Los Pueblos

Los pueblos indígenas y la regulación energética

José Hugo Carmona

johugocar@gmail.com Maestro en ingeniería, con experiencia en mercados de energía, modelación de escenarios y prospectivas del sistema energético mexicano, evaluación de cadenas de valor del sector hidrocarburos y su transformación.

Con la apertura de nuevos competidores en la industria energética en México en materia de hidrocarburos y electricidad, se instauraron instrumentos que buscan reducir impactos ambientales y sociales que se generan por los proyectos de la industria energética. Sin embargo, en la actualidad estos instrumentos no han permitido mostrar resultados satisfactorios, en especial en la promoción del cuidado y bienestar las comunidades y pueblos indígenas. A pesar de que el desarrollo sostenible del sector energético era una de las bases fundamentales de la reforma energética propuesta en el 2013, la cual buscaba la entrada de procesos de evaluación de Impacto Social (EviS) y de Consulta Indígena para generar beneficio sostenible, el respeto y el desarrollo económico de los derechos humanos de las comunidades y pueblo originarios; estos no fueron consultados antes, durante y después de la promulgación de las reformas constitucionales y sus leyes reglamentarias, por lo que, no se garantiza el derecho de los pueblos indígenas de una consulta libre, previa, informada, adecuada de acuerdo con estándares internacionales, ni el derecho al consentimiento libre e informado. A pesar de que se cuenta con un marco legal dentro de las leyes de Hidrocarburos y Electricidad para llevar a cabo la evaluación de Impacto Social y Consulta Previa, para las comunidades y pueblos indígenas cuando se quiera implementar proyectos en materia energética, dicha legislación presenta inconsistencias y prácticamente se encuentra limitada. El Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes publicado por la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra el 27 de junio de 1989, se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recurso naturales, así como el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que respeta a su proceso de desarrollo. Por lo que sería conveniente la creación de una dependencia gubernamental independiente que vele por las atribuciones como órgano ejecutor de la legislación en materia social, para administrar el impacto de los megaproyectos, facilitar la negociación entre las partes con el fin de favorecer el diálogo abierto que permita proteger los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas. Para muestra un botón: durante la Ronda Cero, Pemex en sus asignaciones cuenta con casi 4 millones 800 mil hectáreas, las cuales se encuentran en 142 municipios en 11 estados, principalmente Veracruz y Tabasco, dentro de este territorio se encuentran 13 pueblos indígenas. Para la Ronda Uno se tomaron en cuenta 68 municipios en 8 estados, donde sobresale Veracruz, Coahuila y Puebla, aquí son 5 los pueblos indígenas que tienen ocupada una porción de su territorio. En las sesión «Reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales en México» que llevó a cabo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CID) en el 2015; Stephanie Erin Bower comentó que «ni la reforma constitucional ni sus leyes secundarias fueron consultadas con las comunidades que serán afectadas en sus derechos a la tierra, el territorio, los recursos naturales, la libre determinación, a un medio ambiente sano y diversos derechos económicos, sociales y culturales. A las comunidades afectadas no se les reconoce el derecho a negarse a la exploración y explotación de recursos en su territorio según el articulo 96 de la Ley de Hidrocarburos y el articulo 71 de la Ley de la Industria Eléctrica por lo que hasta ahora, las comunidades afectadas no han encontrado acceso a la justicia en México».

“A las comunidades afectadas no se les reconoce el derecho a negarse a la exploración y explotación de recursos en su territorio según el articulo 96 de la Ley de Hidrocarburos y el articulo 71 de la Ley de la Industria Eléctrica por lo que hasta ahora, las comunidades afectadas no han encontrado acceso a la justicia en México”

El tiempo que tomó implementar la reforma energética en el año 2013 no permitió que se llevara a cabo una curva de aprendizaje en cuestiones de regulación social. La prioridad de la implementación de este nuevo marco regulatorio consistía principalmente en la apertura de nuevos competidores para incrementar el desarrollo industrial del país, a pesar de un panorama global incierto dado por la drástica caída de los precios del crudo. Aunado a esto, los nuevos jugadores del mercado tenían la ventaja de conocer mejor las reglas del juego, mientras que los pueblos indígenas carecieron de la información idónea, dejando al Estado la responsabilidad de asegurar el respeto y la protección de sus derechos humanos, los que sin embargo, no fueron tomados en cuenta para negociar. Actualmente, no existen los canales adecuados de comunicación que permitan sentar las demandas sociales que se generan por los proyectos energéticos. Los pueblos indígenas y las empresas lucrativas tienen distintos objetivos: para estas últimas la rentabilidad y la velocidad en la que avanza un proyecto son variables primordiales, mientras que para las comunidades indígenas su desarrollo económico, político, social y su cultura son una prioridad, es de suma importancia buscar los mecanismos para implementar la regulación adecuada y coordinar a los tres niveles de gobierno dejando de lado intereses político-electorales que son una de las principales causas de los problemas estructurales en la implementación de un marco regulatorio. Uno de los principales retos que se tiene que formular para garantizar el respeto y proteger el bienestar de los pueblos indígenas es generar políticas públicas que permitan equilibrar los objetivos económicos de los proyectos de energía, con la regulación y la gestión social que instauró la reforma, con el fin de garantizar el desarrollo de los derechos humanos y el estado de derecho de aquellas comunidades que durante mucho tiempo han presentado cuestiones de desigualdad y discriminación.