Mejores

Mejores condiciones para el consumidor

Paul A. Sánchez paul@oem.org.mx Doctor en Política Pública con más de 10 años de experiencia en materia energética en los sectores público, privado, social y académico.

Con esta entrega, culimino mi trilogía basada en la opinión sobre el impacto de la regulación relativa a la comercialización al mayoreo de gasolinas y expendio al público en estaciones de servicios emitida por la Comisión Federal de Competencia Económica hace un par de semanas. En la primera entrega abordé algunos puntos referentes al piso parejo, seguido de algunas ideas respecto a los agentes económicos preponderantes. Estos dos elementos se conjugan pues PEMEX, como agente económico preponderante pidiendo piso parejo conduce a concluir que es una política sin un sentido económico que tenga como centro a los consumidores. Al final del día, el rol más importante del Estado Mexicano, consagrado en el artículo 28 de la constitución es limitar y penalizar la constitución de monopolios y prácticas monopólicas a favor de que el consumidor tenga las mejores condiciones posibles. Esto significa que, con la Reforma Energética, el Estado debe asegurar que la venta al mayoreo de gasolinas y en estaciones de servicios se guíe bajo los principios de libre competencia y libre concurrencia y donde no se pueda, como en el caso de almacenamiento y logística, establecer una regulación que incentive la inversión en más y mejor infraestructura para beneficio del país y no sólo de una empresa, aunque sea del Estado. Con eso en mente, la COFECE emitió, en su opinión técnica, cuatro recomendaciones que tienen como fin garantizar mejores condiciones para el consumidor. La primera de ellas: eliminar el requisito de comprobación de medios de transporte y almacenamiento para los permisos de importación de un año, a la par que se asegure el otorgamiento de permisos de importación por 20 años. Lo anterior porque ha sido una práctica de la Secretaría de Energía bajo la actual administración el cancelar permisos de importación de 20 años que no han sido utilizado aduciendo que no se han desarrollado proyectos de infraestructura asociados a éstos. El problema aquí radica en que, en caso de cancelarse, se desincentiva aún más la inversión en infraestructura crítica para el país, que es fundamental para realmente bajar los costos

“Tiene como objetivo fortalcer a los consumidores finales quienes son, en su sentido más básico, ciudadanos quienes en el ejercicio de sus derechos y libertades, en el momento de consumir se merecen las mejores condiciones posibles en el mercado, función que debe garantizar, en todo momento, el Estado mexicano.”

de venta al usuario final cuando se introduce competencia en estos segmentos de la cadena de valor. Por otro lado, asegurar que la regulación se aplique de manera neutral sin dar prioridad a marcas PEMEX respecto a los trámites y resoluciones para nuevos permisos de expendio al público, así como en cesiones y actualizaciones. Particularmente, por los evidentes retrasos de la Comisión Reguladora de Energía que se acentúan más en empresas diferentes a PEMEX. En tercer lugar, transparentar y hacer pública la información sobre el estatus procesal de los diferentes permisos que se encuentran en la cancha de la CRE, para que aplique afirmativa ficta en aquellos casos donde el plazo de 90 días haya fenecido, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Hidrocarburos. Y, por último, emitir una directriz en la CONAMER para que los gobiernos estatales eliminen de sus normativas los obstáculos regulatorios injustificados que dificultan el establecimiento de nuevas estaciones de servicio, tales como que estas no se puedan ubicar a cierta distancia de otras. Todo lo hasta aquí señalado no tiene como objetivo fortalecer a una empresa o a un grupo económico, mucho menos a una dependencia o a un gobierno, tiene como objetivo fortalcer a los consumidores finales quienes son, en su sentido más básico, ciudadanos quienes en el ejercicio de sus derechos y libertades, en el momento de consumir se merecen las mejores condiciones posibles en el mercado, función que debe garantizar, en todo momento, el Estado mexicano. Así concluimos esta semana, reflexionando sobre la importancia de los consumidores como ciudadanos, como el pueblo de México, dentro de la Constitución Política de nuestro país y de la obligación del Estado de salvaguardar la libre competencia y libre concurrencia en todos los mercados, lo mismo sea el de pantalones, pantallas, computadoras y tomates, como el de las gasolinas y otros petrolíferos. Es, al final del día, pensar en el ciudadano como el centro de nuestro sistema político, económico, social y, por su puesto, energético. El ciudadano que también es consumidor y, fundamentalmente, consumidor energético. Algo que sin duda nos falta por explotar a cabalidad.