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Respetando los contratos

Faraday Enjaulado

Especialista del sector eléctrico que vive encerrado en su jaula, anulando el efecto de rumores para presentar sus puntos de vista.

Al principio de esta administración, en aras de mantener el ambiente de certidumbre y el apetito de inversión en el sector energético, la Secretaría de Energía e incluso el mismo Presidente en sus conferencias matutinas dijeron en repetidas ocasiones que los contratos firmados derivados de la Reforma Energética, se iban a respetar en sus términos.

Luego de ese discurso, se dio la renegociación de los contratos para la construcción de gasoductos, en los que el mandatario se expresó sobre estos instrumentos como “contratos leoninos” y aseguró que eran muy desventajosos para la Empresa Productiva del Estado. Después de negociar con las empresas involucradas se llegó a un acuerdo por parte de CFE en el que la Empresa Productiva del Estado pagaba menos hoy, pero se comprometía a pagar por más tiempo, lo que en resumen saldría más caro para el país a la larga. Luego, se cambiaron las reglas del juego para el autobasto: se limitó su capacidad para modificar el listado de socios que se pueden beneficiar de la energía que producen las centrales eléctricas que siguen en este esquema de la ya abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Posteriormente, se vino la cadena de acontecimientos sobre la política de confiabilidad de la red, en la que se trató de manipular el orden de despacho, afectando a los proyectos ganadores de las subastas, que necesitan vender su energía para pagar los desarrollos nuevos, siendo suspendida esta medida por la SCJN al suspender de manera definitiva la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Pues en este espíritu de respetar los contratos ya firmados en la palabra y haciendo todo lo posible por no respetarlos en los hechos, durante este inicio de año, cuando en Texas se congelaron los ductos y el precio del gas natural se multiplicó hasta 100 veces, la CFE que tiene diferentes contratos para recibir el gas, se vió expuesta al aumento inesperado de este combustible, sin coberturas suficientes, esta exposición significó una deuda por 400 millones de dólares, o al menos eso reclama Goldman Sachs, a través de un proceso de arbitraje contra la Comisión Federal de Electricidad.

Como nosotros en casa, cuando no pagamos el recibo de la luz, el internet o el gas, los contratos que firmamos con nuestros proveedores le dan el derecho de exigir

el pago por el servicio brindado, en estos mismos términos Goldman Sachs estima que CFE al haber comprado el gas natural debe pagarlo como estipula su contrato. Mientras tanto CFE argumenta que no tendría que cumplir con este contrato, debido a que la fluctuación de precios fue “extrema e imprevisible”, afirmando que este contrato en particular no era sólido. Los procesos de arbitraje suelen iniciarse rápidamente, pero su desarrollo puede tomar años, por lo que es posible que el Director de CFE, esté apostándole al cambio de sexenio para que la futura administración se haga cargo de desahogar esta disputa. Por otro lado, es muy marcada la actitud de la presente administración de exigir el cumplimiento de los contratos y renegociarlos a su favor, mientras que, cuando operan de forma desventajosa para ellos, aún de manera momentánea, hacen lo posible por no respetar las condiciones acordadas con anterioridad. Esta falta de seriedad y cumplimiento en los compromisos adquiridos por esta administración que se extienden por todo el sector, si no, pregúntenle a los proveedores de PEMEX a los que no les han pagado después de haber cumplido con sus compromisos con la empresa petrolera, casos que generan desconfianza y un ambiente enrarecido para la inversión en México. Los dueños del dinero no se sienten cómodos invirtiendo en un sector donde pueden cambiar las reglas de un día para otro, incluyendo la posible expropiación de sus inversiones, y al mismo tiempo nuestras Empresas Productivas del Estado se hunden poco a poco en una deuda cada vez mayor, menor productividad y mayores fallas en la operación. Por ejemplo, la semana pasada Baja California Sur y Chihuahua sufrieron alertas críticas en el Sistema Eléctrico, y se afectaron miles de usuarios con un apagón más, por todo esto el futuro de nuestro sector eléctrico se ve como en estos apagones: a oscuras. Como siempre queremos saber tu opinión, escríbenos a nuestras redes sociales, estamos en contacto.

Respetar los contratos ya firmados en la pa“ labra y haciendo todo lo posible por no respetarlos en los hechos”

Ciberseguridad en el sector energético

Aban Moreno Aguilar

abano_moreno@hotmail.com Especialista en Energía Eléctrica por la UNAM. Investigador y consultor energético y docen- te de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

El pasado 7 de mayo, Colonial Pipeline, un sistema de oleoductos estadounidense que se origina en Houston, Texas, y transporta gasolina y combustible para aviones, principalmente al sureste de los Estados Unidos, sufrió un ciberataque de ransomware que afectó a los equipos computarizados que administran el oleoducto, el cual suministra combustible a unos 50 millones de personas desde la costa del golfo hasta toda la costa este. El gobierno federal emitió una declaración de emergencia para 17 estados y el Distrito de Columbia. Se informaron escasez y aumentos en el precio de la gasolina en todo Estados Unidos, aunque es probable que la crisis de suministro tenga más que ver con las compras de pánico que con el ataque en sí. Colonial Pipeline pagó el rescate solicitado (de 75 bitcoins, lo que representa casi 5 millones de dólares) varias horas después del ataque. Una vez realizado el pago, los atacantes informáticos enviaron a Colonial Pipeline una aplicación de software para restaurar su red, sin embargo, el sistema funcionó muy lentamente. Si bien el episodio ha dejado al descubierto cuán vulnerable es la infraestructura crítica de Estados Unidos para los ciberdelincuentes, no significa que este sea un caso aislado. De hecho, los eventos de ransomware, en los que los delincuentes instalan software que congela o bloquea los sistemas informáticos hasta que una empresa les paga un rescate, generalmente en bitcoins u otra criptomoneda, ocurren todo el tiempo. Los ataques de ransomware como este son comunes, pero por lo general no tienen como objetivo dejar la infraestructura fuera de línea. Sus motivos parecen ser las potenciales ganancias financieras. Al involucrar infraestructura crítica del país, el episodio atrajo la atención del nuevo gobierno sobre el aumento de los asaltos de ransomware y motivó al presidente Joe Biden a firmar una orden ejecutiva, con el objetivo de fortalecer sus ciberdefensas. La respuesta del gobierno de EE. UU. a este asalto, busca desmotivar a los delincuentes informáticos a dirigir sus objetivos contra sectores tan esenciales como lo es el energético.

En los últimos meses, los ataques de ransomware no solo han afectado a empresas de todos los tamaños, sino también a hospitales en Nueva York, Nebraska, Oregón y Michigan, entre muchos otros estados. Las oficinas de la policía, las escuelas y los gobiernos locales, desde Atlanta hasta Baltimore y el condado de Fisher, Texas, han sufrido agresiones similares.

Un informe reciente del Ransomware Task Force, –un grupo de 60 expertos en ciberseguridad de la industria y el gobierno–, arroja luz sobre el alarmante aumento en la frecuencia de estos asaltos y el tamaño del rescate que exigían. En 2020, se estima que se pagaron 350 millones de dólares en rescate a los atacantes, un aumento de más del 300% con respecto al año anterior, con un pago promedio de más de 300,000 dólares. Según un informe de 2021, la mayor cantidad de víctimas en 2020 por industria fueron la fabricación, los servicios profesionales y legales y la construcción. Los negocios de salud, manufactura y educación experimentaron aumentos significativos. Los ataques contra sectores industriales, incluido el aeroespacial, también parecen ir en aumento. A menudo, las organizaciones afectadas por el ransomware se enfrentan a una elección muy difícil: pagar un rescate y alimentar un mercado criminal o negarse a pagar y esperar que se puedan restaurar sus sistemas informáticos. Si las empresas deciden pagar el rescate para reanudar rápidamente las operaciones, el precio puede poner su empresa al borde de la quiebra. Además, no hay garantía de que se restauren sus sistemas. Las empresas también pueden perder el acceso a su información patentada, incluida la propiedad intelectual y los datos de clien-

Sufrió un ciberataque de ransomware “ que afectó a los equipos computarizados que administran el oleoducto”

tes y empleados, además de sufrir costos de reputación. Las pequeñas empresas son particularmente vulnerables (representan entre la mitad y las tres cuartas partes de todas las víctimas de ransomware) porque muchas de ellas son financieramente frágiles y no tienen los recursos necesarios para instalar software de ciberseguridad, garantizar un monitoreo tecnológico constante, brindar capacitación a los empleados y contratar expertos en tecnología de la información a tiempo completo. Cuando estos negocios se convierten en objetivos, pueden tener impactos devastadores y permanentes, lo que obliga a algunos a cerrar sus puertas de forma permanente. En conclusión, se requiere que las organizaciones de todos los sectores y de todos los tamaños tomen en serio esta amenaza y generen medidas para protegerse a la brevedad. Los gobiernos federales no pueden combatir el ransomware solos. La prevención, la respuesta y el enjuiciamiento requieren la colaboración de todos los niveles del gobierno y el sector privado, tanto a nivel nacional como internacional.