pudiera planear y construir a futuro nuevos campus universitarios. 3. Programas profesionales con alta eficiencia terminal, líneas y proyectos de investigación financiados con alta productividad, infraestructura, equipamiento y sistemas de información de alto nivel y tener impacto real en los sectores social y productivo. 4. Finalmente, un alumnado dedicado de tiempo completo al estudio y comprometido con la institución. Este proyecto truncado momentáneamente en la UANL (ya autónoma a partir de 1969), fructificó fuera de ella. Las principales universidades privadas de Monterrey después del ITESM, fueron creadas en este periodo y actualmente presentan una alternativa educativa competitiva para amplios sectores de la población.

3 Este estudio es la historia del conflicto ya mencionado, el cual transita en una época de cambios violentos y se debate entre la modernización y la participación. La obra está dividida en siete capítulos y un epílogo. En el primero de ellos,Dr.se Jesús presenta Maríaun González

FACULTAD LA AUTONOMÍA DE ENFERMERÍA UNIVERSITARIA 1968-1971

panorama general sobre los estudios realizados sobre los movimientos universitarios en México en este periodo. La historiografía sobre este acontecimiento presenta innumerables puntos de vista, pero sobre todo es un punto en común para dar cabida y explicación a los sueños, aspiraciones, logros y frustraciones de toda una generación. Los condicionantes preferidos son sociales, culturales y políticos. Estos últimos presentan un peso específico cuando se trata de llevar a cabo un proyecto de nación alternativa entre los diferentes grupos sociales en tensión. Este es el caso para intentar visualizar en mayor extensión el conflicto entre los grupos estudiantiles de izquierda, el proyecto conservador de los grupos políticos y económicos de Nuevo León y el Gobierno Federal en transición hacia un nuevo proyecto político nacional, representado por el presidente Luis Echeverría. El segundo capítulo, presenta los primeros indicios de una crisis en la educación media superior en Nuevo León. Ante ésta, la Universidad se debate entre las propuestas de privatización, planteadas por el proyecto del gobernador Eduardo A. Elizondo y las reformas académicas y administrativas planteadas por los grupos organizados de izquierda, tanto dentro como fuera de la Universidad. El debate trae consigo una gran movilización de organizaciones locales, anteriormente poco participativas. Se podría decir que es la búsqueda del consenso por ambas partes. El tercer capítulo, se concentra en las históricas transformaciones que sufrió la Universidad de Nuevo León. Esta presentó una crisis estructural que la llevó a buscar por vez primera y de forma decidida la autonomía, la cual fue concedida por el Gobierno del Estado tras meses de intensa actividad política en la ciudad. En el capítulo cuarto, la Universidad de Nuevo León, ya autónoma respecto a la designación de su propio gobierno, inicia el transitar de una década sumamente compleja que sellará hasta ahora el tipo de Universidad que se pretendió ser. En 1970, la escalada de inestabilidad generada por estos cambios, afectó no sólo a la Universidad Autónoma de Nuevo León, sino también a otras instituciones de educación superior como el Instituto de Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Proemio

En el quinto capítulo presento la situación de la UANL durante los primeros cinco meses del año de 1971, periodo caracterizado por el caos generalizado dentro de la institución donde las diferentes demandas se atomizan y promueven la caída del primer rector surgido de la autonomía. En contrapropuesta, el gobernador Elizondo impone en forma clara y completa su proyecto de regeneración de la Universidad. El impacto es contundente a los ojos de los universitarios los cuales liman sus diferencias y hacen, en su mayoría un frente común contra este proyecto. Este representó una nueva estructura que impactaría no sólo en la universidad pública más grande del país después de la UNAM, sino que salió del ámbito local y se proyectó al entorno nacional. En el capítulo sexto, se describe este rechazo nacional y en el séptimo el derrumbe en consecuencia del proyecto alternativo nuevoleonés. El enfrentamiento entre el Gobierno Federal y el gobernador Elizondo debido a esta postura, termina con la renuncia de Elizondo y la entrega del gobierno de la UANL a los grupos opositores radicales del proyecto: una izquierda colaboracionista y apoyada por el Gobierno Federal, es el resultado de este desafío. El año de 1972 es la culminación de este largo transitar de la Universidad.

4 Deseo agradecer a todas las personas que brindaron su colaboración en la composición de este libro, a todos ellas mi profundo agradecimiento. Como siempre, y en su descargo, declaro que las opiniones aquí expresadas son de la exclusiva responsabilidad del autor.

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 1968-1971

[CONTEXTO

NACIONAL]

De la represi贸n a la apertura

l movimiento universitario iniciado en México en 1965-1966 y que desembocó en la represión del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en la capital de la república, se ha ido enriqueciendo en el

imaginario popular como un lugar para dar cabida y explicación a los sueños, aspiraciones, logros y frustraciones de toda una generación.1 Este mito se convirtió en un modelo de lucha al grado de que los movimientos estudiantiles posteriores en la UNAM, particularmente el del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) y el Consejo General de Huelga (CGH) de los años de 1986 y 1999-2000 respectivamente, han querido emularlo casi al detalle, pero sin éxito. Este conflicto que indudablemente impactó en la conciencia popular del México contemporáneo, no se trató de un conflicto al que haya precedido una crisis económica, por ello las explicaciones sociales contextuales internas y externas a la educación media y superior son las que han predominado desde los años setenta. Sin embargo, también existen interpretaciones que apuntan a razones políticas.

Un antecedente aceptado en esta línea es la posible relación entre una serie de movimientos contra las autoridades universitarias en la capital de la república (la huelga de 1966 y la de marzo-abril de 1968 en la UNAM) y los afanes por la candidatura a la presidencia de la república de algunos candidatos, en particular del médico Emilio Martínez Manatou y el abogado Luis Echeverría.3 También no se descarta la búsqueda del desprestigio del regente del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal.4 Estas pugnas internas de los grupos dentro del PRI se dieron en un momento en que existía cada vez más un descontento generalizado del profesorado 19

Contexto nacional: de la represión a la apertura

por los bajos salarios, resultado de una política de subsidios al sector educativo medio y superior de gran austeridad, política que afectaba a la mayoría de las universidades públicas del país y que ya habían dado muestras de agitación. Paralelamente, el régimen político de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), practicó una estrecha vigilancia en las universidades a través de cuerpos policiales (en ocasiones vestidos de civil), a fin de detectar a tiempo cualquier manifestación en contra del gobierno; manifestaciones ligadas a la creencia de que se trataba de conspiraciones internacionales de corte e ideología comunista. No era para más, el movimiento universitario contra la situación concreta de la estructura académica y política que regía en las instituciones de educación superior en la mayoría de los países occidentales era alimento de los periódicos mexicanos de todos los días. Los movimientos estudiantiles de Francia, Alemania, Estados Unidos e incluso en los países de Europa Oriental representados en la primavera de Praga, mostraban una aparente crisis mundial del viejo esquema de la educación superior. Sin embargo, las razones eran diversas (en Estados Unidos los jóvenes se levantaron contra la guerra de Vietnam), pero mostraron un punto en común: la aparición de un nuevo grupo social amplio, fresco, crítico, informado y antiautoritario representado en los jóvenes y profesores universitarios. En las altas esferas gubernamentales de México, estas protestas estudiantiles fueron vistas como el apéndice de una conspiración mundial, que a su vez se magnificó por la proximidad de las Juegos Olímpicos en México, a celebrarse en 1968. Para las altas autoridades nacionales era evidente que agitadores nacionales y extranjeros querían arruinar las Olimpiadas para desprestigiar a México y a su gobierno. Los sucesos que desembocaron en el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, ya son de por más conocidos y muchos escritores han descrito con detalle los sucesos. Sin embargo, lo sucedido el 2 de octubre implicó la conclusión violenta y sangrienta de este movimiento estudiantil ascendente y la generación de condiciones para un rápido cambio en el desarrollo político e ideológico en el país.5 El movimiento tuvo secuelas que impactaron tanto en las instituciones de educación media y superior como en la formación y proliferación de partidos 20

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El movimiento estudiantil alrededor del mundo supuso la aparición de un nuevo grupo social de carácter crítico y antiautoritario: los jóvenes y profesores universitarios que en México fueron vistos por las autoridades como parte de una conspiración mundial magnificada por la proximidad de los Juegos Olímpicos.

políticos de izquierda. En el primer caso, entre las aportaciones más destacadas del movimiento tenemos las siguientes: Los universitarios comprendieron la eficacia de difusión política y programática de sus demandas a través de esta acción entre la población, realizada por las brigadas estudiantiles. Los mítines relámpago en lugares públicos mostró la creciente simpatía entre la población urbana Los organismos tradicionales de política estudiantil como sociedades de alumnos y federaciones fueron suplidos por comités de lucha que asumieron para sí la representatividad de un movimiento estudiantil y magisterial más amplio, en otras palabras, nacional. Por su parte, las instancias internas de gobierno universitario fueron cuestionadas y reestructurada su relación con el poder público. En otras palabras se buscó la autonomía. Este fue el caso de Nuevo León. 21

Contexto nacional: de la represión a la apertura

Una instancia organizada que tomó una iniciativa más agresiva fue el Sindicato de Trabajadores Universitarios (el cual fue presa de grupos radicales de izquierda), y extralimitó sus funciones para inmiscuirse en asuntos académicos y de gobierno universitario. De nuevo es también el caso de la UNL. Por su parte, el sistema de partidos se vio alterado después del fracaso de 1968. Muchos comprendieron que la acción directa había mostrado sus limitaciones, y por lo tanto, se debía evolucionar hacia la acción organizada, o sea, hacia el asambleísmo. De esta forma surgieron nuevos partidos de izquierda como el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), la Liga Obrero Marxista, entre otros.

Para contrarrestar este malestar general, el candidato presidencial desde 1969, y posteriormente como presidente de la república a partir de 1970, Luis Echeverría Álvarez, ofreció un programa de modernización económica y renovación política, orientado por el diálogo y la autocrítica.

Este programa llegaría a ser conocido

como la “apertura política”. Esta apertura estuvo dirigida a todos los grupos críticos de izquierda y particularmente para los dirigentes y participantes de 1968. El gobierno federal inició una búsqueda de la conciliación: éste otorgó una amnistía y emprendió un diálogo con los líderes estudiantiles excarcelados a fin de cambiar la actitud negativa que se tenía hacia el gobierno y el PRI en las instituciones de educación superior en todo el país. 8 De esta forma, se intentó encauzar al movimiento estudiantil post 1968 hacia peticiones y demandas que el propio gobierno pudiera cumplir pero a cambio de una alianza estrecha entre su gobierno y estos grupos a fin de poder enfrentar los futuros conflictos que temía se presentarían con los empresarios nacionales

y extranjeros, amén de su agresiva política exterior antiimperialista y,

por ende, antiestadounidense.

Estos conflictos no tardarían en aparecer. El disentimiento a esta política estaba sumamente localizado en el noreste de México. Para 1969, la élite política, empresarial y sus organismos corporativos en Monterrey, mostrarían al presidente Echeverría como se manejaban las cosas en esta ciudad de las “industrias de fuego”.

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El movimiento universitario en Nuevo León En efecto, lo sucedido en Monterrey entre 1968 y 1971, en cuanto al movimiento universitario se refiere, no se puede explicar sin el conocimiento de este contexto nacional donde la ciudad de Monterrey fue la protagonista de esta tensión social que marcó la transición de un régimen autoritario como el de Díaz Ordaz a uno aperturista, más no tolerante al pensamiento conservador de los grupos económicos y políticos de esta región. No hay duda alguna que el proyecto de transición del grupo político a nivel nacional fue puesto a prueba desde sus inicios en Monterrey, y no sólo eso, sino que el gobernador, Eduardo A. Elizondo (1967-1971), apoyado por la extensa y poderosa industria regiomontana, planteó modelos alternos para enfrentar la problemática de la educación superior no sólo en Monterrey sino en el ámbito nacional. El modelo de una nueva universidad pública con características particulares de las universidades privadas fue lo que llegó a plantear Elizondo desde 1968, adelantándose a las demandas (aunque con otro tenor) del movimiento estudiantil nacional. Este proyecto de largo alcance (lo volvería a plantear en 1969 con la autonomía y en 1971 con una nueva Ley Orgánica para la UANL), ha sido relegado y minimizado por los investigadores del movimiento universitario en México cuando han llegado siquiera a mencionarlo. Considerando que la tendencia fue a magnificar los logros y fracasos del pensamiento y acciones de la izquierda política en este periodo, el pensamiento conser vador y alternativo en este país, ahora de moda, fue menospreciado y vituperado.11 Las reformas por las que están pasando nuestras universidades públicas en todo el país a partir de la década de los noventa y particularmente en los últimos tres años, no disienten en casi nada a lo esbozado por Elizondo y el grupo político y empresarial de Nuevo León en 1968. Entre otros planteamientos de 1968 están los siguientes: La necesidad de un financiamiento directo a las universidades por medio de los aumentos de cuotas y de becas-préstamos a fin de ser pagados sin intereses al final del periodo de estudio, siempre y cuando el alumno muestre su ingreso al mundo laboral. 23

Contexto nacional: de la represión a la apertura

El examen de admisión como forma de seleccionar a los alumnos que realmente tienen potencial de estudiar y aprovechar de mejor manera los recursos universitarios. Líneas y proyectos de investigación financiados con alta productividad. El estímulo a los proyectos universitarios que tienen un éxito comprobado en el sector productivo y social. La elevación del nivel académico de sus profesores a través de un sistema de evaluación de su productividad en investigación, desarrollo de recursos humanos, grados académicos obtenidos, así como de una retroalimentación del propio alumno al que imparte cátedra. Otra de las reformas estimuladas por Elizondo a fin de enfrentar la crisis de la educación media y superior que tuvo México en 1968, fue el llamado a la creación de universidades privadas que mostraron su capacidad de competitividad en el mundo académico, incluso, hasta la actualidad. Me refiero particularmente a la Universidad de Monterrey y a la Universidad Regiomontana, creadas ambas en 1969. Sin embargo, parte del proyecto fue truncado debido a la oposición interna organizada de la propia población universitaria (más no mayoritaria, ya que esta “población silenciosa” se mantuvo al margen de toda participación); por los grupos locales priístas de obreros y campesinos y por las autoridades federales a partir de 1971. Este modelo alterno de universidad pública que fue visto como la pérdida tanto de la autonomía como de la verdadera vocación universitaria,12 finalmente retrasó por casi 25 años el inicio de las actuales reformas universitarias. Es tiempo de hacer una nueva revisión de estos acontecimientos y apreciar sin arrebatos extremos lo sucedido entre 1968 y 1971 en nuestro entorno universitario. Las pasiones relegaron proyectos y esperanzas de mejora y crecimiento académico sólo por el hecho de encasillarlos en ideologías no compatibles con la efervescencia política izquierdista que invadió la Universidad de Nuevo León a partir de 1969. ¿Fue mejor esta situación generada por los grupos de izquierda que las posibles soluciones expuestas por Elizondo? Nunca lo sabremos, sin embargo, ya ha pasado el suficiente tempo para analizar de una forma diferente este periodo histórico que tanto ha apasionado a los investigadores sobre los movimientos universitarios. 24

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[LA UNL EN 1968]

Entre privatizaci贸n y reformas acad茅micas

n enero de 1968, la Universidad de Nuevo León cuya fundación data de 1933, tenía 14 mil alumnos inscritos y 400 empleados (entre funcionarios, maestros y personal administrativo). Todos ellos daban vida a veintidós

dependencias distribuidas en facultades, escuelas y departamentos, incluida la torre de Rectoría.

Los estudiantes de la UNL representaban el uno por ciento de la población del estado de Nuevo León, en otras palabras, por cada 99 nuevoleoneses, existía un estudiante universitario en la máxima casa de estudios del Estado. El año de 1968, inició con una serie de problemas laborales en el seno de la Universidad donde se manifestó el malestar de los trabajadores por un desacuerdo con el incremento a salarios y prestaciones para el nuevo año otorgados por el Gobierno del Estado. La propuesta del rector Héctor Fernández al Sindicato de Trabajadores de la UNL (en adelante STUNL), establecía un incremento de salario de dos millones 100 mil pesos para todo el año, así como dos millones 900 mil pesos al pago de cuotas del Seguro Social, a cuyo régimen serían anexados los trabajadores de la UNL por primera vez. Estas prestaciones totalizaban para el año de 1968, ocho millones 400 mil pesos para gastos médicos de todos los trabajadores de la UNL.

Aún cuando el aumento nos parece a primera vista de consideración, la realidad de las finanzas universitaria era muy distinta. El crecimiento de la Universidad en población estudiantil y en empleados que otorgaran el servicio requerido, fue en

2. La UNL en 1968: entre privatización y reformas académicas

constante aumento durante la década del sesenta. Esto conllevó a la necesidad de ampliar constantemente las instalaciones universitarias y dotarlas con el mobiliario necesario para su eficaz funcionamiento. Para 1968, la amenaza de un déficit creciente en el presupuesto universitario se hizo realidad. El presupuesto de ingresos para el año de 1968 era de 52 millones de pesos en contraste con los 55 millones que presentaba el presupuesto de egresos. El déficit para ese año ya era de tres millones de pesos. Además, el gobernador Eduardo A. Elizondo expresó categóricamente el 22 de enero de ese año que el Estado no estaba “en condiciones de asignar un centavo más a la UNL porque ello equivaldría a desatender sus obligaciones en todos los demás órdenes.”

La postura de Elizondo, exrector de la casa de estudios entre 1965 y 1967, fue apoyada por un amplio sector de la población citadina, la cual consideraba que la Universidad empezaba a absorber cada vez más partidas presupuestales estatales en detrimento a otras obligaciones gubernamentales tales como el deterioro infraestructural de la ciudad de Monterrey y área conurbada, ampliación de los servicios de agua, drenaje y alcantarillado, olvido de inversión estatal en el agro nuevoleonés, entre otros.4 La política gubernamental durante el gobierno de Elizondo se fundamentó en la presentación del incremento explosivo de la carga presupuestal que representaba para el Estado el subsidio de la UNL, el cual llegó a representar más del 10 por ciento del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado en 1968.

Carga

presupuestal que el gobierno estatal no estaba dispuesto a incrementar de manera importante durante los siguientes años. Aunque este argumento era real, el presupuesto dirigido a la educación media y superior en el Estado era comparativamente ínfimo al potencial económico de la ciudad capital y del Estado, el cual sólo dejó entrever el arcaico sistema impositivo que existía en la entidad. Además, hay que tomar en cuenta no sólo el enorme beneficio que traía al sector productivo y de servicios el profesionista egresado de la UNL y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (en adelante ITESM); sino también el impacto a favor de la elevación del nivel cultural de nuestro entorno en 28

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comparación a otras regiones de México.6 Estos eran verdaderamente los argumentos de más peso que terminaron por minar y deteriorar el gobierno de Elizondo hacia 1972 ante el poder central. Por su parte, la evidencia en la que se basaba Elizondo era innegable: entre 1961 y 1968 el presupuesto de ingresos de la UNL pasó de 14 millones de pesos a 52 millones. Y dentro de ese presupuesto, el subsidio estatal pasó durante esos mismos años de ocho millones a casi 30 millones de pesos, representando casi 60 por ciento del presupuesto total de la UNL.7 Sin embargo, aunque el aumento en monto de pesos es significativo, casi siempre –pareció olvidar Elizondo–, desde 1961, el subsidio estatal representó más de la mitad del presupuesto de la UNL. La variación osciló de la siguiente manera: en 1961 representaba 60 por ciento, en 1963 el 45 por ciento; en 1965 el 34 por ciento y en 1967 el 52 por ciento.8 El problema con el que se enfrentaba el gobierno estatal era que las otras fuentes de financiamiento habían llegado a su límite, particularmente durante el gobierno de Díaz Ordaz, el cual redujo en términos reales durante su mandato el subsidio federal a las diversas universidades públicas del país. El subsidio federal ordinario y extraordinario a la UNL prácticamente fue el mismo (en cantidad de pesos) entre los cuatro años que comprende el periodo de 1965 a 1968 (para este último año representaba 20% del total de ingresos de la UNL), recayendo en consecuencia el peso del incremento del subsidio anual en el presupuesto de egresos del Estado (el cual representó 58% en el presupuesto de ingresos de la UNL para 1968) y en menor medida en el Patronato Universitario (4%), en los servicios educativos proporcionados por la propia UNL (16%) y en la partida de donativos (2%).9 En efecto, lo sucedido en la UNL en esos años era una muestra de la crisis educativa nacional, principalmente en la educación media y superior del país. Por primera vez en la historia,los años sesenta, particularmente en su segunda mitad, mostraron un auge en la demanda hacia estas instituciones, las cuales mostraron un rezago en su oferta administrativa, académica y de infraestructura que provocaron que fueran rebasadas por las propuestas estudiantiles. Aunado a esto, las autoridades de la época se mostraron inicialmente en Nuevo León, sumamente consecuentes ante tal 29

2. La UNL en 1968: entre privatización y reformas académicas

fenómeno, pero a partir de que no pudieron resolver el conflicto creciente, el cual llegó a cuestionar el sistema de autoridad heredado desde la revolución, el autoritarismo mostró una vez más su faceta amenazante provocando una ruptura y herida histórica en nuestro país, todavía no del todo cerrada. En el conflicto participaron grupos sociales que tenían años y décadas incluso, marginados del activismo político. No sólo los estudiantes fueron los actores principales sino los masones, las organizaciones campesinas y obreras que llegaron a rebasar a sus líderes, la clase media urbana, los empresarios, la iglesia, entre otros. Es este caldo de cultivo social que hace verdaderamente atrayente el periodo histórico en cuestión.

Primer indicador: problemas laborales Las peticiones del Sindicato de la UNL (hechas en noviembre de 1967) sobre el aumento de salario y prestaciones para el año de 1968, no fueron satisfechas del todo en la resolución que les presentó en enero de 1968 el rector Héctor Fernández. Ante ello, el Sindicato amenazó con una huelga general en todas las instalaciones de la casa de estudios como forma de presión para alcanzar una mejor negociación. La propuesta realizada por Horacio Salazar Ortiz a nombre del sindicato, establecía nivelación de salarios, aumento de los mismos y servicio médico y asistencia. Entre otras peticiones, el sindicato también consideraba que era un derecho de éste, el designar puestos y contrataciones del personal de la UNL y no a las autoridades universitarias, tal y como lo venían haciendo. También formaba parte de su pliego petitorio la designación de 400 mil pesos para actividades deportivas, 800 mil pesos de subsidio al sindicato, un mes de salario como compensación y 50 mil pesos en caso de fallecimiento, de alguno o algunos de sus miembros. Uno de los puntos medulares del pliego también contemplaba la reinstalación de dos de sus empleados y establecer como obligatorio el descuento de cuotas sindicales a los trabajadores.10 Ante la posibilidad de un conflicto mayor, el Tribunal de Arbitraje del Estado declaró el 2 de marzo de 1968, ilegal la huelga anunciada por el STUNL y previno que toda suspensión de labores sería considerada como abandono del empleo.11 30

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foto Elizondo

El gobierno de Eduardo A. Elizondo, en esta imagen como rector de la casa de estudios acompañado por Raymundo Rivera Villarreal, no estuvo dispuesto a asumir el incremento presupuestal de la institución.

El tribunal integrado por los licenciados Gerardo Cantú García, Baltasar Cantú Garza y Alejandro Delgado, desestimó los argumentos del sindicato y expuso entre los fundamentos los siguientes: La Universidad no es un negocio en el que existan capital y trabajo, sino relaciones entre Estado y servidores. 31

2. La UNL en 1968: entre privatización y reformas académicas

No puede alegarse “desequilibrio económico” tal y como lo contemplan los líderes de los trabajadores ya que no se trata de una empresa común y corriente. La huelga pretendida no tiene objeto forzar el cumplimiento de una resolución del Tribunal de Arbitraje, único caso en que la admite la Ley del Servicio Civil. El pliego petitorio y la amenaza de huelga contra nuestra máxima casa de estudios no está firmada por la mayoría de los trabajadores, sino por los líderes.12 A esta declaración se sumaron más voces para evitar el conflicto y desestimar las peticiones de los trabajadores universitarios. Los medios de comunicación de Monterrey aplaudieron la decisión del Tribunal de Arbitraje y acusaron al sindicato de pretender “paralizar la UNL en perjuicio de la educación superior, de la juventud estudiosa, de la sociedad en general y en perjuicio incluso de numerosos trabajadores que no están de acuerdo con él.”13 El rector Héctor Fernández declaró también que la UNL “no es negocio mercantil, ni los causantes y colaboradores espontáneos pueden aportar más dinero, ni la economía de nuestra máxima casa de estudio permite más prestaciones”.14 Finalmente, la huelga se conjuró y el regreso a clases no presentó mayores alteraciones.

Ley y reglamento sobre préstamos a la educación superior Aunque la posibilidad de irse a la huelga quedó sólo como una tentativa, esta manifestó el problema latente de la UNL: su situación financiera y, en consecuencia, sus condiciones taxativas para abrir sus puertas a cada vez más alumnos. Ante esta situación no existía un plan rector que proyectara a la UNL hacia planes futuros. Era indudable que su limitada estructura no podía recibir la avalancha de estudiantes que estaba egresando de la educación básica. Aunado a esto, las autoridades universitarias y el gobierno del Estado no tomaron las medidas conducentes por anticipado. Todo indica que se fue creando y realizando la nueva estructura 32

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universitaria sobre la base de enfrentar los problemas inmediatos y resolverlos parcialmente, nunca pensando en fincar las bases para una estructura universitaria flexible y duradera a futuro.

La salida ante el grave problema financiero que propuso el gobernador del Estado fue el cobro completo de los cursos universitarios a los estudiantes de la UNL. Su anteproyecto de ley manifestó una novedad en México para afrontar el problema financiero de la universidad pública y representó la punta de lanza de todo un proyecto nacional de los poderosos grupos políticos y económicos de Nuevo León. La educación pública universitaria en México siempre fue un asunto espinoso para aquellos que exigieran una modificación en su financiamiento público. En México, el autofinanciamiento de las instituciones de educación superior públicas es un tabú histórico, incluso, ahora en pleno tercer milenio. El proyecto en Nuevo León era novedoso, prematuro para su época y hacía trizas el viejo tabú tradicional con el cual todos los políticos habían lidiado: la educación media y superior en México considerada pública, debe ser subsidiada por el pueblo. El 8 de marzo de 1968 fue la fecha escogida para lanzar la nueva propuesta. El gobernador Eduardo Elizondo propuso el cobro completo de los cursos a estudiantes universitarios como la mejor fórmula para salvar de la bancarrota a la UNL y convertirla en el ideal regiomontano: ser autosuficiente.15 A través de diversos desplegados públicos editados por la prensa, puso a consideración de la opinión pública, incluyendo profesores, estudiantes y padres de familia, un proyecto que crearía la educación de paga en la UNL; concediendo un crédito pagadero al final de la carrera, a aquellos estudiantes que en ese momento

Los últimos dos lustros

no estén en posibilidades de cubrir sus cuotas.16

El problema era evidente: la UNL carecía de edificios, laboratorios y talleres, los cuales eran ya insuficientes para la práctica universitaria. Aunado a esto, cada año era mayor el número de jóvenes para quienes no tenía acomodo en sus instalaciones. A juicio del ejecutivo estatal, la UNL impartía una educación media y superior prácticamente gratuita y dependía financieramente, en su mayor parte, de subsidios del Estado que destinaban 41 millones, o sea, 10 por ciento del presupuesto del 33

2. La UNL en 1968: entre privatización y reformas académicas

Estado. Manifestó también que la situación financiera de la Universidad se deterioraba cada vez más y que si continuaba así vendría la bancarrota a menos que disminuyera su cupo o deprimiera la calidad de la enseñanza impartida. 17 Las soluciones a fondo eran las siguientes: La Universidad cobraría sus propias cuotas para resguardar sus costos y diferirían éstas en las diversas escuelas. Los estudiantes con posibilidades económicas pagarían las cuotas que vayan devengándose. Los estudiantes de escasos recursos seguirían pagando las pequeñas cuotas vigentes como parte de las cuotas completas y recibirán un préstamo sin intereses que pagarían al terminar sus estudios. El análisis de la situación económica de cada estudiante permitiría decidir quienes pagan y quiénes deben recibir crédito. Para que los estudiantes recibieran y conservaran el beneficio del crédito durante su carrera, era necesario que demostraran y mantuvieran asiduidad y capacidad. En caso contrario dejarían de gozar del beneficio. En lo sucesivo la Universidad no recibiría subsidios sino para obras nuevas. Los que actualmente le eran brindados por el Gobierno Federal, por el Gobierno Estatal o por el Patronato Universitario, en el futuro se destinarían a hacer préstamos por cuotas. Lo ideal era que a partir del septiembre de 1968 se aplicara este sistema para todos los estudiantes sin excepción. Para el manejo de esta novedosa estructura universitaria se integraría un instituto descentralizado que gozaría de la autoridad y la independencia necesaria para la justa aplicación de las normas que se adopten y para el adecuado manejo de los fondos.18 Diez días después, el 19 de marzo, el gobernador Elizondo lanzó para su consulta a la opinión pública del Estado la estructura de la nueva Ley y reglamento sobre préstamos de educación superior. Esta se componía de dos anteproyectos que finalmente no fructificaron por el rechazo de una parte importante de la población y por el alto riesgo político que conllevaba esto. Es de hacer notar que, a consideración 34

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también de una parte del grupo político en el poder, principalmente de los campesinos y obreros organizados y del sector popular del propio PRI, esta medida fue cuestionada y rechazada. Los anteproyectos de ley eran: el que crearía el Instituto de Préstamos para la Educación Superior y Técnica del Estado de Nuevo León y el Reglamento de la ley que crearía el mencionado instituto.19 Elizondo, previendo el posible rechazo de una parte de la población, argumentó su proyecto en un provocativo discurso donde establecía una gran liberalidad en el manejo de este problema y “creemos –continuaba– que contra esa solución o una semejante solo podrán estar en contra los estudiantes que no quieran estudiar y algunos cuantos individuos interesados no en el bien de la Universidad sino en crear el caos y la destrucción.20 La resistencia a los anteproyectos apareció en toda la gama del espectro político. El primero en manifestarse en contra de ellos fue, como era de esperarse, el STUNL, el cual amenazó con una huelga general en caso de aprobarse tal y como estaba contemplado.21 Diversos grupos dentro de la Universidad mostraron una división

El sindicato de trabajadores universitarios fue el primero en manifestarse contra la propuesta elizondista sobre préstamos de educación superior, lanzando una amenaza de huelga general. 35

2. La UNL en 1968: entre privatización y reformas académicas

de opiniones bastante marcada, mientras la Rectoría se mostró favorable a los anteproyectos. Ante la amenaza de huelga del STUNL, las autoridades de dos escuelas (Enfermería y Obstetricia y la de Trabajo Social), cuatro facultades (Derecho y Ciencias Sociales, Arquitectura, Economía y Comercio y Administración) y la Escuela Preparatoria No. 8, mostraron su apoyo al rector y al anteproyecto de Ley de Elizondo.22 Por su parte, las autoridades universitarias, a través del rector Héctor Fernández, ratificaron el 27 de marzo de 1968 la iniciativa del gobernador. Sin embargo, en esta ocasión y para evitar mayores fricciones con la población estudiantil, el rector lanzó un plan alterno para el cobro de las cuotas universitarias a través de dividir a la población estudiantil en tres grupos generales: un sector económicamente débil, un sector con capacidad económica variable y finalmente un grupo minoritario (20% de la población) con capacidad de pago. Estos tres grupos se identificarían por un Comité de Becas de la Universidad (entidad por constituirse), el cual tras un proceso administrativo complicado de selección y clasificación de alumnos, determinaría el monto a pagar por estudiante. Aunque la propuesta no prosperó, la iniciativa es una muestra de la diversidad de soluciones y grados de ejecución propuestos ante esta problemática. El asunto se complicó en la UNL ante el paro parcial de labores que decretó el sindicato a partir del 13 de marzo en casi todas las dependencias de la UNL y que afectó al 80 por ciento de los trabajadores.23 La exigencia del STUNL fue la reposición a sus puestos de dos empleados, petición que llegó hasta al gobernador. Éste respondió que competía a la Junta de Conciliación y Arbitraje resolver el asunto y exoneró a las autoridades universitarias y al gobierno de tal decisión.24 Las autoridades universitarias resolvieron de forma favorable e inmediata a tal petición sindical. Y dos días después se levantaron las sanciones a los trabajadores despedidos, volviendo las labores a la normalidad.25 Sin embargo hubo otras organizaciones fuera de la Universidad que se manifestaron en contra del anteproyecto del gobernador Elizondo. Este fue el caso de la masonería en Nuevo León que acordó hacer públicos sus puntos de vista. Esta iniciativa se 36

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debió, a que el Ejecutivo del Estado invitó a la ciudadanía a darle a conocer su criterio sobre el plan de autofinanciamiento universitario.

La Gran Logia celebrada el 30 de marzo de ese año, discutió la ley y acordó mostrar los siguientes razonamientos: 1. El plan desvincula al gobierno del Estado de la Universidad. En lo académico debe de ser autónoma pero en lo económico siempre ha estado subsidiada y avalada por el gobierno. Si el plan funcionara la Universidad se convertiría en un organismo autosuficiente de carácter particular sostenido por los propios educandos. En esas condiciones no se legitimaría ya la intervención del gobierno en designación de sus máximas autoridades y supervisión administrativa. La Universidad sería entonces una institución privada. 2. La elevación de cuotas en forma tan drástica (se dice que algunos casos irán de cuarenta y cinco pesos a 600 y más) indudablemente quitará a la Universidad el carácter de universidad del pueblo que hasta ahora ha tenido. 3. No compartimos la tesis de que el pueblo no está interesado en subsidiar, a través de su gobierno a la educación superior. Si se subsidia a la industria aplicando una política de exenciones fiscales, sin recuperación, y sin obligación de restituir a futuro, no vemos por qué razón el gobierno estima que la educación personal sea una inversión económica más lucrativa que la explotación industrial y obliga al joven, recién egresado de las aulas, a devolver el beneficio de las facilidades con que estudió, y sí en cambio, los beneficios recibidos por la industria por vía de exenciones de impuestos, se concedan de manera definitiva sin que el Estado haga cuenta de las utilidades de las empresas ni exija investigación o comprobación de la necesidad de la medida. 4. No creemos que el divorcio del gobierno de la Universidad ni que la explosión de las clases populares de esta institución se atempere siquiera en una política de préstamos y de becas. No existe razón, ni jurídica, ni 37

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lógica para que un subsidio de la educación superior se convierta en fondo de préstamos. Tampoco existe razón para que los productos que detenta la Universidad de su patrimonio particular o de la respuesta del pueblo a los sorteos organizados por el Patronato, se pasen a la Caja de Préstamos de un instituto encargado de impedir que los dineros que reciba la Universidad de cualquier fuente, se apliquen, en definitiva a disminuir el costo de la educación en beneficio de los educandos. 5. No entendemos por qué el costo de la educación universitaria en Nuevo León deba gravitar íntegramente sobre los estudiantes. Si la federación otorga un subsidio anual de 12 millones de pesos, aproximadamente, por qué razón el gobierno del Estado quiere que ese subsidio no se aplique a disminuir el costo de la educación de los universitarios sino que prefiere que pase al Instituto de Préstamos para que sea facilitado. ¿Puede el gobierno del Estado dar esa facilidad a un subsidio que fue otorgado precisamente para beneficio popular? ¿Puede el gobierno del Estado válidamente desviar los productos y donativos que recibe la Universidad para canalizarlas a un Banco de la Educación en lugar de utilizarlo para lo que fueron establecidos? Creemos que no. La Universidad se debe dotar de un patrimonio precisamente para que el costo de la educación superior disminuya. 6. El problema económico de la Universidad debe resolverse sin alejar la educación superior de las clases populares y sin desvincular al pueblo de la institución.27 Este último punto era lo que más preocupaba no sólo a los masones, sino a la mayoría de los que estaban en contra del anteproyecto de ley. Se temía que se establecieran distinciones de clases de alumnos, según su capacidad económica, para aportar cuotas. Sin embargo, si bien la capacidad contributiva sólo debía tomarse en cuenta en materia fiscal, y si ésta se aplicara estrictamente, haciendo pagar más a quién obtiene mayores utilidades, se habría logrado una reforma tributaria efectiva que resolvería de golpe la necesidad del pueblo de subsidiar aquellos renglones de la 38

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actividad humana que son de interés general, y de beneficio colectivo indudablemente, como la educación superior. Otra objeción que también se hizo sentir fue la idea de establecer cuotas diferentes según el costo de las carreras estudiadas. Esto era de suponer, traería un grave prejuicio en la elección de las profesiones y posiblemente una “injuriante” clasificación de estudiantes basada en motivos económicos.28. El anteproyecto de ley, como era de esperarse, no fue del agrado de una parte importante de la población, la cual a través de sus organizaciones lo cuestionó severamente. Tal vez el principal rechazo vino del mismo partido oficial porque conociendo ahora el férreo control que ejercía sobre los tres órganos de gobierno en esos años, no puede explicarse de otra forma que el anteproyecto fuera “congelado” antes de llegar al Congreso por los propios representantes políticos del PRI. Huelga de hambre De los desplegados y de la participación ciudadana sobre el anteproyecto de Elizondo, se pasó al activismo estudiantil. Hasta la segunda mitad de marzo de 1968, el estudiantado había permanecido parcialmente al margen de la polémica sobre el futuro de la Universidad y sus posibles reformas. Fue hasta el 22 de marzo cuando el movimiento estudiantil, hasta esa fecha aletargado, empezó una movilización de protesta contra las condiciones físicas de las instalaciones universitarias. Los primeros en desarrollar estas manifestaciones fueron los estudiantes de Ciencias Biológicas. En razón de 150 alumnos, distribuidos en 12 grupos, y en siete salones, de los cuales cuatro eran aulas y el resto laboratorios, se lanzaron a una huelga de hambre y bloquearon el tráfico de la calle Matamoros entre Zuazua y Dr. Coss. En estas calles colocaron barricadas donde manifestaron pintas donde decían “Huelga de hambre, pro edificio”, “Elizondo lo prometió siendo rector pero no cumplió”.29 Organizados a través de la Sociedad de Alumnos de Ciencias Biológicas, lanzaron un comunicado al rector Héctor Fernández donde manifestaron lo siguiente: 1. Considerando que la situación por la que atraviesa nuestra facultad en materia de aulas, mobiliario y equipo de laboratorio, así como espacio 39

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insuficiente y condiciones de estudio ha alcanzado el carácter de insoportable. 2. Que desde hace dos años, dos meses el estudiantado de esta facultad ha venido recibiendo promesas de que un nuevo edificio va a ser construido en la Ciudad Universitaria. 3. Que aún contándose con la cantidad de un millón de pesos concedido por el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas desde hace aproximadamente un año, y no ha sido aplicado. 4. Que hace 19 días venció el plazo de la última promesa dada por las autoridades para que inicie el nuevo edificio, hemos decidido declararnos en huelga de hambre por tiempo indefinido, hasta que se inicie la construcción referida.

El conflicto en Ciencias Biológicas dejó al descubierto el problema de sobrecupo y el deterioro de las instalaciones que la Universidad había adecuado hacía ya varios años para sus facultades y escuelas en el centro de la ciudad. Era evidente que la Ciudad Universitaria era ya una necesidad imperante y que en 1968 sólo algunas de las facultades y escuelas habían logrado trasladarse hasta ella. El 14 de abril de ese año, Elizondo logró negociar finalmente con el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, el CAPFCE, para que la Ciudad Universitaria quedara completa en un término no mayor a tres años.31

Respuestas alternas El gobierno de Nuevo León, la elite empresarial y los diversos grupos religiosos organizados de la ciudad, contemplaron desde fines de 1967, la crisis universitaria por venir. La educación superior en México estaba por experimentar un boom y había que estar preparado para presentar nuevas alternativas más allá de las instituciones ya establecidas como eran la UNL y el ITESM. El gobernador del Estado abrió esta posibilidad de forma pública el 18 de enero de 1968. En esa ocasión dijo que todos los planteles educativos particulares que 40

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desearon participar en la enseñanza superior, sujetos a los planes de gobierno en materia de enseñanza, por supuesto, encontrarían altos estímulos de parte de su administración. La razón, era obvia:

“La Universidad, como se sabe, está básicamente imposibilitada para atender la demanda de todos aquellos jóvenes que desean cursar sus carreras. Los planteles particulares podrían absorber a gran parte de aquellos estudiantes que no puedan ingresar a la UNL”.

El llamamiento fue dado después de que dos grupos particulares mostraron interés en crear dos instituciones de educación superior en la ciudad. Estos mismos grupos fundarían respectivamente en 1969 la Universidad de Monterrey y la Universidad Regiomontana. Un año después (1970) se crearía el Centro de Estudios Universitarios. La otra alternativa inmediata fue buscar fuentes económicas y de apoyo alternas a la UNL. Estas se dieron a través de la creación de organizaciones civiles comprometidas en el mejoramiento de la calidad educativa de la Universidad. La primera de ellas en este periodo fue el Frente Pro Dignidad Universitaria, A. C. Esta agrupación formada por egresados de la UNL en Asociación Civil en julio de 1967, tenía como objetivo principal “colaborar en el engrandecimiento de su Alma Mater, y de cooperar en todo lo que signifique elevación material y moral de la misma, manteniéndose la asociación independiente y autónoma de cualquier grupo político o religioso”.33 En forma paralela, también buscó fomentar la unidad entre los egresados de la Universidad que desearan contribuir en la consecución de sus fines, así como también becar a alumnos carentes de recursos económicos y que demostraran su capacidad para realizar estudios universitarios. La segunda organización de este tipo fue la Asociación de Egresados y Amigos de la UNL, la cual inició su primera reunión a fin de constituirse en asociación civil, el 16 de abril de 1968. Su presidente Enrique C. Livas, manifestó en esa ocasión que todas las profesiones de la UNL estaban representadas en ella, así como los sectores industrial, bancario y del comercio de Monterrey. El objetivo que se buscaba era

2. La UNL en 1968: entre privatización y reformas académicas

“despertar la conciencia de todos los egresados de la UNL para acudir al auxilio económico de la misma.”

Por otra parte, las donaciones de particulares no se hicieron esperar. A principios de 1968 empezaron a fluir a las distintas dependencias de la UNL. El 8 de enero se dieron dos, una de parte de los Laboratorios Pfizer, a través de su gerente general William F. Walsh, a la Facultad de Medicina, el cual obsequió un polígrafo, un aparato para el registro de electrocardiogramas, electroencefalogramas, tensión y presiones.35 La otra fue del alcalde de Montemorelos al rector de la UNL, consistente en 80 mil pesos para la adquisición de equipo de laboratorio para la escuela preparatoria en ese municipio, dependiente de la UNL (50 mil fueron donados por la viuda de Joel Rocha y el resto por los citricultores del lugar).36 El dinero fue recaudado por la organización denominada Patronato Pro Centro Escolar Montemorelos, Laboratorios y Talleres. La Facultad de Medicina siempre gozó de la preferencia de las organizaciones estadounidenses. Entre los años de 1967 y 1971, la Fundación Kellogs donó cinco

La Universidad entraba a una etapa de importantes reformas académicas para enfrentar la creciente demanda de educación media superior y superior, así como adecuarse a la realidad mexicana. 42

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millones y medio de pesos a la Escuela de Medicina y Enfermería.37 En 1968, la empresa Siemens donó al Hospital Universitario (el cual recibió en 1968 la remodelación más importante de su historia desde 186038) y a la Facultad de Medicina un pupitre Einstein y un aparato para terapia de onda corta.39 El Patronato Pro Instituto Unitario de Cardiología dirigido por Luis Elizondo y Enrique C. Livas, también recaudó donaciones de Cementos Mexicanos y de la empresa LTH de Ricardo Cantú Leal.40 La Facultad de Economía recibía desde 1962 donaciones anuales de la Fundación Ford las cuales consistían en 13,780 dólares por año.41 En octubre de 1968, la empresa Caterpillar donó a la UNL una máquina marítima tipo D-342 para generar energía eléctrica.42 Muestras todas ellas de la calidad y el alto nivel reconocido en la localidad y el extranjero de las labores realizadas en la UNL. El Consulado estadounidense durante la gestión de Victor E. Niemeyer como director del Departamento Cultural del consulado, también se mostró generoso en las aportaciones de material bibliográfico a las bibliotecas a la UNL.43 El Patronato Pro Laboratorios y Talleres de la UNL recibió importantes donaciones. Entre ellas tenemos la realizada en julio de 1968 y consistente en 300 mil pesos por el gerente general de la empresa Hylsa, Bernardo Garza Sada, a fin de comprar equipo especializado para practicar el Control de Calidad.44 Conductores Mexicanos otorgó un donativo de 100 mil pesos a este Patronato.45 El Gobierno federal intentó también enfrentar la posible crisis de las universidades otorgándoles subsidios extraordinarios a fines de la década de los sesenta. En julio de 1968 prometió dos millones de pesos a la UNL a fin de iniciar la construcción del edificio de Ciencias Biológicas y para equipo de laboratorio. 46 El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (en adelante CAPCE) otorgó equipo por un valor de 250 mil pesos consistente en microscopios, estereomicroscopios, estereoscopios, cámaras, lámparas de espejo con foco y microproyectores.47 El Patronato de la UNL, fundado el 11 de diciembre de 1950, donó en 1968 un millón de pesos para la construcción del edificio de la Facultad de Ciencias Biológicas, 43

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además de los casi tres millones recabados por esta organización entre agosto de 1967 y julio de 1968.48 El problema económico de la UNL también sensibilizó al resto de la comunidad nuevoleonesa. Los trabajadores mineros de la ciudad donaron en julio casi nueve mil pesos como aportación de la Sección 67 del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (en adelante STMMRM).49 A pesar de las constantes limitaciones económicas, la UNL nunca dejo de prestar su servicio social a la comunidad nuevoleonesa, a la cual siempre debió su existencia.

Inicio de un periodo histórico para el movimiento universitario Durante la segunda mitad del año de 1968, el Consejo Universitario se reunió en varias ocasiones para continuar con la reforma universitaria que estaban llevando los diversos consejos técnicos diseminados en todas las escuelas y facultades. Hubo importantes reformas a la estructura académica universitaria que se acordaron principalmente en dos memorables sesiones: una llevada a cabo el 11 de julio con duración de cuatro horas y la segunda el 29 de septiembre y con una duración histórica de ocho horas. En ésta última el rector rindió su informe anual de actividades, se condenó la violencia y el uso de la fuerza pública en las instalaciones universitarias en México y el Consejo Universitario definió su posición respecto al problema estudiantil. Definió la autonomía como la libertad de enseñanza de cátedra y de expresión. 50 Este Consejo inauguró una mayor participación estudiantil, en la cual hubo un representante de los estudiantes por cada facultad o escuela con un voto cada uno, sumando en total 22. En los anteriores consejos éstos sumaban sólo siete. El semestre de septiembre a diciembre fue interrumpido en numerosas ocasiones por el conflicto estudiantil que recorrió todo el país. La primera manifestación en contra de los hechos que estaban ocurriendo en la ciudad de México (desalojo de los estudiantes de Ciudad Universitaria) se dio el 21 de septiembre de 1968. Ese día un grupo de 300 jóvenes de Ingeniería Mecánica, Medicina, Economía, Agronomía 44

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y Leyes tomaron en forma pacífica y simbólica la torre de Rectoría. No se reportó daño alguno al equipo y mobiliario y en sus declaraciones hicieron énfasis que no tenían nada en contra ni de las autoridades universitarias locales ni del Gobierno del Estado.51 Ese mismo día la asamblea del Sindicato de Trabajadores al servicio de la UNL acordó dar su apoyo a los estudiantes capitalinos y a los de Nuevo León en todos sus movimientos.52 Ante los trágicos acontecimientos que continuaron en la ciudad de México, más de 150 estudiantes de la UNL realizaron el 26 de septiembre una manifestación silenciosa por las principales arterias del centro histórico de la ciudad de Monterrey en la que pidieron a través de cartelones la salida de la policía y del Ejército de las instalaciones de la UNAM.53 La Gran Logia de Nuevo León volvió a manifestarse favorable a las demandas universitarias. El 28 de septiembre lanzó una carta abierta el presidente de la república Gustavo Díaz Ordaz donde se dijo que los masones: se unen a la voz del estudiantado nacional, para que sus demandas sean oídas en justicia, y en diálogo comprensivo, sean resueltas a favor de los intereses del pueblo mexicano, que el gobierno tiene la obligación de interpretar. Las instituciones se apoyan en la razón del pueblo. No han menester ser defendidas con la fuerza material. Ni las bayonetas ni la prisión pueden responder legítimamente a la sensibilidad y enjuiciamiento que la juventud expresa en sus peticiones. La masonería de Nuevo León lamenta el derramamiento de sangre joven.

También hubo voces discordantes ante el conflicto estudiantil. Una de éstas fue la postura de la Unión Neolonesa de Padres de Familia que exhortó a los padres de los estudiantes a reflexionar sobre la situación y a alejar a sus hijos de cualquier intento de agitación política. Estas agitaciones, decían, eran manipuladas por fuerzas obscuras que intentaban hacer de nuestro país un “nuevo satélite comunista”. La autonomía universitaria era una idea –a juicio de esta organización– a fin de crear en la Universidad “un reducto de agitadores o malos estudiantes” los cuales recientemente se habían

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adueñado de Ciudad Universitaria en México a fin de sustraerla de la legalidad. Parte de la exhortación decía así: Los más recientes y trágicos acontecimientos registrados en la capital de la república que notoriamente tratan de desplazarse a la provincia nos obliga a hacer este llamado a los padres de familia para que en cumplimiento de esa obligación que tenemos de orientar a nuestros hijos, ayudarlos a reflexionar sobre la situación creada y hacerlos ver la luz de la razón para bien propio y en última instancia para bien de la patria, quien los reclama preparados y con espíritu fuerte para evitar caer en la violencia que es fruto de la fuerza incontrolada. No podemos dejar de reconocer que la situación es grave y lamentable desde todos los puntos de vista. Lo que comenzó por ser un problema entre alumnos de dos preparatorias prevocacionales, ha acabado por ser una batalla campal hábilmente dirigida por quienes siempre han tratado de hacer de nuestro país un nuevo satélite comunista. Esto sin tomar en consideración la serie de atropellos, asaltos, robos y daños en las personas y en las cosas que están muy lejos de responder al ambiente de paz social y dignidad ciudadana de que México venía enorgulleciéndose, hasta cierto punto con razón, ante el mundo entero.55 El movimiento estudiantil de 1968 consolidó en el transcurso de ese año un potente Consejo Estudiantil de la UNL que dio seguimiento a la organización de sus demandas. Desde un principio, se intentó por parte de grupos ajenos a la Universidad de debilitar y amedrentar el movimiento el cual se encontraba en franco ascenso para que los jóvenes desistieran de sus demandas. El primer intento fue el secuestro de dos miembros del Consejo Estudiantil: Luis Arciniega Hernández, alumno del segundo semestre de la Facultad de Ciencias FísicoMatemáticas, y Germán Alduncin Riquelme, del tercer semestre de la misma facultad, desaparecieron el 21 de septiembre de 1968. Inmediatamente, el Consejo Estudiantil manifestó que tal hecho era parte de una conspiración contra el movimiento y exigió a las autoridades la búsqueda inmediata de ambos.

El 27 de septiembre, un nuevo acontecimiento contra los estudiantes de la UNL hizo manifestar la indignación contra las autoridades involucradas en el hecho. Ese 46

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día, varios estudiantes de las escuelas de Economía y Medicina que se encontraban en la ciudad de Saltillo, Coahuila, invitados por las organizaciones estudiantiles de esa ciudad, fueron sujetos de persecución y amedrentamiento por parte de la policía de esa ciudad.57 Además, en la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura de la ciudad de Ramos Arizpe, fue interceptado por patrullas estatales y fuerzas federales el automóvil en que viajaba otro grupo de estudiantes de las mismas escuelas al que se le decomisó ilegalmente un equipo de sonido propiedad de la sociedad de Alumnos de la Facultad de Medicina. La denuncia del Consejo Estudiantil en Monterrey fue la carencia de garantías y falta de apego a nuestra Constitución por parte del Gobierno del Estado de Coahuila al violar los artículos 6, 9 y 11 de la Carta Magna, los cuales se refieren a la libertad de expresión, reunión y tránsito, respectivamente.58 Finalmente, el 1 de octubre, la prensa local informó del “secuestro” momentáneo de un fotógrafo de un diario local durante un acto realizado por el Consejo Estudiantil. Al respecto, el Consejo aclaró que el responsable real del altercado fue el fotógrafo quien ante el requerimiento de identificación dijo ser agente de la Secretaría de Gobernación y que las fotos por él tomadas serían destinadas a esa institución. Ante tal respuesta, los estudiantes que le escucharon se indignaron por su prepotencia surgiendo así “el altercado sin mayor importancia, del cual salió ileso”.59 Ante el incremento de fricciones entre el movimiento estudiantil de la UNL y las autoridades, el Consejo Estudiantil declaró, el 1 de octubre, la toma de Rectoría para el día siguiente con la finalidad, entre otras razones, de reafirmar la línea del Consejo de no crear alborotos ni provocar desórdenes ya que esto era lo que esperaban los enemigos del movimiento para utilizarlo en su contra. Además, aclararon: Entendemos que tal medida (la toma de Rectoría) será criticada, pero es el único recurso efectivo que tenemos para presionar a las autoridades gubernamentales, únicas dotadas de los instrumentos necesarios para dar una explicación o justificación de la situación de nuestros compañeros (desaparecidos).60

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Los amedrentamientos también salieron a colación manifestando el Consejo que “ningún acto de tal naturaleza impedirá que continuemos en nuestra lucha por un México libre y democrático”.

La toma de Rectoría se prolongó hasta el 10 de octubre, a raíz de que se informó de la matanza realizada el mismo día 2, en la Plaza de las Tres Culturas, en la antigua México Tenochtitlan. Las protestas contra lo ocurrido en México se extendieron a otros sectores. El 4 de octubre se realizó una profusa manifestación en el centro de la ciudad de Monterrey donde participaron ordenadamente tres oradores: un padre de familia, un representante del STUNL y un miembro del Consejo Estudiantil. Aunque no hubo incidentes, se guardó un minuto de silencio por quienes murieron. En este mitin estudiantil, se juntaron miembros de la UNL, de la Escuela Normal Superior del Estado y del ITESM.

La Universidad se mantuvo cerrada esos días previendo incidentes mayores. Fueron tomados en protesta los edificios de las facultades de Medicina, Economía, Enfermería, Ciencias Químicas, Ciencias Biológicas, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Filosofía y Letras y la Escuela Preparatoria número 3.63 Paralelamente, los trabajadores del STUNL, encabezados por su secretario general, Horacio Salazar Ortiz, acudieron con el gobernador a entregarle un escrito en el que se concretaban sus gestiones a fin de que no se perdiera el cauce constitucional. El pliego establecía: Que se dieran los pasos necesarios para que dentro de las normas constitucionales se eviten situaciones que puedan propiciar hechos sangrientos como los acaecidos el día 2 en la ciudad de México. Que se propiciara un clima adecuado para que el diálogo pudiera reestablecerse, y finalmente, Que se hiciera un llamado para que se respete la Constitución Política que nos rige desde 1917.64 La entrega de Rectoría se realizó el 10 de octubre de forma pacífica a fin de reanudar los cursos en la UNL el 14 de octubre. El Consejo Estudiantil de la Universidad 48

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La torre de RectorĂa, asĂ como los edificios de preparatorias y facultades, fueron ocupados por los estudiantes como una medida de protesta por los sangrientos acontecimientos sucitados en la ciudad de MĂŠxico. 49

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planteó su postura ante los hechos en un documento que decía entre otras precisiones las siguientes: El pasado miércoles 2 de octubre, el pueblo y los estudiantes del Distrito Federal sufrieron y presenciaron el más innecesario e inútil acto represivo de que se tenga memoria. Después de los hechos anteriores se ha tratado de inventar una conjura, ahora supuestamente dirigida por políticos priístas venidos a menos. Entendemos perfectamente que se nos pretende chantajear políticamente, haciéndonos aparecer como inocentemente manejados por políticos desligados del carro oficial. La única dirección del movimiento reside en el Consejo Nacional de Huelga (CNH) integrado por estudiantes de las más diversas ideologías que han sido elegidos en forma democrática por la base estudiantil. Asimismo rechazamos la calumnia lanzada por un sector en el sentido de que pretendemos boicotear las Olimpiadas. Urge actuar cuanto antes si se quiere impedir que el país sea arrastrado por los sectores más negativos de dentro y fuera del gobierno hacia una situación de abierta dictadura. Hacemos público que los compañeros José Luis Arciniegas y Alduncin, han sido localizados después de sufrir un secuestro y ser objetos de una violenta represión física y moral.

Al final del documento manifestaron temer represalias de parte de las autoridades y de grupos de ultraderecha en la entidad. Asimismo, invitaron a todo el pueblo de Monterrey a la manifestación que realizarían el viernes 11 de octubre a fin de apoyar el pliego petitorio de seis puntos del CNH. Aunque el Consejo Estudiantil de la UNL reconoció siempre como dirección única al CNH con residencia en México, el desarrollo de la participación de los estudiantes nuevoleoneses en este movimiento nacional siempre tomó en cuenta las circunstancias específicas del medio urbano de Monterrey. Para esto, se convocó y se organizaron entre el 2 y el 11 de octubre, seminarios, mesas redondas, debates, 50

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conferencias y manifestaciones a fin de identificar las demandas locales y específicas de esta región de México. Esta huelga de casi tres semanas en algunas facultades, sirvió para que los estudiantes participaran decididamente en lo que llamaron una “lucha histórica por el México democrático y libre.”

Las actividades estudiantiles que rebasaron el estricto límite universitario de la UNL durante el año de 1968, y que ingresaron a otras esferas de la sociedad como a la crítica y al cuestionamiento de las autoridades gubernamentales, se extendieron a otras instituciones de educación superior en Monterrey como fue el caso del ITESM. Para entonces, todo indicaba una evidente crisis en la estructura de las instituciones de educación superior en México. Por una parte, en las públicas y privadas era la constante falta de fondos para hacer frente a la demanda educativa. Paralelamente, México necesitaba cada vez más profesionales, técnicos e investigadores. Pero para enfrentar esta demanda era necesario renovar las estructuras de la educación superior, mejorar la organización académica y actualizar los planes de estudio a fin de que estuvieran acorde con la época de cambios incesantes tanto en la ciencia como en la tecnología. La respuesta del sector privado en Monterrey fue inmediata. A mediados de 1969, el Gobierno del Estado otorgó el reconocimiento de validez oficial como escuelas libres universitarias a la Universidad de Monterrey (UDEM) y la Universidad Regiomontana (UR).

Reformas en la UNL El 22 de julio de 1969, el rector Héctor Fernández, planteó ante el Consejo Universitario la urgente y necesaria reforma universitaria a fin de cumplir con su elevado objetivo humanista, científico y tecnológico y retribuirlo así, hacia la comunidad que la sustenta.

Este ambicioso plan inició inmediatamente después del discurso del rector. Al término de la exposición, el Consejo Universitario inició la discusión, definición y resolución de la problemática que aquejaba a la comunidad universitaria. A mediados 51

2. La UNL en 1968: entre privatización y reformas académicas

de 1969, la UNL aprobó en Consejo Universitario el inicio de este anhelante plan de reformas para enfrentar con éxito la cada vez creciente demanda de alumnos en educación media superior y superior, así como el adecuar la añeja estructura universitaria a la nueva realidad mexicana.

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 1968-1971

[EL MOVIMIENTO DE 1969]

La autonomía

unado al problema de sobrecupo de la educación media superior y superior, el movimiento estudiantil entró a una fase de franco ascenso en contra de las condiciones particulares de cada facultad y escuela de la

UNL, a partir del 23 de septiembre de 1969.1 En esa última fecha, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas tomaron sus instalaciones, ubicadas en el décimo piso de la torre de Rectoría, ante la constante negativa del rector para solucionar el problema centrado en la petición de destitución de su director, el licenciado Alfonso Navarro, a quién acusaron de fallas administrativas. Ese mismo día, un grupo numeroso y organizado de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras pidió también la destitución del director de la misma, el ingeniero Jesús Batarze y la del catedrático Benjamín Marquecho. Como medida de presión, realizaron paros de una hora. La actividad se vuelve febril. Al día siguiente, en las 24 escuelas de la UNL aparecen colocados en los tableros los largos pliegos petitorios donde se exigía una reestructuración del sistema académico, laboratorios, talleres, bibliotecas, entre otras. Ese mismo día en una reunión del Consejo Estudiantil de la UNL, se acordó por unanimidad unificar los pliegos petitorios que estaban diseminados por todas las escuelas de la UNL. El 24 de septiembre existe un intento de negociación. Ese día la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras se entrevista con el rector a fin de exponer su problema pero éste a su vez se niega a autorizar las destituciones exigidas.

3. El movimiento de 1969 y la autonomía

En una reunión general de los estudiantes de Ciencias Físico-Matemáticas piden la reunión del Consejo Universitario para que analice su problemática. El 27 de septiembre muestra la escalada de descontento. En vista de la cercanía del día 2 de octubre, el Consejo Estudiantil convoca a un festival para esa fecha con motivo del primer aniversario de los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas en la capital de la república y de paso apoyar las peticiones de los estudiantes de las facultades de Filosofía y Ciencias Físico-Matemáticas. Dos días después, los estudiantes descontentos llevan el pliego petitorio al rector y el Consejo Estudiantil convoca a un mitin para que las escuelas de la UNL expongan sus problemas. Llega el 2 de octubre. Más de dos mil estudiantes llevan a cabo demostraciones sobre los hechos del año pasado. Los estudiantes de Filosofía y Letras encabezan la manifestación a la cual se unen contingentes de estudiantes del ITESM. De las 12:00 a las 22:00 horas, la torre de Rectoría es tomada por más de 200 estudiantes quienes manifiestan que la acción sólo es simbólica para honrar a los caídos el 2 de octubre. Días después, el 6 de octubre, los estudiantes de las dos facultades en paro parcial recorren la ciudad y distribuyen volantes donde se denuncia que el rector y el secretario de la UNL no muestran interés en resolver sus problemas. El 7 de octubre los estudiantes de Filosofía dan un ultimátum de cuatro días al rector para que destituya a su director, en caso contrario se irían a la huelga. Por fin, el 9 de octubre el Consejo Universitario sesiona para evaluar la problemática. Mientras tanto, estudiantes de Filosofía y Ciencias-Matemáticas toman Rectoría. De ahí en adelante, el descontento estudiantil se extiende a otras escuelas. El día 10, Odontología es tomada por estudiantes que se lanzan a la huelga indefinida por no resolver las autoridades la destitución de cuatro catedráticos. El día 15, en Medicina se decreta un paro indefinido a fin de que el director Marco Antonio Ugartechea continúe en su cargo. Éste rechaza seguir en el cargo pero acepta continuar como profesor en su cátedra. También los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas se unen al conflicto. Aquí, se da una protesta generalizada por la designación de un nuevo director a raíz de la renuncia del ingeniero Ricardo Salgado. El clima de agitación impera en la 56

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 1968-1971

Universidad y el resto de las escuelas anuncian asambleas de carácter urgente a fin de plantear sus pliegos petitorios. El 16 de octubre, después de una larga sesión del Consejo Estudiantil de la UNL, se decide presentar un pliego petitorio de ocho puntos relativos a las reformas internas de la Universidad: 1. Pase automático de las escuelas preparatorias a las facultades. 2. Modificación del artículo 9, capítulo II de la Ley Orgánica de la UNL para que en el Consejo Universitario sean dos y no uno los consejeros alumnos. 3. Derogación del artículo 24 relativo al capítulo IV de la misma Ley, para que se reforme en el sentido que cada junta directiva nombre a su propio director. 4. Modificación del artículo 32, capítulo IV, para que haya paridad de votos de maestros y alumnos en las juntas directivas. 5. Derogación del artículo 16, capítulo II, para que el rector lo nombre la asamblea universitaria y no el Ejecutivo. 6. Que los profesores sean nombrados por las juntas directivas. 7. Derogación de los acuerdos del Consejo Universitario tomados en 1965 en el sentido de usar la fuerza pública cuando el caso lo amerite. 8. Derogación del acuerdo del Consejo en el sentido de que los alumnos no serán escuchados en caso de huelga estudiantil.2 El movimiento se generaliza y a partir del día 20 se pide la cabeza del rector y del secretario general de la UNL. En sesión general, el Consejo Estudiantil condena la falta de decisiones del rector para resolver los problemas universitarios. Se anuncia una manifestación frente al palacio de gobierno a fin de pedir la destitución del rector, secretario general y directores con los cuales el estudiantado ha tenido fricciones. La Reforma universitaria sigue siendo la gran petición del Consejo. El gobierno del estado es receptivo a las peticiones del movimiento. El Ejecutivo envía el 22 de octubre al Congreso del Estado una iniciativa a fin de reformar los artículos 16 y 24 de la Ley Orgánica de la UNL; la reforma fue encaminada a que el 57

3. El movimiento de 1969 y la autonomía

Un grupo de estudiantes permanece en guardia en un campamento instalado frente al Palacio de Gobierno, como parte de la lucha por la autonomía universitaria.

rector fuera designado por una asamblea de profesores y alumnos y para que directores de escuelas y facultades sean nombrados en las juntas directivas. La noticia de esta autonomía sui generis, la da Elizondo ante un grupo de estudiantes universitarios que son recibidos en palacio. El gobernador decide la destitución ese día del rector, del secretario general y de los 24 directores de la UNL. El 23 de octubre la destitución masiva de las autoridades universitarias es un hecho. Algunos profesores decanos se hacen cargo de las facultades pero el resto no acepta renunciar por considerar que la reforma a la Ley Orgánica sólo es una iniciativa. La propuesta del gobernador crea un divisionismo interno de parte del profesorado. Un grupo encabezados por el doctor Agustín Basave Fernández del Valle, se afilia en una organización denominada Asociación de Maestros de la UNL (compuesta por 200 profesores) que desconoce la iniciativa.3 El 24 de octubre acuden ante el Congreso y le piden no aprobar la iniciativa del gobernador. Consideran que tales modificaciones pueden traer consecuencias graves 58

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 1968-1971

a la estabilidad de la UNL. Ese mismo día, el Consejo Estudiantil toma Rectoría a fin de presionar a las autoridades estatales para que aprueben la iniciativa. Se une al Consejo Estudiantil el Sindicato de Trabajadores de la UNL, los cuales acuden el 25 de octubre al Congreso a pedir la aprobación de las reformas y acusar de elementos disolventes a la nueva asociación de profesores. La autonomía se vuelve la bandera del movimiento estudiantil, de los trabajadores y empleados de la UNL. A partir del 27 de octubre se dan tomas de algunas instalaciones como el Aula Magna; manifestaciones hacia la sede del gobierno estatal (donde acusan al gobernador de ser el autor de la maniobra del grupo de profesores encabezados por Agustín Basave); la Facultad de Odontología se lanza a huelga de hambre frente a la casa de su director Antonio Ruiz Sánchez Collado con el propósito de que renuncie a su puesto (el 1 de noviembre se da fin a esta huelga ante la formación de una comisión mixta de alumnos y profesores para solucionar los problemas que aquejan a esa facultad); el 30 de octubre se celebran asambleas estudiantiles en la mayoría de las facultades donde se determina el apoyo incondicional al movimiento estudiantil. El 3 de noviembre inician dos huelgas de hambre, una en la Facultad de Medicina (también hacen campamento frente al Palacio) y la otra es la reanudación de la que estalló en Odontología el 29 de octubre. No todo es violencia y maltrato, la Estudiantina Universitaria ameniza con gran jolgorio el paro en Ciudad Universitaria. Las peticiones son diversas pero el ambiente de inconformidad es generalizado. Por ejemplo, el Frente Estudiantil de la Facultad de Derecho considera la autonomía como solución al conflicto pero las reformas propuestas por el gobernador –dicen– no la dan de forma íntegra. Además se manifestaron en contra de la participación del STUNL y de la Asociación de Maestros de la UNL en el movimiento estudiantil.4 Por otra parte, también hay voces de mesura. Los catedráticos de la Escuela Preparatoria No. 1 piden el regreso a clase ante el irreparable tiempo perdido. Aunque apoyan las demandas estudiantiles, consideran que el regreso a clase dará seriedad y respeto de la población hacia las demandas y evitará que grupos políticos sectarios tengan oportunidad de sacar provecho del movimiento. Por lo tanto consideran un deber manifestar lo siguiente: 59

3. El movimiento de 1969 y la autonomía

1. Si alguna razón hay que la Universidad exista, es precisamente el desarrollo y cumplimiento de la misión clara e indiscutible que le corresponde de transmitir la cultura, fomentar la investigación y formar los profesionistas que requiere la sociedad. 2. Como corolario de ser una institución abierta a todas las ideologías, entendido esto a nivel académico y de ningún modo como tribuna de facciones, partidos políticos o credos religiosos, su autonomía resulta indispensable, precisamente para el efecto de que se fije los lineamientos generales que garanticen el cumplimiento de su misión, y con toda libertad elija a las personas más idóneas para el desempeño de los cargos directivos y de las labores docentes y administrativas. 3. Consecuentemente estamos de acuerdo con la iniciativa del C. gobernador del Estado presentada al Congreso local para lograr la reforma tendiente a dotar de dicha autonomía a la Universidad y nos unimos a la petición de que, previos los estudios que amerita tan trascendental cambio, ese cuerpo legislativo expida a la mayor brevedad posible el decreto correspondiente. 4. Mientras no se expida, y con respeto a los maestros decanos, las únicas autoridades universitarias son las que fueron designadas con fundamento a esta ley vigente. 5. Contra quienes deseen o lleguen a desear de cualquier forma, convertir a la Universidad en instrumento de un partido político, sostenemos con toda la energía que nos permita el medio democrático en que vivimos, el derecho que nos asiste para atender el sencillo afán de nuestra tarea docente, evocada a auxiliar a la juventud en sus aspiraciones de aumentar sus conocimientos, de prepararse y formarse para una profesión con sentido de responsabilidad social y de propugnar con claro sentido humanista el logro de los cambios que la justicia social reclama”.5

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 1968-1971

El 4 de noviembre, los estudiantes desfilaron por la noche con antorchas, mientras acusaban al Congreso del Estado de tratar de impedir con su tardanza la reforma universitaria. Al día siguiente, el Consejo Estudiantil sesionó para definir los métodos de lucha. Ese día se pintan camiones y se reparten volantes de sus demandas a la población citadina. El presidente del Congreso siente que el movimiento intenta manipular al poder legislativo y exige a los estudiantes el regreso a clases como prerrequisito para estudiar y dictaminar la iniciativa del gobernador. Comenta que: “mientras no se restablezcan el orden y el trabajo y se restituyan el principio de autoridad y la observancia y vigencia de las leyes de la UNL, será imposible para la Cámara de Diputados dictaminar sobre la iniciativa del gobernador del Estado”.

La tardanza del Congreso, el cual evidencia divisiones internas entre sus ocho integrantes, favorece la llegada de nuevas iniciativas por parte de grupos políticos dentro y fuera de la UNL, como es el caso de la Asociación de Maestros de la UNL, la cual presenta ante los diputados, el 7 de noviembre, un anteproyecto de Ley Orgánica de la UNL.7 Por otra parte el Departamento Jurídico del diario El Norte formuló y publicó el 29 de octubre un proyecto de nueva Ley Orgánica de la UNL, de la cual se hicieron 20 mil copias para su distribución a la ciudadanía.

El STUNL también manifiesta que estudia las reformas a la Ley a fin de presentarlas a los legisladores y cuestiona la elaboración de las leyes orgánicas por grupos políticos que se adjudican “el derecho de representación universitaria para la elaboración de la mencionada ley”. 9 Por su parte, y ante el miedo del aumento de la violencia en las calles y del deterioro de sus unidades, los concesionarios del transporte urbano facilitaron a partir del 7 de noviembre unidades a los estudiantes a fin de apoyar el traslado de manifestantes en apoyo a sus demandas.

Reformas a los artículos 16 y 24 Los acontecimientos que sucedieron en noviembre y que afectaron a la UNL fueron relevantes para el desarrollo posterior de la reforma universitaria. Finalmente, ante 61

3. El movimiento de 1969 y la autonomía

la presión estudiantil, de la población y del Ejecutivo (quién conoció en ese momento la noticia más esperada de fin de sexenio), el Congreso del Estado reformó el 10 de noviembre de 1969, los artículos 16 y 24, pero no cedió la paridad de votos que propuso Elizondo en su iniciativa original (el anuncio es opacado por la noticia del día, la cual es la renuncia de Luis Echeverría a la Secretaría de Gobernación y su postulación como candidato a la presidencia por parte de PRI) 10. La vigencia de tales reformas, informa el presidente del Congreso, empezará una vez que se publique en el Diario Oficial del Estado. Los legisladores propusieron que el Ejecutivo del Estado nombrara un rector provisional en tanto el Consejo de la UNL designara el definitivo.11 El gobernador comentó que promulgaría y publicaría la Ley en cuanto la Universidad volviera a la vida normal, para lo que pidió como única medida simbólica el regreso de la torre de Rectoría por parte de los estudiantes, a fin de que el rector provisional pudiera asumir su cargo.12 Los legisladores cambiaron el término de Asamblea Universitaria propuesta por el gobernador, por el de Consejo Universitario en el artículo 16, ya que: Esto proporcionará a los universitarios un instrumento perfectamente reglamentado por la Ley vigente cuyas partes constitutivas y su funcionamiento los significan como la máxima autoridad universitaria. Pensamos que la designación de un rector de la UNL hecha por el Consejo Universitario y no por el gobernador del Estado se traduce en una fórmula de autogobierno.13 Finalmente, después de dos años de lucha de parte de los universitarios en busca sistemática de una reforma profunda en los órganos de gobierno y representatividad en la UNL, las innovaciones a los mencionados artículos quedaron estipuladas en el Periódico Oficial. Artículo 16. El rector es el representante de la Universidad, será electo por el Consejo Universitario y en sus faltas temporales será sustituido por el secretario General de la Universidad. El rector solamente podrá ser removido por causas graves a juicio del Consejo Universitario.

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Artículo 24. Los directores serán electos por la Junta Directiva de cada facultad o escuela. Sólo podrán ser removidos por causas graves a juicio de la Junta Directiva. Los directores de las instituciones universitarias serán designados y removidos libremente por el Consejo Universitario. Transitorios: Artículo 1. Conforme a las disposiciones de la Ley de la Universidad de Nuevo León, mientras se elijan los nuevos directores de las facultades y escuelas, los maestros decanos de cada una de ellas quedarán al cargo de las respectivas direcciones. Artículo 2. Sólo por esta vez el Ejecutivo del Estado designará un rector provisional, quién tendrá impedimento para ser electo conforme al artículo 16. Artículo 3. Tanto los decanos como el rector provisional a que se refieren los dos artículos transitorios que anteceden se abstendrán de hacer remociones o nuevas designaciones a personal docente o de otra índole. Artículo 4. Las elecciones de directores se darán a más tardar el 21 de noviembre de 1969; deberán convocar a los miembros de las juntas directivas por conducto de los decanos. La elección de rector conforme al artículo 16 que se reforma tendrá verificativo el 29 de noviembre a las 10:00 horas en el salón de sesiones del Consejo Universitario.14 La reacción universitaria ante la mutilación de las reformas por los legisladores, es de reproche. El Consejo Estudiantil

y el STUNL rechazaron las reformas (estos

aclaran que la paridad de votos era para las funciones eleccionarias más no académicas), mientras que en la Facultad de Medicina se ponía fin a la huelga de hambre iniciada una semana antes. Por su parte, la Asociación de Maestros concuerda con los legisladores en no otorgar la paridad de votos en cualquier sentido (eleccionario o académico). El Consejo Estudiantil acusó al gobierno estatal de manipular sus demandas por lo que se juzgó necesario el apoyo universitario nacional. El 13 de noviembre, el Consejo acordó realizar una magna manifestación para el día 20, a fin de centrar la petición del movimiento en la paridad de votos en el Consejo Universitario y en las juntas directivas. Paralelamente, se acordó por vez primera que el movimiento 63

3. El movimiento de 1969 y la autonomía

estudiantil contemplaría demandas de otros sectores “oprimidos” de la población, como lo eran la reforma agraria y obrera, la salud al servicio del pueblo, entre otras.16 Ante la constante presión, el 17 de noviembre, el Ejecutivo estatal intentó negociar con el movimiento a fin de que aceptaran una nueva modificación a la Ley Orgánica. Esta consistía en 33 por ciento en las juntas directivas, a diferencia de la petición estudiantil que contemplaba 50 por ciento tanto en juntas directivas como en el Consejo Universitario. Ante la intransigencia del movimiento estudiantil, las negociaciones fracasaron. En último momento Elizondo envió una nueva iniciativa de reforma a la Ley (la cual la expone personalmente ante el Congreso en pleno) para satisfacer a los universitarios. El 18 de noviembre, el Congreso del Estado aprobó con dispensa de trámite la iniciativa del gobernador para crear una comisión con representación paritaria de maestros y alumnos que redactara el proyecto de una nueva Ley Orgánica de la UNL, en un plazo que vencería el 31 de mayo de 1970. La iniciativa aprobada incluía una modificación al artículo 31 de la Ley Orgánica de la UNL para que se crearan las juntas directivas de cada facultad o escuela en forma semejante al Consejo Universitario, y en las que los estudiantes representaran la tercera parte de los votos.17 Esta última modificación no fue la original enviada por Elizondo ya que éste si especificó la paridad en 50 por ciento.

La iniciativa aprobada y modificada por la cámara estatal de representantes, constaba de seis artículos, modificación al artículo 31 de la Ley Orgánica y dos transitorios. En los primeros se establecía la creación de una comisión para la creación de la nueva Ley Orgánica que estaría integrada por un representante maestro y un estudiante de cada facultad y escuela. El primero designado por el cuerpo docente y el segundo por la sociedad de alumnos según sus estatutos en un plazo no mayor a 10 días. Por su parte, el artículo 31 especificaba la conformación de la Junta Directiva por facultad o escuela integrada por los profesores y un número de alumnos igual a la mitad de aquellos. El único diputado que mostró abiertamente su apoyo a la paridad desde el inicio del conflicto fue Rodolfo Gaytán, líder de los electricistas y representante de la 64

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CTM en Nuevo León. Ante el transitorio de Elizondo comentó antes de la votación que: Era el más trascendente de todas las iniciativas que se hayan presentado en la vida institucional de esta Legislatura y posiblemente la de mayor importancia durante la vigencia de éste Congreso.19 La respuesta inmediata de los líderes estudiantiles fue de nueva cuenta el rechazo de la tercera parte y la defensa de su petición original que pedía la paridad de representantes y votos en ambas instancias. El momento culminante de este movimiento se presentó en el desfile del 20 de noviembre, fecha patriótica donde la comunidad universitaria y sus simpatizantes manifestaron seguir en paro indefinido hasta lograr la paridad de votos en las instancias de decisión de la Universidad.20 Momento culminante, ya que días después el movimiento se diluye ante la posibilidad de perder el semestre e incluso el año académico. En varias de las facultades se anunciaron asambleas a fin de buscar el consenso para regresar a clases y buscar nuevas formas de presión.21 Otro de los divisionismos que suscita el movimiento en su interior, es la atomización de los grupos estudiantiles que en ocasiones muestran abiertamente sus fricciones. Incluso en algunas facultades se cuestiona el proceder de sus líderes estudiantiles durante el proceso de movilización. Este es el caso de la Facultad de Filosofía, Letras y Psicología donde la base estudiantil (55 alumnos) responsabilizó al presidente de la Sociedad de Alumnos, Miguel Covarrubias Ortiz de la situación caótica por la que atravesaba la facultad durante el movimiento, caracterizado por la desinformación y la falta de consenso en la toma de decisiones estudiantil.22 Otros grupos evidencian en ocasiones posturas divergentes con el consenso general (aunque muestran su repudio a la autonomía parcial) como los denominados Grupos Independientes Revolucionarios de Nuevo León.23 Finalmente, el 26 de noviembre el gobernador designó al licenciado Enrique Martínez Torres como nuevo rector, quién originalmente actuaría sólo 14 días naturales hasta en tanto se reuniera el Consejo Universitario para nombrar el definitivo. 65

3. El movimiento de 1969 y la autonomía

La entrega de Rectoría por parte del Consejo Estudiantil para la toma de posesión se realizó a las 11:00 horas de ese día y se efectuó con un último acto del anterior rector Héctor Fernández González quién dio un discurso sobre su gestión y su concepto de reforma universitaria integral. Esta debía –a su juicio– conciliar dos aspectos, por un lado la autonomía y, por otro, el gobierno de la Universidad. Héctor González comentó: Autonomía Universitaria se define como la libertad de enseñanza, investigar y difundir la cultura; autonomía académica que se complementa con la autonomía legislativa como capacidad para darse sus propios ordenamientos y con la autonomía administrativa como derecho a organizarse, funcionar y aplicar sus recursos económicos como lo estime más conveniente. La autonomía más que un privilegio encierra una responsabilidad para todos los miembros de la comunidad universitaria: la de cumplir con nuestros deberes y hacer honor a las instituciones recordando que la autoridad y el orden de nuestra casa de estudios no se fundan en un poder físico, sino en una fuerza moral que sólo depende de la conciencia y el respeto a la capacidad y posición de cada uno de nosotros.24 En el acto también se reunieron cientos de estudiantes en la explanada de Rectoría donde escucharon posteriormente a sus líderes,25 los cuales pidieron a los presentes que permanecieran en ese lugar hasta en tanto no recibieran una copia del Periódico Oficial en el que aparecerían los decretos que modificarían los artículos 16, 24, 32 y transitorio de la Ley Orgánica de la UNL. Héctor Fernández sería designado por el gobernador Elizondo, como asesor y supervisor del gobierno del Estado para los programas de orden académico en las universidades de Monterrey y Regiomontana de nueva creación. Posteriormente, como un acto final, en sesión celebrada en la tarde en el Aula Magna de la Universidad, el Consejo Estudiantil Universitario, acordó continuar con el movimiento por lo menos durante el transcurso de la semana, como también consultar en asambleas de cada facultad y escuela. Sobre la base de la consulta, el movimiento autorizaría el regreso a clases o bien la continuación de la lucha por obtener la paridad de votos en la designación de rector y directores. El consenso 66

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mayoritario fue la consideración de continuar con el paro.26 Este continuó hasta diciembre, mes en que se levantó ante la petición de la mayoría de regresar a clases, y constituir las juntas directivas de las facultades a fin de designar a los nuevos directores.27 El proceso se cumplió y en diciembre fue designado el médico Oliverio Tijerina Torres como nuevo rector y Tomás González de Luna, miembro prominente local del Partido Comunista Mexicano, como nuevo secretario general de la UNL.28

[AUTONOMĂ?A CONDICIONADA]

Estrangulamiento de las finanzas

l periodo semestral en la UNL de julio a diciembre de 1969 se vio inmerso en constantes irregularidades debido a los invariables paros provocados por el movimiento estudiantil. Debido a ello, las clases se extendieron

por acuerdo del Consejo Universitario hasta febrero y parte de marzo del siguiente año. La prolongación de este semestre se otorgó a discreción de cada escuela o facultad, a fin de recuperar el tiempo perdido durante el último conflicto universitario. La discreción se otorgó debido a que no todos los alumnos fueron a la huelga durante el mismo lapso, y este periodo de aumento se estableció en una variación de dos semanas como mínimo y un máximo de cuatro. Las inscripciones para el primer semestre de 1970 se establecieron para el 2 y 3 marzo, y el inicio de clases el 9 del mismo mes. Paralelamente, las vacaciones de primavera se vieron reducidas a una semana, la comprendida entre el 21 y 29 de marzo.1 El único acto de importancia en ese primer mes de parte de algunos estudiantes y autoridades de la UNL, fue el paro nacional del 15 de enero en demanda a la libertad de los presos políticos arrestados en octubre de 1968, al que se adhirieron las preparatorias No. 1 y 3 Nocturna para Trabajadores. Este paro nacional exigió la puesta en libertad de los presos políticos integrados por universitarios, estudiantes, profesores y otros ciudadanos presos en la cárcel de Lecumberri de la ciudad de México como consecuencia del movimiento universitario y popular de 1968.2

4. Autonomía condicionado: estrangulamiento de las finanzas

Sin embargo, el asunto presupuestal continuó sin resolverse. Como fue costumbre en los últimos años, el STUANL solicitó el primer día del año de 1970 un aumento de 20 por ciento sobre el salario devengado por sus agremiados que sumaban ya 1,700 trabajadores.3 Entre otras peticiones se contempló la percepción del salario mínimo para todo aquel que no lo tuviese y una quincena más de sueldo de aguinaldo (para contabilizar un mes de sueldo en esta percepción).4 En resumen, la petición era un aumento de nueve millones y 400 mil pesos. La respuesta inmediata de las autoridades fue la falta de liquidez monetaria. El rector Oliverio Tijerina comentó el 16 de marzo en junta del Consejo Universitario la falta de presupuesto de la UANL, a pesar de que el gobierno estatal había asignado un presupuesto de 57 millones de pesos para 1970.5 A esta cantidad, el Ejecutivo estatal agregó nueve millones, para sumar 66 millones en virtud de los múltiples problemas económicos que presentó la institución en 1969. Y aún así el problema no fue solucionado. Las instalaciones universitarias se habían colapsado ante la gran demanda de 1969: escasez de aulas, bibliotecas, laboratorios, mobiliario, entre otros.6 Ante la negativa de las autoridades universitarias a complacer la petición del STUANL, su secretario general, Carlos Ruiz Cabrera, visitó al gobernador Eduardo Elizondo a fin de explicar la importancia de las peticiones del sindicato. Ante un gobernador adusto, Cabrera escucho en voz de Elizondo por primera vez una negativa rotunda. El gobierno había dado los pasos necesarios para crear la autonomía universitaria, había estimulado la organización universitaria a fin de modificar y discutir una nueva Ley Orgánica y había aumentado el subsidio de manera creciente durante su mandato, pero el asunto había llegado a su límite: correspondía a los universitarios buscar nuevas formas de financiamiento o bien comprender que la Universidad ya no podía seguir creciendo. Acusó a Cabrera y a los universitarios inconformes de creer que tenían ante sí una empresa comercial o industrial, que esto no sólo no era así, sino que además no les pertenecía, sino que debían su trabajo y su labor a la comunidad nuevoleonesa, la cual daba sustento a tal empresa educativa. La educación superior era importante, pero el gobierno estatal tenía otras prioridades educativas en la educación básica. 72

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De los 284 millones de pesos destinados en 1970 a la educación (estos representaban 62.88% del presupuesto total del Estado), 66 millones correspondían a la UANL, el resto se destinaba a los otros niveles educativos.7 Y por si fueran pocos los problemas presupuestales que aquejaban a la UANL, el Gobierno federal retrasó discrecionalmente el subsidio otorgado a las universidades estatales a fin de racionalizar los recursos y evitar desvíos (que a juicio de algunos miembros del gabinete presidencial), pudieran canalizarse a los movimientos radicales de izquierda dentro y fuera de las Universidades. Para 1970, un buen número de las universidades públicas estaban lideradas por miembros o simpatizantes de la izquierda tradicional mexicana. La UANL no era la excepción, incluso presentaba un rector liberal de centro izquierda y un secretario general del Partido Comunista Mexicano (PCM). En el STUNL también dominaba la izquierda entre sus dirigentes y algunas facultades y escuelas mostraban esa misma tendencia entre sus autoridades. Fue por ello que la Tesorería General de la República congeló el subsidio federal a la UANL (consistente en 450 mil pesos mensuales) de marzo a diciembre de 1970, sumando más de cuatro millones de pesos.8 Tal fue el estrangulamiento de las finanzas universitarias, que el rector Oliverio Tijerina como presidente de la Asociación de Universidades del país, viajó en mayo a México a fin de regularizar el subsidio federal a la UANL y a otras universidades de la república.

Para tratar de evitar la inevitable politización de los problemas que aquejaban a la institución, el Consejo Universitario decidió el 20 de marzo que la Universidad no participaría oficialmente en ninguna actividad política y por consecuencia cualquier universitario que llegara a entrevistarse con el candidato del PRI a la presidencia del país, el ex secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez (en su anunciada visita proselitista a la ciudad y su posible ingreso a las instalaciones de la UNL), o cualquier candidato político, lo haría absolutamente en forma personal, sin ostentar la representación de la máxima casa de estudios.10

4. Autonomía condicionado: estrangulamiento de las finanzas

Anteproyecto de Ley Orgánica de la UANL El 8 de mayo fue terminado el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de la UANL que elaboró el Comité Ejecutivo de la Comisión Redactora, integrada por alumnos y profesores. El presidente de dicho comité, Carlos F. Cisneros Ramos manifestó que las reuniones continuarían para su aprobación definitiva en el auditorio de la Facultad de Medicina de las 15:00 a las 21:00 horas para planear la distribución de los capítulos que integrarían la nueva Ley Orgánica universitaria.11 Aunque el plazo para entregar el proyecto definitivo para su sometimiento al Congreso del Estado era el 31 de mayo, el documento sería presentado con antelación. El 29 de mayo una comisión de universitarios entregó el proyecto al Congreso del Estado siendo recibido por su presidente, el diputado José González Alvarado.12 Por otra parte, una comitiva de estudiantes universitarios encabezada por los consejeros Carlos Francisco Cisneros, José C. Fernández Quiroga y Eduardo González, amenazaron e hicieron una severa advertencia a Eduardo Elizondo en su propia oficina, de que esperaban que el proyecto fuera aprobado y esta aprobación se hiciera “sin necesidad de actitudes que los estudiantes no buscamos pero tampoco rehuimos”.

Elizondo reaccionó con hostilidad al ultimátum del estudiante que habló a nombre de la comitiva. No creo que fuera precisa la exposición de usted advirtiendo que espera que el proyecto salga en sus términos, porque si no sale en sus términos se verán precisados a actitudes que no buscan pero no rehuyen, porque el gobierno, compañero, no rehuye la defensa de la comunidad. La Universidad tiene un valor instrumental, no un valor final, porque si tuviera un valor final, sería un castillo de aristócratas. La Universidad ni siquiera es dueña de si misma: la Universidad existe por la comunidad y para la comunidad.14 Volviendo a intentar guardar ecuanimidad, Elizondo reconoció el trabajo hecho por los universitarios, a los cuales felicitó, pero advirtió.

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Si esta ley, al ver los intereses universitarios también concilia los de la comunidad, entendida como un todo, no veo porque deba de haber problemas para que el H. Congreso la decrete. Si se establece divorcio, si se establece una situación de egoísmos en alguno o algunos aspectos respecto a las relaciones de la Universidad y la comunidad, evidentemente no podrá salir en sus términos, porque ustedes son una parte muy privilegiada de la comunidad, pero no de la comunidad entera.15 Finalmente, el gobernador aclaró que el Congreso tomaría su tiempo y sugirió a éste la búsqueda del consenso ante la población, en otras palabras, una encuesta pública a fin de adaptar el escrito de los universitarios a la opinión comunitaria. Aquí es menester aclarar lo que significaba una encuesta pública para Elizondo y los gobernantes priístas de la época. El consenso no consistía en encontrarlo en el ciudadano común, en el ciudadano sin atributos, sino en las fuerzas vivas de la ciudad, en las organizaciones reconocidas y tradicionales tanto públicas como privadas que representaban al ciudadano en los diversos sectores de la sociedad. Y con ello se refería a las cámaras de comercio, industria y de propietarios, a los tres sectores del PRI (el obrero, campesino y popular, a través de sus respectivas agrupaciones), y por supuesto, a las asociaciones civiles. Ese era el consenso que buscaba Elizondo y por el cual luchó hasta su renuncia a la gubernatura. Esto es importante aclararlo porque es así como se entiende la política de Elizondo y de su grupo político, y su falta de capacidad para adaptarse (como otros políticos) a la transición del régimen autoritario y rígido de Gustavo Díaz Ordaz al populista y reformador de Luis Echeverría. El concepto de consenso público y popular cambió con Echeverría, ahora era intentar o dar la impresión de incorporar a nuevos grupos sociales a los complejos mecanismos gubernamentales que aparentaban o bien mostraban tener capacidad para influir en la tomar de decisiones gubernamentales.16 La primera crítica al proyecto provino del gremio de abogados que expresó que faltaba el “pueblo” en la toma de decisiones en la Universidad. Esta ausencia del pueblo en la “democracia universitaria” era debido a que se establecía una paridad de votos pero sólo entre maestros y estudiantes. El pueblo, el cual otorgaba los 75

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recursos, debería estar representado a través de una Junta de Gobierno como la que presidía la UNAM.17 Para el 28 de septiembre se tenían en la mesa de los nuevos diputados (la nueva legislatura entró en septiembre de ese año), 13 estudios sobre posibles reformas a la Ley Orgánica de la UANL. Una nueva propuesta fue entregada al Congreso el 3 de noviembre de 1970. En esta ocasión se trataba de una más elaborada donde se contemplaba no sólo la autonomía, sino la Junta de Gobierno como organismo cúpula de la UANL.18 Los redactores eran una nueva y potente facción interna que había surgido en la Universidad desde los tiempos del movimiento estudiantil de 1969, y que estaba representada por Agustín Basave Fernández del Valle y numerosos catedráticos y estudiantes con sede en la Facultad de Filosofía y Letras. El primer ataque que sufrió esta propuesta fue el declarado por Samuel Flores Longoria, jefe del Departamento de Difusión Cultural de la UANL, el cual criticó la postura de Basave y de los doce catedráticos que elaboraron la nueva reglamentación. “¿Cómo era posible que Basave –se preguntaba–, consejero y redactor de la Ley Orgánica entregada por el Consejo Universitario en mayo de 1970, ahora entregaba una segunda versión de la misma?”

El asunto era como percibir y crear a su vez, la tan renombrada autonomía universitaria. Se luchaba según los grupos políticos dentro y fuera de la Universidad, por la formación de un nuevo tipo de universitario que reintegrara al pueblo, en servicios, lo que de éste había recibido durante su larga carrera universitaria. Un proceso que para muchos conllevaba a “democratizar” a través de la “autonomía” las estructuras de gobierno universitario. Pero no para todos los grupos políticos la autonomía tenía como consecuencia una democratización del sistema educativo, el cual no era equiparable a un partido político ni a un gobierno municipal. Una mayor participación de todas las fuerzas sociales en su control, tal vez, pero en la toma de decisiones, ésta debía continuar estando en las personas más capacitadas y de talento comprobado a través de sus grados educativos. Esa era la postura de

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Basave y su grupo. Sin embargo encontró resistencia en las autoridades universitarias de 1970. Flores Longoria fue el portavoz de esta última postura. Para Flores Longoria, Basave no sólo representaba un grupo minoritario (12 catedráticos firmaron la propuesta de Ley Orgánica), sino que desconocía al único organismo encargado de hacerla, la cual fue la comisión dentro de la UANL que realizó una nueva propuesta de Ley, a petición de la LVIII Legislatura del Estado, a través del decreto número 147, en su artículo número 8, publicado en el Periódico Oficial de 26 de noviembre de 1969.20 Por otra parte, su propuesta de gobierno universitario estaba lejos de ser democrático y autónomo ya que proponía una junta universitaria que estaría conformada por veinte personalidades que “deberán ser electas democráticamente” por el H. Consejo Universitario que, a su vez debía elegir cada dos años una nueva persona, según su artículo 6, para ir reemplazando a los mencionados. Por ello, esta renovación tardaría 40 años en darse totalmente. Si bien esto estaba fuera de toda lógica democrática, Basave en su artículo 5 transitorio establecía que la primera Junta Universitaria sería elegida por una sola ocasión por el Congreso del Estado, en otras palabras, otorgaba el control al gobierno a través de su poder Legislativo de esta primera “Junta de Notables”, como le denominaron sus detractores, la cual sería designada fuera de la Universidad. Además, a juicio de Flores Longoria, los estudiantes –elemento importante para considerar la toma de decisiones como democrática y por lo tanto autónoma, por este grupo– estaba excluido tácitamente de la Junta Universitaria ya que para ser postulado(a) a ella debería de ser mayor de 35 años cuando el estudiante egresaba normalmente entre los 21 y 24 años.21 La respuesta de Basave a Longoria deja entrever la discrepancia que existía entre estos dos grupos que percibían la autonomía de diferente manera. Basave argumentó que no era juez y parte ya que había renunciado en abril a la comisión que elaboró la Ley Orgánica que entregó la UANL al Congreso el 30 de mayo de 1970.

renuncia la realizó por no estar de acuerdo con la percepción de la mayoría de los consejeros, además de que no se trabajó como era debido, por lo que estaba 77

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convencido de que la Ley Orgánica entregada en mayo fue elaborada al vapor en esporádicas reuniones en ese último mes. También argumentó, que la autonomía no implicaba tácitamente una democratización en la máxima toma de decisiones de la UANL. La Junta Universitaria es una Junta de Gobierno donde nada tenía que ver los estudiantes ya que ambos (junta y estudiantes) persiguen el mismo fin. “La verdad no depende –comentó– del número de quienes la profesan”.23 Ante esto, aclaró que el asunto de la Universidad no tan sólo interesa al “puñado de activistas radicales que se han enquistado en puestos clave, sino a toda nuestra comunidad y a la nación mexicana”.24 Aquí la percepción de Basave y la facción conservadora y tradicional de la Universidad (Basave había sido maestro de Flores Longoria), difieren sustancialmente de lo que implica la representatividad, ya no digamos democracia, y por consiguiente, la autonomía universitaria. Todavía el 8 de enero de 1971, los diputados recibieron una nueva propuesta en forma de Ley Orgánica, esta ocasión realizada presuntamente por una sola persona, el estudiante de Leyes Juan J. Belmares de León, basada en leyes similares en otras universidades del país.25

Un lugar para todos en la educación superior El Consejo Universitario trató por primera vez como tema central la urgente necesidad de una amplia reforma universitaria hasta su sesión del 19 de mayo. Esa fecha, se establecieron como lineamientos de la reforma tres puntos básicos: el administrativo, la investigación y la difusión cultural hacia la sociedad y la docencia.26 En su política de ampliar la base estudiantil y evitar nuevos enfrentamientos entre las autoridades y los estudiantes, el Consejo Universitario elegido a fines del año de 1969 y mayoritariamente de tendencia de izquierda y pro pase automático, desarrolló una política de autorizar un lugar a todo aquel que solicitara el ingreso de sus escuelas preparatorias a la educación profesional. Fue así como en sesión del 25 de mayo de 1970 se aprobó la resolución del problema que aquejaba años atrás a la Universidad: la falta de un lugar en profesional a todos los alumnos que terminaran 78

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íntegramente el bachillerato en sus escuelas preparatorias. Se aprobó la obligación de la Universidad de respetar el ingreso de todos los egresados de bachillerato que lo solicitaran, salvo en el caso de Medicina, donde resultaba materialmente imposible afrontar la demanda en ese momento.27 El anuncio lo hizo el rector en una asamblea celebrada en el Aula Magna, con los estudiantes de las escuelas preparatorias 2 y 3. Esto era el resultado de un seguimiento desarrollado desde principios de enero a fin de resolver el problema de sobrecupo. La Rectoría y el Consejo Estudiantil, nombraron desde esa fecha una comisión integrada por maestros, alumnos y autoridades universitarias para solucionar el cupo de las distintas dependencias superiores de la UANL.28 Durante cinco meses de investigación, encuestas y estudios, dicha comisión dijo que con el sistema de semestres aprobado en 1968, podía absorberse la demanda estudiantil actual. Paralelamente, se acordó que 80 por ciento del total de plazas de primer ingreso en cada facultad, se reservaría exclusivamente a los alumnos de escuelas preparatorias de la UANL, con base a su promedio.29

Fortalecimiento de la izquierda universitaria El nuevo Consejo Universitario también mostró una faceta preocupante que terminaría por crear una gran inestabilidad a la Universidad. Fueron en esencia dos políticas controversiales que acrecentaron la tensión dentro de los grupos de la Universidad. La primera fue una intolerancia política. Se dio una represión selectiva y revanchismo contra algunos miembros de la Universidad ubicados originalmente a la derecha en el espectro político (y que terminaría siendo una represión contra quien difiriera del actuar de las nuevas autoridades, independientemente su afiliación política).30 El segundo fue, una estrecha alianza entre la Rectoría y el STUNL, a fin de establecer una coalición política que pudiera enfrentar al bloque conservador en la UANL. La sesión de rompimiento de lanzas entre el grupo hegemónico pero heterogéneo de tendencia izquierdista y el grupo minoritario de derecha en el Consejo Universitario fue la realizada el 29 de mayo de 1970. En ella se acordó por mayoría 79

4. Autonomía condicionado: estrangulamiento de las finanzas

la destitución (aparentemente sin argumentos sólidos)

del médico y ex secretario

general Roberto Moreira Flores como catedrático del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina, a quién no se le dio oportunidad de defenderse.

esta maratónica sesión que tuvo una duración de 12 horas (de 10:00 a 22:00 horas) se trataron 14 puntos en el orden del día, llegándose en momentos a la total anarquía, siendo indispensable el llamado al orden de parte del rector –quién presidía a los consejeros maestros y alumnos– para “evitar que se resquebrajara la ya frágil situación del Consejo Universitario”.

La destitución de profesor Moreira fue la gota que

derramó el vaso, y salieron a su defensa sólo seis consejeros.

Entre otros acuerdos estuvieron la anulación por unanimidad del acuerdo tomado por el Consejo en la anterior sesión, en el sentido de que el rector podía pedir la intervención de las fuerzas públicas en casos en que se hiciera necesario. Paralelamente se declaró improcedente la petición de los consejeros de la Facultad de Arquitectura de revisar y discutir el polémico convenio de trabajo firmado para el año académico de 1970 entre la rectoría y el STUANL. Este convenio celebrado el 25 de abril de 1970, entre el rector Oliverio Tijerina y el representante del STUANL, Carlos Ruiz Cabrera, fue catalogado por varios grupos universitarios como ilegal (numerosas violaciones al tipo de convenios celebrados anteriormente) y falta de espíritu universitario. El proceso de autonomía que se estaba desarrollando, acusaron, “ha sido herido en su raíz por esta alianza de la rectoría con el STUANL”.

Entre las acusaciones fundamentadas estaban: 1. La pretensión del sindicato en representar a todos los trabajadores en su integridad, hecho totalmente falso, considerando que el sindicato no abarcaba a la totalidad de los trabajadores. 2. El rector no estaba facultado para otorgar reconocimiento de agrupaciones por su propia y unilateral decisión, ni mucho menos a realizar él, contratos colectivos de trabajo. Era evidente que carecía de personalidad jurídica ya que el órgano que en ese momento tenía esas facultades es el H. Consejo Universitario. 80

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3. Intromisión del STUANL en asuntos administrativos ya que el convenio contemplaba la supeditación de algunos asuntos de este tipo, a las decisiones del sindicato. 4. Violaciones a la libertad del trabajador que no estaba afiliado al sindicato.36 Y finalmente, el Consejo Universitario estableció en esa misma sesión una medida unilateral y sumamente popular que, realizada con fines no académicos sino políticos para presionar al gobierno estatal de un mayor presupuesto a la Universidad, afectó de forma irreversible en esos años a las escuelas preparatorias de carácter privado. El Consejo Universitario negó el ingreso a la sesión ordinaria, como tradicionalmente se hacía a los representantes de las escuelas incorporadas tales como los colegios Excélsior A. C., y Franco Mexicano, así como los institutos Luna y Simón Bolívar. El argumento esgrimido fue la propuesta que finalmente prosperó de no aceptar más en estudios profesionales a los egresados de estas escuelas incorporadas.37 El impacto político manejado a su favor por los grupos de izquierda universitaria fue importante: o se inscribían en las escuelas preparatorias de la UANL (las cuales tenían sobrecupo) o no tenían derecho de ingreso al nivel de estudios superiores. El impacto inmediato fue una baja en las inscripciones en las escuelas privadas (originalmente alejadas de una tendencia de izquierda) y su consiguiente debilitamiento político y de presencia en la comunidad. Sólo se inscribirían aquellos que tenían una alta seguridad de continuar sus estudios (ya sea pagando o por beca) en una universidad privada. En consecuencia aumentó de golpe, para mediados del año de 1970, la demanda de lugares en las escuelas preparatorias de la UANL, trayendo como corolario la manipulación política de parte de sus autoridades, en este caso del Consejo Universitario. La fórmula por la que se apostó fue sencilla: a mayor demanda, mayor exigencia de presupuesto al Estado. El paso siguiente fue proponer el ingreso automático a las escuelas preparatorias. Con ello se exponía al Gobierno de Nuevo León como la parte intransigente para autorizar una mayor erogación a fin de ampliar y crear la infraestructura para satisfacer la demanda. Los factores como el sobrecupo y los alumnos que quedaran fuera serían manipulados por grupos de izquierda a fin de presionar al gobernador para 81

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una pronta solución. El resultado: la creación de nuevas preparatorias y, por consiguiente, de nuevas fuentes de trabajo para los cuadros ligados a los grupos políticos de izquierda. Esta estrategia amplió de manera inmediata, la base de apoyo y poder de esta heterogénea asociación política dentro y fuera de la Universidad. Las escuelas preparatorias existentes multiplicaron sus horarios y turnos. Por su parte, las nuevas escuelas fueron creadas en las zonas de alta densidad poblacional más recientes de la ciudad y autogestionadas por los alumnos que organizados a través de líderes de estas agrupaciones políticas, continuaron ampliando de nueva cuenta su poder. El problema lo envió la Universidad a las calles de Monterrey. A partir del 28 de julio de 1970, alumnos rechazados capturaron y pintaron camiones urbanos en numerosas manifestaciones violentas donde exigían a las autoridades gubernamentales el aumento al presupuesto universitario, más aulas y acceso a la educación media superior pública.38 Las manifestaciones encontraron el apoyo y el estimulo de organizaciones políticas diversas como la Central Independiente de Organizaciones Populares (CIOP), llamada Primero de Mayo.39 La Confederación Nacional Campesina protestó ante el posible aumento del presupuesto universitario al decir su líder Ramiro Rodríguez Cabello, secretario de la Liga de Comunidades Agrarias, que “con el hambre del campesino pagan la educación superior”

mientras en el campo nuevoleonés faltaban los servicios

mínimos de subsistencia como el agua, electricidad, caminos y fuentes de trabajo.41 Por otra parte, organizaciones como la Unión Neolonesa de Padres de Familia mostraron su desaprobación y denunciaron una discriminación hacia el alumnado de escuelas particulares por parte de las autoridades de la UANL. La medida fue considerada lesiva ya que provocaba una ruptura al principio general de la igualdad de oportunidades que deberían tener todos aquellos que estudiaban al amparo de las instituciones que consagraba la garantía individual de enseñanza. En un boletín público expresaron su descontento. El criterio que se ha hecho valer, presumiblemente partiendo de la condición económica de los estudiantes, tampoco es válido puesto que no es de creer, ni 82

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puede asegurarse mucho menos que la mayoría de escolares egresados de escuelas particulares estén en condiciones de sufragar su sostenimiento en universidades de carácter independiente. A la inversa, es probable que alumnos que se van a colocar en la situación privilegiada del pase automático a las aulas profesionales, se encuentran en condiciones de verificar las erogaciones antes dichas, y en conciencia van a ocupar un lugar a la universidad indebidamente, si ese es el espíritu de la discutida posición universitaria. Por otro lado, lo que se preguntan los padres de familia es que cómo, si sus hijos han cumplido por medio de las escuelas incorporadas con los planes de estudio, las programaciones y la serie de exigencias económicas inherentes, ahora de una plumada se discrimina a quienes, no obstante ser también hijo de la UNL, se les obstaculiza y se les frustra su ideal, en cuanto que se les elimina sin consideración alguna.42 El Consejo Universitario se volvió rápidamente una arena donde se plantearon y se discutieron todo tipo de disputas, muchas de ellas personales, fricciones de grupos y facciones políticas, así como resolución de problemas creados por su propia dinámica y decisiones que impactaron en el conjunto de la Universidad. La creación de nuevas preparatorias a través de la organización de grupos estudiantiles trajo graves consecuencias manifestadas en el enfrentamiento entre estos grupos durante los siguientes meses. A principios de noviembre de 1970, la Preparatoria No. 9 protagonizó un zafarrancho estudiantil donde uno de los estudiantes portaba una carabina, presuntamente sin municiones. El Consejo Estudiantil abordó este incidente y acordó, a petición del director de esta escuela preparatoria, Carlos Francisco Cisneros Ramos, expulsar el 7 de noviembre (sin derecho de defensa ni audiencia) a cuatro jóvenes que participaron en la riña.43 De éstos, uno resultó no ser estudiante de la UNL, ni residente en Monterrey, por lo que la expulsión como alumno fue irrelevante.44 En esa misma sesión el consejero alumno de la Preparatoria No. 7, dio una lectura acusatoria (firmada por la Sociedad de Alumnos) contra el estudiante y profesor Rodolfo Garza Montemayor a quién apodaban el “Porro”. Se dijo que este profesorestudiante de Leyes y líder del FEAP (Frente Estudiantil de Acción Preparatoria), 83

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había propiciado en la Preparatoria 7 varias riñas entre los universitarios. Como antecedente se dio lo sucedido el 23 de octubre, día de las elecciones de autoridades en esa escuela, cuando Garza Montemayor, acompañado de 150 estudiantes provocó un pleito general en este plantel. El objetivo fue interrumpir los comicios y crear un ambiente de inestabilidad, cumpliendo los designios de ciertos grupos políticos.45 Garza Montemayor era una muestra de la corrupción interna dentro del nuevo gobierno universitario. Fue líder y dirigente del movimiento estudiantil durante el verano de 1970 a favor de la apertura de nuevas preparatorias, era maestro en esa escuela preparatoria, a la vez que estudiante en la Facultad de Derecho, trabajador en Rectoría como encargado de la suscripción del periódico Universidad que se editaba bajo el auspicio del Departamento de Extensión Universitaria.46 El rector, en una declaración posterior, justificó en su trabajo a Garza Montemayor debido a la falta de profesores calificados por lo que se pidió a una serie de alumnos adelantados y pasantes a que dieran cátedra.47 Uno de los obstáculos a juicio del rector para incorporar nuevos profesores era el artículo 7 de la Ley Orgánica vigente que no les daba oportunidad de ser profesores universitarios a los recién egresados de la Normal Superior o de las escuelas incorporadas al exigir dos años de experiencia como requisito para optar a la cátedra universitaria.48 A pesar de lo expresado por el rector, resulta evidente que profesores como Garza Montemayor fueron incorporados como trabajadores universitarios y como académicos no por su experiencia ni por su talento, sino por sus servicios al proyecto político del grupo de Rectoría. Entre otros acuerdos de esa sesión, estuvieron la negación de la solicitud de la Dirección de Urbanización del Estado para usar terrenos universitarios en la construcción de un anillo vial llamado intermedio debido a que afectarían los campos experimentales de la Facultad de Agronomía; se aprobó que las facultades de Ingeniería Civil y Arquitectura hicieran estudios sobre el aprovechamiento de los terrenos de la UANL; se rescindió el contrato de comodato en terrenos del Hospital Universitario y se negó la solicitud del Club Rotario Monterrey Obispado para construir un estadio de atletismo en terrenos de la Universidad.49 84

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Las continuas irregularidades dadas en la UANL terminaron por rodear a la Universidad y a sus autoridades de reporteros que esperaban seguir sacando editoriales de un tema inagotable y de interés comunitario. Esto trajo como consecuencia posturas ridículas de las autoridades para proporcionar información ante el continuo ataque de los medios a la Universidad. Por ejemplo, el 10 de noviembre, el rector se negó a dar información a los medios impresos locales sobre el presupuesto de la institución a menos que lo hicieran previa solicitud escrita y adjuntando una copia de la nómina del ITESM. Ésta última era y es una institución privada a diferencia de la UANL, y la cual no se desempeñaba con fondos públicos.50

Del cupo excesivo a la capitalización de la estrategia El problema del sobrecupo era una seria amenaza para la estabilidad de la sociedad. Para 1970, existían en Nuevo León 400 mil estudiantes en las escuelas primarias y 50 mil en las escuelas secundarias. El ingreso masivo de egresados de educación básica a las escuelas preparatorias de la UANL era ya un hecho y en un futuro inmediato (cuatro años) un problema grave a resolver.51 El 24 de julio de 1970, el Consejo Universitario creó una nueva preparatoria denominada Popular, la que posteriormente sería denominada Escuela Preparatoria No. 9.52 Según datos de la Secretaría de Educación, en 1970 egresaron de escuelas secundarias públicas 11,157 estudiantes (7,778 de escuelas de Monterrey y 3,373 de escuelas en el resto de la entidad) de los cuales un poco más de la mitad intentó ingresar a alguna de las escuelas preparatorias de la UANL.53 De estos últimos, en agosto de 1970 fueron rechazados 3,000 alumnos. Los factores inmediatos eran la falta de cupo y de subsidios gubernamentales. Estos factores esgrimidos por las autoridades universitarias eran cuestionados por las asociaciones civiles radicadas en la ciudad. Para muchos profesionistas, el Consejo Universitario había creado artificialmente el problema del sobrecupo en las preparatorias al negar al acceso en la Universidad a los egresados de las preparatorias particulares. Tal afirmación era un hecho ya que ante tal prohibición las preparatorias 85

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incorporadas no pudieron absorber la mayoría de los 3,000 estudiantes que querían entrar en agosto a las preparatorias de la UANL. En efecto, las preparatorias incorporadas perdieron el atractivo de ser una plataforma para acceder a una carrera profesional en la UANL. Desde la Rectoría indudablemente se estimuló la organización de grupos de estudiantes a fin de exigir al gobierno y a la UANL, el derecho de cupo en las instalaciones universitarias. El Consejo Estudiantil de la UANL, el Frente Estudiantil Pro-Preparatoria y el secretario general Tomás González de Luna aparecieron íntimamente ligados en esta estrategia de presión. Después del rechazo a 3 mil solicitudes en julio de 1970, estos organismos y el secretario general crearon 700 nuevas plazas el 24 de julio he hicieron un llamamiento a los rechazados a no perder la esperanza ya que serían convocados aquellos que hubieran obtenido calificaciones altas en el examen de admisión.54 Paralelamente, los jóvenes rechazados en su intento de ingreso a las preparatorias, iniciaron la última semana de julio colectas públicas en las calles, en el transporte público urbano, esquinas, centros comerciales, etcétera. Los volantes repartidos a la comunidad culpaban al gobierno del Estado de no garantizar la educación superior al pueblo. Este movimiento estudiantil colaboró estrechamente en la creación de escuelas preparatorias a través de la Asamblea Popular y las comisiones mixtas creadas entre estudiantes y autoridades universitarias. Su lema: “Por un aumento de presupuesto y por una democratización de la educación. La Universidad al pueblo.” Los estudiantes más combativos se organizaron a través de un agrupación autodenominada Frente de Estudiantes de Acción Preparatoria (en adelante FEAP), integrado por alumnos de secundaria aspirantes a ingresar a preparatoria y alumnos ya inscritos de distintas escuelas preparatorias de la UANL.55 Entre sus primeras acciones estuvieron la toma del Aula Magna,56 las brigadas de información al pueblo,57 y el apoyo a comerciantes ambulantes desalojados de la calle Ocampo frente al Mercado Colón.58 Esta adjudicación de representatividad y solidaridad con otros grupos sociales, está íntimamente ligado a un trabajo político lejos de las exigencias 86

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Para resolver el viejo problema de falta de lugar profesional a los alumnos que terminaban el bachillerato, el Consejo Universitario tomó medidas para absorber la demanda estudiantil, salvo en Medicina, una política que disparó la su población y ejerció presión sobre incrementos presupuestales.

originales de sobrecupo. La influencia de otras organizaciones políticas en el movimiento estudiantil fue cada vez más profusa. En cuanto al presupuesto, una parte encuestada de la población profesionista –y opositora al gobierno de izquierda de la UANL–, exigió un mayor control del gasto universitario ya que a éste “nadie lo revisa, ni lo vigila y al pueblo nadie le rinde cuentas.” 59 Incluso, la Unión Neolonesa de Padres de Familia propuso soluciones prácticas con las instalaciones ya existentes al problema de cupo a nivel de escuelas preparatorias. Entre otras opciones se propusieron utilizar la capacidad de los edificios universitarios desaprovechados en ciertos horarios a fin de abrir cursos en ellos de forma provisional; solicitar en plan de préstamo algunas aulas de las escuelas monumentales con el reclutamiento de profesores de las propias preparatorias vigentes; eliminar gastos y erogaciones económicas de la nómina universitaria que no se justifican de acuerdo con informes de la propia institución como pagos o 87

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regalías entregadas de forma selectiva y dispareja en los montos. Finalmente, un tipo de gastos innecesarios fue el envío de una legación de economistas a un congreso en Cuba, la cual fue cuestionada ya que “estos miles de pesos que salieron al extranjero pudieron invertirse –comentaron– en la enseñanza preparatoria.” 60 Aunado a esto, el Partido Comunista se adjudicaba los avances de reforma, autonomía e intensa actividad política que se desarrollaba en la UANL como parte de su política nacional de estímulo a la revolución socialista. En la revista Oposición, editada en la ciudad de México y dirigida por Arnoldo Martínez Verdugo, secretario general del Partido Comunista Mexicano (en adelante PCM), se atribuía logros en sus bloqueos a las manifestaciones priístas a favor del candidato Luis Echeverría a través de la manipulación del movimiento estudiantil. 61 Comentarios imprecisos y poco objetivos. En efecto, la influencia del PCM en la Universidad tenía cierta consideración, más no hegemónica, ni mucho menos alternativamente viable ante las diversas posturas de los grupos de izquierda que figuraban en el movimiento estudiantil. Se ha exagerado, incluso por los propios comunistas, el papel que llegaron a tener dentro de este movimiento de reforma académica.62 La alianza entre Rectoría y el STUANL, y la destitución de Roberto Moreira, trajeron como consecuencia la manifestación de varios grupos en contra de las irregularidades que rodearon cada una de estas decisiones del Consejo. Ante el primero lo hicieron los consejeros de Arquitectura, ante lo segundo la Junta Directiva de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en sesión ordinaria celebrada el 8 de julio. Se acordó en esta última, repudiar públicamente con un voto de censura la decisión emanada del H. Consejo Universitario. 1. La discusión sobre los cargos contra Roberto Moreira no estaba consignada en la agenda de trabajo de la última sesión del cuerpo colegiado universitario. 2. La acusación se basó en un análisis del caso “como una situación eminentemente política”. 3. No hubo discusión sobre el caso y los testigos fueron de terceras personas. 88

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4. Se violaron flagrantemente los derechos naturales y constitucionales fundamentalmente las garantías de audiencia y seguridad jurídica. 5. No se permitió defensa.63 Los miembros de la Junta Directiva aclararon que estaban conscientes de que el H. Consejo Universitario era el órgano supremo de la UNL, “pero ello no lo convierte en infalible, ni mucho menos lo exime de la crítica, ya que ésta es esencial en la idea de la Universidad. No podemos admitir un poder despótico y arbitrario en la vida universitaria”.64 Y así fue como se comportó la izquierda una vez en el poder: intolerante, despótica e irresponsable. Sobre todo, esto último. Por su parte, Roberto Moreira no estuvo de acuerdo con su destitución y demandó a la Universidad ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado a través de un juicio laboral. Este tuvo su propio seguimiento y el 2 de septiembre a las 11:00 horas su presidente, Gerardo Cantú García, ingresó a las instalaciones de la Universidad a fin de inspeccionar la documentación relativa a la expulsión laboral del profesor mencionado. La inspección se dio en la Facultad de Medicina a fin de ver el expediente de Moreira y en Rectoría en la Secretaría General de la UANL.65 Para su sorpresa, no se encontró ningún acta de las sesiones del Consejo Universitario levantada en el libro respectivo desde que tomó posesión de la rectoría el doctor Oliverio Tijerina en diciembre de 1969.66 Esta anomalía iba en contra del reglamento de la UANL, el cual exigía que se aprobaran las actas de la sesión anterior para registrarse en el libro de actas respectivo. El secretario general Tomás González de Luna admitió no haber escrito las actas correspondientes.67 La anomalía también se extendió a los rectorados del ingeniero Nicolás Treviño Navarro (enero a octubre de 1967), del doctor Héctor Fernández González (octubre de 1967 a noviembre de 1969) y del licenciado Enrique Martínez Torres (noviembre y diciembre de 1969) al no encontrarse ningún acta. El juicio laboral contra Moreira se derrumbó al no encontrarse razón escrita y consensuada para su destitución como catedrático.68

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De esta forma, el desprestigio del nuevo grupo se materializó ante el citatorio que realizó la dependencia judicial al rector y a los 74 miembros del Consejo Universitario a fin de comparecer el 11 de septiembre para declarar sobre el caso del profesor Roberto Moreira, cesado el 28 de mayo.69 Los que declararon ese día fueron 22 consejeros y el rector. Una parte importante de los testigos aceptaron que el cese se debió única y exclusivamente a causas políticas.70 Algunos de los restantes 52, declararon posteriormente ante la junta y en entrevistas periodísticas que su decisión de apoyar su expulsión y posteriormente de no presentarse en el primer citatorio ante la junta, se debió a presiones realizadas por el secretario general Tomás González de Luna.71 Esta acción mostró la irresponsabilidad de las autoridades en su labor y su distracción en actividades políticas de todos conocidas y por ellos negadas. El proyecto de reformas a la Universidad del nuevo grupo que controló el consejo y la rectoría de la UANL a partir de diciembre de 1969, estaba totalmente debilitado y estancado en septiembre de 1970 ante los numerosos conflictos internos y externos de los cuales ellos fueron en buena medida responsables.

Las expulsiones provocan paros Pero lo que unió a los grupos políticos e ideológicos más fuertes dentro de la Universidad en contra del Consejo Universitario y del rector fue la expulsión de varios de sus alumnos. La decisión tomada por el Consejo Universitario el 7 de noviembre de 1970, de expulsar a cuatro estudiantes por haber participado en una riña masiva, se volvió un dolor de cabeza ya que las escuelas en las que estaban inscritos se fueron a la huelga en solidaridad y como forma de presión para que se revocara la decisión. El 10 de noviembre tanto el Consejo Estudiantil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales como el de la Escuela Preparatoria No. 7, acordaron hacer un paro estudiantil y pedir al rector que reinstalara en sus respectivas escuelas a los alumnos expulsados. En la primera se exigió la reintegración de Homero Gutiérrez

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Benavides y en la Preparatoria No. 7 la de los hermanos Sergio Guadalupe y Miguel Ángel Adame Ochoa.72 En la Facultad de Derecho la sesión realizada entre los estudiantes fue regida por momentos de violencia y de una numerosa presencia de personas ajenas a la Universidad, donde se pudo comprobar, por vez primera, intereses políticos ligados al gobierno a fin de detener no tanto la escalada de violencia y caos que privaba en la Universidad, sino debilitar y desprestigiar al grupo radical que ostentaba la Rectoría y el heterogéneo y caótico Consejo Universitario. La sesión presidida por Francisco Cienfuegos, líder estudiantil y empleado de la policía judicial, se dio a puerta cerrada y con la asistencia de trabajadores de dependencias municipales y del Estado.73 Las riñas las protagonizaron personas ajenas a la Universidad tales como Rosalío Quintero, quién laboraba en la Oficialía Primera del Municipio y Jesús Navarro, quién laboraba en la Jefatura de la Policía Judicial del Estado.74 Hubo acusaciones de grupos de “las porras”, como el estudiante Rolando Castillo Gamboa, de quienes se decía ser “grupos de jóvenes manejados por oscuros intereses para manejar y golpear a alumnos y maestros”. A pesar de todo, el paro se dio de una forma parcial y se dictaminó su levantamiento hasta la reincorporación del alumno expulsado.75 A la sesión plenaria asistieron 400 de 1 250 alumnos.76 El resto, presuntamente rechazó el paro a través de su líder Rolando Castillo y al día siguiente 500 alumnos continuaron con sus cursos normales.77 La división en Leyes creó un ambiente de fricción y violencia que persistió durante noviembre y diciembre de 1970 y se extendió por dos años más, hasta 1972. Por su parte, la Preparatoria No. 7 también entró indefinidamente en paro hasta la revocación de la decisión del Consejo Universitario. Se constató que el agredido fue Jaime Gregorio Padilla, el cual fingió lesiones que posteriormente fueron desmentidas y documentadas por varios legistas.78 A estas escuelas le siguieron otras por diferentes razones. La Facultad de Filosofía y Letras acordó el 11 de noviembre un paro de labores hasta que se modificara y se actualizara su plan de estudios,79 ese mismo día la Escuela Industrial y Preparatoria 91

4. Autonomía condicionado: estrangulamiento de las finanzas

Técnico Álvaro Obregón y su Escuela Nocturna, realizaron un paro indefinido de labores con varias peticiones, entre las que destacaron el apoyo a los alumnos expulsados y la dotación de equipo y material para los talleres 80 y el 13 de noviembre se fue al paro la Preparatoria No. 1 por problemas internos entre los grupos políticos.81 Prácticamente presionado por la oposición generalizada hacia la decisión de expulsar a los estudiantes, el Consejo Universitario sesionó el 14 de noviembre a fin de enfrentar esta inestabilidad interna. Lejos de discutir la reforma universitaria, se avocó a ser una plataforma de discusiones y enfrentamientos yermos que terminaron desgastándolo y devaluándolo ante los ojos de la mayoría de los universitarios. Ese día se acordó nombrar una comisión de cinco profesores y cinco alumnos a fin de resolver la situación de los alumnos expulsados. Paralelamente se pidió la expulsión del profesor y estudiante Rodolfo Garza Montemayor, exigida por el consejero alumno de la Preparatoria No. 7 82 y se aplicara un correctivo a la estudiante Yolanda Jasso de la Preparatoria No. 9, por las rencillas acaecidas el 23 de octubre.83 De la misma forma, ante la presión estudiantil, se resolvió dar de baja como empleado del periódico Universidad a Rodolfo Garza Montemayor.84 En una sesión posterior, el 28 de noviembre, llena de discusiones estériles y enfrentamientos entre los diferentes grupos ideológicos universitarios que hizo de ella una de las más largas (de las 7:30 a 17:00 horas), se ratificó la expulsión de dos de los cuatro estudiantes. Ángel Adame Ochoa fue reinstalado y el cuatro fue reconocido como una persona que nunca perteneció a la Universidad.85 La resolución fue una decisión parcial, lo que resultó ser contraproducente ya que no satisfizo a los estudiantes que escenificaron los numerosos paros en favor de la reinstalación de todos los estudiantes expulsados. La decisión de ratificar la expulsión de los estudiantes de Leyes provocó, como era de esperarse, una amplia organización en esta facultad que amenazó con tomar los planteles de la Preparatoria No. 9 y de Rectoría. Esta amenaza se cumplió el 3 de diciembre, cuando esta última fue tomada por los alumnos. Como consecuencia se suspendieron las labores en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas que se 92

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encontraba en el décimo piso.86 El director de la Facultad de Leyes, Sergio Mena Treviño, se pronunció también en contra de la decisión y apoyó abiertamente la organización estudiantil en contra de las autoridades universitarias.87 Consejero también en el Consejo Universitario, Mena Treviño dio una rueda de prensa donde expuso su inconformidad por las decisiones y por la forma en que era manejado el consejo por el grupo radical.88 Dijo que fue consigna de Rectoría expulsar a los universitarios de Leyes mientras se perdonaban todas las atrocidades que había cometido en la Preparatoria No. 9 el profesor Rodolfo Garza Montemayor

y que

esta última sesión del consejo se prolongó casi diez horas “con el patente propósito de cansar a los consejeros y provocar así que precipitaran la determinación de expulsar definitivamente a los estudiantes Gutiérrez y Adame”.90 Para mediados de noviembre de 1970, era evidente un cambio de actitud en el Gobierno estatal ante la crisis universitaria. La aparente tolerancia hacia los desmanes y las pugnas internas se acabó. El gobernador Eduardo Elizondo declaró el 17 de noviembre estar consternado por lo que ocurría en la Universidad y aclaró no otorgar un centavo más al presupuesto universitario. Afirmó que: La crisis económica de la UNL obliga a revisar procedimientos, hacer economías y enfrentar los problemas con altura de miras y métodos conducentes ya que la holganza y el disturbio no hacen recursos y sí desperdician lo que tenemos. La riqueza se produce trabajando, no insultando ni destruyendo.91 Esta actitud mostró varias tácticas para aislar, desprestigiar y debilitar al grupo radical en el gobierno de la Universidad. El apoyo a ciertos grupos políticos dentro de ella, como era el caso de Leyes, Medicina y la Asociación de Profesores Universitarios en contra de Rectoría y el Consejo Universitario fue evidente. A nivel externo, el estrangulamiento presupuestal, declaraciones hostiles y alargar la decisión del Congreso sobre la nueva Ley Orgánica, fue una consecuencia de esta estrategia general del gobierno del Estado.

4. Autonomía condicionado: estrangulamiento de las finanzas

La Universidad sigue su marcha Sin embargo, a pesar de la situación política dentro de la UANL, hubo decisiones trascendentales que favorecieron el engrandecimiento de la máxima casa de estudios de la entidad. Una de éstas fue la propuesta de creación de un organismo planificador de la educación en el estado. La creciente demanda por la educación media y superior era una novedad no sólo a nivel regional sino nacional. Fue una consecuencia más del largo periodo de estabilidad económica, social y política que experimentó México entre 1940 y 1967. En otras palabras, no se previó enfrentar este alud de estudiantes que cambiarían la estructura socioprofesional de México en unos cuantos años. Para enfrentar esta situación y prevenir escalonadamente la demanda, el rector Oliverio Tijerina propuso atinadamente al gobernador Elizondo la creación de un organismo planificador del problema educacional en la entidad. Sus tareas inmediatas serían las siguientes: 1. Exploración y diagnóstico de las necesidades estatales, regionales y nacionales de técnicos y profesionales mediante la elaboración de los censos correspondientes. 2. Dependiente de esas mismas necesidades, diversificar las actividades de la población escolar. 3. Creación de escuelas “técnico-medias” entre secundaria y preparatoria. 4. Creación de escuelas “técnico-medias” entre preparatoria y profesional. 5. Expansiones del currículum de las escuelas profesionales que ofrezcan un mayor número de alternativas al estudiante atendiendo a sus posibilidades e intereses ocupacionales.92 Otra de las labores universitarias que no se detuvo en este periodo fue el enriquecimiento de las condiciones para acrecentar la investigación y la docencia y el aspecto físico de Ciudad Universitaria. A partir del mes de marzo de 1970, la UANL presentó importantes avances en estas materias. En este mes se puso en funcionamiento el Laboratorio de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas (consistentes en 400 metros cuadrados), y para fines de año los 94

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Laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas, los cuales tuvieron una superficie superior a los 780 metros cuadrados.93 El 21 de mayo fue donado al ingeniero Héctor Ulises Leal Flores, director de la Facultad de Ingeniería Civil, un trasmisor de 250 watts de parte de Luciano de la Rosa Betancourt, a fin servir como piedra angular en la creación de Radio Universidad.94 Al día siguiente fue inaugurado el puente para peatones en la avenida Universidad el cual fue representativo de Ciudad Universitaria y construido con aportaciones del Club de Leones de San Nicolás.95 Igualmente, el 13 de noviembre, la UANL recibió un donativo de 430 mil pesos por el gerente de la empresa de Altos Hornos, Harold R. Pape, inicio de un donativo mayor distribuido a dos años y con un total de dos millones 150 mil pesos que otorgaba la empresa al Patronato Pro Laboratorios y Talleres de la UANL.96

El caos invade a la UANL

l iniciar el año de 1971, las muestras de mejoría en la situación en la UANL no eran fáciles de encontrar. La Rectoría seguía tomada por estudiantes de Leyes desde el 3 de diciembre del año pasado1; la Facultad

de Leyes, tomada por los propios estudiantes, sería entregada el 4 de enero de 1971 a fin de efectuar los exámenes previstos a partir del día 152; la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas seguía suspendida en sus funciones al ubicarse en el décimo piso de rectoría3; el rector no había podido llamar a consejo ya que faltaban informes de

algunas facultades como la de Leyes y Físico-Matemáticas4; la Rectoría y el Consejo Universitario enfrentaban un juicio laboral por el caso Moreira. Derivado de ello y de presiones internas, el secretario general de la UANL, Tomás González de Luna, había renunciado a su puesto el 16 de diciembre de 1970, al igual que Rolando Guzmán Flores –quién fungía como director de Extensión–, provocando todo esto un debilitamiento en las funciones y credibilidad hacia las autoridades5; y para colmo desde febrero de 1970, el subsidio federal otorgado mensualmente, había sido retenido por el Gobierno federal.

El 4 de enero de 1971, llegaron buenas noticias de la ciudad de México, el subsidio federal fue liberado y entregados a la UANL 4.5 millones de pesos.7 Sin embargo, la oposición al gobierno radical de la UANL, apoyado abiertamente por el gobernador, continuó manifestando su repudio al rector y al Consejo a través de pintas en los camiones urbanos, con leyendas alusivas al movimiento estudiantil donde exigían una auditoría. Las pintas mencionaban “Fuera mafia de la UNL” y “Oliverio Títere”,

5. El caos invade a la UANL

entre otras. No sólo los transportes urbanos mostraron estas leyendas sino también algunos edificios de las facultades de Medicina y Leyes, así como la Preparatoria Álvaro Obregón.8 Ante la presión interna, el rector Oliverio Tijerina aceptó la petición del movimiento estudiantil de Leyes (que mantenía tomado la Facultad de Leyes y el edificio de Rectoría) de realizar la auditoria a las finanzas de la UANL. Esta costaría 36 mil pesos y tardaría cuatro meses en realizarse. La aceptación era condicionada a que fuera pagada por los estudiantes inconformes.9 Conforme pasaban los días, la situación del rector se volvía insostenible, el 8 de enero la Preparatoria No. 7 se lanzó al paro en apoyo a las peticiones de auditoria y de reingreso de los dos alumnos expulsados.10 La continua presión contra el rector y su presunto mal manejo de las finanzas universitarias, lo obligaron a elaborar apresuradamente un informe. En éste, dado a conocer el 10 de enero,11 afirmó que la UANL tenía una nómina mensual de 1,722 profesores (342 de tiempo completo y 1,143 de cátedra por horas libres) que recibían como salario casi tres millones de pesos mensuales (2,878,019.00 pesos). Los profesores de tiempo completo recibían 1,288,019.00 pesos mensuales de salario y prestaciones y los de cátedra de horas libres 1,048,068 pesos. El informe aclaraba que la UANL tenía ya 24 dependencias entre escuelas y facultades y 21,759 estudiantes inscritos hasta enero de 1971. Al termino de su informe, comentó que de los estudiantes que continuaban en Rectoría esperaba sólo una cosa: “que esos patanes se larguen de ahí”.12 Para el día 14 de enero, la situación era totalmente caótica en la UANL y el gobierno de la Universidad era precisamente la causa del continuo trastorno en ella. Ese día renunciaron en pleno y durante la Junta de Consejo Universitario el rector Oliverio Tijerina –a causa de “una gran presión”, tal y como lo expresó en su momento–13, el secretario general Manir González y Carlos Cisneros Ramos a sus distintos puestos14 como empleado en el Departamento Legal de la UANL, director de la Preparatoria No. 9 y profesor en la Facultad de Derecho.15

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Tijerina, manifestó haber sido insultado, amenazado de muerte y robada su residencia a causa del constante conflicto universitario. Ante tales circunstancias, su renuncia a la rectoría era irrevocable.16 De nueva cuenta, la sesión del Consejo Universitario del 14 de enero tuvo una maratónica duración de más de ocho horas. La mayoría de ellas consumidas en las renuncias y discusiones ante el nuevo escenario. El Consejo tuvo que enfrentar un entorno no previsto por el decreto 146 emitido por el Congreso Estatal cuando se eligió a Oliverio Tijerina en 1969. Este decreto presentaba una laguna legal al no prever el mecanismo para el nombramiento de un nuevo rector después de la elección de Oliverio. Ante esta situación, aunada a que la nueva Ley Orgánica no era todavía aprobada por el Congreso, el Consejo decidió designar a Manir González, ex secretario general, como nuevo rector interino. 17 Su nombramiento fue mal acogido por el movimiento estudiantil de oposición

ya que consolidaba en el gobierno de la UANL un nuevo

grupo de izquierda lidereado por Héctor Ulises Leal Flores y “coagremiados”, entre ellos Ángel Martínez. El nuevo escenario sólo trajo más caos dentro del gobierno de la UANL. El 28 de enero de 1971, una nueva sesión del Consejo Universitario provocó nuevas discusiones y propuestas inútiles que trajeron tras de más de seis horas de sesión, el posponer el orden del día hasta una nueva junta prevista el 12 de febrero.19

Ulises rector En esta última sesión el Consejo eligió como rector al ingeniero Héctor Ulises Leal Flores20, representante de una corriente ideológica de izquierda en franco ascenso ante la crisis provocada por el anterior gobierno. Esta corriente aprovechó el debilitamiento de la posición del Partido Comunista en la UANL y el deterioro de otros grupos de la izquierda ligados al anterior rector. El rector interino Manir González Martos, fue designado secretario General de la UANL. El cuarto y último informe sobre su gestión de gobierno, Eduardo A. Elizondo expresó el 1 de marzo de 1971, ante el Congreso del Estado y el representante del 101

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nuevo presidente Luis Echeverría, el ingeniero Luis E. Bracamontes, secretario de Obras Públicas, su preocupación por la creciente demanda y presión hacia los servicios educativos en la entidad.21 Esta expansión de la demanda educativa por todos reconocida era la causa inmediata de una posible crisis financiera estatal ya que este rubro estaba absorbiendo cada vez más el presupuesto de la entidad. Era una realidad que la crítica situación financiera provocada por la incesante expansión educativa, continuaba deteriorándose. Alertó a los concurrentes que en breve lapso esta situación podía llevar a originar un caótico desequilibrio presupuestal. El presupuesto otorgado a la educación en el Estado, sin incluir a la UANL, Hospital Universitario, Normal Superior ni la construcción de aulas, se había incrementado de forma descomunal entre 1968 y 1971 ya que había pasado de 146 millones a casi 251 millones (250, 752,504.64). En términos de porcentaje en relación al conjunto del presupuesto, también había aumentado: de 40.27% en 1968 a 48.68% en 1971. Y si a este porcentaje se agregaba el subsidio a la UANL, se elevaba a 62.7% sin incluir otros rubros íntimamente relacionados con la educación. Los frutos, a pesar de no haber aumentado el presupuesto educacional al ritmo que realmente se necesitaba, eran halagadores, 89.34% de la población mayor de diez años sabía leer y escribir, mostrando así el índice más alto de la república. También se habían hecho nuevas construcciones y ampliado la infraestructura de Ciudad Universitaria en 1970. Se había terminado la construcción de los edificios de la Facultad de Físico-Matemáticas, de Consulta Externa del Hospital Universitario y de Laboratorios de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Asimismo en la Facultad de Trabajo Social se construían en ese momento tres nuevas aulas. Sin embargo el foro era el adecuado para mostrar su molestia sobre la situación política interna de la UANL. Elizondo comentó: Hemos brindado una ayuda económica sin precedente a la UNL para que pueda desarrollar la trascendental labor que le corresponde. Grupos relativamente pequeños de estudiantes y maestros han pretendido satisfacer ilimitadamente sus aspiraciones, no sólo con preferencia, sino hasta exclusión de otros sectores de la población. 102

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La contestación a su informe anual por el presidente del Congreso estatal, Eleazar Ruiz Cerda, líder de la CROC, fue en el mismo tenor, mostrando así una posición hasta esa fecha similar entre el Ejecutivo y el Legislativo con respecto al problema de la Universidad. Eleazar dijo: Causa decepción observar como algunos estudiantes y profesores descuidan sus deberes fundamentales con el pretexto de participar en luchas políticas en las que confunden los propósitos y menoscaban irremediablemente el verdadero espíritu universitario, derrochando el dinero del pueblo.22 Los problemas por los que atravesaba la Universidad eran complejos y tenían como una de las causas primordiales la falta de presupuesto. El mismo día que Elizondo informaba a la comunidad nuevoleonesa de sus logros educativos, el Rector comunicó en rueda de prensa la falta de presupuesto para el pago de salarios atrasados del personal docente. A juicio del rector, los sueldos de todo el personal de la UANL seguían en parte insolutos ya que faltaban 500 mil pesos para cubrir la nómina de la segunda quincena de febrero que ascendía a más de dos millones y medio de pesos.23 Por su parte, a diferencia del informe de Elizondo, donde se blasonaba del avance educativo, Leal Flores afirmó después de escucharlo que el gobernador había adoptado una actitud de no saber nada más de la máxima casa de estudios en cuanto necesidades económicas se refería. Paralelamente, acusó al Patronato Universitario de no regularizar su adeudo (medida que veía el rector como una presión política en contra suya) y al Gobierno federal de no enviar el subsidio a la UANL correspondiente a los meses de enero y febrero. 24 El faltante en ese momento ascendía a 800 mil pesos para completar sueldos, de los cuales 300 mil se habían comprometido a prestar de sus propios presupuestos las facultades más leales a Rectoría: las de Ciencias Químicas e Ingeniería Mecánica y Eléctrica.25 Ante la presión del rector, el Patronato optó por otorgar ese día un cheque de 500 mil pesos a fin de regularizar el pago de sueldos atrasados. Sin embargo optó también 103

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por retirar su apoyo al rector y a la Universidad debido a la política seguida por el nuevo gobierno universitario. El Patronato le aclaró de forma pública a Ulises el 3 de marzo que Su insistente demanda hecha pública, en nuestro concepto innecesariamente, ya que este Patronato ha tenido como norma el comportamiento más estricto de los compromisos que voluntariamente ha contraído con la UNL, fue ya satisfecho. Entre estos compromisos voluntarios, el Patronato se refería a la aportación de un millón y medio anual “para nivelación de sueldos de maestros”, o sea, tres aportaciones de 500 mil pesos al año que realizaba de forma permanente desde 1967. La suma entregada el 1 de marzo sería la última que otorgarían “a lo cual nos libra –dijo su presidente– de paso de cualquier sospecha en cuanto a interferencia en los asuntos administrativos de esa Universidad”.26 Para el mes de marzo la situación de la Universidad y del nuevo gobierno universitario no podía ser peor. Todo indicaba un endurecimiento de la postura del gobierno estatal con respecto a la situación en la Universidad, la cual impactaba en todos los organismos ligados a la UANL, como era el caso del Patronato. Este endurecimiento en la postura del gobernador y del poder Legislativo y Judicial (recordemos el caso de Moreira) fue producto de la presión de los sectores más fuertes del empresariado y de las características particulares de los diferentes sectores representados en el PRI en la entidad, los cuales pedían una mayor firmeza en las decisiones públicas ante el deterioro que padecía la UANL. Este deterioro si bien afectaba en lo académico (es de hacer notar que la mayoría del estudiantado siguió estudiando y los profesores laborando), su epicentro se encontraba en una lucha encarnizada por el poder dentro de la Universidad donde todos los grupos políticos e ideológicos participaron por igual en su continuo desprestigio ante los ojos de la comunidad. Una situación era totalmente real, la inscripción a la UANL y el número de los demandantes a ingresar era cada vez mayor. De septiembre de 1970 a febrero de 1971 se matricularon oficialmente 4,642 alumnos de nuevo ingreso. En septiembre 104

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de 1970 fueron 3,319 nuevos alumnos, mientras en febrero la cifra bajó a 1,323. Para febrero de 1971, la Universidad Autónoma de Nuevo León albergaba a 23,082 alumnos. 27 Para tener una idea de la proporción de este incremento están las cifras oficiales que muestran que la cantidad de alumnos que ingresaron entre septiembre de 1970 y febrero de 1971, fue casi similar al ingreso total de estudiantes a la Universidad registrado entre septiembre de 1965 y septiembre de 1969, cuando las inscripciones eran todavía anuales (4,944 alumnos).28 Paralelamente, el subsidio estatal a la UANL se había incrementado anualmente a razón de más de cinco millones en 1966 y 1967, ocho millones en 1968 y más de 12 millones y medio de pesos en 1969. Sin embargo, a raíz de la autonomía y de la separación de la UANL del gobierno estatal, los incrementos no sólo habían sido menores –como el de 1970 que representó tan sólo un poco más de dos millones de pesos en relación al año de 1969–, sino que decreció como el presupuestado para 1971 que representó casi nueve millones de pesos menos que el del año anterior.29 A esto se sumaba la decisión del Patronato Universitario de retirar para 1971, su partida de un millón y medio de pesos anuales.30 Ante tal entorno, el STUANL, fue el portavoz organizado de la Universidad en contra de la postura del gobernador y de los constantes ataques que había sufrido la UANL. El 7 de marzo desmintió la afirmación hecha por el gobernador Elizondo en su último informe de “que maestros y alumnos han pretendido satisfacer ilimitadamente sus aspiraciones”. Apoyó el acuerdo –para despejar ese tipo de dudas– del Consejo Universitario de nombrar una comisión que se avocara a la investigación de la aplicación de los recursos en la Universidad. Y después arremetió contra la política estatal de continuar favoreciendo a los menos necesitados a costa del resto de la comunidad en cuestión de impuestos al exigir que: Urge que el Estado que es el que capta los impuestos y los distribuye, considere seriamente la imposibilidad de seguir concediendo privilegios a la gran industria, eximiéndola del pago de impuestos y subsidiándole en consumo de agua, luz y gas; privilegios de que no goza el Pueblo de Nuevo León y a cuya costa se dan tan amplias concesiones.31 105

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Por lo tanto, la asamblea general representativa del STUANL le hacía directamente al gobernador las siguientes preguntas para conocimiento del público nuevoleones: 1. ¿La disminución de hecho del subsidio estatal de este año a la UANL forma parte de algún plan para estrangular la autonomía universitaria a través de la asfixia económica? 2. ¿O es normal que el Gobierno del Estado, con la declaración de que “no hay dinero”, se desentienda hasta del crecimiento normal de la Universidad, presionada por el aumento del número de jóvenes que desean educación de nivel superior? 3. ¿Se espera que la UANL renuncie a la autonomía y a su determinación de no cerrar sus puertas a la juventud para tener el apoyo del gobierno en el renglón económico?”

En efecto, la crisis económica de la UANL afectaba a otras dependencias que otorgaban servicios a la comunidad nuevolonesa como fue el caso del Hospital Universitario, el cual vivía una constante falta de recursos, tal y como lo comunicó su director el médico Ángel Martínez Maldonado.33 A la par de la crítica del STUANL, el rector arremetió contra la política de Elizondo hacia la UANL calificándola de “oscura e incongruente”. Se preguntó públicamente ¿quién sostenía a los estudiantes de Leyes que mantienen ocupada la Rectoría?

Haciendo mención (de todos conocido) que el movimiento estudiantil de Leyes estaba ligado a la política de Elizondo, la cual consistía en debilitar al nuevo gobierno universitario y fomentar el desprestigio de las autoridades universitarias. Elizondo respondió ese mismo día que si el rector Ulises quería que se utilizara la fuerza pública para desalojarlos, pues no tenía más que solicitarlo al gobierno estatal por escrito.35 El rector no cayó en el anzuelo, de momento pero fue evidente que su inconformidad podía llegar al extremo de tomarle la palabra, por lo que todo indica que desde el Gobierno del Estado se tomó la decisión de recomendar al movimiento estudiantil de Leyes que había llegado el momento de desalojar la Rectoría para evitar un enfrentamiento. Su toma como medida de presión había llegado a su límite y ya no cumplía esa función. En otras palabras, si Ulises tomara la decisión de 106

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pedir el ingreso de la fuerza pública para el desalojo de la Rectoría, el gobernador se vería obligado a autorizarla.

Aumento de tensión entre Universidad y gobierno Por su parte, y tal como si todo fuera planeado desde el palacio de gobierno estatal, la Facultad de Leyes entró el 1 de marzo (día del Informe de Elizondo al Congreso) en un proceso eleccionario para elegir y renovar a la organización estudiantil. Se registraron tres planillas donde destacaba la dirigida por Rolando Castillo Gamboa, apoyada por Francisco Cienfuegos, dirigente saliente y partidario del grupo ligado al aparato de gobierno de Elizondo y del PRI. Las otras dos eran lideradas por Alfredo Juárez Medel y J. Rodolfo Giacomán.36 Paralelamente, se dio ese día una salida decorosa al conflicto con Rectoría a través de un referéndum realizado entre el 1 y 2 de marzo sobre la estrategia a seguir del movimiento estudiantil, que dio como resultado el consenso de la primera de las tres preguntas del cuestionario: la entrega de rectoría pero seguir con la huelga, es decir, apoyando a los estudiantes expulsados Homero Gutiérrez Benavides y Sergio Adame Ochoa. Esta propuesta alcanzó 258 votos, en contra de las otras dos, las cuales eran volver a clases sin entregar la Rectoría para presionar más al Consejo Universitario (50 votos) y la entrega de Rectoría y vuelta a clases abandonando los motivos de la huelga estallada el 3 de diciembre de 1970 (156 votos).37 Aunque la mayoría estudiantil recomendaba la entrega de Rectoría como medida para bajar la tensión al conflicto, los líderes estudiantiles se abrogaron la decisión de definir la fecha de entrega que aparentemente no pensaban hacerla de forma inmediata para continuar con la presión. Sin embargo su decisión cambió a raíz de las declaraciones del rector del 4 de marzo y su decisión hecha pública el 6 y 7 de marzo de acusarlos de violar el artículo 36 de la Ley Orgánica de la UANL, por lo que les dio un ultimátum: si no se retiraban de Rectoría en los siguientes cuatro días, el Consejo Universitario había decidido el ingreso de la fuerza pública como último recurso. Por ello el rector pidió al director de Leyes, Sergio Mena que se 107

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Manifestaciones, paros de actividades acadĂŠmicas, mitines, desplegados fueron algunas de las medidas para exigir al Gobierno del estado un mayor presupuesto para hacer frente a sus responsabilidades. 108

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entrevistara con los estudiantes a fin de hacerlos comprender que era ya preciso la entrega de las instalaciones.

Tras 86 días, el movimiento estudiantil acordó entregar la Rectoría el 9 de marzo de 1971.39 Este acontecimiento era un triunfo del nuevo gobierno universitario sobre Elizondo. Sin embargo, éste no tardaría más de 18 días en regresar el golpe político a Ulises con la aprobación de una nueva Ley Orgánica. En marzo, las condiciones internas de la Universidad seguían estando críticas, la tensión había aumentado entre las autoridades universitarias y el Gobierno del Estado. A la par que la Facultad de Leyes continuaba en paro y en contra del rector, se habían sumado al paro otras escuelas y facultades por razones distintas. El 3 de marzo, la Preparatoria No. 2 se fue al paro a través de una nueva organización estudiantil y de profesores denominada “Nosotros”, la cual ostentaba el apoyo de 400 firmas y que manifestaba su descontento ante la anarquía que predominaba en esa institución.40 Externaron su repudio a “los métodos de violencia, groserías y actos en contra del edificio de la preparatoria por la reforma académica que pretendían realizar. La reforma planteada por los paristas pretendía la renuncia del director, una verdadera modificación al plan de estudios y una sui géneris propuesta basada en la eliminación de los exámenes como instrumento de evaluación hacia los estudiantes. Sus autores intelectuales eran Severo y su hermano Leonardo Iglesias, Luis Garza Díaz y Rodolfo Garza Montemayor. El paro terminó el 9 de marzo sin mayores contratiempos. 41 El 11 de marzo fue protagonista de nuevos paros y renuncias. El director de la Preparatoria No. 8 renunció a raíz de numerosos incidentes acaecidos en la escuela; asimismo la Facultad de Agronomía se fue al paro exigiendo la pronta aprobación de la Ley Orgánica que llevaba ya un año en poder del Congreso estatal.42 Por si fuera poco, el 13 de marzo el STUANL decretó paralizar a partir del día 16 toda la UANL como medida de presión para exigir al Gobierno del Estado un mayor presupuesto debido al rumor de que la Universidad carecía de dinero para pagar la nómina de sus empleados.43 También adicionaron la exigencia al Congreso del Estado de acelerar la aprobación de la nueva Ley Orgánica. 109

El rector Héctor Ulises Leal Flores marcha al frente de la gran manifestación mediante la cual la institución esperaba que el Gobierno estatal adoptara medidas a fin de resolver la crisis presupuestaria. 110

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El Congreso del Estado sintió la presión externa –e indudablemente más del gobernador– y sesionó a diario con juntas extraordinarias durante el mes de marzo a fin de aprobar la Ley Orgánica que llevaba un año en las curules de sus ocho diputados. Por su parte, el 15 de marzo de 1971, el Consejo Universitario sesionó a fin de tratar la problemática de la UANL. Era evidente ya un rompimiento entre los organismos universitarios y el encargado del Ejecutivo del Estado. En esa sesión el Consejo retó al gobernador a presentarse en un debate público con el rector Ulises a fin de aclarar su postura respecto a las finanzas universitarias. El gobernador aceptó el reto y al día siguiente, el 16 de marzo, ambos personajes ya célebres por su retórica sostuvieron un enconado debate trasmitido por un canal televisivo local. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo.44 La situación continuaba igual o mejor dicho, peor. Ante la negativa del Consejo Universitario a tratar sobre los alumnos de Leyes expulsados, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho, tomó de nueva cuenta las instalaciones de la Rectoría ese mismo día en protesta por ignorar sus demandas de reinstalación. Dos días después regresaron las instalaciones. El ambiente estaba tenso y cada vez más caldeado.45 A partir del 16 de marzo, el STUANL cumplió su amenaza de paros parciales en las diferentes dependencias a fin de presionar para una solución a sus demandas.46 El conflicto universitario trascendió a la comunidad de Monterrey, a tal grado que entre el 18 y 26 de marzo, se manifestaron innumerables profesionistas para ofrecer sus servicios de forma gratuita como profesores de la UANL a fin de evitar el colapso total de la máxima casa de estudios.47 El punto culminante del malestar llegó el 25 de marzo cuando el Consejo Universitario, máximo organismo hasta ese momento del gobierno universitario, promovió una magna manifestación por las arterias de Monterrey a fin de desembocar en el Palacio de Gobierno, donde serían recibidos por el gobernador Elizondo a las 12:00 horas.48 Elizondo jugó su máxima carta el 26 de marzo cuando el Congreso Estatal por fin aprobó la Ley Orgánica. Pero para sorpresa de todos, no fue lo que esperaban los 112

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universitarios, incluso los universitarios que habían mostrado un acercamiento con Elizondo a fin de resolver la crisis universitaria. El proyecto original propuesto por los universitarios quedo ilegible y totalmente transformado por el Congreso. La polémica (incluso hasta ahora) Tercera Ley Orgánica de la Universidad en su historia, totalmente novedosa para México y punta de lanza de un pretendido nuevo modelo de gobierno universitario en la república, creo un malestar general y unió a los universitarios contra el Gobierno, el cual tuvo que enfrentar la crisis más severa de su historia reciente. La crisis universitaria acabó por sepultar al todopoderoso gobierno estatal que se hundió ante el retiro de todo tipo de apoyo político del centro del país. Tal y como actuó Lázaro Cárdenas en 1936 ante la crisis política en Monterrey, Luis Echeverría puso en 1971 entre la espada y la pared a Elizondo y a su grupo político, el cual no se atrevió a desafiarlo, más que a disentir a través de la renuncia del propio gobernador.

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[CONTRAPROPUESTA DEL PODER]

Asamblea Popular de Gobierno

l 26 de marzo de 1971, el Congreso del Estado realizó las últimas discusiones sobre la Ley y se procedió a votarla. El voto fue unánime en la creación de la Ley Orgánica Universitaria. Al día siguiente apareció

publicada en el Periódico Oficial del Estado, con lo cual entró en el terreno de la legalidad.1 El mismo día de su aprobación destituía a todas las autoridades universitarias y planteaba un nuevo mecanismo de elección donde el gobierno del Estado y las “fuerzas vivas” reconocidas por Elizondo tomarían un papel más activo en la máxima casa de estudios. Su forma de gobierno fue insólita, sin precedentes en su tipo en el mundo, pero muy neolonesa y muy al estilo de gobernar en esta ciudad. Al Consejo Universitario, otrora rector de las decisiones universitarias, se le superponía una estructura de gobierno denominada Asamblea Popular de Gobierno Universitario, la cual sería la máxima autoridad de la UANL. Ésta tenía similitudes con lo que era un Consejo de Administración en las grandes empresas privadas de Monterrey, pero enriquecido con la selectiva participación de todos los grupos involucrados. Esta estructura administrativa daba una imagen incluyente, a pesar de la dispersión y disparidad del número de representantes por sectores. El nuevo rector y el nuevo tesorero serían designados directamente por la asamblea. La conformación de este máximo organismo lo debería decidir el Congreso del estado en un plazo no mayor a cinco días. Esta asamblea la integrarían organizaciones 117

6. La contrapropuesta del poder: La Asamblea Popular de Gobierno

reconocidas en la entidad. Una vez designadas, éstas enviarían a sus representantes los cuales a su vez designarían rector y tesorero. Una vez dados estos nombramientos, el rector y el tesorero convocarían a elecciones para ocupar los cargos de directores de facultades y escuelas. Estos últimos integrarían a su vez el nuevo Consejo Universitario. El mecanismo de gobierno y control a la autonomía era novedoso sin duda. Elizondo sabía que si el sistema de gobierno universitario (que había mostrado su éxito en el mundo de los negocios en Monterrey) se fortalecía, el proyecto auguraría su implantación al resto de la nación. La Asamblea Popular de Gobierno Universitario estaría integrada con los siguientes elementos que sumarían 36 personas: 10 representantes de obreros y empleados organizados del estado de Nuevo León. 4 representantes de las ligas de comunidades agrarias y sindicatos de campesinos del estado de Nuevo León. 1 representante del Patronato Pro Laboratorios y Talleres de la UANL 8 representantes de la prensa, radio y televisión. 3 representantes de alumnos de la Universidad de Nuevo León 3 representantes de los profesores de la UANL. 1 representante de la industria. 1 representante del comercio organizado 1 representante del congreso local 4 representantes de los profesionales organizados.2 Rechazo unificado La reacción inmediata de los órganos de gobierno universitario hasta ese día vigentes fue de total rechazo. El Consejo Universitario se reunió el 29 de marzo a fin de analizar la nueva Ley Orgánica y después de una acalorada discusión –en la que se liaron a golpes el director de Leyes Sergio Mena Treviño y el profesor Cisneros Ramos–, el Consejo acordó amparase ante la citada Ley. Cincuenta y cinco votos fueron manifiestos de repudio y ocho abstenciones, sin ningún voto en contra. Se aprobó buscar un amparo debido a que la nueva Ley: 1. Causaba menoscabo a la autonomía universitaria. 118

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2. Esta nueva Ley no solucionaba el problema financiero. 3. Era evidente una drástica reducción a la participación estudiantil en los órganos de gobierno de la UANL. 4. La rectoría perdía facultades. 5. Ambigüedad sobre el Hospital Universitario y su relación con la UANL, todo indicaba que era posible la separación de esta institución de la máxima casa de estudio, lo cual era inadmisible.3 Lo que no logró la continua oposición a Elizondo de parte de las autoridades universitarias, lo logró la Ley: unificar a los universitarios, cualquiera fuese su ideología, contra un enemigo en común: el gobernador Elizondo. A raíz de la sesión del Consejo Universitario en donde se acordó buscar un amparo contra la Ley, los estudiantes y profesores se organizaron en “Comités de Lucha” –integrados por dos representantes de cada escuela o facultad–, a fin de organizar el control de los edificios universitarios –como lo eran la Rectoría y el Aula Magna–, a fin de prohibir a personal extraño a la Universidad entrar en sus oficinas y evitar la entrada de las personas que emanen de la nueva Ley.4 La Asamblea Popular fue constituida a principios de abril. Posteriormente, ésta nombró el 12 del mismo mes como rector al médico y coronel Arnulfo Treviño Garza, quién terminó por confirmar a los ojos de los universitarios, el tipo de golpe político que había fraguado Elizondo.5 El nuevo rector no pudo tomar posesión en las instalaciones universitarias debido a que las anteriores autoridades se rehusaron a abandonar sus puestos por no reconocer la legalidad de la nueva Ley y todo lo emanado de ella. Treviño Garza inició despachando como rector en su oficina particular mientras se encontraba una solución al conflicto. Sin embargo, autorizó el envío del presupuesto a las dependencias donde trabajaban normalmente a fin de evitar el atraso de los salarios.6 Es menester aclarar que la mayoría de las instalaciones continuaron tomadas por las antiguas autoridades. El 1 de mayo, se dio una gran manifestación en contra de la nueva Ley Orgánica, a través de un contingente de universitarios y simpatizantes constituidos por las 119

6. La contrapropuesta del poder: La Asamblea Popular de Gobierno

organizaciones denominadas: Asamblea Universitaria, Comité Central de Lucha y STUANL. La consigna esgrimida fue que el movimiento de protesta continuaría hasta lograr que se derogara.7 En el interior de la Universidad, el rector Arnulfo Treviño designó a los directores de las escuelas y facultades en el transcurso de la segunda quincena de abril y primera semana de mayo. En general, los anteriores directores, incluso aquellos que habían sido desconocidos por los diferentes movimientos estudiantiles y por las constantes rencillas políticas internas, fueron de nuevo incorporados por los estudiantes y profesores de los diferentes planteles a fin de que el nuevo rector no designara elementos directivos ajenos a las instituciones. Estos fueron los casos del nuevo director del Hospital Universitario designado por Arnulfo Treviño, Juventino Garza Benavides, quién había logrado el 3 de marzo, que los médicos residentes permitieran su toma de posesión, sin embargo, ésta fue impedida por el sindicato y estudiantes de enfermería.8 La Sociedad de Alumnos de la Escuela Nocturna y Preparatoria No. 3, a través de su presidente Juan Antonio Noyola Reta, le regresaron la dirección al anterior director, Raúl S. Montoya, y desconocieron al rector Arnulfo Treviño.9 El resto de las 28 facultades y escuelas se encontraban durante las dos primeras semanas de mayo paralizadas a raíz del desconocimiento del nuevo rector. Las facultades que continuaron laborando normalmente fueron sólo Comercio, Leyes, Mecánica y la Escuela Pablo Livas.10 El problema universitario trascendió fuera de Monterrey por diversos motivos, pero el 6 de mayo, el presidente Luis Echeverría, quién realizaba una gira por Tamaulipas, aceptó recibir a dos delegaciones de universitarios: una a favor de la Ley y otra en contra de ella. Al conocer sus puntos de vista, mostró preocupación, sin embargo, manifestó mantener una postura de neutralidad y la firme convicción de “no intervenir en los asuntos internos de la UANL y del estado libre y soberano de Nuevo León.”

Por su parte, una delegación del ex rector Ulises y su grupo fue recibida por el rector de la UNAM, Pablo González Casanova, quién siempre manifestó su apoyo a la autonomía universitaria, la cual consideraba había sido violada por la nueva Ley.12 120

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Ante el continuo deterioro de la situación de la Universidad, y por ende de su capacidad de gobernar, el ejecutivo estatal ofreció públicamente el 11 de mayo en un canal televisivo local, su opinión y defensa de la nueva Ley Orgánica, así como de la importancia de la representatividad de la Asamblea Popular.13 Al día siguiente, el 12 de mayo, el gobernador se anotaría un triunfo parcial más, al desconocer el Juez Federal del Segundo Distrito como rector a Héctor Ulises Leal Flores, desechando así la demanda de amparo promovida por el exrector. El fallo también estableció la legalidad de Arnulfo Treviño como nuevo rector.14 Para el 18 de mayo, la situación tendía a ser controlada por las autoridades gubernamentales al decidir varias de las escuelas y facultades el regreso a clases a fin de no perder el semestre. Pero esto trajo represalias, entre ellas la violencia que volvió a emerger por las disputas políticas y lo acalorado del debate. El mismo día que varios estudiantes y maestros decidieron regresar a clases, fue agredido a golpes el profesor y exdirigente sindical Horacio Salazar Ortiz por el estudiante Rolando Castillo en la Facultad de Derecho.15 El aparente retorno a la normalidad hizo que el grupo liderado por el rector Arnulfo Treviño, iniciara de nuevo sus ataques a los anteriores dirigentes universitarios a fin de lincharlos políticamente. Desplegados firmados por grupos estudiantiles y de profesores inexistentes proliferaron en el mes de mayo, destacando los firmados por el grupo “Dimensión Estudiantil, Grupo 13B-1”, cuya característica era su autodefinición de comando, tal y como su nombre lo indicaba. Este grupo manifestó el 14 de mayo a través de un escrito pagado en los periódicos de circulación local que: Los agitadores profesionales recientemente removidos a consecuencia de la promulgación de la nueva Ley Orgánica de la UNL han desatado la ola de destrucción más cruel de que se tenga memoria en nuestra alma mater. El ingeniero Héctor Ulises Leal debe ser considerado cómplice de la pésima administración que estuvo a cargo del Dr. Oliverio Tijerina Torres, quién permitió proliferaran en nuestra Universidad el 121

6. La contrapropuesta del poder: La Asamblea Popular de Gobierno

polichambismo y el sectarismo más radical que en ningún otro periodo administrativo. La actuación del ingeniero Ulises en la Rectoría, aunque de duración muy efímera es la que más daños ha causado a nuestra Universidad, pues al negarle acatar el acuerdo del Consejo Universitario para que se realizaran un auto-estudio que incluía el análisis cuidadoso no sólo del aspecto académico, sino fundamentalmente del manejo de los recursos económicos, permitió con esto encubrir no sólo la pésima administración anterior sino también el que se conociesen con exactitud el despilfarro y actuación deshonesta de algunos de sus funcionarios.16 Para terminar con los revoltosos que no habían reconsiderado su actuación en contra de la nueva situación universitaria que tenía todo el aval del gobierno, Elizondo pronunció un violento discurso el 19 de mayo, donde manifestó que la nueva Ley Orgánica era legal y los tribunales federales habían desechado los amparos interpuestos contra ésta. Por lo tanto, acusaba de provocar la intolerable inestabilidad existente a las minorías violentas y negativas. Advirtió del posible uso de la violencia en contra de los inconformes al amenazar con intervenir Y de lo que ocurra serán responsables quienes conducen esos grupos violentos, cuya postura consiste en un monólogo de insultos y calumnias y a una incitación constante a la violencia contra las leyes.17 La sede de la subversión, señaló Elizondo, estaba en la torre de Rectoría. Y contra ellos caería todo el peso de la ley. La política de negociación y tolerancia había llegado a su fin. El gobierno y las nuevas autoridades universitarias tenían claro los pasos a seguir. Por ello, el 21 de mayo el nuevo Consejo Universitario designado por Arnulfo Treviño, lanzó el siguiente ultimátum: “Si para el lunes a las 10:00 horas no vuelven a sus actividades los trabajadores y maestros universitarios, serán despedidos.18 Se empezaría a presionar a los profesores y empleados inconformes, posteriormente se pasaría, dijo el rector, a establecer las “medidas contra los estudiantes rebeldes”. 19

El acuerdo se ratificó con 42 votos a favor de un total de 81 consejeros (éstos

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estaban distribuidos con base en la nueva Ley como 27 consejeros exoficio, 27 consejeros maestros y 27 consejeros alumnos, de los cuales sólo los consejeros maestros y alumnos podían emitir votos). La reunión del Consejo Universitario se llevó a cabo con altas medidas de seguridad y resguardadas por la policía estatal, la cual tuvo que expulsar con lujo de violencia a 150 alumnos inconformes que intentaron sabotear la reunión y evitar así la llegada de acuerdos.20 Para el 21 de mayo, los inconformes estaban prácticamente en una posición difícil ya que tenían en contra de ellos al gobierno, a una parte de la opinión pública y la ausencia de salario, ya que desde el 1 de abril no cobraba la mayoría de ellos. Una vez creada esta situación, se dio el siguiente paso para descalificarlos ante la opinión pública: el ingreso a las instalaciones de la policía y el desalojo y la prisión de los inconformes.

Irrupción policiaca en la UANL El 22 de mayo de 1971, las fuerzas de seguridad ocuparon rápidamente en una acción relámpago, que duró de las 02:00 a las 03:45 horas de la madrugada, los edificios de las preparatorias No. 1 y 3 y la Escuela Industrial Álvaro Obregón. Sin muestras de una resistencia importante, se realizaron numerosas aprehensiones, entre las que contaron la del rector Héctor Ulises Leal Flores, el líder del sindicato de la UANL, Fabián Navarro y numerosos estudiantes.21 El operativo que a todas luces mostró ser una planeación de desprestigio del movimiento universitario, evidenció lo que para muchos de los estudiantes, profesores, autoridades y público en general fue una farsa: el haber encontrado numerosas armas con municiones, navajas, cuchillos y material químico para fabricar bombas comúnmente llamadas “molotov”.22 A juicio de varios entrevistados,

el armamento y las municiones fueron

“sembrados” por las autoridades, quienes en un despliegue de propaganda llevaron a la prensa en el momento de la toma de las instalaciones, como si ya supieran dónde y qué iban a encontrar.

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6. La contrapropuesta del poder: La Asamblea Popular de Gobierno

La intervenciรณn policial en las instalaciones de la Universidad, el 22 de mayo de 1971, buscรณ permitir que las autoridades designadas mediante la nueva ley orgรกnica, entraran en posesiรณn material de sus cargos. 124

LA AUTONOMร A UNIVERSITARIA 1968-1971

El director de Seguridad Pública del Estado, Guillermo Urquijo, comentó a la prensa local el propósito de la acción. La policía ha ocupado el día de hoy la Universidad para abrir sus puertas a los estudiantes que deseen estudiar y brindarles garantías a ellos y a los maestros que impartirán cátedra.24 Desprestigiado el movimiento y puestos sus líderes y seguidores tras las rejas, las nuevas autoridades universitarias encabezadas por el nuevo rector Arnulfo Treviño tomaron posesión material de las instalaciones de la máxima casa de estudio el 24 de mayo de 1971, sacando por la fuerza de Rectoría al último reducto autonombrado “Comité de Lucha”. Ese mismo día se dieron fuertes enfrentamientos entre estudiantes, profesores y autoridades en facultades y escuelas. Las manifestaciones en contra de las nuevas autoridades y en desprestigio del movimiento se dieron en el centro de la ciudad, donde terminaron en enfrentamientos con la policía. Sólo ese día fueron arrestados 150 estudiantes, 92 bombas molotov fueron localizadas en la Preparatoria No. 7 por su director, Cenobio Flores quien lo comunicó a la Procuraduría de Justicia en el Estado y 25 fue incendiado el auto de un alumno de la Preparatoria No 1 siendo acusados y detenidos la profesora Lesbia Benavides de Livas y los estudiantes Elvia Jiménez Sáenz, Jesús Ávila López y Armando Ruiz Vallejo.26 Los motines frente al Colegio Civil fueron comunes. Los portavoces a favor de poner orden y disciplina en la UANL, usando la fuerza y aplaudiendo al gobernador Elizondo, no se hicieron esperar. El más reconocido de ellos, la columna intitulada “Maquiavelo” del periódico El Norte despotricó contra el movimiento estudiantil y dio su apoyo a las medidas violentas. Maquiavelo escribió el 25 de mayo lo siguiente: Apenas entraron las nuevas autoridades a la exrepubliquita socialista soviética de la cortina de alambre y comenzó a aparecer el peine, un despilfarro económico que supera a todo lo imaginable. Para muestra con un botón basta: el Departamento de Extensión Universitaria tenía más de 70 empleados para labores que con cuatro personas tenían que realizarse. 125

6. La contrapropuesta del poder: La Asamblea Popular de Gobierno

Triste despedida de los Ulises, Manires, Fabianes, Tomases, Rolandos, Covarrubias y toda la compañía sin faltar el incomparable Iván. Pensar que toda la bronca universitaria fue provocada no por falta de dinero ni por la Ley Universitaria, sino por el afán de los coloretes de aferrarse a la mina de oro. Acusó además, de estar involucrados en el apoyo a los universitarios radicales a políticos prominentes en el ámbito local como César Lazo, ex alcalde de Monterrey; políticos nacionales como Alfonso Martínez Domínguez, ex presidente nacional del PRI y regente en ese momento del Distrito Federal; a líderes sindicales como Rodolfo Gaytán Saucedo, diputado local y líder de la Federación de Sindicatos Independientes de Nuevo León, organismo afiliado a la CTM en la entidad; y finalmente a una orden religiosa a la cual constantemente se le mencionó en ese tiempo: la Compañía de Jesús. 27 Maquiavelo, tenía en parte razón, pero no era su finalidad aclarar dudas, sino encender más las pasiones poniendo en entredicho al movimiento y descalificar políticamente a los líderes de opinión mencionados. Era evidente la presencia de fuertes fisuras dentro de la sociedad regiomontana, sin embargo, hay que aclarar a la distancia temporal de los acontecimientos que estas acusaciones tenían un fuerte trasfondo político y social a favor y en contra de ciertos grupos. En primer lugar, si bien no existen evidencias contundentes de que estos personajes favorecieron y estimularon el movimiento, si existen evidencias circunstanciales y declaraciones abiertas de tolerancia hacia el movimiento de parte de ellos. Los intereses de todos eran diferentes y mantenían una actitud definida con base en sus propias convicciones. Veamos a cada uno de ellos. Los ignacios, definitivamente eran simpatizantes y defensores de una mayor apertura dentro del ámbito educativo donde su principal responsabilidad se desarrollaba. Sin embargo, achacar el malestar general a una excesiva influencia en los cuadros dirigentes del movimiento universitario es una exageración. Por su parte, los políticos como Alfonso Martínez y Cesar Lazo Hinojosa buscaban –indudablemente al intentar influir en el movimiento–, posiciones políticas para 126

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sus partidarios y para su grupo político. Sin embargo, la influencia de éstos fue diferente en el transcurso de los acontecimientos, por lo que también su influencia en el desenlace final ha sido amplificado en la actualidad. Por su parte, el líder obrero Rodolfo Gaytán era representante de la oposición priísta (no existía otra en el Congreso) al gobernador y a su política de mano dura en la entidad. Como líder obrero presentaba una posición más tolerante hacia el movimiento estudiantil, el cual lo conformaban los hijos de muchos de los trabajadores agremiados a los sindicatos por él representados. Es totalmente erróneo en una declaración echar en un mismo saco, al gobierno determinado a eliminar el radicalismo en la Universidad, sin fines políticos, y poner en el otro extremo a corrientes disidentes tan diversas y variadas en sus fundamentos y trayectorias sociales, como un todo, y no sólo eso, es atentatorio contra el sentido común de los lectores regiomontanos. Un simplismo que ya es tiempo de eliminar en las interpretaciones históricas de nuestra comunidad. Una sociedad madura como la que entra al siglo XXI, no puede ver sólo los colores blanco y negro de las interpretaciones, sino los innumerables matices que conforman la complejidad de la conducta humana ante determinados acontecimientos. El atentado que sufrió la UANL en mayo de 1971 por parte de las autoridades estatales (ocupación policial, aprehensión de estudiantes y profesores, encarcelamiento de sus máximas autoridades como el rector y sus líderes sindicales, designación de un militar como nuevo rector y en general el linchamiento político de toda su estructura y funciones) fue un foco rojo de alerta a otras instituciones de educación superior que enfrentaban situaciones similares. La imposición de la nueva Ley Orgánica vista como la punta de un ariete que buscaba demoler la tradición de tolerancia y autonomía que habían logrado muchas de las universidades en el país, no dejó lugar a dudas al cuerpo universitario nacional. Lo sucedido en Nuevo León podía ser el inicio de un nuevo modelo de universidad cooptada por los organismos más representativos del sistema político, social y económico dominante en México en ese momento.

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6. La contrapropuesta del poder: La Asamblea Popular de Gobierno

Las voces en contra de este experimento no se dejaron esperar. De todas las partes de la república llegaron signos de preocupación por lo ocurrido, pero tal vez la más significativa fue la manifestada el 28 de mayo por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pablo González Casanova quien acometió contra el nuevo esquema universitario público en Monterrey y lanzó un potente discurso que mereció la aprobación del presidente de la república. El repudio de la nueva Ley Orgánica fue el eje del discurso de Casanova quién declaró que fuera inmediatamente derogada para devolver y consolidar a la mayor brevedad su autonomía: El gobernador Eduardo Elizondo ignora que la autonomía es la responsabilidad y el derecho que tiene la Universidad de gobernarse a sí misma con el objeto de asegurar su existencia institucional y el cumplimiento de sus funciones específicas. Hay que evitar una escalada que pase de Nuevo León a la Nación y de aquella Universidad a las demás universidades del país de una manera que pone en peligro la paz y la necesaria política de apertura democrática que la Nación exige en su etapa actual de desarrollo económico y social. No hay que caer en la provocación. Somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos. Cuando tenemos la razón y el derecho, cuando podemos con la razón y el derecho, defender a nuestros colegas de Nuevo León, a nuestra propia casa de estudios, y luchar al lado del país entero, frente a esta nueva provocación, frente a esta ofensiva de tipo corporativista –no sólo ajena sino contraria al orden constitucional– que se ha desatado contra la cultura y las instituciones democráticas nacionales. Es un atentado contra la Nación. Cuando se rompe la autonomía de las universidades imponiéndoles autoridades, restando responsabilidades a sus maestros y estudiantes mediante acciones que tienden a quitarles seriedad y razón, seriedad y congruencia a los universitarios, se les hace aparecer como seres violentos, incapaces de gobernarse a sí mismos y poco responsables.

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Cuando se atenta contra la autonomía universitaria mediante medidas políticas, policiales o militares, abiertas o veladas, se sientan las bases de un régimen anticonstitucional y de fuerza que hace peligrar cualquier política de apertura, de diálogo que se proponga democratizar las instituciones nacionales, reformar las estructuras sociales y económicas, y promover una justicia social concreta y una independencia nacional efectiva. La nueva Ley Orgánica de la UNL ha creado y va a crear problemas graves a los universitarios y a la Nación por ignorar las realidades de la propia Universidad.28 Después de las advertencias de Casanova, los acontecimientos posteriores revelaron una crisis política estatal fomentada por la intolerancia de parte del gobierno de Elizondo hacia las diferentes partes involucradas en el conflicto. Un día después de las declaraciones del rector de la UNAM, el Gobierno federal rompió el silencio y la discreción ante el problema en Nuevo León. El secretario de Educación Víctor Bravo Ahuja y el presidente Echeverría coincidieron en reconocer las advertencias de Casanova.

Ese día, 29 de mayo, el panorama político en Monterrey se ennegreció más: el único diputado local que había mostrado su simpatía por el movimiento universitario y lo había defendido en la tribuna contra sus colegas y contra el propio gobernador, fue brutalmente asesinado al término de un mitin sindical bajo circunstancias todavía no del todo aclaradas.30 El asunto pasaba a mayores. Era ya un asunto de política interna y el 30 de mayo, el secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, declaró el asunto universitario de Nuevo León como un foco de inestabilidad para la seguridad del país y envió al secretario de Educación a fin de resolverlo.31

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[LA CUARTA LEY ORGÁNICA]

La Junta de Gobierno

l secretario de Educación Víctor Bravo Ahuja llegó a Monterrey el 31 de mayo de 1971, a fin de dialogar con las partes en conflicto y con la encomienda del presidente de la república de no salir de la ciudad de

Monterrey hasta que se diera carpetazo final al problema universitario. Era imprescindible que la solución a la que se llegara fuera satisfactoria en buena medida a todos los grupos. Para entonces, era evidente que el gobierno de Elizondo se encontraba en una encrucijada y su proyecto de universidad pública era cuestionado por el poder Ejecutivo nacional. Bravo Ahuja se alojó en un hotel cercano a la Universidad y retirado del centro histórico de Monterrey y, por consiguiente, de la residencia oficial de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado. 1 Desde que llegó su propuesta fue buscar el consenso de los ex rectores y el “diálogo inteligente” entre las partes. Aunque manifestó ser un “embajador de buena voluntad” y de mostrar respeto total a la autonomía universitaria y a la soberanía del Estado, sus reuniones con las diferentes partes en conflicto, excluyeron durante los primeros días, al gobernador Elizondo.2 En la primera junta de carácter privado en que participó, congregó para conocer sus puntos de vista sobre el conflicto universitario a los ex rectores de la antigua UNL: Roberto Treviño, Humberto Ramos Lozano y Enrique C. Livas, personajes alejados aparentemente del escenario político del momento. La propuesta inmediata fue la creación de una comisión integrada por éstos y otros ex rectores, representantes del gobierno del Estado y de la Asamblea Universitaria. El objetivo: analizar una solución negociada y entregar una recomendación al gobernador Elizondo.3 133

7. La Cuarta Ley Orgánica: la Junta de Gobierno

Paralelamente a la realización de esta reunión, y mientras siete facultades de un total de 27 continuaban en paro, fue tomado el edificio de Rectoría por más de mil universitarios inconformes con la nueva Ley. La toma de Rectoría impidió el pago salarial a realizarse ese día a 2,500 profesores y empleados. Esta acción fue organizada por el Comité de Lucha del movimiento estudiantil el cual pidió al rector Arnulfo Treviño que abandonara el edificio. Para no verse como provocador a los ojos de Bravo Ahuja, accedió a su entrega.4 Una vez en Rectoría se continuó con el mitin y frente a los medios de información se pidió entre otras cosas: un diálogo con Bravo Ahuja “abierto y no secreto” como el que se estaba desarrollando en ese momento, la libertad de los reos políticos de toda la república, la abrogación de la Ley Orgánica de la Universidad, la aprobación del pase automático de las preparatorias a profesional y el aumento del subsidio al 95% de las instituciones de educación superior públicas.5 El intento de tomar más instalaciones por los universitarios inconformes fue impedida por los nuevos directores de las facultades y preparatorias elegidos por la Asamblea Popular de Gobierno Universitario. Tal fue el caso de la Preparatoria No. 1, la cual intentó ser tomada por un grupo de universitarios liderados por el estudiante y profesor Miguel Covarrubias a quienes el director Ramiro Díaz Alanís prohibió la entrada y evitó que esto sucediera.6 El Gobierno del Estado, presionado por un movimiento universitario efervescente, por el secretario de Educación enviado como mediador y por las continuas manifestaciones de resolución al conflicto de parte de otros grupos sociales, mostró el 1 de junio un gesto de buena voluntad al anunciar la liberación de los universitarios que se encontraban presos por los acontecimientos del 24 de mayo.7 Una parte importante de ellos habían sido liberados con anterioridad, y al resto se les fijó una fianza razonable para que les fuera otorgada. Desafiando la autoridad del gobernador, Bravo Ahuja, hizo un listado de comisiones para que fueran a dialogar con él entre el 31 de mayo y 1 de junio a horas precisas en su cuarto de hotel. Este último día, dialogó durante más de nueve horas con las siguientes comisiones, buscando encontrar los matices del espectro del problema lo 134

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 1968-1971

más amplio y variado posible: el Comité Ejecutivo del STUANL, el Consejo Estudiantil Universitario, la Asamblea Universitaria, el ex rector Héctor Ulises Leal Flores (quién había abandonado la cárcel días atrás), maestros y estudiantes de la Facultad de Agronomía, representantes de los alumnos de la Preparatoria No. 8, el rector Arnulfo Treviño, grupos particulares y no universitarios, con todos los directores de las preparatorias y facultades y con el presidente de la Asamblea Popular de Gobierno Universitario, el ingeiero Humberto García Leal. Todas las comisiones fueron recibidas.8 Después de recibir y analizar todos los planteamientos Bravo Ahuja manifestó por la noche del mismo día que el problema de la UANL se centraba en dos aspectos: uno de carácter jurídico (la nueva Ley Orgánica) y otro de carácter social (fricciones e intolerancia de todas las partes). Aprovechó también para realizar una rueda de prensa donde hizo una invitación a toda la sociedad en general, integrada por todos

La comisión universitaria encabezada por Héctor Ulises Leal Flores, en su primera entrevista con el enviado del Gobierno federal, Víctor Bravo Ahuja, secretario de Educación, a quien expone su proyecto de ley. 135

7. La Cuarta Ley Orgánica: la Junta de Gobierno

los sectores del estado, a que “se olviden de pasiones personales para buscar el interés general”. En referencia a todas las posturas encontradas, incluyendo la del gobernador, expresó “que si se asumen actitudes rígidas, caracterizadas por la incomprensión, la inconformidad y la falta de flexibilidad y cordialidad, no habrá solución.” Agregó que “se olviden las pasiones personales, si nos encasillamos, la solución nunca se dará”. 9 Paralelamente, las pasiones se desbordaban. El 1 de junio se realizaron dos grandes manifestaciones por las arterias citadinas. Una en apoyo a la Ley y al gobernador y otra en contra. La primera, mostró todo el aparato del partido oficial donde, unidos con los líderes, miembros de la Asamblea Popular del Gobierno Universitario, se manifestaron los obreros de la Federación de Sindicatos Independientes (quienes dijeron convocar más de 100 mil afiliados) y los de la CROC.10 Hay que recordar que la Federación de Sindicatos Independientes se había manifestado al margen e incluso en contra de la postura del gobernador, pero a raíz del asesinato de su líder Rodolfo Gaytán, el 29 de mayo, su postura dio un giro de 180 grados. Por su parte, más de dos mil universitarios protestaron contra la nueva Ley Orgánica a la cual simbolizaron en un ataúd que después incendiaron. En esta manifestación se mostró una amplia movilización de otros sectores sociales por lo cual puede decirse que los universitarios atrajeron con sus demandas a sectores críticos y marginales de la ciudad como lo fueron las familias de los llamados “posesionarios” de predios del área del Topo Chico, profesores de educación básica, vendedores ambulantes, padres de familia y por supuesto el ex rector Ulises y el priísta Eduardo Livas Cantú.11 El franco apoyo a los universitarios de familias que formaban parte de amplios movimientos urbanos –a favor de la adquisición de predios municipales para familias sin recursos y emigradas del campo y de otras ciudades a Monterrey–, no fue extraño. Las fricciones que se dieron a principios de la década de 1970 en Monterrey entre estos movimientos y el gobierno estatal, atrajo el apoyo de universitarios que defendieron el derecho constitucional de adquirir un lugar donde vivir de cualquier 136

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 1968-1971

La permanencia del rector Arnulfo Treviño Garza en la torre de Rectoría resultó fugaz por la presión estudiantil y por su decisión de evitar mayores fricciones durante el proceso de conciliación realizado por Bravo Ahuja.

mexicano. Los constantes desalojos en el cerro del Topo Chico, al norte de la ciudad, fueron criticados por los universitarios. Todas las luchas de la población marginal en busca de un predio, se vieron respaldadas por los estudiantes más comprometidos con este sector social.12

Contrapropuesta de la Asociación de Maestros Una de las posturas más firmes y claras dentro de la Universidad, y representativa del ala conservadora, era la planteada por la Asociación de Maestros de la UNL, la cual llegó a enfrentarse al STUANL y a escribir y proponer una nueva Ley Orgánica. Su líder era Agustín Basave Fernández del Valle, doctor en filosofía y reconocido investigador internacional. Este grupo, también se manifestó durante la visita de Bravo Ahuja, al cual se le hizo un recuento de los daños causados por el gobierno universitario. 137

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A juicio de este grupo de universitarios, los disturbios internos iniciaron en 1968, pero se radicalizaron con el apoyo de otras facciones políticas al año siguiente. En 1969, estos grupos aprovecharon el anuncio de la visita a Monterrey del candidato del PRI a la presidencia de la república, Luis Echeverría, para fomentar “la agitación y la violencia organizada.” Ante la alternativa de llegar a una paz negociada a fin de no presentar esta situación al candidato, el Ejecutivo estatal “cedió ante las pretensiones de un grupo evidentemente minoritario y fue más allá de lo que pedían, concediendo entonces la autonomía universitaria”. Ante este hecho, fue necesaria la creación en la Universidad de una comisión para que se formulase un anteproyecto de Ley Orgánica, la cual manifestó –a decir de este grupo– una labor “de un notorio y público carácter sectarista”. La asociación comentó: Ausente de esta comisión estuvo la ecuanimidad, la ponderación y el buen sentido. El insulto bajo y procaz fue la respuesta a los hombres que pretendieron hacer labor positiva de legislación universitaria. La amenaza, el grito destemplado y la intransigencia presidieron las labores de la comisión de marras. De ella no podía salir más lo que salió. Un proyecto carente de técnica jurídica y que trataba de crear una universidad que para nada estuviese sujeta al estado mexicano y a sus leyes, según es de verse de la lectura atenta de su artículo 116 en el que se pretende la creación de una extraterritorialidad para el “territorio” de la Universidad. Las “nuevas autoridades” de la Universidad por su parte, se caracterizaron por la implantación de un régimen totalitario y absurdo en el que el mejor mérito para laborar en la UNL lo constituía la pertenencia al Partido Comunista; y desde luego, todo aquel que divergiese de tal ideología salía simplemente sobrando, no importantes fueran sus méritos académicos o de trabajo. Ante esta situación este grupo comunista, “desencadenó la más terrible y sin precedente persecución en contra de todo lo no marxista”.

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En algo tenía razón la Asociación de Maestros, lo que caracterizó a este periodo fue el revanchismo y la provocación por los grupos radicales de todos los bandos. La asociación continuó diciendo que entre 1969 y 1970: Nos tocó presenciar el desastre académico. La ausencia de cátedras, la dictadura estudiantil en pleno. La ausencia de reformas académicas. La falta de cumplimiento de los planes de estudio. La pérdida de respeto de la autoridad fue patente. La proliferación de puestos, la vergonzosa actitud de sujetos con más de tres puestos inclusive, la marxización de la UNL al contratarse y acomodarse a los parciales de este partido, trajo consigo que en la misma se respirase un ambiente de inconformidad e intranquilidad. Marxistas y sujetos a las órdenes del Partido Comunista, los “cuadros” de la nueva autoridad no pudieron tener la amplitud de miras y horizontes que en todo buen gobernante son condición esencial y preregistro de su actividad. Ello degeneró, pues, en la más pura de las anarquías. Por si fuera poco, el desastre económico. La falta de capacidad y honorabilidad fue causa de ello. Gastos superfluos, fondos empleados sin justificación, subsidios a agitadores y muchas otras fugas, tal como la de “doblarse” el sueldo, trajeron consigo la bancarrota. En parte la acusación tenía razón. El rector Oliverio Tijerina siempre mencionó que no existía déficit en la UNL y que el mismo era no mayor a 200 mil pesos. Dos meses antes de su renuncia (la cual se llevó a cabo el 14 de enero de 1971), este déficit fue calculado en más de 30 millones de pesos. El fracaso del gobierno universitario de Oliverio Tijerina, no trajo como consecuencia un cambio de rumbo, sino un cambio en el poder, pero de una facción diferente dentro del mismo grupo radical. De nueva cuenta a juicio de la Asociación de Maestros, el revanchismo, la violencia, la provocación y las campañas de desinformación, son de nuevo alentadas por este grupo, so pretexto de la nueva Ley Orgánica aprobada en 1971. Por ello, le argumentaron a Bravo Ahuja que: 139

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Con habilidad política se ha pretendido presentar el actual problema como el enfrentamiento de un grupo con una Ley que restringe o anula la autonomía universitaria. Trátese en realidad del enfrentamiento de un grupo de marxistas que se niega a abandonar sus posiciones de privilegio dentro de la Universidad y que está dispuesto a llegar –como lo ha hecho– hasta los más detestables y reprobables actos de violencia. Tienen una prédica marxista y anti-mexicana. Es evidente que se trata de un grupo esencialmente minoritario y con ideas ajenas a lo universitario. Sus opiniones y criterios los dicta el interés de un partido y no el de la razón. Ante esto, la propuesta de este grupo de maestros era dejar a un lado el diálogo y someter a través de la fuerza a los levantiscos, contrarios a su forma de pensar: Creemos señor ministro que la solución del problema está en que si bien debe tomarse una posición de diálogo y comprensión, también debe obrarse con prudencia y energía. Que se regrese a las labores normales en la UNL, que se respeten sus autoridades, que no se impida el libre acceso a los universitarios que desean estudiar y que se propongan, con la debida técnica jurídica –como nosotros lo haremos– las reformas o adiciones que sean necesarias para que nuestra legislación universitaria sea lo más perfecta posible.13 A la vez que se publicaba en un diario local la Ley Orgánica “que el pueblo dispone para su Universidad”,

la Asociación de Maestros proponía en síntesis a Bravo

Ahuja, entre otras cosas, lo siguiente: 1. Debe cesar el clima de violencia instituido por los miembros del Partido Comunista y que causa irreparables perjuicios a la Universidad, tanto en la calidad de su enseñanza, como en su patrimonio. 2. Debe realizarse una amplia investigación a fin de que se clarifique el manejo de los fondos de la UNL durante el año académico de 19691970.

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3. Sería conveniente que el gobierno federal se avocase a la investigación de la penetración y funcionamiento de ideologías anti-nacionales en el seno de la UNL.15 Sus planteamientos se sumaron a los de distintos grupos que tuvieron un elemento en común: la intransigencia y la desesperación de ver pasar los días, meses y años afectando y deteriorando la máxima casa de estudios.

Derrumbe del proyecto alternativo de Universidad El impacto del deterioro universitario nuevoleonés llegó hasta el Congreso de la Unión. El 3 de julio, el problema fue abordado por la comisión permanente del Congreso. El propio presidente de la Comisión, Enrique Olivares Santana, declaró que no debía de “alarmar a nadie el pequeño desajuste en Nuevo León”. Desajuste que era visto por los legisladores priístas, como un instrumento desafinado dentro de la gran sinfónica nacional. El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia y senador José Rivera Pérez Campos, afirmó en México que la “Ley Orgánica de la UNL no ha respondido evidentemente a las aspiraciones populares.” Al término de la sesión los senadores Martín Luis Guzmán y Gabriel Leyva Vázquez fueron entrevistados por reporteros de los diarios nacionales, a los cuales elogiaron la mediación “muy acertada” del secretario de Educación Pública. “Hacía falta una persona que mediara para propiciar caminos de diálogo orientados a la solución con respeto absoluto a las tradiciones en que se finca la autonomía de la universidad y la soberanía del Estado”.

Los comentarios en la ciudad de México estaban lejos de mencionar y mucho menos favorecer la postura de Elizondo, a quien cada vez se le veía como el artífice de una Ley impopular, favorecedora de los grandes intereses económicos del Estado y poco sensible con la opinión de las diferentes corrientes de opinión existentes en la Universidad.

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Esta era la tensa situación social y política que rodeaba la impostergable entrevista de Bravo Ahuja con el gobernador Elizondo. Desde su llegada a Monterrey, no fue recibido por éste con el ritual oficial acostumbrado como secretario del gabinete de Echeverría, y a la vez éste había ignorado a Elizondo. Tras dos días intensos de recibir las diferentes propuestas universitarias, Bravo Ahuja pidió una entrevista con Elizondo para el 2 de julio. Esta sería la única vez que se verían oficialmente. El diálogo fue sumamente tenso, el objetivo era establecer los parámetros que permitieran solucionar el problema de la UANL. La reunión se alargó por espacio de once horas (de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 23:00). Desconocemos con detalle los pormenores de la entrevista, pero es evidente que Elizondo no cedió y siguió con su postura a pesar de que Bravo Ahuja tenía numerosas peticiones y argumentos de diferentes grupos políticos sobre la necesidad de flexibilizar la postura del gobierno estatal.17 Ese día quedó sellado el futuro de Elizondo como político. Bravo Ahuja tenía ordenes expresas del presidente y del secretario de Gobernación de dar marcha atrás a la Ley Orgánica de la UANL, pero el dilema era cómo hacerlo sin que se viera o pensara que se había cedido demasiado y en concreto a alguno de los grupos de presión. Era ahí donde entraba Elizondo, éste debía de hacer un llamamiento a la conciliación, a formar una comisión de personas respetables, intachables, universitarias y alejadas de todos los grupos políticos en pugna a fin de modificar la Ley Orgánica en sus puntos más críticos. Elizondo se negó, rechazó el ofrecimiento y se comprometió a no hacer más declaraciones al respecto. Esto dejó toda la iniciativa a Bravo Ahuja, quién encontró en el Congreso del Estado un instrumento dócil a sus exigencias. Con el proyecto fracturado y próximo a ser demolido, con un Congreso adverso y con la desaprobación de los altos mandos priístas y políticos en la ciudad de México, Elizondo no vacilaría en renunciar días después. Al término de las deliberaciones con el secretario de Educación, Elizondo realizó la rueda de prensa acostumbrada. En sus palabras se encontraba el desaliento y la decisión ya tomada pero que tendría que esperar varios días a fin de no provocar un mayor distanciamiento político con el centro. Elizondo exclamó: 142

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Enterado de los pronunciamientos y de las recomendaciones del señor secretario de Educación Pública, el señor ingeniero Víctor Bravo Ahuja, expreso mis mejores deseos de que los procedimientos que él ha sugerido den los mejores frutos en beneficio de la Universidad de Nuevo León. Cuando se le increpó sobre su posición como gobernador ante esto, dijo: “En cuanto al Ejecutivo de mi cargo conozca el contenido de tales frutos, ya haremos declaraciones de fondo al respecto”.18 No faltaron muestras de apoyo al gobernador caído en desgracia. Hizo declaraciones a favor de la Ley Orgánica el Consejo Estudiantil de la Facultad de Derecho, al que siempre se acusó de ser provocador dentro de la Universidad y cofrade de la política de Elizondo –e incluso señalado de haber sembrado las armas y bombas molotov en las escuelas preparatorias el día que entraron las fuerzas de seguridad del Estado–. En un desplegado firmado por Francisco Cienfuegos, acordó tomar el edificio de la Rectoría y todas las dependencias si “se abrogara dicha legislación”.

Sin embargo, tales declaraciones fueron desoídas y el secretario de Educación, en un acontecimiento inédito, formuló las recomendaciones que hacía como mediador. Los involucrados en este proceso ya estaban enterados de lo que tenían que hacer incluyendo el gobernador.

Recomendaciones del mediador Con gran expectación por parte de la comunidad regiomontana y de los medios de comunicación, Bravo Ahuja convocó a una rueda de prensa y manifestó sus recomendaciones con base en la percepción que tenía del conflicto. Su comentario inicial fue el siguiente: A través de la auscultación realizada encuentro por una parte, que es necesario mantener el orden jurídico del Estado, por otra, considero conveniente proceder a una revisión del actual régimen legal de la Universidad con el objeto de subrayar el principio de autonomía que el señor presidente ha delineado con tanta claridad.20 143

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La autonomía universitaria no era todavía un tema suficientemente claro para las autoridades políticas de nuestro país a principio de la década de los años setenta. Sin embargo, lo que sí estaba claro, era que el presidente Echeverría no tenía la misma percepción de autonomía universitaria que había impuesto Elizondo en Nuevo León. La aparición de grupos provocadores ligados al gobierno estatal y una forma de gobierno universitario compleja como era la Asamblea Popular no habían convencido al presidente. Además existía el antecedente de que el propio gobernador había intentado privatizar la Universidad de Nuevo León a través de elevar las cuotas a precio de mercado años atrás. Si a esto se le adiciona que Echeverría estaba llevando una política populista que abarcaba como pilar el tema de la reforma universitaria, la aparición de elementos privativos del sector no gubernamental como novedades en la educación pública media y profesional en Nuevo León, era sentar un precedente que no estaba dispuesto a tolerar. Bravo Ahuja propuso como solución al conflicto el siguiente plan de acción: 1. Que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones del H. Congreso del Estado de Nuevo León con el fin de que dicho cuerpo legislativo estudie las revisiones a la Ley Orgánica de la UNL que se hagan necesarias a efecto de que se subraye el principio de autonomía que la tradición jurídica mexicana ha reconocido a las instituciones mexicanas. 2. Las labores del H. Congreso que conducirán a las reformas legislativas, deberán estar precedidas de una comprensiva auscultación de la comunidad universitaria, sin que se quede marginado ningún sector de ella a través de la comisión o comisiones que con ese propósito se formen, procurando reflejar las aspiraciones de todos los sectores que integran dicha comunidad, asegurando la libertad de cátedra e investigación y salvaguardando los supremos intereses universitarios. 3. Mientras se realiza lo anterior y dentro del orden jurídico del Estado de Nuevo León, y particularmente del de la Universidad, es indispensable que vuelvan a la normalidad las actividades académicas y administrativas 144

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de la máxima casa de estudio de Nuevo León, y se tomen las medidas adecuadas para que el estudiantado de la Universidad salve el presente ciclo escolar. 4. Dentro de un espíritu de franca conciliación, es recomendable que las autoridades competentes resuelvan a la mayor brevedad, la situación jurídica de las personas que están sujetas a alguna investigación o proceso en relación con los últimos acontecimientos que han afectado la vida universitaria. 5. En atención a la situación precaria por la que pasan algunos grupos de servidores de la Universidad, será conveniente buscar los medios para cubrir los salarios atrasados.21 Con ello quedaba claro que el gobierno de Elizondo se había mostrado incapaz de resolver por la vía pacífica el conflicto. La intolerancia era la moneda común y el diálogo fue la divisa para superarlo. El planteamiento de Bravo Ahuja era envolvente, la participación decidida del Congreso estatal, la auscultación que debe de preceder a las labores legislativas, y la apertura política que debe acompañar a la auscultación a fin de reflejar “las aspiraciones de todos los sectores que integran dicha comunidad.” El regreso a las actividades como condición esencial del proceso de paz y la agilización y liberación de los procesos judiciales a los que estaban todavía con cargos en contra y en libertad condicionada. Finalmente, sobre la forma de gobierno existente en la Universidad, Bravo Ahuja fue categórico ante su poca aceptación y viabilidad. “La Asamblea Popular de Gobierno Universitario –comentó– no traduce el auténtico sentir de los universitarios”.22 Al momento en que daba sus sugerencias a la comunidad regiomontana, la maquinaria política se echo a andar. El Congreso del Estado inició a partir de las 18:00 horas del 3 de junio un periodo extraordinario de sesiones de acuerdo con la convocatoria que la permanente giro a recomendación del secretario de Educación Pública.

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Al iniciar las sesiones, los legisladores tomaron la decisión –ya previamente acordada por Bravo Ahuja– de designar una comisión integrada por siete ex rectores de la UNL: Raúl Rangel Frías,23 Héctor Fernández González, Alfonso Rangel Guerra (secretario ejecutivo de la ANUIES), Enrique Martínez Torres, Enrique C. Livas, Roberto Treviño González y Eduardo L. Suárez. Ellos se encargarían de estudiar la Ley Orgánica y modificar aquellos artículos conflictivos.24 Bravo Ahuja comentó ese mismo día que él había hecho la sugerencia de los siete ex rectores. La experiencia que nos da la administración educativa es muy valiosa. Un ex rector conoce los problemas universitarios en un marco que comprende todas las actividades de la Universidad: las propiamente académicas, las de carácter cultural e investigación. Un ex rector es una fuente de documentación y de juicio muy importante.25 Sus declaraciones fueron sazonadas al día siguiente con una desaprobación pública del propio presidente de la república sobre el proceder de Elizondo en la crisis universitaria. El 4 de junio, Elizondo al igual que todos los gobernadores, recibieron una misiva contundente y hostil de Echeverría sobre el respeto que debía de guardar su investidura con respecto a la autonomía universitaria. Recordaba a todos los gobernadores de los estados y territorios de la república “el deber de entregarnos a nuestras tareas con la más decidida pasión de servicio”. Esto involucraba a “suprimir definitivamente las alcabalas, a abstenerse de intervenir en el régimen interno de las universidades, a combatir el latifundio y a respetar los derechos de los obreros”.

El 4 de junio de 1971, el panorama político cambió en Nuevo León. Los cambios drásticos iniciaron por la propia UANL y sus autoridades emanadas de la Asamblea Popular de Gobierno Universitario. El gobierno universitario propuesto y apoyado por Elizondo fue destituido por Bravo Ahuja como consta la petición de renuncia que escribió y firmó el rector Arnulfo Treviño Garza el 3 de junio, y dirigida a la Asamblea Popular. En mi mensaje a los universitarios el día 12 de marzo de 1971, les manifesté que mi designación de rector de la UANL por la Asamblea 146

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Popular de Gobierno Universitario era un honor que no había buscado, pero cuya gran responsabilidad aceptaba consciente de los graves problemas que tenía, fundamentalmente derivados de la orientación sectaria que sus dirigentes en los últimos 18 meses le habían impuesto, despojándolo del espíritu universitario que es la esencia misma de la universidad [...] Personas cuyo talento y patriotismo son indiscutibles coinciden en que mi presencia en la Rectoría en estos momentos en crisis en lugar de hacer posible la consecución de mis propósitos, puede propiciar la prolongación del conflicto, por ello, ruego, a esta H. Autoridad acepte mi renuncia como rector de la UANL.

El papel donde estaba escrita su renuncia mostraba el membrete del hotel Holiday Inn, lugar donde estaba hospedado el secretario de Educación Pública. Aunque el rector Arnulfo Treviño escribe las siglas de la Universidad con la palabra autónoma, ésta no se había logrado por completo. Su renuncia era una muestra de ello.

Derogación de la Tercera Ley Orgánica El siguiente paso fue la derogación el 5 de junio por la vía rápida de la Tercera Ley Orgánica Universitaria por parte del Congreso del Estado. Su vigencia había sido de sólo 70 días. El 4 de junio a las 23:50 horas, Enrique C. Livas y Alfonso Rangel Guerra, representantes de la comisión de ex rectores, entregaron al Congreso del Estado sus recomendaciones a fin de modificar la anterior Ley Orgánica. Dos horas después, a las dos de la mañana del 5 de junio, se aprobó la cuarta y actualmente vigente Ley Orgánica (anexo), se eliminaba la Asamblea Popular de Gobierno Universitario, la cual ya no aparecía en la nueva Ley; la autonomía y el gobierno universitario se inspiraba en la que regía en la UNAM, y finalmente se instauraba una Junta de Gobierno de 11 miembros elegidos por el Consejo Universitario.

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El 5 de junio los acontecimientos se precipitaron. En una demostración de unidad y triunfalismo, la Asamblea Universitaria, presidida por el ex rector Héctor Ulises Leal Flores y que sesionó en el auditorio de la Facultad de Medicina, festejó la abrogación de la Ley Orgánica del 26 de marzo y de las autoridades emanadas de ella. La reunión a la cual asistieron líderes universitarios de la capital de la república se manifestó a favor de la eliminación de la Ley y dijeron que era “la primera piedra a demoler para iniciar un movimiento nacional.” Agregaron que en México el movimiento universitario de Nuevo León “se ve y prevé como la iniciación de una pronunciación de todos los grupos democráticos del país.” Otras frases pronunciadas eran “Esta Universidad ha dado una combatividad que ha sido aplaudida en todo el país”. En plena euforia, el contingente de universitarios de la ciudad de México invitó a los universitarios nuevoleoneses a la gran manifestación de la izquierda mexicana a concentrase el jueves 10 de junio, jueves de corpus, en el zócalo de la ciudad de México. Esta manifestación tendría la presencia de todos los líderes del movimiento estudiantil de 1968, también los exiliados universitarios en Chile que participaron

Aspecto de la manifestación estudiantil del 10 de julio saldada con el halconazo. (Foto: AGN) 148

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en el movimiento de aquel año, y por supuesto el último triunfo de la izquierda 29

moderada universitaria en México que se acababa de dar en Nuevo León. El jueves de corpus de 1971, volvería a escribir una nueva página sangrienta en la historia de los procesos de apertura política en México.

Desmembramiento del poder político “Serví lo más y lo mejor que pude” El 5 de junio de 1971 continuó el efecto dominó en Nuevo León. Acosado, humillado, despreciado por su partido y partidarios y fracasado su proyecto de regeneración universitaria, el gobernador Eduardo A. Elizondo, presentó su renuncia irrevocable ante el Congreso del Estado. Su texto es por demás elocuente cuando se refiere a la puesta en práctica de las recomendaciones de Bravo Ahuja. En mi modesta opinión el medio adoptado precipitará a nuestra alma máter en un abismo del que difícilmente podrán rescatarla las generaciones venideras. Promulgar y hacer publicar el decreto referido, significaría actuar en contra de mis convicciones de universitario y de ciudadano. Vetarlo, implicaría problemas sociales y políticos muy graves y complejos. Ante tal situación considero mi deber retirarme del honroso cargo que ostento y que he procurado desempeñar aplicando a ello todas las fuerzas de mi cuerpo y todas las luces de mi entendimiento. Sujeto a su digna consideración mi renuncia irrevocable al honroso cargo de gobernador de Nuevo León. Deseo sinceramente que el futuro demuestre que estuve equivocado al juzgar los efectos de la medida legislativa en cuestión; nada me será más placentero que constatar el progreso de la UNL en beneficio de la comunidad en que vivimos.

Considero que Elizondo se equivocó en las posibles consecuencias apocalípticas que creyó pasarían a la institución. La UANL fue más universidad a partir de 1971. Sin embargo, tenía razón en cuanto a la necesidad de definir mecanismos alternativos de financiamiento a largo plazo. 149

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Quiero comentar que el proyecto de Elizondo de gobierno universitario estructurado como una Asamblea Popular, vista a la distancia me parece novedoso y adelantado para su época para los ojos de un universitario de principios del siglo XXI. En ese momento se vio como un atentado a la autonomía universitaria, como un avance de la derecha. Es bastante claro que estaba destinado a no prosperar debido al entorno histórico donde nació, una época convulsiva y donde el sistema político estaba en franca renovación a fin de poner las bases para su sobrevivencia por varias décadas más. La política populista de Luis Echeverría y el ingreso de nuevos dirigentes políticos que desplazaron a los antiguos cuadros, es parte de esta regeneración política que vivió México a principios de la década de los setenta.

El sistema político no perdió un sólo minuto. Bravo Ahuja había puesto minutos y segundos al reloj político de Nuevo León y sus actores cumplieron con exactitud su encargo. Ante la renuncia de Elizondo, el 5 de junio, su reemplazo ya se encontraba en camino. El candidato de transacción negociado con los diferentes sectores del partido así como del grupo empresarial de Monterrey, fue el senador por Nuevo León, Luis M. Farías. Aunque oficialmente el procedimiento inició por parte del dócil Congreso Estatal, el cual solicitó la presencia en el estado del senador.

Farías llegó de la

ciudad de México el mismo día 5 a las 20:00 horas, siendo recibido en el aeropuerto por más de ocho mil personas. Acto seguido se trasladó al Palacio de Gobierno para rendir su protesta y tomar posesión de la gubernatura. Su primer acto de gobierno fue la promulgación de la nueva Ley Orgánica de la ahora UANL, ante la mirada atenta y sonriente de un secretario de Educación Pública que regresaría a México al día siguiente, habiendo cumplido con decoro el encargo del presidente de la república.

En efecto, en tan sólo 19 horas y media el contexto político y educativo dio un giro completo en Nuevo León. Se derogó la Ley Orgánica de la UANL del 26 de marzo, se expidió otra por el Congreso, renunció a su cargo de gobernador del estado Eduardo Elizondo, el Congreso le aceptó la renuncia y designó un nuevo encargado del Ejecutivo estatal, éste llegó de México y tomó posesión; y finalmente, promulgó la nueva Ley Orgánica que Elizondo se negó a firmar y promulgar. 150

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Por su parte, la Universidad también sufrió cambios. Uno de los ex rectores que modificó la Ley Orgánica: Alfonso Rangel Guerra, fue nombrado como funcionario ejecutivo para instalar las nuevas autoridades universitarias.

Al igual que Bravo

Ahuja, Rangel Guerra decidió establecer su oficina a partir del 7 de junio, en el hotel Holiday Inn. La aplicación de la nueva Ley Orgánica enfrentó de momento un repudio parcial dentro de la Universidad. Si bien la mayoría de las escuelas y facultades atendieron la petición de Bravo Ahuja de regresar a las labores universitarias, el 7 de junio cuatro dependencias rechazaban la nueva ley, siendo en su mayoría, las anteriores autoridades designadas por la Asamblea Popular. Estas eran las facultades de Ciencias Biológicas, Economía, Ciencias Físico-Matemáticas y Arquitectura.

La normalidad regresó lentamente en la Universidad. Para el 14 de junio, Alfonso Rangel Guerra, inició su labor de reestructuración de gobierno universitario en el octavo piso de la torre de Rectoría. Para entonces tan sólo tres escuelas se encontraban en paro.

Ese día los alumnos de la Facultad de Economía realizaron una reunión a la que asistieron 47 alumnos del total de 300. Por mayoría, 27 votos a favor y 20 en contra, acordaron continuar reteniendo el edificio sin levantar la huelga, por desconocer a las nuevas autoridades de la UANL. Por su parte, los alumnos de la Preparatoria No. 8, manifestaron que no retornarían a clases y continuarían en poder de los edificios de la mencionada institución hasta que fueran expulsados de ella 23 profesores (de un total de 41 que había) considerados provocadores durante el último movimiento universitario. Finalmente, en la Facultad de Enfermería, la mayoría de los alumnos se pronunciaron en contra de acatar la nueva Ley Orgánica.

La Junta de Gobierno La labor inmediata de Rangel Guerra, entre el 8 y el 24 de junio, fue dar cumplimiento a la nueva Ley Orgánica. Se nombraron los miembros del Consejo Constituyente denominado Consejo Universitario, el cual instalaría la Junta de Gobierno. 151

7. La Cuarta Ley Orgánica: la Junta de Gobierno

Integrantes de la primera Junta de Gobierno tras su toma de protesta el 13 de julio de 1971. En torno a Alfonso Rangel Guerra aparecen sentados: Francisco Garza Ponce, Raymundo Rivera Villarreal, Roberto Flores Escobar y Manuel Peña Gutiérrez. De pie: Francisco Aguilar Sánchez, Nicolás Treviño Navarro, Agustín Basave, Jorge S. Marroquín, Miguel A. Platón L. Manrique, Alfredo Piñeyro López y Carlos Francisco Cisneros Ramos.

La Junta de Gobierno tendría como función nombrar las autoridades administrativas de la UANL. La Asamblea Universitaria, se encargó así, de nombrar al Consejo Universitario, el cual fue formado por los decanos y directores provisionales de las 39

escuelas y facultades. De esta forma, el 25 de junio, el Consejo Universitario quedó totalmente integrado como un cuerpo constituyente.

El 9 de julio, se reunió con ese carácter a fin de discutir y designar entre sus miembros a quienes conformarían la Junta de Gobierno. Tras diez horas de discusión, la Junta de Gobierno quedó oficialmente constituida por los siguientes miembros y sus respectivos votos a favor: Alfredo Piñeyro (26 votos); Manuel Peña Gutiérrez (24), Raymundo Rivera (23), Francisco Aguilar Sánchez (22), Agustín Basave Fernández del Valle (22), Jorge S. Marroquín de la Fuente (21), Francisco Garza Ponce (21), Carlos Francisco Cisneros Ramos (20), Roberto Flores Escobar (20), Miguel Platón de León (17) y Nicolás Treviño Navarro (17). 152

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 1968-1971

La Junta de Gobierno estableció las bases para la candidatura y las posteriores votaciones a fin de designar rector, presentándose para el 20 de julio como único candidato para ocupar ese puesto el ex rector Héctor Ulises Leal Flores.

La elección se desarrolló en el transcurso de dos días, el 27 y 28 de julio, 43

presentándose a votar sólo 11% de alumnos y 25% de los profesores. Esto mostraba un franco deterioro en la participación política de los universitarios quienes después de dos años de constantes dimes y diretes políticos, lo único que deseaban era volver a sus labores con normalidad. En efecto, Héctor Ulises fue nombrado rector por la Junta de Gobierno el 31 de 44

julio de 1971. La votación se distribuyó de la manera siguiente. Por parte de los alumnos, los cuales eran alrededor de 25 mil inscritos con derecho a votar, tan sólo emitieron su voto 2,756, siendo contabilizados para Ulises 2,295. En el caso de los profesores, éstos sumaban 1,500 en el momento de la votación, de los cuales sólo 359 emitieron su voto, siendo 252 para Ulises. El resto fueron anulados por procedimiento ya que hubo quién voto hasta por el astro mundial del fútbol del momento: Edson Arantes Do Nascimento, mejor conocido como Pelé.

La votación fue sorprendentemente baja considerando la crisis y la inestabilidad por la que pasó la Universidad dos años atrás. Lo que indica que la mayoría de los universitarios continuaron al margen y como simples observadores del proceso el cual fue capitalizado por un puñado de grupos organizados. La designación de la Junta de Gobierno con miembros prominentes del ala conservadora, satisfizo de momento a este pequeño pero bien organizado grupo. Por su parte, la elección de Ulises dio de nuevo parte del gobierno universitario a los grupos radicales y moderados de izquierda que tanta labor habían estado haciendo en pro de ampliar las bases de ingreso de la Universidad. Sin embargo, el que haya habido sólo un candidato al puesto de rector, también restó competitividad y opciones alternas de programas de gobierno universitario al proceso, y por consiguiente al elector. La designación de los miembros de la Junta de Gobierno y de un sólo candidato a la Rectoría mostró a los universitarios que los puestos de gobierno dentro de la 153

7. La Cuarta Ley Orgánica: la Junta de Gobierno

institución no pasó por las urnas sino por negociaciones ya establecidas entre los grupos altamente organizados dentro de la Universidad y su relación con las autoridades políticas locales y nacionales. La elección de Ulises no representa más que un acuerdo preestablecido entre las autoridades universitarias (las que también obtuvieron puestos importantes en las facultades, en el Consejo Universitario y en la Junta de Gobierno) y el secretario de Educación Pública Víctor Bravo Ahuja. Esta es una de las posibles explicaciones del por qué hubo un desinterés general en la votación.

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LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 1968-1971

Epílogo

nte un periodo tan conflictivo y apasionado en sus propias fuentes, el historiador corre siempre el riesgo de incorporar los llamados “filtros” e “intermediarios deformantes” de la realidad histórica. Sin embargo,

tampoco hay que exagerar. Una crónica hostil –hablando de un documento histórico– puede aportarnos valiosos testimonios sobre comportamientos de una comunidad o un grupo en rebeldía, como es el caso del movimiento universitario. En este trabajo no he descartado la documentación que nos facilita, de la misma, una imagen más o menos deformada. En otras palabras, no es completa la percepción histórica de la cultura universitaria sin los gestos de las organizaciones que intentaron suprimirla, someterla o bien desprestigiarla. Como lo es también válido, aceptar la visión de las diferentes corrientes que predominaron o bien permanecieron subalternas. La historia de la Universidad en estos años es la historia de grandes esperanzas de ser protagonistas de un “verdadero” cambio social. Todos los grupos, partidos y personajes participantes creyeron tener la capacidad de lograrlo. Los métodos y las circunstancias fueron distintas para todos, pero indudablemente la facción que logró conquistar por sus propios méritos un poder de decisión hegemónico durante estos años fue la izquierda universitaria. Si bien es cierto que esta tendencia fue muy heterogénea y sumamente dividida (Espartacos, Partido Comunista universitario y no universitario, agrupaciones políticas pro espacio urbano como Tierra y Libertad, STUANL, Organización Cultural Universitaria, entre otros), en contraposición al grupo conservador 155

(Mecánica, Medicina y la Asociación de Maestros de la UNL), su presencia en las instancias de gobierno universitario como la Rectoría y el Consejo Universitario dejó una huella que ha perdurado. La trascendencia se ha dado en dos grandes vías: una en la mentalidad de sus protagonistas, o incluso me atrevería a decir, en la historia de las ideas y de la cultura de esa época. Evocar los años furiosos es encender la pasión de quién la vivió independientemente su tendencia ideológica. Se luchó por grandes ideales que terminaron derrumbándose ante el exceso y radicalización de las diferentes posturas. La mesura general desplazó al radicalismo. En otras palabras, la calma llegó después de la tormenta. Esta tendencia merece un estudio aparte. Por otra parte, la trascendencia de la labor académica, administrativa y de infraestructura realizada en esos años, está en la herencia que hoy tiene nuestra Universidad. Esta herencia fue monumental si se considera el entorno en la cual se logró. La mayor parte de estos años, la Universidad (al igual que otras más en el país) fue castigada con la retención del subsidio federal y posteriormente con la reducción del subsidio estatal en el último año de Elizondo. Aunque también hay que reconocer que existió un gran apoyo de la población y se logró una gran sensibilidad de la comunidad nuevoleonesa ante la problemática universitaria. No hay que olvidar que la Universidad continuó desarrollando su labor comunitaria como lo fueron las brigadas de medicina preventiva en el estado, estudios sobre el crecimiento de la ciudad en las diferentes áreas de la economía, su difusión cultural a través de la cineteca universitaria, exposiciones artísticas y conferencias sobre temas de interés comunitario y, por supuesto, elevando el nivel educativo de nuestro estado a través de sus profesionistas egresados. En cuanto a los grandes logros mencionados en el área académica se encuentran el sistema semestral, la ampliación de criterios para el ingreso a las escuelas preparatorias y profesional, la formación de asociaciones civiles de profesionistas egresados de la UANL con el fin de apoyar su crecimiento, la actualización de los programas de estudio y la creación de nuevas carreras entre otros. En el área administrativa y de gobierno, se realizaron cambios fundamentales que enriquecieron la Universidad. Entre ellos están indudablemente la autonomía; la 156

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cuarta y actual Ley Orgánica que realizada en 1971 ha llegado sin gran menoscabo a su 77 aniversario como institución educativa; una mayor representatividad de estudiantes y catedráticos en la toma de decisión universitaria y la Junta de Gobierno. Y en el área infraestructural se encuentra el traslado de las diferentes facultades a Ciudad Universitaria, la construcción de las escuelas, laboratorios y bibliotecas y la creación de nuevas escuelas preparatorias. Finalmente, al observar cómo se luchó en estos años por los ideales de una sociedad más justa y representativa, podemos encontrar de nuevo el elemento perdido: la esperanza incontenible y desbordada y no la ilusión desahuciada y menospreciada de este periodo que nos es familiar.

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Notas

1. El contexto nacional: de la represión a la apertura 1

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Véase entre otros a González Marín, 2003; Martré, 2002; Ortega, 1998; Aguilar Camín, 1993, 1992 y 1989; Taibo II, 1992; Guevara Niebla, 1988 y 1978; Zermeño, 1978; Estrada, 1974; González de Alba, 1971 y Ramírez, 1969 Como son el caso de Gonzáles Rubio, 1998; Guajardo, 1998; Medina, 1994; Arriola, 1979; Aguilar, 1978; Molina, 1978 y García Cantú, 1972 Medina, 1994. Zermeño, 1978. Ortega, 1998; Taibo II, 1992; Villoro, 1978 y 1979; Poniatowska, 1978-1979 y 1971; Zermeño, 1978; Paz, 1977; Wences, 1971; Knochenhauer, 1969 y Ramírez, 1969 Segovia, 1973. ICAP, 1984. León y Marván, 1984. Flores, 2000 y Zavala, 1977. Véase la obra clásica de Ojeda, 1976. Guevara Niebla, 1992 y Zermeño, 1978. Como lo contemplan: Sánchez, 1999; Ruiz, 1995 y 1990; Gutiérrez, 1984; Morales, 1979 y Nuncio, 1978

2. La UNL en 1968: entre privatización y reformas académicas 1

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Información proporcionada por el rector Héctor Fernández González y el secretario general Roberto Moreira a la comunidad universitaria al iniciar el año de 1968, El Norte, Monterrey, 3 de enero de 1968, p. 7-B. El Norte, Monterrey, 12 de enero de 1968, p. 1-B. El Norte, Monterrey, 23 de enero de 1968, p. 1-B. 159

El Norte, Monterrey y El Porvenir, Monterrey, durante los meses de enero a marzo de 1969. 5 Archivo Histórico del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León (en adelante AHHCENL), Informe de Gobierno de Eduardo A. Elizondo al H. Congreso del Estado, Gobierno del Estado de Nuevo León, 1968. 6 Comunicados dirigidos a la opinión pública del Comité Ejecutivo de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y del rector de la UNL Héctor Fernández González ante esta situación en El Norte, 27 de marzo de 1968. 7 “Cuadro comparativo de los presupuestos de ingresos y egresos de la UANL durante los años 1961-1968”, El Norte, Monterrey, 11 de marzo de 1968, p. 7-B. 8 Ibidem. Véase también en el AHHCENL, Informes de Gobierno ante el H. Congreso del Estado entre 1961 y 1968, Monterrey, Gobierno del Estado, 1961-1969. 9 Ibidem. A pesar de la poca derrama a la investigación en la UNL, se continuaba desarrollando estudios de alto nivel, Instituto de Investigaciones Científicas UNL. Informe de Actividades, 1967-1968, (1968). 10 Comunicado de peticiones del STUNL para el año de 1968, Monterrey, noviembre de 1967. 11 Declaración del Tribunal de Arbitraje del Estado de Nuevo León ante el comunicado de peticiones del STUNL para el año de 1968, El Norte, Monterrey, 3 de marzo de 1968, p. 1-B. 12 Ibidem. 13 El Norte, Monterrey, 3 de marzo de 1968. Véase los comunicados de diversas asociaciones civiles durante este mes en el mismo periódico y en El Porvenir, Monterrey. 14 Comunicado a la opinión pública del rector de la UNL Héctor Fernández González, ante esta situación, El Norte, 27 de marzo de 1968. 15 El Norte, Monterrey, 9 de marzo de 1968, p. 1-B. 16 El Norte y El Porvenir, Monterrey, durante el 9 y 19 de marzo de 1968. 17 El Norte, Monterrey, 9 de marzo de 1968, p. 1-B. 18 Ibidem. 19 Ibidem. Véase los anteproyectos de ley realizados por Elizondo denominados “Instituto de Préstamos para la Educación Superior y Técnica del Estado de Nuevo León” y “Reglamentos de la Ley”. 20 El Norte, Monterrey, 19 de marzo de 1968, p. 7-B. 21 El Norte y El Porvenir, Monterrey, 10 al 20 de marzo de 1968. Véase también a Carlos Ruiz Cabrera (1990). 22 El Norte, 11 y 20 de marzo de 1968. Véase también a Daniel Gutiérrez Castoreña (1984). 23 El paro total se dio en las facultades de Ciencias Biológicas y en la Facultad de Economía. En las escuelas preparatorias número 1, 2 y 3 y en la Escuela Femenil 4

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Pablo Livas; el paro parcial se dio en las facultades de Odontología, Ciencias Químicas y la Escuela Álvaro Obregón y las labores continuaron su curso normal en el resto de las dependencias universitarias. El Norte, Monterrey, 14 de marzo de 1968, p. 1-B. Ibidem. El Norte, Monterrey, 16 de marzo de 1968, p. 1-B. El gobernador dijo al respecto el 1 de abril: “observando el Ejecutivo que en todo esto están implicadas cuestiones técnicas de diversas órdenes, es de la opinión de que sería temerario resolverlas sin escuchar la autorizada opinión de la Universidad misma, como conglomerado, y expreso que lo prudente es enviar todos los datos con que se cuenta (anteproyectos, opiniones, adhesiones y rechazos) a las autoridades universitarias.” El Norte, Monterrey, 2 de abril de 1968, p. 1-B. Firmaban a nombre de la Gran Orden de Monterrey, Luis Torre Terán como Gran Maestro e Higinio Guerra Sánchez como Gran Primer Secretario. El Norte, Monterrey, 3 de abril de 1968. Comunicado dirigido a la opinión pública del Comité Ejecutivo de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, El Norte, 27 de marzo de 1968. El Norte, Monterrey, 23 de marzo de 1968, p. 10-B. Ibidem. Entrevista con el encargado del ICAPFCE, Francisco Artigas Carranza y con el gobernador del Estado, El Norte, Monterrey, 15 de abril de 1968, p. 1-B. El Norte, Monterrey, 19 de enero de 1968, p. 1-B. Los miembros del consejo directivo de esta agrupación eran Jesús Herrera, presidente; Armando Flores Peredo, secretario; y José Luis Lozano, tesorero. El Norte, Monterrey, 6 de enero de 1968, p. 1-B. El Norte, Monterrey, 17 de abril de 1968, p. 1-B. Los representantes en esta asociación estaban distribuidos por cada una de las profesiones que se impartían en la UNL y actuaban en carácter de vicepresidentes. Ellos eran: En Derecho, Jesús Santos de la Garza; Medicina, Mario Alanís Guajardo; Ingeniería Civil, Ernesto Marroquín Toba; Arquitectura, Óscar Rubén Santos; Ingeniero Químico, Bernardo Dávila Reyes; Ingeniería Eléctrica, Raúl Quintero; Odontología, Esthela Barrera; Comercio y Administración, Francisco Garza Ponce y Agronomía, Luis E. Maldonado. También se nombraron representantes de la industria, la banca y el comercio de Monterrey. Los vicepresidentes se comprometieron en presentar el 2 de mayo de 1968, las listas de los que formaban las 15 o 20 generaciones últimas de egresados de la UNL, en todas las especialidades. El Norte, Monterrey, 9 de enero de 1968, p. 7-B. Ibidem. El proyecto de donación entre ambas instituciones para esos años en El Norte, Monterrey, 27 de abril de 1968, p. 1-B. 161

Detalles de esta transformación en El Porvenir, Monterrey, 1 de marzo de 1968 y El Norte, Monterrey, 1 de marzo de 1968, p. 1-B. 39 El Porvenir, Monterrey, 20 de octubre de 1968, p. 1-A. 40 El Porvenir, Monterrey, 15 de octubre de 1968, p. 1-A. 41 El Norte, Monterrey, 27 de abril de 1968, p. 1-B. 42 El Porvenir, Monterrey, 20 de octubre de 1968. 43 El Porvenir y El Norte, Monterrey, 7 de noviembre de 1968. 44 El Norte, Monterrey, 16 de Julio de 1968, p. 10-B. 45 El Porvenir, Monterrey, 5 de octubre de 1968, p. 1, segunda sección. 46 El Norte, Monterrey, 16 de julio de 1968, p. 10-B. 47 El Norte, Monterrey, 20 de julio de 1968, p. 1-B 48 El Norte, Monterrey, 20 de julio de 1968, p. 13-B. 49 La donación fue hecha directamente al gobernador del Estado de parte del comité directivo de la Sección 67 del STMMRM (Guadalupe Hernández, secretario general; Fernando González Juárez, tesorero; Manuel Rosales, presidente del consejo y Jesús Hernández en su calidad de secretario de trabajo suplente) y por el diputado estatal minero Antonio Quiroga. El Norte, Monterrey, 25 de julio de 1968, p. 1B. 50 Para estos acuerdos y todos los mencionados para ese día de sesión del Consejo Universitario, El Norte, Monterrey, 29 de septiembre de 1968, p. 11-B. Véase también Celso Garza Guajardo (comp.), (1994); y Gutiérrez Catoreña (1984). 51 El Norte, Monterrey, 22 de septiembre de 1968, p. 7-B. 52 Ibidem. 53 El Norte, Monterrey, 27 de septiembre de 1968, p. 1-B. Véase también la recreación estudiantil de la época en Cris Villarreal Navarro (1983). 54 El Norte, Monterrey, 29 de septiembre de 1968, p. 18-A. 55 Este comunicado lo firmaba el presidente de la Unión, Marco Antonio Flores y el secretario de la misma Roberto Garza Treviño. El Norte, Monterrey, 26 de septiembre de 1968, p. 12-B. 56 Véase “Comunicado de los estudiantes de la UNL a la opinión pública” en El Porvenir, Monterrey, 2 de octubre de 1968. 57 Ibidem. 58 Ibidem. 59 Ibidem. 60 Ibidem. 61 Ibidem. 62 El Porvenir, Monterrey, 5 de octubre de 1968. Véase también a Máximo de León Garza, (1998). 63 Ibidem. Véase también a Javier Rojas Sandoval, Máximo de León Garza y Juan Ángel Sánchez, (1988). 64 El Porvenir, Monterrey, 5 de octubre de 1968, segunda sección. 38

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Este comunicado dirigido “A la opinión pública. A todos los estudiantes”, estaba firmado por la directiva del Consejo Estudiantil de la UNL, representada por Miguel Ángel Capú, Jorge Rivera y Rogelio Cantú M. El Porvenir, 10 de octubre de 1968, segunda sección. “A nuestro pueblo. A nuestros compañeros estudiantes”, comunicado del consejo Estudiantil de la UNL, El Porvenir, 14 de octubre de 1969. El Porvenir y El Norte, Monterrey del 10 al 18 de enero de 1969.

3. El movimiento de 1969 y la autonomía 1

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Los acontecimientos enmarcados entre el 23 de septiembre y el 24 de noviembre de 1969, están basados en información proveniente de los diarios El Porvenir y El Norte. Véase también a Juan Ángel Sánchez (1999); Gutiérrez Castoreña (1984); Carlos Ruiz Cabrera (1995) y; Abraham Nuncio Limón (1978). Pliego petitorio del Consejo Estudiantil de la UNL presentado al rector y dado a conocer a la opinión pública, El Porvenir, Monterrey, 17 de octubre de 1969. Existía también una gran actividad editorial realizada y dirigida a estudiantes como las publicaciones Acrópolis de la Preparatoria No. 2; Proclama Universitaria, cuyo directorio era Julio César Méndez, estudiante de la Preparatoria No. 3; Logos y Cátedra, de la Facultad de Filosofía y Letras; El Chocolate de Horacio Salazar Ortiz, alumno de la Preparatoria No. 3; El Electrón de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y El Observador, La Lechuza y El Litigante de la Facultad de Leyes. Esta asociación fue creada el 24 de octubre de 1969 ante el inminente deterioro de la paz en la UANL. La Asociación busca el orden y la disciplina dentro de la UNL, por lo que es tachada de conservadora y de representante de la derecha política dentro de la Universidad. Véase el comunicado de la creación de esta asociación, dirigida a los universitarios y a la opinión pública, El Norte, Monterrey, 24 de octubre de 1969. Las propuestas del Frente Estudiantil de la Facultad de Derecho en El Norte, Monterrey, 4 de noviembre de 1969, p. 7-B. Este comunicado dirigido a la opinión pública y a los universitarios, de parte de los catedráticos de la Preparatoria No. 1, lo acompañaban 55 firmas, entre las que podemos mencionar a Domingo Lozano Garza, Evangelina Almagero y Aída O´Ward Ruiz de Garza. El Norte, Monterrey, 2 de noviembre de 1969, p. 1-B. El Norte, Monterrey, 5 de noviembre de 1969, p. 11-B. Esta constó de 37 artículos y 6 transitorios, firmado por el presidente de la Asociación Agustín Basave y el secretario de la misma el arquitecto Daniel H. Cebrián. Esta Ley Orgánica contemplaba la Junta de Gobierno, como máxima autoridad de la futura UANL. El Norte, Monterrey, 8 de noviembre de 1969, p. 1B. El Norte, Monterrey, 29 de octubre de 1969. 163

El STUNL comentó que los postulados de la futura Universidad democrática sólo pueden lograrse mediante la participación de los maestros y estudiantes en proporción igualitaria en el Consejo Universitario, en las Juntas Directivas y en los Consejos Técnicos de las facultades y escuelas.” Véase “Sobre el Proyecto de Reforma a los Artículos 16 y 24 de la Ley Orgánica”, El Norte, Monterrey, 10 de noviembre de 1969, p. 1-B. 10 La designación de Luis Echeverría Álvarez como candidato del PRI a la presidencia, el mismo día que se resuelve dar la Autonomía a la Universidad a través de la reforma a los artículos 16 y 24 de la Ley Orgánica, no es del todo gratuita. La tensión que se vivía en la entidad por la cuestión universitaria, no debía alargarse demasiado, en vista de la designación de un candidato presidencial favorable al respeto de la autonomía (política que llevó a cabo Echeverría a fin de desligarse de la tutela del presidente en funciones, Gustavo Díaz Ordaz). Así lo visualizo Elizondo y es muy probable que haya presionado al Congreso a fin para acelerar la “desincorporación” de la Universidad, y por lo tanto de sus problemas internos, del Gobierno del Estado. 11 El Porvenir y El Norte, Monterrey, 11 de noviembre de 1969. 12 Ibidem. 13 El Norte, Monterrey, 11 de noviembre de 1969, p. 1-B. 14 Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, Gobierno del Estado de Nuevo León, Monterrey, 11 de noviembre de 1969. 15 En la reunión del Consejo Estudiantil de la UNL celebrada el 10 de noviembre, en el Aula Magna, se atacó a Alfonso Martínez Domínguez, al cual se le acusó de ser uno de los que alentó el movimiento estudiantil en Nuevo León contra el gobierno de Eduardo Elizondo. Esto lo dijo Eduardo González Ramírez, estudiante de la Facultad de Economía y secretario general de la Juventud Comunista en Monterrey, así como también secretario general de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, Delegación Nuevo León. El Norte, Monterrey, 11 de noviembre de 1969, p. 7-B. 16 El Consejo Estudiantil formó brigadas para informar a las distintas Universidades del país y a la ciudadanía de sus demandas a través de espectáculos culturales e informativos. En busca de apoyo coordinó visitas a las principales centrales obreras, a los mítines políticos de los partidos y a las principales ciudades del estado. Para el 13 de noviembre la situación en la UNL era de rechazo a las reformas hechas por el Congreso. Estudiantes de la Preparatoria No, 2 tomaron 19 camiones y 56 más fueron pintados alusivamente en pro de su petición, seis alumnos se encontraban en huelga de hambre “por la pobre resolución del Congreso.” La Facultad de Derecho inició un paro indefinido al que se adhirió la Preparatoria No. 6. Monterrey estaba inundado de campamentos universitarios con carteles informativos dirigidos a la comunidad. El Porvenir y El Norte, Monterrey, 14 de noviembre de 1969. 9

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Archivo General del Estado de Nuevo León, Monterrey (en adelante AGENLMonterrey), Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, Gobierno del Estado de Nuevo León, Monterrey, 26 de noviembre de 1969. 18 El artículo transitorio único que presentó Elizondo personalmente ante el Congreso decía: “Conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de la UNL mientras se elijan los nuevos titulares de la autoridad universitaria, los maestros decanos de cada facultad o escuela quedarán al cargo de las respectivas direcciones. Por lo que hace al rector, los mencionados maestros decanos y un número igual de representantes estudiantiles seleccionarán a un rector provisional, a reserva de que el definitivo sea nombrado”. El Norte, Monterrey, 19 de noviembre de 1969, p. 1-B. 19 El Norte, Monterrey, 19 de noviembre, p. 9-B. 20 El Porvenir y El Norte, Monterrey, 21 de noviembre de 1969. 21 El Porvenir y El Norte, Monterrey, 23-25 de noviembre de 1969. 22 El comunicado de los estudiantes de esta facultad en El Porvenir, Monterrey, 25 de noviembre de 1969, p. 9-A. 23 Esta asociación tenía su domicilio legal en Monterrey, en la calle Zaragoza, 640 sur, despacho 201. Los firmantes –que tenían una postura radical ante el conflictoeran Jesús M. Jiménez, Óscar E. Leal Suárez, Salvador Capistrán A., Ángel Durán Gaytán y Eloy Hernández Espinoza., véase el comunicado pagado “La Universidad, epílogo de claudicación”, en El Porvenir, Monterrey, 27 de noviembre de 1969, p. 7-A. 24 El Porvenir, Monterrey, 27 de noviembre de 1969, p. 10-B. 25 Estos eran los estudiantes Eduardo González de la Facultad de Economía, y Noé Ramos de la Facultad de Agronomía. El movimiento estudiantil para entonces estaba sumamente organizado. El Consejo Estudiantil estuvo presente en todos los ámbitos durante la publicación de las reformas que darían finalmente la autonomía a la Universidad. Un grupo estuvo presente en las puertas del Congreso, otro fuera del despacho del gobernador, mientras el resto se encontraba en la torre de Rectoría, esperando la información de sus brigadas ubicada en el centro de la ciudad. El Porvenir, Monterrey, 27 de noviembre de 1969. 26 El Porvenir, Monterrey, 29 de noviembre de 1969, p. 1-B. 27 El Porvenir y El Norte, del 2 al 18 de diciembre de 1969. 28 Ibidem. 17

4. Autonomía condicionada: estrangulamiento de las finanzas universitarias 1

Comunicado por acuerdo del Consejo Universitario de la Universidad ya Autónoma de Nuevo León sobre las inscripciones del primer semestre de 1970, El Porvenir, Monterrey, 3 de enero de 1979, p. 3-B; y 6 de enero de 1970, p. 1-B.

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El comunicado del paro nacional solicitaba la libertad de los presos políticos de 1968 ya que “Esto constituye una herida en el cuerpo de la Nación mexicana y una fuerte intranquilidad para el país en detrimento de la concordia y la hermandad que es necesaria que impere en nuestro pueblo en beneficio de su propio bienestar y progreso.” El Porvenir, Monterrey, 14 de enero de 1970, p. 8-A. 3 Para enero de 1970, la UANL tenía tres mil trabajadores entre docentes, administrativos y de intendencia, de los cuales 1,300 no estaban sindicalizados. El Porvenir, Monterrey, 2 de enero de 1970, p. 5-B. 4 El Porvenir, Monterrey, 2 de enero de 1970. 5 El Norte, “La UNL sufre crisis en lo material y académico”, Monterrey, 17 de marzo de 1970, p. 10-B. 6 Ibidem. 7 El Norte, Monterrey, 21 de mayo de 1970, p. 1-B. Véase también a Carlos Ruiz Cabrera, (1990). 8 El Norte, Monterrey, 9 de mayo de 1970, p. 1-B. 9 El Norte, Monterrey, 12 de mayo de 1970, p. 1-B. 10 Comunicado del Consejo Universitario a los universitarios, El Norte, Monterrey, 20 de mayo de 1970, p. 1-B. 11 El Norte, Monterrey, 9 de mayo de 1970, p. 16-B. 12 AHHCENL-Monterrey, Proyecto de la Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León presentada al H. Congreso del Estado por la Comisión Redactora del mismo, integrada por maestros y alumnos de la Universidad de Nuevo León, 30 de mayo de 1970, Monterrey, UNL, 1970. Véase también El Porvenir y El Norte, Monterrey, 30 de mayo de 1970. 13 El Norte, Monterrey, 30 de mayo de 1970, p. 1-B. 14 Ibidem. 15 Ibidem. 16 Véase como se dio esta política en el sector de Educación Superior en Pablo Latapí (1979). 17 El Norte, Monterrey, 1 de julio de 1970, p. 10-B. 18 El Porvenir, Monterrey 4 de noviembre de 1970. 19 El Norte, Monterrey, 6 de noviembre de 1970, p. 10-B. Véase también Agustín Basave Fernández del Valle, (1971). 20 El Norte, Monterrey, 9 de noviembre de 1970, p. 9-B. Véase también a César Lazo Hinojosa, (1971). 21 Ibidem 22 El Norte, Monterrey, 10 de noviembre de 1970, p. 4-B. 23 Ibidem 24 Ibidem 25 El Porvenir y El Norte, Monterrey, 9 de enero de 1971. 26 El Norte, Monterrey, 20 de mayo de 1970, p. 1-B. 2

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Su director Ángel Martínez Maldonado argumentó que el edificio estaba construido para albergar 400 alumnos, pero tenía en total mil (800 alumnos de medicina y 200 en las carreras de Trabajo Social y Laboratoristas). A juicio de Ángel Martínez, la Facultad no otorgó ningún lugar de nuevo ingreso para el segundo semestre de 1970, debido al insuficiente material para preparar bien a los estudiantes, la carencia de laboratorios y la falta de lugares y material de práctica para los futuros médicos. Se quejó de que el costo de prácticas era demasiado oneroso y faltan medios económicos para brindar una exhaustiva preparación a los aspirantes. Finalmente comentó que “la imposibilidad del sistema académico de semestres hace materialmente difícil a la Facultad de Medicina poder controlar con honestidad la demanda estudiantil en esa rama.” El Norte, Monterrey, 26 de mayo de 1970, p. 8-B. 28 Ibidem. La Comisión estaba integrada por Tomás González de Luna (secretario general de la UNL); Manir González Martos (director del Departamento Escolar y Archivo); Herminio Salazar Suárez (coordinador de las Escuelas Preparatorias); Jorge Urencio Ábrego (profesor) y Luis Felipe Ortiz Morales. Los representantes alumnos en esta comisión fueron Noé Ramos, Rogelio Loredo y Francisco Javier Burnes. 29 Ibidem. 30 Entre otros casos están el de Roberto Moreira (mayo de 1970), el del maestro y médico Arturo Garza Chapa y los biólogos Salvador Contreras y Arturo Jiménez (julio de 1970). El director entrante de Biología, Humberto Sánchez Vega, realizó el despido de estos tres últimos frente al alumnado y teniendo a un lado la foto del guerrillero Che Guevara. Para el caso Moreira: El Norte, Monterrey, 31 de mayo de 1970, p. 16-B; y para el caso de los profesores de Biología, El Norte, Monterrey, 11 de julio de 1970, p. 1-B. 31 Se le atribuyó oficialmente en el Consejo la elaboración y la difusión (que el posteriormente negó) de un panfleto repartido durante el movimiento estudiantil de 1969, donde denunciaba los planes de agitación y a las personas que posteriormente, en diciembre de 1969, ocuparon los cargos de rector y secretario general, entre otros. El Norte, “Ruidosa sesión de 12 horas tiene Consejo de la UANL”, Monterrey, 30 de mayo de 1970, pp. 14 y 15-A. 32 A lo que él comentó que “todo ha sido una conjura en mi contra para privarme injustamente de mi trabajo para desprestigiarme como persona, como catedrático y como universitario.” El Norte, Monterrey, 31 de mayo de 1970, p. 16-B. 33 El Norte, Monterrey, 30 de mayo de 1970, p. 15-A. 34 El Norte, Monterrey, 30 de mayo de 1970, pp. 14 y 15-A. 35 Ibidem 36 Ibidem 37 Ibidem. 38 El Porvenir y El Norte, Monterrey, 29 de julio de 1970. 27

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Ibidem. Aseveraciones de algunos editorialistas de los periódicos mencionados, los cuales identificaban a miembros de estas agrupaciones a María Cristina Villarreal Navarro, José Aguilera, Rubén Vidales Castañeda, Ángel Garza Martínez, Felipe de Jesús Rendón, Rodolfo Garza y Agustín Zavala. 40 El Norte, Monterrey, 29 de julio de 1970, p. 1-B. 41 Ibidem. 42 El Norte, “Inquieta discriminación en nuestra UNL”, Monterrey, 31 de mayo de 1970, p. 8-B. 43 Ellos fueron Sergio Guadalupe Ochoa (por golpear al estudiante Jaime Padilla), Miguel Ángel Adame Ochoa, Homero Gutiérrez Benavides y Edmundo Lozano Elizondo. El Norte, Monterrey, 8 de noviembre de 1970, p. 2-B. 44 Este fue Edmundo Lozano Elizondo, nombre que nunca se mencionó en Consejo Universitario (sólo se dijo que se tenía una vaga identificación) y a pesar de ello se autorizó su expulsión, mostrando una irregularidad por demás grotesca. 45 Ibidem. 46 Ibidem. 47 El Norte, Monterrey, 10 de noviembre de 1970, p. 1-B. 48 Ibidem. 49 El Norte, Monterrey, 8 de noviembre, p. 2-B. 50 Las preguntas hechas el 10 de noviembre por el periódico El Norte finalmente fueron contestadas por el secretario general de la UNL el día 12. El Norte, Monterrey, 11 de noviembre de 1970, p. 1-B; y 13 de noviembre de 1970, p. 1B. 51 AHHCENL, Monterrey, III Informe de Gobierno, que rinde el gobernador del Estado, Eduardo A. Elizondo al H. Congreso del Estado, Gobierno del Estado, Monterrey, 1 de marzo de 1970. 52 El Porvenir, Monterrey, 25 de julio de 1970. 53 Datos de la Secretaría de Educación Pública para el estado de Nuevo León, Gobierno del Estado, Monterrey, 1970. Véase también III Informe de Gobierno que rinde el gobernador del Estado, Eduardo A. Elizondo al H. Congreso del Estado, Gobierno del Estado, Monterrey, 1 de marzo de 1970. 54 Declaraciones de Tomas González de Luna en El Norte, Monterrey, 25 de julio de 1970, p. 9-B. 55 Comunicados del Consejo Estudiantil de la UANL y del Frente Estudiantil de Acción Preparatoria en El Norte, Monterrey, 25 de julio de 1970, p. 13-B. 56 El Norte, Monterrey, 27 de julio de 1970, p. 1-B. 57 Ibidem. 58 El Norte, Monterrey, 28 de julio de 1970, p. 1-B. Entre los estudiantes participantes están Luis Antonio Noyola Sánchez, Agustín Acosta Zavala y Maricela Tamez Niño. 39

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Encuestas a profesionistas realizadas por El Norte, Monterrey, 23 de julio de 1970, p. 8-B. 60 El Norte, Monterrey, 23 de julio de 1970, p. 12-B. 61 HN-ciudad de México, la revista Oposición, ciudad de México, Partido Comunista Mexicano, número 7, 1970: 28. 62 Diez años de actuación política del PCM en la UANL (proyecto de balance), (1978). 63 Comunicado “A la opinión pública y a los universitarios” firmado por la Junta Directiva de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UANL, El Norte, Monterrey, 16 de julio de 1970, p. 9-B. 64 Ibidem. 65 El Norte, “Inspección laboral en la UNL”, Monterrey, 3 de septiembre de 1970, p. 12-B. 66 Ibidem. 67 Ibidem. 68 El Norte, Monterrey, 4 de septiembre de 1970, p. 11-B. 69 Junta de Conciliación y Arbitraje, Citatorio al rector y a los 74 miembros del Consejo Universitario a comparecer el 11 de septiembre de 1970, sobre el juicio laboral interpuesto por Roberto Moreira a la UANL, el 28 de mayo de 1970. 70 El Norte, Monterrey, 12 de septiembre de 1970, p. 14-B. 71 El Porvenir y El Norte, del 13 al 28 de septiembre de 1970. 72 El Porvenir, Monterrey, 11 de noviembre de 1970. 73 El Norte, “Priva caos en la UNL tras acalorada sesión acuerdan hacer paro”, Monterrey, 11 de noviembre de 1970, p. 1-B. 74 Ibidem. 75 Ibidem. 76 Ibidem. 77 El Norte, Monterrey, 12 de noviembre de 1970, p. 1-B; El Tribuna de Monterrey, 12 de noviembre de 1970. 78 El Norte, “Preparatorianos niegan esté grave el golpeado. Legistas dictaminan”, Monterrey, 11 de noviembre de 1970, p. 1-B. 79 El Porvenir, Monterrey, 11 de noviembre de 1970. 80 El Porvenir y El Norte, Monterrey, 12 de noviembre de 1970. 81 El Porvenir, Monterrey 14 de noviembre de 1970. 82 El Porvenir, Monterrey, 15 de noviembre de 1970. 83 Ibidem. 84 Ibidem. 85 El Porvenir, Monterrey, 29 de noviembre de 1970. La cuarta persona expulsada resultó ser Edmundo Lozano Elizondo, el cual nunca perteneció a la UANL ni tampoco radicaba en la localidad sino en la ciudad de México. 86 El Norte, Monterrey, 4 de diciembre de 1970. 87 Ibidem. 59

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El Norte, Monterrey, 29 de noviembre de 1970. Ibidem. 90 Ibidem 91 El Norte, Monterrey, 18 de noviembre de 1970, p. 1-B. 92 El Norte, Monterrey, 28 de julio de 1970, p. 13-B. 93 El Norte, Monterrey, marzo y noviembre de 1970. 94 El Norte, Monterrey, 22 de mayo de 1970, p. 1-B. 95 El Porvenir, Monterrey, 22 y 23 de mayo de 1970. 96 El Norte, Monterrey, 14 de noviembre de 1970. 88

5. El caos invade a la UANL El Porvenir, Monterrey, 4 al 20 de diciembre de 1970 y enero de 1971. El Porvenir, Monterrey, 4 de diciembre de 1970 y 5 de enero de 1971. 3 El Porvenir y El Norte, Monterrey, diciembre de 1970 y enero de 1971. 4 El Norte, Monterrey, 8 de enero de 1971, p. 1-B. 5 El Norte, Monterrey, 17 de diciembre de 1970. 6 El Norte, Monterrey, 5 de enero de 1971, p. 1-B. 7 Ibidem. 8 El Norte, Monterrey, 7 de enero de 1971, p. 1-B. 9 El Norte, Monterrey, 8 de enero de 1971, p. 1-B. 10 El Norte, Monterrey, 9 de enero de 1971, p. 1-B. 11 El Norte, “Informe del rector Oliverio Tijerina”, Monterrey, 11 de enero de 1971, p. 1-B. 12 Ibidem. 13 El Norte, Monterrey, 15 de enero de 1971, p. 1-B. 14 Ibidem. 15 Ibidem 16 El Porvenir, Monterrey, 15 de enero de 1971. 17 Ibidem 18 El Norte, Monterrey, 23 de enero de 1971, p. 1-B. 19 El Norte, Monterrey, 29 de enero de 1971, p. 1-B 20 El Porvenir y El Norte, Monterrey, 13 de febrero de 1971. 21 AHHCENL-Monterrey, Cuarto Informe de Gobierno de Eduardo A. Elizondo ante el H. Congreso del Estado, Monterrey, Gobierno del Estado de Nuevo León, 1 de marzo de 1971. 22 Ibidem. 23 El Norte, Monterrey, 2 de marzo de 1971, p. 12-B. 24 El Norte, Monterrey, 3 de marzo de 1971, p. 1-B. 25 El Norte, Monterrey, 2 de marzo de 1971, p. 12-B. 26 El Norte, Monterrey, 3 de marzo de 1971, p. 1-B. 1 2

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Cifras dadas a conocer por el secretario general de la UANL, Manir González Martos en El Norte, Monterrey, 2 de marzo de 1971, p. 12-B. Véase también Richard G. King, Alfonso Rangel Guerra, et al., (1972). 28 Cifras publicadas por la UANL en El Norte, Monterrey, 8 de marzo de 1971, p. 7A. 29 El Norte, “STUNL, al Pueblo de Nuevo León”, 8 de marzo de 1971, p. 7-A. 30 Véase también Roberto Chapa Martínez (comp.), (1991). 31 El Norte, “STUNL, al Pueblo de Nuevo León”, 8 de marzo de 1971, p. 7-A. 32 Ibidem. La firma del Comité Ejecutivo iba confirmada con los siguientes nombres: ingeniero Fabián Navarro Arras, secretario general; Lic. Lorenzo Saldaña Garza, secretario de conflictos; Dra. Silvia Mijares de Covarrubias, secretaria de previsión social; profesor Jesús Colunga Molina, secretario de actas; biólogo José J. Ortiz Hernández, secretario de organización; Valdemar Martínez Carrera, secretario tesorero y Lic. José C. Fernández Quiroga, secretario de prensa y propaganda. 33 El Norte, Monterrey, 21 de marzo de 1971, p. 13-B. 34 El Norte, Monterrey, 5 de marzo de 1971, p. 1-B. 35 Ibidem. 36 El Norte, Monterrey, 2 de marzo de 1971, p. 9-B. 37 Resultado de la Encuesta en la Facultad de Leyes en El Norte, Monterrey, 7 de marzo de 1971, p. 1-B. 38 El Norte, Monterrey, 7 y 8 de marzo de 1971, p. 1-B. 39 El Norte, Monterrey, 10 de marzo de 1971, p. 1-B. 40 El Norte, Monterrey, 4 de marzo de 1971, p. 1-B. Esta organización era identificada con el grupo político de izquierda radical denominada “Espartacos”. 41 Ibidem. 42 El Norte, Monterrey, 12 de marzo de 1971, p. 4-B. 43 El Norte, Monterrey, 14 de marzo de 1971, p. 1-B. 44 El Porvenir y El Norte, Monterrey, 16 y 17 de marzo de 1971. 45 El Porvenir, Monterrey, 16-19 de marzo de 1971. 46 El Norte, Monterrey, 17 de marzo de 1971, p. 1-B. 47 El Porvenir y El Norte durante esas fechas. 48 El Porvenir, Monterrey, 26 de marzo de 1971. 27

6. Contrapropuesta del poder: la Asamblea Popular de Gobierno 1

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AHHCENL-Monterrey, Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, Monterrey, Gobierno del Estado de Nuevo León, 27 de marzo de 1971. Véase también Gerardo de León (1989). Ibidem. El Norte, Monterrey, 30 de marzo de 1971, p. 1-B. Ibidem. 171

El Porvenir, Monterrey, 13 de abril de 1971. El Norte, Monterrey, 1 de mayo de 1971, p. 1-B. 7 El Norte, Monterrey, 3 de mayo de 1971, p. 1-B. 8 El Norte, Monterrey, 4 de mayo de 1971, p. 1-B. 9 El Norte, Monterrey, 6 de mayo de 1971, p. 1-B. 10 El Porvenir, Monterrey, 5 y 6 de mayo de 1971. 11 El Norte, Monterrey, 7 de mayo de 1971, p. 1-B. 12 El Norte, Monterrey, 10 de mayo de 1971, p. 1-B. 13 Comunicado del gobernador del Estado de Nuevo León a los nuevoleoneses por el canal 3, Monterrey, 11 de mayo de 1971. 14 Fallo del Juez Federal del Segundo Distrito, en contra del ex rector Héctor Ulises Leal Flores (se desechó una demanda de amparo promovido por el propio Héctor Ulises), Monterrey, 12 de mayo de 1971. 15 El Norte, Monterrey, 19 de mayo de 1971, p. 1-B. Sin embargo, la popular columna política diaria de Maquiavelo, del mismo periódico, desmintió esta versión. 16 El Norte, Monterrey, 14 de mayo de 1971, p. 12-B. 17 El Norte, Monterrey, 20 de mayo de 1971, p. 4-B. 18 El Norte, “Reunión del Consejo. El consejo lanza ultimátum. Despedirán a maestros y a trabajadores rebeldes”, Monterrey, 22 de mayo de 1971, p. 1-B. 19 Ibidem. 20 Ibidem. 21 El Norte, Monterrey, 23 de mayo de 1971, p. 11-B. Los estudiantes detenidos fueron entre otros: Benjamín Palacios de 16 años, Genaro Muñoz de 17, Fausto Montes Quiroz de 17, José M. Rodríguez Vizcaya de 23, Luis Barajas Benavides de 19 y Eleazar Covarrubias de 17. 22 Ibidem. Se encontraron en el Aula Magna y las escuelas preparatorias número 1 y 3 los siguientes materiales consignados ante el Ministerio Público: ochenta botellas con gasolina y mecha, cuatro latas de gasolina de 20 litros, un garrafón de ácido sulfúrico, cuatro pistolas de calibre 22, media caja de balas del mismo calibre, navajas, cuchillos, discos del Ché Guevara y de Óscar Chávez, cadenas, libros cubanos y rusos, panfletos en contra del gobierno estatal, equipos de sonido, proyectores de cine, pólvora y magnavoces. 23 Profesores, alumnos y autoridades estatales y municipales que participaron en los hechos en ambos bandos y que fueron entrevistados por el autor (Juan Ángel Sánchez, José Roberto Mendirichaga y Benjamín Palacios Hernández, entre otros) entre noviembre de 1999 y abril de 2000. 24 El Norte, Monterrey, 23 de mayo de 1971, p. 11-B. 25 El Norte, Monterrey, 25 de mayo de 1971, pp. 1, 12 y 13-B 26 El Norte, Monterrey, 26 de mayo de 1971, p. 11-B. 27 El Norte, Monterrey, 25 de mayo de 1971, p. 9-B. 28 El Norte, Monterrey, 29 de mayo de 1971, p. 1-A. 5 6

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El Norte, Monterrey, 30 de mayo de 1971, p. 1-A. El Norte, Monterrey, 30 de mayo de 1971, pp. 14 y 15-B. El Porvenir y El Norte, Monterrey, 31 de mayo de 1971.

7. La Cuarta Ley Orgánica de la UANL: la Junta de Gobierno El Norte, Monterrey, 1 de junio de 1971, p. 1-B. El Norte, “Bravo Ahuja ausculta para mediar en el lío de la UANL”, Monterrey, 1 de junio de 1971, p. 1-B. 3 Ibidem. 4 El Porvenir, Monterrey, 1 de junio de 1971. 5 Ibidem. 6 El Norte, Monterrey, 1 de junio de 1971, p. 1-B. 7 El Norte, Monterrey, 2 de junio de 1971, p. 1-B. 8 El Norte, “Muchas opiniones recaba el ministro Bravo Ahuja”, Monterrey, 2 de junio de 1971, p. 1-B. 9 Ibidem. 10 El Norte, “100 mil obreros apoyan la Ley de la Universidad”, Monterrey, 2 de junio de 1971, p. 1-B. 11 Héctor Camero, líder del movimiento urbano pro adquisición de tierras a través de su ocupación por cientos de familias, comentó que el problema universitario no era tan sólo de Nuevo León, sino nacional. Agregó “el gobierno federal quiere imponer las nuevas reformas educativas con las cuales que se viola el derecho y la autonomía universitaria.” El Norte, Monterrey, 2 de junio de 1971, 1-B. 12 Véase HN-ciudad de México, el órgano informativo de las organizaciones populares y movimientos urbanos en pro del derecho al asentamiento urbano, Lucha Popular, ciudad de México, particularmente el número 33 del 15 de marzo de 1971. 13 El Norte, “Comunicado sobre el problema de la UNL que la Asociación de Maestros de la misma presenta al C. Ministro de Educación”, Monterrey, 2 de junio de 1971, p. 11-B. La postura de esta asociación mencionada en las páginas siguientes fue tomada de esta declaración. 14 Ley Orgánica vigente en ese momento en El Norte, “Esta es la Ley que el pueblo dispone para su Universidad”, Monterrey, 2 de junio de 1971, p. 11-B. 15 El Norte, “Comunicado sobre el problema de la UNL que la Asociación de Maestros de la misma presenta al C. Ministro de Educación”, Monterrey, 2 de junio de 1971, p. 11-B. 16 El Norte, “Se discute el problema de la UNL en el Congreso de la Unión”, Monterrey, 4 de julio de 1971, p. 1-B. 17 El Norte, “Dialogan Bravo Ahuja y Elizondo por once horas”, Monterrey, 3 de junio de 1971, p. 1-B. 1 2

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El Norte, “El gobernador Elizondo expresa su mejor deseo”, Monterrey, 4 de junio de 1971, p. 1-B. 19 El Norte, “Consejo estudiantil de Derecho decide seguir defendiendo la Ley Orgánica”, Monterrey, 4 de junio de 1971, p. 1-B. 20 El Norte, “El ministro dice”, Monterrey, 4 de junio de 1971, p. 1-B. 21 Ibidem. 22 El Norte, “Condena el ministro la Asamblea Popular”, Monterrey, 4 de julio de 1971, p. 1-B. 23 Raúl Rangel Frías escribió para la posteridad información sobre su actuación en ella, véase Rangel Frías, (1990), (1984), (1975) y (1971). 24 El Norte, “Siete ex rectores ayudan al Congreso”, Monterrey, 4 de junio de 1971, p. 1-B. 25 El Norte, “Bravo Ahuja analiza el problema universitario”, En esta declaración, Bravo Ahuja comenta que sugirió una comisión de cuatro a siete ex rectores, Monterrey, 4 de junio de 1971, p. 1-B. 26 “Comunicado del presidente de la república Luis Echeverría a los gobernadores de los estados y territorios”, México, Gobierno de la República, 4 de junio de 1971. 27 El Norte, “Renuncia el rector”, Monterrey, 5 de junio de 1971, p. 1-B. 28 El Norte, “Deroga Congreso la Ley Universitaria”, Monterrey, 5 de junio de 1971, p. 1-B. 29 El Norte, “La caída de la Ley abre un movimiento nacional”, Monterrey, 5 de junio de 1971, p. 1-B. 30 Una represión más contra el movimiento universitario se protagonizó en la ciudad de México, el jueves 10 de junio de 1971, conocido en la conciencia colectiva como el jueves de “corpus”. El Norte, Monterrey, 13 de junio de 1971, p. 1-A. 31 El Norte, “Serví lo más y lo mejor que pude”, Monterrey, 6 de junio de 1971, p. 1B. 32 Véase a Carreño, 1980; Whitehead, 1980; Tello, 1979; Aguilar, 1978; Zavala, 1977 y Acevedo, 1975. 33 El Norte, “Farías sustituye a Elizondo”, Monterrey, 6 de junio de 1971, p. 1-B. 34 El Norte, “Farías promulga la nueva Ley Orgánica de la UANL”, Monterrey, 7 de junio de 1971. 35 El Norte, Monterrey, 8 de junio de 1971, p. 1-B. 36 Ibidem. 37 El Norte, Monterrey, 15 de junio de 1971, p. 1-B. 38 Ibidem. 39 El Porvenir, Monterrey del 9 al 25 de junio de 1971. 40 El Porvenir, Monterrey, 26 de junio de 1971. 41 El Norte, Monterrey, 10 de julio de 1971, p. 1-B. 42 El Porvenir, Monterrey, 21 de julio de 1971, p. 1-B. Reflexiones de Rangel Guerra sobre su actuación en Celso Garza Guajardo (1996). 43 174 AUTONOMÍA 1968-1971 El LAPorvenir y ElUNIVERSITARIA Norte, Monterrey, 28 y 29 de julio de 1971. 44 El Porvenir, Monterrey, 30 de julio y 1 de agosto de 1971. 45 Ibidem. 18

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Entrevistas realizadas por Óscar Flores Sergio Aguayo, José Luis Alonso Vargas, Marco Bellingueri, Eduardo A. Elizondo, Samuel Flores Longoria, Celso Garza Guajardo, Horacio Guajardo, Pablo Latapí, Marco Antonio Leija, Gerardo de León, José Roberto Mendirichaga, Ricardo Morales Pinal, Abraham Nuncio Limón, Germán Otalora, Benjamín Palacios Hernández, Mario Ramírez Salas, Alfonso Rangel Guerra, Carlos Ruiz Cabrera, Javier Rojas Sandoval, Humberto Salazar, Hernán Salinas Cantú, Juan Ángel Sánchez y Meynardo Vázquez. Imágenes Leal Flores, Héctor Ulises, ¡Al el borde del precipicio! La lucha olvidada de la Universidad de Nuevo León (1971-1973). Memorias de un rector, UANL, 2009, p. 135. (Des) educación, revista bimestral de cultura e identidad de la escuela pública, No. 5, año II, 2007, p. 115. STUANL, órgano informativo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, edición especial, febrero de 1984, año III, p. 35. Ruiz Cabrera, Carlos, Imágenes. Universidad Autónoma de Nuevo León 1933-2003. Grupo Impulso Cultural, Monterrey, 2003, p. 53, 58 y 137. Poniatowska, Elena, La noche de Tlatelolco, Biblioteca Era, México, 1988, p. 9, 17 y 21. Archivo General de la Nación, p. 148. Centro de Documentación y Archivo Histórico de la UANL, p. 25, 31, 42, 49, 69, 87, 97, 108, 110-111, 124, 131 y 152.

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Anexo

IV Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León Título primero Naturaleza y fines Artículo 1.- La Universidad Autónoma de Nuevo León es una Institución de cultura superior, al servicio de la sociedad, descentralizada del Estado, con plena capacidad y personalidad jurídica. Artículo 2.- Tiene como fin crear, preservar y difundir la cultura en beneficio de la sociedad, para lo cual debe: I. Formar profesionales, investigadores, maestros universitarios y técnicos, de acuerdo con las necesidades económicas, sociales y políticas de México y del Estado de Nuevo León. II. Organizar, realizar y fomentar la investigación científica en sus formas básica y aplicada, teniendo en cuenta fundamentalmente las condiciones y los problemas regionales y nacionales. III. Organizar, realizar y fomentar labores de creación artística en sus diversas formas de expresión. IV. Hacer participar plenamente de los beneficios de la cultura, a todos los que han carecido de la oportunidad de obtenerla o de acrecentarla, llevando a cabo labores educativas o culturales en beneficio de la comunidad. V. Promover el estudio de los derechos y deberes fundamentales del hombre y de los problemas nacionales e internacionales, contribuyendo a orientar la opinión pública. VI. Preservar el acervo cultural, nacional y universal, fomentando para ello el establecimiento de instituciones adecuadas. 185

Artículo 3.- Para realizar sus fines, la Universidad se fundará en los principios de libertad de cátedra y de investigación, acogiendo todas las corrientes del pensamiento y las tendencias de carácter científico y social. Título segundo Funciones y atribuciones Artículo 4.- Para el logro de sus fines, la Universidad desarrollará las siguientes funciones: I. La función docente que consiste en la transmisión de conocimientos y en el desarrollo de actividades tendientes a la formación integral del hombre con espíritu crítico, suficiente capacidad práctica y orientado a servir a la sociedad. II. La función investigadora que comprende el estudio de los problemas científicos, de las diversas ramas del conocimiento en sus aspectos fundamental y aplicado, primordialmente aquéllos cuya solución coadyuve el desarrollo de Nuevo León y de México. III. La función difusora que consiste en la divulgación del conocimiento y la cultura, y en el desarrollo de actividades que establezcan una relación entre la Universidad y la sociedad. IV. La función de servicio social, que comprende aquellas actividades que promueven el desarrollo socio-económico y el bienestar de la población, realizándolas en términos de docencia e investigación. En el ejercicio de sus funciones, la Universidad se rehusará a fomentar o permitir todo aquello que atente contra la paz, la vida o la dignidad humanas. Artículo 5.- La Universidad tiene las siguientes atribuciones: I. Designar a los titulares de los órganos de Gobierno que establece esta Ley, mediante los procedimientos indicados en la misma. II. Interpretar y reglamentar esta ley en todos sus aspectos. III. Organizarse académica y administrativamente como lo estime mejor, dentro de las normas generales de esta Ley. IV. Designar al personal docente y de investigación, teniendo en cuenta sus méritos académicos, su capacidad docente y su ética profesional. V. Admitir como alumnos a los aspirantes que demuestren capacidad de aprovechamiento escolar y aptitud para el desempeño de actividades profesionales o técnicas.

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VI. Otorgar grados académicos y expedir títulos profesionales, diplomas y certificados de estudio. VII. Otorgar validez a los estudios realizados en otras instituciones. VIII. Incorporar enseñanzas equivalentes a las que se imparten en la Universidad. IX. Establecer convenios con otras instituciones nacionales o extranjeras, con el objeto de cumplir sus fines. X. Administrar su patrimonio, sus recursos económicos y recaudar ingresos. XI. Realizar toda clase de actos jurídicos que requiera para el logro de sus fines. XII. Recibir la aportación anual que señale el Presupuesto de Egresos del Estado de Nuevo León. XIII. Asesorar al Gobierno del Estado de Nuevo León en la coordinación y supervisión de la educación superior y universitaria, a solicitud del Ejecutivo. XIV. Asesorar al Gobierno del Estado de Nuevo León en problemas de índole técnica, científica o artística, a solicitud del Ejecutivo. XV. Las demás que se deriven de esta Ley, el Estatuto General y los Reglamentos. Título tercero Estructura Artículo 6.- Para cumplir sus funciones, la Universidad puede crear, organizar, integrar y suprimir en los términos de esta Ley, facultades, escuelas, institutos, departamentos, centros y otros organismos análogos. Artículo 7.- Las dependencias mencionadas en el artículo anterior, deberán estar integradas en la Universidad y cumplir con los fines y funciones de ésta. Artículo 8.- El Estatuto General y los Reglamentos que de él deriven, definirán y determinarán el funcionamiento y la organización de todas las dependencias necesarias para el cumplimiento de los fines y el desarrollo de la Universidad. Título cuarto Gobierno Artículo 9.- Son autoridades universitarias: I. La Junta de Gobierno. II. El Consejo Universitario. III. El Rector. IV. La Comisión de Hacienda. 187

V. Los Directores VI. Las Juntas Directivas de las Facultades y Escuelas. Capítulo primero De la Junta de Gobierno Artículo 10.- La Junta de Gobierno estará formada por once miembros, electos por el Consejo Universitario en la siguiente forma: 1.- El Consejo Constituyente designará a los primeros componentes de la Junta, en la forma que señala el artículo 2 transitorio de esta Ley. 2.- A partir del tercer año, el Consejo Universitario elegirá anualmente a un miembro de la Junta que sustituya al que ocupe el último lugar, en el orden en que la misma Junta fijará por insaculación inmediatamente después de constituirse, pasando el nuevo miembro a ocupar el primer lugar. Artículo 11.- Para ser miembro de la Junta de Gobierno se requerirá: I. Ser mexicano de nacimiento. II. Tener treinta y cinco años al momento de su designación. III. Poseer título profesional o grado universitario equivalente o superior a la licenciatura. IV. Haberse distinguido en su especialidad, prestar o haber prestado servicios docentes o de investigación en la Universidad de Nuevo León, y gozar de estimación general como persona honorable y prudente. Artículo 12.- Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ocupar dentro de la Universidad de Nuevo León cargos docentes o de investigación, y hasta que hayan transcurrido dos años de su separación podrán ser designados Rector o directores de facultades o escuelas. El cargo de miembro de la Junta de Gobierno será honorario. Artículo 13.- Corresponderá a la Junta de Gobierno: I. Designar al Rector de la Universidad. II. Nombrar los directores de facultades y escuelas, de ternas que le serán presentadas por el Rector, quien las recibirá de las respectivas juntas directivas.

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III. Conocer de las renuncias del Rector o de los directores y removerlos por causa grave, a juicio de la propia junta. IV. Designar a los miembros de la Comisión de Hacienda. V. Expedir su propio reglamento, y en su caso modificarlo. Capítulo segundo De la Comisión de Hacienda Artículo 14.- La Comisión de Hacienda estará integrada por tres miembros que serán designados por tiempo indefinido y desempeñarán su encargo sin percibir retribución o compensación alguna. Para ser miembro de la Comisión de hacienda, deberán satisfacerse los requisitos que fijan las fracciones I y II del artículo 11 y se procurará que las designaciones recaigan en personas que tengan experiencia en asuntos financieros y gocen de estimación general como personas honorables. Corresponderá a la Comisión de Hacienda: I. Administrar el patrimonio universitario y sus recursos ordinarios, así como los extraordinarios que por cualquier concepto pudieran allegarse. II. Formular el presupuesto general anual de ingresos y egresos, así como las modificaciones que haya que introducir durante cada ejercicio, oyendo para ello a la comisión de presupuestos del Consejo y al Rector. El presupuesto deberá ser aprobado por el Consejo Universitario. III. Presentar al Consejo Universitario, dentro de los tres primeros meses a la fecha en que concluya un ejercicio, la cuenta respectiva, previa revisión de la misma que practique un contador público, independiente, designado con antelación por el propio Consejo Universitario. IV. Designar al tesorero de la Universidad y a los empleados que directamente estén a sus órdenes para realizar los fines de administración a que se refiere la fracción I de este artículo. V. Designar al contralor o auditor interno de la Universidad y a los empleados que de él dependan, los que tendrán a su cargo llevar al día la contabilidad, vigilar la correcta ejecución del presupuesto, preparar la cuenta anual y rendir mensualmente a la Comisión de Hacienda un informe de la marcha de los asuntos económicos de la Universidad. VI. Determinar los cargos que requerirán fianza para su desempeño, y el monto de ésta. VII. Gestionar el mayor incremento del patrimonio universitario, así como el aumento de los ingresos de la Institución.

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VIII. Las facultades que sean conexas con las anteriores. Capítulo tercero Del Consejo Universitario Artículo 15.- El Consejo Universitario estará integrado por consejeros ex-oficio y consejeros electos. Estos cargos serán siempre honorarios. Artículo 16.- Serán Consejeros ex-oficio: El Rector y los Directores de Facultades y Escuelas. Las Escuelas anexas a las facultades serán representadas por los Consejeros de éstas. Artículo 17.- Serán consejeros electos, y durarán en su encargo un año, un representante maestro y un representante alumno de cada una de las facultades y escuelas, con sus respectivos suplentes. Estos consejeros podrán ser reelectos. Artículo 18.- El Consejo Universitario será presidido por el Rector; el Secretario General de la Universidad será el Secretario del Consejo. Artículo 19.- Son facultades del Consejo Universitario: I. Discutir y aprobar las carreras escolares y los planes de estudio que propongan las Juntas Directivas de las Facultades y Escuelas. II. Formular el estatuto general de la Universidad, que comprenderá la organización de la enseñanza por facultades, escuelas, institutos, departamentos y demás dependencias que la integran actualmente y los que se creen en el futuro. Asimismo, acordará su reglamento interior y de gobierno, y todos los ordenamientos necesarios para el buen funcionamiento y la realización de los fines que competen a la Universidad. III. Nombrar y remover maestros, y concederles licencias por más de quince días, a petición de las respectivas juntas directivas de facultades y escuelas. IV. Decidir sobre las solicitudes de incorporación de enseñanza, equivalentes a las que se imparten en la Universidad. V. Conocer y aprobar el presupuesto general anual de ingresos y egresos de la Universidad, que le presente la Comisión de Hacienda. VI. Designar a los miembros de la Junta de Gobierno, de conformidad con esta Ley. VII. Conocer y discutir el informe anual del Rector. Artículo 20.- El Consejo Universitario funcionará en pleno por Comisiones Permanentes y Temporales. El Reglamento Interior determinará la forma de 190

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integrarlos, su número, denominación y facultades. Artículo 21.- El Consejo Universitario deberá instalarse a más tardar, durante la primera quincena del mes de Octubre de cada año y tendrá su período ordinario de sesiones de Octubre a Mayo, durante el cual deberá reunirse cuando menos una vez al mes, sin perjuicio de las Sesiones Extraordinarias a que se le convoque. Artículo 22.- El quórum se constituirá con la mitad más uno de los Consejeros. Si el quórum no se integra, se citará nuevamente a Sesión en un período no menor de un día y no mayor de tres días hábiles, celebrándose la Sesión con los Consejeros que asistan. Artículo 23.- Los acuerdos del Consejo Universitario serán válidos por simple mayoría. Artículo 24.- Son impedimentos para ser electo representante maestro ante el Consejo Universitario, los siguientes: I. Ser ministro de culto religioso. II. Ser dirigente de Partido Político. III. Ser representante legal del Sindicato de la Universidad, de algún otro Sindicato que agrupe servidores de ella, o de Asociación alguna de maestros de la misma. IV. Ocupar el cargo de director, subdirector o secretario de Facultad o Escuela. V. Tener cargo administrativo por designación del Rector, o ser funcionario público. Artículo 25.- La elección de consejeros se realizará en la forma y términos que dispongan los reglamentos de cada facultad y escuela. Capítulo cuarto Del Rector Artículo 26.- El Rector es el representante legal de la Universidad y será electo por la Junta de Gobierno. Durará en su cargo tres años y podrá ser reelecto una sola vez. En sus faltas temporales que no excedan de dos meses será sustituido por el Secretario General. Si la ausencia fuere mayor, la Junta de Gobierno designará nuevo Rector en los términos de esta Ley. Artículo 27.- Para ser designado Rector serán requisitos indispensables.

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I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles. II. Poseer título profesional o grado universitario equivalente o superior a la licenciatura. III. Tener por lo menos cinco años de servicio en la enseñanza o en la investigación universitaria, después de haber obtenido el grado académico de licenciatura o su equivalente. IV. Ser de reconocida moralidad profesional. V. No ocupar durante el ejercicio del cargo de Rector, ningún puesto como funcionario público. VI. No ser dirigente de Partido Político. VII. No ser ministro de culto religioso. Artículo 28.- Son atribuciones del Rector: I. Tener la representación legal de la Universidad. II. Convocar al Consejo Universitario y presidir sus Sesiones. III. Ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario, y vigilar el cumplimiento de los mismo. IV. Nombrar y remover libremente, el personal directivo y de confianza de las dependencias de la Rectoría, que fije el Estatuto General. V. Velar por el cumplimiento de esta Ley, de sus Reglamentos de los planes y programas de trabajo y, en general, de las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y el funcionamiento de la Universidad, de las Escuelas, Facultades e Institutos que la formen. VI. Las demás funciones que le señalen esta Ley y su Reglamento, así como todas aquéllas que sean necesarias, para asegurar la vida normal y el engrandecimiento de la Universidad, y la realización de la misión que le corresponde. Capítulo quinto De los directores Artículo 29.- El Director es la Autoridad ejecutiva de la Facultad o Escuela y durará en su cargo tres años. Los Directores podrán ser reelectos por una sola vez. Artículo 30.- Corresponden al Director las siguientes atribuciones: I. Presidir las Sesiones de las Juntas Directivas. II. Representar a su plantel ante el Consejo Universitario.

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III. Presentar ante las autoridades universitarias que correspondan, los acuerdos de la Junta Directiva. IV. Dedicar a las labores de la dirección, por lo menos veinticinco horas por semana. V. Nombrar y separar al sub-director, al Secretario y al Personal de confianza de su dependencia, satisfaciendo las disposiciones del Estatuto General y de los Reglamentos derivados. VI. Impartir cuando menos una cátedra en el plantel. VII. Presentar un informe anual de actividades a la Junta Directiva en la primera Sesión del año escolar, el cual, después de ser aprobado será enviado al Rector. VIII. Otorgar nombramiento provisional de maestros. IX. Las demás que le señale esta Ley, el Estatuto General y los Reglamentos. Artículo 31.- Para ser Director se requiere: I. Ser mexicano y estar en pleno goce de sus derechos civiles. II. Ser de reconocida moralidad profesional. III. No tener ninguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 27 de esta Ley y reunir los requisitos que señalen los Reglamentos Internos de cada dependencia. Artículo 32.- Los Directores de las Escuelas y Facultades, serán nombrados por la Junta de Gobierno, mediante terna que le presente el Rector, el cual, a su vez, la solicitará a las Juntas Directivas. Artículo 33.- En caso de falta absoluta de Director, el funcionario de mayor jerarquía que indique el Reglamento Interno de la dependencia lo suplirá, en tanto la Junta de Gobierno Universitario procede a la elección de Director para que concluya el período. Capítulo sexto De las Juntas Directivas Artículo 34.- Las Juntas Directivas de las Facultades y Escuelas se integrarán y regirán de acuerdo a la reglamentación que para el efecto expida el Consejo Universitario. Título quinto Del patrimonio de la Universidad Artículo 35.- El Patrimonio de la Universidad lo constituyen los bienes y recursos que a continuación se enumeran: 193

I. Los bienes muebles e inmuebles que actualmente son de su propiedad y los que en el futuro adquiera por cualquier título. II. Los legados y donaciones que se le hagan y los fideicomisos que en su favor se constituyan. III. Las utilidades, intereses, dividendos, rentas, esquilmos, productos y aprovechamientos de sus bienes muebles e inmuebles. IV. Los derechos y cuotas que por sus servicios recaude. V. Los subsidios y subvenciones ordinarias y extraordinarias que el Gobierno Federal, el del Estado y los Municipios le otorguen. Artículo 36.- Los bienes e inmuebles que formen el Patrimonio de la Universidad, tendrán el carácter de inalineables e imprescriptibles, y sobre ellos no podrá constituirse ningún gravamen. Cuando alguno de los bienes inmuebles citados deje de ser utilizable para los servicios propios de la Universidad, el Consejo Universitario, a propuesta del Rector, deberá declararlo así, con el correspondiente dictamen de la Comisión de Hacienda, y su resolución protocolizada se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad. Por lo que toca a los bienes muebles, la desafectación será plena cuando lo resuelva el Rector, con audiencia del funcionario que legalmente tenga la custodia de esos bienes. Desde ese momento los bienes desafectados quedarán en la situación jurídica de bienes de propiedad privada de la Universidad, sujetos íntegramente a las disposiciones de derecho común. Artículo 37.- Los bienes que constituyen el Patrimonio Universitario, no estarán sujetos a impuestos o derechos estatales o municipales. Los contratos en que intervenga la Universidad, tampoco causarán dichos impuestos, si éstos conforme a la Ley respectiva debieran estar a cargo de la Universidad. De la misma manera, los actos culturales, sociales, deportivos, o de otra índole, organizados por la Universidad o las Instituciones que de ella dependan, estarán exentas de dichos impuestos. Título sexto Las instituciones de servicio a la comunidad Artículo 38.- La Universidad, a través de sus Facultades o Escuelas, deberá crear los medios necesarios para complementar las funciones docentes y de investigación con la de servicio a la Comunidad; para ello, la Universidad podrá establecer nexos con las autoridades públicas o instituciones públicas o privadas, a fin de desarrollar en forma conjunta estas actividades.

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Artículo 39.- La Universidad, a través del Departamento de Extensión Universitaria, organizará cursos, conferencias, exposiciones, representaciones, audiciones y demás actividades culturales con la participación de personal docente y alumnos. Artículo 40.- La Universidad podrá crear centros e instituciones dedicadas a prestar servicio a la Comunidad, los cuales deberán quedar integrados a las Facultades y Escuelas correspondientes. Artículo 41.- La Universidad podrá crear bibliotecas, museos, teatros, instituciones o centros dedicados a la difusión cultural o la capacitación artística, técnica o subprofesional, los cuales se procurará queden vinculados a las facultades y escuelas correspondientes. Artículo 42.- La organización interna de estas instituciones o centros será determinada por el Estatuto General de la Universidad y sus Reglamentos, excepto en el caso del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, el que por su naturaleza se regirá por su Ley Orgánica. Título séptimo Disposiciones generales Artículo 43.- Todo lo no previsto por esta Ley será resuelto por el Consejo Universitario. Transitorios: Artículo 1.- Esta Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial, quedando sin efecto todas las disposiciones legales que se opongan a la misma. Artículo 2.- Para el debido cumplimiento de la presente Ley, se establece por única vez el siguiente procedimiento: I. En cada Facultad y Escuela se convoca por este medio a sus juntas de maestros para que, presididas por el decano respectivo, o en su defecto por el maestro de mayor antigüedad que lo siga designen su representante ante el Consejo Universitario. Los Consejeros alumnos serán designados por sus respectivas sociedades. El decano fungirá en cada Facultad y Escuela con el carácter de Director Provisional. II. Hechas las designaciones anteriores, se promoverá, conforme a lo que señala el artículo 3 Transitorio, la reunión del Consejo Universitario, en la que se procederá

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a la integración de la Junta de Gobierno prevista en el artículo 10 de esta Ley mediante el procedimiento que fije el propio Consejo. III. Realizado lo anterior y aceptados los cargos, la Junta de Gobierno procederá inmediatamente a la designación de Rector de la Universidad, procurando realizar la más amplia auscultación posible en la comunidad universitaria. IV. Además de la designación de los miembros de la Junta de Gobierno, el Consejo Universitario proveerá, en la esfera administrativa, todo lo necesario para la reanudación de las actividades universitarias. Artículo 3.- Para los efectos de la fracción II del artículo 2 transitorio, se comisiona al Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior para que, con facultades suficientes de funcionario ejecutivo proceda a dar cumplimiento a esta Ley y se instalen las autoridades universitarias en ella indicadas. Fuente: Periódico Oficial del Estado, Monterrey, Gobierno del Estado de Nuevo León, 7 de junio de 1971.

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Índice

Proemio 1. El contexto nacional: de la represión a la apertura El movimiento universitario en Nuevo León 2. La UNL en 1968: entre privatización y reformas académicas Primer indicador: problemas laborales Ley y reglamento sobre préstamos a la educación superior Huelga de hambre Respuestas alternas Inicio de un nuevo periodo histórico para el movimiento universitario Reformas en la UNL 3. El movimiento estudiantil de 1969 y la autonomía Reformas a los artículos 16 y 24 4. Autonomía condicionada: estrangulamiento de las finanzas universitarias Anteproyecto de Ley Orgánica de la UANL Un lugar para todos en la educación superior Fortalecimiento de la izquierda universitaria Los universitarios toman la calle La izquierda se atomiza Del cupo excesivo a la capitalización de la estrategia Las expulsiones provocan paros La Universidad sigue su marcha

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5. El caos invade a la UANL Ulises rector Aumento de la tensión entre Universidad y gobierno 6. Contrapropuesta del poder: la Asamblea Popular de Gobierno Irrupción policiaca en la UANL 7. La Cuarta Ley Orgánica de la UANL Contrapropuesta de la Asociación de Maestros Derrumbe del proyecto alternativo de Universidad Recomendaciones del mediador Derogación de la Tercera Ley Orgánica Desmembramiento del poder político: “Serví lo más y lo mejor que pude” La Junta de Gobierno Epílogo Notas Fuentes Anexo

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La Autonomía Universitaria, 1968-1971, terminó de imprimirse en junio de 2011. En su composición se utilizaron los tipos Goudy Old Style y Garamond en 9, 11 y 25 puntos. El cuidado de la edición estuvo a cargo de Edmundo Derbez García. Diseño de Alejandro Derbez García.